El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a cuatro funcionarios chavistas de estar complotados con las FARC colombianas desde hace tiempo. Obviamente el gobierno de Hugo Chávez y los propios involucrados salieron al cruce acusando al imperio de querer desestabilizar y preparar el territorio para una invasión y cosas estúpidas parecidas.
Me vienen a la mente de inmediato dos escenarios. Primero, que muchos le darían más credibilidad a esta apreciación o calificación del Departamento del Tesoro, si la información hubiera aparecido como un documento secreto publicado por Wikileaks. Y lo otro, es qué hará con esta información el presidente Juan Manuel Santos, quien ha venido tapando las fechorías del gobierno de Chávez con las FARC, después de que era el principal denunciante mientras era ministro de Defensa del gobierno de Alvaro Uribe.
No creo que Santos pueda tapar el sol con los dedos. El gobierno de Chávez o al menos varios de sus más altos funcionarios están sospechados de ayudar a las FARC con protección, inteligencia, armas y todo tipo de apoyo logístico, incluso antes de que asumiera como presidente en 1999.
¿Santos seguirá pensando que hay que seguir “dando vuelta la página”? ¿Considerará que las FARC ya no habitan más en suelo venezolano? ¿Realmente pensará que Chávez es su “nuevo mejor amigo” después que apoya a las terroristas FARC que matan y secuestran a mansalva a ciudadanos colombianos?
Creo que otro punto a destacar es que al gobierno estadounidense, mientras hace esfuerzos para entablar relaciones diplomáticas con Venezuela, no le tiemble la mano para llamar a las cosas por su nombre. Es bueno que se entienda que la diplomacia no debe servir para extender un manto de inmunidad o de impunidad. Sería bueno que Venezuela, en lugar de proferir insultos, haga realmente una investigación para que se descubra la verdad sobre estos cuatro acusados, cuyo prontuario de apoyo a las FARC quedó establecido en los mails y mensajes que salieron de la computadora de Raúl Reyes tras el bombardeo a las guerrillas colombianas en Ecuador ordenado por Santos. Así, por lo menos, se desprende del informe elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos referente a las decenas de miles de documentos rescatados de aquella computadora de la muerte.
Los funcionarios chavistas acusados son: El general de División Cliver Alcalá, el diputado a la Asamblea Nacional Freddy Bernal, el presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, Amílcar Figueroa, y el oficial de inteligencia, Ramón Madriz. Ellos se unen en esa lista negra al ex ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacón, al jefe del Comando Estratégico Operacional, Henry Rangel Silva, y al director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal
Debido a las acusaciones de suministrar armas y brindar soporte a las operaciones de narcotráfico de la organización guerrillera, el Departamento del Tesoro especifica la prohibición para cualquier estadounidense de realizar transacciones con esos individuos y la congelación de posibles activo que pudieran tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.
septiembre 09, 2011
septiembre 07, 2011
Redes sociales: Ser éticos y responsables
Los usuarios de las redes sociales están aprendiendo que no siempre e fácil y placentero compartir información u opinar y que, más bien, esas acciones muchas veces se tornan sinuosas y de alto riesgo.
No me refiero al encarcelamiento de blogueros o la censura impuesta a la comunicación digital en regímenes como China y Cuba, sino a las consecuencias legales y éticas impredecibles que en una democracia pueden tener una simple frase en Twitter o un comentario desafortunado en Facebook.
Antes, esos riesgos solo los asumían los periodistas profesionales, pero ahora también los pueden confrontar los usuarios de internet como sucedió esta semana en Veracruz, México, donde un maestro y una ex funcionaria fueron detenidos y procesados por divulgar rumores en Twitter y Facebook sobre una escuela bajo ataque de narcotraficantes. Aunque pudiera tratarse de una violación a la libertad de expresión, el pánico generado entre padres de familia llevó a una jueza a aplicar la ley sobre el incentivo al terrorismo y el desorden social, delitos penados hasta con 30 años de cárcel.
La misma vara se usó en Guatemala. Un “tuitero” fue acusado en 2009 por generar pánico financiero al pedir a los ahorristas que retiraran el dinero de un banco. La estampida no ocurrió, pero el juez aplicó una ley que penaliza con tres años de cárcel a quien divulgue información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes. Por cargos similares, dos usuarios de Twitter fueron procesados en 2010 en Venezuela y otro, fue acusado de instigar para delinquir contra el presidente Hugo Chávez.
El mayor riesgo es que los usuarios desconocen cuestiones legales básicas o se creen seguros tras la sensación de anonimato que ofrecen las redes sociales. Pero lo cierto es que son consideradas como cualquier medio de comunicación tradicional, tal lo demostraron los jueces en México, Guatemala y Venezuela. Hasta pueden ser fácilmente monitoreadas cuando se cree que sirven para delinquir o para amplificar un insulto.
Las leyes tampoco diferencian entre periodistas e informadores ocasionales o aficionados. Es más, los periodistas gozan de mayores protecciones que un “tuitero” independiente, por cuanto están amparados bajo el secreto profesional, respaldados por empresas periodísticas, y guiados por manuales de estilo, códigos de ética y asesoría legal. Y si aún los profesionales a menudo confrontan juicios y cárcel, es fácil advertir la vulnerabilidad y riegos a los que se exponen los usuarios de redes sociales.
Los gobiernos todavía no arremeten contra ellos en forma directa y prefieren la censura indirecta del internet, obligando, por ejemplo, a compañías de servicios o motores de búsqueda a cortar los servicios como sucedió en Argentina el mes pasado. No obstante, puede que en el futuro usen la legislación para restringir directamente si las nuevas tecnologías mejoran y permiten burlar filtros y controles. En Latinoamérica ya abundan normas restrictivas, como las de desacato en Ecuador que blindan a Rafael Correa y las autoridades de las críticas; los decretos aprobados por Chávez en Venezuela que permiten limitar el uso del internet o como los criterios de los jueces brasileños, proclives a defender el derecho a la intimidad de funcionarios corruptos por sobre principios de libertad de expresión.
Por otra parte, aunque Twitter, Facebook y otras redes sociales han expandido el sentido de comunidad, también son usadas para provocar daño, propalar vulgaridades, rumores, falsedades y para difamar. Por eso, para quienes no tienen esas intenciones y son conscientes sobre el poder de la comunicación, se hace necesario que conozcan y respeten las leyes, sin descuidar los criterios éticos informativos para evitar errores con efectos indeseados. Como el del técnico de fútbol del Palmeiras brasileño, Vanderlei Luxemburgo, quien perdió su trabajo en 2009 por criticar sarcásticamente en Twitter a uno de sus delanteros, después de que desistió de practicar con el equipo.
Los usuarios deben tener en cuenta que las redes sociales son medios de comunicación y su uso conlleva responsabilidades. Deben considerar que hay una línea muy delgada entre libertad de expresión y libertinaje, y que esa diferencia no radica en el hecho en sí mismo, sino en cómo lo describimos y comunicamos.
No me refiero al encarcelamiento de blogueros o la censura impuesta a la comunicación digital en regímenes como China y Cuba, sino a las consecuencias legales y éticas impredecibles que en una democracia pueden tener una simple frase en Twitter o un comentario desafortunado en Facebook.
Antes, esos riesgos solo los asumían los periodistas profesionales, pero ahora también los pueden confrontar los usuarios de internet como sucedió esta semana en Veracruz, México, donde un maestro y una ex funcionaria fueron detenidos y procesados por divulgar rumores en Twitter y Facebook sobre una escuela bajo ataque de narcotraficantes. Aunque pudiera tratarse de una violación a la libertad de expresión, el pánico generado entre padres de familia llevó a una jueza a aplicar la ley sobre el incentivo al terrorismo y el desorden social, delitos penados hasta con 30 años de cárcel.
La misma vara se usó en Guatemala. Un “tuitero” fue acusado en 2009 por generar pánico financiero al pedir a los ahorristas que retiraran el dinero de un banco. La estampida no ocurrió, pero el juez aplicó una ley que penaliza con tres años de cárcel a quien divulgue información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes. Por cargos similares, dos usuarios de Twitter fueron procesados en 2010 en Venezuela y otro, fue acusado de instigar para delinquir contra el presidente Hugo Chávez.
El mayor riesgo es que los usuarios desconocen cuestiones legales básicas o se creen seguros tras la sensación de anonimato que ofrecen las redes sociales. Pero lo cierto es que son consideradas como cualquier medio de comunicación tradicional, tal lo demostraron los jueces en México, Guatemala y Venezuela. Hasta pueden ser fácilmente monitoreadas cuando se cree que sirven para delinquir o para amplificar un insulto.
Las leyes tampoco diferencian entre periodistas e informadores ocasionales o aficionados. Es más, los periodistas gozan de mayores protecciones que un “tuitero” independiente, por cuanto están amparados bajo el secreto profesional, respaldados por empresas periodísticas, y guiados por manuales de estilo, códigos de ética y asesoría legal. Y si aún los profesionales a menudo confrontan juicios y cárcel, es fácil advertir la vulnerabilidad y riegos a los que se exponen los usuarios de redes sociales.
Los gobiernos todavía no arremeten contra ellos en forma directa y prefieren la censura indirecta del internet, obligando, por ejemplo, a compañías de servicios o motores de búsqueda a cortar los servicios como sucedió en Argentina el mes pasado. No obstante, puede que en el futuro usen la legislación para restringir directamente si las nuevas tecnologías mejoran y permiten burlar filtros y controles. En Latinoamérica ya abundan normas restrictivas, como las de desacato en Ecuador que blindan a Rafael Correa y las autoridades de las críticas; los decretos aprobados por Chávez en Venezuela que permiten limitar el uso del internet o como los criterios de los jueces brasileños, proclives a defender el derecho a la intimidad de funcionarios corruptos por sobre principios de libertad de expresión.
Por otra parte, aunque Twitter, Facebook y otras redes sociales han expandido el sentido de comunidad, también son usadas para provocar daño, propalar vulgaridades, rumores, falsedades y para difamar. Por eso, para quienes no tienen esas intenciones y son conscientes sobre el poder de la comunicación, se hace necesario que conozcan y respeten las leyes, sin descuidar los criterios éticos informativos para evitar errores con efectos indeseados. Como el del técnico de fútbol del Palmeiras brasileño, Vanderlei Luxemburgo, quien perdió su trabajo en 2009 por criticar sarcásticamente en Twitter a uno de sus delanteros, después de que desistió de practicar con el equipo.
Los usuarios deben tener en cuenta que las redes sociales son medios de comunicación y su uso conlleva responsabilidades. Deben considerar que hay una línea muy delgada entre libertad de expresión y libertinaje, y que esa diferencia no radica en el hecho en sí mismo, sino en cómo lo describimos y comunicamos.
septiembre 06, 2011
Periodismo argentino a la baja
Periodismo argentino a la baja
El periodismo argentino está atravesando una etapa lamentable, según un sondeo de autopercepción que realizó FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), entre casi mil periodistas, en el que la mayoría revela su descontento por el bajo nivel salarial, la deficiente formación de los profesionales en temas digitales y la falta de rigor periodístico y compromiso ético con la profesión.
El informe demuestra que la actividad periodística en Argentina no ha mejorado comparado décadas anteriores y podría estar deteriorándose, pese a que ganó espacio el periodismo investigativo y existe mayor conciencia sobre la libertad de prensa como sostén de la democracia.
Creo que el resultado de la encuesta no solo es un reflejo de lo que hoy sucede en Argentina, sino también de lo que pasa en toda América Latina.
Este es el extracto del informe que FOPEA dio a conocer hoy.
Casi 1.000 periodistas de todo el país revelaron sus principales preocupaciones y problemas a la hora de ejercer la profesión en un sondeo realizado por la consultora CIO a pedido de FOPEA en junio de 2011. Los resultados expresan una dura autocrítica y los condicionamientos que hoy limitan la libertad de expresión, pero también una visión esperanzadora sobre el futuro del periodismo en la Argentina.
El principal problema que los propios periodistas mencionan es el bajo nivel salarial (47%),lo que obliga a la mitad de los encuestados a tener otro empleo, y 7 de cada 10 considera que su trabajo no está bien remunerado. Sin embargo, sólo el 31% dice estar afiliado a algún gremio de prensa. Sólo cuatro de cada 10 encuestados informaron la existencia de comisiones internas en sus trabajos y ese vacío se da sobre todo en las empresas de regiones del país como el NEA, el NOA, Cuyo y la Patagonia. Por otra parte, el problema del bajo nivel salarial se suma al temor a perder su trabajo.
La segunda preocupación para los periodistas argentinos es la falta de rigor en el ejercicio de la profesión (39%): sólo 3 de cada 10 analizan positivamente el compromiso ético de los periodistas argentinos. El resto lo considera regular, malo o muy malo. Esta tendencia se marca más claramente en los periodistas con mayor experiencia profesional. Como otros datos significativos sobre esta cuestión surge que 7 de cada 10 periodistas refieren que en sus medios no existen códigos de ética; el 91% de los encuestados dice haber conocido conductas antiéticas de sus colegas y apenas el 38% valora de manera positiva el grado de rigurosidad a la hora de informar. Esto influye, sin dudas, en la autopercepción que tienen los periodistas en relación a la credibilidad “media” que creen ostentar por parte de la sociedad.
En tercer lugar en cuanto a preocupaciones (38%) se ubica en la encuesta la dependencia de los medios de la publicidad. Esto explicaría, por ejemplo, porqué el 58% dice que el periodismo argentino está “condicionado”.
En cuanto a la vinculación con el poder político, la encuesta de FOPEA preguntó cómo veían los periodistas la relación del Gobierno nacional con la prensa: el 25% dijo que es muy mala, el 30% mala, el 29% regular y el 12% la consideró en términos positivos (10% buena, 1% muy buena y 1% excelente).
En este plano, el 38% dijo que ellos mismos, sus compañeros o sus jefes han recibido algún mensaje coercitivo, ya sea desde el poder político nacional como del provincial o municipal. Un 36% afirma que eso no ocurrió, aunque un alto porcentaje respondió no saber. Cuando se desagrega qué tipo de funcionarios aparecen como responsables de esas presiones, ocurre un fenómeno que se viene repitiendo en los registros de ataques a la Libertad de Expresión que viene siguiendo el Monitoreo de FOPEA: la mayor cantidad proviene del poder político provincial o municipal, seguidos en tercer término por los funcionarios nacionales. En menor medida aparecen las presiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
En la investigación de campo que realizó FOPEA también se interrogó a los periodistas sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La respuesta más frecuente fue: “contiene puntos que no comparto, pero el cambio propuesto significa una mejora con respecto a la ley anterior” (37%). Esa opción fue seguida por la que defendieron quienes consideran que la LSCA “se trata de un avance sustancial en la democratización de la información” (26%). Las posiciones de rechazo más explícito fueron minoría en este caso.
FOPEA también preguntó acerca de quiénes son los principales referentes que los propios periodistas tienen en su profesión. En el marco de esta lectura autocrítica hay que señalar que la quinta opción más votada fue: “Ninguno”. En cambio, entre quienes sí fueron mencionados, figuran en orden por cantidad de menciones: 1) Jorge Lanata, 2) Nelson Castro, 3) Rodolfo Walsh, 4) Víctor Hugo Morales, 5) Magdalena Ruiz Guiñazú, 6) Horacio Vertbisky, 7) Alfredo Leuco, 8) Joaquín Morales Solá, 9) Ernesto Tenembaum y 10) Eduardo Aliverti.
Otros aspectos relevados
El 86% de los periodistas encuestados consideró su formación profesional insuficiente, y en tal sentido la capacitación en periodismo digital aparece en la cima de las necesidades (45%), seguida por el periodismo de investigación (43%) y el uso de redes sociales con fines periodísticos (33%).
En la evaluación sobre cómo se ve la formación que reciben los estudiantes de periodismo, las respuestas fueron muy críticas: apenas 4 de cada 100 encuestados cree que la educación que hoy se les da a los estudiantes de periodismo se ajusta a las necesidades y las realidades que enfrenta la profesión.
En cuanto a otros aspectos gremiales relevados, 41% de los encuestados afirma que en sus trabajos hay o se está formando una comisión gremial. Entre estos, el 34% está satisfecho con el desempeño de la misma, mientras que más de la mitad (53%) dice que no se están discutiendo temas salariales. El 46% afirma que la comisión discute con la empresa cuestiones laborales, además de las salariales.
“Esta encuesta realizada por la consultora CIO para FOPEA puede servir de simple diagnóstico sobre cómo los profesionales argentinos observan la realidad de su trabajo. Puede ser una certera aproximación a sus problemáticas, sus desafíos y sus deudas pendientes. Puede ser, en definitiva, un punto de partida. Pero mucho más que eso, debería ayudarnos a pensar el periodismo desde una perspectiva integral, donde se comprometan todos los actores que están relacionados con él. A bucear en sus errores para poder corregirlos. Y, de esa manera, construir un mejor periodismo. Para los periodistas, pero sobre todo para la ciudadanía. Esa es la misión de FOPEA”, señaló Gabriel Michi, presidente de FOPEA en su análisis de los resultados.
FOPEA propuso este estudio para conocer la opinión de los periodistas argentinos sobre distintos aspectos de su profesión y del entorno mediato e inmediato dentro del cual la desarrollan. Entre los objetivos, se pretendió identificar la situación actual del periodismo argentino en términos de elementos problemáticos y facilitadores de la actividad; conocer aspectos vinculados a la “ética periodística” que integran el desarrollo de la profesión; conocer la opinión en torno a la “libertad periodística” y “relación con el gobierno”; determinar los grados de satisfacción con la formación y capacitación profesional; identificar expectativas relacionadas al desarrollo de la profesión; identificar a los periodistas que resultan “referentes” de la actividad; definir características laborales: carga horaria; exclusividad; nivel de satisfacción con la remuneración; y determinar existencia y tipo de relación entre los periodistas y las comisiones gremiales en las empresas.
La última encuesta de estas características realizada por FOPEA data de 2005, con muchos menos casos relevados. Los periodistas encuestados pertenecen a diversos medios de comunicación (gráfica, TV, radio e Internet), tanto públicos como privados, de los cuales sólo el 20% está afiliado a FOPEA.
“La posibilidad de que los periodistas puedan realizar un examen introspectivo sobre cuáles son los problemas que atraviese la profesión, los desafíos y las cuentas pendientes que se tiene frente a la ciudadanía, puede servir como instrumento para mejorar la calidad de la prensa en función del rol y el compromiso social que le da razón de ser”, señaló el presidente de Fopea.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados completos del estudio “Clima de la Actividad Periodística de la Argentina” fueron presentados hoy por FOPEA en una reunión realizada en la sede de Poder Ciudadano, y están disponibles en el siguiente link http://bit.ly/nG2Ynr
Allí, también se podrá acceder a una serie de artículos de análisis de socios de FOPEA sobre los temas relevados por la encuesta:
- Gabriel Michi hace un análisis general sobre los resultados desde la perspectiva de FOPEA. http://bit.ly/nqiopo
- Pablo Mendelevich y Claudio Jacquelín se centran en los temas de ética y calidad profesional. http://bit.ly/p9f85K
- Juan Simo y Mariela Arias trabajan con las variables sobre las principales problemáticas del periodismo argentino. http://bit.ly/n9BOTI
- Sandra Crucianelli y Alfredo Torre reflexionan en dos textos sobre el tema de la capacitación y la formación profesional http://bit.ly/nUDsaN y http://bit.ly/nsYMj8
- Armando Vidal y Luis Abregó revisan los resultados sobre los referentes para los periodistas. http://bit.ly/pcNTOa
- Fabio Ladetto y Facundo Pereyra analizan los temas gremiales que surgen de la encuesta. http://bit.ly/rhkHxB
FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA
ESTUDIO “Clima de la Actividad Periodística de la Argentina”
Se realizó un estudio cuantitativo en base a un muestreo integrado por 943 casos. El campo de relevamiento fue nacional, quedando integrado por todas las provincias del Territorio Argentino.
La selección de los contactos fue de tipo aleatorio sistemático a partir de un listado provisto por FOPEA. Los encuestados quedaron protegidos por el anonimato y la confidencialidad, de acuerdo al Código Internacional de Ética para la práctica de Investigación Social y de Mercados.
La información quedó relevada sobre un cuestionario semi-estructurado integrado por 50 preguntas cerradas y abiertas. Su duración osciló entre los 25 y 35 minutos aproximadamente.
Fechas: El relevamiento se realizó entre el 13 de junio y el 1 de julio de 2011.
Programación de cuestionario. El cuestionario, previamente aprobado por el equipo de contraparte, fue digitalizado para poder ser aplicado al formato CAWI. El programa permitió insertar saltos dinámicos para mostrar sólo aquellas preguntas de acuerdo al perfil del entrevistado. Los datos se cargaron directamente sobre una base en servidor con validaciones que guiaron al entrevistado a responder correctamente sin errores de interpretación. Todos los estudios poseen una codificación única por caso que es verificado por la base de datos al ingresar al servidor.
Seguridad. El método CIO Online cuenta con la mayor seguridad respecto de la información suministrada por el encuestado. Los resultados que, a continuación se describen, son propiedad del cliente y CIO se compromete a no revelarlos a terceros salvo expresa aprobación
Estudio 2005. En el presente estudio, se realizan comparaciones con el realizado por FOPEA en el año 2005. Sin embargo, éstas deben tomarse sólo como referencia ya que las diferencias muestrales pueden conducir a errores de interpretación. Las variaciones registradas entre uno y otro pueden estar más relacionadas con peculiaridades muestrales que con cambios de opiniones o comportamientos.
El periodismo argentino está atravesando una etapa lamentable, según un sondeo de autopercepción que realizó FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), entre casi mil periodistas, en el que la mayoría revela su descontento por el bajo nivel salarial, la deficiente formación de los profesionales en temas digitales y la falta de rigor periodístico y compromiso ético con la profesión.
El informe demuestra que la actividad periodística en Argentina no ha mejorado comparado décadas anteriores y podría estar deteriorándose, pese a que ganó espacio el periodismo investigativo y existe mayor conciencia sobre la libertad de prensa como sostén de la democracia.
Creo que el resultado de la encuesta no solo es un reflejo de lo que hoy sucede en Argentina, sino también de lo que pasa en toda América Latina.
Este es el extracto del informe que FOPEA dio a conocer hoy.
Casi 1.000 periodistas de todo el país revelaron sus principales preocupaciones y problemas a la hora de ejercer la profesión en un sondeo realizado por la consultora CIO a pedido de FOPEA en junio de 2011. Los resultados expresan una dura autocrítica y los condicionamientos que hoy limitan la libertad de expresión, pero también una visión esperanzadora sobre el futuro del periodismo en la Argentina.
El principal problema que los propios periodistas mencionan es el bajo nivel salarial (47%),lo que obliga a la mitad de los encuestados a tener otro empleo, y 7 de cada 10 considera que su trabajo no está bien remunerado. Sin embargo, sólo el 31% dice estar afiliado a algún gremio de prensa. Sólo cuatro de cada 10 encuestados informaron la existencia de comisiones internas en sus trabajos y ese vacío se da sobre todo en las empresas de regiones del país como el NEA, el NOA, Cuyo y la Patagonia. Por otra parte, el problema del bajo nivel salarial se suma al temor a perder su trabajo.
La segunda preocupación para los periodistas argentinos es la falta de rigor en el ejercicio de la profesión (39%): sólo 3 de cada 10 analizan positivamente el compromiso ético de los periodistas argentinos. El resto lo considera regular, malo o muy malo. Esta tendencia se marca más claramente en los periodistas con mayor experiencia profesional. Como otros datos significativos sobre esta cuestión surge que 7 de cada 10 periodistas refieren que en sus medios no existen códigos de ética; el 91% de los encuestados dice haber conocido conductas antiéticas de sus colegas y apenas el 38% valora de manera positiva el grado de rigurosidad a la hora de informar. Esto influye, sin dudas, en la autopercepción que tienen los periodistas en relación a la credibilidad “media” que creen ostentar por parte de la sociedad.
En tercer lugar en cuanto a preocupaciones (38%) se ubica en la encuesta la dependencia de los medios de la publicidad. Esto explicaría, por ejemplo, porqué el 58% dice que el periodismo argentino está “condicionado”.
En cuanto a la vinculación con el poder político, la encuesta de FOPEA preguntó cómo veían los periodistas la relación del Gobierno nacional con la prensa: el 25% dijo que es muy mala, el 30% mala, el 29% regular y el 12% la consideró en términos positivos (10% buena, 1% muy buena y 1% excelente).
En este plano, el 38% dijo que ellos mismos, sus compañeros o sus jefes han recibido algún mensaje coercitivo, ya sea desde el poder político nacional como del provincial o municipal. Un 36% afirma que eso no ocurrió, aunque un alto porcentaje respondió no saber. Cuando se desagrega qué tipo de funcionarios aparecen como responsables de esas presiones, ocurre un fenómeno que se viene repitiendo en los registros de ataques a la Libertad de Expresión que viene siguiendo el Monitoreo de FOPEA: la mayor cantidad proviene del poder político provincial o municipal, seguidos en tercer término por los funcionarios nacionales. En menor medida aparecen las presiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
En la investigación de campo que realizó FOPEA también se interrogó a los periodistas sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La respuesta más frecuente fue: “contiene puntos que no comparto, pero el cambio propuesto significa una mejora con respecto a la ley anterior” (37%). Esa opción fue seguida por la que defendieron quienes consideran que la LSCA “se trata de un avance sustancial en la democratización de la información” (26%). Las posiciones de rechazo más explícito fueron minoría en este caso.
FOPEA también preguntó acerca de quiénes son los principales referentes que los propios periodistas tienen en su profesión. En el marco de esta lectura autocrítica hay que señalar que la quinta opción más votada fue: “Ninguno”. En cambio, entre quienes sí fueron mencionados, figuran en orden por cantidad de menciones: 1) Jorge Lanata, 2) Nelson Castro, 3) Rodolfo Walsh, 4) Víctor Hugo Morales, 5) Magdalena Ruiz Guiñazú, 6) Horacio Vertbisky, 7) Alfredo Leuco, 8) Joaquín Morales Solá, 9) Ernesto Tenembaum y 10) Eduardo Aliverti.
Otros aspectos relevados
El 86% de los periodistas encuestados consideró su formación profesional insuficiente, y en tal sentido la capacitación en periodismo digital aparece en la cima de las necesidades (45%), seguida por el periodismo de investigación (43%) y el uso de redes sociales con fines periodísticos (33%).
En la evaluación sobre cómo se ve la formación que reciben los estudiantes de periodismo, las respuestas fueron muy críticas: apenas 4 de cada 100 encuestados cree que la educación que hoy se les da a los estudiantes de periodismo se ajusta a las necesidades y las realidades que enfrenta la profesión.
En cuanto a otros aspectos gremiales relevados, 41% de los encuestados afirma que en sus trabajos hay o se está formando una comisión gremial. Entre estos, el 34% está satisfecho con el desempeño de la misma, mientras que más de la mitad (53%) dice que no se están discutiendo temas salariales. El 46% afirma que la comisión discute con la empresa cuestiones laborales, además de las salariales.
“Esta encuesta realizada por la consultora CIO para FOPEA puede servir de simple diagnóstico sobre cómo los profesionales argentinos observan la realidad de su trabajo. Puede ser una certera aproximación a sus problemáticas, sus desafíos y sus deudas pendientes. Puede ser, en definitiva, un punto de partida. Pero mucho más que eso, debería ayudarnos a pensar el periodismo desde una perspectiva integral, donde se comprometan todos los actores que están relacionados con él. A bucear en sus errores para poder corregirlos. Y, de esa manera, construir un mejor periodismo. Para los periodistas, pero sobre todo para la ciudadanía. Esa es la misión de FOPEA”, señaló Gabriel Michi, presidente de FOPEA en su análisis de los resultados.
FOPEA propuso este estudio para conocer la opinión de los periodistas argentinos sobre distintos aspectos de su profesión y del entorno mediato e inmediato dentro del cual la desarrollan. Entre los objetivos, se pretendió identificar la situación actual del periodismo argentino en términos de elementos problemáticos y facilitadores de la actividad; conocer aspectos vinculados a la “ética periodística” que integran el desarrollo de la profesión; conocer la opinión en torno a la “libertad periodística” y “relación con el gobierno”; determinar los grados de satisfacción con la formación y capacitación profesional; identificar expectativas relacionadas al desarrollo de la profesión; identificar a los periodistas que resultan “referentes” de la actividad; definir características laborales: carga horaria; exclusividad; nivel de satisfacción con la remuneración; y determinar existencia y tipo de relación entre los periodistas y las comisiones gremiales en las empresas.
La última encuesta de estas características realizada por FOPEA data de 2005, con muchos menos casos relevados. Los periodistas encuestados pertenecen a diversos medios de comunicación (gráfica, TV, radio e Internet), tanto públicos como privados, de los cuales sólo el 20% está afiliado a FOPEA.
“La posibilidad de que los periodistas puedan realizar un examen introspectivo sobre cuáles son los problemas que atraviese la profesión, los desafíos y las cuentas pendientes que se tiene frente a la ciudadanía, puede servir como instrumento para mejorar la calidad de la prensa en función del rol y el compromiso social que le da razón de ser”, señaló el presidente de Fopea.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados completos del estudio “Clima de la Actividad Periodística de la Argentina” fueron presentados hoy por FOPEA en una reunión realizada en la sede de Poder Ciudadano, y están disponibles en el siguiente link http://bit.ly/nG2Ynr
Allí, también se podrá acceder a una serie de artículos de análisis de socios de FOPEA sobre los temas relevados por la encuesta:
- Gabriel Michi hace un análisis general sobre los resultados desde la perspectiva de FOPEA. http://bit.ly/nqiopo
- Pablo Mendelevich y Claudio Jacquelín se centran en los temas de ética y calidad profesional. http://bit.ly/p9f85K
- Juan Simo y Mariela Arias trabajan con las variables sobre las principales problemáticas del periodismo argentino. http://bit.ly/n9BOTI
- Sandra Crucianelli y Alfredo Torre reflexionan en dos textos sobre el tema de la capacitación y la formación profesional http://bit.ly/nUDsaN y http://bit.ly/nsYMj8
- Armando Vidal y Luis Abregó revisan los resultados sobre los referentes para los periodistas. http://bit.ly/pcNTOa
- Fabio Ladetto y Facundo Pereyra analizan los temas gremiales que surgen de la encuesta. http://bit.ly/rhkHxB
FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA
ESTUDIO “Clima de la Actividad Periodística de la Argentina”
Se realizó un estudio cuantitativo en base a un muestreo integrado por 943 casos. El campo de relevamiento fue nacional, quedando integrado por todas las provincias del Territorio Argentino.
La selección de los contactos fue de tipo aleatorio sistemático a partir de un listado provisto por FOPEA. Los encuestados quedaron protegidos por el anonimato y la confidencialidad, de acuerdo al Código Internacional de Ética para la práctica de Investigación Social y de Mercados.
La información quedó relevada sobre un cuestionario semi-estructurado integrado por 50 preguntas cerradas y abiertas. Su duración osciló entre los 25 y 35 minutos aproximadamente.
Fechas: El relevamiento se realizó entre el 13 de junio y el 1 de julio de 2011.
Programación de cuestionario. El cuestionario, previamente aprobado por el equipo de contraparte, fue digitalizado para poder ser aplicado al formato CAWI. El programa permitió insertar saltos dinámicos para mostrar sólo aquellas preguntas de acuerdo al perfil del entrevistado. Los datos se cargaron directamente sobre una base en servidor con validaciones que guiaron al entrevistado a responder correctamente sin errores de interpretación. Todos los estudios poseen una codificación única por caso que es verificado por la base de datos al ingresar al servidor.
Seguridad. El método CIO Online cuenta con la mayor seguridad respecto de la información suministrada por el encuestado. Los resultados que, a continuación se describen, son propiedad del cliente y CIO se compromete a no revelarlos a terceros salvo expresa aprobación
Estudio 2005. En el presente estudio, se realizan comparaciones con el realizado por FOPEA en el año 2005. Sin embargo, éstas deben tomarse sólo como referencia ya que las diferencias muestrales pueden conducir a errores de interpretación. Las variaciones registradas entre uno y otro pueden estar más relacionadas con peculiaridades muestrales que con cambios de opiniones o comportamientos.
Correa: libertad de prensa pero con represalias
El presidente Rafael Correa dijo a la agencia oficial del estado Andes, que es ridículo que organismos internacionales de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección de Periodistas o Human Rights Watch digan que en el Ecuador no hay libertad de prensa.
Considera que hay libertad de prensa porque en su país el gobierno no llama a los medios o a los periodistas para censurarlos o porque cualquiera puede decir lo que se le antoja. Incluso recriminó que hasta los extranjeros pueden llegar a Ecuador a criticarlo, en clara referencia al presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, quien en un foro de empresarios en la ciudad de Guayaquil dijo que Correa era intolerante y autoritario.
Lo que Correa no dice es que el gobierno toma represalias – legales y judiciales - contra quienes lo critican, como el caso de varios periodistas a quienes los demandó por cifras millonarias. Uno de ellos, Emilio Palacio, estuvo en nuestra sede de la SIP en Miami la semana pasada, denunciando que está buscando asilo político ante la persecución de la que es víctima en su país.
Las declaraciones de Correa son similares a las del régimen cubano. Ayer, en un comunicado de prensa de la Iglesia Católica cubana se dijo que el gobierno jamás dio orden alguna para que se reprimiera a los disidentes y a las Damas de Blanco en las últimas semanas, quienes fueron brutalmente reprimidas por turbas gubernamentales.
Así como el gobierno de Cuba toma por ingenua a la comunidad internacional, Correa también quiere hacer ver que en su país hay amplia libertad de prensa. La realidad, sin embargo, muestra otra cosa. Son muchos los periodistas y medios que asumen las represalias, y pronto, una nueva Ley de Comunicación irá no solo contra los medios sino contra el derecho de todos los ciudadanos a recibir información.
Considera que hay libertad de prensa porque en su país el gobierno no llama a los medios o a los periodistas para censurarlos o porque cualquiera puede decir lo que se le antoja. Incluso recriminó que hasta los extranjeros pueden llegar a Ecuador a criticarlo, en clara referencia al presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, quien en un foro de empresarios en la ciudad de Guayaquil dijo que Correa era intolerante y autoritario.
Lo que Correa no dice es que el gobierno toma represalias – legales y judiciales - contra quienes lo critican, como el caso de varios periodistas a quienes los demandó por cifras millonarias. Uno de ellos, Emilio Palacio, estuvo en nuestra sede de la SIP en Miami la semana pasada, denunciando que está buscando asilo político ante la persecución de la que es víctima en su país.
Las declaraciones de Correa son similares a las del régimen cubano. Ayer, en un comunicado de prensa de la Iglesia Católica cubana se dijo que el gobierno jamás dio orden alguna para que se reprimiera a los disidentes y a las Damas de Blanco en las últimas semanas, quienes fueron brutalmente reprimidas por turbas gubernamentales.
Así como el gobierno de Cuba toma por ingenua a la comunidad internacional, Correa también quiere hacer ver que en su país hay amplia libertad de prensa. La realidad, sin embargo, muestra otra cosa. Son muchos los periodistas y medios que asumen las represalias, y pronto, una nueva Ley de Comunicación irá no solo contra los medios sino contra el derecho de todos los ciudadanos a recibir información.
septiembre 05, 2011
Cuba y los periodistas extranjeros
La larga lista de corresponsales extranjeros expulsados o sin que se les renueve la visa para trabajar en el régimen de Cuba sigue creciendo.
Bajo la ley que regula el ejercicio de la prensa extranjera, el gobierno tomó la decisión de no renovarle el permiso de trabajo a Mauricio Vicent, corresponsal de los medios españoles, el diario El País y la Cadena Ser, después de 20 años de trabajar en esa calidad.
El gobierno de los hermanos Castro justificó la acción a través del Centro Internacional de Prensa porque Vicent vendría ejerciendo en los últimos tiempos “una imagen parcial y negativa” de la actualidad en la isla.
Sin dudas una excelente forma de justificar legalmente la censura. Esto demuestra que el periodismo extranjero desde la isla siempre está sometido a los designios del poder y es evidencia de que quienes lo ejercen, deben hacerlo con un gran sentido de la autocensura para poder seguir trabajando.
Bajo la ley que regula el ejercicio de la prensa extranjera, el gobierno tomó la decisión de no renovarle el permiso de trabajo a Mauricio Vicent, corresponsal de los medios españoles, el diario El País y la Cadena Ser, después de 20 años de trabajar en esa calidad.
El gobierno de los hermanos Castro justificó la acción a través del Centro Internacional de Prensa porque Vicent vendría ejerciendo en los últimos tiempos “una imagen parcial y negativa” de la actualidad en la isla.
Sin dudas una excelente forma de justificar legalmente la censura. Esto demuestra que el periodismo extranjero desde la isla siempre está sometido a los designios del poder y es evidencia de que quienes lo ejercen, deben hacerlo con un gran sentido de la autocensura para poder seguir trabajando.
septiembre 02, 2011
Universidades y periodistas unidos
Esta es una entrevista que me acaba de hacer la periodista Tania Lara y publicada en el Blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, con sede en la Universidad de Texas, en Austin.
Veintidós universidades debatieron y propusieron soluciones contra la impunidad que prevalece en los ataques a la prensa en América Latina durante la III Conferencia Hemisférica celebrada en Puebla, México.
La conferencia se realizó en México “porque es el país que más lo necesita en este momento”, señaló Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Pero en todo el mundo el avance del crimen organizado y la corrupción están aumentando la violencia contra periodistas como ocurría en otras épocas”, dijo Trotti al blog Periodismo en las Américas del Centro Knight.
Al final del encuentro se redactó la Declaración de Puebla, la cual propone despenalizar los delitos de difamación en los países latinamericanos, que se persigan de oficio los ataques contra periodistas y se agraven las penas si los ataques son cometidos por funcionarios públicos así como crear una unidad especializada para investigar hechos que atenten contra la libertad de expresión.
Después de la Conferencia Hemisférica, el Centro Knight conversó con Ricardo Trotti, del Proyecto Impunidad, sobre los resultados de este encuentro universitario.
¿Por qué prevalece la impunidad en los delitos contra la prensa cometidos en América Latina?
Primero es una falta sustancial de voluntad política. Segundo que no existen las estructuras legales adecuadas para combatir la violencia contra los periodistas y tercero, porque no hay un reclamo público mayor sobre este tipo de delitos. Hay mayor comprensión que años atrás pero todavía no hay una conciencia básica.
¿Por qué los medios de comunicación no han usado su poder de informar al público sobre las amenazas a la prensa?
El público no tiene conciencia de este tema porque los medios están más pendientes de la información y la actualidad, y no han abusado de sus privilegios para establecer lo que les conviene o no. Les ha faltado comunicar que cuando se afecta la libertad de prensa, realmente se afecta al público en general.
¿Habrá financiamiento para implementar las propuestas que se generaron en la Conferencia Hemisférica?
Algunas iniciativas no necesitan financiamiento, sólo voluntad de las universidades para desarrollarlas. Se requiere adecuar lo que las universidades están haciendo ahora mismo y poner sus recursos en función de la promoción de la libertad de prensa.
Además de la Declaración de Puebla, ¿cuál fue el resultado de la Conferencia Hemisférica?
Establecer un compromiso entre las universidades para crear un espacio común de universidades latinoamericanas para ayudar al combate a la violencia contra el periodismo a través de reformas legales, de concientización y el estudio de una reforma curricular donde se incluyan temas legales, jurídicos, así como temas de seguridad en la formación de futuros periodistas.
Veintidós universidades debatieron y propusieron soluciones contra la impunidad que prevalece en los ataques a la prensa en América Latina durante la III Conferencia Hemisférica celebrada en Puebla, México.
La conferencia se realizó en México “porque es el país que más lo necesita en este momento”, señaló Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Pero en todo el mundo el avance del crimen organizado y la corrupción están aumentando la violencia contra periodistas como ocurría en otras épocas”, dijo Trotti al blog Periodismo en las Américas del Centro Knight.
Al final del encuentro se redactó la Declaración de Puebla, la cual propone despenalizar los delitos de difamación en los países latinamericanos, que se persigan de oficio los ataques contra periodistas y se agraven las penas si los ataques son cometidos por funcionarios públicos así como crear una unidad especializada para investigar hechos que atenten contra la libertad de expresión.
Después de la Conferencia Hemisférica, el Centro Knight conversó con Ricardo Trotti, del Proyecto Impunidad, sobre los resultados de este encuentro universitario.
¿Por qué prevalece la impunidad en los delitos contra la prensa cometidos en América Latina?
Primero es una falta sustancial de voluntad política. Segundo que no existen las estructuras legales adecuadas para combatir la violencia contra los periodistas y tercero, porque no hay un reclamo público mayor sobre este tipo de delitos. Hay mayor comprensión que años atrás pero todavía no hay una conciencia básica.
¿Por qué los medios de comunicación no han usado su poder de informar al público sobre las amenazas a la prensa?
El público no tiene conciencia de este tema porque los medios están más pendientes de la información y la actualidad, y no han abusado de sus privilegios para establecer lo que les conviene o no. Les ha faltado comunicar que cuando se afecta la libertad de prensa, realmente se afecta al público en general.
¿Habrá financiamiento para implementar las propuestas que se generaron en la Conferencia Hemisférica?
Algunas iniciativas no necesitan financiamiento, sólo voluntad de las universidades para desarrollarlas. Se requiere adecuar lo que las universidades están haciendo ahora mismo y poner sus recursos en función de la promoción de la libertad de prensa.
Además de la Declaración de Puebla, ¿cuál fue el resultado de la Conferencia Hemisférica?
Establecer un compromiso entre las universidades para crear un espacio común de universidades latinoamericanas para ayudar al combate a la violencia contra el periodismo a través de reformas legales, de concientización y el estudio de una reforma curricular donde se incluyan temas legales, jurídicos, así como temas de seguridad en la formación de futuros periodistas.
septiembre 01, 2011
Semana a la mexicana
De paso por México la semana pasada, experimenté una de esas semanas terroríficas que viven los mexicanos desde hace años, en la que la violencia y el clima de inseguridad dominan su existencia y la agenda pública.
Aquella semana arrancó violenta, con una balacera cercana a un concurrido estadio de fútbol en Torreón, Cohauila, que mostró a los jugadores del Santos y el Morelia huyendo agazapados hacia los vestuarios y a los aficionados parapetándose entre las gradas. Y terminó trágica, con un atentando incendiario contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que perecieron más de 53 inocentes, la mayoría mujeres, asfixiados y atrapados, después que un grupo armado roció las mesas de juego con gasolina.
Y en el medio de la semana, los gobiernos locales y el federal continuaron su pantomima de acusarse por la ineficacia para combatir al narcotráfico, desoyendo a las organizaciones que reclaman cansadas por tantas masacres, secuestros, robos, extorsiones y homicidios que rara vez se resuelven. Es que los mexicanos ya están hastiados de ser víctimas de la violencia, como para también serlo de la impunidad.
Las imágenes dantescas del estadio y el casino arrancaron de la memoria colectiva las escenas recientes de Noruega y las de aquellas masacres en fiestas de quinceañeros en Ciudad Juárez. Demostraron que el ciudadano común es vulnerable y que el terror no solo se sufre en los tugurios y callejones a medianoche, sino en espacios públicos y de esparcimiento a plena luz del día.
El crimen organizado sigue conquistando territorios y sorprendiendo a su antojo, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección. Y ante un gobierno que no resuelve ni administra justicia, muchos vuelcan su frustración e impotencia renovando su devoción por santos como San Benito Abad y el Santo Niño Cautivo, a quienes acuden implorando por más protección y menos impunidad.
Una encuesta reciente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mostró que un 45% de mexicanos cree que la inseguridad ha empeorado con respeto al año anterior y un 53% opina que se agravará en el próximo. Y lo peor, un 80% se siente impotente frente al abuso de autoridad, la corrupción y la impunidad.
El gobierno militarizado de Felipe Calderón da todas las semanas duros golpes a los carteles. Pero sus anuncios en los que muestra frente a cámaras a sicarios y maleantes, son rápidamente neutralizados por nuevas masacres, por el descubrimiento de fosas comunes como las de Tamaulipas y Durango o por la revelación de cifras escalofriantes, como la de 45 taxistas ejecutados en la turística Acapulco.
Por más campañas y propaganda para cambiar la percepción de inseguridad, la realidad es inobjetable. La dicotomía se comprobó esta semana con la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mientras alababa a su colega mexicano por su “lucha heroica” contra el crimen organizado, la ong México Evalúa, revelaba cifras alarmantes en 27 de los 31 estados del país: Durante el sexenio de Calderón, los asesinatos a nivel nacional se incrementaron en un 96% y los secuestros en un 188%.
En lo que sí tiene razón Calderón, es que todos, municipios y estados incluidos, deben sentirse responsables para combatir al crimen organizado, imponiendo leyes severas contra del lavado de dinero, así como depurando a las policías, antros de corrupción.
En ese contexto, nació la propuesta de seguridad nacional de la UNAM, que su rector, José Narro Robles, está “vendiendo” a políticos de todos los rangos y sectores. Sus alcances los explicó ante la Conferencia Hemisférica Universitaria contra la impunidad de la SIP que acabamos de celebrar en Puebla, destacando reformas de políticas públicas, la creación de un registro nacional de víctimas, el combate a la impunidad y la prioridad de la prevención.
Lo interesante de la propuesta y del reclamo de Calderón, es que ya hay conciencia de que a México lo tienen que rescatar entre todos, unidos, y con urgencia. El país ya no es el de antes, y aunque preserva su hospitalidad y belleza, los mariachis tocan de reojo y los conserjes no aconsejan salir después de las 8.
Aquella semana arrancó violenta, con una balacera cercana a un concurrido estadio de fútbol en Torreón, Cohauila, que mostró a los jugadores del Santos y el Morelia huyendo agazapados hacia los vestuarios y a los aficionados parapetándose entre las gradas. Y terminó trágica, con un atentando incendiario contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que perecieron más de 53 inocentes, la mayoría mujeres, asfixiados y atrapados, después que un grupo armado roció las mesas de juego con gasolina.
Y en el medio de la semana, los gobiernos locales y el federal continuaron su pantomima de acusarse por la ineficacia para combatir al narcotráfico, desoyendo a las organizaciones que reclaman cansadas por tantas masacres, secuestros, robos, extorsiones y homicidios que rara vez se resuelven. Es que los mexicanos ya están hastiados de ser víctimas de la violencia, como para también serlo de la impunidad.
Las imágenes dantescas del estadio y el casino arrancaron de la memoria colectiva las escenas recientes de Noruega y las de aquellas masacres en fiestas de quinceañeros en Ciudad Juárez. Demostraron que el ciudadano común es vulnerable y que el terror no solo se sufre en los tugurios y callejones a medianoche, sino en espacios públicos y de esparcimiento a plena luz del día.
El crimen organizado sigue conquistando territorios y sorprendiendo a su antojo, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección. Y ante un gobierno que no resuelve ni administra justicia, muchos vuelcan su frustración e impotencia renovando su devoción por santos como San Benito Abad y el Santo Niño Cautivo, a quienes acuden implorando por más protección y menos impunidad.
Una encuesta reciente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mostró que un 45% de mexicanos cree que la inseguridad ha empeorado con respeto al año anterior y un 53% opina que se agravará en el próximo. Y lo peor, un 80% se siente impotente frente al abuso de autoridad, la corrupción y la impunidad.
El gobierno militarizado de Felipe Calderón da todas las semanas duros golpes a los carteles. Pero sus anuncios en los que muestra frente a cámaras a sicarios y maleantes, son rápidamente neutralizados por nuevas masacres, por el descubrimiento de fosas comunes como las de Tamaulipas y Durango o por la revelación de cifras escalofriantes, como la de 45 taxistas ejecutados en la turística Acapulco.
Por más campañas y propaganda para cambiar la percepción de inseguridad, la realidad es inobjetable. La dicotomía se comprobó esta semana con la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mientras alababa a su colega mexicano por su “lucha heroica” contra el crimen organizado, la ong México Evalúa, revelaba cifras alarmantes en 27 de los 31 estados del país: Durante el sexenio de Calderón, los asesinatos a nivel nacional se incrementaron en un 96% y los secuestros en un 188%.
En lo que sí tiene razón Calderón, es que todos, municipios y estados incluidos, deben sentirse responsables para combatir al crimen organizado, imponiendo leyes severas contra del lavado de dinero, así como depurando a las policías, antros de corrupción.
En ese contexto, nació la propuesta de seguridad nacional de la UNAM, que su rector, José Narro Robles, está “vendiendo” a políticos de todos los rangos y sectores. Sus alcances los explicó ante la Conferencia Hemisférica Universitaria contra la impunidad de la SIP que acabamos de celebrar en Puebla, destacando reformas de políticas públicas, la creación de un registro nacional de víctimas, el combate a la impunidad y la prioridad de la prevención.
Lo interesante de la propuesta y del reclamo de Calderón, es que ya hay conciencia de que a México lo tienen que rescatar entre todos, unidos, y con urgencia. El país ya no es el de antes, y aunque preserva su hospitalidad y belleza, los mariachis tocan de reojo y los conserjes no aconsejan salir después de las 8.
agosto 31, 2011
Compromiso académico contra la impunidad
Tras la Conferencia Hemisférica Universitaria que realizamos en Puebla la semana pasada, la SIP emitió esta mañana un comunicado de prensa sobre la valoración que se le dió al compromiso académico para continuar la lucha contra la violencia y la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas. A continuación, el comunicado emitido esta mañana.
La SIP valora el compromiso académico
para seguir lucha contra la impunidad
Miami (31 de agosto de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) valoró el compromiso académico asumido por universidades latinoamericanas durante su reciente Conferencia Hemisférica Universitaria realizada en México, en la que se pidieron reformas legales para combatir la violencia contra la prensa, así como cambios en los planes de estudios para adaptarlos a la realidad que actualmente atraviesa la actividad periodística.
Más de 60 representantes, entre estudiantes, docentes y decanos de 22 universidades de 13 países, asumieron la Declaración de Puebla, comprometiéndose a fomentar la creación de una red interuniversitaria que les permita intercambiar experiencias, información y promover foros, conferencias y campañas de educación pública en contra de la impunidad.
Entre los aspectos más relevantes discutidos en la conferencia auspiciada por la Fundación John S. y James L. Knight, realizada el 25 y 26 de agosto en la ciudad de Puebla, equipos interdisciplinarios de alumnos de cada universidad presentaron sus investigaciones y valoraron reformas de políticas públicas. Entre ellas, se destaca el pedido de que no prescriban los delitos contra la libertad de expresión; que se agraven las penas cuando éstos sean cometidos por funcionarios públicos; y que se creen o perfeccionen programas de protección y asistencia a víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del diario guatemalteco Siglo 21, dijo que la organización está “complacida de haber abierto la discusión y compartido responsabilidades con las universidades y los futuros profesionales para buscar estrategias comunes de cómo derrotar a la violencia”. Agregó que “las investigaciones y las propuestas, mostraron el talento y la creatividad de las casas de estudio, y que éstas deben ser tomadas en cuenta para solucionar cualquier problema que afecta a nuestra comunidad periodística”.
Las universidades se comprometieron a reevaluar los planes de estudio para que “se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas” y se ofrezcan cursos de extensión sobre los peligros para la profesión. Respecto a los medios, reclamaron mejores condiciones laborales y salariales, así como protocolos de protección, sin descuidar la ética profesional.
El presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del periódico mexicano El Universal, durante la inauguración del evento en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hizo un llamado “a los distintos sectores sociales a cuidar y preservar la libertad de prensa” y dijo que estos encuentros “permiten reflexionar sobre los desafíos y las acciones orientadas a conservar el ejercicio de las libertades”.
El orador invitado, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, expuso sobre propuestas de esa casa de estudios a políticas de seguridad nacional que se discuten actualmente en el país. En mensaje a los estudiantes y docentes subrayó que “el conocimiento no puede ser neutral, sino comprometido” y reclamó que los mayores desvalores que perjudican a la libertad de prensa son “el miedo, el autoritarismo y la ignorancia”.
La Declaración de Puebla aprobada el viernes pasado solicita mayor esfuerzo y trabajo mancomunado para combatir la impunidad. En sus cuatro partes, compromete a los poderes públicos, a los medios de comunicación, a las universidades y a las organizaciones sociales.
Para leer el texto completo de la Declaración, por favor visite: http://www.impunidad.com/noticia.php?id=747&idioma=sp
Los textos de las investigaciones y recomendaciones de cada universidad pueden leerse en:
La Conferencia Hemisférica Universitaria culminó con un emotivo acto el viernes, con la lectura de la Declaración por parte de Gloria Tovar docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de Perú; y los estudiantes Tony Arellano, de la Universidad de Ciencias Comerciales, de Nicaragua; Luciana Kraemer da Silva, del Centro Universitário Metodista (IPA-POA), de Brasil; Angel González, de la Universidad Iberoamericana, de República Dominicana; Alejandra González Barranco, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de México y César Alberto Moreno Vargas, de la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. El Proyecto de la SIP Contra la Impunidad cuenta con el auspicio de la Fundación John S. y James L. Knight y tiene la misión de combatir la violencia en contra de los periodistas y disminuir la impunidad que rodea a la mayoría de esos crímenes. http://www.sipiapa.org; http://www.impunidad.com
La SIP valora el compromiso académico
para seguir lucha contra la impunidad
Miami (31 de agosto de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) valoró el compromiso académico asumido por universidades latinoamericanas durante su reciente Conferencia Hemisférica Universitaria realizada en México, en la que se pidieron reformas legales para combatir la violencia contra la prensa, así como cambios en los planes de estudios para adaptarlos a la realidad que actualmente atraviesa la actividad periodística.
Más de 60 representantes, entre estudiantes, docentes y decanos de 22 universidades de 13 países, asumieron la Declaración de Puebla, comprometiéndose a fomentar la creación de una red interuniversitaria que les permita intercambiar experiencias, información y promover foros, conferencias y campañas de educación pública en contra de la impunidad.
Entre los aspectos más relevantes discutidos en la conferencia auspiciada por la Fundación John S. y James L. Knight, realizada el 25 y 26 de agosto en la ciudad de Puebla, equipos interdisciplinarios de alumnos de cada universidad presentaron sus investigaciones y valoraron reformas de políticas públicas. Entre ellas, se destaca el pedido de que no prescriban los delitos contra la libertad de expresión; que se agraven las penas cuando éstos sean cometidos por funcionarios públicos; y que se creen o perfeccionen programas de protección y asistencia a víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del diario guatemalteco Siglo 21, dijo que la organización está “complacida de haber abierto la discusión y compartido responsabilidades con las universidades y los futuros profesionales para buscar estrategias comunes de cómo derrotar a la violencia”. Agregó que “las investigaciones y las propuestas, mostraron el talento y la creatividad de las casas de estudio, y que éstas deben ser tomadas en cuenta para solucionar cualquier problema que afecta a nuestra comunidad periodística”.
Las universidades se comprometieron a reevaluar los planes de estudio para que “se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas” y se ofrezcan cursos de extensión sobre los peligros para la profesión. Respecto a los medios, reclamaron mejores condiciones laborales y salariales, así como protocolos de protección, sin descuidar la ética profesional.
El presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del periódico mexicano El Universal, durante la inauguración del evento en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hizo un llamado “a los distintos sectores sociales a cuidar y preservar la libertad de prensa” y dijo que estos encuentros “permiten reflexionar sobre los desafíos y las acciones orientadas a conservar el ejercicio de las libertades”.
El orador invitado, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, expuso sobre propuestas de esa casa de estudios a políticas de seguridad nacional que se discuten actualmente en el país. En mensaje a los estudiantes y docentes subrayó que “el conocimiento no puede ser neutral, sino comprometido” y reclamó que los mayores desvalores que perjudican a la libertad de prensa son “el miedo, el autoritarismo y la ignorancia”.
La Declaración de Puebla aprobada el viernes pasado solicita mayor esfuerzo y trabajo mancomunado para combatir la impunidad. En sus cuatro partes, compromete a los poderes públicos, a los medios de comunicación, a las universidades y a las organizaciones sociales.
Para leer el texto completo de la Declaración, por favor visite: http://www.impunidad.com/noticia.php?id=747&idioma=sp
Los textos de las investigaciones y recomendaciones de cada universidad pueden leerse en:
La Conferencia Hemisférica Universitaria culminó con un emotivo acto el viernes, con la lectura de la Declaración por parte de Gloria Tovar docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de Perú; y los estudiantes Tony Arellano, de la Universidad de Ciencias Comerciales, de Nicaragua; Luciana Kraemer da Silva, del Centro Universitário Metodista (IPA-POA), de Brasil; Angel González, de la Universidad Iberoamericana, de República Dominicana; Alejandra González Barranco, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de México y César Alberto Moreno Vargas, de la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. El Proyecto de la SIP Contra la Impunidad cuenta con el auspicio de la Fundación John S. y James L. Knight y tiene la misión de combatir la violencia en contra de los periodistas y disminuir la impunidad que rodea a la mayoría de esos crímenes. http://www.sipiapa.org; http://www.impunidad.com
agosto 30, 2011
Compromiso del conocimiento frente a la violencia
Después de seis meses de intenso trabajo, el esfuerzo valió la pena. Más de 50 representantes de 22 universidades de 13 países de América Latina que convocamos a Puebla, México, culminaron con una excelente declaración de principios sobre la responsabilidad que las altas casa de estudio también tienen para combatir la violencia contra la prensa y la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas en el continente americano.
La Declaración de Puebla, a continuación, demuestra en su espíritu el carácter creativo y el compromiso de jóvenes universitarios que fueron desafiados a buscar alternativas para combatir la violencia, y cuyo entusiasmo estuvo coronado por la reunión que sostuvimos en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante la inauguración oficial el jueves 25 de agosto por la noche, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, dijo que el conocimiento conlleva en sí mismo el compromiso de compartirlo.
La Declaración de Puebla fue redactada justamente con ese compromiso en mente. En este y en los próximos tres posts, publico la Declaración.
26 de agosto de 2011
Declaración de Puebla
Conferencia Hemisférica Universitaria
Convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa
DECLARACIÓN DE PUEBLA
Puebla, México
25 y 26 de agosto de 2011
Los participantes de la Conferencia Hemisférica Universitaria convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa reunidos en Puebla, asumieron el compromiso de proponer reformas de políticas públicas tendientes a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a los crímenes.
Los participantes creen que los ataques contra la libertad de expresión no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre del periodismo, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito. Al agredir este derecho fundamental, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Con el propósito de crear una red de universidades en Latinoamérica que colabore en el mejoramiento de las prácticas académicas y ayude a los futuros profesionales a insertarse en una actividad más segura, así como promover cambios en las políticas públicas de los Estados, los equipos de alumnos y docentes de facultades de Comunicación, Derecho, Sociología y Ciencias Sociales y Políticas de 22 universidades provenientes de 13 países recomiendan:
Siguen Parte 2, 3 y 4 en siguientes posts
La Declaración de Puebla, a continuación, demuestra en su espíritu el carácter creativo y el compromiso de jóvenes universitarios que fueron desafiados a buscar alternativas para combatir la violencia, y cuyo entusiasmo estuvo coronado por la reunión que sostuvimos en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante la inauguración oficial el jueves 25 de agosto por la noche, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, dijo que el conocimiento conlleva en sí mismo el compromiso de compartirlo.
La Declaración de Puebla fue redactada justamente con ese compromiso en mente. En este y en los próximos tres posts, publico la Declaración.
26 de agosto de 2011
Declaración de Puebla
Conferencia Hemisférica Universitaria
Convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa
DECLARACIÓN DE PUEBLA
Puebla, México
25 y 26 de agosto de 2011
Los participantes de la Conferencia Hemisférica Universitaria convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa reunidos en Puebla, asumieron el compromiso de proponer reformas de políticas públicas tendientes a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a los crímenes.
Los participantes creen que los ataques contra la libertad de expresión no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre del periodismo, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito. Al agredir este derecho fundamental, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Con el propósito de crear una red de universidades en Latinoamérica que colabore en el mejoramiento de las prácticas académicas y ayude a los futuros profesionales a insertarse en una actividad más segura, así como promover cambios en las políticas públicas de los Estados, los equipos de alumnos y docentes de facultades de Comunicación, Derecho, Sociología y Ciencias Sociales y Políticas de 22 universidades provenientes de 13 países recomiendan:
Siguen Parte 2, 3 y 4 en siguientes posts
Responsabilidad del Estado y gobiernos
Declaración de Puebla (Parte 2)
1. En el ámbito legal, que:
Los países incluyan en sus leyes que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban; si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.
Las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.
Los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.
Se apliquen los tratados y convenciones internacionales firmados por los países sobre el tema de derechos humanos, ampliando los reconocidos en el orden jurídico nacional.
Los fiscales, secretarías de Seguridad Pública o de Justicia, y los jueces conozcan, apliquen y se auxilien en las investigaciones y procesos judiciales con los criterios jurisprudenciales internacionales, los convenios y tratados firmados sobre Derechos Humanos.
Las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia creen una unidad especializada, para investigar casos de ataques a la libertad de expresión.
Sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia.
Los países cuenten con leyes específicas que brinden protección a defensores de Derechos Humanos y que éstas incluyan a periodistas, y en los países que existan o estén en proceso de ser aprobadas, se exija su publicación y aplicación.
Los países incluyan en su legislación medidas específicas en cuanto a la detención de periodistas cuando participan en coberturas de riesgo, para que las autoridades los dejen en libertad en cuanto se acredite su personalidad y el equipo de trabajo sea resguardado y entregado a éstos sin demora. En caso de incumplimiento por parte de la autoridad se incluyan responsabilidades penales.
En la ley se incluya la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.
En la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo.
Se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.
Se creen o perfeccionen los Programas de Protección y Asistencia a Víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas, de los que deben ser responsables los Estados, pero pueden apoyarse en organizaciones no gubernamentales y en las universidades, para ofrecer asistencia legal y psicológica, entre otras medidas.
Se promulguen y/o apliquen leyes de acceso a la información y se cree la figura del Defensor de la Libertad de Expresión al que pueda recurrir la ciudadanía y los periodistas para hacer efectivo este derecho.
Bajo la responsabilidad del Estado y con el apoyo de las organizaciones civiles se instalen casas de refugio para los periodistas en riesgo que deben autoexiliarse.
1. En el ámbito legal, que:
Los países incluyan en sus leyes que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban; si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.
Las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.
Los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.
Se apliquen los tratados y convenciones internacionales firmados por los países sobre el tema de derechos humanos, ampliando los reconocidos en el orden jurídico nacional.
Los fiscales, secretarías de Seguridad Pública o de Justicia, y los jueces conozcan, apliquen y se auxilien en las investigaciones y procesos judiciales con los criterios jurisprudenciales internacionales, los convenios y tratados firmados sobre Derechos Humanos.
Las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia creen una unidad especializada, para investigar casos de ataques a la libertad de expresión.
Sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia.
Los países cuenten con leyes específicas que brinden protección a defensores de Derechos Humanos y que éstas incluyan a periodistas, y en los países que existan o estén en proceso de ser aprobadas, se exija su publicación y aplicación.
Los países incluyan en su legislación medidas específicas en cuanto a la detención de periodistas cuando participan en coberturas de riesgo, para que las autoridades los dejen en libertad en cuanto se acredite su personalidad y el equipo de trabajo sea resguardado y entregado a éstos sin demora. En caso de incumplimiento por parte de la autoridad se incluyan responsabilidades penales.
En la ley se incluya la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.
En la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo.
Se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.
Se creen o perfeccionen los Programas de Protección y Asistencia a Víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas, de los que deben ser responsables los Estados, pero pueden apoyarse en organizaciones no gubernamentales y en las universidades, para ofrecer asistencia legal y psicológica, entre otras medidas.
Se promulguen y/o apliquen leyes de acceso a la información y se cree la figura del Defensor de la Libertad de Expresión al que pueda recurrir la ciudadanía y los periodistas para hacer efectivo este derecho.
Bajo la responsabilidad del Estado y con el apoyo de las organizaciones civiles se instalen casas de refugio para los periodistas en riesgo que deben autoexiliarse.
Responsabilidad de los medios de comunicación
Declaración de Puebla (parte 3)
2. En el ámbito institucional, que:
Los medios de comunicación garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados, tomando como guía los principios establecidos en las declaraciones de Chapultepec de 1994 y de Medellín de 2007; que entre esos derechos se garantice el cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
Las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que trabajan como pasantes en las redacciones.
Los medios de comunicación elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro, y garantizar de esa forma que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.
Se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.
Se motive en los medios de comunicación la creación de la figura del ombudsman, que estimule la reflexión sobre el trabajo del periodista.
3. En el ámbito social, que:
Las organizaciones de defensa de periodistas discutan políticas de protección para los profesionales del área, reconociendo a éstos como promotores y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión construyan Programas de Protección, se divulguen en donde ya existen y generen campañas de concientización.
Las ONGs eduquen sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
Se involucre a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que denuncien y reporten amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas y contra cualquier persona en el ejercicio de su libertad de opinión y expresión.
2. En el ámbito institucional, que:
Los medios de comunicación garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados, tomando como guía los principios establecidos en las declaraciones de Chapultepec de 1994 y de Medellín de 2007; que entre esos derechos se garantice el cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
Las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que trabajan como pasantes en las redacciones.
Los medios de comunicación elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro, y garantizar de esa forma que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.
Se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.
Se motive en los medios de comunicación la creación de la figura del ombudsman, que estimule la reflexión sobre el trabajo del periodista.
3. En el ámbito social, que:
Las organizaciones de defensa de periodistas discutan políticas de protección para los profesionales del área, reconociendo a éstos como promotores y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión construyan Programas de Protección, se divulguen en donde ya existen y generen campañas de concientización.
Las ONGs eduquen sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
Se involucre a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que denuncien y reporten amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas y contra cualquier persona en el ejercicio de su libertad de opinión y expresión.
Responsabilidad de las universidades
Declaración de Puebla (parte 4)
Las organizaciones civiles y sindicatos de periodistas actúen en red con las universidades para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la libertad de expresión en cada país, y se construyan espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Se elabore un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico con la participación de academias de periodismo.
Los planes de estudios sean reevaluados en las distintas facultades de las universidades, para que se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias, diplomados o cursos de extensión multidisciplinarios o transversales, para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Las universidades incluyan en el plan de estudios de sus facultades, entre ellas las de Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, entre otras, el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal; así como la libertad de expresión y la libertad de prensa se discuta y analice la ética en el ejercicio periodístico.
Las universidades convoquen a foros, seminarios y mesas de diálogo con representantes del Poder Judicial, fiscales, periodistas y estudiantes, para discutir la protección a la libertad de prensa y de expresión; concientizar a todos sobre la importancia de la transparencia en las investigaciones y procesos penales; analizar la posibilidad de incorporar el trabajo periodístico como una prueba en los expedientes; y analizar las causas que provocan la inaplicabilidad de las leyes y la falta de resultados de los organismos investigativos y judiciales, para que se apliquen soluciones.
Se creen redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior.
Las facultades de psicología implementen programas especiales de atención a los periodistas víctimas de violencia y a sus familiares.
Se promueva la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.
Se promuevan seminarios locales y estatales entre las distintas facultades para exponer las conclusiones de esta Conferencia a otras instituciones y a las comunidades estudiantiles de los países involucrados.
Se forme una organización interuniversitaria para intercambiar información, promover campañas en contra la impunidad y continuar la labor de esta Conferencia.
Pontificia Universidad Católica Argentina; Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil; Centro Universitario Metodista, Porto Alegre, Brasil; Universidad Diego Portales, Chile; Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; Universidad de Antioquia, Colombia; Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; Universidad Francisco Marroquín, Guatemala; Universidad José Cecilio del Valle, Honduras; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma de Guadalajara, México; Universidad de Guadalajara, México; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; Universidad Autónoma de Sinaloa, México; Universidad de Ciencias Comerciales, Nicaragua; Universidad Católica, Paraguay; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú; Universidad Iberoamericana, República Dominicana;
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
Las organizaciones civiles y sindicatos de periodistas actúen en red con las universidades para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la libertad de expresión en cada país, y se construyan espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Se elabore un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico con la participación de academias de periodismo.
Los planes de estudios sean reevaluados en las distintas facultades de las universidades, para que se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias, diplomados o cursos de extensión multidisciplinarios o transversales, para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Las universidades incluyan en el plan de estudios de sus facultades, entre ellas las de Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, entre otras, el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal; así como la libertad de expresión y la libertad de prensa se discuta y analice la ética en el ejercicio periodístico.
Las universidades convoquen a foros, seminarios y mesas de diálogo con representantes del Poder Judicial, fiscales, periodistas y estudiantes, para discutir la protección a la libertad de prensa y de expresión; concientizar a todos sobre la importancia de la transparencia en las investigaciones y procesos penales; analizar la posibilidad de incorporar el trabajo periodístico como una prueba en los expedientes; y analizar las causas que provocan la inaplicabilidad de las leyes y la falta de resultados de los organismos investigativos y judiciales, para que se apliquen soluciones.
Se creen redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior.
Las facultades de psicología implementen programas especiales de atención a los periodistas víctimas de violencia y a sus familiares.
Se promueva la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.
Se promuevan seminarios locales y estatales entre las distintas facultades para exponer las conclusiones de esta Conferencia a otras instituciones y a las comunidades estudiantiles de los países involucrados.
Se forme una organización interuniversitaria para intercambiar información, promover campañas en contra la impunidad y continuar la labor de esta Conferencia.
Pontificia Universidad Católica Argentina; Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil; Centro Universitario Metodista, Porto Alegre, Brasil; Universidad Diego Portales, Chile; Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; Universidad de Antioquia, Colombia; Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; Universidad Francisco Marroquín, Guatemala; Universidad José Cecilio del Valle, Honduras; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma de Guadalajara, México; Universidad de Guadalajara, México; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; Universidad Autónoma de Sinaloa, México; Universidad de Ciencias Comerciales, Nicaragua; Universidad Católica, Paraguay; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú; Universidad Iberoamericana, República Dominicana;
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
agosto 29, 2011
Periodistas mexicanos en desventaja
Martha Elba Figueroa
El Diario/Corresponsal
Puebla— La falta de federalización de delitos contra periodistas permite la impunidad de los asesinatos en su contra, pues las autoridades federal y estatal se deslindan al estar los crímenes, presuntamente, vinculados con el crimen organizado.
Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) comparó esa situación con la rapidez con que la autoridad ha actuado en torno a homicidios sobre todo de norteamericanos, por la presión internacional.
En entrevista para El Diario, el periodista consideró que “cuando hay un asesinato de un extranjero, como son crímenes federales el gobierno tiene mucha más anuencia del gobierno federal, da mayor presupuesto, tiene mayores recursos humanos por la presión que se ejerce”.
Por eso, explicó, nosotros pedimos la federalización de los homicidios de periodistas porque eso le da una presión mayor al gobierno nacional de tener que resolver un crimen, porque a veces los estados o no tienen los recursos o no tienen la voluntad política o siempre están con el tema de que el periodista no era periodista o era otra cosa.
“Cuando el gobierno federal tiene la presión de resolver esos casos tan importantes como la libertad de expresión, esa es la visión de porqué en México los casos de periodistas mexicanos se hagan parte de un delito federal”.
Aunado a ello, señaló, al estar federalizados los crímenes es más fácil acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos y, de esta manera, obligar al gobierno a cumplir con su obligación de procurar justicia.
De manera general, Trotti consideró que “si los estados no saben combatir el tema de la seguridad y los ciudadanos siguen sintiéndose inseguros y desprotegidos los periodistas son parte de esta sociedad, corremos el riesgo de que se siga deteriorando la situación”.
“Creo que en México el debilitamiento de la democracia, por esa inseguridad, esa desprotección, esa impunidad que incluso la viene reconociendo el presidente Felipe Calderón en estos días, sigue aumentando se sigue debilitando la democracia y por ende perdemos todo”, advirtió.
Por ello, concluyó, si el dinero del Plan Mérida es utilizado bien, no solamente para temas de reacción militares, sino también para inteligencia para reforzamiento de la justicia, para educación puede ser dinero bien ubicado.
El Diario/Corresponsal
Puebla— La falta de federalización de delitos contra periodistas permite la impunidad de los asesinatos en su contra, pues las autoridades federal y estatal se deslindan al estar los crímenes, presuntamente, vinculados con el crimen organizado.
Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) comparó esa situación con la rapidez con que la autoridad ha actuado en torno a homicidios sobre todo de norteamericanos, por la presión internacional.
En entrevista para El Diario, el periodista consideró que “cuando hay un asesinato de un extranjero, como son crímenes federales el gobierno tiene mucha más anuencia del gobierno federal, da mayor presupuesto, tiene mayores recursos humanos por la presión que se ejerce”.
Por eso, explicó, nosotros pedimos la federalización de los homicidios de periodistas porque eso le da una presión mayor al gobierno nacional de tener que resolver un crimen, porque a veces los estados o no tienen los recursos o no tienen la voluntad política o siempre están con el tema de que el periodista no era periodista o era otra cosa.
“Cuando el gobierno federal tiene la presión de resolver esos casos tan importantes como la libertad de expresión, esa es la visión de porqué en México los casos de periodistas mexicanos se hagan parte de un delito federal”.
Aunado a ello, señaló, al estar federalizados los crímenes es más fácil acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos y, de esta manera, obligar al gobierno a cumplir con su obligación de procurar justicia.
De manera general, Trotti consideró que “si los estados no saben combatir el tema de la seguridad y los ciudadanos siguen sintiéndose inseguros y desprotegidos los periodistas son parte de esta sociedad, corremos el riesgo de que se siga deteriorando la situación”.
“Creo que en México el debilitamiento de la democracia, por esa inseguridad, esa desprotección, esa impunidad que incluso la viene reconociendo el presidente Felipe Calderón en estos días, sigue aumentando se sigue debilitando la democracia y por ende perdemos todo”, advirtió.
Por ello, concluyó, si el dinero del Plan Mérida es utilizado bien, no solamente para temas de reacción militares, sino también para inteligencia para reforzamiento de la justicia, para educación puede ser dinero bien ubicado.
Piden despenalización de la difamación
México, 26 ago (EFE)- Con la solicitud de que sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia en las naciones latinoamericanas concluyó hoy el foro regional universitario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizado en Puebla, centro de México.
En un documento titulado "Declaración de Puebla", redactado al término de la sesión de dos días, los participantes del encuentro reconocieron que al agredir la libertad de expresión mediante juicios penales, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Los ataques contra este derecho fundamental "no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre de su profesión, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito", precisa la declaración escrita.
Los representantes de los 15 países que se dieron cita en el foro analizaron la situación actual del periodismo en la región y se comprometieron a proponer reformas de políticas públicas dirigidas a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a esos crímenes.
Entre sus recomendaciones en materia legal, piden a los Gobiernos que modifiquen sus leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, y "si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; además de que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles".
Asimismo, proponen la promulgación de leyes que brinden protección a defensores de derechos humanos, y que estas incluyan a periodistas, así como la creación de la figura del Defensor de la Libertad de Expresión, al que pueda recurrir la ciudadanía y los comunicadores para hacer efectivo este derecho.
A las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia les exhortan a crear una unidad especializada para llevar a cabo las pesquisas sobre casos de ataques en este sentido.
En el ámbito institucional, sus recomendaciones se dirigen principalmente a los medios de comunicación, para que "garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados", además del cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
En el documento también se incluyen peticiones para las organizaciones no gubernamentales, articuladas con el fin de educar a la sociedad sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
A las universidades, organizaciones civiles y sindicatos del gremio solicitan actuar en red para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la citada libertad en cada país y se creen espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Sugieren, además, una revaluación de los planes de estudios en las distintas facultades universitarias, con tal de adecuar a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Algunas de las academias que participaron del encuentro fueron Pontificia Universidad Católica Argentina, Centro Universitario Metodista (Brasil), Universidad Diego Portales (Chile), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana (República Dominicana).
El director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti, lee un mensaje por el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, durante la cumbre hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realizó en la ciudad mexicana de Puebla. EFE
En un documento titulado "Declaración de Puebla", redactado al término de la sesión de dos días, los participantes del encuentro reconocieron que al agredir la libertad de expresión mediante juicios penales, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Los ataques contra este derecho fundamental "no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre de su profesión, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito", precisa la declaración escrita.
Los representantes de los 15 países que se dieron cita en el foro analizaron la situación actual del periodismo en la región y se comprometieron a proponer reformas de políticas públicas dirigidas a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a esos crímenes.
Entre sus recomendaciones en materia legal, piden a los Gobiernos que modifiquen sus leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, y "si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; además de que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles".
Asimismo, proponen la promulgación de leyes que brinden protección a defensores de derechos humanos, y que estas incluyan a periodistas, así como la creación de la figura del Defensor de la Libertad de Expresión, al que pueda recurrir la ciudadanía y los comunicadores para hacer efectivo este derecho.
A las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia les exhortan a crear una unidad especializada para llevar a cabo las pesquisas sobre casos de ataques en este sentido.
En el ámbito institucional, sus recomendaciones se dirigen principalmente a los medios de comunicación, para que "garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados", además del cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
En el documento también se incluyen peticiones para las organizaciones no gubernamentales, articuladas con el fin de educar a la sociedad sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
A las universidades, organizaciones civiles y sindicatos del gremio solicitan actuar en red para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la citada libertad en cada país y se creen espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Sugieren, además, una revaluación de los planes de estudios en las distintas facultades universitarias, con tal de adecuar a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Algunas de las academias que participaron del encuentro fueron Pontificia Universidad Católica Argentina, Centro Universitario Metodista (Brasil), Universidad Diego Portales (Chile), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana (República Dominicana).
El director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti, lee un mensaje por el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, durante la cumbre hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realizó en la ciudad mexicana de Puebla. EFE
Exigen en México aclarar crimen
México, 25 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y veintidós universidades latinoamericanas exigieron hoy al Gobierno de México "la rápida investigación y el esclarecimiento" del asesinato de periodista Humberto Millán Salazar, hallado sin vida a las afueras de Culiacán, norte del país.
El pronunciamiento, antecedido por un minuto de silencio, lo hicieron en Puebla, centro de México, los participantes en la III Cumbre Hemisférica "Políticas públicas para combatir la impunidad", que precisamente analizan cómo frenar la alarmante falta de justicia en delitos contra periodistas en la región.
Horas después de que expertos de quince países comenzaran sus trabajos, Humberto Millán Salazar, de 53 años, director y editor del diario digital A Discusión y periodista del Grupo Fórmula, fue encontrado asesinado en una zona rural.
Millán había sido secuestrado ayer en Culiacán y fue hallado acribillado en un paraje ubicado a unos diez kilómetros de la urbe.
El hecho fue condenado por los especialistas latinoamericanos que asisten al encuentro de Puebla a través de un mensaje conjunto leído por el director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la SIP, el argentino Ricardo Trotti.
En él se mostraron "consternados por el secuestro y asesinato" del comunicador, presumiblemente a manos del crimen organizado, y exhortaron al presidente de México, Felipe Calderón, a realizar "una rápida investigación para deslindar responsabilidades" en el crimen.
Por su parte, la mexicana Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) hizo público otro pronunciamiento donde alertó de que ese derecho fundamental "se está destruyendo de forma permanente y a pasos agigantados" en México.
Ello como consecuencia de que "el crimen organizado tiene la llave de la violencia para atemorizar y provocar la censura y autocensura en un marco donde la impunidad en los crímenes contra los comunicadores es una constante".
El académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Tomás Guevara Martínez, lamentó en declaraciones a Efe el crimen y recordó que en México los periodistas trabajan en "un estado de vulnerabilidad muy alto".
"En el caso de Sinaloa esta situación se viene recrudeciendo desde hace (...) años, como efecto que en particular ha tenido en el noroeste de México el combate al crimen organizado por la vía de las Fuerzas Armadas", añadió.
El también profesor del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia en la Facultad de Psicología de la UAS consideró que las autoridades mexicanas, en general, han "minimizado este tipo de situaciones", lo que ha agudizado la sensación de impunidad.
Para el periodista mexicano José Carreño, la muerte de Millán supone un "nuevo sacrificio" en este país, donde "es precisamente la impunidad la que está permitiendo la repetición de estos hechos".
"Creo que hay que tomar acciones en muchos territorios del país y, muy específicamente (...) para asegurar condiciones mínimas de protección al trabajo informativo", agregó en declaraciones a Radio Fórmula el también coordinador del observatorio que da seguimiento al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV).
Carreño tampoco se mostró optimista en relación al contexto general de violencia en México, que ha causado más de 40.000 muertes desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió el poder.
"Me parece que estamos muy lejos de que lleguemos al final de esta pesadilla de la inseguridad y la violencia en el país (...) son decenas los caídos de la profesión, del periodismo, en estos años", añadió.
Ante la misma emisora el presidente de la ONG México S.O.S., Alejandro Martí, recordó hoy que el estado de Sinaloa ocupa el "quinto lugar" de los estados de alta delincuencia en México, y el tercer lugar en homicidios, según datos del centro México Evalúa.
La muerte de Millán, la 72 desde 2000 a la fecha según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sucede después de que fueran asesinados Yolanda Ordaz (julio) y Miguel Ángel López (junio) Velasco, ambos del diario Notiver, por lo que ya suman seis los crímenes registrados este año.
El pronunciamiento, antecedido por un minuto de silencio, lo hicieron en Puebla, centro de México, los participantes en la III Cumbre Hemisférica "Políticas públicas para combatir la impunidad", que precisamente analizan cómo frenar la alarmante falta de justicia en delitos contra periodistas en la región.
Horas después de que expertos de quince países comenzaran sus trabajos, Humberto Millán Salazar, de 53 años, director y editor del diario digital A Discusión y periodista del Grupo Fórmula, fue encontrado asesinado en una zona rural.
Millán había sido secuestrado ayer en Culiacán y fue hallado acribillado en un paraje ubicado a unos diez kilómetros de la urbe.
El hecho fue condenado por los especialistas latinoamericanos que asisten al encuentro de Puebla a través de un mensaje conjunto leído por el director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la SIP, el argentino Ricardo Trotti.
En él se mostraron "consternados por el secuestro y asesinato" del comunicador, presumiblemente a manos del crimen organizado, y exhortaron al presidente de México, Felipe Calderón, a realizar "una rápida investigación para deslindar responsabilidades" en el crimen.
Por su parte, la mexicana Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) hizo público otro pronunciamiento donde alertó de que ese derecho fundamental "se está destruyendo de forma permanente y a pasos agigantados" en México.
Ello como consecuencia de que "el crimen organizado tiene la llave de la violencia para atemorizar y provocar la censura y autocensura en un marco donde la impunidad en los crímenes contra los comunicadores es una constante".
El académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Tomás Guevara Martínez, lamentó en declaraciones a Efe el crimen y recordó que en México los periodistas trabajan en "un estado de vulnerabilidad muy alto".
"En el caso de Sinaloa esta situación se viene recrudeciendo desde hace (...) años, como efecto que en particular ha tenido en el noroeste de México el combate al crimen organizado por la vía de las Fuerzas Armadas", añadió.
El también profesor del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia en la Facultad de Psicología de la UAS consideró que las autoridades mexicanas, en general, han "minimizado este tipo de situaciones", lo que ha agudizado la sensación de impunidad.
Para el periodista mexicano José Carreño, la muerte de Millán supone un "nuevo sacrificio" en este país, donde "es precisamente la impunidad la que está permitiendo la repetición de estos hechos".
"Creo que hay que tomar acciones en muchos territorios del país y, muy específicamente (...) para asegurar condiciones mínimas de protección al trabajo informativo", agregó en declaraciones a Radio Fórmula el también coordinador del observatorio que da seguimiento al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV).
Carreño tampoco se mostró optimista en relación al contexto general de violencia en México, que ha causado más de 40.000 muertes desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió el poder.
"Me parece que estamos muy lejos de que lleguemos al final de esta pesadilla de la inseguridad y la violencia en el país (...) son decenas los caídos de la profesión, del periodismo, en estos años", añadió.
Ante la misma emisora el presidente de la ONG México S.O.S., Alejandro Martí, recordó hoy que el estado de Sinaloa ocupa el "quinto lugar" de los estados de alta delincuencia en México, y el tercer lugar en homicidios, según datos del centro México Evalúa.
La muerte de Millán, la 72 desde 2000 a la fecha según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sucede después de que fueran asesinados Yolanda Ordaz (julio) y Miguel Ángel López (junio) Velasco, ambos del diario Notiver, por lo que ya suman seis los crímenes registrados este año.
Puebla es un paraíso en México
Puebla es prácticamente un paraíso, un oasis dentro de México en cuestiones de seguridad y paz, consideró Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien señaló que los constantes hechos delictivos en el país dan una imagen poco favorecedora a México.
Consideró que el principal señalamiento negativo, lejos de provenir del exterior, radica en el señalamiento de los propios mexicanos, quienes ven que la clase política necesita mayor determinación y voluntad para terminar con estos temas.
Indicó que varios especialistas reconocen que el problema de violencia en México no es endémico sino epidémico, y forma parte del crimen organizado que está alentado por el tráfico de armas y la demanda de drogas en Estados Unidos.
El director del SIP consideró que es una tragedia nacional lo que sucede en México, luego de que en una semana se registrarán varios hechos violentos como la balacera en el estadio de Torreón y el incendio en el Casino Royal de Monterrey, este último con un saldo de más de 50 muertos.
Comentó que estos actos demuestran la vulnerabilidad del ciudadano común, en donde los crímenes dejaron de perpetrarse en callejones al caer la noche, para realizarse a plena luz del día en lugares de esparcimiento público.
“Hay un sentir de inseguridad, desprotección y de impunidad que la gente está denunciando como aparecen en las recientes encuestas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde 80 por ciento de la gente tiene miedo a la autoridad”, indicó.
En este sentido y con base a este estudio, Trotti precisó que el 45 por ciento de la población en México percibe mayor violencia este año en comparación con 2010, y la misma cantidad de personas piensa que 2012 será aún más violento.
Por su parte, Johanni Miranda, estudiante de derecho de la Universidad de Estudios Comerciales de Managua, Nicaragua, resaltó que la percepción que existe de México es la de un país con mucha violencia, debido a que es lo que trasciende a través de los medios de comunicación.
Sin embargo, consideró que la República Mexicana es un país con amplias tradiciones, cultura e identidad, dispuesto a cooperar con otros pueblos; además, resalta la calidez de las personas.
Calificó de positivo las acciones del gobierno federal para controlar las situaciones de violencia en algunas ciudades, al integrar al Ejército en rondines y operativos contra estas células delictivas, pero comentó que los resultados, debido a la dimensión del problema, se verán a lago plazo.
Consideró que el principal señalamiento negativo, lejos de provenir del exterior, radica en el señalamiento de los propios mexicanos, quienes ven que la clase política necesita mayor determinación y voluntad para terminar con estos temas.
Indicó que varios especialistas reconocen que el problema de violencia en México no es endémico sino epidémico, y forma parte del crimen organizado que está alentado por el tráfico de armas y la demanda de drogas en Estados Unidos.
El director del SIP consideró que es una tragedia nacional lo que sucede en México, luego de que en una semana se registrarán varios hechos violentos como la balacera en el estadio de Torreón y el incendio en el Casino Royal de Monterrey, este último con un saldo de más de 50 muertos.
Comentó que estos actos demuestran la vulnerabilidad del ciudadano común, en donde los crímenes dejaron de perpetrarse en callejones al caer la noche, para realizarse a plena luz del día en lugares de esparcimiento público.
“Hay un sentir de inseguridad, desprotección y de impunidad que la gente está denunciando como aparecen en las recientes encuestas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde 80 por ciento de la gente tiene miedo a la autoridad”, indicó.
En este sentido y con base a este estudio, Trotti precisó que el 45 por ciento de la población en México percibe mayor violencia este año en comparación con 2010, y la misma cantidad de personas piensa que 2012 será aún más violento.
Por su parte, Johanni Miranda, estudiante de derecho de la Universidad de Estudios Comerciales de Managua, Nicaragua, resaltó que la percepción que existe de México es la de un país con mucha violencia, debido a que es lo que trasciende a través de los medios de comunicación.
Sin embargo, consideró que la República Mexicana es un país con amplias tradiciones, cultura e identidad, dispuesto a cooperar con otros pueblos; además, resalta la calidez de las personas.
Calificó de positivo las acciones del gobierno federal para controlar las situaciones de violencia en algunas ciudades, al integrar al Ejército en rondines y operativos contra estas células delictivas, pero comentó que los resultados, debido a la dimensión del problema, se verán a lago plazo.
agosto 28, 2011
RICARDO TROTTI: Una semana terrorífica - Opinión - ElNuevoHerald.com
RICARDO TROTTI: Una semana terrorífica - Opinión - ElNuevoHerald.com
agosto 27, 2011
Aprobada la Declaración de Puebla
Anoche en Puebla, México, culminamos una magnífica Conferencia Hemisférica Universitaria de la que participaron 22 universidades de 13 países latinoamericanos. En la Declaración de Puebla, acordaron innumerables iniciativas, recomendando reformas de políticas públicas para combatir la violencia contra la prensa y la impunidad, así como también medidas legales severas contra aquellos que atenten contra la libertad de prensa.
Proyecto Impunidad - Declaración de Puebla
Proyecto Impunidad - Declaración de Puebla
agosto 24, 2011
Google: un “monopolio” saludable
Aunque como motor de búsqueda dominante del internet Google ha revolucionado la cultura y nuestros hábitos de consumo del conocimiento, también genera controversias cada vez que expande su negocio o pone en duda el respeto por la privacidad, la propiedad intelectual y la libertad informativa.
Google atrajo esta semana las miradas de quienes la acusan de ser un angurriento monopolio, luego de ofertar 12.500 millones de dólares por el fabricante de teléfonos móviles inteligentes, Motorola Wireless. El motor de búsqueda deberá defender su compra ante los reguladores, pero antes debe comparecer en la audiencia denominada “el poder de Google”, que la Comisión de Competencia del Senado estadounidense realizará el 15 de setiembre, para examinar sus supuestas malas prácticas comerciales e intelectuales, que ya le han acarreado cientos de demandas por censura, invasión de privacidad y violación de derechos de autor.
Más allá de los proyectos que debió paralizar tras arreglos judiciales, como la digitalización de libros por la disputa con sindicatos de autores o la publicación de mapas de campamentos militares en zonas de guerra, creo que difícilmente Google pueda ser acusada de monopolio. En el caso Motorola, si bien aparenta ser una expansión monopólica, en realidad se trató de la compra de patentes y de una estrategia para fabricar sus smartphone Android, y así competir contra Apple, Microsoft y RIM. De hecho, su sistema operativo Android de “open source”, puede ser utilizado por cualquier fabricante de teléfonos, como los 39 que ya lo hacen actualmente.
Desde su nacimiento en 1996, bajo la misión de “organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil universalmente”, la evolución de Google muestra su éxito en cómo compite contra compañías existentes como Explorer y Firefox; es autorizada a comprar compañías que en poco tiempo convierte en líderes como YouTube; inventa nuevos servicios y productos que ayudan a la expansión del conocimiento como Google Maps o las nuevas computadoras personales Chrome Books que operan desde la nube; o experimenta con nuevos juguetes como Google TV y su reciente lanzamiento de Google +, la red social para pugnar contra Facebook.
Como toda empresa exitosa que compite por calidad, y con ingresos anuales billonarios por sus servicios de colocación de publicidad Adworks y Adsense, es natural que Google busque su expansión, y a menudo corretee por el delgado límite que divide la sana competencia de las mañas monopólicas, lo que le valió decenas de disputas en EEUU, Europa y Asia.
En materia de censura, el haber cedido ante el gobierno chino para bloquear a disidentes e información sobre el Tibet, es aberrante, pero no es menos cierto que Google ha permitido desenmascarar a dictaduras, y sirvió para liberar mucha información censurada y desconocida. Otras veces es víctima. Como esta semana en Argentina, cuando por orden judicial los proveedores de internet fueron obligados a bloquear millones de blogs de su plataforma Blogger, porque el gobierno considera que se difunden datos sensibles al interés nacional.
Sus peores faltas, sin embargo, son efectos colaterales de su sofisticación digital que afecta el derecho a la intimidad, ya sea porque los datos personales de los usuarios quedan a merced de los piratas informáticos o son requeridos en forma obligatoria por los gobiernos, mediante leyes al estilo del Acta Patriótica antiterrorista estadounidense.
Sus modales más viciados tienen que ver con el derecho de autor. Tanto en Berlín como en Nueva York y Bogotá, los editores de periódicos se unieron para evitar que sus contenidos estén disponibles de forma gratuita en internet. Google alega que sus sistemas no son obligatorios y pueden ser desestimados. En realidad, el problema es que toda empresa sabe que si no aprovecha los servicios de Google, se arriesga a perder terreno y competitividad.
Creo que se pueden criticar algunas prácticas de Google, pero sería injusto no apreciar la visión de sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, quienes sobre la base de la competencia y la innovación constante, han revolucionado la industria del conocimiento y achicado el mundo. Si esto es sinónimo de “monopolio”; se trata de una práctica muy saludable. La humanidad es hoy mucho mejor con Google que sin él.
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