Solidaridad mediática ante la dictadura tecnológica

Esta semana, Meta acordó pagar 18.000 millones de dólares para cerrar el juicio que enfrentaba en Estados Unidos por el diseño adictivo de Facebook e Instagram y los daños causados a menores. Lo valioso del acuerdo es que Meta deberá implementar límites de uso, restricciones nocturnas, controles parentales, cambios en las notificaciones, entre otras medidas.

Tras años de resistencia política y de vacíos legales, los tribunales terminaron por poner límites a una industria que crece más rápido que las leyes.

Además de lo que esto implicará para YouTube, TikTok y otras plataformas, es una lección que la prensa debería examinar de cerca, en especial por el apetito de la inteligencia artificial por los contenidos periodísticos.

Las empresas de IA, como Gemini, ChatGPT y Claude, entre otras, necesitan información nueva y de archivo de los medios para alimentar sus sistemas y atraer usuarios. A esto se suma que los medios vienen perdiendo lectores y publicidad desde la irrupción del internet, algo que ahora se agudizará con el despliegue de publicidad por parte de las plataformas de IA.

El caso Meta muestra a los medios que los tribunales pueden convertirse en una vía única y necesaria. Ya existen demandas de medios contra empresas de IA por disputas sobre derechos de autor y el uso de contenidos, pero son altamente costosas y las libran medios grandes y con recursos.

Diarios como el New York Times pueden contratar abogados, negociar una licencia millonaria o llegar a un acuerdo individual con una empresa tecnológica. Pero un medio pequeño con 5, 10 o 20 mil lectores no tiene billetera para hacerlo ni músculo para enfrentarse a una compañía cuyo valor de mercado supera el de un país entero.

Y ahí está el peligro.

Si los acuerdos con la IA terminan beneficiando solo a los grandes grupos de medios, la tecnología acelerará la concentración que ya está debilitando al periodismo. Los grandes sobrevivirán mejor. Los pequeños desaparecerán más rápido y así se expandirán los llamados “desiertos informativos”. 

Los pequeños medios de Argentina, Estados Unidos o México cumplen una función de supervisión democrática. Estudios académicos muestran cómo la desaparición de un medio en una localidad acelera los niveles de corrupción y las injusticias en la comunidad, al tiempo que disminuye la transparencia pública y privada, así como la participación en las elecciones y en asuntos escolares, de salud pública, entre otros.

Si bien es legítimo que los grandes medios busquen acuerdos con las empresas de IA, es un error que negocien por cuenta propia.

Las experiencias de Australia y Canadá ofrecen una pista. La autoridad de competencia permitió que Country Press Australia, que agrupa a 81 editores y 160 periódicos regionales, negociara colectivamente con Google y Facebook. Lo mismo ocurrió en Canadá, donde la Ley de Noticias en Línea obligó a Google a pagar 100 millones de dólares canadienses anuales, indexados a la inflación. Una entidad autónoma reparte ese fondo entre 1.500 medios, en función del número de periodistas que emplean.

Francia sumó su propio precedente en 2022, cuando Google llegó a un acuerdo de derechos conexos con 450 editores agrupados en la Alianza de la Prensa de Información General por 500 millones de euros. Y en España, a fines de 2025, un tribunal de Madrid condenó a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 medios agrupados en la Asociación de Medios de Información, por el uso de datos personales de los usuarios para su publicidad.

El éxito de estos cuatro casos residió en la solidaridad de los medios para alcanzar acuerdos que beneficiaran proporcionalmente a todos, grandes, medianos y chicos.

América Latina debe mirar cada vez más hacia estos antecedentes. La responsabilidad recae en las asociaciones de medios y de periodistas para lograr esta solidaridad. La fuerza corporativa de las instituciones puede llevar a los tribunales reclamos colectivos, negociar licencias colectivas y construir mecanismos para que los medios pequeños y medianos tengan una voz que, individualmente, jamás tendrían frente a Google o las empresas de IA.

Muchos medios ya han firmado acuerdos individuales con Google a través de programas como News Showcase. Pero son pactos negociados a puertas cerradas, sin estándares uniformes ni supervisión pública, y benefician a quien los firma, no al ecosistema informativo en su conjunto.

Si asumen esta responsabilidad, las asociaciones de prensa no solo defenderán a sus asociados, sino que también promoverán la diversidad y la pluralidad de los medios que la democracia demanda.

Detectores de humo: whistleblowers

Un whistleblower funciona como un detector de humo de corrupción. Alguien que, desde dentro de una empresa o institución, detecta algo dañino o abusivo y decide hacerlo público. Es como la alarma que se instala en el techo de una casa. Alerta antes de que las llamas devoren todo.

Arturo Béjar, exejecutivo de Meta, hizo sonar esa alarma esta semana al testificar contra Instagram y Facebook y acusar a la empresa de afectar la salud mental de niños y adolescentes. Más allá del veredicto, que enfrenta dos valores, la seguridad de los usuarios, invocada por 29 estados, y la libertad de expresión, esgrimida por Meta, importa lo que Béjar representa para una democracia.

Antes que Béjar, en 2021, la también exempleada de Facebook, Frances Haugen, entregó documentos internos a periodistas y al Senado para denunciar que la compañía priorizaba mantener a niños y adolescentes conectados a sus plataformas por encima de su bienestar.

Cada vez que aparecen casos como estos, los denunciados, sean empresarios o funcionarios públicos, reaccionan igual y minimizan al denunciante, acusándolo de buscar venganza, de necesitar dinero, de querer hacerse famoso o de estar resentido con su antiguo empleador. Una estigmatización que también suele afectar a periodistas de investigación o a quienes critican al poder.

El problema surge cuando se convierte al delator en agresor, en lugar de enfocarse en lo que denuncia. Un detector de humo puede sonar por un incendio o por una tostada quemada, pero lo sensato no es arrancarlo del techo porque molesta, sino levantarse y comprobar qué está pasando. Lo mismo exige un whistleblower: no despreciarlo ni darle credibilidad automática, sino investigar y verificar lo que denuncia.

Para combatir la corrupción desde dentro de las empresas e instituciones, es importante proteger la figura del whistleblower, porque si de antemano sabe que enfrentará represalias, como la pérdida del empleo, de la reputación o de la libertad, se autocensurará.

Su relevancia la ejemplifican varios casos que fueron producto de revelaciones provenientes del interior de las empresas o instituciones. En 2016, la filtración anónima a periodistas de los Panama Papers destapó una red global de evasión fiscal oculta tras estudios de abogados y paraísos fiscales. Chelsea Manning entregó en 2010 miles de documentos militares y diplomáticos que revelaron abusos que Washington prefería mantener en la sombra. Mark Felt, "garganta profunda", guió desde 1972 a los periodistas que destaparon el caso Watergate. Y antes que todos ellos, Daniel Ellsberg entregó en 1971 a la prensa los Pentagon Papers y expuso las mentiras oficiales sobre la guerra de Vietnam.

Las democracias más sólidas reconocen el valor de estas alarmas de humo. Estados Unidos aprobó en 1989 la Ley de Protección de los Whistleblowers, inicialmente para proteger a los empleados federales que denunciaran irregularidades. Después, en 2010, la ley Dodd-Frank amplió esas garantías al personal del sector privado e incorporó incentivos económicos para los delatores. También la Unión Europea aprobó en 2019 una directiva para establecer estándares comunes de protección.

Rusia y China, en cambio, tienen leyes o normas similares en el papel, pero los denunciantes enfrentan represalias sistemáticas, como sufrió el médico chino Li Wenliang, quien fue silenciado por advertir sobre el virus que meses después se conocería como covid-19.

Proteger al whistleblower importa tanto como garantizar el acceso a la información, la libertad de prensa o las leyes de transparencia, piezas clave del sistema democrático que busca hacer visible lo que el poder preferiría mantener oculto. 

Esa protección le permite a Béjar prestar un testimonio clave y a la justicia contar con más elementos para decidir con conocimiento de causa.

Más dolorosa que hace 33 años

La libertad de prensa está hoy peor que hace tres décadas. A los asesinatos y agresiones contra periodistas, males que la región nunca logró erradicar, se suman nuevas amenazas. El acoso desde el poder político se ha agravado y la crisis de sostenibilidad provocada por internet se profundiza ahora con la inteligencia artificial.

Y hay razones para pensar que el deterioro continuará. Cada crisis deja un nuevo piso desde el cual comienza la siguiente. Es una dinámica conocida en las ciencias sociales como el ratchet effect, un avance difícil de revertir.

En América Latina, los ataques verbales contra la prensa no se moderaron con el cambio de signo político. Chávez, Correa y los Kirchner convirtieron la hostilidad en una práctica de sus gobiernos, y ahora Trump, Bukele y Milei muestran que esa actitud se repite desde la derecha. La tendencia indica que los próximos gobiernos, cualquiera sea su ideología, encontrarán terreno fértil para profundizarla.

Pensé en este deterioro acumulativo desde que, hace unos días, César Coll, director jurídico del diario ABC Color de Paraguay, me envió digitalizado “La dolorosa libertad de prensa: en busca de la ética perdida”, el libro que publiqué en 1993 y que utiliza como texto en su cátedra universitaria de Derecho a la Información. Ahí señalaba que la libertad de prensa se venía dañando desde hacía décadas.

Hace 33 años habría sido difícil imaginar que países considerados faros regionales perderían posiciones año tras año en los índices de libertad de prensa. Estados Unidos, durante décadas una referencia mundial, cayó al undécimo lugar entre 23 países en el Índice Chapultepec de la SIP de 2026. El deterioro coincide con la retórica y las acciones judiciales de Donald Trump contra los medios.

Reporteros Sin Fronteras confirma la tendencia desde otro ángulo. Estados Unidos pasó del puesto 42 en 2022 al 64 en 2026. Y Costa Rica, que siempre se la consideró un baluarte de la libertad de prensa, cayó al puesto 38 a nivel mundial, después de ocupar el puesto 8 durante largo tiempo.

En 1993, la violencia del narcotráfico contra la prensa se asociaba sobre todo con Colombia. Hoy el crimen organizado se ha extendido por México, Ecuador y buena parte del continente. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Se estima que 150 periodistas fueron asesinados y 28 desaparecieron desde 2000.

A esta violencia se sumó un instrumento que entonces tampoco existía y que genera una ola de autocensura. Se trata de las demandas SLAPP, litigios contra periodistas y medios que buscan silenciar mediante el desgaste económico y emocional.

Tampoco existía en la imaginación de 1993 el doble castigo que hoy representan las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Primero, utilizan contenidos periodísticos sin pagar para alimentar sus servicios y modelos. Segundo, resumen esa información sin llevar al usuario a los medios que la publicaron ni a los que invirtieron dinero para crearla.

El Reuters Institute reportó que el tráfico procedente de Google Search cayó un 33 % a nivel global. Y los responsables de medios prevén una caída adicional del 43 % en los próximos tres años. ¿No es esta otra vuelta del ratchet effect?

El periodismo también arrastra sus propias cuentas pendientes, las mismas de hace tres décadas. Ganar la confianza del público exige independencia editorial real y una conducta profesional que todavía no siempre se cumple. Frente a la confrontación con el poder político, el periodismo a menudo acepta sumarse a la polarización, cuando debería hacer lo que más sabe hacer: periodismo.

33 años después, los ataques contra la prensa persisten. Pero ahora llegan desde más frentes y adoptan formas que entonces resultaban inimaginables.

Gracias a César Coll, en breve podré poner el libro para su descarga en mi web, www.ricardotrotti.com

Medios brasileños apuestan a no apostar

 

Los medios de comunicación suelen unirse para instalar una causa en la conversación pública, pero rara vez lo hacen en contra de sus propios bolsillos. Eso ocurrió a fines de julio, cuando 15 redacciones brasileñas, a las que luego se sumaron decenas de otras, publicaron una editorial conjunta, “Aqui não tem propaganda de bets”, para rechazar la publicidad de las casas de apuestas.

No es la primera vez que la prensa se une. Una de las campañas más destacadas ocurrió en 2018, cuando más de 350 diarios estadounidenses publicaron “We Are Not the Enemy”, en respuesta a los ataques de Donald Trump. En 2015, cientos de medios europeos reprodujeron portadas con “Je Suis Charlie” tras el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, que mató a 12 periodistas. Y en 1986, los medios colombianos apagaron las noticias durante 24 horas tras el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador, ordenado por Pablo Escobar.

Pero Brasil plantea algo diferente. Esta vez los medios renunciaron voluntariamente a una fuente de ingresos en un momento en que la publicidad escasea y la sostenibilidad de la prensa está en crisis. Durante el Mundial, la publicidad de apuestas movió cientos de millones de dólares.

La comparación con el tabaco resulta inevitable. Los medios también perdieron millones al dejar de publicar esos anuncios, pero entonces la ley decidió por ellos. En Estados Unidos, los cigarrillos dejaron de aparecer en la radio y la televisión en 1971 por mandato legal. Y en 1999, cuando Philip Morris abandonó las revistas juveniles, los editores de las cuarenta publicaciones afectadas protestaron por la pérdida de 215 millones de dólares al año.

La gran diferencia está ahí. Con el tabaco, la prensa terminó acatando una norma proveniente de afuera. En Brasil, ante las apuestas, la prensa decidió adelantarse a la ley. El tabaco terminó sometido a un marco internacional de control, que dio lugar al Convenio Marco de la OMS de 2003. Las apuestas, en cambio, avanzan en una regulación todavía insuficiente, especialmente en materia de publicidad, y ahora la prensa ha decidido imponer su propio límite.

La preocupación es válida. Veinticinco millones de brasileños apostaron en plataformas reguladas durante 2025, con pérdidas estimadas en unos 7.000 millones de dólares. La demanda de atención por problemas de juego en el sistema público de salud creció un 137% en cinco años.

Google y otras grandes plataformas también prohíben la publicidad de tabaco, mientras permiten anuncios de apuestas bajo determinadas licencias, y Brasil figura entre los países habilitados. Los anuncios proliferaron durante el Mundial de la mano de jugadores y técnicos, lo que constituye un conflicto de interés que ya analicé en mi columna “Resucitó Maradona”.

El tabaco y las apuestas son actividades legales, al igual que el alcohol, pero están sujetas a restricciones publicitarias, porque la legalidad establece lo permitido, no necesariamente lo correcto. De ahí las restricciones legales o la decisión de la prensa brasileña de adelantarse para mitigar el daño. Entonces surge la pregunta: ¿por qué no existen restricciones similares para la publicidad de bebidas alcohólicas?

La OMS advierte sobre los riesgos asociados a su consumo, pero el alcohol conserva una legitimidad cultural y económica que le permite ocupar un lugar privilegiado en la publicidad y en el deporte. Basta con mirar el patrocinio de cervezas y otras bebidas, que mueve cifras multimillonarias.

Habrá que ver si la decisión de la prensa brasileña se extiende a otros países o contagia a las grandes plataformas digitales. Por ahora, los medios brasileños han hecho algo poco habitual en una industria necesitada de ingresos: apostar por una causa aun cuando les cuesta dinero. 

Prensa libre = libre empresa ≠ IA

En la conferencia SIPConnect 2026 celebrada esta semana en Miami, el periodismo mostró la dicotomía que enfrenta hoy. Cómo aprovechar la inteligencia artificial y cómo defenderse de ella, cuando lo que está en juego ya no es solo la sostenibilidad de los medios, sino las libertades de prensa y de expresión.

Daniel Hadad, fundador de Infobae, lo demostró en vivo. Sacó el celular, abrió ChatGPT y preguntó por Keiko Fujimori. La aplicación respondió al instante con la noticia completa, sin citar a ningún medio. “¿Por qué un chico de 18 años… entraría al New York Times, a Infobae, a El Comercio, si el Oráculo de Delfos hoy vive en un teléfono y resume la noticia?”, preguntó. 

Pierre Manigault, presidente de la SIP, había anticipado el terreno minutos antes al advertir que la irrupción de la IA plantea preguntas profundas sobre la transparencia, los derechos de autor y el papel del criterio editorial humano. 

Esa misma pregunta por los derechos de autor la está litigando The New York Times que lleva gastados más de 20 millones de dólares en una demanda contra OpenAI y Microsoft por usar, sin permiso ni pago, millones de sus artículos para entrenar los modelos de IA. Su publisher, A.G. Sulzberger dijo que la IA necesita al periodismo para existir, pero esta está destruyendo el modelo que lo financia. Los números le dan la razón. El periodismo local de Estados Unidos perdió el 80 por ciento de sus reporteros en las últimas dos décadas.

Ahí aparece la paradoja que quiero subrayar. Durante décadas, los enemigos de la libertad de prensa tuvieron nombres y formas reconocibles. Gobiernos que censuran, crimen organizado que asesina a periodistas y leyes que criminalizan a los editores y medios. A esa lista, ahora se suman los magnates de la IA y el internet, que raspan contenido periodístico, lo resumen, lo entregan como propio y no derivan una sola visita a la fuente que lo produjo.

Lo insólito es que ningún sector necesita más la libertad de prensa que el empresariado, pues esta es la garantía de la libertad de empresa. Un mercado sin periodismo independiente que fiscalice el poder es un mercado a merced de la opacidad, la corrupción y la arbitrariedad. Los mismos que hoy financian think tanks contra la regulación, que sueñan con ciudades flotantes fuera del alcance de los gobiernos o con Marte como refugio, dependen de instituciones fuertes y de una prensa libre para que sus contratos se cumplan, su propiedad se respete y sus competidores no los estafen. Sin periodismo independiente, fuerte y sostenible, no hay capitalismo que funcione, solo poder concentrado sin freno.

La concentración tecnócrata —tema para otro análisis— está creando nuevos problemas. Ocho de las diez mayores empresas de IA están dirigidas por multimillonarios. Nueve de las diez redes sociales más importantes también. El dinero que antes compraba lobby y campañas ahora también compra el canal por el que la sociedad se entera de las cosas.

Yuval Noah Harari aportó la pieza que faltaba. Explicó que la democracia es una conversación entre personas, y que los algoritmos rompieron esa conversación al premiar la rabia y el miedo. La IA ya no busca solo la atención; busca el afecto, la relación íntima, la confianza ciega del usuario. Un sistema que sustituye la fuente periodística por una relación emocional con una máquina no informa, sino que moldea y manipula.

El periodismo puede usar la IA para investigar mejor, sostenerse y llegar a audiencias más amplias. Eso no está en discusión. 

Lo que se debe discutir es si los dueños de esa tecnología entienden que, al vaciar de recursos al periodismo independiente, están destruyendo el sistema inmunológico que también protege su propia libertad de empresa. Un mercado sin prensa libre no tarda en convertirse en un mercado sin reglas, y ningún algoritmo, por poderoso que sea, sobrevive mucho tiempo a la ausencia de instituciones que lo controlen.