Función pública incautada en Argentina

Casi todos los Congresos de las Américas tienen baja credibilidad, mucho menos que los poderes Ejecutivo, como sucede en Estados Unidos, donde el público rechaza a los legisladores en un 84% debido, especialmente, a las peleas bipartidistas y la obstrucción política que imponen a cualquier proyecto de la oposición.
Sin embargo, en Argentina el descrédito no es tanto por la partidocracia, es decir o que hacen o dejan de hacer para su partido sin importar al sector de la población que representan, sino también por la forma privilegiada que se benefician a sí mismos, con poca sensibilidad por lo que atraviesan los demás trabajadores del país.

Mientras maestros y otros sindicatos están en tratativas y arduas negociaciones para alcanzar un aumento salarial del 10% y los jubilados tuvieron que agradecer el “privilegio” de un incremento de 40 dólares en sus haberes mensuales, los legisladores nacionales, senadores y diputados, con el beneplácito del vicepresidente argentino Amado Bodou y los presidentes de los bloques partidarios, se autorizaron un aumento de salario de más del 100%. Pasarán a cobrar unos 8 mil dólares de nómina mensual, que con los gastos de representación, viáticos y desarraigo par los del interior del país, superarán ampliamente los 10 mil dólares.

La gente está furiosa y no es para menos. Los diputados parecen que se incautaron la función pública para su propio beneficio y la confianza del público en las instituciones sigue en franco deterioro.