Se sabía que el presidente Rafael Correa tenía la sangre en el ojo y lo venía anunciando desde hace meses. La 42 asamblea general de la OEA sería su escaparate de propaganda para vociferar en contra de la Comisión Interamericana de Derechos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Cuando Correa perdonó la sentencia que condenaba al diario El Universo, sus directivos y un ex columnista por el delito de difamación en su contra, dijo también que su perdón no incluía el olvido. Justamente eso quedó en evidencia hoy en la reunión de la OEA en Cochabamba, Bolivia.
El golpe de Correa contra estas dos instituciones es en represalia a las medidas cautelares que la CIDH dictó en apoyo a los demandados en aquella sentencia, que si se hubiese ejecutado, hubiera engrosado las arcas del presidente con 40 millones de dólares en indemnización.
Correa hoy volvió a los disparates que lanza durante sus alocuciones sabatinas haciéndose eco también de las posturas similares que ofrecieron los representantes de Venezuela y de Bolivia. Justamente el presidente Evo Morales, siguiendo con las amenazas de Hugo Chávez de que retiraría a su país del organismo interamericano, dijo que “para la OEA hay dos caminos: muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América".
Con la misma tónica de discurso propagandístico, lleno de frases hechas, Correa reclamó que existe descrédito de parte del sistema interamericano de derechos humanos debido a que se ha sometido a organizaciones no gubernamentales y a “los intereses del gran capital”. Agregó que ambos organismos están financiados por organizaciones de derecha neocolonialistas que boicotean a gobiernos con revoluciones sociales y que tienen doble moral, buscando criminalizar a los Estados.
Correa pidió que la Asamblea apruebe cambios – ver post anterior - que le quitarían independencia y autonomía a estos organismos, aspectos necesarios para que puedan hacer su labor de supervisión de los derechos humanos en cada país.
Aunque Correa no tiene muchas probabilidades de que los cambios se adopten, sabe muy bien por su sistema de propaganda, que debe desprestigiar a estos dos organismos para restarles credibilidad pública y así poner en entredicho lo que pueden actuar y decidir sobre su país y otros del Alba.
junio 04, 2012
junio 01, 2012
Cochabamba, DD.HH. y libertad de prensa
Este domingo comenzará la asamblea general de la OEA en Cochabamba, Bolivia, una reunión que tendrá amplia repercusión para los ciudadanos, ya que se abordará el tema de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Los Estados no lo harán en forma directa, sino mucho más sutil y peligrosa para estas dos disciplinas. En juego, está la independencia y funcionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ya que los gobiernos podrían aprobar una serie de recomendaciones hechas por un grupo de trabajo intergubernamental y por el secretario general, José Miguel Insulza, que buscan reformar los estatutos de la CIDH.
Las propuestas de reformas, muchas de las cuales son importantes para mejorar la eficiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tienen varios puntos recomendados por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que buscan neutralizar el trabajo de la CIDH y castigar la labor de la Relatoría.
Los cambios al estatuto y las recomendaciones sobre funcionalidad apuntan a darle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos, elaboración de informes e, incluso, permitiendo que los estados definan los términos de cómo son monitoreados por sus violaciones a los derechos humanos. También establecen que la Relatoría no podrá buscar fondos por fuera de los gobiernos americanos, que su informe anual no podrá referirse a cada país sino que deberá ser general y que deberá regirse por un código de conducta fiscalizado por los gobiernos.
La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que lo que está en juego en esta asamblea es la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría, organismos fundamentales para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.
Debido a la intervención de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes vienen criticando a la CIDH y a la Relatoría, es indudable que lograron que este tema legítimo de reforma se haya politizado. Debido a ello, sería importante que las reformas no fueran consideradas mientras perdure este clima de represalia, porque en juego están los derechos humanos y la libertad de expresión de cada ciudadano de las Américas, y no solo la de aquellos que simpatizan con los gobiernos del ALBA.
Los Estados no lo harán en forma directa, sino mucho más sutil y peligrosa para estas dos disciplinas. En juego, está la independencia y funcionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ya que los gobiernos podrían aprobar una serie de recomendaciones hechas por un grupo de trabajo intergubernamental y por el secretario general, José Miguel Insulza, que buscan reformar los estatutos de la CIDH.
Las propuestas de reformas, muchas de las cuales son importantes para mejorar la eficiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tienen varios puntos recomendados por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que buscan neutralizar el trabajo de la CIDH y castigar la labor de la Relatoría.
Los cambios al estatuto y las recomendaciones sobre funcionalidad apuntan a darle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos, elaboración de informes e, incluso, permitiendo que los estados definan los términos de cómo son monitoreados por sus violaciones a los derechos humanos. También establecen que la Relatoría no podrá buscar fondos por fuera de los gobiernos americanos, que su informe anual no podrá referirse a cada país sino que deberá ser general y que deberá regirse por un código de conducta fiscalizado por los gobiernos.
La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que lo que está en juego en esta asamblea es la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría, organismos fundamentales para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.
Debido a la intervención de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes vienen criticando a la CIDH y a la Relatoría, es indudable que lograron que este tema legítimo de reforma se haya politizado. Debido a ello, sería importante que las reformas no fueran consideradas mientras perdure este clima de represalia, porque en juego están los derechos humanos y la libertad de expresión de cada ciudadano de las Américas, y no solo la de aquellos que simpatizan con los gobiernos del ALBA.
mayo 29, 2012
No puede haber apagón informativo
En estos días, en la derruida Grecia otro grupo de ciudadanos decidió ir a huelga para protestar por el descalabro económico. Los periodistas y medios de comunicación practicaron un apagón informativo de 24 horas para reclamar por la malaria que afecta al sector: 35 por ciento de los periodistas no tiene trabajo, los medios impresos han perdido hasta el 80 por ciento de su circulación en algunos casos y necesitan un nuevo convenio colectivo de trabajo que asegure sueldos dignos.
El apagón duró un día y ni siquiera las páginas de internet de los sitios más importantes, así como la radio, la televisión y las agencias de noticias produjeron noticias.
Realmente un escándalo de proporciones para el gremio, que no puede justificarse. Los periodistas, al igual que en otras profesiones de impacto social, tienen responsabilidades que no pueden desatender, del mismo modo que los médicos y trabajadores sanitarios no pueden dejar de operar un hospital, al menos con los elementos mínimos para atender emergencias. La información periodística es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad y su democracia; y el que no haya habido siquiera información de “emergencia” para los ciudadanos, implica que al periodismo le ha faltado estar a la altura de su responsabilidad ética.
Un apagón informativo general por 24 horas lo practicó el periodismo colombiano en 1986 para protestar contra el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y contra toda la violencia desplegada por el narcotráfico. Aquella fue una posición más defendible que esta de los griegos, aunque tampoco se puede justificar del todo. Digo que fue más defendible ya que lo que se buscó en el caso colombiano fue crear mayor conciencia sobre la violencia que afectaba a todo el país, mientras que en Grecia sólo se pidió por derechos y privilegios para el sector.
Esto no quiere decir que los periodistas y medios griegos no tengan el derecho a manifestarse o hacer huelgas, solo que no todos pueden ejercer ese derecho al unísono.
El apagón duró un día y ni siquiera las páginas de internet de los sitios más importantes, así como la radio, la televisión y las agencias de noticias produjeron noticias.
Realmente un escándalo de proporciones para el gremio, que no puede justificarse. Los periodistas, al igual que en otras profesiones de impacto social, tienen responsabilidades que no pueden desatender, del mismo modo que los médicos y trabajadores sanitarios no pueden dejar de operar un hospital, al menos con los elementos mínimos para atender emergencias. La información periodística es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad y su democracia; y el que no haya habido siquiera información de “emergencia” para los ciudadanos, implica que al periodismo le ha faltado estar a la altura de su responsabilidad ética.
Un apagón informativo general por 24 horas lo practicó el periodismo colombiano en 1986 para protestar contra el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y contra toda la violencia desplegada por el narcotráfico. Aquella fue una posición más defendible que esta de los griegos, aunque tampoco se puede justificar del todo. Digo que fue más defendible ya que lo que se buscó en el caso colombiano fue crear mayor conciencia sobre la violencia que afectaba a todo el país, mientras que en Grecia sólo se pidió por derechos y privilegios para el sector.
Esto no quiere decir que los periodistas y medios griegos no tengan el derecho a manifestarse o hacer huelgas, solo que no todos pueden ejercer ese derecho al unísono.
mayo 27, 2012
mayo 26, 2012
DD HH, libertad y Daniel Pearl
El último informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos fue lapidario con varios países latinoamericanos, entre ellos Honduras, Venezuela, Ecuador, México, Argentina y Cuba, temas que también se abordaron en forma coincidente y crítica por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
En ambos informes no hay cosas muy novedosas. En todos los casos se especifica que existe una marcada corrupción que no es castigada, que los poderes judiciales son ineficientes o están ligados al poder político y que, ya sea por la violencia del crimen organizado o de los propios estados, no se respeta la libertad de prensa. Como consecuencia de ello, la democracia se encuentra deteriorada.
En Argentina, donde el gobierno es criticado por manipular la información oficial y los periodistas se quejan de que la presidente Cristina de Kirchner ni los funcionarios de su cartera ofrecen conferencias de prensa, el discurso oficial sigue siendo tan cínico como sarcástico. Casi al mismo momento que se daban a conocer estas críticas, la Presidenta fue a la sala de corresponsales en la Casa Rosada y, entre chistes y chistes, respondió a los periodistas que ella habla a través de sus discursos y actos públicos, y que jamás hablaría mal en contra de ella misma, por lo que las conferencias de prensa están descartadas.
Esta es tal vez la menor crítica que se le hizo al gobierno argentino, pero demuestra cómo son tomadas las críticas aun cuando vienen de organismos intergubernamentales como de las Naciones Unidas; pese a que, por otro lado, el gobierno ha hecho de los derechos humanos un leit motiv de su gestión.
Para mí hay dos cosas que se desprenden de esto: Primero, en Argentina como en los otros países se ha involucionado en materia de libertad de prensa; es como si estamos hablando de lo mismo que se criticaba hace treinta o cuarenta años atrás. Segundo, más allá de la legitimidad que unos y otros le pueden dar a un informe del Departamento de Estado, no comprendo cómo el gobierno de Estados Unidos no utiliza la Ley Daniel Pearl para presionar a los gobiernos. Esta ley indica que ante la falta de respecto a la libertad de prensa en un país, Estados Unidos puede condicionarle la ayuda financiera.
Creo que el bolsillo a veces puede ser más eficiente que la política.
En ambos informes no hay cosas muy novedosas. En todos los casos se especifica que existe una marcada corrupción que no es castigada, que los poderes judiciales son ineficientes o están ligados al poder político y que, ya sea por la violencia del crimen organizado o de los propios estados, no se respeta la libertad de prensa. Como consecuencia de ello, la democracia se encuentra deteriorada.
En Argentina, donde el gobierno es criticado por manipular la información oficial y los periodistas se quejan de que la presidente Cristina de Kirchner ni los funcionarios de su cartera ofrecen conferencias de prensa, el discurso oficial sigue siendo tan cínico como sarcástico. Casi al mismo momento que se daban a conocer estas críticas, la Presidenta fue a la sala de corresponsales en la Casa Rosada y, entre chistes y chistes, respondió a los periodistas que ella habla a través de sus discursos y actos públicos, y que jamás hablaría mal en contra de ella misma, por lo que las conferencias de prensa están descartadas.
Esta es tal vez la menor crítica que se le hizo al gobierno argentino, pero demuestra cómo son tomadas las críticas aun cuando vienen de organismos intergubernamentales como de las Naciones Unidas; pese a que, por otro lado, el gobierno ha hecho de los derechos humanos un leit motiv de su gestión.
Para mí hay dos cosas que se desprenden de esto: Primero, en Argentina como en los otros países se ha involucionado en materia de libertad de prensa; es como si estamos hablando de lo mismo que se criticaba hace treinta o cuarenta años atrás. Segundo, más allá de la legitimidad que unos y otros le pueden dar a un informe del Departamento de Estado, no comprendo cómo el gobierno de Estados Unidos no utiliza la Ley Daniel Pearl para presionar a los gobiernos. Esta ley indica que ante la falta de respecto a la libertad de prensa en un país, Estados Unidos puede condicionarle la ayuda financiera.
Creo que el bolsillo a veces puede ser más eficiente que la política.
mayo 25, 2012
Villatoro es bandera y oportunidad
Hoy en el Día del Periodista que se celebra en Honduras, muchos marcharán bajo la consigna de exigir el esclarecimiento por el asesinato de Ángel Alfredo Villatoro.
Lo importante de la marcha de hoy es que en nombre de la causa de Villatoro, un periodista reconocido y conocido, se pedirá también por una veintena de casos de asesinatos ocurridos contra otros periodistas, muchos de ellos del interior del país que, a veces, suelen quedar en el anonimato y total impunidad.
Ojalá que el nombre de Villatoro sirva para unir a los periodistas y a los medios de todo el país bajo una causa común a favor de la violencia contra los periodistas y la violencia en general.
Son los periodistas y los medios quienes pueden transformarse en los agentes de cambio que necesita la sociedad hondureña para dejar la espiral de la violencia. Todas las sociedades en la historia necesitaron de un punto de inflexión, de quiebre, para producir cambios a favor de una cultura distinta y más deseada.
Sería de esperar que los periodistas y medios, y también las autoridades, entiendan que Villatoro puede ser ese punto de inflexión en la historia moderna de Honduras. Villatoro puede convertirse en la bandera de lucha por una causa justa y a favor de la libertad de prensa y del derecho del público a la información.
Villatoro es bandera y oportunidad. Queda en manos de sus colegas levantarla y asumirla.
Lo importante de la marcha de hoy es que en nombre de la causa de Villatoro, un periodista reconocido y conocido, se pedirá también por una veintena de casos de asesinatos ocurridos contra otros periodistas, muchos de ellos del interior del país que, a veces, suelen quedar en el anonimato y total impunidad.
Ojalá que el nombre de Villatoro sirva para unir a los periodistas y a los medios de todo el país bajo una causa común a favor de la violencia contra los periodistas y la violencia en general.
Son los periodistas y los medios quienes pueden transformarse en los agentes de cambio que necesita la sociedad hondureña para dejar la espiral de la violencia. Todas las sociedades en la historia necesitaron de un punto de inflexión, de quiebre, para producir cambios a favor de una cultura distinta y más deseada.
Sería de esperar que los periodistas y medios, y también las autoridades, entiendan que Villatoro puede ser ese punto de inflexión en la historia moderna de Honduras. Villatoro puede convertirse en la bandera de lucha por una causa justa y a favor de la libertad de prensa y del derecho del público a la información.
Villatoro es bandera y oportunidad. Queda en manos de sus colegas levantarla y asumirla.
mayo 24, 2012
El desafío de la violencia para los medios
La cobertura de la violencia no es nada fácil para los medios de comunicación, no solo por los riesgos que asumen los periodistas, sino porque existe una línea muy delgada entre informar con equilibrio, caer en el sensacionalismo o hacer apología del delito.
El hallazgo de 49 cadáveres descuartizados en un camino de Monterrey, el bombazo terrorista contra un ex ministro en el centro de Bogotá y las víctimas mortales en motines de cárceles hondureñas y venezolanas, son algunos de los hechos que en estos días desafiaron las políticas editoriales de los medios. No solo debieron sopesar cómo publicar, sino cómo lo haría la competencia y cómo se propagarían los hechos por las redes sociales, preocupación adicional inexistente hace unos años.
Pero la decisión se torna más difícil, cuando los medios son blanco directo de esa violencia, por lo que deben adoptar decisiones editoriales a veces contrarias a sus propios objetivos informativos, como ocurrió con el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo.
Dos días después de sufrir un atentado con metralleta y explosivos, El Mañana anunció en un editorial, que se abstendría de publicar información sobre las disputas violentas entre los carteles del narcotráfico. En un ambiente de impunidad, el diario razonó que la autocensura es la única forma para blindar a los periodistas; considerando, además, que ya ha sufrido otros atentados y que en 2004 fue asesinado su director editorial.
El Mañana también justificó su decisión para evitar la manipulación de los narcotraficantes, quienes en la divulgación de la violencia consiguen su objetivo de amedrentar a toda la sociedad y afirmar su dominio.
Decisión parecida adoptó esta semana el diario colombiano El Espectador, que tras el intento de asesinato del ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, se negó a publicar la noticia en su portada. En cambio, colocó un cintillo con fondo negro arriba de su logotipo en el que se leía “NO al terrorismo”.
Podrá argumentarse que esa decisión fue irrelevante en materia noticiosa si se considera que los detalles del atentado se desparramaron por otros medios y en las redes sociales, hasta con videos de teléfonos móviles capturados por los transeúntes. Sin embargo, la valía de la actitud editorial de El Espectador de no publicitar ese acto de terror, radica en su mensaje político frente a la violencia.
Similar al que adoptó en febrero, cuando decidió no publicar sobre atentados de las FARC en tres ciudades del interior o cuando en 1986 lideró un apagón informativo de un día que adoptaron todos los medios colombianos, en protesta por el asesinato de su director, Guillermo Cano, ordenado por Pablo Escobar.
Las decisiones editoriales no están exentas de provocar pérdida de credibilidad, ahuyentar a las audiencias o hasta provocar sanciones económicas y castigos legales. Por eso, muchos medios tratan de prevenir situaciones engorrosas con conductas de autorregulación, como lo hizo el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que en 2005 adoptó un manual de estilo para lidiar mejor con la publicación de hechos violentos.
Estas políticas por lo general no impiden publicar los hechos, sino asumirlos desde otra perspectiva. Recuerdo que tras el atentado terrorista contra el metro en Londres en 2005, un tabloide británico se diferenció del resto, con una plácida fotografía de un estacionamiento atestado de automóviles que no habían sido recogidos por las víctimas. Bajo el titular “El Día después”, su mensaje fue más potente que las demás portadas llenas de sangre, escombros e hierros retorcidos.
En Venezuela, en cambio, los medios no tienen mucho margen de maniobra. La autoridad aplicó la ley para censurar a El Nacional por publicar fotos de una morgue e impuso una multa millonaria a Globovisión, por mostrar imágenes de un motín carcelario. En Ecuador, una ley de Comunicación prevé cerrar aquellos medios que el gobierno considere que propagan la violencia, lo que, en un clima tan politizado, equivale a implantar la censura oficial.
Si bien el sensacionalismo puede disgustar a muchos, lo importante es permitir que los medios puedan asumir sus propias decisiones. En la pluralidad y diversidad de posturas editoriales, más que en la uniformidad que busca la censura, podrán encontrarse las mejores respuestas a la violencia.
El hallazgo de 49 cadáveres descuartizados en un camino de Monterrey, el bombazo terrorista contra un ex ministro en el centro de Bogotá y las víctimas mortales en motines de cárceles hondureñas y venezolanas, son algunos de los hechos que en estos días desafiaron las políticas editoriales de los medios. No solo debieron sopesar cómo publicar, sino cómo lo haría la competencia y cómo se propagarían los hechos por las redes sociales, preocupación adicional inexistente hace unos años.
Pero la decisión se torna más difícil, cuando los medios son blanco directo de esa violencia, por lo que deben adoptar decisiones editoriales a veces contrarias a sus propios objetivos informativos, como ocurrió con el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo.
Dos días después de sufrir un atentado con metralleta y explosivos, El Mañana anunció en un editorial, que se abstendría de publicar información sobre las disputas violentas entre los carteles del narcotráfico. En un ambiente de impunidad, el diario razonó que la autocensura es la única forma para blindar a los periodistas; considerando, además, que ya ha sufrido otros atentados y que en 2004 fue asesinado su director editorial.
El Mañana también justificó su decisión para evitar la manipulación de los narcotraficantes, quienes en la divulgación de la violencia consiguen su objetivo de amedrentar a toda la sociedad y afirmar su dominio.
Decisión parecida adoptó esta semana el diario colombiano El Espectador, que tras el intento de asesinato del ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, se negó a publicar la noticia en su portada. En cambio, colocó un cintillo con fondo negro arriba de su logotipo en el que se leía “NO al terrorismo”.
Podrá argumentarse que esa decisión fue irrelevante en materia noticiosa si se considera que los detalles del atentado se desparramaron por otros medios y en las redes sociales, hasta con videos de teléfonos móviles capturados por los transeúntes. Sin embargo, la valía de la actitud editorial de El Espectador de no publicitar ese acto de terror, radica en su mensaje político frente a la violencia.
Similar al que adoptó en febrero, cuando decidió no publicar sobre atentados de las FARC en tres ciudades del interior o cuando en 1986 lideró un apagón informativo de un día que adoptaron todos los medios colombianos, en protesta por el asesinato de su director, Guillermo Cano, ordenado por Pablo Escobar.
Las decisiones editoriales no están exentas de provocar pérdida de credibilidad, ahuyentar a las audiencias o hasta provocar sanciones económicas y castigos legales. Por eso, muchos medios tratan de prevenir situaciones engorrosas con conductas de autorregulación, como lo hizo el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que en 2005 adoptó un manual de estilo para lidiar mejor con la publicación de hechos violentos.
Estas políticas por lo general no impiden publicar los hechos, sino asumirlos desde otra perspectiva. Recuerdo que tras el atentado terrorista contra el metro en Londres en 2005, un tabloide británico se diferenció del resto, con una plácida fotografía de un estacionamiento atestado de automóviles que no habían sido recogidos por las víctimas. Bajo el titular “El Día después”, su mensaje fue más potente que las demás portadas llenas de sangre, escombros e hierros retorcidos.
En Venezuela, en cambio, los medios no tienen mucho margen de maniobra. La autoridad aplicó la ley para censurar a El Nacional por publicar fotos de una morgue e impuso una multa millonaria a Globovisión, por mostrar imágenes de un motín carcelario. En Ecuador, una ley de Comunicación prevé cerrar aquellos medios que el gobierno considere que propagan la violencia, lo que, en un clima tan politizado, equivale a implantar la censura oficial.
Si bien el sensacionalismo puede disgustar a muchos, lo importante es permitir que los medios puedan asumir sus propias decisiones. En la pluralidad y diversidad de posturas editoriales, más que en la uniformidad que busca la censura, podrán encontrarse las mejores respuestas a la violencia.
mayo 23, 2012
Periodistas, celebridades y violencia
Comparto un resumen de los puntos que presenté ante el Foro de Austin sobre Seguridad y Protección para periodistas, blogueros y periodistas ciudadanos.
Más allá del trabajo extraordinario que muchas organizaciones está haciendo en torno a la protección de los periodistas y en contra de la impunidad, lo que no hay que perder de vista es que las organizaciones no deben ser las protagonistas. Los protagonistas son los periodistas, las víctimas y los medios de comunicación, en definitiva, los instrumentos directos y quienes pueden respaldar y hacer democracia.
Desde las organizaciones creo que se critica demasiado a los medios de comunicación, muchas veces con justificación. Creo sin embargo, que no se está haciendo el esfuerzo debido para entender a los medios y ayudarlos para que puedan lidiar mejor con el tema de la violencia. Para que sean ellos los que adopten campañas de educación para que el público entienda porque es importante que se proteja a los periodistas. Hay que desterrar el “síndrome académico” de vilipendiar a los medios, endilgándoles la culpa de todo.
En este contexto, hay que entender porque la gente conecta mejor con noticias sobre celebridades, como Whitney Houston o Andy Gibb de los Bee Gees, que con el asesinato de tres periodistas en Veracruz cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en bolsas de basura.
Para poder crear conciencia sobre el tema de la violencia, las organizaciones y los medios no solo deben hacer campañas de educación, sino además abrazar casos de víctimas que puedan elevarse a nivel de celebridades. Cuando la gente conoce a alguien y puede conectarse con esa figura, se puede lograr educación y que se adopten acciones para presionar a las autoridades con el fin de que produzcan cambios. El asesinato del foto reportero argentino, José Luis Cabezas, prácticamente un desconocido, fue figura de opinión pública luego de que su medio, la revista Noticias de Buenos Aires, edificó sobre él una figura para que la gente entendiera de qué se trataba la violencia contra los periodistas, la impunidad, y lo que la sociedad perdía cuando se mataba al mensajero.
Se debe convencer a la prensa internacional de que México y Centroamérica y el tema de la violencia contra periodistas es un tema importante dentro de la agenda pública mundial. Y que debe haber un esfuerzo internacional en ese sentido, pese a la crisis económica que ha menguado el accionar de muchos medios.
Deben hacerse esfuerzos en cada país para que los medios sean más solidarios entre sí. La falta de solidaridad no debe verse como reticencia, sino más bien como una cuestión de competencia y, otras veces, como producto de problemas históricos que devinieron en la individualidad de la prensa. Los gobiernos, dentro de su círculo de corrupción, muchas veces crearon antagonismos entre los medios, beneficiando a algunos sobre otros con dádivas, subsidios, publicidad oficial, etc… creando divisiones intencionales y, por supuesto, favorables para sus fines.
La lucha contra la impunidad y la violencia es a largo plazo. No nos podemos desanimar ni dejarnos vencer. Debemos honrar la memoria de nuestros colegas caídos, convencidos de que seguiremos luchando para que haya más justicia.
Más allá del trabajo extraordinario que muchas organizaciones está haciendo en torno a la protección de los periodistas y en contra de la impunidad, lo que no hay que perder de vista es que las organizaciones no deben ser las protagonistas. Los protagonistas son los periodistas, las víctimas y los medios de comunicación, en definitiva, los instrumentos directos y quienes pueden respaldar y hacer democracia.
Desde las organizaciones creo que se critica demasiado a los medios de comunicación, muchas veces con justificación. Creo sin embargo, que no se está haciendo el esfuerzo debido para entender a los medios y ayudarlos para que puedan lidiar mejor con el tema de la violencia. Para que sean ellos los que adopten campañas de educación para que el público entienda porque es importante que se proteja a los periodistas. Hay que desterrar el “síndrome académico” de vilipendiar a los medios, endilgándoles la culpa de todo.
En este contexto, hay que entender porque la gente conecta mejor con noticias sobre celebridades, como Whitney Houston o Andy Gibb de los Bee Gees, que con el asesinato de tres periodistas en Veracruz cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en bolsas de basura.
Para poder crear conciencia sobre el tema de la violencia, las organizaciones y los medios no solo deben hacer campañas de educación, sino además abrazar casos de víctimas que puedan elevarse a nivel de celebridades. Cuando la gente conoce a alguien y puede conectarse con esa figura, se puede lograr educación y que se adopten acciones para presionar a las autoridades con el fin de que produzcan cambios. El asesinato del foto reportero argentino, José Luis Cabezas, prácticamente un desconocido, fue figura de opinión pública luego de que su medio, la revista Noticias de Buenos Aires, edificó sobre él una figura para que la gente entendiera de qué se trataba la violencia contra los periodistas, la impunidad, y lo que la sociedad perdía cuando se mataba al mensajero.
Se debe convencer a la prensa internacional de que México y Centroamérica y el tema de la violencia contra periodistas es un tema importante dentro de la agenda pública mundial. Y que debe haber un esfuerzo internacional en ese sentido, pese a la crisis económica que ha menguado el accionar de muchos medios.
Deben hacerse esfuerzos en cada país para que los medios sean más solidarios entre sí. La falta de solidaridad no debe verse como reticencia, sino más bien como una cuestión de competencia y, otras veces, como producto de problemas históricos que devinieron en la individualidad de la prensa. Los gobiernos, dentro de su círculo de corrupción, muchas veces crearon antagonismos entre los medios, beneficiando a algunos sobre otros con dádivas, subsidios, publicidad oficial, etc… creando divisiones intencionales y, por supuesto, favorables para sus fines.
La lucha contra la impunidad y la violencia es a largo plazo. No nos podemos desanimar ni dejarnos vencer. Debemos honrar la memoria de nuestros colegas caídos, convencidos de que seguiremos luchando para que haya más justicia.
mayo 22, 2012
Solidaridad con periodistas agredidos
Publico las conclusiones sobre el panel que participé ayer en Austin, Texas, el Décimo Foro de Austin de Periodismo en las Américas sobre Seguridad y Protección para Periodistas, Blogueros y Periodistas Ciudadanos.
En el quinto panel, moderado por Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística (CIPER) en Chile, se discutió sobre la "Violencia Endémica contra los Periodistas y Medios en América Latina" y la necesidad de que los periodistas realicen alianzas con ONGs, trabajando en compromisos a largo plazo. También se enfatizo en la necesidad de una mayor solidaridad entre los periodistas.
González inició haciendo un llamado a los periodista a que sean auto-críticos, honestos y a entenderse mutuamente, con el fin de salir de "la situación de emergencia que estamos viviendo en América Latina". De igual manera, manifestó que "los periodistas que son asesinados hoy en día están siendo silenciados de la manera más absoluta y solitaria de todas".
El director de la oficina para las Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Benoît Hervieu, presentó cinco recomendaciones para superar la violencia contra los periodistas y la impunidad. La primera consiste en "prestar especial atención a los periodistas en zonas de conflicto", y "sobre todo a los periodistas más vulnerables que no cuentan con el apoyo medios formalmente establecidos". La segunda recomendación es crear un documento de referencia para enfatizar el mandato de que los periodistas están trabajando con el fin de aumentar la libertad de información. También dijo que, con el fin de evitar la infiltración perjudicial en los medios - incluyendo la infiltración gubernamental - los periodistas deben desarrollar un enfoque pluralístico para informar. La tercera recomendación es tener en cuenta las críticas contra los medios, incluido el apoyo y la financiación de los mismos, de modo que haya un "equilibrio real de un entorno más plural". La cuarta recomendación es ofrecer entrenamiento específico para la cobertura del conflicto armado o del tráfico de drogas. La última recomendación es promover un régimen jurídico para el derecho a informar, a través de una iniciativa de cooperación interamericana. "Necesitamos un mayor pacto de solidaridad en nuestra profesión", dijo Hervieu.
Zuliana Lainez, representante de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), también defendió la necesidad de cooperación entre los periodistas. Según estudios, dijo, los lugares donde la violencia contra los periodistas es más notoria también son lugares donde las organizaciones periodísticas son más débiles". "En el FIP, entendemos que nadie puede tener la libertad de un periodista si el periodista está trabajando en un ambiente de temor y corrupción". Laínez señaló que la concentración de la propiedad de los medios y de la opinión pública representan grandes amenazas para la libertad de expresión, tal como el exterminio del movimiento sindical.
Para Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la creación del índice de impunidad global, ha ayudado a disminuir los crímenes contra los periodistas en algunos casos, pero no en otros. Por ejemplo, en Rusia, la iniciativa ha ayudado a crear presión internacional de países amigos de Rusia y que tienen relaciones comerciales con ese ellos, lo que ha llevado a Rusia a disminuir su propia índice de impunidad. Por otro lado, mientras que en Brasil la impunidad ha disminuido y los crímenes están siendo resueltos y los culpables llevados ante la justicia, el asesinato de periodistas no ha disminuido. "Hemos tenido éxito en aumentar la conciencia internacional y llamar la atención de los gobiernos, pero no hemos logrado que los gobiernos en realidad trabajen para combatir la impunidad", dijo Simon.
Ricardo Trotti se enfocó en el papel de los medios en esta situación endémica. De acuerdo con el director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las organizaciones no gubernamentales deberían ayudar a los medios a generar una opinión general en la sociedad, en lugar de tener el papel principal. "Cuando algo le sucede a un periodista, tenemos que hablar de ello tal como hablamos de Whitney Houston, por ejemplo", porque entonces "empezaremos a romper la impunidad y a llamar a la justicia, en lugar de reformar instituciones formales dentro de los países".
El Foro de este año denominado, "Seguridad y Protección para los Periodistas, Blogueros y Periodistas Ciudadanos", es organizado por el Centro Knight y los programas para América Latina y de medios de las Open Society Foundations. Más que una conferencia anual, el Foro de Austin es una red de organizaciones enfocadas en el desarrollo y formación de los medios en América Latina y el Caribe. Los Foros anteriores se han enfocado en temas como el Cubertura de la Migración en las Américas y el Cobertura del Tráfico de Drogas y Organizaciones Criminales en América Latina y el Caribe.
En el quinto panel, moderado por Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística (CIPER) en Chile, se discutió sobre la "Violencia Endémica contra los Periodistas y Medios en América Latina" y la necesidad de que los periodistas realicen alianzas con ONGs, trabajando en compromisos a largo plazo. También se enfatizo en la necesidad de una mayor solidaridad entre los periodistas.
González inició haciendo un llamado a los periodista a que sean auto-críticos, honestos y a entenderse mutuamente, con el fin de salir de "la situación de emergencia que estamos viviendo en América Latina". De igual manera, manifestó que "los periodistas que son asesinados hoy en día están siendo silenciados de la manera más absoluta y solitaria de todas".
El director de la oficina para las Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Benoît Hervieu, presentó cinco recomendaciones para superar la violencia contra los periodistas y la impunidad. La primera consiste en "prestar especial atención a los periodistas en zonas de conflicto", y "sobre todo a los periodistas más vulnerables que no cuentan con el apoyo medios formalmente establecidos". La segunda recomendación es crear un documento de referencia para enfatizar el mandato de que los periodistas están trabajando con el fin de aumentar la libertad de información. También dijo que, con el fin de evitar la infiltración perjudicial en los medios - incluyendo la infiltración gubernamental - los periodistas deben desarrollar un enfoque pluralístico para informar. La tercera recomendación es tener en cuenta las críticas contra los medios, incluido el apoyo y la financiación de los mismos, de modo que haya un "equilibrio real de un entorno más plural". La cuarta recomendación es ofrecer entrenamiento específico para la cobertura del conflicto armado o del tráfico de drogas. La última recomendación es promover un régimen jurídico para el derecho a informar, a través de una iniciativa de cooperación interamericana. "Necesitamos un mayor pacto de solidaridad en nuestra profesión", dijo Hervieu.
Zuliana Lainez, representante de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), también defendió la necesidad de cooperación entre los periodistas. Según estudios, dijo, los lugares donde la violencia contra los periodistas es más notoria también son lugares donde las organizaciones periodísticas son más débiles". "En el FIP, entendemos que nadie puede tener la libertad de un periodista si el periodista está trabajando en un ambiente de temor y corrupción". Laínez señaló que la concentración de la propiedad de los medios y de la opinión pública representan grandes amenazas para la libertad de expresión, tal como el exterminio del movimiento sindical.
Para Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la creación del índice de impunidad global, ha ayudado a disminuir los crímenes contra los periodistas en algunos casos, pero no en otros. Por ejemplo, en Rusia, la iniciativa ha ayudado a crear presión internacional de países amigos de Rusia y que tienen relaciones comerciales con ese ellos, lo que ha llevado a Rusia a disminuir su propia índice de impunidad. Por otro lado, mientras que en Brasil la impunidad ha disminuido y los crímenes están siendo resueltos y los culpables llevados ante la justicia, el asesinato de periodistas no ha disminuido. "Hemos tenido éxito en aumentar la conciencia internacional y llamar la atención de los gobiernos, pero no hemos logrado que los gobiernos en realidad trabajen para combatir la impunidad", dijo Simon.
Ricardo Trotti se enfocó en el papel de los medios en esta situación endémica. De acuerdo con el director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las organizaciones no gubernamentales deberían ayudar a los medios a generar una opinión general en la sociedad, en lugar de tener el papel principal. "Cuando algo le sucede a un periodista, tenemos que hablar de ello tal como hablamos de Whitney Houston, por ejemplo", porque entonces "empezaremos a romper la impunidad y a llamar a la justicia, en lugar de reformar instituciones formales dentro de los países".
El Foro de este año denominado, "Seguridad y Protección para los Periodistas, Blogueros y Periodistas Ciudadanos", es organizado por el Centro Knight y los programas para América Latina y de medios de las Open Society Foundations. Más que una conferencia anual, el Foro de Austin es una red de organizaciones enfocadas en el desarrollo y formación de los medios en América Latina y el Caribe. Los Foros anteriores se han enfocado en temas como el Cubertura de la Migración en las Américas y el Cobertura del Tráfico de Drogas y Organizaciones Criminales en América Latina y el Caribe.
mayo 21, 2012
mayo 20, 2012
Correa siempre defensivo
El presidente Rafael Correa considera que nadie puede criticar al gobierno, incluso cuando lo hacen con las pruebas en la mano, como lo hizo recientemente en Quito la Universidad Andina Simón Bolívar, a través de su "Informe Sobre Derechos Humanos 2011".
En su programa sabatino “Diálogo con el presidente”, que tiene poco de diálogo ya que se trata de Correa hablando y hablando como propalador de propaganda, el Presidente ecuatoriano criticó a la universidad y dijo que la denunciará ante la Comunidad Andina de Naciones. Correa consideró que el informe no tiene nada de académico ni de investigación, sino que se trata simplemente de una “compilación de pasquines”, de “fraude académico” y de “politiquería”.
El informe señala que el Estado ha demandado a particulares en 204 juicios por sabotaje y terrorismo, que existen 10 contra 48 sindicales y al menos 20 juicios contra periodistas. Correa niega estas cifras mientras que la universidad, creada en 1985 por el Parlamento Andino y con sedes en Quito, La Paz y Bogotá, las confirmó.
La realidad demuestra que sí existen numerosos juicios contra periodistas y particulares como en ningún otro país en América Latina promovidos por el gobierno y, en particular, por el presidente Correa. También es verdad que solo basta criticar a Correa para que toda una cultura gubernamental defensiva se movilice para amedrentar a los críticos.
Las amenazas de Correa contra la universidad son parte habitual de esa cultura.
En su programa sabatino “Diálogo con el presidente”, que tiene poco de diálogo ya que se trata de Correa hablando y hablando como propalador de propaganda, el Presidente ecuatoriano criticó a la universidad y dijo que la denunciará ante la Comunidad Andina de Naciones. Correa consideró que el informe no tiene nada de académico ni de investigación, sino que se trata simplemente de una “compilación de pasquines”, de “fraude académico” y de “politiquería”.
El informe señala que el Estado ha demandado a particulares en 204 juicios por sabotaje y terrorismo, que existen 10 contra 48 sindicales y al menos 20 juicios contra periodistas. Correa niega estas cifras mientras que la universidad, creada en 1985 por el Parlamento Andino y con sedes en Quito, La Paz y Bogotá, las confirmó.
La realidad demuestra que sí existen numerosos juicios contra periodistas y particulares como en ningún otro país en América Latina promovidos por el gobierno y, en particular, por el presidente Correa. También es verdad que solo basta criticar a Correa para que toda una cultura gubernamental defensiva se movilice para amedrentar a los críticos.
Las amenazas de Correa contra la universidad son parte habitual de esa cultura.
mayo 19, 2012
Facebook: más que buenas acciones
Lo que más me impresiona en estos días no es que Facebook haya concitado la atención mundial con el exitoso comienzo en la Bolsa con más de 38 dólares por acción, sino que sigue siendo una herramienta inigualable e inagotable de acciones ciudadanas dispuestas a la expresión, creatividad e innovación.
Ya no podemos imaginar un mundo sin esta herramienta que ha posibilitado la expansión de una explosión maravillosa de participación espontánea de la gente para expresarse, crear y tomar acción.
Los ejemplos y causas abrazadas por los ciudadanos son millones. Pero en estos días la que me más me impresionó fue la de un grupo anónimo brasileño que inició en Facebook la campaña “Aquí late un corazón” con el objetivo de contagiar el amor de una forma muy creativa. Incita a los usuarios a pegar corazones de polietileno y pintados de rojo brillante en las estatuas y monumentos de paseos públicos de todo Brasil.
Bajo la consigna “del amor”, la campaña ya ha tenido gran cantidad de seguidores, muchos de los cuales han pegado corazones en muchas estatuas en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. Tal vez el corazón más elocuente y con mayor mensaje por lo contradictorio de su carácter, ha sido el que le pegaron a la estatua del soldado desconocido de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Belo Horizonte, mientras que el más obvio está pegado al pecho de la estatua de Gandhi en Río.
No hace falta recordar grandes campañas, como las que proliferaron con la Primavera Árabe, para entender la fortaleza de Facebook, Twitter y otras redes sociales, estos simples corazones rojos de polietileno nacen de ideas sencillas y grandes a la vez.
Ya no podemos imaginar un mundo sin esta herramienta que ha posibilitado la expansión de una explosión maravillosa de participación espontánea de la gente para expresarse, crear y tomar acción.
Los ejemplos y causas abrazadas por los ciudadanos son millones. Pero en estos días la que me más me impresionó fue la de un grupo anónimo brasileño que inició en Facebook la campaña “Aquí late un corazón” con el objetivo de contagiar el amor de una forma muy creativa. Incita a los usuarios a pegar corazones de polietileno y pintados de rojo brillante en las estatuas y monumentos de paseos públicos de todo Brasil.
Bajo la consigna “del amor”, la campaña ya ha tenido gran cantidad de seguidores, muchos de los cuales han pegado corazones en muchas estatuas en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. Tal vez el corazón más elocuente y con mayor mensaje por lo contradictorio de su carácter, ha sido el que le pegaron a la estatua del soldado desconocido de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Belo Horizonte, mientras que el más obvio está pegado al pecho de la estatua de Gandhi en Río.
No hace falta recordar grandes campañas, como las que proliferaron con la Primavera Árabe, para entender la fortaleza de Facebook, Twitter y otras redes sociales, estos simples corazones rojos de polietileno nacen de ideas sencillas y grandes a la vez.
mayo 18, 2012
Cristina y el tan ansiado G-20
Para muchos gobiernos estar codeándose con los de mayor poder en el mundo, forma parte de su estrategia geopolítica, pero también de su arrogancia interna.
Cuando este año visité la Argentina como parte de una delegación internacional de la SIP para verificar la situación de la libertad de prensa, encontré que muchos críticos de la presidenta Cristina de Kirchner, pensaban que la única forma de neutralizar sus ataques contra la prensa, sería tratando de influenciar al G-20 para que no permita la participación del Estado argentino.
Explicaban que a la única cosa que ella le teme es que la desactiven de ese grupo, por su miedo a perder prestigio personal e institucional y a no tener una importante caja de resonancia para seguir con su legítimo reclamo para que se instale una mesa de negociaciones con el gobierno inglés para discutir la soberanía de las Islas Malvinas.
Pareciera que los lobistas argentinos llegaron al Senado estadounidense. En estos días, el senador republicano Richard Lugar, decidió imponer una resolución (a la que todavía le falta consenso y aprobación dentro del Congreso) para que Argentina sea expulsada del G-20, debido principalmente a la nacionalización y expropiación de YPF-Repsol.
Más allá de que el senador no tenga la fuerza de otrora, porque acaba de perder su banca en elecciones recientes, la sola existencia de su resolución debe haber causado malestares considerables en las filas del cristinismo.
Cuando este año visité la Argentina como parte de una delegación internacional de la SIP para verificar la situación de la libertad de prensa, encontré que muchos críticos de la presidenta Cristina de Kirchner, pensaban que la única forma de neutralizar sus ataques contra la prensa, sería tratando de influenciar al G-20 para que no permita la participación del Estado argentino.
Explicaban que a la única cosa que ella le teme es que la desactiven de ese grupo, por su miedo a perder prestigio personal e institucional y a no tener una importante caja de resonancia para seguir con su legítimo reclamo para que se instale una mesa de negociaciones con el gobierno inglés para discutir la soberanía de las Islas Malvinas.
Pareciera que los lobistas argentinos llegaron al Senado estadounidense. En estos días, el senador republicano Richard Lugar, decidió imponer una resolución (a la que todavía le falta consenso y aprobación dentro del Congreso) para que Argentina sea expulsada del G-20, debido principalmente a la nacionalización y expropiación de YPF-Repsol.
Más allá de que el senador no tenga la fuerza de otrora, porque acaba de perder su banca en elecciones recientes, la sola existencia de su resolución debe haber causado malestares considerables en las filas del cristinismo.
mayo 17, 2012
Barack Obama, restricciones y secretos
Si la evaluadora Standard & Poor’s midiera los índices de reserva informativa que impone un gobierno, seguramente castigaría al de Barack Obama como lo hizo el año pasado rebajándole su calificación crediticia de AAA a AA+.
Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.
Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.
Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.
De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.
Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.
Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.
Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.
Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.
Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.
Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.
De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.
Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.
Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.
Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.
mayo 15, 2012
Mucha violencia, poca voluntad
Hoy, un bombazo en Bogotá que mató a cinco personas e hirió a 25 estaba dirigido el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, ex ministro, y actual director del programa radial La Hora de la Verdad por la cadena nacional Súper, además de columnista de El Tiempo de Bogotá, La Opinión de Cúcuta y La Patria de Manizales.
El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.
Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.
Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.
El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.
Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.
El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.
Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.
Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.
El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.
Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.
mayo 14, 2012
“Queremos preguntar”
El reclamo parece obvio si se tiene en cuenta que lo hizo un grupo de periodistas. “Queremos preguntar” gritó un grupo de más de 100 periodistas argentinos que este domingo participó del programa de Jorge Lanata, con el ánimo de criticar al gobierno de Cristina de Kirchner, que desde que asumió su primera presidencia en 2007, solo otorgó dos conferencias de prensa.
El programa de Lanata en Canal 13 de Buenos Aires se llama “Periodismo para Todos”. Es un nombre de origen sarcástico que está motivado por los varios programas de origen social de la presidenta Cristina de Kirchner, entre los que se cuentan Fútbol para Todos, Carburando para todos, TV Digital para Todos, entre otros, con los que el fútbol, el automovilismo y decodificadores de televisión digital son ofrecidos en forma gratuita a los pobladores, lo que es criticado por muchos como subvenciones estatales al servicio de la propaganda gubernamental.
Si bien las preguntas son el arma de los periodistas, son las respuestas que éstos buscan lo que hace que el periodismo cobre relevancia. En la confrontación entre la pregunta y la respuesta sobre asuntos complejos, existe ese campo donde se encuentra la esencia del periodismo, su capacidad para descubrir hechos que de otra manera podrían quedar ocultos, y que dada su naturaleza son fundamentales para el mejor entendimiento y decisiones del público.
La esencia del saber no se halla tanto en las respuestas que se obtienen, sino en la calidad y exquisitez con la que se formula una pregunta.
Si a un gobierno se le permite responder sin que se le pregunte, como ocurre como el de Argentina, pero también con el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la información que se ofrece casi siempre terminará siendo propaganda, es decir información interesada.
Las conferencias de prensa son la expresión máxima de respeto que una persona en un cargo público y/o importante está obligada a demostrar, así sea un ministro, un funcionario de una empresa privada que tiene que explicar un asunto polémico o un director técnico que tiene que explicar el por qué una estrategia dio o no dio resultado.
Los periodistas, más dedicado a esos temas que el público en general, tienen la misión de incluir en su consulta lo que los ciudadanos quisieran preguntar. Esa delegación social que asume el periodista, es parte de un pacto implícito de la democracia, en el que el poder, a su vez, está obligado a rendir cuentas y a ser transparente.
Debido a esto, es justamente la máxima autoridad de un país, quien tiene la mayor obligación de rendir cuentas, ser transparente y sentarse frente a los periodistas, para que en un acto libre, se puedan buscar las respuestas que el público requiere. Cristina de Kirchner, sin embargo, así como Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega, prefiere la tribuna y púlpito público, aquel desde el que se habla didascálicamente, desde el que se informa interesadamente, se hace propaganda.
Los periodistas, de los más destacados de Argentina, se presentaron en el programa de Lanata reclamando que el gobierno haga conferencias de prensa, pero también con pancartas en las que se leían "Libre acceso a la información", "Control parlamentario de la pauta oficial" y "No al paraperiodismo", otros temas que forman parte del gran abanico de problemas quie tiene la libertad de prensa en el país.
La primera conferencia de prensa que dio la presidenta Kirchner fue el 2 de agosto de 2008 y la segunda, en la que solo permitió cinco preguntas, la ofreció en agosto de 2011.
El programa de Lanata en Canal 13 de Buenos Aires se llama “Periodismo para Todos”. Es un nombre de origen sarcástico que está motivado por los varios programas de origen social de la presidenta Cristina de Kirchner, entre los que se cuentan Fútbol para Todos, Carburando para todos, TV Digital para Todos, entre otros, con los que el fútbol, el automovilismo y decodificadores de televisión digital son ofrecidos en forma gratuita a los pobladores, lo que es criticado por muchos como subvenciones estatales al servicio de la propaganda gubernamental.
Si bien las preguntas son el arma de los periodistas, son las respuestas que éstos buscan lo que hace que el periodismo cobre relevancia. En la confrontación entre la pregunta y la respuesta sobre asuntos complejos, existe ese campo donde se encuentra la esencia del periodismo, su capacidad para descubrir hechos que de otra manera podrían quedar ocultos, y que dada su naturaleza son fundamentales para el mejor entendimiento y decisiones del público.
La esencia del saber no se halla tanto en las respuestas que se obtienen, sino en la calidad y exquisitez con la que se formula una pregunta.
Si a un gobierno se le permite responder sin que se le pregunte, como ocurre como el de Argentina, pero también con el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la información que se ofrece casi siempre terminará siendo propaganda, es decir información interesada.
Las conferencias de prensa son la expresión máxima de respeto que una persona en un cargo público y/o importante está obligada a demostrar, así sea un ministro, un funcionario de una empresa privada que tiene que explicar un asunto polémico o un director técnico que tiene que explicar el por qué una estrategia dio o no dio resultado.
Los periodistas, más dedicado a esos temas que el público en general, tienen la misión de incluir en su consulta lo que los ciudadanos quisieran preguntar. Esa delegación social que asume el periodista, es parte de un pacto implícito de la democracia, en el que el poder, a su vez, está obligado a rendir cuentas y a ser transparente.
Debido a esto, es justamente la máxima autoridad de un país, quien tiene la mayor obligación de rendir cuentas, ser transparente y sentarse frente a los periodistas, para que en un acto libre, se puedan buscar las respuestas que el público requiere. Cristina de Kirchner, sin embargo, así como Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega, prefiere la tribuna y púlpito público, aquel desde el que se habla didascálicamente, desde el que se informa interesadamente, se hace propaganda.
Los periodistas, de los más destacados de Argentina, se presentaron en el programa de Lanata reclamando que el gobierno haga conferencias de prensa, pero también con pancartas en las que se leían "Libre acceso a la información", "Control parlamentario de la pauta oficial" y "No al paraperiodismo", otros temas que forman parte del gran abanico de problemas quie tiene la libertad de prensa en el país.
La primera conferencia de prensa que dio la presidenta Kirchner fue el 2 de agosto de 2008 y la segunda, en la que solo permitió cinco preguntas, la ofreció en agosto de 2011.
mayo 13, 2012
Matrimonios gay y la campaña Obama
La campaña del presidente Barack Obama ha dado un paso inteligente. En el momento que los críticos avanzaban sobre el tema de la economía, el estancamiento del empleo, de las ventas al por menor y el aumento del déficit comercial, Obama hizo que la conversación nacional girara sobre temas sociales, ofreciendo repentinamente su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que tomó por sorpresa a la campaña de Mitt Romney, su seguro contendiente para noviembre.
No creo que Obama haya sido sorprendido por el vicepresidente Joe Biden quien el domingo pasado había dado su respaldo a las uniones matrimoniales, como para tener que salir este miércoles sobre el tema, primera vez que un Presidente lo hace en Estados Unidos.
Creo que se trató de una estrategia bien pensada. Los demócratas se aseguraron no solo que Romney no hable mucho de economía y critique a Obama con su seguro rechazo a este tipo de uniones matrimoniales, sino que además lo pusieron a la defensiva. De golpe y porrazo, además del anuncio de Obama, un grupo de compañeros de clase secundaria de Romney salieron a la palestra, después de 40 años, para criticarlo porque de joven se burlaba de unos amigos de escuela que eran homosexuales.
Romney desmintió y nadie hizo mucha alharaca, sin embargo tuvo que gastar su tiempo para defenderse, en lugar de seguir atacando el flanco más débil de Obama: la economía.
Fue un buen golpe de Obama, de los que veremos muchos más mientras se vaya calentando la campaña electoral.
No creo que Obama haya sido sorprendido por el vicepresidente Joe Biden quien el domingo pasado había dado su respaldo a las uniones matrimoniales, como para tener que salir este miércoles sobre el tema, primera vez que un Presidente lo hace en Estados Unidos.
Creo que se trató de una estrategia bien pensada. Los demócratas se aseguraron no solo que Romney no hable mucho de economía y critique a Obama con su seguro rechazo a este tipo de uniones matrimoniales, sino que además lo pusieron a la defensiva. De golpe y porrazo, además del anuncio de Obama, un grupo de compañeros de clase secundaria de Romney salieron a la palestra, después de 40 años, para criticarlo porque de joven se burlaba de unos amigos de escuela que eran homosexuales.
Romney desmintió y nadie hizo mucha alharaca, sin embargo tuvo que gastar su tiempo para defenderse, en lugar de seguir atacando el flanco más débil de Obama: la economía.
Fue un buen golpe de Obama, de los que veremos muchos más mientras se vaya calentando la campaña electoral.
mayo 11, 2012
Lobo debe ser responsable
El presidente Porfirio Lobo de asumir las responsabilidades en materia de libertad de prensa para la protección de los periodistas de su país, especialmente después que esta semana fue secuestrado el reconocido locutor Alfredo Villatoro y asesinado el periodista, Erick Martínez Ávila.
En estos últimos meses, Lobo se expresó varias veces sobre libertad de prensa, aunque para amenazar a los medios sobre que enviaría una ley de prensa al Congreso para sancionar las faltas éticas y graves que estos comenten y no para hablar sobre sus promesas de que perseguiría a los delincuentes que asesinan periodistas.
Meses atrás, dijo que su gobierno había recibido la asistencia técnica del FBI y de las policías de Colombia y España, pero hasta el momento nunca fue revelado resultado alguno de esas investigaciones. Fue por eso, que en una reunión reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa, se expresó lo siguiente: “Pese al compromiso público del Gobierno nacional (de Honduras) para revertir el clima adverso que afronta el ejercicio del periodismo, prevalecen en el país las amenazas contra periodistas, los ataques contra medios de comunicación, y la mayoría de los 19 asesinatos de comunicadores ocurridos desde 2003 siguen impunes”.
Se le pidió al presidente Porfirio Lobo poner mayor voluntad política y esfuerzo, “así como a disponer de manera eficiente de los recursos técnicos, científicos y legales… para frenar la cultura de violencia y atropellos contra la prensa, y resolver los asesinatos contra periodistas”.
Previamente, la SIP le había pedido por carta a Lobo varias acciones que podrían ayudar a limitar la violencia contra los periodistas: establecer criterios de veeduría internacional con el apoyo de la ONU; crear fiscalías especiales para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión; instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial para atender estos delitos y, entre otras, agravar los delitos contra la libertad de expresión en el Código Penal.
Es necesario que el gobierno de Lobo cree un fuerte andamiaje jurídico y legal. Es necesaria una justicia firme, de lo contrario la impunidad solo genera más violencia.
En estos últimos meses, Lobo se expresó varias veces sobre libertad de prensa, aunque para amenazar a los medios sobre que enviaría una ley de prensa al Congreso para sancionar las faltas éticas y graves que estos comenten y no para hablar sobre sus promesas de que perseguiría a los delincuentes que asesinan periodistas.
Meses atrás, dijo que su gobierno había recibido la asistencia técnica del FBI y de las policías de Colombia y España, pero hasta el momento nunca fue revelado resultado alguno de esas investigaciones. Fue por eso, que en una reunión reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa, se expresó lo siguiente: “Pese al compromiso público del Gobierno nacional (de Honduras) para revertir el clima adverso que afronta el ejercicio del periodismo, prevalecen en el país las amenazas contra periodistas, los ataques contra medios de comunicación, y la mayoría de los 19 asesinatos de comunicadores ocurridos desde 2003 siguen impunes”.
Se le pidió al presidente Porfirio Lobo poner mayor voluntad política y esfuerzo, “así como a disponer de manera eficiente de los recursos técnicos, científicos y legales… para frenar la cultura de violencia y atropellos contra la prensa, y resolver los asesinatos contra periodistas”.
Previamente, la SIP le había pedido por carta a Lobo varias acciones que podrían ayudar a limitar la violencia contra los periodistas: establecer criterios de veeduría internacional con el apoyo de la ONU; crear fiscalías especiales para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión; instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial para atender estos delitos y, entre otras, agravar los delitos contra la libertad de expresión en el Código Penal.
Es necesario que el gobierno de Lobo cree un fuerte andamiaje jurídico y legal. Es necesaria una justicia firme, de lo contrario la impunidad solo genera más violencia.
mayo 09, 2012
A propósito del posible atentado
Últimamente el gobierno de Estados Unidos ha tenido mayores éxitos desbaratando complejas conspiraciones y planes terroristas, que controlando los escándalos por el comportamiento indecente de sus fuerzas de seguridad, fuera de los campos de batalla.
Mientras el presidente Barack Obama tomaba esta semana como lema de campaña electoral el golpe mortal de hace un año contra Osama Bin Laden y el FBI desarticulaba una red de jóvenes anarquistas que planeaba atentados explosivos contra puentes y carreteras en el estado de Ohio, el Servicio Secreto afinaba un nuevo código de ética interno, en respuesta al bochorno internacional causado por sus agentes en la Cumbre de las Américas.
Once agentes y 10 militares condenaron su suerte laboral y la reputación del Servicio Secreto, entreverándose en una necia festichola con prostitutas, horas antes de que el presidente Obama llegara a la reunión de Cartagena. Ahora, el envío de chaperones a los viajes presidenciales, para controlar que los agentes no se involucren con alcohol y prostitutas, se asemeja a los recaudos que se toman para viajes de egresados o para el seleccionado juvenil de fútbol mexicano involucrado en los mismos menesteres el año pasado en Lima, más que para una agencia que salvó la vida de Ronald Reagan en 1981, pero que todavía repasa su responsabilidad sobre el asesinato de John Kennedy en 1963, como el yerro más grande de sus 147 años de historia.
La conducta indecente no es patrimonio de las fuerzas de seguridad estadounidenses, muchos candidatos presidenciales terminan sus aspiraciones por problemas de faldas; así como le costó el puesto al ex director francés del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; o hizo pasar a la historia el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi o quedó en entredicho con el reciente viaje del rey español Juan Carlos al África, dicen, para cazar princesas y plebeyas, más que elefantes.
El escándalo del servicio secreto norteamericano, que todavía pudiera subir de tono si Dania Suárez logra contar su historia a la revista Playboy tras quejarse que no le pagaron por sus servicios sexuales, no es para rasgarse las vestiduras, pero sí tira por la borda los esfuerzos de un gobierno que en el mundo entero sermonea sobre ética y anticorrupción.
Aunque el jolgorio quedará para la anécdota, el tema no deja de ser grave, porque desnuda la vulnerabilidad del gobierno a merced de su propia gente, en casos que comprometen desde la seguridad del Presidente hasta la seguridad nacional. Los escándalos son muchos y poco graciosos, solo basta recordar al soldado Bradley Manning, después que filtrara a Wikileaks millones de documentos clasificados de la diplomacia estadounidense, comprometiéndose las relaciones con gobiernos aliados y enemigos.
Peor aún fueron las fotografías que surgieron en 2004 desde la cárcel en Irak de Abu Ghraib, que mostraban a soldados aterrorizando a los detenidos con perros o posando entre cadáveres desnudos como si fueran trofeos de caza, escenas que hasta inmortalizó el colombiano Fernando Botero en sus pinturas. O la de retratos recientes de soldados en la guerra de Afganistán, haciendo gestos obscenos a víctimas y símbolos musulmanes o la denuncia sobre aquellos guardias carcelarios de la prisión de Guantánamo, tirando copias del Corán por los retretes.
Pese a los golpes certeros contra Al Qaeda el gobierno de EE.UU. ha dejado traslucir muchas deficiencias graves. Desde sus yerros por no poder anticipar el 9/11 en Nueva York o justificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, hasta su impotencia por no detener una epidemia de suicidios que afecta a sus soldados y veteranos. O desde sus promesas incumplidas de cerrar la cárcel de Guantánamo, hasta acabar con métodos de interrogatorio lindantes con la tortura, ya sea en vuelos secretos o en cárceles clandestinas regenteadas por la CIA en Tailandia, Afganistán y varios países europeos.
Tal vez la mejor lección que emerge de la mala conducta de algunos agentes del Servicio Secreto, así como de los actos corruptos enumerados que conspiran desde el interior contra el propio gobierno, es que en una sociedad abierta donde se permite que la información y las denuncias fluyan libremente, se hace mucho más fácil la tarea de buscar y aplicar correctivos.
Mientras el presidente Barack Obama tomaba esta semana como lema de campaña electoral el golpe mortal de hace un año contra Osama Bin Laden y el FBI desarticulaba una red de jóvenes anarquistas que planeaba atentados explosivos contra puentes y carreteras en el estado de Ohio, el Servicio Secreto afinaba un nuevo código de ética interno, en respuesta al bochorno internacional causado por sus agentes en la Cumbre de las Américas.
Once agentes y 10 militares condenaron su suerte laboral y la reputación del Servicio Secreto, entreverándose en una necia festichola con prostitutas, horas antes de que el presidente Obama llegara a la reunión de Cartagena. Ahora, el envío de chaperones a los viajes presidenciales, para controlar que los agentes no se involucren con alcohol y prostitutas, se asemeja a los recaudos que se toman para viajes de egresados o para el seleccionado juvenil de fútbol mexicano involucrado en los mismos menesteres el año pasado en Lima, más que para una agencia que salvó la vida de Ronald Reagan en 1981, pero que todavía repasa su responsabilidad sobre el asesinato de John Kennedy en 1963, como el yerro más grande de sus 147 años de historia.
La conducta indecente no es patrimonio de las fuerzas de seguridad estadounidenses, muchos candidatos presidenciales terminan sus aspiraciones por problemas de faldas; así como le costó el puesto al ex director francés del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; o hizo pasar a la historia el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi o quedó en entredicho con el reciente viaje del rey español Juan Carlos al África, dicen, para cazar princesas y plebeyas, más que elefantes.
El escándalo del servicio secreto norteamericano, que todavía pudiera subir de tono si Dania Suárez logra contar su historia a la revista Playboy tras quejarse que no le pagaron por sus servicios sexuales, no es para rasgarse las vestiduras, pero sí tira por la borda los esfuerzos de un gobierno que en el mundo entero sermonea sobre ética y anticorrupción.
Aunque el jolgorio quedará para la anécdota, el tema no deja de ser grave, porque desnuda la vulnerabilidad del gobierno a merced de su propia gente, en casos que comprometen desde la seguridad del Presidente hasta la seguridad nacional. Los escándalos son muchos y poco graciosos, solo basta recordar al soldado Bradley Manning, después que filtrara a Wikileaks millones de documentos clasificados de la diplomacia estadounidense, comprometiéndose las relaciones con gobiernos aliados y enemigos.
Peor aún fueron las fotografías que surgieron en 2004 desde la cárcel en Irak de Abu Ghraib, que mostraban a soldados aterrorizando a los detenidos con perros o posando entre cadáveres desnudos como si fueran trofeos de caza, escenas que hasta inmortalizó el colombiano Fernando Botero en sus pinturas. O la de retratos recientes de soldados en la guerra de Afganistán, haciendo gestos obscenos a víctimas y símbolos musulmanes o la denuncia sobre aquellos guardias carcelarios de la prisión de Guantánamo, tirando copias del Corán por los retretes.
Pese a los golpes certeros contra Al Qaeda el gobierno de EE.UU. ha dejado traslucir muchas deficiencias graves. Desde sus yerros por no poder anticipar el 9/11 en Nueva York o justificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, hasta su impotencia por no detener una epidemia de suicidios que afecta a sus soldados y veteranos. O desde sus promesas incumplidas de cerrar la cárcel de Guantánamo, hasta acabar con métodos de interrogatorio lindantes con la tortura, ya sea en vuelos secretos o en cárceles clandestinas regenteadas por la CIA en Tailandia, Afganistán y varios países europeos.
Tal vez la mejor lección que emerge de la mala conducta de algunos agentes del Servicio Secreto, así como de los actos corruptos enumerados que conspiran desde el interior contra el propio gobierno, es que en una sociedad abierta donde se permite que la información y las denuncias fluyan libremente, se hace mucho más fácil la tarea de buscar y aplicar correctivos.
mayo 08, 2012
La asombrosa exigencia de las FARC
La libertad de prensa sufrió por estos días embates terribles. En la ciudad mexicana de Veracruz cuatro periodistas fueron asesinados por el crimen organizado, de cuyos cadáveres, tres fueron encontrados desmembrados en bolsas de basura a la vera de un río.
En Colombia también la libertad de prensa está en entredicho. Las guerrillas FARC condicionaron la liberación del periodista francés Romeo Langlois, a quien tienen desde el 28 de abril, a que haya un debate nacional e internacional sobre libertad de prensa y una autocrítica de los medios de comunicación y de los periodistas por ofrecer información parcial y distorsionada en la cobertura de ese grupo guerrillero.
Las FARC argumentaron que secuestraron a Langlois porque no estaba identificado como periodista, cuando lo capturaron como prisionero de guerra durante un violento enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad colombianas.
Las FARC se equivocan con esta estrategia.
Primero, creen que son reconocidas como un grupo legítimo y se tratan de comportar como gobierno y Estado, como si todo el mundo las tratara con el reconocimiento que le brindan Hugo Chávez y las autoridades cubanas.
Segundo, pedir un debate con ese condicionamiento, liberar al periodista, equivale más a una extorsión. A ningún gobierno o grupo lícito se le respetaría que condicionara un debate sobre libertad de prensa, poniendo en riesgo la vida de un periodista.
Tercero, las FARC no reconocen que los periodistas son civiles, y como tales están protegidos por los tratados internacionales y hasta por resoluciones intergubernamentales como la Resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas en la que se consigna que “los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales”.
Cuarto, incluso si las FARC tuvieran razón de que el periodista no se habría identificado apropiadamente como tal y pudo haber sido confundido con un soldado o policía, deberían haberlo liberado apenas pudieron comprobar que se trataba de un reportero; lo que no hicieron.
Quinto, la libertad de prensa, pese a que no le guste a las FARC porque argumentan no recibir buen tratamiento de la prensa, está justamente fundamentada por el valor de la libertad. Ese no es un tema que se pueda debatir, menos desde un organismo ilícito, al margen de la ley y que ha tenido a la muerte y al asesinato de periodistas como parte de su estrategia de propaganda.
Esta asombrosa exigencia de los guerrilleros, no hace más que mostrar las contradicciones de las FARC que hace un par de meses dijeron que abandonaban el secuestro como extorsión económica. La verdad que no hay mucha diferencia entre este tipo de extorsión y la política, como ahora lo hacen con el caso Langlois.
En Colombia también la libertad de prensa está en entredicho. Las guerrillas FARC condicionaron la liberación del periodista francés Romeo Langlois, a quien tienen desde el 28 de abril, a que haya un debate nacional e internacional sobre libertad de prensa y una autocrítica de los medios de comunicación y de los periodistas por ofrecer información parcial y distorsionada en la cobertura de ese grupo guerrillero.
Las FARC argumentaron que secuestraron a Langlois porque no estaba identificado como periodista, cuando lo capturaron como prisionero de guerra durante un violento enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad colombianas.
Las FARC se equivocan con esta estrategia.
Primero, creen que son reconocidas como un grupo legítimo y se tratan de comportar como gobierno y Estado, como si todo el mundo las tratara con el reconocimiento que le brindan Hugo Chávez y las autoridades cubanas.
Segundo, pedir un debate con ese condicionamiento, liberar al periodista, equivale más a una extorsión. A ningún gobierno o grupo lícito se le respetaría que condicionara un debate sobre libertad de prensa, poniendo en riesgo la vida de un periodista.
Tercero, las FARC no reconocen que los periodistas son civiles, y como tales están protegidos por los tratados internacionales y hasta por resoluciones intergubernamentales como la Resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas en la que se consigna que “los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales”.
Cuarto, incluso si las FARC tuvieran razón de que el periodista no se habría identificado apropiadamente como tal y pudo haber sido confundido con un soldado o policía, deberían haberlo liberado apenas pudieron comprobar que se trataba de un reportero; lo que no hicieron.
Quinto, la libertad de prensa, pese a que no le guste a las FARC porque argumentan no recibir buen tratamiento de la prensa, está justamente fundamentada por el valor de la libertad. Ese no es un tema que se pueda debatir, menos desde un organismo ilícito, al margen de la ley y que ha tenido a la muerte y al asesinato de periodistas como parte de su estrategia de propaganda.
Esta asombrosa exigencia de los guerrilleros, no hace más que mostrar las contradicciones de las FARC que hace un par de meses dijeron que abandonaban el secuestro como extorsión económica. La verdad que no hay mucha diferencia entre este tipo de extorsión y la política, como ahora lo hacen con el caso Langlois.
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