Honduras y México: ahora la ONU

La preocupación por los crímenes contra periodistas en Honduras y México fueron parte del discurso que ayer pronunció la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, debido al incremento de la violencia en estos dos países, sin embargo se olvidó de hablar de Brasil donde en 2012 ya fueron asesinados cuatro comunicadores.

Es bueno que la ONU salte ahora con mayor preocupación a lo que ya es una constante entre las organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, el problema es que más allá de los discursos no existe una metodología de presión para que los gobiernos hagan algo para paliar esta crisis de la violencia y la impunidad que rodea a los asesinatos contra periodistas.

Muchos temen en Honduras que la suerte del caso Villatoro o de Sá en Brasil, medianamente esclarecidos, debido a la presión internacional y a las marchas que en ambos países hicieron en protesta por la falta de garantías gubernamentales, no sea la misma que acompañe a otra decena de casos de periodistas asesinados en el interior de los países, donde la prensa es más vulnerable y está más a merced del crimen organizado y de su confabulación con criminales de poca monta, pandilleros y funcionarios corruptos.

En Veracruz, en México, unos 20 periodistas han abandonado la profesión y emigrado a otros estados debido a la decena de periodistas asesinados en ese lugar. De los seis crímenes de este 2012, cinco se han producido en ese estado.

Los gobiernos necesitan reaccionar de inmediato y establecer mecanismos eficientes de protección. Todavía Porfirio Lobo y Dilma Rousseff no parecen tener la suficiente voluntad política para atacar este tema, algo que en México, aunque todavía en forma parcial, sí lo está haciendo la administración de Felipe Calderón con varias iniciativas legales y administrativas.

En Honduras, medios y periodistas necesitan continuar fortaleciendo la solidaridad y unidad que demostraron en las protestas por el caso Villatoro. Es la única forma que el gobierno puede escuchar y, por ende, reaccionar.

Protestas equitativas y para todos

Las cumbres presidenciales sirven para que todo tipo de grupos se exprese en protesta contra el status quo, aunque siempre hemos visto que éstas protestas sirven para combatir los excesos de las democracias, más que de las dictaduras.

Casi siempre sirven para el regocijo de aquellos gobiernos que hacen de las peleas ricos vs. pobres o desarrollados vs. en vía de desarrollo.

La Cumbre del G-20 que inició este domingo en Los Cabos, México, ya tiene varios grupos enfocados para protestar por los problemas financieros y económicos en el mundo de países más desarrollados, presión que no solo se ejerce contra los gobiernos sino también contra la banca privada a la que se le atribuye muchos de los males que hoy sufre la clase media.

También es bueno que esas protestas de grupos sociales, mayoritariamente de jóvenes, se exprese contra los candidatos presidenciales y medios de comunicación como en México, como el grupo YoSoy132, o en Chile por una eduación laica y gratuita o en Nueva York y otras ciudades estadounidenses mediante el grupo Ocupemos Wall Street.

En Río de Janeiro en estos días, con motivo de la cumbre del medio ambiente Rio+21, sucedió una interesante protesta, convocada por miles de personas de diferente credo y orientación sexual que desfilaron en la playa de Ipanema, contra el president iraní, Mahmud Ahmadinejad, quien llegará esta semana a Brasil.

La marcha fue convocada en contra de la intolerancia religiosa de los líderes iraníes, por la negación del Holocausto y, entre otras razones, por la dsicriminación y encarcelamiento de homosexuales.

“Queremos captar la atención del mundo para decir que el odio religioso perjudica el medio ambiente y Ahmadinejad representa el odio. El desarrollo sostenible pasa por los derechos humanos”, dijo Ivanir dos Santos, responsable de la Comisión contra la Intolerancia Religiosa de Brasil.

Obama: justo y electoral

Barack Obama sacó un as de bajo de la manga para ganar la pulseada electoral, en momentos que la economía está atorada y Mitt Romney le acusa de administrar de espaldas a la clase media y trabajadora, y ser incapaz de reducir el índice de desempleo por debajo de la tasa del 8%.

Obama logró hoy que la economía quede de lado en su ambición por cerciorarse de que en noviembre el voto hispano mayoritario estará de su lado. Anunció  que suspende por dos años las deportaciones de indocumentados menores de 30 años, facilitándoles permisos de trabajo, algo similar a la legislación del Dream Act que está engavetada en el Congreso, según Obama, por obra y gracia de sus contrincantes republicanos.

De esta forma, Obama se saca de arriba el mote de ser el presidente con más deportaciones de la historia, superando las 200 mil en su mandato, mientras que coloca la pelota en la cancha de los republicanos que han quedado tecleando con tremendo uppercut, y en ascuas con un proyecto de ley parecido al Dream Act que está preparando el senador republicano por la Florida, Marco Rubio.

Uno se pregunta por qué Obama habrá esperado tanto para hacer este anuncio o si es que recién ahora considera que se trata de algo “justo” con quienes se sienten "estadounidenses de corazón".

A todas luces lo de Obama tiene un gran signo partidista y electoralista de caras a su carrera propagandística para quedarse en la Casa Blanca cuatro años más. Pero de todas maneras, bienvenido sea, para que casi un millón de hispanos que se sienten tan americanos como cualquier otro ciudadano, puedan tener la tranquilidad que no les deportarán, seguir trabajando, estudiando y esperar por una ley que no los discrimine.

Los republicanos no deberían responder, como ya lo empezaron a hacer, polarizando las posiciones sobre los inmigrantes, sino apurar el nuevo proyecto de ley de Rubio, para que puedan dar una mejor y más estable solución a largo plazo para todos los inmigrantes indocumentados.

Obama dijo que no “tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos" que "son estadounidenses de corazón" y han hecho "contribuciones extraordinarias" al país. "Pónganse en sus zapatos…” – explicó - "muchos fueron traídos a Estados Unidos por sus padres" y no es justo que sean deportados a un país "del que no saben nada y cuya lengua no hablan". "En muchos casos no tienen ni idea de que son indocumentados hasta que piden un trabajo, o una licencia de conducir o una beca".

Ante tanto reconocimiento sobre la situación, vale la pena preguntarse porque esto acaba de ocurrir recién ahora.

La retórica sobre derechos humanos

El presidente ecuatoriano Rafael Correa hace buen uso del discurso político agresivo y de confrontación. Entre la arenga y la propaganda, su táctica consiste en imponer temas de discusión y situar a adversarios, periodistas, activistas o gobernantes extranjeros, a la defensiva.

Alcanzó su propósito una vez más en la recién finalizada 42ª. Asamblea de la OEA en Cochabamba, Bolivia, a la que asistió como único Presidente invitado entre los cancilleres de la región. Con su tono belicoso pero efectivo, logró que el tema principal de la reunión, el hambre que padecen 53 millones de personas en el hemisferio, quedara desplazado por su pretensión de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe reformarse o desaparecer.

Su reclamo estaba anunciado. Desde hace meses Correa viene desafiando a la CIDH y a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, por defender y proteger a periodistas y escritores que él había demandado por cifras millonarias y castigos carcelarios. Con apoyo de sus colegas del ALBA, Correa forzó a la OEA a discutir recomendaciones, que de ser aprobadas, el sistema de defensa de derechos humanos perdería autonomía y razón de ser.

Aunque la asamblea pospuso la discusión hasta el 2013, Correa logró que su acusación al sistema fuera parte de la agenda; al estilo de otros temas trasnochados de imperialismo y guerra fría que Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Raúl Castro imponen ruidosamente en cada reunión de presidentes.
Correa, Morales y el canciller venezolano reclamaron a la OEA “renovarse o morir”, una evolución de la persistente amenaza de Chávez de retirarse del organismo, pero que nunca concreta. Estos gobiernos prefieren organizaciones como las del ALBA, CELAC y UNASUR, a las que ellos mismos forjaron sin los mecanismos internos de vigilancia de los derechos humanos que rechazan por injerencistas.
Correa cometió errores garrafales en su discurso, obligando a las ONGs y a la prensa regional a salir en defensa de un sistema que él consideró “aberrante” por tener su sede en Washington, mientras EE.UU. no ha revalidado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Tras la reunión, la defensa más concreta la asumió el titular de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, quien demostró con datos que la no ratificación de la Convención no fue obstáculo para que la CIDH otorgara en 2011 once medidas de protección a los derechos humanos en EE.UU., una menos que en Honduras. Agregó que de los cinco informes de fondo publicados el año pasado, uno fue sobre Canadá por un asunto de migración y dos sobre EE.UU., por casos de violencia doméstica y pena de muerte.

Las diferencias técnicas - no las políticas como sostuvo Correa - entre las legislaciones nacionales y los principios de la Convención en materia de pena de muerte y aborto, entre otros temas, fueron las trabas históricas de EE.UU., Canadá y algunos gobiernos caribeños para no ratificar la Convención. Sin embargo, la CIDH tanto reclama por detenciones arbitrarias en Cuba, que no es parte de la OEA, como por el cierre de la cárcel estadounidense de Guantánamo.

El discurso polarizador del presidente ecuatoriano terminó paralizando una serie de recomendaciones que hizo un Grupo de Trabajo intergubernamental, que el sistema interamericano sí necesita para ser más eficiente. Una de las más destacadas, propone más esfuerzos a tareas educativas y a que los estados hagan mayores aportes económicos para remendar un severo atraso procesal. Sólo en 2011, la CIDH recibió 1.600 reclamos y 400 pedidos por medidas de protección.

Lamentablemente, la retórica de Correa consiguió consensos – con la excepción de Costa Rica, Chile, México, EE.UU. y Canadá - para que a la CIDH se le impongan cambios de trabajo en lugar de recomendaciones. De aprobarse, la labor de estos organismos terminará siendo supervisada por los gobiernos, convirtiéndose éstos en juez y parte, desvirtuándose así un sistema de protección que se vino construyendo por 50 años.

Ante los abusos de Estado y la impunidad, más que nunca hoy se necesita un sistema internacional más fuerte, autónomo y eficiente a donde los ciudadanos puedan buscar la protección de sus derechos. Esta importante decisión no debería quedar solo en manos de la OEA y los gobiernos.
 

Malvinas: obvio y estúpido referéndum

Los políticos británicos de las Islas Malvinas anunciaron un referéndum en el que le consultarán a los ciudadanos malvinenses si querrán seguir con su estatus de británicos o preferirán ser argentinos y regidos por el gobierno de Buenos Aires.

Más que un referéndum se trata de una treta de propaganda para dejar por sentado lo que ya todos saben. Por ello, cuando la noticia surcó los cielos del Atlántico Sur – justo en momentos que el gobierno de Cristina de Kirchner está por demandar a petroleras internacionales que explotan el subsuelo submarino cerca de las islas y se apresta a viajar a Nueva York para representar a la Argentina en la sesión por Malvinas del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas – el primer ministro británico, James Cameron, ni lerdo ni perezoso, dijo que el Reino Unido “respetará y defenderá” el resultado de la votación.

El referéndum, anunciado para la “primera mitad de 2013” por el presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Gavin Short, carece de validez. Primero porque se trata más de un resultado que puede buscarse por medio de una simple encuesta sobre empatías. Un referéndum sirve para decidir entre un sí y un no sobre un tema conflictivo entre dos posiciones polarizadas. En este caso no hay polarización, siempre se supo que los malvinenses quieren ser británicos, de eso nadie tiene dudas, ni siquiera el gobierno argentino. Además un referéndum no tiene validez cuando se consulta solo a una parte de dos en conflicto. Es como si preguntarle a los chavistas si quisieran que Chávez sea el candidato del PSU; o, en un caso internacional, como si se les preguntara a los chilenos o a los bolivianos si Chile debiera entregarle a Evo Morales una salida al mar. Los resultados serían obvios.

Tanto el argumento del referéndum como los dichos de Cameron (“Sólo el pueblo de las Falklands (sic) puede decidir cómo quiere ser gobernado. Por eso respaldo ampliamente esta iniciativa. De hecho, creo que llega en un momento muy significativo y le permitirá al pueblo de las islas enviar un mensaje claro a la Argentina y a toda la comunidad internacional de que son los únicos dueños de su destino”), son realmente obvios, estúpidos y propagandísticos.

Para cualquier tipo interpretación que se haga sobre Malvinas hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Las Islas Malvinas son una colonia británica y no existe otro modo de clasificarlas. Los británicos las usurparon a Argentina en 1833; posteriormente tras décadas tímidas de reclamos, la dictadura militar las invadió en 1982 perdiendo una guerra contra el Reino Unido, bajo alianzas regionales de Estados Unidos, Canadá y Chile, entre otros países americanos, que le dieron la espalda al tratado del TIAR. Ahora el gobierno argentino actual, por consideraciones nacionalistas que algunos piensan están motivadas por los mismos argumentos de la dictadura, de nuevo trae a colación el tema de la soberanía, con el apoyo de resoluciones de la ONU que son ignoradas por Gran Bretaña y otras grandes potencias. A largo plazo – décadas quizá - no habrá forma que el Reino Unido pueda ignorar este reclamo, como así sucedió con territorios como el de Hong Kong.

La posición de los británicos no se sostiene; solo les queda la excusa de la invasión militar argentina. No tienen otro argumento.

Canibalismo, sales y refrescos

Definitivamente vivimos en un mundo de locos. Mientras el alcalde de Nueva York Michael Bloomberg está tratando de prohibir la venta de refrescos azucarados más grandes de 16 onzas o de casi medio litro para combatir la impunidad, en la Florida, la procuradora general está tratando de prohibir drogas sintéticas que se venden en forma legal bajo el nombre de “sales de baño”, a las que se señala como responsables de un acto horripilante de canibalismo en un puente que une a Miami de Miami Beach hace un par de semanas.

En la picota están dos industrias a las que se acusa del mal, por un lado los fabricantes de bebidas y comidas a las que se acusa por haber disparado la gordura de la población y los altos índices de gastos en el sector de la salud. Por el otro, una industria nacional e internacional obcecada dedicada a sortear todo tipo de prohibiciones legales para abrazar químicos nuevos y domésticos con los que se producen drogas sintéticas, causantes de una destrucción mayor de la juventud de la que puede producir el tejido adiposo.

Parece irrisorio que tenga que haber esfuerzos de parte de la procuradora general de la Florida, Pam Biondi, para prohibir las llamadas “sales de baño”, que se venden casi como golosinas en estaciones de gasolina y tiendas especiales, y cuyos fabricantes consiguen siempre nuevas combinaciones químicas para burlar nuevas prohibiciones.

 “Podríamos tener 10,000 sustancias prohibidas dentro de poco, mientras los químicos en China, o dondequiera que estén, las siguen modificando”, dijo Tommy Ford, un mayor en la policía del condado Bay, quien presentó por primera vez en el 2011 el tema de las sales de baño a la atención de Bondi, según un informe de hoy de El Nuevo Herald en Miami.

“No hay aún disponibles informes de toxicología para mostrar si Rudy Eugene usó las llamadas sales de baño o cualquier otra droga, aunque algunos agentes de la policía han especulado que podría haber consumido sales de baño o drogas similares cuando atacó a Ronald Poppo”, según el diario. ENH identificó a las sales de baño y otras drogas sintéticas que se venden bajo marcas no amenazantes, como Ola de Marfil, Cielo de Vainilla o Polvo de Duendecillo, a menudo en paquetes marcados “no para consumo humano”. Los efectos colaterales pueden incluir alucinaciones violentas, agresividad, altercados físicos e intentos de suicidio.

El mercado de drogas sintéticas también incluye sustancias creadas para imitar los efectos de la mariguana, a menudo en productos etiquetados como incienso.

En marzo del 2011, la agencia federal antidrogas (DEA) colocó una prohibición de emergencia en muchas drogas sintéticas. En el 2011 y el 2012, el gobernador Rick Scott firmó una legislación que agregaba docenas de compuestos de drogas sintéticas a la lista de sustancias prohibidas.

Esfuerzos similares se realizan a nivel nacional, y las cifras muestran que han descendido las informaciones de incidentes que involucran “sales de baño” y mariguana sintética.

La Asociación Estadounidense de los Centros de Control de Veneno informó de 720 llamadas relacionadas con la exposición humana a las “sales de baño” en el 2011, comparadas con 295 en mayo del 2012. Los centros de veneno informaron de 494 llamadas relacionadas con la mariguana sintética ese mes, por debajo de las 597 de mayo del 2011.

Por otra parte, es interesante un cambio de perspectiva que empieza a extenderse en Estados Unidos, luego de que el tema de la legalización de las drogas ha entrado en etapas de debates congresionales en países como Argentina y México entre otros, como un mejor paliativo en contra del narcotráfico y del consumo de estupefacientes.

Este lunes, el zar antidrogas, jefe de la Oficina de Control Antidrogas de la Casa Blanca estadounidense, Gil Kerlikowske, dijo que el consumo de drogas debe ser tratado como un problema de salud y no solo como un tema criminal, lo que implica cambiar leyes y mentalidades.

“Demasiadas leyes y regulaciones que fueron aprobadas para frenar o castigar el consumo no distinguen entre la persona que continúa utilizando drogas y la que está en el camino de la rehabilitación”, añadió, en un discurso pronunciado en un centro de recuperación en Rancho Mirage, California.

En abril, su oficina divulgó una nueva estrategia anti drogas que propone más de un centenar de cambios en la legislación federal y en los programas de lucha contra el narcotráfico, para lidiar con el problema de 23.5 millones de estadounidenses que se encuentran en tratamiento para superar una adicción al alcohol o a los estupefacientes.

El consumo de cocaína ha caído un 40 por ciento desde el 2006 y el consumo de drogas en general se ha reducido en un tercio desde 1979 en Estados Unidos. Sin embargo, el consumo de marihuana entre los jóvenes se mantiene estable, y nuevos fenómenos como las drogas sintéticas causan alarma entre las autoridades por sus efectos devastadores.

Si bien es saludable el debate generado en Nueva York en torno a los refrescos azucarados, pareciera que la batalla contra los males que acechan a nuestra juventud está un poco desencajada.

Difícil saber la estrategia de Correa

El presidente ecuatoriano Rafael Correa es predecible sobre su actuación en contra de la prensa de su país a la que llama corrupta, nido de ratas y todo lo imaginable para desacreditarla y quitarle credibilidad. ¿Pero será que la odia con toda su alma como aparenta o solo se trata de una estrategia para estar en boca de ella todo el tiempo y así construir su popularidad como un hombre que no le tiene miedo a la confrontación y a hacer valer su gobierno de mano fuerte?

Todos los sábados sus alocuciones tienen que ver con la prensa. Este fin de semana dijo que están estudiando en su gobierno si los ministros deberían darle entrevistas e información a los medios, ya que como son empresas con fines de lucro, no deberían estar redituando con la información que emana desde el gobierno. Obviamente como economista ni él cree en sus propias palabras, solo que trata de conectarse con la gente, ganar popularidad, seguir justificando que el Estado compre medios de comunicación (ya tiene 19 bajo su cargo) y poner mayores condimentos para que se apruebe la Ley de Comunicación, un tiro de gracia que espera dar a los medios privados.

La semana pasada pidió a los ecuatorianos que no compren más los diarios porque son antros de corrupción y que solo adquieran El Telégrafo, haciendo publicidad del diario que su gobierno, que como muchos medios televisivos más, quedaron para su administración luego de la aplicación de leyes anti corrupción y sobre limitaciones a la propiedad de los medios por parte de particulares. A todos estos medios prometió devolverlos a la sociedad como parte de procesos de licitación, lo que nunca cumplió.

Correa sabe del inmenso poder de la prensa y por eso quiere monopolizarla para uso exclusivo del gobierno. Su estrategia hasta ahora se basa en la propaganda, aunque es difícil saber si seguirá arremetiendo en contra de ella hasta el final de su mandato o si sobre ella quiere construir su próximo período presidencial. 

Correa y su retótica sobre DDHH

RICARDO TROTTI: La retórica sobre derechos humanos - Opinión - ElNuevoHerald.com

¿Homenajear a Pinochet?

Un electrizante debate se ha instalado en Chile, cuyo desenlace puede tener amplias repercusiones en la región. La ley no prohíbe que se hagan actos de homenaje sobre figuras controversiales, como la del dictador Augusto Pinochet, pero ¿es ético que se realce la figura de una persona, a cuyo régimen se le achacan más de 3.000 desaparecidos y responsable del golpe de estado contra Salvador Allende?

Los más críticos piden que se prohíba el acto para que no haga apología del delito ni de la dictadura; los más mesurados, incluido el presidente Sebastián Piñera, no creen que el acto sea bueno pero dicen que no pueden impedir que la gente se exprese; y otros creen que tienen todo el derecho a celebrar sus actos y homenajear a quienes consideren que representan su sentir.

El caso es tan apasionante como educativo, ya que del desenlace se desprenderá una buena enseñanza sobre valores encontrados. Seguramente, ante esta sorpresiva instancia y ante el vacío legal, algún legislador pronto preparará un proyecto de ley para que se prohíba ensalzar figuras como la de Pinochet, de la misma forma que en varios países hay legislación en contra de expresiones de odio, como las que podrían motivar grupos de neonazis para celebrar a Hitler.

Pero el problema es que en Chile la figura de Pinochet no concentra el consenso necesario para que sea condenado o vilipendiado o, al menos, su causa tiene tantos detractores como seguidores. Muchos ven a Pinochet como la figura que rescató a Chile del comunismo y proyectó al país hacia una bonanza y disciplina de la que ahora todos disfrutan. Por otro lado, los otros, ven a un dictador sanguinario violador de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Los datos más concretos que condenan a su gobierno, según un informe oficial de agosto de 2011, indican que Pinochet, quien murió en 2006, luego de un intríngulis procesal internacional, no fue condenado en su país por los más de 3.000 muertos y desaparecidos y las 37.000 personas encarceladas y torturadas que dejó su dictadura.

El debate en torno al homenaje es fuerte y puede ser tan enriquecedor como la tolerancia que los chilenos, de uno y otro lado, se impongan para debatir un tema tan importante en la historia moderna de su país.

Damas y cardenal, cerrando heridas

Finalmente en lo que parece ser una reconciliación productiva para las Damas de Blanco cubanas, el cardenal Jaime Ortega las recibió ayer jueves por casi cuatro horas, ojalá que cerrando un capítulo que había distanciado a los disidentes con la Iglesia después de la visita del papa Benedicto XVI a Cuba.

Había muchas cosas en juego, pero en especial, la restauración de la confianza. Las Damas de Blanco no pudieron asistir a las misas ofrecidas por el papa, tampoco fueron recibidas en audiencia y fueron más que nunca resistidas por las autoridades cubanas mediante golpizas, insultos y detenciones.

Tras la reunión en la sede de la Arquidiócesis de La Habana, Berta Soler, una de las líderes del grupo dijo que fue una reunión productiva en la que le pidieron al cardenal que interceda ante el gobierno para que deje de acosarlas o, al menos, para que lo haga con menor intensidad.

Las Damas de Blanco han sido en estos últimos años desde que sus esposos y familiares fueron encarcelados en marzo de 2003, la imagen más visible de la disidencia cubana por imponerse a un régimen depravado. El cardenal debe mover cielo y tierra e imponer condiciones para el gobierno respete sus derechos a expresión y asociación, y así puedan seguir animando espacios de democracia en la isla.

La militarización del internet

La era digital atrajo grandes avances para el progreso de la humanidad, pero también creó nuevos desafíos para los gobiernos. Ahora éstos, deben lidiar con bandidos cibernéticos que sabotean servidores y sistemas de cómputos o espías que roban secretos industriales, militares y financieros.

Esos retos, y la necesidad de brindar seguridad cibernética a Río +20, la cumbre de Naciones Unidas sobre medio ambiente que comenzará la próxima semana en Río de Janeiro, fueron la coyuntura perfecta que aprovechó el gobierno de Brasil para crear el Centro de Defensa Cibernética, un organismo militar que estará dedicado a proteger los intereses civiles y militares del país.

De esta forma, Brasil se trepó a la tendencia que hace algunos años iniciaron grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China y Alemania para abordar la militarización del internet, lo que se conoce como la quinta dimensión de defensa de un país, después de los sectores aire, tierra, mar y espacio. 

El Centro brasileño, a semejanza del Comando Cibernético de Estados Unidos que opera en ese país desde octubre de 2010, tendrá como objetivo detener cualquier ataque informático que pueda amenazar, entre otros, los sistemas electrónicos de las aerolíneas comerciales, la grilla nacional de energía eléctrica, los reactores nucleares, así como agresiones al sistema financiero brasileño, uno de los blancos preferidos de los hackers en 2011.

La militarización del internet se profundizó en los últimos tres años cuando proliferaron ataques y virus lanzados contra blancos militares y financieros en EE.UU., Rusia, China e Irán, y todos los países se volvieron suspicaces unos de otros. Desde entonces, se apreció una disminución de los gastos militares tradicionales y un aumento notable en defensa cibernética, calculándose que en este rubro se gastaron 50 mil millones de dólares en 2011.

La militarización no solo alcanza temas de defensa sino que se expande a inteligencia y contra propaganda. Recientemente, la canciller de EE.UU., Hillary Clinton, admitió que expertos del Departamento de Estado patrullan el internet y las redes sociales para neutralizar a la red terrorista al-Qaeda en su intento por reclutar nuevos seguidores.

La militarización de la red, como producto de este gran juego en el que se mezclan objetivos legítimos de seguridad e ilegítimos de sabotaje y espionaje, plantea duros retos sobre el libre uso del internet, concebido desde sus orígenes como un servicio de defensa, que luego se transformó en un motor de participación ciudadana e innovación constante.

Ese empoderamiento de la libertad, es justamente lo que los regímenes autoritarios ven como agente desestabilizador, por lo que imponen cada vez más restricciones. Existen 40 países que aplican trabas legales y prácticas al internet y las redes sociales, de solo cuatro que había hace una década.

Las excusas para controlar el internet son las tradicionales, seguridad nacional, injerencia al poder y desobediencia a la autoridad. Por ello, regímenes como los de China, Rusia, Saudi Arabia, Vietnam, Cuba y Venezuela, entre otros, promueven que la gobernanza del internet pase de manos privadas a las Naciones Unidas, como insistirán en diciembre ante la asamblea de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a realizarse en Dubai.

Sergei Brin y Vinton Cerf, creadores del motor de búsqueda más exitoso, Google, creen que el control de los gobiernos será un craso error, toda vez que el internet prosperó gracias a la iniciativa privada y a la libertad, y que fue la sociedad civil y la academia los que le insuflaron estándares de autorregulación para su desarrollo y gobernanza.

La experiencia indica que mientras en gobiernos democráticos el internet plantea problemas de intimidad, propiedad individual y seguridad, los regímenes autoritarios lo utilizan como sistema policial para vigilar y neutralizar la actividad de sus ciudadanos, así como para perseguir a opositores.

Si se considera que los gobiernos pudieran conseguir la gobernanza del internet y sumado a que la militarización de la red los está sofisticando cada vez más en el uso de controles cibernéticos que podrían aplicarse contra sus ciudadanos, se puede predecir que el clima de libertad del que hoy gozamos, será pronto cosa del pasado.

El golpe anunciado de Correa

Se sabía que el presidente Rafael Correa tenía la sangre en el ojo y lo venía anunciando desde hace meses. La 42 asamblea general de la OEA sería su escaparate de propaganda para vociferar en contra de la Comisión Interamericana de Derechos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Cuando Correa perdonó la sentencia que condenaba al diario El Universo, sus directivos y un ex columnista por el delito de difamación en su contra, dijo también que su perdón no incluía el olvido. Justamente eso quedó en evidencia hoy en la reunión de la OEA en Cochabamba, Bolivia.

El golpe de Correa contra estas dos instituciones es en represalia a las medidas cautelares que la CIDH dictó en apoyo a los demandados en aquella sentencia, que si se hubiese ejecutado, hubiera engrosado las arcas del presidente con 40 millones de dólares en indemnización.

Correa hoy volvió a los disparates que lanza durante sus alocuciones sabatinas haciéndose eco también de las posturas similares que ofrecieron los representantes de Venezuela y de Bolivia. Justamente el presidente Evo Morales, siguiendo con las amenazas de Hugo Chávez de que retiraría a su país del organismo interamericano, dijo que “para la OEA hay dos caminos: muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América".

Con la misma tónica de discurso propagandístico, lleno de frases hechas, Correa reclamó que existe descrédito de parte del sistema interamericano de derechos humanos debido a que se ha sometido a organizaciones no gubernamentales y a “los intereses del gran capital”. Agregó que ambos organismos están financiados por organizaciones de derecha neocolonialistas que boicotean a gobiernos con revoluciones sociales y que tienen doble moral, buscando criminalizar a los Estados.

Correa pidió que la Asamblea apruebe cambios – ver post anterior - que le quitarían independencia y autonomía a estos organismos, aspectos necesarios para que puedan hacer su labor de supervisión de los derechos humanos en cada país.

Aunque Correa no tiene muchas probabilidades de que los cambios se adopten, sabe muy bien por su sistema de propaganda, que debe desprestigiar a estos dos organismos para restarles credibilidad pública y así poner en entredicho lo que pueden actuar y decidir sobre su país y otros del Alba.

Cochabamba, DD.HH. y libertad de prensa

Este domingo comenzará la asamblea general de la OEA en Cochabamba, Bolivia, una reunión que tendrá amplia repercusión para los ciudadanos, ya que se abordará el tema de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Los Estados no lo harán en forma directa, sino mucho más sutil y peligrosa para estas dos disciplinas. En juego, está la independencia y funcionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ya que los gobiernos podrían aprobar una serie de recomendaciones hechas por un grupo de trabajo intergubernamental y por el secretario general, José Miguel Insulza, que buscan reformar los estatutos de la CIDH.

Las propuestas de reformas, muchas de las cuales son importantes para mejorar la eficiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tienen varios puntos recomendados por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que buscan neutralizar el trabajo de la CIDH y castigar la labor de la Relatoría.

Los cambios al estatuto y las recomendaciones sobre funcionalidad apuntan a darle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos, elaboración de informes e, incluso, permitiendo que los estados definan los términos de cómo son monitoreados por sus violaciones a los derechos humanos. También establecen que la Relatoría no podrá buscar fondos por fuera de los gobiernos americanos, que su informe anual no podrá referirse a cada país sino que deberá ser general y que deberá regirse por un código de conducta fiscalizado por los gobiernos.

La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que lo que está en juego en esta asamblea es la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría, organismos fundamentales para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.

Debido a la intervención de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes vienen criticando a la CIDH y a la Relatoría, es indudable que lograron que este tema legítimo de reforma se haya politizado. Debido a ello, sería importante que las reformas no fueran consideradas mientras perdure este clima de represalia, porque en juego están los derechos humanos y la libertad de expresión de cada ciudadano de las Américas, y no solo la de aquellos que simpatizan con los gobiernos del ALBA.

No puede haber apagón informativo

En estos días, en la derruida Grecia otro grupo de ciudadanos decidió ir a huelga para protestar por el descalabro económico. Los periodistas y medios de comunicación practicaron un apagón informativo de 24 horas para reclamar por la malaria que afecta al sector: 35 por ciento de los periodistas no tiene trabajo, los medios impresos han perdido hasta el 80 por ciento de su circulación en algunos casos y necesitan un nuevo convenio colectivo de trabajo que asegure sueldos dignos.

El apagón duró un día y ni siquiera las páginas de internet de los sitios más importantes, así como la radio, la televisión y las agencias de noticias produjeron noticias.

Realmente un escándalo de proporciones para el gremio, que no puede justificarse. Los periodistas, al igual que en otras profesiones de impacto social, tienen responsabilidades que no pueden desatender, del mismo modo que los médicos y trabajadores sanitarios no pueden dejar de operar un hospital, al menos con los elementos mínimos para atender emergencias. La información periodística es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad y su democracia; y el que no haya habido siquiera información de “emergencia” para los ciudadanos, implica que al periodismo le ha faltado estar a la altura de su responsabilidad ética.

Un apagón informativo general por 24 horas lo practicó el periodismo colombiano en 1986 para protestar contra el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y contra toda la violencia desplegada por el narcotráfico. Aquella fue una posición más defendible que esta de los griegos, aunque tampoco se puede justificar del todo. Digo que fue más defendible ya que lo que se buscó en el caso colombiano fue crear mayor conciencia sobre la violencia que afectaba a todo el país, mientras que en Grecia sólo se pidió por derechos y privilegios para el sector.

Esto no quiere decir que los periodistas y medios griegos no tengan el derecho a manifestarse o hacer huelgas, solo que no todos pueden ejercer ese derecho al unísono.

Mayor acceso al agua potable

RICARDO TROTTI: Pura y fresca; no tan dulce - Opinión - ElNuevoHerald.com

DD HH, libertad y Daniel Pearl

El último informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos fue lapidario con varios países latinoamericanos, entre ellos Honduras, Venezuela, Ecuador, México, Argentina y Cuba, temas que también se abordaron en forma coincidente y crítica por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

En ambos informes no hay cosas muy novedosas. En todos los casos se especifica que existe una marcada corrupción que no es castigada, que los poderes judiciales son ineficientes o están ligados al poder político y que, ya sea por la violencia del crimen organizado o de los propios estados, no se respeta la libertad de prensa. Como consecuencia de ello, la democracia se encuentra deteriorada.

En Argentina, donde el gobierno es criticado por manipular la información oficial y los periodistas se quejan de que la presidente Cristina de Kirchner ni los funcionarios de su cartera ofrecen conferencias de prensa,  el discurso oficial sigue siendo tan cínico como sarcástico. Casi al mismo momento que se daban a conocer estas críticas, la Presidenta fue a la sala de corresponsales en la Casa Rosada y, entre chistes y chistes, respondió a los periodistas que ella habla a través de sus discursos y actos públicos, y que jamás hablaría mal en contra de ella misma, por lo que las conferencias de prensa están descartadas.
Esta es tal vez la menor crítica que se le hizo al gobierno argentino, pero demuestra cómo son tomadas las críticas aun cuando vienen de organismos intergubernamentales como de las Naciones Unidas; pese a que, por otro lado, el gobierno ha hecho de los derechos humanos un leit motiv de su gestión.

Para mí hay dos cosas que se desprenden de esto: Primero, en Argentina como en los otros países se ha involucionado en materia de libertad de prensa; es como si estamos hablando de lo mismo que se criticaba hace treinta o cuarenta años atrás. Segundo, más allá de la legitimidad que unos y otros le pueden dar a un informe del Departamento de Estado, no comprendo cómo el gobierno de Estados Unidos no utiliza la Ley Daniel Pearl para presionar a los gobiernos. Esta ley indica que ante la falta de respecto a la libertad de prensa en un país, Estados Unidos puede condicionarle  la ayuda financiera.
Creo que el bolsillo a veces puede ser más eficiente que la política.

Villatoro es bandera y oportunidad

Hoy en el Día del Periodista que se celebra en Honduras, muchos marcharán bajo la consigna de exigir el esclarecimiento por el asesinato de Ángel Alfredo Villatoro.

Lo importante de la marcha de hoy es que en nombre de la causa de Villatoro, un periodista reconocido y conocido, se pedirá también por una veintena de casos de asesinatos ocurridos contra otros periodistas, muchos de ellos del interior del país que, a veces, suelen quedar en el anonimato y total impunidad.

Ojalá que el nombre de Villatoro sirva para unir a los periodistas y a los medios de todo el país bajo una causa común a favor de la violencia contra los periodistas y la violencia en general.

Son los periodistas y los medios quienes pueden transformarse en los agentes de cambio que necesita la sociedad hondureña para dejar la espiral de la violencia. Todas las sociedades en la historia necesitaron de un punto de inflexión, de quiebre, para producir cambios a favor de una cultura distinta y más deseada.

Sería de esperar que los periodistas y medios, y también las autoridades, entiendan que Villatoro puede ser ese punto de inflexión en la historia moderna de Honduras. Villatoro puede convertirse en la bandera de lucha por una causa justa y a favor de la libertad de prensa y del derecho del público a la información.

Villatoro es bandera y oportunidad. Queda en manos de sus colegas levantarla y asumirla.
 

El desafío de la violencia para los medios

La cobertura de la violencia no es nada fácil para los medios de comunicación, no solo por los riesgos que asumen los periodistas, sino porque existe una línea muy delgada entre informar con equilibrio, caer en el sensacionalismo o hacer apología del delito.

El hallazgo de 49 cadáveres descuartizados en un camino de Monterrey, el bombazo terrorista contra un ex ministro en el centro de Bogotá y las víctimas mortales en motines de cárceles hondureñas y venezolanas, son algunos de los hechos que en estos días desafiaron las políticas editoriales de los medios. No solo debieron sopesar cómo publicar, sino cómo lo haría la competencia y cómo se propagarían los hechos por las redes sociales, preocupación adicional inexistente hace unos años.

Pero la decisión se torna más difícil, cuando los medios son blanco directo de esa violencia, por lo que deben adoptar decisiones editoriales a veces contrarias a sus propios objetivos informativos, como ocurrió con el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo.

Dos días después de sufrir un atentado con metralleta y explosivos, El Mañana anunció en un editorial, que se abstendría de publicar información sobre las disputas violentas entre los carteles del narcotráfico. En un ambiente de impunidad, el diario razonó que la autocensura es la única forma para blindar a los periodistas; considerando, además, que ya ha sufrido otros atentados y que en 2004 fue asesinado su director editorial.

El Mañana también justificó su decisión para evitar la manipulación de los narcotraficantes, quienes en la divulgación de la violencia consiguen su objetivo de amedrentar a toda la sociedad y afirmar su dominio.

Decisión parecida adoptó esta semana el diario colombiano El Espectador, que tras el intento de asesinato del ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, se negó a publicar la noticia en su portada. En cambio, colocó un cintillo con fondo negro arriba de su logotipo en el que se leía “NO al terrorismo”.

Podrá argumentarse que esa decisión fue irrelevante en materia noticiosa si se considera que los detalles del atentado se desparramaron por otros medios y en las redes sociales, hasta con videos de teléfonos móviles capturados por los transeúntes. Sin embargo, la valía de la actitud editorial de El Espectador de no publicitar ese acto de terror, radica en su mensaje político frente a la violencia.

Similar al que adoptó en febrero, cuando decidió no publicar sobre atentados de las FARC en tres ciudades del interior o cuando en 1986 lideró un apagón informativo de un día que adoptaron todos los medios colombianos, en protesta por el asesinato de su director, Guillermo Cano, ordenado por Pablo Escobar.

Las decisiones editoriales no están exentas de provocar pérdida de credibilidad, ahuyentar a las audiencias o hasta provocar sanciones económicas y castigos legales. Por eso, muchos medios tratan de prevenir situaciones engorrosas con conductas de autorregulación, como lo hizo el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que en 2005 adoptó un manual de estilo para lidiar mejor con la publicación de hechos violentos.
Estas políticas por lo general no impiden publicar los hechos, sino asumirlos desde otra perspectiva. Recuerdo que tras el atentado terrorista contra el metro en Londres en 2005, un tabloide británico se diferenció del resto, con una plácida fotografía de un estacionamiento atestado de automóviles que no habían sido recogidos por las víctimas. Bajo el titular “El Día después”, su mensaje fue más potente que las demás portadas llenas de sangre, escombros e hierros retorcidos.

En Venezuela, en cambio, los medios no tienen mucho margen de maniobra. La autoridad aplicó la ley para censurar a El Nacional por publicar fotos de una morgue e impuso una multa millonaria a Globovisión, por mostrar imágenes de un motín carcelario. En Ecuador, una ley de Comunicación prevé cerrar aquellos medios que el gobierno considere que propagan la violencia, lo que, en un clima tan politizado, equivale a implantar la censura oficial.

Si bien el sensacionalismo puede disgustar a muchos, lo importante es permitir que los medios puedan asumir sus propias decisiones. En la pluralidad y diversidad de posturas editoriales, más que en la uniformidad que busca la censura, podrán encontrarse las mejores respuestas a la violencia.

Periodistas, celebridades y violencia

Comparto un resumen de los puntos que presenté ante el Foro de Austin sobre Seguridad y Protección para periodistas, blogueros y periodistas ciudadanos.

Más allá del trabajo extraordinario que muchas organizaciones está haciendo en torno a la protección de los periodistas y en contra de la impunidad, lo que no hay que perder de vista es que las organizaciones no deben ser las protagonistas. Los protagonistas son los periodistas, las víctimas y los medios de comunicación, en definitiva, los instrumentos directos y quienes pueden respaldar y hacer democracia.

Desde las organizaciones creo que se critica demasiado a los medios de comunicación, muchas veces con justificación. Creo sin embargo, que no se está haciendo el esfuerzo debido para entender a los medios y ayudarlos para que puedan lidiar mejor con el tema de la violencia. Para que sean ellos los que adopten campañas de educación para que el público entienda porque es importante que se proteja a los periodistas. Hay que desterrar el “síndrome académico” de vilipendiar a los medios, endilgándoles la culpa de todo.

En este contexto, hay que entender porque la gente conecta mejor con noticias sobre celebridades, como Whitney Houston o Andy Gibb de los Bee Gees, que con el asesinato de tres periodistas en Veracruz cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en bolsas de basura.

Para poder crear conciencia sobre el tema de la violencia, las organizaciones y los medios no solo deben hacer campañas de educación, sino además abrazar casos de víctimas que puedan elevarse a nivel de celebridades. Cuando la gente conoce a alguien y puede conectarse con esa figura, se puede lograr educación y que se adopten acciones para presionar a las autoridades con el fin de que produzcan cambios. El asesinato del foto reportero argentino, José Luis Cabezas, prácticamente un desconocido, fue figura de opinión pública luego de que su medio, la revista Noticias de Buenos Aires, edificó sobre él una figura para que la gente entendiera de qué se trataba la violencia contra los periodistas, la impunidad, y lo que la sociedad perdía cuando se mataba al mensajero.

Se debe convencer a la prensa internacional de que México y Centroamérica y el tema de la violencia contra periodistas es un tema importante dentro de la agenda pública mundial. Y que debe haber un esfuerzo internacional en ese sentido, pese a la crisis económica que ha menguado el accionar de muchos medios.

Deben hacerse esfuerzos en cada país para que los medios sean más solidarios entre sí. La falta de solidaridad no debe verse como reticencia, sino más bien como una cuestión de competencia y, otras veces, como producto de problemas históricos que devinieron en la individualidad de la prensa. Los gobiernos, dentro de su círculo de corrupción, muchas veces crearon antagonismos entre los medios, beneficiando a algunos sobre otros con dádivas, subsidios, publicidad oficial, etc… creando divisiones intencionales y, por supuesto, favorables para sus fines.

La lucha contra la impunidad y la violencia es a largo plazo. No nos podemos desanimar ni dejarnos vencer. Debemos honrar la memoria de nuestros colegas caídos, convencidos de que seguiremos luchando para que haya más justicia.