Terminamos anoche en Tegucigalpa la conferencia
sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión con
marcado éxito en materia de compromisos gubernamentales para hacer reformas de
políticas públicas a favor de la protección de periodistas.
El Plan de Acción alcanzado incluye las cuatro
propuestas del presidente Porfirio Lobo, las de la secretaria de Justicia y
Derechos Humanos y los proyectos de ley presentados por los diputados Jariet
Waldina Paz y Augusto Cruz Asensio, y varios otros puntos que fueron demandas
de los asistentes así como de reclamos históricos que la Sociedad
Interamericana de Prensa viene realizando en Honduras y países de la región.
¿Fue exitosa la reunión? Yo diría que sí por el solo
hecho de que hubo compromisos concretos del gobierno. ¿Ayudará esta reunión a
que haya menos problemas de violencia contra los periodistas y los medios de
comunicación? Yo diría que depende.
Depende de que los actores, periodistas, medios,
asociaciones de prensa y de los derechos humanos, presionen a las autoridades
para que cumplan con su compromiso, para que estas promesas no queden en pura
demagogia. Cuando expliqué en uno de los paneles lo que significó la lucha de
la SIP para obtener cambios en otros países, indiqué que se logran sobre la
base de la perseverancia y persistencia en reclamar, pedir e influir a los
poderes públicos para que mantengan el nivel de voluntad política necesaria
para hacer los cambios.
Ya no es tanto el gobierno (quien asumió los
compromisos) sino los periodistas los que deben presionar para que esas
reformas de política públicas se concreten.
Resumen de los compromisos y propuestas del Plan de
Acción de Tegucigalpa:
Propuestas
y compromisos
•Creación de una unidad especial de
investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada
por policías de investigación y fiscales.
•La implementación y funcionamiento
del mecanismo institucional para protección de los periodistas y otros grupos
especialmente afectados por la violencia generalizada, creado dentro de la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras.
•Creación de juzgados especiales en
derechos humanos para procesar, entre otros casos, aquellos en los que los
periodistas sean víctimas.
•La elaboración de la propuesta de
reforma para la despenalización de los delitos de injurias, calumnias y
difamación para que solo se atiendan y diriman por la vía civil.
•Se exhorta a los poderes públicos
a llevar a cabo un análisis técnico-jurídico y consensuar una propuesta única
de ley que dé soporte y facilite la implementación efectiva del mecanismo de
protección para periodistas y grupos vulnerables.
•Estas iniciativas serán impulsadas
y apoyadas por el Partido Liberal, aseguró el presidente de esa bancada en la
conferencia. Se hizo un llamado por los legisladores para que prevalezca la
voluntad política para la aprobación de estas iniciativas.
Seguimiento
de propuestas en mesas de trabajo
• Exigir que el Estado asuma su
responsabilidad y obligación de respeto de la libertad de expresión y
pensamiento, cumpliendo las sentencias emitidas por tribunales nacionales e
internacionales, así como la implementación oportuna y eficaz de medidas
cautelares para la protección de periodistas y comunicadores sociales.
• Demandar que el Ministerio
Público cuente con la infraestructura técnica y presupuestal suficiente,
particularmente la unidad especial que el Ejecutivo creará para los casos de
periodistas y grupos vulnerables, y que sus funcionarios reciban capacitación
para que puedan atender los delitos de forma integral y eficaz.
• Exigir que en los órganos
persecutores de delitos establezcan estándares de calidad en su desempeño, que
fomenten la transparencia en las investigaciones de ataques contra periodistas
y comunicadores sociales.
• Verificar que el Poder
Legislativo discuta y apruebe la propuesta de despenalización de los delitos de
injuria y calumnia, particularmente en torno a los funcionarios públicos, para
que no sea una forma de censura del ejercicio periodístico.
• Exigir el fortalecimiento de los
mecanismos para un acceso genuino a la información de gobierno, a través
Instituto de Acceso para la Información Pública, considerando la transparencia.
