Después de una maratónica
sesión ayer en Tegucigalpa, durante la primera jornada de la conferencia sobre
Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión, organizada
por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación de Medios de
Comunicación hondureña, el presidente Porfirio Lobo asumió importantes
compromisos:
Lobo dijo que el gobierno analiza la
creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas
y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales.
Agregó que dentro de la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos se creará un mecanismo institucional para proteger
a los periodistas y otros grupos afectados por la violencia generalizada.
También dijo que promoverá la creación
de juzgados especiales en derechos humanos para procesar casos en que los
periodistas sean víctimas.
Propuso que se despenalizarán los
delitos de injurias, calumnias y difamación, para que esos delitos se diriman
por la vía civil.
Al término de su discurso, Lobo dijo que
tendrá en cuenta las recomendaciones de esta conferencia, las experiencias
exitosas que se darán a conocer hoy y los conceptos enmarcados en la
Declaración de Chapultepec.
Previamente durante la conferencia, Julieta
Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien
hizo un análisis del avance que ha tenido el crimen organizado en Honduras,
según reporta hoy el diario La Prensa de San Pedro Sula, Tegucigalpa:
La rectora expuso que mientras no se
realicen investigaciones de nada servirá aplicar medidas públicas en protección
de la prensa hondureña. A su criterio, por temor, en la Fiscalía no prosperan
las investigaciones y ese temor surgió cuando se empezó matando jueces y
fiscales y el Estado no reaccionó.
Manifestó que en Honduras el crimen
organizado en su definición es un abstracto, porque no se conocen nombres de
las personas que lo integran, al contrario de México; entretanto se
vuelve real con sus ejecuciones. Se preguntó de quién se protege a los
periodistas si no se sabe quién los ataca, porque no funciona la investigación
y ninguna política pública será acertada si no hay investigación.
Criticó que, en los casos
que logran investigar, a los parientes de las víctimas les dicen que ya tienen
el 80, 90, 95% del caso resuelto, pero nunca llegan al 100%, es decir, no se
sabe quiénes son los autores intelectuales de las muertes y puso como ejemplo
el caso del periodista Alfredo
Villatoro.
El
relator de la Naciones Unidas, el guatemalteco Frank La Rue, dijo que no es que los
periodistas busquen derechos distintos al del resto de la humanidad, sino que
se buscan mecanismos de protección por la función social que tienen.
“Los periodistas garantizan
el derecho de la sociedad de estar informada, tener un periodismo libre, con
pluralidad, nos garantizará un modelo democrático; por eso se protege a la
prensa, por la función”.
Propuso tres mecanismos de
protección: uno integral, como en Colombia, donde todos los organismos crearon
un plan que ya es ley para la protección de periodistas; el segundo sería como
en México, donde el delito es federal, se incrementaron las penas contra los
agresores de periodistas y hasta se creó una fiscalía especial porque el ataque
contra la prensa debe ser visto como un ataque contra la democracia.
La tercera propuesta es general: reducir
la impunidad y el Sistema de Naciones Unidas podría generar apoyo para avanzar
en las investigaciones.
