Tolerancia con Venezuela

A pocas horas de que se conociese la posibilidad de que el Vaticano oficie de mediador en la crisis venezolana, planteé el siguiente post que habla, en realidad, de las incongruencias del gobierno de Nicolás Maduro y la poca credibilidad de su gestión. Nada cambia mucho.

Realmente el tema de Venezuela plantea los siguientes interrogantes:

¿Por qué tanta tolerancia para un Gobierno que ha reducido la democracia a su mínima expresión?

¿Por qué tanto silencio ante un Ejecutivo que viola la Constitución abusando, reprimiendo y causando decenas de muertos, que encarcela y castiga a sus opositores usando a la Justicia y al Congreso como armas propias, que se eterniza mediante reformas y elecciones viciadas, que silencia a los medios de comunicación y redes sociales, y hace propaganda a mansalva generando odio y polarización?

¿Acaso por iguales o menores irregularidades no ocurrirían cambios en Argentina, Colombia o Chile si sus gobiernos imitaran a Nicolás Maduro? ¿Por qué callan los intelectuales ideologizados que condenaron con vehemencia la opresión militar de antaño, pero apañan la de ahora?

¿Por qué la OEA sigue tan impávida para aplicar la Carta Democrática Interamericana y la UNASUR, después de una misión de cancilleres a Caracas, recomienda como solución que Nicolás Maduro cree un consejo de derechos humanos? ¿No es pura ingenuidad creer que el gobierno - que no permite la entrada al país de organismos de supervisión o que le importa un bledo lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - será equitativo y objetivo a la hora de autocriticarse y juzgar sus propios abusos?

¿Por qué las potencias occidentales, EE.UU. y Europa, permanecen tímidas, casi de observadoras, mirando al este sin importarles el sur? ¿Por qué Barack Obama busca consenso entre los europeos para actuar con sanciones económicas contra Rusia por la usurpación de Crimea, pero en su agenda no existe la intención de buscar el mismo fin para limitar al gobierno de Venezuela?

Las respuestas se adivinan muchas y de todos los colores. A nivel interno varios temas conspiran contra el cambio. La Constitución permite un referendo, pero en 2016. La oposición poco puede hacer. Sigue siendo diezmada por un poder político desfachatado que encarceló a tres alcaldes opositores, incluido Leopoldo López, desafuera ilícitamente a diputados como María Corina Machado, o se le achacan actitudes desestabilizadoras, acusándola de estar detrás de tres generales golpistas detenidos esta semana, parte de una estrategia propagandística en la que se tejen golpes, invasiones y conspiraciones a conveniencia.

Con las nuevas propuestas de la UNASUR, la oposición está entre la espada y la pared. Si sigue pidiendo “la salida” del régimen, se la percibirá como tozuda e intransigente ante los “diálogos por la paz” que promociona el gobierno; y si acude a ellos, pecará de ingenua y será manipulada.

A nivel externo es más complicado aún. Pese a la fachada democrática, el gobierno se legitima con los resultados electorales y ningún líder latinoamericano atina críticas para no ser tildado de antidemocrático. Además, Hugo Chávez, en pocos años y gracias a los petrodólares, consiguió internacionalizar un discurso anti imperialista y colonialista (que Fidel no pudo encausar en cinco décadas), neutralizando cualquier acción estadounidense o europea. Mientras tanto, Maduro califica de golpista a las protestas, los que los jóvenes califican de revolución y liberación. 

La inacción estadounidense es producto de sus propios vicios del pasado. Su liderazgo por libertad y democracia fueron casi siempre imposiciones de la CIA a modo de golpes, invasiones y cambios de gobierno. Pero no solo por vergüenza pasada u otras prioridades de su agenda, Washington permanece inmóvil.

Es que el chavismo para Barack Obama no representa riesgos ni para la seguridad ni para la economía, se trata solo de un liderazgo histriónico que ya no tiene dólares para tejer alianzas externas y de una ideología descompasada que ya no cubre las necesidades básicas de su población.

EE.UU. podría aplicar sanciones económicas en caso de que Maduro le cierre todos los espacios a la oposición, como anunció esta semana el Departamento de Estado. Pero difícilmente tome medidas pronto. Con los errores del pasado, Washington aprendió paciencia. Esperará a que el sistema se caiga por su propio peso o jugará a que el chavismo permanezca autoritario y pobre como la paupérrima Cuba; en definitiva, la peor propaganda para el socialismo o la mejor para promover los valores de la democracia y el libre mercado. 

Propaganda como sostén de la ineptitud gubernamental

No la información oficial, pero sí la propaganda política para “vender” logros, mostrar actividades y adoctrinar o convencer con ideología, ha sido desde épocas remotas la marca registrada de gobiernos que, por lo general, tienen la predisposición al culto a la personalidad de su líder.

Por lo general, la propaganda termina siendo el complemento necesario para suplir la falta de eficiencia de un régimen. Los gobiernos populistas de la región han adoptado este método extraordinario de convicción, de ahí que uno pueda ver hasta el cansancio a Cristina de Kirchner, Nicolás Maduro o Rafael Correa, inundando cadenas televisivas para mantener – según justifican – un diálogo sin interlocutores con el pueblo. Es decir, no quieren ser molestados con preguntas por los periodistas, simplemente decir y hacer la propaganda que se les place.

Pese a que en esos países no esas cadenas violan las constituciones, los presidentes mencionados siguen inaugurando espacios en medios periodísticos gubernamentales – que deberían ser públicos y no para su uso personal – haciendo campañas mediáticas para vender sus logros, utilizando dineros del pueblo. Una excelente forma de corrupción disfrazada, una especie de “lavado de ideas”.

Tal vez el gobierno más desfachatado en este rubro es el argentino. Ayer la entidad de medios escritos del país, ADEPA, ratificó los datos que hace un par de semanas introdujo la Fundación LED de ese país, que estimó, con datos fidedignos y oficiales, que la publicidad oficial del gobierno de Cristina de Kirchner creció un 3.000% en 10 años. Según esta fundación, en 2013 el gobierno gastó 10 mil millones de pesos en comunicación oficial, es decir para publicitar sus actos.

"Esta gran masa de recursos que dispone el gobierno está puesta alservicio del sostenimiento del discurso de su propio relato", manifestó Silvana Giúdice, directora de la Fundación, quien fuera ex presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja.

En el documento se detalló que la Publicidad Oficial creció un 3.005 por ciento entre 2003 y 2013 y que se gastaron 52.258.000 pesos para el seguimiento a la actividad de la Presidenta las 24 horas los 365 días del año.

Fútbol para Todos, uno de los emblemáticos espacios tomados por el kirchnerismo utilizado para la propaganda estatal, le costó al Estado 1.512.088.910 de pesos en 2013.

Lo más triste del caso argentino y también del venezolano es que no existen leyes de acceso a la información oficial que penalicen a funcionarios estatales cuando no brindan información solicitada por los ciudadanos, ni tampoco cuando el oficialismo miente en torno a datos y estadísticas oficiales como en el caso de los índices de inflación, inseguridad y desigualdad.

La propaganda, por ello, que les sirve para propagar actos, mentiras e ideas, termina siendo fundamental para estos regímenes, como aquellos de los más autoritarios de la historia.  

A juicio, la eficiencia de UNASUR

La misión de UNASUR, aquella entidad orquestada por Hugo Chávez para neutralizar a la OEA a la que acusaba de estar manipulada por EE.UU., está en Venezuela con el firme propósito de Nicolás Maduro de que debe respaldar su posición y acusar a la oposición, incluidos los estudiantes, de que se sigue planeando la mayor conjura de todos los tiempos.

La UNASUR está entre la espada y la pared. Por un lado, a su llegada, Maduro anunció la detención de tres generales de la Fuerza Aérea que estarían intentando un golpe de Estado bajo mandato de la oposición, una especie de golpe de suerte – si fuera verdad – o de golpe propagandístico desvergonzado para minar las intenciones de los cancilleres de Paraguay y Colombia que querían que su misión no esté atada a los designios del gobierno y así poder entrevistarse con miembros de la oposición.

Por otro lado, la misión no podrá dejar de evidenciar que la mayoría de los 34 muertos, centenares de heridos y detenidos son causa y efecto de los abusos de Estado para controlar las protestas, situación agravada por la ilegítima quita de fueros a la parlamentaria María Corina Machado, el encarcelamiento de Leopoldo López y de otros dos alcaldes no chavistas, por una Justicia que actúa al son del poder político y unos medios de comunicación y redes sociales que deben sobrevivir bajo la censura directa y la autocensura por temor a mayores represalias.

A la luz de los estándares internacionales sobre derechos humanos y principios democráticos no harían falta muchos más elementos para considerar a este gobierno venezolano como el más totalitario y fascista de la región, a excepción del cubano de los hermanos Castro, por supuesto.

Justamente a imagen y semejanza de Cuba, en Venezuela, donde no se permite  a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos ni a la OEA ni a organismos europeos evaluar in situ la situación, sino solo a aquellos organismos de conclusiones predeterminadas, la UNASUR llega como anillo al dedo para un régimen que pide a gritos que se le siga legitimando su accionar autoritario y fachada democrática.

Así, a no ser que prevalezca la independencia de criterios, la corta vida de la UNASUR se verá aún más acotada, utilizada y manipulada por un régimen que tiene en sí mismo todos los vicios y pecados que les achaca a los demás.

Internet paradógico: Liberación y esclavitud

Comparto mi post de este fin de semana sobre "Internet, esa gran paradoja", con la buena consideración de que el gobierno de Barack Obama está pro presentar un proyecto de ley que reformará la capacidad de la NSA para acceder en forma indiscriminada e irrestricta a datos de telecomunicaciones y de internet de los usuarios nacionales y extranjeros. 

Según el proyecto, de ser aprobado por el Congreso, la NSA requerirá de órdenes judiciales para poder acceder a las comunicaciones, y siempre y cuando esos individuos o entidades estén sospechadaos de estar planeando o cometiendo actividades terroristas.

Este es mi texto del fin de semana:

"El internet tiene grandes paradojas. Nos hizo más libres, aunque también más esclavos. Nos conecta a otras realidades y contenidos, aumentando nuestro conocimiento; pero, al mismo tiempo, nos expone a mayor vigilancia y escrutinio, reduciendo nuestra intimidad y privacidad.

La mayor paradoja quedó en evidencia luego que EE.UU., el país que creó, masificó y cuidó que el internet fuera libre y sin censura, lo desvirtuara tras usarlo como instrumento para espiar a los usuarios, dentro y fuera del país, justificando tácticas contraterroristas.

Cuando Edward Snowden reveló el alcance del programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), se sabía que las consecuencias no tardarían en llegar. Al principio, sus denuncias sirvieron para avergonzar al gobierno y así Barack Obama no tuvo más remedio que admitir culpas y disiparlas con una serie de regulaciones que prohíben espiar en forma indiscriminada, sin justificación u órdenes judiciales.

Ahora, sin embargo, las denuncias de Snowden cobraron otra dimensión, transformándose en un búmeran que pone en riesgo las cualidades innatas del internet, tal como lo disfrutamos hasta hoy: Libre, global y abierto. Muchos países, aprovechando la pérdida de confianza en EE.UU., reclaman con insistencia a Obama que deje el control y la administración del internet en manos de un órgano gubernamental internacional.

Hábil en el juego geopolítico, el gobierno estadounidense contraatacó esta semana. Obama anunció que cederá la administración del internet para 2015, año en que vence el contrato de su administrador de siempre, la ICANN, una agencia privada, autónoma y sin fines de lucro creada por las autoridades estadounidenses con ese fin. Lo más sorpresivo del anuncio fue que las discusiones sobre el traspaso comenzarán este 23 de marzo en Singapur, semanas antes de que inicie otra reunión convocada por la presidente brasileña, Dilma Rousseff.

De esta forma, EE.UU. no solo quiere descomprimir las críticas y la presión por su manipulación del internet, sino neutralizar las pretensiones de Rousseff, que buscará, a través de una reunión global en Sao Paulo en abril, que la administración del internet termine en manos de gobiernos dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de Naciones Unidas.

Rousseff tiene razones justificadas en su propuesta. Siendo aliada de EE.UU., está indignada que la NSA infiltrara sus telecomunicaciones y mensajes electrónicos. Por ello canceló una visita oficial a Obama y en la asamblea de Naciones Unidas lideró la moción para que la gobernanza del internet no quede en EE.UU.

La paradoja, sin embargo, es que mientras en Brasil se ofrecen garantías de libertad para el internet, cuyo uso fue esencial en las protestas callejeras, la propuesta de Rousseff está siendo respaldada y aprovechada por otros Estados como China, Rusia, Cuba, Irán y Venezuela, que ya han demostrado en sus prácticas que, para ellos, la palabra administrar es sinónimo de controlar, restringir y censurar.

EE.UU. la tiene clara. Cederá la administración siempre y cuando la asuma un nuevo ente internacional, de carácter multilateral, privado, apolítico y autónomo de los gobiernos, muy lejos de Naciones Unidas y de los intereses políticos de países opresores y censores, que también manipulan las discusiones sobre derechos humanos.

Puede ser que los gobiernos autoritarios insistan en restringir el internet, sin embargo, seguirán desafiados y desbordados por las nuevas tecnologías y el buen uso que de ellas hacen los usuarios. Además, el internet que ya está en camino, el de las cosas que se conectan entre sí - desde automóviles a refrigeradoras o de cámaras fotográficas a prendas de vestir – será cada vez más difícil de controlar, paradójicamente, tanto para gobiernos como para usuarios.

Lo más importante, quizás, para romper las paradojas actuales, es que el internet se mantenga alejado de los gobiernos, imponiéndoseles condiciones para que no lo puedan manipular a su antojo, reduciendo la posibilidad para que se invada nuestra privacidad.

La idea a preservar es que la web se mantenga privada, libre, global y abierta, características que sirvieron para que se expanda a todas las regiones del mundo y para que prospere la creatividad, su innovación y el desarrollo económico. 

¿Para censurar legalmente? La trampa constitucional de Venezuela

Mientras en la OEA el chavismo mostraba hoy lo enemigo que es de la libertad de expresión y de prensa, al silenciar de nuevo a la oposición de su país y a los medios de comunicación, bloqueando la entrada a una reunión que finalmente fue de carácter privada, en Caracas el régimen autoritario anunciaba medidas adicionales a favor de instalar la censura completa de los medios tradicionales.

Nuevamente la censura adicional fue anunciada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en franca complicidad con el oficialismo, sin vergüenza, y de tal forma como lo hizo en 2009 cuando advirtió sobre una ley para penalizar los “delitos mediáticos”. Ortega dijo esta vez que era necesaria una legislación para que los medios y los periodistas dejen de decir mentiras. Claro que no se refería a los medios oficiales, sino solo a los críticos e independientes.

Pidió de nuevo que debe haber una ley, “en sintonía con el Ministerio Público” (es decir que admitió el carácter de censor que tiene y la quiere imprimir a esa entidad) para impulsar regulaciones que obliguen a los medios de comunicación a informar solo con la verdad, en forma imparcial y objetiva.

Lo que a la fiscal le faltó decir es cómo y quien define la verdad, ya que para el régimen, todo lo que se desprende de investigaciones periodísticas, denuncias sobre corrupción o fotografías que muestran cadáveres apilados en las morgues o gente con carteles en protestas callejeras o caricaturas humorísticas u opiniones o convocatorias a través de Twitter – en casi todo los casos informaciones imparciales y objetivas – son calificadas de tendenciosas, manipulativas, desestabilizadoras y golpistas.

Lamentablemente, el régimen de Hugo Chávez fue muy inteligente en su primera reforma constitucional apenas despuntaba el gobierno. En forma tramposa logró incluir la cláusula de información veraz en el texto magno, permitiéndose luego fabricar leyes y decretos en contra de los medios y periodistas, invocando aquella cláusula (la trampa) que le obligaba a tener que hacerla cumplir porque “es ley suprema” de la Constitución.

A ese argumento, Chávez, Maduro, Cabello y muchos otros lo usaron a destajo. Y ahora de nuevo lo utilizó la fiscal. Por eso dijo lo habitual, invocando aquel principio constitucional con el que todo justifica y el cual obliga, según ella, darles un escarmiento a los medios y periodistas mentirosas: “La Constitución señala que hay libertad de expresión, pero eso tiene un límite como todo derecho. La información tiene que ser veraz, tiene que ser cierta. Toda la Constitución tiene que ser desarrollada por leyes y tiene que haber una ley que desarrolle ese artículo, que regule la información de los medios de comunicación y que esta sea imparcial, objetiva. Que la propia persona saque sus conclusiones”.

Es probable que como en 2009, la propuesta mordaza de la fiscal quede en la nada. La gravedad del anuncio, sin embargo, es la utilización de la amenaza permanente como herramienta de intimidación, con la intención de crear un clima favorable para la zozobra y la autocensura.

Chavismo desfachatado

A un mes de cumplido el arresto de Leopoldo López, diputados oficialistas se reunieron en una Asamblea Legislativa inoperante – ya que el oficialismo delegó su poder al Ejecutivo tras una nueva Ley Habilitante, esa que el chavismo ya concedió en cinco oportunidades a favor de su líder – y enseguida se dirigieron a la Fiscalía General – también coludida con el Ejecutivo – con una sarta de delitos en contra de la diputada María Corina Machado, con la intención de que se le quite la inmunidad parlamentaria y así se le haga juicio político y termine en la cárcel por instigación y traición a la patria.

La desfachatez ofensiva del régimen autoritario aprovecha esa cualidad para superar cualquier otra noticia y poner a todo el mundo a la defensiva, creando conversación y agenda pública en todos los flancos, con un efecto sorpresa típico de la propaganda totalitaria. Ante ese arraso ofensivo, agresivo y verborrágico nadie atina a defenderse bien, ante tantos frentes de ataque.

Esa propaganda es la que impulsa a Nicolás Maduro a sancionar a los acreedores, como las aerolíneas internacionales que se alejan de Venezuela por falta de pago, condena a los comerciantes que venden a precios para surtir anaqueles, restringe divisas a los medios para que puedan comprar insumos para poder operar, persigue a opositores y a estudiantes, festeja el respaldo de la UNASUR, o convoca a la inoperante Asamblea Legislativa, para que cree la “Comisión de la Verdad” para encontrar a los responsables de las 29 muertes, consecuencia de las protestas que se iniciaron el 12 de febrero.

En todo ese conjunto de temas, acciones y restricciones sin vergüenza, la cantaleta de gobiernos amigos inducidos por los petrodólares y los menos amigos a los que se acusa de instigar un golpe de Estado, el gobierno de Maduro y la falange chavista encuentran tierra fértil para seguir gobernando en forma autoritaria. Como nunca antes, el chavismo se desenmascara como un movimiento totalitario, fascista y desfachatado.    

Necesaria cultura de libertad de expresión

Corría 1994. La Sociedad Interamericana de Prensa creaba la Declaración de Chapultepec para defender y promover la libertad de prensa como esencia de la democracia, mientras la ciclotímica América Latina se sacudía crisis y buscaba consolidar procesos democráticos.

Hace 20 años los temas eran diferentes, pero los problemas similares. Corrupción, inseguridad, inflación, debilidad institucional, censura de prensa, pobreza, desigualdad y autoritarismo reaparecían sin evolución ni aprendizajes. Desde el Vaticano, Juan Pablo II reaccionaba a Latinoamérica prohibiendo a sacerdotes militancia política y sindical. En México no se hablaba de narcotráfico, sino del nuevo movimiento zapatista. En Venezuela, asumía Rafael Caldera, indultando semanas después a Hugo Chávez, preso desde su intento de golpe de Estado en 1992. En Argentina morían 84 personas en el atentado contra la AMIA, se reformaba la Constitución y Maradona era expulsado por dopaje del Mundial de EE.UU.

Hace 20 años el internet era incipiente y desconocido. Los mensajes más vanguardistas eran por fax. En Colombia se inauguraba la telefonía móvil y los medios tradicionales no tenían idea que al final de la década tendrían que emigrar a espacios digitales para sobrevivir y mantener audiencias. Edward Snowden y Julian Assange, si acaso, eran ciencia ficción.

En 1994, mientras Nelson Mandela ganaba las elecciones en Sudáfrica poniendo fin al apartheid, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, un grupo de visionarios, entre ex presidentes democráticos, líderes mundiales, premios Nobel y periodistas, redactaban una escueta declaración de principios que serviría para crear cultura sobre libertad de expresión.

El clima actual de libertad de prensa no es mejor que hace 20 años; hasta se retrocedió. Lo prueban el cierre de medios y persecución de periodistas en Venezuela; la censura legalizada en Ecuador; la propaganda gubernamental en Argentina; la matanza de periodistas en México, Brasil y Honduras; la continua falta de libertad en Cuba y la invasión del gobierno de EE.UU. en la privacidad de la gente.

Pese a ello, el público, tal vez sin saber por qué, tiene mayor conciencia sobre que para vivir en democracia, es indispensable que se reconozca con acciones concretas el derecho a la información, en lugar de figurar en lindas frases constitucionales y tratados internacionales. Esa mayor conciencia fue fraguada por debates públicos, participación en las redes sociales y más acceso a decisiones de los gobiernos, que se vieron presionados a rendir cuentas.

La Declaración de Chapultepec contribuyó a esa saludable cultura de mayor apertura gubernamental. Sirvió para medir sistemáticamente el nivel de libertad de prensa en una sociedad y, también, para impulsar medidas concretas que favorecieron la práctica del Periodismo ante gobiernos intolerantes y para crear más garantías y respeto a los derechos del público a la información y expresión.

El logro mayor en estas dos décadas de la Declaración fue haber impulsado la tendencia de leyes de acceso a la información pública, que empezó con México en 2001 y prosiguió hace días con la Ley de Transparencia en Colombia, después de insertarse en más de una docena de países latinoamericanos. Si bien estas leyes – todavía inexistentes en Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Argentina, entre otros países -  no derrotaron el secretismo de Estado existente, ayudaron a crear cultura sobre la necesidad de contar con gobiernos más abiertos y trasparentes.

La eliminación del delito de desacato - que las autoridades permitan la crítica sin represalias - fue otro paso positivo en pos de gobiernos menos autoritarios. La excepción son Ecuador y Venezuela, donde por una ley y una reforma al Código Penal, respectivamente, se activaron mayores protecciones para los gobernantes, como si fueran monarquías del Siglo 14.

En materia de libertad de información los desafíos son muchos y constantes, especialmente por esa característica latinoamericana a la ciclotimia, de volver a los errores de siempre. Por eso es válida la celebración de la Declaración de Chapultepec que, aunque un poco imperceptible a la vista del ciudadano común, ha sido en estos 20 años, una usina importante para generar energía y cultura a favor de las libertades de prensa y expresión.

20 años de Chapultepec y la libertad de prensa

Hoy se cumplen 20 años desde que fuera redactada la Declaración de Chapultepec, por iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un documento breve pero enérgico, que ha servido para construir cultura sobre libertad de prensa y de expresión en las Américas.

Comparto el comunicado de hoy de la SIP - La Declaración de Chapultepec cumple hoy 20 años, pero “sigue tan vigente como siempre - con el que se recuerda a los visionarios de aquella época, que tuvieron en mente un documento que a la par de ayudar al periodismo y a los medios de comunicación a hacer mejor su labor, obliga a los gobiernos a respetar el derecho del público a la información y a abrir más espacios y procesos democráticos.

Miami (11 de marzo de 2014).- Después de 20 años la Declaración de Chapultepec “sigue tan vigente como siempre”, según las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reclaman su relevancia en un continente todavía afectado por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

Al cumplirse hoy un nuevo aniversario desde que fue creada el 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec, en México, la SIP anunció que abre a partir de ahora una serie de actividades en su conmemoración.

La primera de ellas se efectuará en Barbados del 4 al 7 de abril próximo, donde se discutirá sobre su relevancia como documento para preservar, promover y defender la libertad de prensa. Otros actos están previstos durante la asamblea general que la organización realizará en Santiago, Chile, en octubre, además de encuentros regionales y webinarios en los que se abordará la aplicación de sus principios, esenciales para el derecho del público a la información y el robustecimiento de las democracias.

En su preámbulo, la Declaración, redactada entre ex presidentes democráticos, premios Nobel, líderes y periodistas, destaca que: “Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad”.

Tras recordar “a aquellos visionarios que hicieron posible este documento y su utilidad”, la presidente de la SIP, Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Colorado, dijo que “la relevancia de la Declaración radica en que nos compromete como periodistas, pero especialmente como ciudadanos, a defender y promover las libertades de prensa y de expresión como prioridades para alcanzar el bien común”.

La Declaración de Chapultepec (http://www.sipiapa.org/chapultepec3/acerca-de-la-declaracion) contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en una democracia. Fue aprobada durante la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión del 11 de marzo de 1994 en Ciudad de México y desde entonces adoptada por jefes de Estado, líderes, académicos, estudiantes y ciudadanos de las Américas.

El presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP, José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica de El Salvador, agregó que “la Declaración no solo nos compromete a buscar permanentemente la verdad, a exigir libertad y tolerancia, sino también nos compromete a respetar normas y criterios éticos en la comunicación”.

En tanto el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, Búsqueda, Uruguay, subrayó que “la Declaración se ha transformado en una vara esencial para medir los niveles de libertad y democracia del que gozan los países, ayudando a crear jurisprudencia para garantizar los derechos y libertades individuales”.

En ese sentido, Paolillo y Dutriz, recordaron que en 2001 la Declaración de Chapultepec sirvió de base para la redacción de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Programa de Chapultepec de la SIP cuenta con el apoyo económico actual del Fondo James McClatchy de La Fundación San Francisco, California. Desde sus orígenes en 1994 y por más de una década, ese Programa contó con el respaldo económico de la Fundación Robert R. McCormick, de Illinois, EE.UU.

Internet, protestas populares e hipocresías gubernamentales

Venezuela confirma lo que ya nos había enseñado la Primavera Árabe, el Movimiento 15-M español, el Occupy Wall Street, los universitarios chilenos pro educación gratuita y los jóvenes brasileños anti mundialistas. Los ciudadanos de a pie, auto convocados a través de las redes sociales y teléfonos móviles, se convirtieron en el quinto poder.

Estas protestas espontáneas trajeron grandes desafíos a los gobiernos. Antes les bastaba con dominar partidos y sindicatos, fuente de las manifestaciones. Ahora, las tecnologías de la comunicación hicieron el blanco más esquivo. De ahí que opten por tres caminos para neutralizar el derecho de reunión: Alientan más regulaciones de orden público como en Argentina o restringen el internet y reprimen con brutalidad como en Venezuela.

El camino está plagado de ironías e hipocresías. EE.UU., el país más despreciado desde América Latina, es usado de ejemplo. Días pasados, la presidente Cristina de Kirchner propuso un anteproyecto para imponer orden al derecho de reunión, justificando lo que observó en Nueva York: Protestas ordenadas y autorizadas.

Su llamado a la “convivencia popular” tiene sentido común – que el derecho de protesta de unos no conculque los derechos de otros – pero tal vez sea, más bien, sentido de oportunidad con la intención de censurar el disenso. Ironía. Hasta hace poco, al kirchnerismo no le importaba cortar rutas y calles para amedrentar a opositores y críticos. 

Lo que Cristina no dijo es que en EE.UU. ni la policía ni las fiscalías están sometidas al poder político, por lo que el gobierno no puede ordenar represión ni conculcar el derecho de reunión a conveniencia. Son jueces autónomos los que deciden neutralizar desbordes y vandalismos, si los hay.

Esa politización de la represión es más notable en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, arropado de todos los poderes del Estado, es quien la dispone sin mediación. Manda a las tropas de la Guardia Nacional y a grupos paramilitares reprimir con balas, mientras ordena a fiscales y a la Justicia dictar cargos criminales que él mismo dispone a placer.

Así se lo criminalizó a Leopoldo López, a otros opositores y a estudiantes que por protestar contra la inseguridad, la inflación y el autoritarismo de Estado, terminaron presos por terrorismo, delincuencia organizada, traición y otros delitos que se castigan con decenas de años de cárcel.

Maduro justifica que la represión sirve para proteger los derechos a la paz y a la vida. La hipocresía pasaría por alto, si la estrategia de control no fuera evidente. Pero Maduro censura a la radio y la televisión con leyes que permiten cerrarlas si trasmiten imágenes sobre las protestas, y a los diarios, más chúcaros, les impide importar papel para publicar. Neutralizados los medios tradicionales, la última escalada de censura abarcó a Twitter, Whatsapp y Zello, herramientas esenciales de los manifestantes.

Al contrario de su llamado irónico a la paz y al diálogo, Maduro está decidido a seguir reprimiendo. Esta semana, en el aniversario de muerte de su predecesor, ordenó socarronamente a la Guardia Nacional que “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”.

Tampoco no todo es rosa en los movimientos creados por las redes sociales. Como son parte del contexto, algunos que en ellas actúan, también lo hacen con intención de distorsionar, manipular o generar anarquía, desórdenes y violencia. Y si a ello se le suma que los gobiernos tienen ejércitos de ciber militantes con el objetivo de desacreditar e intimidar a opositores, mentir y neutralizar protestas, es fácil advertir que las redes sociales pueden convertirse en campo de batalla y acarrear más problemas que soluciones. Además, si los usuarios no logran cambiar las cosas, se corre el riesgo de que pueda generarse mayor frustración e ira de la que se estaba intentando aplacar.

Es difícil predecir lo que sucederá en Venezuela. Pero es evidente que las redes sociales están jugando un papel significativo respecto a los derechos humanos de reunión y de expresión. La capacidad de auto convocatoria y de denuncia de abusos, divulgando fotos y videos que están vedadas a los medios tradicionales, se impone como un nuevo poder capaz de contrarrestar a aquellos gobiernos que pretenden controlarlo todo.

Los venezolanos más solos que nunca

No puedo cambiar nada de los que dije en el post anterior sobre el papel de la OEA y la fortaleza del gobierno de Venezuela dentro de la organización – mayoritaria e imperialista si uno se guiara por lo que define siempre Nicolás Maduro acusando a EE.UU. – para lograr este viernes una declaración por 29 votos contra tres (Panamá, Canadá y EE.UU.) que simplemente no hace más que respaldar todo lo dispuesto por Maduro para reprimir las protestas desde su origen el 12 de febrero.

La OEA, mejor dicho los gobiernos que en ella debatieron, le dieron la espalda al reclamo popular, para solo reparar en la violencia proveniente desde todos los sectores, olvidándose que en épocas no tan lejanas, muchos de los 29 gobiernos lucharon en contra de la violencia de Estado, esa misma que usurpó sus democracias con botas y fusiles.

Maduro obtuvo “la victoria”, muy particular porque antes denostaba a la OEA por ser brazo del imperialismo y hoy se siente triunfante porque considera que su revolución fue legitimada por la comunidad internacional. Más triunfante aún es su propaganda, que ha hecho que los países debatan y aprueben una resolución como si los estudiantes universitarios estarían intentando dar un golpe de Estado o si los opositores nucleados detrás de “la salida” la estarían buscando mediante intrigas y armas. Todo lo contrario.

La declaración de la OEA, a placer de Maduro, no reconoce que es su propio gobierno el que está achicando los espacios democráticos mediante represión al derecho de reunión, la férrea censura a los medios tradicionales y al internet, y por la criminalización de todo aquel que el gobierno considere opositor, es decir de todos los que no se pliegan al gobierno o que lo adulan por conveniencia o por temor.

Los ciudadanos venezolanos están solos, pero solo ante los gobiernos nucleados en la OEA. Hay un movimiento de ciudadanos internacional – además de la ONU, la Unión Europea -  que los siguen, apoyan y protegen.

OEA dividida x Venezuela y DDHH olvidados

Era evidente que la reunión de la OEA terminara en la nada, con la determinación de los votos del gobierno venezolano, acompañado por los del Alba y del Caricom, cuya intención certera era neutralizar cualquier declaración de censura contra Venezuela o envío de misión para investigar lo sucedido.

Los votos, por ahora, valieron más para Nicolás Maduro que dos días atrás, y después de romper relaciones diplomáticas con Panamá, había advertido que la OEA debería quedarse donde está y que deje de lado sus sueños intervencionistas aupados por EE.UU.

Esto aumenta los sentimientos de muchos que siguen creyendo que la OEA no sirve para nada, justamente el mismo pensamiento que empezó a vender el fallecido Hugo Chávez y con el que justificó otras asociaciones como Unasur, y Celac, que a diferencia de la OEA, que reúne a todos los países americanos, son ideológicamente excluyentes.

Esa exclusión y las diferencias ideológicas fueron las que justamente terminaron de inclinar la votación de ayer a favor de Venezuela. Aunque es lamentable que en el seno de la OEA se haya desconocido lo que manda la Carta Democrática Interamericana en materia de derechos humanos y libertades individuales, conculcados intencionalmente por el gobierno venezolano, hay que entender que se trata de una época política y no de la OEA. Esta, como tal, sobrevivirá más allá de los gobiernos que antes y ahora la manipulen.

En eso, al menos en eso, el secretario general José Miguel Insulza tiene razón. La OEA, como organización política, es destinataria y está manipulada por la misma polarización que está enquistada en la mayoría de los países.

Más allá de los vericuetos políticos existentes, lo más lamentable es que no se le haya siquiera tapado la boca a Maduro con su siempre diatriba a favor de la soberanía y la no injerencia; una excusa con la que siempre trata de manipular la universalidad de los derechos humanos que los gobiernos del mundo reconocieron después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente esa universalidad, es la que permite que el mundo entero tenga derecho a entrometerse en una nación cuando se sospecha de la violación a los derechos humanos.  

Nueva epidemia: Morir y matar en la ruta

Al juzgar por la cantidad de muertos en accidentes de tránsito, la provincia de Córdoba excede las características de países subdesarrollados. Con 555 muertes durante 2013, justifica el término de “nueva epidemia” con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el fenómeno de los siniestros viales.

Las estadísticas en Córdoba son tan escalofriantes como las de toda América Latina. Según datos cruzados del Banco Mundial y la OMS, los accidentes en las carreteras causan 130 mil víctimas fatales al año, seis millones de heridos y cientos de miles de discapacitados. En algunos países, como Colombia, son la segunda causa de muerte violenta después de los homicidios.

En Córdoba se han tomado medidas diversas con resultados esquivos. Pese a leyes rigurosas, un 40% de los motociclistas no usa casco. El hecho demuestra que hace falta más prevención y educación para crear cultura, que imponer leyes.

No obstante, existen esperanzas. Este marzo se implementará la buena política de tolerancia cero al alcohol. Se disponen fuertes multas para conductores con un mínimo índice de alcohol en la sangre y se crea la figura obligatoria del “conductor designado”. La política responde a estadísticas que desde 2007 viene compilando La Voz del Interior, habiendo comprobado que la mayoría de muertos (y causantes de otras muertes) son personas menores de 35 años que conducen borrachos por las madrugadas.

En América Latina el problema es similar. Existe cuatro veces más posibilidades de morir en las rutas que en países desarrollados, como Suecia, Inglaterra y España, donde por el carné por puntos e intolerancia al exceso de velocidad, teléfonos, alcohol y drogas se redujeron drásticamente los accidentes. En cambio en la región, al alcohol hay que sumarle las rutas en mal estado, licencias mal habidas y transporte público desbordado de pasajeros, como la causa de las cuatro mil muertes en Centroamérica en 2013 y de las cinco mil y 40 mil lesionados en Colombia.

El impacto de los accidentes de tránsito no solo afecta la salud pública, sino también a las economías y el desarrollo. Por ello los organismos internacionales son advierten que la siniestralidad vial es trágica para los países en vías de desarrollo, donde ocurren el 80% de los accidentes fatales, aunque tengan solo el 20% de los automóviles. Las OMS calcula que para el 2030 las muertes en el tránsito ascenderán a 30 millones por año, superando a los decesos por sida y otras enfermedades letales.

Para evitar la tragedia, los organismos piden a los gobiernos más atención, prevención y planificación a modo de que puedan adoptar y aplicar políticas públicas para minimizar los riesgos. 

En ese sentido, restringir la ingesta de alcohol como en Córdoba es una reacción importante. Pero administrar el riesgo también implica adoptar medidas proactivas complementarias: Más educación vial, vehículos más seguros, inversión en mejoras de carreteras y calles, que no solo pasa por acondicionamiento periódico y señalización, sino también por optimizar los códigos de urbanización, con aceras y banquinas planificadas y seguras.

Precisamente, en el informe sobre el desarrollo global 2014, del Banco Mundial, bajo el título de “Riesgo y Oportunidad: La administración del riesgo como instrumento de desarrollo”, se demuestra que la prevención abre oportunidades, ya que las estrategias para prevenir accidentes y catástrofes, generan empleos, entre otros beneficios, además de salvar vidas.

Ello queda demostrado por los costos que los países asumen a la hora de pagar los platos rotos, en vez de prevenir. Un informe de la Policía de Tránsito de Costa Rica cifra en 1.250 millones de dólares al año – 2,5% de su PBI - los gastos en atención médica para las víctimas, los prolongados procesos con la justicia y las aseguradoras, y el impacto colateral para las familias y la productividad laboral, asociado al creciente número de discapacitados que generan los accidentes en la carretera.

Tanto en Córdoba como en Latinoamérica, además de restricciones, los gobiernos necesitan administrar el riesgo y aprovechar los beneficios económicos y sociales de la prevención. Los individuos, por otra parte, debemos asumir responsabilidades para que sea cada vez más difícil morir y matar en la carretera. 

Michelle Obama y ejemplo para Latinoamérica

La primera dama estadounidense, Michelle Obama, estuvo en Miami insistiendo con la expansión de su programa contra la obesidad infantil, “Let’s move”, que incluye una dieta sana en las escuelas y planes de ejercicio físico.

La obesidad, que ya es considerada enfermedad y epidemia, no es patrimonio solo de EE.UU., índices peores se detectan en México, Brasil y Argentina, afectando a niños, jóvenes y adultos por igual.

La visita de Michelle se dio en el cuarto aniversario del programa y cuando el gobierno de su marido está por introducir una ley para expandir los almuerzos gratuitos y saludables en las escuelas, a la vez de prohibir los anuncios sobre bebidas gaseosas y comida chatarra en las escuelas.

Así como el ex alcalde Bloomberg prohibió las bebidas azucaradas de gran tamaño en Nueva York, el gobierno de Obama ya anunció que esas bebidas y la comida con alto porcentaje de grasas serán prohibidas en las escuelas.

El optimismo de los Obama por fortalecer el programa “Let’s move” deviene de las últimas estadísticas ofrecidas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por primera vez en diez años, se redujo en 43% el número de niños obesos entre 2 y 5 años de edad.

Los datos certifican que la apuesta de Michelle era la correcta – pese a que a las primeras damas se les exigía abrazar causas más “importantes” - ya que está ayudando, administrativa, legal, pero sobre todo, culturalmente, a cambiar los hábitos de una población infantil que por comer mal y no hacer ejercicio, estaba destinada a la obesidad y a las enfermedades colaterales que atrae, como la diabetes II y las relacionadas al hígado y corazón.

Ante la epidemia de obesidad que está moldeando e hipotecando el futuro de muchos países latinoamericanos, el programa de Michelle (pero sobre todo los resultados) se muestra como un ejemplo y una apuesta gubernamental a seguir.

Propaganda, marchas y contrmarchas y Constitución

La virtud esencial de una Constitución es garantizar las libertades individuales de los ciudadanos; pero, más aún, imponer limitaciones y restricciones al gobierno para que no pueda pisotearlas.

En varios países esa virtud está desvirtuada. Los gobiernos las usan para crearse prerrogativas, más que para imponerse límites. De ahí la popularidad de reformas para eternizarse en el poder, como lo consiguió este mes el presidente nicaragüense, Daniel Ortega; o para restringir derechos de los ciudadanos, como se estableció en las nuevas constituciones de Ecuador y Venezuela, creándose mecanismos para defender a los gobernantes de las críticas, institucionalizándose la censura de expresión y de prensa.

En esa confusión, aprovechada por los populismos latinoamericanos de todas las ideologías - desde el peronismo al kirchnerismo y del fujimorismo al chavismo – las autoridades justifican la propaganda y la movilización de masas como extensión legítima de su defensa, a fin de neutralizar a la oposición y la disidencia.

Pocos reparan en los abusos de privilegio con los que el gobierno, creyéndose Estado, dilapida fondos públicos para su propia conveniencia. Así, hay presidentes que gastan horas hablando en cadenas nacionales por cualquier cosa, tienen batallones de cibermilitantes y programas de TV para insultar a sus críticos u ofrecen Fútbol para Todos como prioridad social. En esa tendencia al pan y circo, otros compran y crean medios, y hasta obligan a empleados estatales a participar de marchas, para contrarrestar otras protestas públicas.

El gobierno de Nicolás Maduro da lección sobre estos abusos. A cada una de las marchas que organizaron los estudiantes universitarios y la oposición, respondió con contramarchas en su honor y para hacer valer la fuerza política de su revolución. No importó si utilizaba recursos del Estado, empleados de la petrolera estatal, o si reprimía el derecho de reunión, que el gobierno, según la Constitución, está obligado a garantizar y proteger.

Las movilizaciones de auto apoyo convocadas por los gobiernos, usuales en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, son antidemocráticas, incurriendo en los mismos abusos de privilegio del que pecaría el oficialismo si se le permitiera hacer propaganda política irrestricta durante una campaña electoral. También son anticonstitucionales, no solo porque en su organización se dilapidan recursos económicos del Estado, sino porque, como sucede, con los piqueteros movilizados por el kirchnerismo o las camisas rojas y milicias del chavismo, se trata de fuerzas de choque que tienen el mandato de atemorizar y crear caos entre quienes manifiestan su descontento en marchas legítimas, con el objetivo de validar la posterior represión estatal.

Los populismos, más que el poder del pueblo, exacerban el culto al personalismo de sus líderes, de ahí su recurrencia en los métodos de la propaganda que deriva en la consabida polarización de las sociedades. En democracias más sólidas, por el contrario, el líder es visto como un servidor, alguien que tiene más deberes que derechos, más restricciones para expresarse y que está más expuesto al escrutinio público, en especial en épocas de conflictividad social cuando las palabras pueden desencadenar violencia, como advierte en sus fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El nivel de democracia alcanzado por un país puede medirse por el grado de propaganda desplegado por su gobierno. Cuanta más ideología y manipulación de las ideas, menor libertad y respeto por los derechos individuales. Vale comparar a Venezuela con Chile y Brasil. Al gobierno chileno no se le ocurriría poner a sus empleados públicos en la calle para medir fuerzas con los estudiantes universitarios que reclaman gratuidad de estudios. Tampoco se esperaría de Dilma Rousseff que movilice a los trabajadores del Estado para contrarrestar las masivas protestas callejeras contra el Mundial de Fútbol.

Así como se prohíbe a un gobierno o al oficialismo hacer propaganda electoral durante época de campaña para proteger la pluralidad democrática, con el mismo fin debería restringirse la propaganda ideológica, incluidas las marchas a favor de los gobiernos, para evitar que haya abusos de privilegio y que se respeten los derechos constitucionales.

Maduro enfrenta a la verdadera revolución

Reprimir y disentir son las dos caras de una misma moneda que en Venezuela se ha acuñado gracias a la polarización que por años generó el chavismo y que hoy promueve con determinación el presidente Nicolás Maduro, a instancias de instalar un régimen cada vez más parecido al anacrónico cubano.

Maduro sigue el libreto perfecto de los hermanos Castro que han ideado reformas para conseguir simpatías y justificar un comunismo decadente que solo ha servido para acaparar miseria, destrucción y enajenar libertades de reunión y expresión, mediante represión y cárcel.

En ese ambiente polarizado, donde no existe autocrítica y las culpas las tienen todos los demás -  opositores, empresarios, gobiernos extranjeros y periodistas - Maduro ha cerrado los puños. Denuncia conspiraciones y acusa golpes de Estado, justificándose para seguir disparando fusiles y defender la revolución, en un juego maquiavélico que le sirve para desviar la atención de una crisis de ilegitimidad política e ineficiencia económica.

A sabiendas que no puede legitimarse acusando a los estudiantes universitarios de desestabilización, Maduro arremetió contra la oposición tras la marcha del miércoles que dejó tres muertos, cientos de heridos y detenidos. Mandó a encarcelar a Leopoldo López, amenazó a María Machado y se desmarcó de Henrique Capriles, incentivando la división de un grupo opositor que ya no es sólido y que diluyó sus denuncias, así sean por fraude electoral, corrupción, el lugar de nacimiento del Presidente o por la escasez de repuestos, medicamentos y alimentos.

Argumentan desde el gobierno que la defensa del régimen proviene del pueblo, pero se esconde que ese “poder popular” no es otra cosa que populismo y clientelismo acérrimos. Todo venezolano sabe que resistir al régimen es en vano, no votar a su favor implica acumular represalias, desde ser despedido o no conseguir trabajo, hasta no acceder a cupo en la escuela para sus hijos o una cama de hospital.

En esa manía por asemejarse a su idolatrada Cuba, el gobierno apunta contra los derechos de reunión y de expresión. Contra el primero, como se vio este miércoles, azuza a sus milicias populares armadas hasta los dientes y sin control, para que se filtren en las marchas a disparar y matar, y así sembrar caos y miedo.

Contra la expresión no es menos burdo. Crea leyes restrictivas e impone multas desproporcionadas para que los medios controlen su lenguaje. Para ese control  informativo, perseguido desde la época de Hugo Chávez, el gobierno se armó de periódicos, televisoras y agencias de noticias, ya sea creando nuevas o comprando privadas a las que asfixió con multas y procesos judiciales. Maduro siempre encuentra excusas para controlar. Por fotos con sangre y estadísticas de criminalidad, prohíbe a los diarios importar papel, y esta semana por mostrar la violencia en las protestas callejeras ordenó sacar del aire a las televisoras, con el mismo empeño que la semana pasada mandó a controlar su contenido por los desvalores que promocionaban sus telenovelas.

A diferencia de la primera década del gobierno de Chávez, cuando los petrodólares aceitaban la maquinaria de clientelismo de gobiernos extranjeros y su base interna, hoy Maduro no puede darse esos lujos. La gente siente el cansancio por una revolución que no terminó de cuajar. La mayor inflación del mundo, el desabastecimiento de productos básicos, la corrupción galopante y los altos índices de criminalidad, han hecho que el público vea con nostalgia épocas anteriores cuando la vida era opípara, más tranquila y menos polarizada.

Desde que Maduro asumió en abril, quemó etapas mucho más rápido que Chávez en más de una década. Primero, por su ilegitimidad, perdió credibilidad y confianza; luego, por su ineficiencia, la gente perdió miedo y respeto. Habrá que ver qué opciones quedan ahora. Algunos, como los opositores, desean “la salida”, otros creen que el régimen agudizará el control.

Es difícil predecir si el mandato popular – que ya no es más que milicias armadas y una mayoría adulada con clientelismo - le dará sostén a Maduro. Con una oposición fácil de neutralizar, quedan los estudiantes y sus marchas como los únicos para torcer el destino. Ellos saben que cuando las verdaderas revoluciones se disparan, no hay armas que las paren. 

Diferencias sobre Periodismo Norte – Sur

Esta semana se pudo observar la diferencia que existe sobre las repercusiones de lo que publican y dicen los medios de comunicación, en esa división norte - sur del continente americano, que va mucho más allá de la política, lo económico y el nivel de desarrollo de los países.

Mientras en el norte las revistas Time y Sports Illustrated causaban polémica por sus portadas, la primera por mostrar al presidente Enrique Peña Nieto bajo el título “Salvando a México” y la otra mostrando a la muñeca Barbie en traje de baño antes de su habitual número pre verano, en Brasil y México asesinaban a periodistas, en Colombia los espiaban y en Venezuela los censuraban.

No solo las tapas de revistas tuvieron repercusión en EE.UU. en temas de comunicación, también se reflotó el tema de Edward Snowden por sobre cómo consiguió los documentos de NSA, y se armó controversia por sobre la compra de Time Warner por parte de la cablera Comcast, lo que podría derivar en un monopolio con precios de servicios por cable siderales y aumentar la ya alta ineficiencia de atención a los usuarios.

En América Latina los temas para los medios y los periodistas fueron más profundos y preocupantes, no tanto por lo que publicaron sino por la censura y lo que dejaron de publicar. En Brasil dos periodistas fueron asesinados, uno, Santiago Andrade un camarógrafo que fue sorprendido por un explosivo durante una marcha en Río de Janeiro en reclamo por el aumento del boleto.  Otro, Pedro Palma, un periodista propietario de un periódico al que le dispararon a quemarropa tres balazos dos tipos que se dieron a la fuga en motocicleta.

En México también la comunidad periodística está de luto. Fue asesinado Gregorio Jiménez en Veracruz, y mientras el gobierno dijo que se trataba de un tema personal, no por cuestiones profesionales, a las horas tuvo que rectificar porque junto al cuerpo del periodista encontraron el de un sindicalista, sobre el que el periodista estaba investigando luego de haber recibido amenazas por su trabajo sindical.

Esa censura en Brasil y México, se observó extrema en Venezuela, cuando el gobierno sacó de la grilla a la cadena colombiana NTN24, y prohibió a televisoras informar sobre las marchas de estudiantes universitarios este miércoles, que arrojaron tres muertos y una centena de heridos y detenidos. Nicolás Maduro dijo que sacar del aire a NTN24 era cuestión de Estado y por su intromisión en asuntos internos y apología de la violencia, siguió responsabilizando a los medios locales, principalmente a los diarios, por desestabilizar al mostrar imágenes y fotografías sobre las protestas. Con ello justificó mantenerse férreo para que estos no accedan a divisas que les permitan importan papel y otros insumos para publicar.

En Ecuador la censura también siguió de la mano del presidente Rafael Correa que insiste en la culpabilidad del caricaturista Bonil del diario El Universo, a quien se le aplicó la nueva Ley de Comunicación, lo que evidencia de que se trata de una ley mordaza aunque el gobierno lo niegue y diga que sirva para “democratizar la información. En Colombia, los militares continúan negando que no espían a periodistas, aunque existen evidencias certeras de que sí lo han hecho – correos electrónicos entre diferentes mandos que así lo atestiguan – contra aquellos comunicadores que están informando sobre el proceso de paz entre el Gobierno y las guerrillas narcotraficantes de las FARC.

En Argentina, el Gobierno se negó a cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le obliga a entregar publicidad a la televisora Canal 13, propiedad del Grupo Clarín. La desobediencia es la tercera en esta materia, ya que la Corte obligó por el mismo propósito a que no se discrimine con publicidad a los diarios Perfil de Buenos Aires y Río Negro del sur del país.

La presidente Cristina de Kirchner argumentó que no se cumplirá el fallo porque la Corte debe respetar la división de poderes en el país, un argumento justamente inválido por todo lo contrario. Todo vale en el aquelarre de un gobierno argentino que todo lo retuerce, esconde y manipula, así sean fallos desfavorables, índices de inflación y niveles de pobreza.   

Visto así, el periodismo latinoamericano pareciera más agresivo y acucioso por los efectos que acarrea. Sin embargo, no es así; paga consecuencias porque jamás se ha podido consolidar en el continente una cultura en la que se respete la libertad de prensa y de expresión, garantías que solo se declaman aparatosamente en las Constituciones. 

Maduro dictador y democrático al mismo tiempo

El presidente venezolano Nicolás Maduro se atribuye atributos contradictorios, ser dictador y ser democrático, aunque acusa a todo el mundo de desestabilización y de que aplicará la Constitución ante los impostores, conspiradores y golpistas.

Y todo esto lo hace en pocas horas de diferencia y en reacción por las movilizaciones de protesta callejera que se suman todos los días. En su intervención del lunes, admitió que no le importa ser un dictador si para ello debe censurar a la prensa para que no siga empañando a la revolución. Al torniquete de censura que aplica a la prensa en general, está destinado a no permitir que los periódicos obtengan el permiso de su propio gobierno para que puedan importar papel para seguir circulando.

Ayer se auto calificó de democrático reaccionando contra políticos de oposición como María Corina Machado y Leopoldo López, quienes convocaron una marcha para hoy para reclamar por la renuncia de un gobierno que administra un país con un libreto escrito por el régimen militar de Cuba. A estos políticos los calificó de desestabilizadores, que aplicará la Constitución por una postura que, dijo, no se permite en ningún país del mundo.

Como siempre, Maduro yerra y yerra feo, apelando siempre a la cansina propaganda populista, con la que embauca al pueblo monopolizando todos los poderes para sí mismo. En realidad, en cualquier país del mundo libre no hay represalias por las expresiones ni por lo que pueda hacer la oposición, solo en Cuba o en países dictatoriales es donde la libertad para opinar o disentir es penado con cárcel.

Con todo el ruido generado, Maduro aprovecha para hablar de otros conspiradores, cuando es él quien conspira contra la Constitución haciendo de Venezuela un país menos libre; y de otros impostores, cuando sobre él pesa la acusación de que no puede ser Presidente porque la Constitución demanda haber nacido en el país.  

Woody Allen: Talento artístico vs. conducta comprometida

La vida de Woody Allen parece tan surreal y compleja como la de sus personajes. Se le reconoce por su inigualable talento profesional como guionista y director de películas freudianas; pero, también, por una conducta personal escandalosa, rematada por el matrimonio con su hija adoptiva y porque otra lo acusó de abuso sexual.

A pocas semanas de que consiga otro Óscar, esta vez por Blue Jasmine, la industria del cine quedó en shock y desorientada. En carta abierta al New York Times, Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y Mia Farrow, volvió a denunciar que hace dos décadas su padre la violó en un ático cuando tenía apenas 7 años.

La denuncia sorprendió por extemporánea, máxime porque el pleito pareció saldado en 1993 cuando la justicia cerró el caso pese a “dudas razonables”. Dylan, ahora de 28 años, dice estar arrepentida de su silencio. Cree que exponer al abusador ayudará a proteger a otras niñas. Su motivación se elevó en enero con los Globos de Oro, cuando vio que a su padre depredador le rendían pleitesía por su ilustre trayectoria artística.

Muchos acusan a Dylan de seguir el libreto de su madre, atormentada y despechada desde que Allen la traicionó para casarse con su otra hija adoptiva, Soon-yi Previn. Más allá de lo que se piense, lo interesante es que Dylan se erigió en juez de Hollywood, siempre ambiguo y esquivo a la hora de juzgar a sus talentos.

Más inclinado a la presunción de inocencia de Allen y a restarle credibilidad a Farrow - quien denunció que el hijo biológico de ambos es en realidad de Frank Sinatra – Hollywood no la tiene fácil. La Academia de Artes y Ciencias no suele distinguir entre el talento profesional y la conducta personal. El mismo Allen y otros productores defendieron al director Roman Polanski o al mimado de Elizabeth Taylor, Michael Jackson, pese a que ambos fueron procesados por violación de menores.

Ante esa defensa corporativa que parece premiar el talento creador por sobre la conducta pervertida, Dylan los desafió a todos. A la Academia para que no peque de ingenua premiando a un abusador; y a Cate Blanchet y Alec Baldwin, protagonistas de Blue Jasmine, y al grupo selecto de actrices de Allen, Emma Stone,  Scarlett Johansson, preguntándoles qué harían si la abusada fuera su hija. Contra Diane Keaton, ex pareja de Allen, fue más directa: “Me conociste cuando era una niña. ¿Me has olvidado?”.

Antes de esta denuncia, la Academia la tuvo más fácil, porque los escándalos eran por conductas personales auto infligidas, en el que el consumo de sustancias tóxicas se llevó vidas como la reciente del actor Philip Seymour Hoffman, la de Whitney Houston y la de Heath Ledger, abatido después de su excelente interpretación del joker en la última de Batman.

Y es que en ese mundo histriónico, hasta en el escenario de los Oscar se bromea sobre la desgracia ajena, como las asiduas visitas de Robert Downey Jr, Michael Douglas, Samuel L. Jackson o Drew Barrymore a clínicas de rehabilitación; así como en otros círculos, la malas conductas se reciclan, pasan de Paris Hilton y Kim Kardashian a las actuales de Miley Cyrus y Justin Bieber.

Tal vez algo será distinto este 2 de marzo cuando actores y actrices suban al escenario a recibir sus estatuillas. Habrá que observar si la denuncia de Dylan los obligará a abrazar la causa del abuso sexual infantil, o preferirán seguir abrazando otras causas justas, pero menos controversiales y comprometidas, como el sida, el fin de la guerra en Irak, el cambio climático o los derechos de los homosexuales.

Tampoco hay que olvidar que Allen es inocente. Nunca enfrentó cargos, las acusaciones en su contra prescribieron e investigaciones de fiscales y documentalistas no pudieron comprobar su culpabilidad.

Sin embargo, Woody Allen no debería quedarse con esa inocencia sin sentencia y desconocer las denuncias actuales, de lo contrario corre el riesgo de que su conducta personal siga mancillando su talento artístico. Ante estas denuncias, en vez de acusar a Farrow y Dylan de malvadas, le sería más beneficioso pedir la apertura de un nuevo proceso judicial, para disipar las “dudas razonables” y confirmar su inocencia.

Porque aunque no siempre la Justicia tiene la razón, sin ella la verdad parece esquiva.