La ratificación ayer de una condena contra los dueños del diario El Universo de Guayaquil, Carlos, César y Nicolás Pérez, y del ex editor de las páginas de Opinión, a tres años de cárcel y a pagar 40 millones de dólares por una demanda sobre injurias, desenmascara de una vez por todas a Rafael Correa como el presidente más intolerante de América Latina en materia de libertad de expresión.
Digo que desenmascara porque Correa cada vez que sale al exterior siempre trata de dar una imagen de demócrata y de tolerante de las libertades individuales, como tratará de hacerlo este próximo viernes en la Universidad de Columbia de Nueva York, donde fue invitado a dar una conferencia de dos horas sobre democracia y medios de comunicación. Y aunque ni siquiera tendrá vergüenza para tocar el tema, todos los presentes seguramente estarán enterados de todos los desmanes contra la libertad de expresión que ha cometido durante su gobierno.
Esta vez no creo que pase imperceptible la condena contra los periodistas y su falta de respeto a la libertad de prensa, ya que con claridad, viene tergiversando sus dichos y manipulando a la justicia. Anoche, en un mensaje público a los periodistas de El Universo, Correa dijo que él dejaría la demanda de lado o perdonaría a los demandados bajo tres condiciones que suenan realmente estrafalarias: que los periodistas reconozcan que son mentirosos; que no fueron éticos y que los titulares de mañana (por hoy) no cuestionen los argumentos de los jueces en la ratificación de la condena. Obviamente sus peticiones no fueron escuchadas.
Si hay algo de positivo en esta desprolijidad en contra de la libertad de prensa y de la libertad a criticar, es que ya todo el mundo puede estar dándose cuenta del carácter y personalidad intolerantes de Correa. Ya quedó totalmente desenmascarado.
Habrá que esperar ahora qué harán los directivos de El Universo. Además de una medida de casación ante el Supremo Tribunal de Justicia, y antes de llegar oficialmente a los organismos internacionales, seguramente pedirán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
septiembre 21, 2011
septiembre 20, 2011
Justicia ecuatoriana subyugada a Correa
La ratificación de la sentencia de hoy contra los directivos de El Universo de Guayaquil y del ex director de sus páginas de Opinión, Emilio Palacio, por tres años de cárcel y 40 millones de dólares en indemnización a favor del demandante, el presidente Rafael Correa, habla muy a las claras de que la justicia ecuatoriana está subyugada al poder político.
Este no es el único proceso judicial de Correa contra periodistas y medios; pero es el más significativo. Desenmascara la fórmula de censura que aplica para silenciar a quienes disienten u opinan diferente.
Esta burda forma de gobernar por apriete, no tiene otra intención que generar miedo, es decir es la mejor manera de crear autocensura entre los periodistas y medios de comunicación. El mensaje es claro, “si opinas en contra de mí, te destruiré legalmente con una sarta de juicios de los que jamás te podrás resarcir”.
Aunque el entrecomillado es mío (pensando en voz alta sobre cuáles serían los argumentos de Correa) no está lejos de la realidad, por cuanto Correa despotrica con este estilo en sus espacios sabatinos, cuando secuestra los micrófonos y abusando de su poder, arremete contra medios independientes, políticos, opositores o toda aquella persona que piense diferente.
Hoy la SIP dijo algo muy cierto: “Las figuras públicas deben estar más expuestas a las críticas y quienes ejercen ese derecho a criticar deben tener las garantías de blindaje constitucional y legal para hacerlo. La imposición de la pena de cárcel y la indemnización millonaria, demuestran a las claras que estamos ante un fallo burlón, desproporcionado que busca censurar o, al menos, imponer la autocensura a todos los periodistas y medios independientes”.
De ésto, sobre libertad de Prensa y democracia, Correa no entiende una pepa.
Este no es el único proceso judicial de Correa contra periodistas y medios; pero es el más significativo. Desenmascara la fórmula de censura que aplica para silenciar a quienes disienten u opinan diferente.
Esta burda forma de gobernar por apriete, no tiene otra intención que generar miedo, es decir es la mejor manera de crear autocensura entre los periodistas y medios de comunicación. El mensaje es claro, “si opinas en contra de mí, te destruiré legalmente con una sarta de juicios de los que jamás te podrás resarcir”.
Aunque el entrecomillado es mío (pensando en voz alta sobre cuáles serían los argumentos de Correa) no está lejos de la realidad, por cuanto Correa despotrica con este estilo en sus espacios sabatinos, cuando secuestra los micrófonos y abusando de su poder, arremete contra medios independientes, políticos, opositores o toda aquella persona que piense diferente.
Hoy la SIP dijo algo muy cierto: “Las figuras públicas deben estar más expuestas a las críticas y quienes ejercen ese derecho a criticar deben tener las garantías de blindaje constitucional y legal para hacerlo. La imposición de la pena de cárcel y la indemnización millonaria, demuestran a las claras que estamos ante un fallo burlón, desproporcionado que busca censurar o, al menos, imponer la autocensura a todos los periodistas y medios independientes”.
De ésto, sobre libertad de Prensa y democracia, Correa no entiende una pepa.
Chávez con buena nota por las Canaimas
Una de las mejores cosas que ha hecho el presidente Hugo Chávez por los venezolanos es tratar de que su país se asemeje a Uruguay, el único país latinoamericano con un programa educativo excelente en el que cada estudiante de escuela primaria ha recibido una computadora personal.
El programa de repartir a cada alumno venezolano con una máquina llamada Canaimas – por ahora importada desde Portugal pero pronto de fabricación nacional - ayudará sobremanera al sistema educativo y a los niños sin distinción de clases con un acceso igualitario a la educación.
Hasta ahora el gobierno, que empezó con este programa en 2009, lleva repartidos casi un millón de computadoras. Lo que se espera es que pronto pueda contribuir a que haya más acceso a internet de banda ancha en todos los municipios del país, y no se beneficie solo a aquellas escuelas que dependen de la nación y municipios y estados que están gobernados por alcaldes y gobernadores chavistas o alineados al oficialismo nacional.
Más allá de la discriminación que sí existe, sería importante que Chávez también deje de lado los decretos que dictó en diciembre pasado que gobiernan el internet, que más allá de administrarlos a través de los proveedores, los puede utilizar como herramienta para censurarlos.
Una computadora por chico es una excelente iniciativa que debe ser emulada, pero con banda ancha, sin discriminación ni cortapisas podría ser un ejemplo para otros países del mundo.
El programa de repartir a cada alumno venezolano con una máquina llamada Canaimas – por ahora importada desde Portugal pero pronto de fabricación nacional - ayudará sobremanera al sistema educativo y a los niños sin distinción de clases con un acceso igualitario a la educación.
Hasta ahora el gobierno, que empezó con este programa en 2009, lleva repartidos casi un millón de computadoras. Lo que se espera es que pronto pueda contribuir a que haya más acceso a internet de banda ancha en todos los municipios del país, y no se beneficie solo a aquellas escuelas que dependen de la nación y municipios y estados que están gobernados por alcaldes y gobernadores chavistas o alineados al oficialismo nacional.
Más allá de la discriminación que sí existe, sería importante que Chávez también deje de lado los decretos que dictó en diciembre pasado que gobiernan el internet, que más allá de administrarlos a través de los proveedores, los puede utilizar como herramienta para censurarlos.
Una computadora por chico es una excelente iniciativa que debe ser emulada, pero con banda ancha, sin discriminación ni cortapisas podría ser un ejemplo para otros países del mundo.
septiembre 19, 2011
Correa no entiende sobre libertad de prensa
El gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa entiende poco o casi nada sobre libertad de prensa y de expresión. Presume que lo hace, cuando con sobrada arrogancia quiere sentar a los periodistas, medios de comunicación y agencias internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, a una mesa para dialogar sobre libertad de prensa, en su entendimiento de que es un derecho que se puede negociar.
Correa poco entiende sobre libertad de prensa a juzgar por las severas críticas que tira contra los medios en sus programas sabatinos y por las demandas y juicios que ha entablado contra numerosos periodistas y medios de comunicación, toda vez que argumenta que la crítica y las opiniones en su contra son la misma moneda que utilizan otros políticos u opositores.
Ahora que la organización de origen francés, Reporteros Sin Fronteras, le envió una dura carta por su demanda en contra de Emilio Palacio y tres dueños del diario El Universo – con una primera sentencia que obliga a los afectados a indemnizarlo con 42 millones de dólares y los condena a tres años de prisión - el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, invitó a todos los actores, nacionales e internacionales, a un debate para que puedan “tener una visión más amplia de la realidad que se vive en el país y que no solamente se reduce a la visión de cuatro familias propietarias de medios”.
Tanto a Alvarado como a Correa no les interesa discutir sobre el papel que tienen los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Acudir a este tipo de encuentros propuesto por el gobierno, es no reconocer que la libertad de expresión y de opinión es un derecho humano fundamental.
Correa poco entiende sobre libertad de prensa a juzgar por las severas críticas que tira contra los medios en sus programas sabatinos y por las demandas y juicios que ha entablado contra numerosos periodistas y medios de comunicación, toda vez que argumenta que la crítica y las opiniones en su contra son la misma moneda que utilizan otros políticos u opositores.
Ahora que la organización de origen francés, Reporteros Sin Fronteras, le envió una dura carta por su demanda en contra de Emilio Palacio y tres dueños del diario El Universo – con una primera sentencia que obliga a los afectados a indemnizarlo con 42 millones de dólares y los condena a tres años de prisión - el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, invitó a todos los actores, nacionales e internacionales, a un debate para que puedan “tener una visión más amplia de la realidad que se vive en el país y que no solamente se reduce a la visión de cuatro familias propietarias de medios”.
Tanto a Alvarado como a Correa no les interesa discutir sobre el papel que tienen los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Acudir a este tipo de encuentros propuesto por el gobierno, es no reconocer que la libertad de expresión y de opinión es un derecho humano fundamental.
septiembre 18, 2011
Chávez vs. la Corte IDH
El presidente Hugo Chávez no puede con su genio, siempre trata de desairar a todo el mundo especialmente cuando se trata de instituciones internacionales que no comulgan con su forma de gobernar.
Esta vez el turno – y ya en forma repetida – le tocó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana falló a favor del político Leopoldo López quien había sido inhabilitado para ejercer la política o aspirar a cargos electivos, debido a una resolución del Contralor General de Venezuela, que bajo las órdenes de Chávez, lo inhabilitó por un término de 6 años bajo sospechas de corrupción. Exactamente lo que le sucedió a decenas de políticos de oposición que justamente antes de las elecciones fueron empujados fuera de la política sin juicio ni proceso judicial de ninguna naturaleza, solo con la idea de sacarlos de la contienda.
Como era obvio, Chávez arremetió este sábado en contra de la CIDH con el argumento de siempre de que esa institución interamericana se presta a la voluntad del imperialismo; claro que distinto hubiera sido su parecer si la Corte hubiera dictaminado a favor del Estado venezolano.
Chávez insiste que la UNASUR o los países del Alba tengan su propia Corte de Derechos Humanos. Todos pudieran imaginarse para qué lado se inclinarían siempre sus fallos.
Venezuela ya ha desconocido varios fallos de la Corte y numerosas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y por esas violaciones a tratados internacionales y compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, debería aplicársele al país lo que establece la Carta Democrática Interamericana, suspendiendo a Venezuela por violar el Pacto de San José de Costa Rica.
Esta vez el turno – y ya en forma repetida – le tocó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana falló a favor del político Leopoldo López quien había sido inhabilitado para ejercer la política o aspirar a cargos electivos, debido a una resolución del Contralor General de Venezuela, que bajo las órdenes de Chávez, lo inhabilitó por un término de 6 años bajo sospechas de corrupción. Exactamente lo que le sucedió a decenas de políticos de oposición que justamente antes de las elecciones fueron empujados fuera de la política sin juicio ni proceso judicial de ninguna naturaleza, solo con la idea de sacarlos de la contienda.
Como era obvio, Chávez arremetió este sábado en contra de la CIDH con el argumento de siempre de que esa institución interamericana se presta a la voluntad del imperialismo; claro que distinto hubiera sido su parecer si la Corte hubiera dictaminado a favor del Estado venezolano.
Chávez insiste que la UNASUR o los países del Alba tengan su propia Corte de Derechos Humanos. Todos pudieran imaginarse para qué lado se inclinarían siempre sus fallos.
Venezuela ya ha desconocido varios fallos de la Corte y numerosas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y por esas violaciones a tratados internacionales y compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, debería aplicársele al país lo que establece la Carta Democrática Interamericana, suspendiendo a Venezuela por violar el Pacto de San José de Costa Rica.
septiembre 17, 2011
Estamos perdiendo la batalla
Los periodistas en América Latina estamos perdiendo la batalla en materia de seguridad y protección. Los asesinatos se multiplican y la impunidad se profundiza. Esta semana fueron acribillados otros dos periodistas, uno en Perú y otro en Brasil, mientras en Colombia otro caso de asesinato de periodista asesinado hace 20 años prescribió y ocho más están por correr la misma suerte antes de que termine el 2011.
Los organismos intergubernamentales como la ONU, la UNESCO y la OEA, así como los gobiernos declaman mucho pero hacen poco. Saben del problema, lo diagnostican, proyectan soluciones, pero no tienen la determinación ni la voluntad política para hacer reformas de políticas públicas, administrar justicia o crear programas de protección.
En la última década 177 periodistas han sido víctimas en las Américas debido a su trabajo. En estos días ocurrieron dos nuevos casos, el de Pedro Flores Silva, en Perú y el de Medardo Flores en Honduras, el segundo y quinto periodistas asesinados en cada país este año, con una escalofriante estadística de 25 caídos en toda Latinoamérica.
En un foro celebrado esta semana en la sede de la UNESCO en París, la Sociedad Interamericana de Prensa despotricó contra los sistemas gubernamentales, Estableció que el clima de desprotección generalizada en muchos de nuestros países - demostrado por los índices elevados de inseguridad ciudadana, la inestabilidad política que ha creado situaciones de polarización y el discurso político anti prensa - es caldo de cultivo para la violencia contra los periodistas.
En muchos casos, los periodistas son rechazados o se les niega información; son agredidos por las turbas o por otros periodistas al servicio de medios gubernamentales; perseguidos o detenidos por lo que dicen u opinan; sus equipos de trabajo son decomisados; enjuiciados torpemente como en el caso de Ecuador por un Presidente que exige hasta 80 millones de dólares en indemnización; callados a través de jueces obedientes al poder político de turno o los medios son cerrados, como sucede en Venezuela, con casos por todos conocidos. Y la lista podría ser mayor si no habláramos solo de periodistas y sí del público en general que busca expresarse sin censura a través del internet y las redes sociales.
Para las organizaciones intergubernamentales el desafío es grande y deben hacer algo en forma urgente. Deben lograr que cada gobierno se responsabilice y que haga las reformas de políticas públicas necesarias, ya sea mediante reformas a la Constitución, al Código Penal o cree nuevas leyes que sirvan para crear programas de seguridad, de protección de testigos, de creación de fiscalías y de jurisdicciones especiales para atender casos de violencia contra la prensa y la libertad de expresión en general.
En México, justamente ayer, un grupo de diputados federales renovó sus intenciones para que los crímenes contra periodistas se federalicen, promesas que el propio presidente felipe Calderón y sus antecesores, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, prometieron, aunque infructuosamente, a la SIP.
En las Américas, el contrasentido es que las únicas leyes que están apareciendo rápidamente y con fuerza, son las que regulan a la prensa, las que en muchos casos tienen la intención de controlar a los medios y coartar su capacidad de fiscalización.
A esta iniciativa, la SIP viene sumando otras que forman parte de una larga que se estableció hace casi dos décadas y que contempla lo siguiente: Que los delitos cometidos contra periodistas, en especial los asesinatos, no prescriban; que tengan agravantes; que haya jurisdicciones especiales para su procesamiento; que los organismos multilaterales de ayuda, condicionen el apoyo económico y financiero a aquellos países donde no se respete la vida de los periodistas u otras manifestaciones graves de ataques a medios y periodistas; y que se reformen y adecúen los planes de estudio universitarios para capacitar a los futuros comunicadores en temas de protección, seguridad y responsabilidades.
Lamentablemente, hubo pocos avances en todos estos temas. Y la SIP volvió a recordarlos en su Declaración de Puebla, redactada y firmada por 22 universidades de 13 países a los que se convocó a la “ciudad de la cultura” y ahora en la UNESCO, indicando que ya es hora de que los gobiernos dejen de lado los diagnósticos y pasen a los hechos.
Ahora se necesitan los instrumentos adecuados para que cada gobierno se comprometa y responsabilice; y que se empiece con cambios específicos, ya que cuando se prometen reformas generales, terminan por diluirse.
Los organismos intergubernamentales como la ONU, la UNESCO y la OEA, así como los gobiernos declaman mucho pero hacen poco. Saben del problema, lo diagnostican, proyectan soluciones, pero no tienen la determinación ni la voluntad política para hacer reformas de políticas públicas, administrar justicia o crear programas de protección.
En la última década 177 periodistas han sido víctimas en las Américas debido a su trabajo. En estos días ocurrieron dos nuevos casos, el de Pedro Flores Silva, en Perú y el de Medardo Flores en Honduras, el segundo y quinto periodistas asesinados en cada país este año, con una escalofriante estadística de 25 caídos en toda Latinoamérica.
En un foro celebrado esta semana en la sede de la UNESCO en París, la Sociedad Interamericana de Prensa despotricó contra los sistemas gubernamentales, Estableció que el clima de desprotección generalizada en muchos de nuestros países - demostrado por los índices elevados de inseguridad ciudadana, la inestabilidad política que ha creado situaciones de polarización y el discurso político anti prensa - es caldo de cultivo para la violencia contra los periodistas.
En muchos casos, los periodistas son rechazados o se les niega información; son agredidos por las turbas o por otros periodistas al servicio de medios gubernamentales; perseguidos o detenidos por lo que dicen u opinan; sus equipos de trabajo son decomisados; enjuiciados torpemente como en el caso de Ecuador por un Presidente que exige hasta 80 millones de dólares en indemnización; callados a través de jueces obedientes al poder político de turno o los medios son cerrados, como sucede en Venezuela, con casos por todos conocidos. Y la lista podría ser mayor si no habláramos solo de periodistas y sí del público en general que busca expresarse sin censura a través del internet y las redes sociales.
Para las organizaciones intergubernamentales el desafío es grande y deben hacer algo en forma urgente. Deben lograr que cada gobierno se responsabilice y que haga las reformas de políticas públicas necesarias, ya sea mediante reformas a la Constitución, al Código Penal o cree nuevas leyes que sirvan para crear programas de seguridad, de protección de testigos, de creación de fiscalías y de jurisdicciones especiales para atender casos de violencia contra la prensa y la libertad de expresión en general.
En México, justamente ayer, un grupo de diputados federales renovó sus intenciones para que los crímenes contra periodistas se federalicen, promesas que el propio presidente felipe Calderón y sus antecesores, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, prometieron, aunque infructuosamente, a la SIP.
En las Américas, el contrasentido es que las únicas leyes que están apareciendo rápidamente y con fuerza, son las que regulan a la prensa, las que en muchos casos tienen la intención de controlar a los medios y coartar su capacidad de fiscalización.
A esta iniciativa, la SIP viene sumando otras que forman parte de una larga que se estableció hace casi dos décadas y que contempla lo siguiente: Que los delitos cometidos contra periodistas, en especial los asesinatos, no prescriban; que tengan agravantes; que haya jurisdicciones especiales para su procesamiento; que los organismos multilaterales de ayuda, condicionen el apoyo económico y financiero a aquellos países donde no se respete la vida de los periodistas u otras manifestaciones graves de ataques a medios y periodistas; y que se reformen y adecúen los planes de estudio universitarios para capacitar a los futuros comunicadores en temas de protección, seguridad y responsabilidades.
Lamentablemente, hubo pocos avances en todos estos temas. Y la SIP volvió a recordarlos en su Declaración de Puebla, redactada y firmada por 22 universidades de 13 países a los que se convocó a la “ciudad de la cultura” y ahora en la UNESCO, indicando que ya es hora de que los gobiernos dejen de lado los diagnósticos y pasen a los hechos.
Ahora se necesitan los instrumentos adecuados para que cada gobierno se comprometa y responsabilice; y que se empiece con cambios específicos, ya que cuando se prometen reformas generales, terminan por diluirse.
septiembre 16, 2011
Twitter asediado por la violencia extrema
Las redes sociales como Twitter y Facebook han servido para causas buenas como comenzar revueltas y revoluciones en el medio oriente; pero también para cosas malas, como para distribuir información criminal o simplemente para delinquir.
Las represalias más fuertes hasta ahora por las expresiones vertidas en las redes sociales tenían que ver, hasta ahora, por el bloqueo y censura, así como el envío de muchos internautas a las cárceles, como en China, Irán y otros países que todavía le esquivan a la democracia. En países más democráticos, como EE.UU., Inglaterra o en América Latina, muchos usuarios de redes sociales confrontan detenciones y multas porque en las redes sociales instigan a la violencia o convocan a marchas populares y de protesta que no son autorizadas previamente según establece la ley a cualquier hijo de vecino.
Pero en México esta semana pasó algo distinto y brutal. Dos jóvenes que usaron Twitter para comentar sobre los delitos que cometían los narcotraficantes, fueron torturados y sus cadáveres colgados de un puente en la ciudad de Nuevo Laredo. Dos carteles a su costado, firmados con la letra Z en referencia al cartel de Los Zetas, amenazaban que eso mismo les pasaría a otros tuiteros que se atrevieran a denunciar las mismas cosas.
Los Zetas y otros carteles hace años que se han dedicado a volcar sus hazañas en las redes sociales y varios blogs, pero ahora han mostrado toda su saña contra quienes las usan con el derecho a expresarse. Si las autoridades mexicanas permiten que esto suceda sin castigo, se corre el riesgo de la autocensura, un fenómeno lamentable que ya se ha apoderado de los medios tradicionales; única opción que periodistas y editores han abrazado por miedo a sufrir las represalias de los violentos y ante la inacción del gobierno.
Las represalias más fuertes hasta ahora por las expresiones vertidas en las redes sociales tenían que ver, hasta ahora, por el bloqueo y censura, así como el envío de muchos internautas a las cárceles, como en China, Irán y otros países que todavía le esquivan a la democracia. En países más democráticos, como EE.UU., Inglaterra o en América Latina, muchos usuarios de redes sociales confrontan detenciones y multas porque en las redes sociales instigan a la violencia o convocan a marchas populares y de protesta que no son autorizadas previamente según establece la ley a cualquier hijo de vecino.
Pero en México esta semana pasó algo distinto y brutal. Dos jóvenes que usaron Twitter para comentar sobre los delitos que cometían los narcotraficantes, fueron torturados y sus cadáveres colgados de un puente en la ciudad de Nuevo Laredo. Dos carteles a su costado, firmados con la letra Z en referencia al cartel de Los Zetas, amenazaban que eso mismo les pasaría a otros tuiteros que se atrevieran a denunciar las mismas cosas.
Los Zetas y otros carteles hace años que se han dedicado a volcar sus hazañas en las redes sociales y varios blogs, pero ahora han mostrado toda su saña contra quienes las usan con el derecho a expresarse. Si las autoridades mexicanas permiten que esto suceda sin castigo, se corre el riesgo de la autocensura, un fenómeno lamentable que ya se ha apoderado de los medios tradicionales; única opción que periodistas y editores han abrazado por miedo a sufrir las represalias de los violentos y ante la inacción del gobierno.
Mordazas legales y corrupción
La libertad de prensa es tan relevante a la democracia como el equilibrio de poderes. Y la tarea fiscalizadora que ejercen los medios de comunicación, obliga a los gobiernos a rendir cuentas y ser transparentes.
Cuando éstos prefieren gobernar a oscuras, suelen justificar leyes para regular a la prensa crítica e independiente, con el propósito de disciplinarla y amordazarla. Esta tendencia está en alza en América Latina, sobre todo en aquellos países donde existen mayores reclamos populares para acabar con la corrupción.
Brasil es el último eslabón de esa cadena. Mientras en las ciudades más importantes del país decenas de miles de jóvenes protestaban contra las irregularidades en la administración pública, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) ordenó el domingo anterior crear un marco regulador para “democratizar” a los medios, y así acabar con el periodismo partidario, sensacionalista, difamador, y con la concentración de medios en pocas manos.
No es casual que esta campaña reguladora ocurra en el contexto de graves denuncias de corrupción y después de que la presidenta Dilma Rousseff, apoyada por los medios, estremeciera las estructuras del poder, limpiando de alimañas tres ministerios nacionales socavados por las irregularidades.
Puede ser que algunos medios y periodistas cometen abusos, pero el orden jurídico brasileño ya tiene normas para procesar sus delitos por lo que crear leyes especiales contra los medios resulta redundante, huele a represalias o a limitaciones a la libertad de prensa. Así lo concibió el Superior Tribunal de Justicia, cuando en 2009 eliminó por inconstitucional la Ley de Prensa de 1967, porque discriminaba a los medios y sobreprotegía a las autoridades.
Como en Brasil, la excusa de “mantener el orden público” o censurar las denuncias de la prensa, motivaron también al presidente venezolano Hugo Chávez a crear en 2004 la Ley de Responsabilidad Social. Esta norma, que licencia al gobierno a suspender a los medios sin orden judicial cuando considera que se atenta contra la seguridad o el orden público, sirvió para cerrar periódicos, a la televisora RCTV, maniatar a Globovisión y, hace semanas, para suspender la publicación del semanario Sexto Poder, y procesar a dos de sus ejecutivos.
Tapar la corrupción también es prioridad del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Después de las denuncias sobre los contratos fraudulentos entre el gobierno y su hermano Fabricio, Correa reflotó el proyecto de Ley de Comunicación que ahora impulsa el oficialismo en el Congreso. La nueva norma no solo busca “democratizar” a los medios a través de un nuevo orden con preeminencia de medios estatales, sino, en forma insólita, reglamenta a la prensa escrita. Para tal efecto, crea un órgano contralor de contenidos, con presencia mayoritaria de miembros del Poder Ejecutivo, el que podrá disciplinar a quienes no se ajusten a criterios informativos gubernamentales. La intención es clara: censurar y controlar.
En Argentina sucedió algo similar con la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa del gobierno fue acabar con normas de la época de la dictadura y con la concentración de medios. Pero en un país con una notable variedad y pluralidad de medios, el impulso de esa legislación tuvo visos de represalia, dándose luego de denuncias periodísticas sobre enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial, valijas repletas de dinero que esquivaron aduanas para acompañar procesos electorales y tras el apoyo editorial de los medios al sector agropecuario en un conflicto con el gobierno.
En todos los casos, como ahora el de Brasil, es preocupante que las leyes de prensa surjan del sector oficialista, dando prioridad a los medios estatales disfrazados de públicos, poco eficientes a la hora de denunciar la corrupción de sus jefes y muy eficaces para amordazar a la oposición. De ahí lo importante del cuidado que han tenido los peruanos, al comprometer en campaña al presidente Ollanta Humala, para que desista de cualquier intento por regular a la prensa en su mandato.
En este contexto, si Dilma Rousseff permite que se imponga la postura del PT sobre la prensa, desperdiciará la gran oportunidad de continuar su cruzada anticorrupción. La prensa libre y desregulada es su mejor aliada para seguir limpiando y mejorar la democracia.
Cuando éstos prefieren gobernar a oscuras, suelen justificar leyes para regular a la prensa crítica e independiente, con el propósito de disciplinarla y amordazarla. Esta tendencia está en alza en América Latina, sobre todo en aquellos países donde existen mayores reclamos populares para acabar con la corrupción.
Brasil es el último eslabón de esa cadena. Mientras en las ciudades más importantes del país decenas de miles de jóvenes protestaban contra las irregularidades en la administración pública, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) ordenó el domingo anterior crear un marco regulador para “democratizar” a los medios, y así acabar con el periodismo partidario, sensacionalista, difamador, y con la concentración de medios en pocas manos.
No es casual que esta campaña reguladora ocurra en el contexto de graves denuncias de corrupción y después de que la presidenta Dilma Rousseff, apoyada por los medios, estremeciera las estructuras del poder, limpiando de alimañas tres ministerios nacionales socavados por las irregularidades.
Puede ser que algunos medios y periodistas cometen abusos, pero el orden jurídico brasileño ya tiene normas para procesar sus delitos por lo que crear leyes especiales contra los medios resulta redundante, huele a represalias o a limitaciones a la libertad de prensa. Así lo concibió el Superior Tribunal de Justicia, cuando en 2009 eliminó por inconstitucional la Ley de Prensa de 1967, porque discriminaba a los medios y sobreprotegía a las autoridades.
Como en Brasil, la excusa de “mantener el orden público” o censurar las denuncias de la prensa, motivaron también al presidente venezolano Hugo Chávez a crear en 2004 la Ley de Responsabilidad Social. Esta norma, que licencia al gobierno a suspender a los medios sin orden judicial cuando considera que se atenta contra la seguridad o el orden público, sirvió para cerrar periódicos, a la televisora RCTV, maniatar a Globovisión y, hace semanas, para suspender la publicación del semanario Sexto Poder, y procesar a dos de sus ejecutivos.
Tapar la corrupción también es prioridad del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Después de las denuncias sobre los contratos fraudulentos entre el gobierno y su hermano Fabricio, Correa reflotó el proyecto de Ley de Comunicación que ahora impulsa el oficialismo en el Congreso. La nueva norma no solo busca “democratizar” a los medios a través de un nuevo orden con preeminencia de medios estatales, sino, en forma insólita, reglamenta a la prensa escrita. Para tal efecto, crea un órgano contralor de contenidos, con presencia mayoritaria de miembros del Poder Ejecutivo, el que podrá disciplinar a quienes no se ajusten a criterios informativos gubernamentales. La intención es clara: censurar y controlar.
En Argentina sucedió algo similar con la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa del gobierno fue acabar con normas de la época de la dictadura y con la concentración de medios. Pero en un país con una notable variedad y pluralidad de medios, el impulso de esa legislación tuvo visos de represalia, dándose luego de denuncias periodísticas sobre enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial, valijas repletas de dinero que esquivaron aduanas para acompañar procesos electorales y tras el apoyo editorial de los medios al sector agropecuario en un conflicto con el gobierno.
En todos los casos, como ahora el de Brasil, es preocupante que las leyes de prensa surjan del sector oficialista, dando prioridad a los medios estatales disfrazados de públicos, poco eficientes a la hora de denunciar la corrupción de sus jefes y muy eficaces para amordazar a la oposición. De ahí lo importante del cuidado que han tenido los peruanos, al comprometer en campaña al presidente Ollanta Humala, para que desista de cualquier intento por regular a la prensa en su mandato.
En este contexto, si Dilma Rousseff permite que se imponga la postura del PT sobre la prensa, desperdiciará la gran oportunidad de continuar su cruzada anticorrupción. La prensa libre y desregulada es su mejor aliada para seguir limpiando y mejorar la democracia.
septiembre 14, 2011
Índices de pobreza en EE.UU. y Argentina
Ayer la Oficina del Censo de EE.UU. dio a conocer los más recientes índices de pobreza, revelando que un 15.1 % de la población, es decir 46.2 millones de personas son pobres.
Las cifras son de por sí preocupantes, en especial, por tratarse de un país desarrollado, y siendo que la pobreza creció desde el 2009, cuando se registró un nivel de 14.3 %.
Es obvio que estas cifras repercutirán negativamente contra el presidente Barack Obama, quien por estos días apura al Congreso a sancionar la ley de empleo que pasó él mismo a los legisladores el jueves pasado.
Lo interesante es observar que la Oficina del Censo o tampoco el gobierno, han tratado de distorsionar esas cifras o evitaron darla justo cuando Obama tienen su popularidad a la baja o cuando la Bolsa de Valores está muy sensible y a merced de noticias y percepciones que la pueden hacer variar hacia abajo de inmediato.
Esto viene a colación de lo que sucede en Argentina, donde el gobierno manipula al INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que no ofrezca los índices reales de inflación y de pobreza. Las cifras oficiales son muy distintas y menores a las que ofrecen organismos privados y delatan los medios de comunicación.
Se trata de una metodología corrupta, que el gobierno de Cristina de Kirchner utiliza como mecanismo de propaganda en detrimento del derecho del público a la información y a la verdad que debe siempre emanar de organismos públicos.
Las cifras son de por sí preocupantes, en especial, por tratarse de un país desarrollado, y siendo que la pobreza creció desde el 2009, cuando se registró un nivel de 14.3 %.
Es obvio que estas cifras repercutirán negativamente contra el presidente Barack Obama, quien por estos días apura al Congreso a sancionar la ley de empleo que pasó él mismo a los legisladores el jueves pasado.
Lo interesante es observar que la Oficina del Censo o tampoco el gobierno, han tratado de distorsionar esas cifras o evitaron darla justo cuando Obama tienen su popularidad a la baja o cuando la Bolsa de Valores está muy sensible y a merced de noticias y percepciones que la pueden hacer variar hacia abajo de inmediato.
Esto viene a colación de lo que sucede en Argentina, donde el gobierno manipula al INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que no ofrezca los índices reales de inflación y de pobreza. Las cifras oficiales son muy distintas y menores a las que ofrecen organismos privados y delatan los medios de comunicación.
Se trata de una metodología corrupta, que el gobierno de Cristina de Kirchner utiliza como mecanismo de propaganda en detrimento del derecho del público a la información y a la verdad que debe siempre emanar de organismos públicos.
septiembre 13, 2011
La fuerza de la presión internacional
El humanismo que nació en la segunda parte del Siglo XX derribó las fronteras entre países y minimizó el concepto de “no intervención” tan venerado hasta la Segunda Guerra Mundial, para hacer posible la denuncia y la supervisión de las violaciones a los derechos humanos en cualquier territorio.
Este principio ha hecho que se fortalezcan asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, entre ellas de la libertad de prensa – Amnesty Internacional, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa - para poder “intervenir” en cualquier país y tener así la fortaleza de denunciar actos que puedan estar degradando los derechos humanos o las libertades individuales.
Un ejemplo palpable fue lo que sucedió en estos días en Panamá. Tras una fuerte reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, el diputado oficialista Rubén Frías Ortega del partido Cambio Democrático, decidió retirar un anteproyecto presentado la semana pasada, en el que a expensas de que proponía una escala salarial más digna para los periodistas, volvía a reinstaurar en el país la colegiación obligatoria de periodistas, violando así preceptos sobre libertad de prensa establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que se busquen mecanismos para mejorar la libertad de prensa y la profesión periodística es bueno, pero que para ello se determine que los periodistas que trabajen en Panamá deban ser panameños o que podrían hacerlo solo aquellos que se gradúen de la universidad, es contrario a los principios de libertad de expresión que emanan de tratados internacionales que establecen que cualquier persona puede y tiene capacidad para buscar y difundir información.
Lo que molestó a la SIP es que se trate de imponer esos requisitos a los periodistas en forma obligatoria, una lucha que la organización viene dando desde hace décadas. Por eso calificó al proyecto del diputado de medida “retrógrada” y como “un retroceso para la libertad de prensa y la democracia en ese país”.
Según el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21, dijo que no es la primera vez que tenemos que “salir al cruce de medidas discriminatorias y anti libertad de prensa que parecían haber quedado en el pasado en Panamá”. Así, hizo referencia a otras épocas en que la SIP rechazó otro proyecto de ley que instauraba en 2002 un Consejo Superior de Periodismo, emulando a la Junta Técnica de Periodismo, derogada en diciembre de 1999, que establecía quien podía o no ejercer como periodista.
La Declaración de Chapultepec establece en su artículo 8 que “el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”. Igual concepto se desprende de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.
Una vez más, con la retirada del proyecto, se demostró que “iluminar” y denunciar un hecho a escala internacional como lo hizo la SIP, suela atraer consecuencias positivas.
Este principio ha hecho que se fortalezcan asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, entre ellas de la libertad de prensa – Amnesty Internacional, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa - para poder “intervenir” en cualquier país y tener así la fortaleza de denunciar actos que puedan estar degradando los derechos humanos o las libertades individuales.
Un ejemplo palpable fue lo que sucedió en estos días en Panamá. Tras una fuerte reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, el diputado oficialista Rubén Frías Ortega del partido Cambio Democrático, decidió retirar un anteproyecto presentado la semana pasada, en el que a expensas de que proponía una escala salarial más digna para los periodistas, volvía a reinstaurar en el país la colegiación obligatoria de periodistas, violando así preceptos sobre libertad de prensa establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que se busquen mecanismos para mejorar la libertad de prensa y la profesión periodística es bueno, pero que para ello se determine que los periodistas que trabajen en Panamá deban ser panameños o que podrían hacerlo solo aquellos que se gradúen de la universidad, es contrario a los principios de libertad de expresión que emanan de tratados internacionales que establecen que cualquier persona puede y tiene capacidad para buscar y difundir información.
Lo que molestó a la SIP es que se trate de imponer esos requisitos a los periodistas en forma obligatoria, una lucha que la organización viene dando desde hace décadas. Por eso calificó al proyecto del diputado de medida “retrógrada” y como “un retroceso para la libertad de prensa y la democracia en ese país”.
Según el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21, dijo que no es la primera vez que tenemos que “salir al cruce de medidas discriminatorias y anti libertad de prensa que parecían haber quedado en el pasado en Panamá”. Así, hizo referencia a otras épocas en que la SIP rechazó otro proyecto de ley que instauraba en 2002 un Consejo Superior de Periodismo, emulando a la Junta Técnica de Periodismo, derogada en diciembre de 1999, que establecía quien podía o no ejercer como periodista.
La Declaración de Chapultepec establece en su artículo 8 que “el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”. Igual concepto se desprende de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.
Una vez más, con la retirada del proyecto, se demostró que “iluminar” y denunciar un hecho a escala internacional como lo hizo la SIP, suela atraer consecuencias positivas.
septiembre 12, 2011
Chávez: el internet como arma de propaganda
Hace años que el gobierno de Hugo Chávez está ensañado contra los cibernautas y todo aquel que critique la figura presidencial o su gobierno a través de las redes sociales, las mismas que él denostó en su momento, como el caso de Twitter, y que después abrazó para mostrar su poderío electoral con millones de seguidores.
Pero así como Chávez ha creado polarización en la política con un discurso en el que se criminaliza el disenso, ahora hay una cruzada de cibermilitantes venezolanos, al mismo estilo de quienes defienden a la viuda Cristina Fernández de Kirchner, para atacar y hackear a todos aquellos que critiquen al mandatario.
La excusa es defender a Chávez del cáncer que padece, por las estupidences que se dicen por ahí - muchas de las cuales tienen su origen en falta información oficial de la enfermedad la que se manipula como si se tratara secreto de Estado - aunque si no fuera por eso, seguramente sería por cualquier otra cosa. Lo importante es siempre tener una justificación para "defender" a Chávez, lo que no es otra cosa que "atacar" a cualquiera que piense u opine diferente.
El período electoral que ya está abierto hacia las elecciones del 2012, potencia esta batalla en internet que recién comienza. El problema mayor es que apenas se intensifique - si es que también entra en la pelea el grupo de hackers Anonymous para atacar cuentas de redes sociales y páginas del internet gubernamentales como ha amenazado en semanas recientes - el gobierno tendrá la excusa de aplicar los decretos de Chávez de diciembre pasado, que le permiten intensificar el control del ciberespacio, ya sea filtrando, bloqueando o cerrando sitios.
Lo que se avecina en Venezuela no es bueno para la libertad de expresión.
Esta mañana, en El Nuevo Herald, de Miami y bajo el título "Venezuela: Batalla ideológica se traslada a Twitter y Facebook", el periodista Antonio Maria Delgado, lo describe de la siguiente forma: "El enfrentamiento ideológico en Venezuela se ha volcado hacia la Internet con la aparición de piratas informáticos dispuestos izar la bandera de guerra en el ciberespacio para expresar sus puntos de vista, promover la desobediencia civil y bloquear las cuentas de correo electrónico y de Twitter de sus adversarios".
Pero así como Chávez ha creado polarización en la política con un discurso en el que se criminaliza el disenso, ahora hay una cruzada de cibermilitantes venezolanos, al mismo estilo de quienes defienden a la viuda Cristina Fernández de Kirchner, para atacar y hackear a todos aquellos que critiquen al mandatario.
La excusa es defender a Chávez del cáncer que padece, por las estupidences que se dicen por ahí - muchas de las cuales tienen su origen en falta información oficial de la enfermedad la que se manipula como si se tratara secreto de Estado - aunque si no fuera por eso, seguramente sería por cualquier otra cosa. Lo importante es siempre tener una justificación para "defender" a Chávez, lo que no es otra cosa que "atacar" a cualquiera que piense u opine diferente.
El período electoral que ya está abierto hacia las elecciones del 2012, potencia esta batalla en internet que recién comienza. El problema mayor es que apenas se intensifique - si es que también entra en la pelea el grupo de hackers Anonymous para atacar cuentas de redes sociales y páginas del internet gubernamentales como ha amenazado en semanas recientes - el gobierno tendrá la excusa de aplicar los decretos de Chávez de diciembre pasado, que le permiten intensificar el control del ciberespacio, ya sea filtrando, bloqueando o cerrando sitios.
Lo que se avecina en Venezuela no es bueno para la libertad de expresión.
Esta mañana, en El Nuevo Herald, de Miami y bajo el título "Venezuela: Batalla ideológica se traslada a Twitter y Facebook", el periodista Antonio Maria Delgado, lo describe de la siguiente forma: "El enfrentamiento ideológico en Venezuela se ha volcado hacia la Internet con la aparición de piratas informáticos dispuestos izar la bandera de guerra en el ciberespacio para expresar sus puntos de vista, promover la desobediencia civil y bloquear las cuentas de correo electrónico y de Twitter de sus adversarios".
septiembre 10, 2011
Periodistas narcisistas: Ramos y del Rincón
El Periodismo no es fácil. Bien ejercido demanda mucho desprendimiento ante los hechos que se cubren; es parte de la objetividad que no solamente debe bañar las noticias, sino también la forma de vivir la profesión. Ser testigos y no protagonistas.
Los periodistas tienen no solo el derecho, sino también el deber de centrarse en su primera persona para explicar hechos íntimos que de otra forma no podrían ser experimentados por sus públicos. Y eso es bueno y saludable que se practique.
Lo malo es cuando relatan sus experiencias de cobertura, los dolores que sufren las víctimas de algún hecho, como si por cubrirlas les diera derecho a hablar del dolor y de la tragedia en primera persona, haciendo que su experiencia sea incluso mayor que la tragedia que otros vivieron.
Este es un tipo de periodismo deleznable, narcisista, en el que el periodista en un arrebato de egoísmo se posiciona como protagonista y presuntuosamente centro de atención. Es una tendencia que se da más entre los periodistas de televisión, tal vez porque confunden la popularidad con la que se le reconoce en la calle con la calidad profesional.
En estos días, dos periodistas que respeto por su calidad profesional, cayeron en el narcisismo. Jorge Ramos de Univisión, entrevistado por sus pares y en su columna sobre Setiembre 11, describió sus peripecias para llegar al lugar, oler la tragedia y cubrirla, aunque olió a yo, yo y yo. El otro, de CNN en Español, fue Fernando del Rincón, en programas especiales, entrevistas sobre su experiencia en Japón tras el tsunami, también olió a yo, yo y yo, contando sobre su devastación y dolor.
Una lástima que dos cadenas de noticias respetables permitan que se haga un periodismo arrogante, hedonista y narcisista.
Los periodistas tienen no solo el derecho, sino también el deber de centrarse en su primera persona para explicar hechos íntimos que de otra forma no podrían ser experimentados por sus públicos. Y eso es bueno y saludable que se practique.
Lo malo es cuando relatan sus experiencias de cobertura, los dolores que sufren las víctimas de algún hecho, como si por cubrirlas les diera derecho a hablar del dolor y de la tragedia en primera persona, haciendo que su experiencia sea incluso mayor que la tragedia que otros vivieron.
Este es un tipo de periodismo deleznable, narcisista, en el que el periodista en un arrebato de egoísmo se posiciona como protagonista y presuntuosamente centro de atención. Es una tendencia que se da más entre los periodistas de televisión, tal vez porque confunden la popularidad con la que se le reconoce en la calle con la calidad profesional.
En estos días, dos periodistas que respeto por su calidad profesional, cayeron en el narcisismo. Jorge Ramos de Univisión, entrevistado por sus pares y en su columna sobre Setiembre 11, describió sus peripecias para llegar al lugar, oler la tragedia y cubrirla, aunque olió a yo, yo y yo. El otro, de CNN en Español, fue Fernando del Rincón, en programas especiales, entrevistas sobre su experiencia en Japón tras el tsunami, también olió a yo, yo y yo, contando sobre su devastación y dolor.
Una lástima que dos cadenas de noticias respetables permitan que se haga un periodismo arrogante, hedonista y narcisista.
septiembre 09, 2011
¿Santos qué dirá? ¿Qué hará?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a cuatro funcionarios chavistas de estar complotados con las FARC colombianas desde hace tiempo. Obviamente el gobierno de Hugo Chávez y los propios involucrados salieron al cruce acusando al imperio de querer desestabilizar y preparar el territorio para una invasión y cosas estúpidas parecidas.
Me vienen a la mente de inmediato dos escenarios. Primero, que muchos le darían más credibilidad a esta apreciación o calificación del Departamento del Tesoro, si la información hubiera aparecido como un documento secreto publicado por Wikileaks. Y lo otro, es qué hará con esta información el presidente Juan Manuel Santos, quien ha venido tapando las fechorías del gobierno de Chávez con las FARC, después de que era el principal denunciante mientras era ministro de Defensa del gobierno de Alvaro Uribe.
No creo que Santos pueda tapar el sol con los dedos. El gobierno de Chávez o al menos varios de sus más altos funcionarios están sospechados de ayudar a las FARC con protección, inteligencia, armas y todo tipo de apoyo logístico, incluso antes de que asumiera como presidente en 1999.
¿Santos seguirá pensando que hay que seguir “dando vuelta la página”? ¿Considerará que las FARC ya no habitan más en suelo venezolano? ¿Realmente pensará que Chávez es su “nuevo mejor amigo” después que apoya a las terroristas FARC que matan y secuestran a mansalva a ciudadanos colombianos?
Creo que otro punto a destacar es que al gobierno estadounidense, mientras hace esfuerzos para entablar relaciones diplomáticas con Venezuela, no le tiemble la mano para llamar a las cosas por su nombre. Es bueno que se entienda que la diplomacia no debe servir para extender un manto de inmunidad o de impunidad. Sería bueno que Venezuela, en lugar de proferir insultos, haga realmente una investigación para que se descubra la verdad sobre estos cuatro acusados, cuyo prontuario de apoyo a las FARC quedó establecido en los mails y mensajes que salieron de la computadora de Raúl Reyes tras el bombardeo a las guerrillas colombianas en Ecuador ordenado por Santos. Así, por lo menos, se desprende del informe elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos referente a las decenas de miles de documentos rescatados de aquella computadora de la muerte.
Los funcionarios chavistas acusados son: El general de División Cliver Alcalá, el diputado a la Asamblea Nacional Freddy Bernal, el presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, Amílcar Figueroa, y el oficial de inteligencia, Ramón Madriz. Ellos se unen en esa lista negra al ex ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacón, al jefe del Comando Estratégico Operacional, Henry Rangel Silva, y al director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal
Debido a las acusaciones de suministrar armas y brindar soporte a las operaciones de narcotráfico de la organización guerrillera, el Departamento del Tesoro especifica la prohibición para cualquier estadounidense de realizar transacciones con esos individuos y la congelación de posibles activo que pudieran tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Me vienen a la mente de inmediato dos escenarios. Primero, que muchos le darían más credibilidad a esta apreciación o calificación del Departamento del Tesoro, si la información hubiera aparecido como un documento secreto publicado por Wikileaks. Y lo otro, es qué hará con esta información el presidente Juan Manuel Santos, quien ha venido tapando las fechorías del gobierno de Chávez con las FARC, después de que era el principal denunciante mientras era ministro de Defensa del gobierno de Alvaro Uribe.
No creo que Santos pueda tapar el sol con los dedos. El gobierno de Chávez o al menos varios de sus más altos funcionarios están sospechados de ayudar a las FARC con protección, inteligencia, armas y todo tipo de apoyo logístico, incluso antes de que asumiera como presidente en 1999.
¿Santos seguirá pensando que hay que seguir “dando vuelta la página”? ¿Considerará que las FARC ya no habitan más en suelo venezolano? ¿Realmente pensará que Chávez es su “nuevo mejor amigo” después que apoya a las terroristas FARC que matan y secuestran a mansalva a ciudadanos colombianos?
Creo que otro punto a destacar es que al gobierno estadounidense, mientras hace esfuerzos para entablar relaciones diplomáticas con Venezuela, no le tiemble la mano para llamar a las cosas por su nombre. Es bueno que se entienda que la diplomacia no debe servir para extender un manto de inmunidad o de impunidad. Sería bueno que Venezuela, en lugar de proferir insultos, haga realmente una investigación para que se descubra la verdad sobre estos cuatro acusados, cuyo prontuario de apoyo a las FARC quedó establecido en los mails y mensajes que salieron de la computadora de Raúl Reyes tras el bombardeo a las guerrillas colombianas en Ecuador ordenado por Santos. Así, por lo menos, se desprende del informe elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos referente a las decenas de miles de documentos rescatados de aquella computadora de la muerte.
Los funcionarios chavistas acusados son: El general de División Cliver Alcalá, el diputado a la Asamblea Nacional Freddy Bernal, el presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, Amílcar Figueroa, y el oficial de inteligencia, Ramón Madriz. Ellos se unen en esa lista negra al ex ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacón, al jefe del Comando Estratégico Operacional, Henry Rangel Silva, y al director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal
Debido a las acusaciones de suministrar armas y brindar soporte a las operaciones de narcotráfico de la organización guerrillera, el Departamento del Tesoro especifica la prohibición para cualquier estadounidense de realizar transacciones con esos individuos y la congelación de posibles activo que pudieran tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.
septiembre 07, 2011
Redes sociales: Ser éticos y responsables
Los usuarios de las redes sociales están aprendiendo que no siempre e fácil y placentero compartir información u opinar y que, más bien, esas acciones muchas veces se tornan sinuosas y de alto riesgo.
No me refiero al encarcelamiento de blogueros o la censura impuesta a la comunicación digital en regímenes como China y Cuba, sino a las consecuencias legales y éticas impredecibles que en una democracia pueden tener una simple frase en Twitter o un comentario desafortunado en Facebook.
Antes, esos riesgos solo los asumían los periodistas profesionales, pero ahora también los pueden confrontar los usuarios de internet como sucedió esta semana en Veracruz, México, donde un maestro y una ex funcionaria fueron detenidos y procesados por divulgar rumores en Twitter y Facebook sobre una escuela bajo ataque de narcotraficantes. Aunque pudiera tratarse de una violación a la libertad de expresión, el pánico generado entre padres de familia llevó a una jueza a aplicar la ley sobre el incentivo al terrorismo y el desorden social, delitos penados hasta con 30 años de cárcel.
La misma vara se usó en Guatemala. Un “tuitero” fue acusado en 2009 por generar pánico financiero al pedir a los ahorristas que retiraran el dinero de un banco. La estampida no ocurrió, pero el juez aplicó una ley que penaliza con tres años de cárcel a quien divulgue información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes. Por cargos similares, dos usuarios de Twitter fueron procesados en 2010 en Venezuela y otro, fue acusado de instigar para delinquir contra el presidente Hugo Chávez.
El mayor riesgo es que los usuarios desconocen cuestiones legales básicas o se creen seguros tras la sensación de anonimato que ofrecen las redes sociales. Pero lo cierto es que son consideradas como cualquier medio de comunicación tradicional, tal lo demostraron los jueces en México, Guatemala y Venezuela. Hasta pueden ser fácilmente monitoreadas cuando se cree que sirven para delinquir o para amplificar un insulto.
Las leyes tampoco diferencian entre periodistas e informadores ocasionales o aficionados. Es más, los periodistas gozan de mayores protecciones que un “tuitero” independiente, por cuanto están amparados bajo el secreto profesional, respaldados por empresas periodísticas, y guiados por manuales de estilo, códigos de ética y asesoría legal. Y si aún los profesionales a menudo confrontan juicios y cárcel, es fácil advertir la vulnerabilidad y riegos a los que se exponen los usuarios de redes sociales.
Los gobiernos todavía no arremeten contra ellos en forma directa y prefieren la censura indirecta del internet, obligando, por ejemplo, a compañías de servicios o motores de búsqueda a cortar los servicios como sucedió en Argentina el mes pasado. No obstante, puede que en el futuro usen la legislación para restringir directamente si las nuevas tecnologías mejoran y permiten burlar filtros y controles. En Latinoamérica ya abundan normas restrictivas, como las de desacato en Ecuador que blindan a Rafael Correa y las autoridades de las críticas; los decretos aprobados por Chávez en Venezuela que permiten limitar el uso del internet o como los criterios de los jueces brasileños, proclives a defender el derecho a la intimidad de funcionarios corruptos por sobre principios de libertad de expresión.
Por otra parte, aunque Twitter, Facebook y otras redes sociales han expandido el sentido de comunidad, también son usadas para provocar daño, propalar vulgaridades, rumores, falsedades y para difamar. Por eso, para quienes no tienen esas intenciones y son conscientes sobre el poder de la comunicación, se hace necesario que conozcan y respeten las leyes, sin descuidar los criterios éticos informativos para evitar errores con efectos indeseados. Como el del técnico de fútbol del Palmeiras brasileño, Vanderlei Luxemburgo, quien perdió su trabajo en 2009 por criticar sarcásticamente en Twitter a uno de sus delanteros, después de que desistió de practicar con el equipo.
Los usuarios deben tener en cuenta que las redes sociales son medios de comunicación y su uso conlleva responsabilidades. Deben considerar que hay una línea muy delgada entre libertad de expresión y libertinaje, y que esa diferencia no radica en el hecho en sí mismo, sino en cómo lo describimos y comunicamos.
No me refiero al encarcelamiento de blogueros o la censura impuesta a la comunicación digital en regímenes como China y Cuba, sino a las consecuencias legales y éticas impredecibles que en una democracia pueden tener una simple frase en Twitter o un comentario desafortunado en Facebook.
Antes, esos riesgos solo los asumían los periodistas profesionales, pero ahora también los pueden confrontar los usuarios de internet como sucedió esta semana en Veracruz, México, donde un maestro y una ex funcionaria fueron detenidos y procesados por divulgar rumores en Twitter y Facebook sobre una escuela bajo ataque de narcotraficantes. Aunque pudiera tratarse de una violación a la libertad de expresión, el pánico generado entre padres de familia llevó a una jueza a aplicar la ley sobre el incentivo al terrorismo y el desorden social, delitos penados hasta con 30 años de cárcel.
La misma vara se usó en Guatemala. Un “tuitero” fue acusado en 2009 por generar pánico financiero al pedir a los ahorristas que retiraran el dinero de un banco. La estampida no ocurrió, pero el juez aplicó una ley que penaliza con tres años de cárcel a quien divulgue información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes. Por cargos similares, dos usuarios de Twitter fueron procesados en 2010 en Venezuela y otro, fue acusado de instigar para delinquir contra el presidente Hugo Chávez.
El mayor riesgo es que los usuarios desconocen cuestiones legales básicas o se creen seguros tras la sensación de anonimato que ofrecen las redes sociales. Pero lo cierto es que son consideradas como cualquier medio de comunicación tradicional, tal lo demostraron los jueces en México, Guatemala y Venezuela. Hasta pueden ser fácilmente monitoreadas cuando se cree que sirven para delinquir o para amplificar un insulto.
Las leyes tampoco diferencian entre periodistas e informadores ocasionales o aficionados. Es más, los periodistas gozan de mayores protecciones que un “tuitero” independiente, por cuanto están amparados bajo el secreto profesional, respaldados por empresas periodísticas, y guiados por manuales de estilo, códigos de ética y asesoría legal. Y si aún los profesionales a menudo confrontan juicios y cárcel, es fácil advertir la vulnerabilidad y riegos a los que se exponen los usuarios de redes sociales.
Los gobiernos todavía no arremeten contra ellos en forma directa y prefieren la censura indirecta del internet, obligando, por ejemplo, a compañías de servicios o motores de búsqueda a cortar los servicios como sucedió en Argentina el mes pasado. No obstante, puede que en el futuro usen la legislación para restringir directamente si las nuevas tecnologías mejoran y permiten burlar filtros y controles. En Latinoamérica ya abundan normas restrictivas, como las de desacato en Ecuador que blindan a Rafael Correa y las autoridades de las críticas; los decretos aprobados por Chávez en Venezuela que permiten limitar el uso del internet o como los criterios de los jueces brasileños, proclives a defender el derecho a la intimidad de funcionarios corruptos por sobre principios de libertad de expresión.
Por otra parte, aunque Twitter, Facebook y otras redes sociales han expandido el sentido de comunidad, también son usadas para provocar daño, propalar vulgaridades, rumores, falsedades y para difamar. Por eso, para quienes no tienen esas intenciones y son conscientes sobre el poder de la comunicación, se hace necesario que conozcan y respeten las leyes, sin descuidar los criterios éticos informativos para evitar errores con efectos indeseados. Como el del técnico de fútbol del Palmeiras brasileño, Vanderlei Luxemburgo, quien perdió su trabajo en 2009 por criticar sarcásticamente en Twitter a uno de sus delanteros, después de que desistió de practicar con el equipo.
Los usuarios deben tener en cuenta que las redes sociales son medios de comunicación y su uso conlleva responsabilidades. Deben considerar que hay una línea muy delgada entre libertad de expresión y libertinaje, y que esa diferencia no radica en el hecho en sí mismo, sino en cómo lo describimos y comunicamos.
septiembre 06, 2011
Periodismo argentino a la baja
Periodismo argentino a la baja
El periodismo argentino está atravesando una etapa lamentable, según un sondeo de autopercepción que realizó FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), entre casi mil periodistas, en el que la mayoría revela su descontento por el bajo nivel salarial, la deficiente formación de los profesionales en temas digitales y la falta de rigor periodístico y compromiso ético con la profesión.
El informe demuestra que la actividad periodística en Argentina no ha mejorado comparado décadas anteriores y podría estar deteriorándose, pese a que ganó espacio el periodismo investigativo y existe mayor conciencia sobre la libertad de prensa como sostén de la democracia.
Creo que el resultado de la encuesta no solo es un reflejo de lo que hoy sucede en Argentina, sino también de lo que pasa en toda América Latina.
Este es el extracto del informe que FOPEA dio a conocer hoy.
Casi 1.000 periodistas de todo el país revelaron sus principales preocupaciones y problemas a la hora de ejercer la profesión en un sondeo realizado por la consultora CIO a pedido de FOPEA en junio de 2011. Los resultados expresan una dura autocrítica y los condicionamientos que hoy limitan la libertad de expresión, pero también una visión esperanzadora sobre el futuro del periodismo en la Argentina.
El principal problema que los propios periodistas mencionan es el bajo nivel salarial (47%),lo que obliga a la mitad de los encuestados a tener otro empleo, y 7 de cada 10 considera que su trabajo no está bien remunerado. Sin embargo, sólo el 31% dice estar afiliado a algún gremio de prensa. Sólo cuatro de cada 10 encuestados informaron la existencia de comisiones internas en sus trabajos y ese vacío se da sobre todo en las empresas de regiones del país como el NEA, el NOA, Cuyo y la Patagonia. Por otra parte, el problema del bajo nivel salarial se suma al temor a perder su trabajo.
La segunda preocupación para los periodistas argentinos es la falta de rigor en el ejercicio de la profesión (39%): sólo 3 de cada 10 analizan positivamente el compromiso ético de los periodistas argentinos. El resto lo considera regular, malo o muy malo. Esta tendencia se marca más claramente en los periodistas con mayor experiencia profesional. Como otros datos significativos sobre esta cuestión surge que 7 de cada 10 periodistas refieren que en sus medios no existen códigos de ética; el 91% de los encuestados dice haber conocido conductas antiéticas de sus colegas y apenas el 38% valora de manera positiva el grado de rigurosidad a la hora de informar. Esto influye, sin dudas, en la autopercepción que tienen los periodistas en relación a la credibilidad “media” que creen ostentar por parte de la sociedad.
En tercer lugar en cuanto a preocupaciones (38%) se ubica en la encuesta la dependencia de los medios de la publicidad. Esto explicaría, por ejemplo, porqué el 58% dice que el periodismo argentino está “condicionado”.
En cuanto a la vinculación con el poder político, la encuesta de FOPEA preguntó cómo veían los periodistas la relación del Gobierno nacional con la prensa: el 25% dijo que es muy mala, el 30% mala, el 29% regular y el 12% la consideró en términos positivos (10% buena, 1% muy buena y 1% excelente).
En este plano, el 38% dijo que ellos mismos, sus compañeros o sus jefes han recibido algún mensaje coercitivo, ya sea desde el poder político nacional como del provincial o municipal. Un 36% afirma que eso no ocurrió, aunque un alto porcentaje respondió no saber. Cuando se desagrega qué tipo de funcionarios aparecen como responsables de esas presiones, ocurre un fenómeno que se viene repitiendo en los registros de ataques a la Libertad de Expresión que viene siguiendo el Monitoreo de FOPEA: la mayor cantidad proviene del poder político provincial o municipal, seguidos en tercer término por los funcionarios nacionales. En menor medida aparecen las presiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
En la investigación de campo que realizó FOPEA también se interrogó a los periodistas sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La respuesta más frecuente fue: “contiene puntos que no comparto, pero el cambio propuesto significa una mejora con respecto a la ley anterior” (37%). Esa opción fue seguida por la que defendieron quienes consideran que la LSCA “se trata de un avance sustancial en la democratización de la información” (26%). Las posiciones de rechazo más explícito fueron minoría en este caso.
FOPEA también preguntó acerca de quiénes son los principales referentes que los propios periodistas tienen en su profesión. En el marco de esta lectura autocrítica hay que señalar que la quinta opción más votada fue: “Ninguno”. En cambio, entre quienes sí fueron mencionados, figuran en orden por cantidad de menciones: 1) Jorge Lanata, 2) Nelson Castro, 3) Rodolfo Walsh, 4) Víctor Hugo Morales, 5) Magdalena Ruiz Guiñazú, 6) Horacio Vertbisky, 7) Alfredo Leuco, 8) Joaquín Morales Solá, 9) Ernesto Tenembaum y 10) Eduardo Aliverti.
Otros aspectos relevados
El 86% de los periodistas encuestados consideró su formación profesional insuficiente, y en tal sentido la capacitación en periodismo digital aparece en la cima de las necesidades (45%), seguida por el periodismo de investigación (43%) y el uso de redes sociales con fines periodísticos (33%).
En la evaluación sobre cómo se ve la formación que reciben los estudiantes de periodismo, las respuestas fueron muy críticas: apenas 4 de cada 100 encuestados cree que la educación que hoy se les da a los estudiantes de periodismo se ajusta a las necesidades y las realidades que enfrenta la profesión.
En cuanto a otros aspectos gremiales relevados, 41% de los encuestados afirma que en sus trabajos hay o se está formando una comisión gremial. Entre estos, el 34% está satisfecho con el desempeño de la misma, mientras que más de la mitad (53%) dice que no se están discutiendo temas salariales. El 46% afirma que la comisión discute con la empresa cuestiones laborales, además de las salariales.
“Esta encuesta realizada por la consultora CIO para FOPEA puede servir de simple diagnóstico sobre cómo los profesionales argentinos observan la realidad de su trabajo. Puede ser una certera aproximación a sus problemáticas, sus desafíos y sus deudas pendientes. Puede ser, en definitiva, un punto de partida. Pero mucho más que eso, debería ayudarnos a pensar el periodismo desde una perspectiva integral, donde se comprometan todos los actores que están relacionados con él. A bucear en sus errores para poder corregirlos. Y, de esa manera, construir un mejor periodismo. Para los periodistas, pero sobre todo para la ciudadanía. Esa es la misión de FOPEA”, señaló Gabriel Michi, presidente de FOPEA en su análisis de los resultados.
FOPEA propuso este estudio para conocer la opinión de los periodistas argentinos sobre distintos aspectos de su profesión y del entorno mediato e inmediato dentro del cual la desarrollan. Entre los objetivos, se pretendió identificar la situación actual del periodismo argentino en términos de elementos problemáticos y facilitadores de la actividad; conocer aspectos vinculados a la “ética periodística” que integran el desarrollo de la profesión; conocer la opinión en torno a la “libertad periodística” y “relación con el gobierno”; determinar los grados de satisfacción con la formación y capacitación profesional; identificar expectativas relacionadas al desarrollo de la profesión; identificar a los periodistas que resultan “referentes” de la actividad; definir características laborales: carga horaria; exclusividad; nivel de satisfacción con la remuneración; y determinar existencia y tipo de relación entre los periodistas y las comisiones gremiales en las empresas.
La última encuesta de estas características realizada por FOPEA data de 2005, con muchos menos casos relevados. Los periodistas encuestados pertenecen a diversos medios de comunicación (gráfica, TV, radio e Internet), tanto públicos como privados, de los cuales sólo el 20% está afiliado a FOPEA.
“La posibilidad de que los periodistas puedan realizar un examen introspectivo sobre cuáles son los problemas que atraviese la profesión, los desafíos y las cuentas pendientes que se tiene frente a la ciudadanía, puede servir como instrumento para mejorar la calidad de la prensa en función del rol y el compromiso social que le da razón de ser”, señaló el presidente de Fopea.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados completos del estudio “Clima de la Actividad Periodística de la Argentina” fueron presentados hoy por FOPEA en una reunión realizada en la sede de Poder Ciudadano, y están disponibles en el siguiente link http://bit.ly/nG2Ynr
Allí, también se podrá acceder a una serie de artículos de análisis de socios de FOPEA sobre los temas relevados por la encuesta:
- Gabriel Michi hace un análisis general sobre los resultados desde la perspectiva de FOPEA. http://bit.ly/nqiopo
- Pablo Mendelevich y Claudio Jacquelín se centran en los temas de ética y calidad profesional. http://bit.ly/p9f85K
- Juan Simo y Mariela Arias trabajan con las variables sobre las principales problemáticas del periodismo argentino. http://bit.ly/n9BOTI
- Sandra Crucianelli y Alfredo Torre reflexionan en dos textos sobre el tema de la capacitación y la formación profesional http://bit.ly/nUDsaN y http://bit.ly/nsYMj8
- Armando Vidal y Luis Abregó revisan los resultados sobre los referentes para los periodistas. http://bit.ly/pcNTOa
- Fabio Ladetto y Facundo Pereyra analizan los temas gremiales que surgen de la encuesta. http://bit.ly/rhkHxB
FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA
ESTUDIO “Clima de la Actividad Periodística de la Argentina”
Se realizó un estudio cuantitativo en base a un muestreo integrado por 943 casos. El campo de relevamiento fue nacional, quedando integrado por todas las provincias del Territorio Argentino.
La selección de los contactos fue de tipo aleatorio sistemático a partir de un listado provisto por FOPEA. Los encuestados quedaron protegidos por el anonimato y la confidencialidad, de acuerdo al Código Internacional de Ética para la práctica de Investigación Social y de Mercados.
La información quedó relevada sobre un cuestionario semi-estructurado integrado por 50 preguntas cerradas y abiertas. Su duración osciló entre los 25 y 35 minutos aproximadamente.
Fechas: El relevamiento se realizó entre el 13 de junio y el 1 de julio de 2011.
Programación de cuestionario. El cuestionario, previamente aprobado por el equipo de contraparte, fue digitalizado para poder ser aplicado al formato CAWI. El programa permitió insertar saltos dinámicos para mostrar sólo aquellas preguntas de acuerdo al perfil del entrevistado. Los datos se cargaron directamente sobre una base en servidor con validaciones que guiaron al entrevistado a responder correctamente sin errores de interpretación. Todos los estudios poseen una codificación única por caso que es verificado por la base de datos al ingresar al servidor.
Seguridad. El método CIO Online cuenta con la mayor seguridad respecto de la información suministrada por el encuestado. Los resultados que, a continuación se describen, son propiedad del cliente y CIO se compromete a no revelarlos a terceros salvo expresa aprobación
Estudio 2005. En el presente estudio, se realizan comparaciones con el realizado por FOPEA en el año 2005. Sin embargo, éstas deben tomarse sólo como referencia ya que las diferencias muestrales pueden conducir a errores de interpretación. Las variaciones registradas entre uno y otro pueden estar más relacionadas con peculiaridades muestrales que con cambios de opiniones o comportamientos.
El periodismo argentino está atravesando una etapa lamentable, según un sondeo de autopercepción que realizó FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), entre casi mil periodistas, en el que la mayoría revela su descontento por el bajo nivel salarial, la deficiente formación de los profesionales en temas digitales y la falta de rigor periodístico y compromiso ético con la profesión.
El informe demuestra que la actividad periodística en Argentina no ha mejorado comparado décadas anteriores y podría estar deteriorándose, pese a que ganó espacio el periodismo investigativo y existe mayor conciencia sobre la libertad de prensa como sostén de la democracia.
Creo que el resultado de la encuesta no solo es un reflejo de lo que hoy sucede en Argentina, sino también de lo que pasa en toda América Latina.
Este es el extracto del informe que FOPEA dio a conocer hoy.
Casi 1.000 periodistas de todo el país revelaron sus principales preocupaciones y problemas a la hora de ejercer la profesión en un sondeo realizado por la consultora CIO a pedido de FOPEA en junio de 2011. Los resultados expresan una dura autocrítica y los condicionamientos que hoy limitan la libertad de expresión, pero también una visión esperanzadora sobre el futuro del periodismo en la Argentina.
El principal problema que los propios periodistas mencionan es el bajo nivel salarial (47%),lo que obliga a la mitad de los encuestados a tener otro empleo, y 7 de cada 10 considera que su trabajo no está bien remunerado. Sin embargo, sólo el 31% dice estar afiliado a algún gremio de prensa. Sólo cuatro de cada 10 encuestados informaron la existencia de comisiones internas en sus trabajos y ese vacío se da sobre todo en las empresas de regiones del país como el NEA, el NOA, Cuyo y la Patagonia. Por otra parte, el problema del bajo nivel salarial se suma al temor a perder su trabajo.
La segunda preocupación para los periodistas argentinos es la falta de rigor en el ejercicio de la profesión (39%): sólo 3 de cada 10 analizan positivamente el compromiso ético de los periodistas argentinos. El resto lo considera regular, malo o muy malo. Esta tendencia se marca más claramente en los periodistas con mayor experiencia profesional. Como otros datos significativos sobre esta cuestión surge que 7 de cada 10 periodistas refieren que en sus medios no existen códigos de ética; el 91% de los encuestados dice haber conocido conductas antiéticas de sus colegas y apenas el 38% valora de manera positiva el grado de rigurosidad a la hora de informar. Esto influye, sin dudas, en la autopercepción que tienen los periodistas en relación a la credibilidad “media” que creen ostentar por parte de la sociedad.
En tercer lugar en cuanto a preocupaciones (38%) se ubica en la encuesta la dependencia de los medios de la publicidad. Esto explicaría, por ejemplo, porqué el 58% dice que el periodismo argentino está “condicionado”.
En cuanto a la vinculación con el poder político, la encuesta de FOPEA preguntó cómo veían los periodistas la relación del Gobierno nacional con la prensa: el 25% dijo que es muy mala, el 30% mala, el 29% regular y el 12% la consideró en términos positivos (10% buena, 1% muy buena y 1% excelente).
En este plano, el 38% dijo que ellos mismos, sus compañeros o sus jefes han recibido algún mensaje coercitivo, ya sea desde el poder político nacional como del provincial o municipal. Un 36% afirma que eso no ocurrió, aunque un alto porcentaje respondió no saber. Cuando se desagrega qué tipo de funcionarios aparecen como responsables de esas presiones, ocurre un fenómeno que se viene repitiendo en los registros de ataques a la Libertad de Expresión que viene siguiendo el Monitoreo de FOPEA: la mayor cantidad proviene del poder político provincial o municipal, seguidos en tercer término por los funcionarios nacionales. En menor medida aparecen las presiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
En la investigación de campo que realizó FOPEA también se interrogó a los periodistas sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La respuesta más frecuente fue: “contiene puntos que no comparto, pero el cambio propuesto significa una mejora con respecto a la ley anterior” (37%). Esa opción fue seguida por la que defendieron quienes consideran que la LSCA “se trata de un avance sustancial en la democratización de la información” (26%). Las posiciones de rechazo más explícito fueron minoría en este caso.
FOPEA también preguntó acerca de quiénes son los principales referentes que los propios periodistas tienen en su profesión. En el marco de esta lectura autocrítica hay que señalar que la quinta opción más votada fue: “Ninguno”. En cambio, entre quienes sí fueron mencionados, figuran en orden por cantidad de menciones: 1) Jorge Lanata, 2) Nelson Castro, 3) Rodolfo Walsh, 4) Víctor Hugo Morales, 5) Magdalena Ruiz Guiñazú, 6) Horacio Vertbisky, 7) Alfredo Leuco, 8) Joaquín Morales Solá, 9) Ernesto Tenembaum y 10) Eduardo Aliverti.
Otros aspectos relevados
El 86% de los periodistas encuestados consideró su formación profesional insuficiente, y en tal sentido la capacitación en periodismo digital aparece en la cima de las necesidades (45%), seguida por el periodismo de investigación (43%) y el uso de redes sociales con fines periodísticos (33%).
En la evaluación sobre cómo se ve la formación que reciben los estudiantes de periodismo, las respuestas fueron muy críticas: apenas 4 de cada 100 encuestados cree que la educación que hoy se les da a los estudiantes de periodismo se ajusta a las necesidades y las realidades que enfrenta la profesión.
En cuanto a otros aspectos gremiales relevados, 41% de los encuestados afirma que en sus trabajos hay o se está formando una comisión gremial. Entre estos, el 34% está satisfecho con el desempeño de la misma, mientras que más de la mitad (53%) dice que no se están discutiendo temas salariales. El 46% afirma que la comisión discute con la empresa cuestiones laborales, además de las salariales.
“Esta encuesta realizada por la consultora CIO para FOPEA puede servir de simple diagnóstico sobre cómo los profesionales argentinos observan la realidad de su trabajo. Puede ser una certera aproximación a sus problemáticas, sus desafíos y sus deudas pendientes. Puede ser, en definitiva, un punto de partida. Pero mucho más que eso, debería ayudarnos a pensar el periodismo desde una perspectiva integral, donde se comprometan todos los actores que están relacionados con él. A bucear en sus errores para poder corregirlos. Y, de esa manera, construir un mejor periodismo. Para los periodistas, pero sobre todo para la ciudadanía. Esa es la misión de FOPEA”, señaló Gabriel Michi, presidente de FOPEA en su análisis de los resultados.
FOPEA propuso este estudio para conocer la opinión de los periodistas argentinos sobre distintos aspectos de su profesión y del entorno mediato e inmediato dentro del cual la desarrollan. Entre los objetivos, se pretendió identificar la situación actual del periodismo argentino en términos de elementos problemáticos y facilitadores de la actividad; conocer aspectos vinculados a la “ética periodística” que integran el desarrollo de la profesión; conocer la opinión en torno a la “libertad periodística” y “relación con el gobierno”; determinar los grados de satisfacción con la formación y capacitación profesional; identificar expectativas relacionadas al desarrollo de la profesión; identificar a los periodistas que resultan “referentes” de la actividad; definir características laborales: carga horaria; exclusividad; nivel de satisfacción con la remuneración; y determinar existencia y tipo de relación entre los periodistas y las comisiones gremiales en las empresas.
La última encuesta de estas características realizada por FOPEA data de 2005, con muchos menos casos relevados. Los periodistas encuestados pertenecen a diversos medios de comunicación (gráfica, TV, radio e Internet), tanto públicos como privados, de los cuales sólo el 20% está afiliado a FOPEA.
“La posibilidad de que los periodistas puedan realizar un examen introspectivo sobre cuáles son los problemas que atraviese la profesión, los desafíos y las cuentas pendientes que se tiene frente a la ciudadanía, puede servir como instrumento para mejorar la calidad de la prensa en función del rol y el compromiso social que le da razón de ser”, señaló el presidente de Fopea.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados completos del estudio “Clima de la Actividad Periodística de la Argentina” fueron presentados hoy por FOPEA en una reunión realizada en la sede de Poder Ciudadano, y están disponibles en el siguiente link http://bit.ly/nG2Ynr
Allí, también se podrá acceder a una serie de artículos de análisis de socios de FOPEA sobre los temas relevados por la encuesta:
- Gabriel Michi hace un análisis general sobre los resultados desde la perspectiva de FOPEA. http://bit.ly/nqiopo
- Pablo Mendelevich y Claudio Jacquelín se centran en los temas de ética y calidad profesional. http://bit.ly/p9f85K
- Juan Simo y Mariela Arias trabajan con las variables sobre las principales problemáticas del periodismo argentino. http://bit.ly/n9BOTI
- Sandra Crucianelli y Alfredo Torre reflexionan en dos textos sobre el tema de la capacitación y la formación profesional http://bit.ly/nUDsaN y http://bit.ly/nsYMj8
- Armando Vidal y Luis Abregó revisan los resultados sobre los referentes para los periodistas. http://bit.ly/pcNTOa
- Fabio Ladetto y Facundo Pereyra analizan los temas gremiales que surgen de la encuesta. http://bit.ly/rhkHxB
FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA
ESTUDIO “Clima de la Actividad Periodística de la Argentina”
Se realizó un estudio cuantitativo en base a un muestreo integrado por 943 casos. El campo de relevamiento fue nacional, quedando integrado por todas las provincias del Territorio Argentino.
La selección de los contactos fue de tipo aleatorio sistemático a partir de un listado provisto por FOPEA. Los encuestados quedaron protegidos por el anonimato y la confidencialidad, de acuerdo al Código Internacional de Ética para la práctica de Investigación Social y de Mercados.
La información quedó relevada sobre un cuestionario semi-estructurado integrado por 50 preguntas cerradas y abiertas. Su duración osciló entre los 25 y 35 minutos aproximadamente.
Fechas: El relevamiento se realizó entre el 13 de junio y el 1 de julio de 2011.
Programación de cuestionario. El cuestionario, previamente aprobado por el equipo de contraparte, fue digitalizado para poder ser aplicado al formato CAWI. El programa permitió insertar saltos dinámicos para mostrar sólo aquellas preguntas de acuerdo al perfil del entrevistado. Los datos se cargaron directamente sobre una base en servidor con validaciones que guiaron al entrevistado a responder correctamente sin errores de interpretación. Todos los estudios poseen una codificación única por caso que es verificado por la base de datos al ingresar al servidor.
Seguridad. El método CIO Online cuenta con la mayor seguridad respecto de la información suministrada por el encuestado. Los resultados que, a continuación se describen, son propiedad del cliente y CIO se compromete a no revelarlos a terceros salvo expresa aprobación
Estudio 2005. En el presente estudio, se realizan comparaciones con el realizado por FOPEA en el año 2005. Sin embargo, éstas deben tomarse sólo como referencia ya que las diferencias muestrales pueden conducir a errores de interpretación. Las variaciones registradas entre uno y otro pueden estar más relacionadas con peculiaridades muestrales que con cambios de opiniones o comportamientos.
Correa: libertad de prensa pero con represalias
El presidente Rafael Correa dijo a la agencia oficial del estado Andes, que es ridículo que organismos internacionales de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección de Periodistas o Human Rights Watch digan que en el Ecuador no hay libertad de prensa.
Considera que hay libertad de prensa porque en su país el gobierno no llama a los medios o a los periodistas para censurarlos o porque cualquiera puede decir lo que se le antoja. Incluso recriminó que hasta los extranjeros pueden llegar a Ecuador a criticarlo, en clara referencia al presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, quien en un foro de empresarios en la ciudad de Guayaquil dijo que Correa era intolerante y autoritario.
Lo que Correa no dice es que el gobierno toma represalias – legales y judiciales - contra quienes lo critican, como el caso de varios periodistas a quienes los demandó por cifras millonarias. Uno de ellos, Emilio Palacio, estuvo en nuestra sede de la SIP en Miami la semana pasada, denunciando que está buscando asilo político ante la persecución de la que es víctima en su país.
Las declaraciones de Correa son similares a las del régimen cubano. Ayer, en un comunicado de prensa de la Iglesia Católica cubana se dijo que el gobierno jamás dio orden alguna para que se reprimiera a los disidentes y a las Damas de Blanco en las últimas semanas, quienes fueron brutalmente reprimidas por turbas gubernamentales.
Así como el gobierno de Cuba toma por ingenua a la comunidad internacional, Correa también quiere hacer ver que en su país hay amplia libertad de prensa. La realidad, sin embargo, muestra otra cosa. Son muchos los periodistas y medios que asumen las represalias, y pronto, una nueva Ley de Comunicación irá no solo contra los medios sino contra el derecho de todos los ciudadanos a recibir información.
Considera que hay libertad de prensa porque en su país el gobierno no llama a los medios o a los periodistas para censurarlos o porque cualquiera puede decir lo que se le antoja. Incluso recriminó que hasta los extranjeros pueden llegar a Ecuador a criticarlo, en clara referencia al presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, quien en un foro de empresarios en la ciudad de Guayaquil dijo que Correa era intolerante y autoritario.
Lo que Correa no dice es que el gobierno toma represalias – legales y judiciales - contra quienes lo critican, como el caso de varios periodistas a quienes los demandó por cifras millonarias. Uno de ellos, Emilio Palacio, estuvo en nuestra sede de la SIP en Miami la semana pasada, denunciando que está buscando asilo político ante la persecución de la que es víctima en su país.
Las declaraciones de Correa son similares a las del régimen cubano. Ayer, en un comunicado de prensa de la Iglesia Católica cubana se dijo que el gobierno jamás dio orden alguna para que se reprimiera a los disidentes y a las Damas de Blanco en las últimas semanas, quienes fueron brutalmente reprimidas por turbas gubernamentales.
Así como el gobierno de Cuba toma por ingenua a la comunidad internacional, Correa también quiere hacer ver que en su país hay amplia libertad de prensa. La realidad, sin embargo, muestra otra cosa. Son muchos los periodistas y medios que asumen las represalias, y pronto, una nueva Ley de Comunicación irá no solo contra los medios sino contra el derecho de todos los ciudadanos a recibir información.
septiembre 05, 2011
Cuba y los periodistas extranjeros
La larga lista de corresponsales extranjeros expulsados o sin que se les renueve la visa para trabajar en el régimen de Cuba sigue creciendo.
Bajo la ley que regula el ejercicio de la prensa extranjera, el gobierno tomó la decisión de no renovarle el permiso de trabajo a Mauricio Vicent, corresponsal de los medios españoles, el diario El País y la Cadena Ser, después de 20 años de trabajar en esa calidad.
El gobierno de los hermanos Castro justificó la acción a través del Centro Internacional de Prensa porque Vicent vendría ejerciendo en los últimos tiempos “una imagen parcial y negativa” de la actualidad en la isla.
Sin dudas una excelente forma de justificar legalmente la censura. Esto demuestra que el periodismo extranjero desde la isla siempre está sometido a los designios del poder y es evidencia de que quienes lo ejercen, deben hacerlo con un gran sentido de la autocensura para poder seguir trabajando.
Bajo la ley que regula el ejercicio de la prensa extranjera, el gobierno tomó la decisión de no renovarle el permiso de trabajo a Mauricio Vicent, corresponsal de los medios españoles, el diario El País y la Cadena Ser, después de 20 años de trabajar en esa calidad.
El gobierno de los hermanos Castro justificó la acción a través del Centro Internacional de Prensa porque Vicent vendría ejerciendo en los últimos tiempos “una imagen parcial y negativa” de la actualidad en la isla.
Sin dudas una excelente forma de justificar legalmente la censura. Esto demuestra que el periodismo extranjero desde la isla siempre está sometido a los designios del poder y es evidencia de que quienes lo ejercen, deben hacerlo con un gran sentido de la autocensura para poder seguir trabajando.
septiembre 02, 2011
Universidades y periodistas unidos
Esta es una entrevista que me acaba de hacer la periodista Tania Lara y publicada en el Blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, con sede en la Universidad de Texas, en Austin.
Veintidós universidades debatieron y propusieron soluciones contra la impunidad que prevalece en los ataques a la prensa en América Latina durante la III Conferencia Hemisférica celebrada en Puebla, México.
La conferencia se realizó en México “porque es el país que más lo necesita en este momento”, señaló Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Pero en todo el mundo el avance del crimen organizado y la corrupción están aumentando la violencia contra periodistas como ocurría en otras épocas”, dijo Trotti al blog Periodismo en las Américas del Centro Knight.
Al final del encuentro se redactó la Declaración de Puebla, la cual propone despenalizar los delitos de difamación en los países latinamericanos, que se persigan de oficio los ataques contra periodistas y se agraven las penas si los ataques son cometidos por funcionarios públicos así como crear una unidad especializada para investigar hechos que atenten contra la libertad de expresión.
Después de la Conferencia Hemisférica, el Centro Knight conversó con Ricardo Trotti, del Proyecto Impunidad, sobre los resultados de este encuentro universitario.
¿Por qué prevalece la impunidad en los delitos contra la prensa cometidos en América Latina?
Primero es una falta sustancial de voluntad política. Segundo que no existen las estructuras legales adecuadas para combatir la violencia contra los periodistas y tercero, porque no hay un reclamo público mayor sobre este tipo de delitos. Hay mayor comprensión que años atrás pero todavía no hay una conciencia básica.
¿Por qué los medios de comunicación no han usado su poder de informar al público sobre las amenazas a la prensa?
El público no tiene conciencia de este tema porque los medios están más pendientes de la información y la actualidad, y no han abusado de sus privilegios para establecer lo que les conviene o no. Les ha faltado comunicar que cuando se afecta la libertad de prensa, realmente se afecta al público en general.
¿Habrá financiamiento para implementar las propuestas que se generaron en la Conferencia Hemisférica?
Algunas iniciativas no necesitan financiamiento, sólo voluntad de las universidades para desarrollarlas. Se requiere adecuar lo que las universidades están haciendo ahora mismo y poner sus recursos en función de la promoción de la libertad de prensa.
Además de la Declaración de Puebla, ¿cuál fue el resultado de la Conferencia Hemisférica?
Establecer un compromiso entre las universidades para crear un espacio común de universidades latinoamericanas para ayudar al combate a la violencia contra el periodismo a través de reformas legales, de concientización y el estudio de una reforma curricular donde se incluyan temas legales, jurídicos, así como temas de seguridad en la formación de futuros periodistas.
Veintidós universidades debatieron y propusieron soluciones contra la impunidad que prevalece en los ataques a la prensa en América Latina durante la III Conferencia Hemisférica celebrada en Puebla, México.
La conferencia se realizó en México “porque es el país que más lo necesita en este momento”, señaló Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Pero en todo el mundo el avance del crimen organizado y la corrupción están aumentando la violencia contra periodistas como ocurría en otras épocas”, dijo Trotti al blog Periodismo en las Américas del Centro Knight.
Al final del encuentro se redactó la Declaración de Puebla, la cual propone despenalizar los delitos de difamación en los países latinamericanos, que se persigan de oficio los ataques contra periodistas y se agraven las penas si los ataques son cometidos por funcionarios públicos así como crear una unidad especializada para investigar hechos que atenten contra la libertad de expresión.
Después de la Conferencia Hemisférica, el Centro Knight conversó con Ricardo Trotti, del Proyecto Impunidad, sobre los resultados de este encuentro universitario.
¿Por qué prevalece la impunidad en los delitos contra la prensa cometidos en América Latina?
Primero es una falta sustancial de voluntad política. Segundo que no existen las estructuras legales adecuadas para combatir la violencia contra los periodistas y tercero, porque no hay un reclamo público mayor sobre este tipo de delitos. Hay mayor comprensión que años atrás pero todavía no hay una conciencia básica.
¿Por qué los medios de comunicación no han usado su poder de informar al público sobre las amenazas a la prensa?
El público no tiene conciencia de este tema porque los medios están más pendientes de la información y la actualidad, y no han abusado de sus privilegios para establecer lo que les conviene o no. Les ha faltado comunicar que cuando se afecta la libertad de prensa, realmente se afecta al público en general.
¿Habrá financiamiento para implementar las propuestas que se generaron en la Conferencia Hemisférica?
Algunas iniciativas no necesitan financiamiento, sólo voluntad de las universidades para desarrollarlas. Se requiere adecuar lo que las universidades están haciendo ahora mismo y poner sus recursos en función de la promoción de la libertad de prensa.
Además de la Declaración de Puebla, ¿cuál fue el resultado de la Conferencia Hemisférica?
Establecer un compromiso entre las universidades para crear un espacio común de universidades latinoamericanas para ayudar al combate a la violencia contra el periodismo a través de reformas legales, de concientización y el estudio de una reforma curricular donde se incluyan temas legales, jurídicos, así como temas de seguridad en la formación de futuros periodistas.
septiembre 01, 2011
Semana a la mexicana
De paso por México la semana pasada, experimenté una de esas semanas terroríficas que viven los mexicanos desde hace años, en la que la violencia y el clima de inseguridad dominan su existencia y la agenda pública.
Aquella semana arrancó violenta, con una balacera cercana a un concurrido estadio de fútbol en Torreón, Cohauila, que mostró a los jugadores del Santos y el Morelia huyendo agazapados hacia los vestuarios y a los aficionados parapetándose entre las gradas. Y terminó trágica, con un atentando incendiario contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que perecieron más de 53 inocentes, la mayoría mujeres, asfixiados y atrapados, después que un grupo armado roció las mesas de juego con gasolina.
Y en el medio de la semana, los gobiernos locales y el federal continuaron su pantomima de acusarse por la ineficacia para combatir al narcotráfico, desoyendo a las organizaciones que reclaman cansadas por tantas masacres, secuestros, robos, extorsiones y homicidios que rara vez se resuelven. Es que los mexicanos ya están hastiados de ser víctimas de la violencia, como para también serlo de la impunidad.
Las imágenes dantescas del estadio y el casino arrancaron de la memoria colectiva las escenas recientes de Noruega y las de aquellas masacres en fiestas de quinceañeros en Ciudad Juárez. Demostraron que el ciudadano común es vulnerable y que el terror no solo se sufre en los tugurios y callejones a medianoche, sino en espacios públicos y de esparcimiento a plena luz del día.
El crimen organizado sigue conquistando territorios y sorprendiendo a su antojo, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección. Y ante un gobierno que no resuelve ni administra justicia, muchos vuelcan su frustración e impotencia renovando su devoción por santos como San Benito Abad y el Santo Niño Cautivo, a quienes acuden implorando por más protección y menos impunidad.
Una encuesta reciente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mostró que un 45% de mexicanos cree que la inseguridad ha empeorado con respeto al año anterior y un 53% opina que se agravará en el próximo. Y lo peor, un 80% se siente impotente frente al abuso de autoridad, la corrupción y la impunidad.
El gobierno militarizado de Felipe Calderón da todas las semanas duros golpes a los carteles. Pero sus anuncios en los que muestra frente a cámaras a sicarios y maleantes, son rápidamente neutralizados por nuevas masacres, por el descubrimiento de fosas comunes como las de Tamaulipas y Durango o por la revelación de cifras escalofriantes, como la de 45 taxistas ejecutados en la turística Acapulco.
Por más campañas y propaganda para cambiar la percepción de inseguridad, la realidad es inobjetable. La dicotomía se comprobó esta semana con la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mientras alababa a su colega mexicano por su “lucha heroica” contra el crimen organizado, la ong México Evalúa, revelaba cifras alarmantes en 27 de los 31 estados del país: Durante el sexenio de Calderón, los asesinatos a nivel nacional se incrementaron en un 96% y los secuestros en un 188%.
En lo que sí tiene razón Calderón, es que todos, municipios y estados incluidos, deben sentirse responsables para combatir al crimen organizado, imponiendo leyes severas contra del lavado de dinero, así como depurando a las policías, antros de corrupción.
En ese contexto, nació la propuesta de seguridad nacional de la UNAM, que su rector, José Narro Robles, está “vendiendo” a políticos de todos los rangos y sectores. Sus alcances los explicó ante la Conferencia Hemisférica Universitaria contra la impunidad de la SIP que acabamos de celebrar en Puebla, destacando reformas de políticas públicas, la creación de un registro nacional de víctimas, el combate a la impunidad y la prioridad de la prevención.
Lo interesante de la propuesta y del reclamo de Calderón, es que ya hay conciencia de que a México lo tienen que rescatar entre todos, unidos, y con urgencia. El país ya no es el de antes, y aunque preserva su hospitalidad y belleza, los mariachis tocan de reojo y los conserjes no aconsejan salir después de las 8.
Aquella semana arrancó violenta, con una balacera cercana a un concurrido estadio de fútbol en Torreón, Cohauila, que mostró a los jugadores del Santos y el Morelia huyendo agazapados hacia los vestuarios y a los aficionados parapetándose entre las gradas. Y terminó trágica, con un atentando incendiario contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que perecieron más de 53 inocentes, la mayoría mujeres, asfixiados y atrapados, después que un grupo armado roció las mesas de juego con gasolina.
Y en el medio de la semana, los gobiernos locales y el federal continuaron su pantomima de acusarse por la ineficacia para combatir al narcotráfico, desoyendo a las organizaciones que reclaman cansadas por tantas masacres, secuestros, robos, extorsiones y homicidios que rara vez se resuelven. Es que los mexicanos ya están hastiados de ser víctimas de la violencia, como para también serlo de la impunidad.
Las imágenes dantescas del estadio y el casino arrancaron de la memoria colectiva las escenas recientes de Noruega y las de aquellas masacres en fiestas de quinceañeros en Ciudad Juárez. Demostraron que el ciudadano común es vulnerable y que el terror no solo se sufre en los tugurios y callejones a medianoche, sino en espacios públicos y de esparcimiento a plena luz del día.
El crimen organizado sigue conquistando territorios y sorprendiendo a su antojo, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección. Y ante un gobierno que no resuelve ni administra justicia, muchos vuelcan su frustración e impotencia renovando su devoción por santos como San Benito Abad y el Santo Niño Cautivo, a quienes acuden implorando por más protección y menos impunidad.
Una encuesta reciente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mostró que un 45% de mexicanos cree que la inseguridad ha empeorado con respeto al año anterior y un 53% opina que se agravará en el próximo. Y lo peor, un 80% se siente impotente frente al abuso de autoridad, la corrupción y la impunidad.
El gobierno militarizado de Felipe Calderón da todas las semanas duros golpes a los carteles. Pero sus anuncios en los que muestra frente a cámaras a sicarios y maleantes, son rápidamente neutralizados por nuevas masacres, por el descubrimiento de fosas comunes como las de Tamaulipas y Durango o por la revelación de cifras escalofriantes, como la de 45 taxistas ejecutados en la turística Acapulco.
Por más campañas y propaganda para cambiar la percepción de inseguridad, la realidad es inobjetable. La dicotomía se comprobó esta semana con la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mientras alababa a su colega mexicano por su “lucha heroica” contra el crimen organizado, la ong México Evalúa, revelaba cifras alarmantes en 27 de los 31 estados del país: Durante el sexenio de Calderón, los asesinatos a nivel nacional se incrementaron en un 96% y los secuestros en un 188%.
En lo que sí tiene razón Calderón, es que todos, municipios y estados incluidos, deben sentirse responsables para combatir al crimen organizado, imponiendo leyes severas contra del lavado de dinero, así como depurando a las policías, antros de corrupción.
En ese contexto, nació la propuesta de seguridad nacional de la UNAM, que su rector, José Narro Robles, está “vendiendo” a políticos de todos los rangos y sectores. Sus alcances los explicó ante la Conferencia Hemisférica Universitaria contra la impunidad de la SIP que acabamos de celebrar en Puebla, destacando reformas de políticas públicas, la creación de un registro nacional de víctimas, el combate a la impunidad y la prioridad de la prevención.
Lo interesante de la propuesta y del reclamo de Calderón, es que ya hay conciencia de que a México lo tienen que rescatar entre todos, unidos, y con urgencia. El país ya no es el de antes, y aunque preserva su hospitalidad y belleza, los mariachis tocan de reojo y los conserjes no aconsejan salir después de las 8.
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