Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe plena libertad de prensa, como la presidenta Cristina de Kirchner, quien esta semana en un mitin político, sostuvo que todos pueden decir lo que piensan y quieren en Argentina.
Pero esa es una verdad a medias. La libertad de prensa no solo implica el derecho a decir las cosas, sino a no ser molestado ni perseguido por hacerlo. Y ese no es el caso en la Argentina actual, tampoco el de Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, cuyos gobiernos, en forma sistemática, discriminan y toman represalias contra los medios de comunicación y los periodistas críticos e independientes, aunque la excusa es “controlar sus excesos”.
Por lo general, las medidas contra la prensa son groseras. Implican clausurar medios en Venezuela; acusar de terrorista a un periodista ecuatoriano por patear una granada lacrimógena hacia donde estaba el Presidente o acusar a ejecutivos de Clarín y La Nación de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad al haber comprado una fábrica de papel durante la dictadura.
En ocasiones no son medidas tan evidentes, sino sutiles, pero igualmente contundentes, dirigidas a corroer la salud económica del medio. Se trata de censura indirecta, asumida por el gobierno con una actitud “robinhoodense” aparentando defender a un público vulnerable ante las atrocidades de los medios privados; cuando en realidad el objetivo es asfixiar la crítica y la fiscalización de la opinión pública.
Los métodos son variados, discriminación de la publicidad oficial, segregación en el otorgamiento de licencias para operar radio y televisión, presión fiscal, estorbos a la importación de insumos y a la distribución de las noticias; prácticamente el muestrario de obstáculos gubernamentales impuestos a la prensa argentina.
No se trata de procedimientos nuevos ni originales. El papel periódico siempre fue un insumo manejado para coartar la libertad de prensa. Juan Domingo Perón lo restringía a los diarios “opositores”; el partido mexicano PRI, cuando era gobierno, lo discriminaba a quienes no se plegaban a sus políticas y Hugo Chávez restringe las divisas y eleva aranceles para dificultar su importación.
Antes como ahora, queda demostrado que el autoritarismo de un gobierno es directamente proporcional al tiempo que gasta en controlar la libertad de prensa. Y cuanto más tiempo ocupa para ello, más terca y revanchista se torna su actitud en contra del periodismo.
Con el kirchnerismo se demuestra este principio. Desde hace años está empeñado en acabar con la prensa a la que califica de “opositora”, sin importarle caer en torpezas e incongruencias. Ataca el monopolio de la fabricación de papel periódico y la concentración de medios en manos privadas, con el mismo ímpetu que defiende la concentración de prensa estatal y oficialista, mientras recrea el monopolio de la distribución de periódicos, práctica mafiosa que había sido extirpada por inconstitucional en 1999.
Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos, sus funcionarios o testaferros están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos.
Los amigos del kirchnerismo esperan como buitres la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales cuyo artículo 161 obliga a las empresas a desprenderse de sus medios en menos de un año, por lo que la obligada mala venta de unos será el beneficio de otros. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega quedó de propietario particular de los canales 4 y 8 y de las radios Ya y Sandino; Hugo Chávez expropió RCTV y a su equipamiento, de inversión privada millonaria en todo el país, la robó para operar su propia televisora; mientras Rafael Correa confiscó canales y un diario, a los que prefiere seguir usando como medios de propaganda en lugar de ofrecerlos en licitación.
Lo que asusta sobre la censura indirecta es que sus métodos están implícitos y permitidos en leyes de prensa adoptadas en Venezuela y Argentina, la que pronto se espera aprobar en Ecuador, la que se proyecta en Brasil y la que anunció esta semana el oficialismo en Bolivia.
Sarcásticamente, todas esas leyes tienen como fin “controlar los excesos de los medios”; o “tutelar” la libertad de prensa, como repite en discursos, leyes y decretos la presidenta Kirchner.
septiembre 24, 2010
septiembre 22, 2010
Calderón se compromete a proteger periodistas
Por mi trabajo suelo formar parte de delegaciones y entrevistas con presidentes, pero la que tuvimos hoy con el primer mandatario de México, Felipe Calderón, fue especial por varios motivos.
Primero, porque en un contexto de presidentes latinoamericanos que pisotean la libertad de prensa y a los medios y a los periodistas, es reconfortante estar con alguien que discute con tolerancia, comprende, escucha y se compromete para luchar a favor de la protección de los periodistas y garantizar la libertad de expresión.
Segundo porque nos dio más de una hora y media de tiempo, lo que no es poco en sí mismo, pero además porque le dio un mensaje contundente a sus funcionarios de que el tema de la libertad de prensa y la violencia contra los periodistas es importante.
Tercero porque hizo anuncios importantes, como que reimpulsará la reforma legal que convierte a los delitos contra periodistas crímenes federales y porque anunció el lanzamiento de un sistema de protección.
Comparto con ustedes el comunicado de prensa, en forma parcial, sobre los resultados que acabamos de tener en la reunión con el Presidente en la Residencia de Los Pinos.
México, D.F. (22 de septiembre de 2010). – El presidente Felipe Calderón anunció hoy en una reunión de trabajo con una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que se compromete a instalar en la agenda pública nacional el tema de la libertad de prensa, redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsando la reforma legal que hará de los crímenes contra periodistas un delito federal.
En una reunión que se extendió en la Residencia Los Pinos por una hora y media, en la que ambas organizaciones expusieron su preocupación ante el incremento de los asesinatos contra periodistas y el nivel de impunidad, el presidente Calderón insistió que la “peor amenaza contra la libertad de expresión, no proviene del gobierno, que tiene una profunda vocación democrática y de tolerancia, sino del crimen organizado”.
El presidente Calderón anunció durante la reunión la implementación próxima de un sistema centralizado de protección para periodistas, con participación civil, que evaluará riesgos y ofrecerá medidas cautelares. En reunión posterior con otros funcionarios de gobierno, que se extendió por otra hora y media adicional, y en el que se ofrecieron detalles del plan, el Fiscal Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, dijo que el sistema pudiera empezar a operar en sus primeras fases a principios de octubre.
Las delegaciones lideradas por Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la SIP y Joel Simon, director ejecutivo de CPJ, pidieron que los crímenes contra periodistas se federalicen, sean delitos agravados e imprescriptibles, que haya un sistema eficiente de protección para medios y reporteros con el apoyo de la sociedad civil, que se fortalezca el trabajo de la Fiscalía Especial, y que se establezca un protocolo para las fuerzas de seguridad que han limitado la labor periodística.
El presidente Calderón se comprometió a reimpulsar la federalización de los delitos contra periodistas, proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en 2008, ante reiterados pedidos de editores mexicanos nucleados en reuniones de la SIP, pero que hasta ahora permanece estancado. El Presidente instruyó al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a insistir este tema ante la comisiones en el Senado de la República. También se mostró inclinado a reformas legales que tiendan a establecer modalidades de agravamiento de penas en los delitos cometidos contra periodistas y en buscar su imprescriptibilidad.
Ante requerimiento especial de la SIP, el presidente Calderón se comprometió a elevar el tema de la seguridad de los periodistas y la importancia de la libertad de prensa, en reuniones supra nacionales con otros presidentes de las Américas y organizaciones inter gubernamentales.
En aspectos particulares, el Presidente comentó que en el caso del periodista Armando Rodríguez del Diario de Juárez, asesinado en noviembre de 2008, fue detenido uno de los participantes en el crimen. En ese sentido, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, confirmó que la captura ha permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional y que las investigaciones continúan.
El presidente Calderón también se comprometió personalmente a revisar el incumplimiento por parte del Estado nacional, y los estados de Baja California y Chihuahua, sobre las resoluciones que a instancias de la SIP, emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, asesinados en 1988 y 1991, respectivamente.
Además de Marroquín, la delegación de la SIP estuvo compuesta por Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News de Estados Unidos; Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, de La Prensa de Honduras; Andrés García Gamboa, ex presidente de la SIP, de Grupo SIPSE de Mérida, Yucatán, México; Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión Contra la Impunidad, de El Universal de México; Juan Fernando Healy, vicepresidente por México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de Periódicos Healy de México; Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de El Universal de México; Julio Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa y María Idalia Gómez, de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.
En representación del CPJ acompañaron a Simon, María Teresa Ronderos, integrante de la junta directiva; Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas y Michael O’ Connor, consultor del CPJ en México.
Estadísticas recopiladas por la SIP desde 1987 indican que a la fecha 103 periodistas fueron asesinados y se desconoce el paradero de otros ocho secuestrados en 2010. Este año han sido ultimados 10 comunicadores: Luis Carlos Santiago Orozco, Guillermo Alcaraz Trejo, Marco Aurelio Martínez, Hugo Alfredo Olivera Cartas, María Elvira Hernández Galeana, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero y Valentín Valdés Espinosa.
Primero, porque en un contexto de presidentes latinoamericanos que pisotean la libertad de prensa y a los medios y a los periodistas, es reconfortante estar con alguien que discute con tolerancia, comprende, escucha y se compromete para luchar a favor de la protección de los periodistas y garantizar la libertad de expresión.
Segundo porque nos dio más de una hora y media de tiempo, lo que no es poco en sí mismo, pero además porque le dio un mensaje contundente a sus funcionarios de que el tema de la libertad de prensa y la violencia contra los periodistas es importante.
Tercero porque hizo anuncios importantes, como que reimpulsará la reforma legal que convierte a los delitos contra periodistas crímenes federales y porque anunció el lanzamiento de un sistema de protección.
Comparto con ustedes el comunicado de prensa, en forma parcial, sobre los resultados que acabamos de tener en la reunión con el Presidente en la Residencia de Los Pinos.
México, D.F. (22 de septiembre de 2010). – El presidente Felipe Calderón anunció hoy en una reunión de trabajo con una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que se compromete a instalar en la agenda pública nacional el tema de la libertad de prensa, redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsando la reforma legal que hará de los crímenes contra periodistas un delito federal.
En una reunión que se extendió en la Residencia Los Pinos por una hora y media, en la que ambas organizaciones expusieron su preocupación ante el incremento de los asesinatos contra periodistas y el nivel de impunidad, el presidente Calderón insistió que la “peor amenaza contra la libertad de expresión, no proviene del gobierno, que tiene una profunda vocación democrática y de tolerancia, sino del crimen organizado”.
El presidente Calderón anunció durante la reunión la implementación próxima de un sistema centralizado de protección para periodistas, con participación civil, que evaluará riesgos y ofrecerá medidas cautelares. En reunión posterior con otros funcionarios de gobierno, que se extendió por otra hora y media adicional, y en el que se ofrecieron detalles del plan, el Fiscal Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, dijo que el sistema pudiera empezar a operar en sus primeras fases a principios de octubre.
Las delegaciones lideradas por Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la SIP y Joel Simon, director ejecutivo de CPJ, pidieron que los crímenes contra periodistas se federalicen, sean delitos agravados e imprescriptibles, que haya un sistema eficiente de protección para medios y reporteros con el apoyo de la sociedad civil, que se fortalezca el trabajo de la Fiscalía Especial, y que se establezca un protocolo para las fuerzas de seguridad que han limitado la labor periodística.
El presidente Calderón se comprometió a reimpulsar la federalización de los delitos contra periodistas, proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en 2008, ante reiterados pedidos de editores mexicanos nucleados en reuniones de la SIP, pero que hasta ahora permanece estancado. El Presidente instruyó al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a insistir este tema ante la comisiones en el Senado de la República. También se mostró inclinado a reformas legales que tiendan a establecer modalidades de agravamiento de penas en los delitos cometidos contra periodistas y en buscar su imprescriptibilidad.
Ante requerimiento especial de la SIP, el presidente Calderón se comprometió a elevar el tema de la seguridad de los periodistas y la importancia de la libertad de prensa, en reuniones supra nacionales con otros presidentes de las Américas y organizaciones inter gubernamentales.
En aspectos particulares, el Presidente comentó que en el caso del periodista Armando Rodríguez del Diario de Juárez, asesinado en noviembre de 2008, fue detenido uno de los participantes en el crimen. En ese sentido, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, confirmó que la captura ha permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional y que las investigaciones continúan.
El presidente Calderón también se comprometió personalmente a revisar el incumplimiento por parte del Estado nacional, y los estados de Baja California y Chihuahua, sobre las resoluciones que a instancias de la SIP, emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, asesinados en 1988 y 1991, respectivamente.
Además de Marroquín, la delegación de la SIP estuvo compuesta por Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News de Estados Unidos; Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, de La Prensa de Honduras; Andrés García Gamboa, ex presidente de la SIP, de Grupo SIPSE de Mérida, Yucatán, México; Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión Contra la Impunidad, de El Universal de México; Juan Fernando Healy, vicepresidente por México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de Periódicos Healy de México; Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de El Universal de México; Julio Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa y María Idalia Gómez, de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.
En representación del CPJ acompañaron a Simon, María Teresa Ronderos, integrante de la junta directiva; Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas y Michael O’ Connor, consultor del CPJ en México.
Estadísticas recopiladas por la SIP desde 1987 indican que a la fecha 103 periodistas fueron asesinados y se desconoce el paradero de otros ocho secuestrados en 2010. Este año han sido ultimados 10 comunicadores: Luis Carlos Santiago Orozco, Guillermo Alcaraz Trejo, Marco Aurelio Martínez, Hugo Alfredo Olivera Cartas, María Elvira Hernández Galeana, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero y Valentín Valdés Espinosa.
septiembre 21, 2010
Lula mete la pata internamente; también
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva quiere a toda costa que su candidata Dilma Roussef gane las elecciones presidenciales en octubre y no tiene empacho en demostrarlo, lo malo es que lo hace a expensas de cualquier cosa, haciendo propaganda electoral que lo tiene totalmente prohibido o atacando a los medios de comunicación porque están denunciando hechos de corrupción que enturbian a la candidata oficialista y sus alrededores.
Lula tuvo varios pecados en materia de libertad de prensa, pero en nada se compara a lo que sucede en otros países, por eso la sorpresa cuando este sábado acusó a los medios de comunicación de comportarse como partidos políticos – hacer oposición – por haber denunciado corrupción. Lula fue un poco más allá en defender a Dilma y dijo que los medios en Brasil son una vergüenza y que “los vamos a aplastar algunos periódicos y revistas que se comportan como si fueran partido político y no tienen el valor de decir que son partido político y tienen candidato".
La actitud chavista de Lula no se explica muy bien, más que tratar de defender los puntos de ventaja, aparentemente insuperable de su candidata. Las denuncias de los medios obedecían a la ahora ex ministra de la Presidencia, Erenice Guerra, quien renunció el jueves pasado después de denuncias periodísticas sobre tráfico de influencia.
Vale la pena recordar este episodio, porque hace semanas, varios sectores de la prensa se mostraron un poco perturbados por las críticas que el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, hizo contra Lula, que si bien tenía que ver más con la política exterior de Brasil, incluyeron críticas sobre aspectos relacionados a la libertad de prensa en el país.
El carismático Lula daría la apariencia de tener dos caras; una bien democrática hacia adentro (a pesar de actitudes como las que describo) y la otra hacia afuera poco recomendable, si se considera su apoyo a Irán, Chávez o el papel que jugó en la crisis hondureña con Manuel Zelaya.
Lula tuvo varios pecados en materia de libertad de prensa, pero en nada se compara a lo que sucede en otros países, por eso la sorpresa cuando este sábado acusó a los medios de comunicación de comportarse como partidos políticos – hacer oposición – por haber denunciado corrupción. Lula fue un poco más allá en defender a Dilma y dijo que los medios en Brasil son una vergüenza y que “los vamos a aplastar algunos periódicos y revistas que se comportan como si fueran partido político y no tienen el valor de decir que son partido político y tienen candidato".
La actitud chavista de Lula no se explica muy bien, más que tratar de defender los puntos de ventaja, aparentemente insuperable de su candidata. Las denuncias de los medios obedecían a la ahora ex ministra de la Presidencia, Erenice Guerra, quien renunció el jueves pasado después de denuncias periodísticas sobre tráfico de influencia.
Vale la pena recordar este episodio, porque hace semanas, varios sectores de la prensa se mostraron un poco perturbados por las críticas que el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, hizo contra Lula, que si bien tenía que ver más con la política exterior de Brasil, incluyeron críticas sobre aspectos relacionados a la libertad de prensa en el país.
El carismático Lula daría la apariencia de tener dos caras; una bien democrática hacia adentro (a pesar de actitudes como las que describo) y la otra hacia afuera poco recomendable, si se considera su apoyo a Irán, Chávez o el papel que jugó en la crisis hondureña con Manuel Zelaya.
septiembre 20, 2010
Frustrados por la impunidad
El Diario de Juárez, ubicado la localidad más violenta de México, Ciudad de Juárez, mostró toda su frustración con una editorial este domingo en el que critica ampliamente al gobierno de México por no hacer nada por el asesinato de dos periodistas de su plantel en los dos años, uno de ellos acribillado la semana pasada, a la vez que le solicita a los carteles de narcotraficantes que les den una tregua.
Le sucede al diario lo que nos pasa a todas las organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa y tantas otras, que después de luchar en contra de los crímenes contra periodistas cometidos por el crimen organizado nos vemos frustrados y nos sentimos fracasados, así sea en México como en Honduras, por no lograr que las autoridades alcancen resultados esperados y se haga justicia.
La frustración del Diario de Juárez la mostró no solo en contra del gobierno, sino también en contra de los narcotraficantes y los distintos carteles que compiten por territorios preguntándoles públicamente que “nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.
En un duro cuestionamiento para el gobierno, el diario se dirige a los narcotraficantes: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.
De esa forma el periódico plantea que “ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.
“Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”.
Representantes del Diario de Juárez, así como de otros medios del interior del país, participarán este jueves en un foro que entre la SIP y el CPJ hemos organizado para discutir las respuestas que debería adoptar el gobierno para proteger y brindar seguridad a los periodistas y los medios de comunicación.
Previamente, este miércoles, las delegaciones nos reuniremos con el presidente de México, Felipe Calderón, así como otros miembros de gabinete.
México es el país más peligroso en las Américas para ejercer el periodismo. Este año han sido asesinados nueve periodistas, mientras que ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos.
Le sucede al diario lo que nos pasa a todas las organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa y tantas otras, que después de luchar en contra de los crímenes contra periodistas cometidos por el crimen organizado nos vemos frustrados y nos sentimos fracasados, así sea en México como en Honduras, por no lograr que las autoridades alcancen resultados esperados y se haga justicia.
La frustración del Diario de Juárez la mostró no solo en contra del gobierno, sino también en contra de los narcotraficantes y los distintos carteles que compiten por territorios preguntándoles públicamente que “nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.
En un duro cuestionamiento para el gobierno, el diario se dirige a los narcotraficantes: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.
De esa forma el periódico plantea que “ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.
“Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”.
Representantes del Diario de Juárez, así como de otros medios del interior del país, participarán este jueves en un foro que entre la SIP y el CPJ hemos organizado para discutir las respuestas que debería adoptar el gobierno para proteger y brindar seguridad a los periodistas y los medios de comunicación.
Previamente, este miércoles, las delegaciones nos reuniremos con el presidente de México, Felipe Calderón, así como otros miembros de gabinete.
México es el país más peligroso en las Américas para ejercer el periodismo. Este año han sido asesinados nueve periodistas, mientras que ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos.
septiembre 19, 2010
Reclamo por violencia contra periodistas
Participé estos últimos días en un foro de periodistas en Austin, Texas y comparto la declaración que se consensuó respecto a los asesinatos contra periodistas en la región:
Declaración de Austin
Un grupo de los periodistas de investigación más destacados de América Latina, reunidos en el Octavo Foro de Austin sobre Periodismo de las Américas, organizado por el Knight Center en la Universidad de Texas en Austin, declara su más enérgico repudio por los asesinatos de periodistas y ataques de todo tipo contra los medios de comunicación desatados por el crimen organizado en México y que se cometen desde hace años en medio de la negligencia del Estado.
El narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en la principal amenaza contra la sociedad y la vida democrática desde México hasta el Cono Sur. En otros países, como Guatemala, Honduras y también Colombia, los medios de comunicación y los periodistas trabajan bajo fuego. Por toda la región la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados están en serio peligro. Así lo ha constatado el trabajo de este Foro en las rigurosas exposiciones de los participantes.
Los participantes del Foro de Austin declaran su decisión de actuar desde los distintos medios de comunicación aquí representados para denunciar la impunidad con la que operan las bandas del crimen organizado y para insistir ante organismo internacionales, los gobiernos de la región, en particular el mexicano, para que asuman la urgencia del momento y la responsabilidad que les corresponde en garantizar dos derechos mínimos que están consignados en sus constituciones. Los derechos a la vida y a la información deben ser restituidos.
Desde Austin enviamos muestra solidaridad a todos nuestros colegas en peligro.
Austin, 18 de septiembre de 2010.
Declaración de Austin
Un grupo de los periodistas de investigación más destacados de América Latina, reunidos en el Octavo Foro de Austin sobre Periodismo de las Américas, organizado por el Knight Center en la Universidad de Texas en Austin, declara su más enérgico repudio por los asesinatos de periodistas y ataques de todo tipo contra los medios de comunicación desatados por el crimen organizado en México y que se cometen desde hace años en medio de la negligencia del Estado.
El narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en la principal amenaza contra la sociedad y la vida democrática desde México hasta el Cono Sur. En otros países, como Guatemala, Honduras y también Colombia, los medios de comunicación y los periodistas trabajan bajo fuego. Por toda la región la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados están en serio peligro. Así lo ha constatado el trabajo de este Foro en las rigurosas exposiciones de los participantes.
Los participantes del Foro de Austin declaran su decisión de actuar desde los distintos medios de comunicación aquí representados para denunciar la impunidad con la que operan las bandas del crimen organizado y para insistir ante organismo internacionales, los gobiernos de la región, en particular el mexicano, para que asuman la urgencia del momento y la responsabilidad que les corresponde en garantizar dos derechos mínimos que están consignados en sus constituciones. Los derechos a la vida y a la información deben ser restituidos.
Desde Austin enviamos muestra solidaridad a todos nuestros colegas en peligro.
Austin, 18 de septiembre de 2010.
septiembre 17, 2010
Desfachatez a la cubana
El gobierno cubano sabe que tarde o temprano Barack Obama está esperando el momento adecuado para relajar el embargo hacia la isla. Y por ello, desesperado por la falta de efectivo, está presionando al Presidente estadounidense por todos los flancos y con todos sus funcionarios y sus amigos.
Hugo Chávez salió hoy en Twitter denunciando que el embargo le “ha costado” a Cuba más de 731 mil millones a la isla, con el que justifica su pobreza y la victimización de un régimen al que considera honesto, inmaculado, ejemplar. Lo que no dice Chávez en su campaña de propaganda, que el embargo no impide ni impidió jamás a Cuba comerciar con cualquier otro país, y que el embargo se hubiese levantado si Cuba despejaba el camino a elecciones limpias y deba libertad a sus ciudadanos.
Así como Cuba es soberana para tener el régimen que quiere, EEUU – por más que yo en lo personal no estoy tan convencido de su fin – también lo es para determinar con quien o no comerciar.
En esta presión por doblarle el brazo a Obama, el gobierno cubano envió a la ONU una lista de 19 iniciativas que debería tomar el Presidente estadounidense para empezar a normalizar las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, abrir rutas de ferrys, ampliar el número de aeropuertos autorizados para vuelos a Cuba, permitir que los estadounidenses viajen libremente a la isla y que puedan usar tarjetas de crédito para sus gastos.
La desfachatez cubana de vender su filosofía política a cambio de dólares, debería desnudarse aún más con propuestas que exijan mayores cambios políticos en la isla, más allá de los destierros producto de la liberación de presos políticos en las últimas semanas.
Debería seguir exigiéndosele a Cuba con el mismo ímpetu, que permita a los cubanos trasladarse dentro y fuera del país libremente, que permita la libertad de prensa y de expresión y la libertad de reunión y de protesta sin represalias, que libere a todos los presos políticos, y que permita elecciones libres.
Darle dinero al gobierno cubano es permitir que continúe impunemente con su sistema opresor.
Hugo Chávez salió hoy en Twitter denunciando que el embargo le “ha costado” a Cuba más de 731 mil millones a la isla, con el que justifica su pobreza y la victimización de un régimen al que considera honesto, inmaculado, ejemplar. Lo que no dice Chávez en su campaña de propaganda, que el embargo no impide ni impidió jamás a Cuba comerciar con cualquier otro país, y que el embargo se hubiese levantado si Cuba despejaba el camino a elecciones limpias y deba libertad a sus ciudadanos.
Así como Cuba es soberana para tener el régimen que quiere, EEUU – por más que yo en lo personal no estoy tan convencido de su fin – también lo es para determinar con quien o no comerciar.
En esta presión por doblarle el brazo a Obama, el gobierno cubano envió a la ONU una lista de 19 iniciativas que debería tomar el Presidente estadounidense para empezar a normalizar las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, abrir rutas de ferrys, ampliar el número de aeropuertos autorizados para vuelos a Cuba, permitir que los estadounidenses viajen libremente a la isla y que puedan usar tarjetas de crédito para sus gastos.
La desfachatez cubana de vender su filosofía política a cambio de dólares, debería desnudarse aún más con propuestas que exijan mayores cambios políticos en la isla, más allá de los destierros producto de la liberación de presos políticos en las últimas semanas.
Debería seguir exigiéndosele a Cuba con el mismo ímpetu, que permita a los cubanos trasladarse dentro y fuera del país libremente, que permita la libertad de prensa y de expresión y la libertad de reunión y de protesta sin represalias, que libere a todos los presos políticos, y que permita elecciones libres.
Darle dinero al gobierno cubano es permitir que continúe impunemente con su sistema opresor.
septiembre 16, 2010
Rafael Correa, "el periodista"
Frente a los medios de comunicación y la información existen dos estilos presidenciales en América Latina que cada día se diferencian más. Uno lo pregona el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. El otro lo asume el presidente chileno Sebastián Piñera.
Correa comenzó a publicar el lunes pasado “Periódico Popular: El verdadero”, un medio impreso destinado a “informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de U$S 16 millones, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de U$S 6 millones que tiene “El Telégrafo”, otro diario estatal bajo su administración.
Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad. La transacción fue producto de una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26 por ciento de la empresa de aviación LAN. El propósito, como lo aceptó ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de Presidente y empresario.
Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística. Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a “La Nación”, diario sobre el que el gobierno mantiene un 69 por ciento de propiedad.
Si bien no es ilegal ser Presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Piñera no se desprendiera del canal.
En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Correa que ésta, en manos privadas, solo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado. Así se explicita en el proyecto de Ley de Comunicación que patrocina, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa critica, pagadas con dineros de todos los ecuatorianos.
El gobierno de Correa, con “Periódico Popular” - que no fue concebido como medio público sino para competir con la prensa - y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios en el país, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista. A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la “verdad”, la que otros callan o tergiversan.
Justamente esa “verdad” es la excusa que otros presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner, han esgrimido para sancionar leyes que les permitiesen cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada si se considera el eterno uso de recursos públicos.
En una democracia, los gobiernos están restringidos a utilizar medios y recursos estatales como si fueran propios o partidarios; y están obligados a manejar los medios públicos con criterios de pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las corrientes ciudadanas.
Los medios operados por los gobiernos sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos estatales como el caso de “El Telégrafo”, son privilegiados con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la “verdad”, no es más que la versión oficial.
En el seminario sobre Diarios Populares que la Sociedad Interamericana de Prensa ofreció esta semana en Lima, se recordaba el nefasto uso que el ex presidente Alberto Fujimori hizo de su “verdad”, manipulando y comprando a medios propios y ajenos. Su objetivo era eternizarse en el poder, lo que en definitiva es el fin de los medios en manos del gobierno.
Correa comenzó a publicar el lunes pasado “Periódico Popular: El verdadero”, un medio impreso destinado a “informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de U$S 16 millones, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de U$S 6 millones que tiene “El Telégrafo”, otro diario estatal bajo su administración.
Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad. La transacción fue producto de una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26 por ciento de la empresa de aviación LAN. El propósito, como lo aceptó ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de Presidente y empresario.
Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística. Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a “La Nación”, diario sobre el que el gobierno mantiene un 69 por ciento de propiedad.
Si bien no es ilegal ser Presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Piñera no se desprendiera del canal.
En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Correa que ésta, en manos privadas, solo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado. Así se explicita en el proyecto de Ley de Comunicación que patrocina, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa critica, pagadas con dineros de todos los ecuatorianos.
El gobierno de Correa, con “Periódico Popular” - que no fue concebido como medio público sino para competir con la prensa - y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios en el país, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista. A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la “verdad”, la que otros callan o tergiversan.
Justamente esa “verdad” es la excusa que otros presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner, han esgrimido para sancionar leyes que les permitiesen cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada si se considera el eterno uso de recursos públicos.
En una democracia, los gobiernos están restringidos a utilizar medios y recursos estatales como si fueran propios o partidarios; y están obligados a manejar los medios públicos con criterios de pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las corrientes ciudadanas.
Los medios operados por los gobiernos sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos estatales como el caso de “El Telégrafo”, son privilegiados con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la “verdad”, no es más que la versión oficial.
En el seminario sobre Diarios Populares que la Sociedad Interamericana de Prensa ofreció esta semana en Lima, se recordaba el nefasto uso que el ex presidente Alberto Fujimori hizo de su “verdad”, manipulando y comprando a medios propios y ajenos. Su objetivo era eternizarse en el poder, lo que en definitiva es el fin de los medios en manos del gobierno.
septiembre 15, 2010
Chávez gritará
Las declaraciones del presidente salvadoreño en Miami, Mauricio Funes, sobre que Hugo Chávez debería alternar el poder, es obviamente un golpe bajo que el presidente venezolano no lo dejará pasar, ahora que está de lleno en la campaña política para el “referendo” del 26 de setiembre, aunque oficialmente se trata de elecciones legislativas.
Es que toda la propaganda política en Venezuela del oficialismo tiene el sesgo autoritario, de mantener la figura de Chávez como si fuera él el candidato a algo, por lo que en definitiva, nuevamente los venezolanos estarán eligiendo entre él y la oposición, casi como que la cuestión no es sobre quienes deberán ocupar los escaños en la Legislatura.
Así como está en plena campaña, Chávez no dejará pasar esta oportunidad de desviar la atención sobre problemas internos que se le critican y aprovechará a criticar a Funes, quien muy sensato; dijo lo que todo el mundo y cualquier demócrata sabe de lo importante que es para un sistema saludable, la alternancia en el poder.
Funes también dijo – en una conferencia convocada por el diario The Miami Herald – que él no es títere de Chávez, y que es un admirador del presidente brasileño Lula, lo que viene sosteniendo desde que estaba en plena campaña electoral.
Seguramente Funes será tachado de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela.
Es que toda la propaganda política en Venezuela del oficialismo tiene el sesgo autoritario, de mantener la figura de Chávez como si fuera él el candidato a algo, por lo que en definitiva, nuevamente los venezolanos estarán eligiendo entre él y la oposición, casi como que la cuestión no es sobre quienes deberán ocupar los escaños en la Legislatura.
Así como está en plena campaña, Chávez no dejará pasar esta oportunidad de desviar la atención sobre problemas internos que se le critican y aprovechará a criticar a Funes, quien muy sensato; dijo lo que todo el mundo y cualquier demócrata sabe de lo importante que es para un sistema saludable, la alternancia en el poder.
Funes también dijo – en una conferencia convocada por el diario The Miami Herald – que él no es títere de Chávez, y que es un admirador del presidente brasileño Lula, lo que viene sosteniendo desde que estaba en plena campaña electoral.
Seguramente Funes será tachado de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela.
septiembre 14, 2010
Lo de Fidel era verdad
El anuncio del gobierno cubano que recortará en casi medio millón de empleos estatales e incentivará al sector privado para que absorba esa misma cantidad de empleos para fines de 2011, comprueban los dichos de Fidel Castro de la semana pasada sobre que el sistema comunista ni siquiera le había funcionado al férreo sistema político de su país impuesto desde 1959.
Fidel desdijo al periodista de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, cuando le comentó que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros'', argumentando que había sido malinterpretado y que lo que había querido decir, en una forma irónica, fue que el sistema capitalista es el que está muerto.
En realidad, por las nuevas medidas anunciadas, se comprueba que la ironía no parecieran ser los dichos sino las acciones, ya que ahora, después de medio siglo, se acaba de dar cuenta que el vilipendiado sistema de libre mercado es la única forma que puede resucitar a un país que jamás despegó; en el que siempre se coartaron libertades y en el que se incentivó la vagancia y la ineficiencia productiva y laboral; en el que el único autorizado a acumular capital es el Estado que controla el 95 por ciento de la actividad económica y algunos arrimados y privilegiados dentro del sistema político.
El gobierno anunció tiempo atrás que la burocracia estaba excedida en un millón de puestos de trabajo de los cinco millones de personas que trabajan para el Estado. Unas 600.000 personas forman parte de actividades privadas e independientes, dentro del área del turismo, barberías, peluquerías, taxis y en el campo, donde el gobierno alquiló tierras a unos 100.000 campesinos.
El ministro de Transporte, César Arocha, en declaraciones impensadas años atrás, declaró al semanario Trabajadores, que aumentó considerablemente la productividad en aquellas actividades ahora privadas, como entre los taxistas.
Según reportes de la agencia EFE, Arocha, dijo que “la productividad aumentó ‘55 veces’ y el nivel de ingresos por auto subió de 529 a 17,000 pesos (de $17 a $566), en una conferencia del sindicato del área, aunque el diario no precisa cuántos taxis funcionan con este sistema, que por primera vez ha permitido al chofer gestionar sus ingresos a cambio de una tasa diaria que paga al Estado”.
Lo que se desprende de estos hechos nuevos de “capitalismo morboso” es que el periodista tenía razón y de que Fidel dijo la verdad y lo que siente, que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros''.
No hacía falta que lo diga, pero….
Fidel desdijo al periodista de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, cuando le comentó que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros'', argumentando que había sido malinterpretado y que lo que había querido decir, en una forma irónica, fue que el sistema capitalista es el que está muerto.
En realidad, por las nuevas medidas anunciadas, se comprueba que la ironía no parecieran ser los dichos sino las acciones, ya que ahora, después de medio siglo, se acaba de dar cuenta que el vilipendiado sistema de libre mercado es la única forma que puede resucitar a un país que jamás despegó; en el que siempre se coartaron libertades y en el que se incentivó la vagancia y la ineficiencia productiva y laboral; en el que el único autorizado a acumular capital es el Estado que controla el 95 por ciento de la actividad económica y algunos arrimados y privilegiados dentro del sistema político.
El gobierno anunció tiempo atrás que la burocracia estaba excedida en un millón de puestos de trabajo de los cinco millones de personas que trabajan para el Estado. Unas 600.000 personas forman parte de actividades privadas e independientes, dentro del área del turismo, barberías, peluquerías, taxis y en el campo, donde el gobierno alquiló tierras a unos 100.000 campesinos.
El ministro de Transporte, César Arocha, en declaraciones impensadas años atrás, declaró al semanario Trabajadores, que aumentó considerablemente la productividad en aquellas actividades ahora privadas, como entre los taxistas.
Según reportes de la agencia EFE, Arocha, dijo que “la productividad aumentó ‘55 veces’ y el nivel de ingresos por auto subió de 529 a 17,000 pesos (de $17 a $566), en una conferencia del sindicato del área, aunque el diario no precisa cuántos taxis funcionan con este sistema, que por primera vez ha permitido al chofer gestionar sus ingresos a cambio de una tasa diaria que paga al Estado”.
Lo que se desprende de estos hechos nuevos de “capitalismo morboso” es que el periodista tenía razón y de que Fidel dijo la verdad y lo que siente, que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros''.
No hacía falta que lo diga, pero….
septiembre 13, 2010
Correa: incongruencia mediática
El presidente Rafael Correa tiene un nuevo juguete, se trata de Periódico Popular, El Verdadero, (El PP) un diario que lanzó el 6 de setiembre pasado, con lo cual se comprueba que tiene verdadera vocación de capitalista burgués; bueno es lo que al menos él critica a las personas de su país que son propietarios de un medio de comunicación.
Ahora con este nuevo diario, al que pregona que solo dirá la verdad, aunque no aclara que se trata de la “versión oficial”, es decir pura propaganda, Correa se ha transformado en el mayor magnate de los medios de comunicación de su país. El PP como se lo denomina en la jerga periodística de su país, acompaña al diario El Telégrafo que él también administra, varias televisoras que confiscó y que no dispuso en licitación como prometió y varias radioemisoras.
La suerte que tiene Correa, al contrario de otras personas que se manejan en el mundo privado, es que él puede disponer de los dineros del pueblo para crear sus propios medios y si le va mal, como en el caso de El Telégrafo, puede echar mano a los bolsillos públicos para seguir alimentando esas empresas. El Telégrafo tiene un déficit de seis millones de dólares, pero sigue sobreviviendo gracias al aporte de fondos públicos. Un empresario privado no tendría esa suerte y de no tomar riesgos y sacar un crédito, debería cerrar el medio. Así de simple.
Pero Correa no solamente que tiene el bolsillo de los ecuatorianos a su disposición, sino que puede justificar que debe poseer sus medios a pesar del déficit, porque la gente debe estar debidamente informada por medios estatales y verdaderos que contrarrestan las mentiras y la desestabilización que promueven los medios privados.
Correa es un muy inconsistente en sus pensamientos, acomodándolos para el lado que mejor le conviene. Como cualquier otra persona autoritaria, lo que pretende es no ser criticado y eternizarse en el poder.
Ahora con este nuevo diario, al que pregona que solo dirá la verdad, aunque no aclara que se trata de la “versión oficial”, es decir pura propaganda, Correa se ha transformado en el mayor magnate de los medios de comunicación de su país. El PP como se lo denomina en la jerga periodística de su país, acompaña al diario El Telégrafo que él también administra, varias televisoras que confiscó y que no dispuso en licitación como prometió y varias radioemisoras.
La suerte que tiene Correa, al contrario de otras personas que se manejan en el mundo privado, es que él puede disponer de los dineros del pueblo para crear sus propios medios y si le va mal, como en el caso de El Telégrafo, puede echar mano a los bolsillos públicos para seguir alimentando esas empresas. El Telégrafo tiene un déficit de seis millones de dólares, pero sigue sobreviviendo gracias al aporte de fondos públicos. Un empresario privado no tendría esa suerte y de no tomar riesgos y sacar un crédito, debería cerrar el medio. Así de simple.
Pero Correa no solamente que tiene el bolsillo de los ecuatorianos a su disposición, sino que puede justificar que debe poseer sus medios a pesar del déficit, porque la gente debe estar debidamente informada por medios estatales y verdaderos que contrarrestan las mentiras y la desestabilización que promueven los medios privados.
Correa es un muy inconsistente en sus pensamientos, acomodándolos para el lado que mejor le conviene. Como cualquier otra persona autoritaria, lo que pretende es no ser criticado y eternizarse en el poder.
septiembre 12, 2010
Libertad de prensa; Parte I
Publico en cinco posts una nota que me pidió La Voz del Interior, diario de la ciudad de Córdoba, Argentina, la que fue publicada en su edición del domingo 12 de setiembre.
A pesar de que hace 30 años que América latina recuperó la democracia, persisten problemas básicos que generan desconfianza en las instituciones y evitan el pleno desarrollo de la región: corrupción e impunidad; inseguridad y pobreza, y límites a las libertades, entre ellas, las de prensa y expresión.
El sometimiento de los poderes judiciales a los ejecutivos, congresos que negocian leyes partidarias sin el norte del bien común y una libertad de prensa que es vista como obstáculo y no como contrapeso de la gestión pública, evidencian la debilidad democrática y el autoritarismo, tal como lo revelan las encuestas sobre percepción.
También es evidente que un grupo de gobiernos populistas que emergió en la última década –desde que Hugo Chávez asumió en 1999– ha contribuido al deterioro de la libertad de prensa. Una medición reciente de la organización no gubernamental Freedom House describe cómo los estados autoritarios como Venezuela, Rusia e Irán, no sólo son más represivos, sino más influyentes en la arena internacional.
Y aunque en los últimos meses el péndulo político latinoamericano se inclina más hacia el centro y la derecha, con presidentes como Laura Chinchilla en Costa Rica, Sebastián Piñera en Chile, Porfirio Lobo en Honduras, Ricardo Martinelli en Panamá y Juan Manuel Santos en Colombia, todavía persiste una imagen deteriorada de la libertad de prensa, como si se tratara de un derecho que no es humano y que sólo refleja intereses económicos, monopólicos y desestabilizadores.
Chávez, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Fidel y Raúl Castro, y Daniel Ortega son algunos de los mandatarios cuyos discursos reflejan esta posición. Protestan en contra del poder de la prensa, insultando y atacando a medios y periodistas, sancionando leyes restrictivas; pero, al mismo tiempo, creando un sistema gubernamental en el que la comunicación oficial se hace cada vez más hegemónica y monopólica.
El informe de Freedom House ve un retroceso en los últimos cuatro años y remarca menos libertades democráticas en Honduras, Guatemala y Nicaragua, al tiempo que descalifica como plenas democracias a Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay. A Cuba, el único país no libre del hemisferio, le atribuye, junto a Bielorrusia y Myanmar, ser el más represivo del mundo en materia de libertad de prensa.
Libertad de Prensa; Parte II
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) refleja en sus informes semestrales las violaciones a la libertad de prensa, revelando que en países donde más se registran, menor es el grado de desarrollo democrático.
Abusos externos al Estado. Existen cuatro áreas bien definidas de abusos a la libertad de prensa. La violencia sigue siendo uno de los mayores escollos para el periodismo en América latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos para frenarla, como en México y Honduras.
En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; en los últimos seis, México se catapultó como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre comunicadores asesinados y desaparecidos.
Sólo en lo que va de 2010, nueve periodistas fueron asesinados en México, y ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos. La violencia también arreció en Honduras, donde ocho reporteros fueron acribillados. La mayor parte de esos crímenes son cometidos por organizaciones delictivas, aunque hasta hace poco eran más los cometidos por gobiernos corruptos.
La autocensura es la medida de protección más directa de los medios ante la inacción de los estados. La impunidad o la falta de justicia sigue siendo el gran incentivo para los violentos.
Como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia del narcotráfico, en México los carteles de las drogas siguen matando, haciendo desaparecer y secuestrando periodistas, pero además secuestran medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa a través del miedo –ya se registraron 10 atentados contra medios– o el soborno. Es común, entre los periodistas mejicanos, el dicho sobre los dos metales al que se deben enfrentar: “plomo o plata”.
Abusos externos al Estado. Existen cuatro áreas bien definidas de abusos a la libertad de prensa. La violencia sigue siendo uno de los mayores escollos para el periodismo en América latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos para frenarla, como en México y Honduras.
En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; en los últimos seis, México se catapultó como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre comunicadores asesinados y desaparecidos.
Sólo en lo que va de 2010, nueve periodistas fueron asesinados en México, y ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos. La violencia también arreció en Honduras, donde ocho reporteros fueron acribillados. La mayor parte de esos crímenes son cometidos por organizaciones delictivas, aunque hasta hace poco eran más los cometidos por gobiernos corruptos.
La autocensura es la medida de protección más directa de los medios ante la inacción de los estados. La impunidad o la falta de justicia sigue siendo el gran incentivo para los violentos.
Como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia del narcotráfico, en México los carteles de las drogas siguen matando, haciendo desaparecer y secuestrando periodistas, pero además secuestran medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa a través del miedo –ya se registraron 10 atentados contra medios– o el soborno. Es común, entre los periodistas mejicanos, el dicho sobre los dos metales al que se deben enfrentar: “plomo o plata”.
Libertad de prensa, Parte III
Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe libertad de prensa por el solo hecho de que toleran medios críticos, pero también es cierto que la prensa independiente que alza la voz, investiga, denuncia y critica sufre serias represalias.
Abusos de los gobiernos. La “mala propaganda” que los gobiernos dicen recibir de parte de los medios “opositores” se combate con campañas de desprestigio, agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa al acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y adquisición de medios privados a través de testaferros o expropiación.
En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ONG nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa como Álvaro Colom promueven campañas de publicidad en las que se acusa a medios y periodistas de desestabilizar a sus gobiernos.
Esas campañas apuntan a restar credibilidad a las denuncias de corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas.
Resultan preocupantes ciertos problemas legales y judiciales, como la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile, que descarta limitaciones a las indemnizaciones a los medios por demandas de difamación.
Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobiernos y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de ley de comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.
Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras y otros cinco canales de cable, y llenó ese vacío con medios propios.
Correa expropió numerosos medios y acaba de lanzar dos periódicos propios que compiten con otros privados.
Ortega y Kirchner compran medios privados a través de testaferros y hacen expulsar a aquellos periodistas que mantienen líneas independientes al Gobierno.
Para este tipo de abusos, los gobiernos suelen aprovecharse de poderes judiciales sometidos. Chávez se las ingenia así para encarcelar a periodistas y a políticos opositores, como el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez o el periodista Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, cadena independiente de la que Chávez jura que tendrá el mismo destino que RCTV.
El ataque a la prensa privada más consistente es el que desató el gobierno de Cristina Fernández contra el Grupo Clarín. Periodistas, ejecutivos del diario y sus familiares son blanco permanente de agresiones en los discursos oficiales y en las redes sociales.
Pero las mayores embestidas provienen de medidas directas –tanto judiciales y políticas como económicas– como la nueva ley de medios, que es reglamentada a pesar de amparos; el cuestionamiento sobre la propiedad de Papel Prensa, de la que los diarios Clarín y La Nación son socios junto con el Estado; un proyecto de ley que busca reglamentar la producción y comercialización de papel para diarios; trabas a la distribución de diarios; caducidad de licencias para la provisión de servicios de Internet y reordenamiento de la grilla televisiva para beneficiar a medios “amigos”. Sobre esto, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, observó la evidente intención del Gobierno de “controlar a los medios independientes”, acciones a las que consideró que “conforman una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos”.
Otras dificultades afectan a los medios de todo el país, tales como la falta de una ley nacional que garantice el acceso a la información oficial, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder, el abuso de los medios públicos para promocionar el discurso oficial y la discriminación en materia de publicidad oficial.
En este sentido, no hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios y periodistas que los critican o para premiar a aquellos que los favorecen.
La diputada Silvana Giudici (UCR), en una nota de opinión del 12 de agosto en La Nación, denunció que los niveles de gasto en publicidad oficial vienen aumentando de manera considerable, con 800 millones este año, para lo cual argumentó a favor de un proyecto de ley que busca imponer restricciones para que el Gobierno no pueda discriminar a los medios.
Abusos de los gobiernos. La “mala propaganda” que los gobiernos dicen recibir de parte de los medios “opositores” se combate con campañas de desprestigio, agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa al acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y adquisición de medios privados a través de testaferros o expropiación.
En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ONG nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa como Álvaro Colom promueven campañas de publicidad en las que se acusa a medios y periodistas de desestabilizar a sus gobiernos.
Esas campañas apuntan a restar credibilidad a las denuncias de corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas.
Resultan preocupantes ciertos problemas legales y judiciales, como la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile, que descarta limitaciones a las indemnizaciones a los medios por demandas de difamación.
Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobiernos y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de ley de comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.
Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras y otros cinco canales de cable, y llenó ese vacío con medios propios.
Correa expropió numerosos medios y acaba de lanzar dos periódicos propios que compiten con otros privados.
Ortega y Kirchner compran medios privados a través de testaferros y hacen expulsar a aquellos periodistas que mantienen líneas independientes al Gobierno.
Para este tipo de abusos, los gobiernos suelen aprovecharse de poderes judiciales sometidos. Chávez se las ingenia así para encarcelar a periodistas y a políticos opositores, como el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez o el periodista Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, cadena independiente de la que Chávez jura que tendrá el mismo destino que RCTV.
El ataque a la prensa privada más consistente es el que desató el gobierno de Cristina Fernández contra el Grupo Clarín. Periodistas, ejecutivos del diario y sus familiares son blanco permanente de agresiones en los discursos oficiales y en las redes sociales.
Pero las mayores embestidas provienen de medidas directas –tanto judiciales y políticas como económicas– como la nueva ley de medios, que es reglamentada a pesar de amparos; el cuestionamiento sobre la propiedad de Papel Prensa, de la que los diarios Clarín y La Nación son socios junto con el Estado; un proyecto de ley que busca reglamentar la producción y comercialización de papel para diarios; trabas a la distribución de diarios; caducidad de licencias para la provisión de servicios de Internet y reordenamiento de la grilla televisiva para beneficiar a medios “amigos”. Sobre esto, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, observó la evidente intención del Gobierno de “controlar a los medios independientes”, acciones a las que consideró que “conforman una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos”.
Otras dificultades afectan a los medios de todo el país, tales como la falta de una ley nacional que garantice el acceso a la información oficial, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder, el abuso de los medios públicos para promocionar el discurso oficial y la discriminación en materia de publicidad oficial.
En este sentido, no hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios y periodistas que los critican o para premiar a aquellos que los favorecen.
La diputada Silvana Giudici (UCR), en una nota de opinión del 12 de agosto en La Nación, denunció que los niveles de gasto en publicidad oficial vienen aumentando de manera considerable, con 800 millones este año, para lo cual argumentó a favor de un proyecto de ley que busca imponer restricciones para que el Gobierno no pueda discriminar a los medios.
Libertad de prensa; Parte IV
La censura más grosera y triste en las Américas se sigue dando en Cuba, después de más de medio siglo de opresión a las libertades de expresión, de prensa, de reunión y de asociación. Lo que tampoco es menor es que aún haya presidentes latinoamericanos que, mientras en sus países y en el mundo abogan por los derechos humanos, peregrinan a La Habana para rendir pleitesía al régimen que sigue violando en forma sistemática los derechos humanos.
Cuba continúa siendo el único régimen del mundo donde se encarcela a periodistas y a quienes opinen o hablen en contra del gobierno. De los 27 periodistas independientes presos como parte del grupo de 75 disidentes encarcelados en marzo de 2003 –durante el episodio conocido como “primavera negra”– fueron liberados 17 en diferentes etapas, los últimos en un arreglo reciente entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el régimen.
El régimen destierra a los periodistas independientes liberados, utilizándolos como moneda a cambio de concesiones económicas que el gobierno español consigue de la Unión Europea.
Abusos del propio periodismo. Como cualquier disciplina, el periodismo está compuesto por gente buena, mala o mediocre. Muchos medios no son muy responsables: exaltan la violencia, son sensacionalistas, censuran información ante compromisos económicos. Y, peor que esto, comenten el pecado de omisión. No investigan hechos importantes, por vagancia profesional o porque redujeron su calidad periodística. Muchos medios de los Estados Unidos aprovecharon la crisis económica para echar personal, no porque perdían dinero sino porque no ganaban como antes. Las prácticas monopólicas sirven de excusa a los gobiernos para regular a los medios; pero, si así fuera, no es necesario castigar la competencia, la innovación y el desarrollo, sino más bien regular la actividad con leyes antimonopólicas que se aplican a otras actividades.
Tampoco se puede regular de igual forma a los medios de todo tipo, como trata de hacer la futura ley ecuatoriana, sin distinguir la naturaleza de los medios escritos de los electrónicos, que por su naturaleza finita requieren de regulaciones especiales. Lo que llama la atención es que los gobiernos acusan a los grandes grupos televisivos de prácticas poco éticas, cuando fueron los mismos gobiernos los que otorgaron y otorgan privilegios a cambio de apoyo político.
Tampoco se puede esconder que hay faltas éticas graves en la profesión. En muchas naciones, los periodistas reciben dinero y sobornos de entidades privadas, de funcionarios o del crimen organizado. Hay mayor conciencia, sin embargo, sobre estos temas que demandan más responsabilidad.
En numerosos países afectados por la violencia –en especial del narcotráfico, como en México–, los medios optan por autocensurarse como manera de protección. Sin embargo, a veces se abusa de esta práctica y queda en evidencia que, si los medios negocian el silencio, pronto se podrían ver obligados a negociar cualquier tipo de demanda de los violentos.
Por suerte, una actitud incipiente de mayor solidaridad, camaradería y unidad se registra en varios países, donde los medios aúnan fuerzas para combatir la violencia.
Cuba continúa siendo el único régimen del mundo donde se encarcela a periodistas y a quienes opinen o hablen en contra del gobierno. De los 27 periodistas independientes presos como parte del grupo de 75 disidentes encarcelados en marzo de 2003 –durante el episodio conocido como “primavera negra”– fueron liberados 17 en diferentes etapas, los últimos en un arreglo reciente entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el régimen.
El régimen destierra a los periodistas independientes liberados, utilizándolos como moneda a cambio de concesiones económicas que el gobierno español consigue de la Unión Europea.
Abusos del propio periodismo. Como cualquier disciplina, el periodismo está compuesto por gente buena, mala o mediocre. Muchos medios no son muy responsables: exaltan la violencia, son sensacionalistas, censuran información ante compromisos económicos. Y, peor que esto, comenten el pecado de omisión. No investigan hechos importantes, por vagancia profesional o porque redujeron su calidad periodística. Muchos medios de los Estados Unidos aprovecharon la crisis económica para echar personal, no porque perdían dinero sino porque no ganaban como antes. Las prácticas monopólicas sirven de excusa a los gobiernos para regular a los medios; pero, si así fuera, no es necesario castigar la competencia, la innovación y el desarrollo, sino más bien regular la actividad con leyes antimonopólicas que se aplican a otras actividades.
Tampoco se puede regular de igual forma a los medios de todo tipo, como trata de hacer la futura ley ecuatoriana, sin distinguir la naturaleza de los medios escritos de los electrónicos, que por su naturaleza finita requieren de regulaciones especiales. Lo que llama la atención es que los gobiernos acusan a los grandes grupos televisivos de prácticas poco éticas, cuando fueron los mismos gobiernos los que otorgaron y otorgan privilegios a cambio de apoyo político.
Tampoco se puede esconder que hay faltas éticas graves en la profesión. En muchas naciones, los periodistas reciben dinero y sobornos de entidades privadas, de funcionarios o del crimen organizado. Hay mayor conciencia, sin embargo, sobre estos temas que demandan más responsabilidad.
En numerosos países afectados por la violencia –en especial del narcotráfico, como en México–, los medios optan por autocensurarse como manera de protección. Sin embargo, a veces se abusa de esta práctica y queda en evidencia que, si los medios negocian el silencio, pronto se podrían ver obligados a negociar cualquier tipo de demanda de los violentos.
Por suerte, una actitud incipiente de mayor solidaridad, camaradería y unidad se registra en varios países, donde los medios aúnan fuerzas para combatir la violencia.
Libertad de prensa; Parte V
Abusos de tolerancia. Internet y las redes sociales han traído muchos beneficios al juego de la libertad de expresión, como la interactividad, participación, velocidad e información de fuentes variadas. Pero también expanden los desafíos en cuanto a reglas de privacidad, honor y seguridad, lo que motiva a varios gobiernos a plantear excusas e imponer nuevas formas de control.
Es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que Internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos, tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba y lo intenta el venezolano.
Lamentablemente, firmas privadas estadounidenses como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en Internet, lo que derivó en el encarcelamiento de internautas en China, Vietnam y en países del norte de África.América latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha y, si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación en detrimento de los contenidos.
En muchos países, se ha distorsionado el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos usan a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios de los gobiernos español, argentino y venezolano son conocidos no sólo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de cibermilitantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar o neutralizar las críticas.
Conclusión. Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia, y viceversa.
Exigir y defender esa libertad de expresar opiniones y de estar informados no es sólo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
¿Cómo alcanzarla? Quizá dando un primer paso: honrar en las urnas sólo a aquellos que de modo explícito se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.
Es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que Internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos, tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba y lo intenta el venezolano.
Lamentablemente, firmas privadas estadounidenses como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en Internet, lo que derivó en el encarcelamiento de internautas en China, Vietnam y en países del norte de África.América latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha y, si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación en detrimento de los contenidos.
En muchos países, se ha distorsionado el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos usan a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios de los gobiernos español, argentino y venezolano son conocidos no sólo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de cibermilitantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar o neutralizar las críticas.
Conclusión. Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia, y viceversa.
Exigir y defender esa libertad de expresar opiniones y de estar informados no es sólo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
¿Cómo alcanzarla? Quizá dando un primer paso: honrar en las urnas sólo a aquellos que de modo explícito se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.
septiembre 11, 2010
9/11 sin quema de Corán
La quema del Corán que gracias a Dios no tendrá lugar hoy como había amenazado el pastor Terry Jones en la ciudad floridana de Gainsville, disipó el ambiente enrarecido que se había creado en todo el mundo por un gesto que creó confusión sobre libertad de culto, libertad de expresión y que estaba ensombreciendo el verdadero espíritu de este 11 de setiembre, de recordación a las víctimas del terrorismo y de rechazo a toda actividad extremista o de violencia en contra de civiles.
En otro post que escribí se me criticó por no defender el derecho del religioso o de cualquiera otra persona a quemar el Corán como manifestación de la libertad de expresión, por faltar a mis principios. Sin embargo, sigo sosteniendo que la libertad de expresión, así como la de culto tiene límites, éticos, por más que las leyes lo autoricen, como bien lo establece la Corte Suprema de Justicia de EEUU que siempre permitió que la expresión, por más que pueda ser ofensiva para otros grupos, no puede ser reprimida por el gobierno, como el caso de las cruces que quemaba el Ku Klux Klan o las banderas estadounidenses que también se queman en manifestaciones en todo el territorio para protestar guerras o abusos gubernamentales.
Pero más allá de los límites éticos de la libertad de expresión (no se debería gritar ¡Fuego! en un ambiente cerrado porque crearía un caos) o de la libertad de culto (no se podría blasfemar a Cristo en una misa de Viernes Santo) y de las libertades públicas que ampara la Constitución, el caso del Corán tiene otros significados que van en contra de otros principios estipulados por la Corte Suprema. Todo se puede hacer a excepción de que se incite a la violencia. Y esta es una primera diferencia con la quema de otros símbolos.
El mal uso o la blasfemia contra el Corán, considerado como la Palabra de Dios por los musulmanes, ya tuvo consecuencias violentas en el pasado, cuando la revista Newsweek denunció que en la cárcel de Guantánamo los carceleros estadounidenses tiraron hasta un libro por el inodoro, como parte de los interrogatorios a los terroristas. Ese 2005 en Afganistán hubo hasta 15 muertos en varias manifestaciones en contra de EEUU en protesta por ese episodio.
Las voces en contra de la quema del Corán se hicieron escuchar de todos los rincones, desde la Casa Blanca, el Vaticano, el gobierno de Irán, de la Comunidad Europea y del general David Petraeus, comandante supremo de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, quien le escribió a la agencia de noticias Associated Press explicando que "las imágenes de la quema del Corán sin lugar a dudas serían utilizadas por los extremistas en Afganistán --y en todo el mundo-- para inflamar la opinión pública e incitar a la violencia''.
Creo además que hay otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta en la pretendida acción de la quema del Corán, más allá de los límites que tiene la libertad de expresión y la de de culto.
A diferencia de la quema espontánea o predecible de símbolos, así sea la bandera o una cruz, o de la publicación de caricaturas de Mahoma con un turbante de bombas como publicó un diario danés y luego de toda Escandinavia que desató grandes polémicas sobre libertad de prensa, es que la quema del Corán estuvo precedido por la amenaza de la acción.
La libertad de expresión implica que los abusos deben ser reprimidos después de expresados, jamás deben ser censurados en forma previa, aspectos que están amparados por el principio de responsabilidades ulteriores. Lo que se ha censurado en todo caso, no es la acción que debía concretarse hoy con la quema de los libros, sino la amenaza de hacerlo que se venía profiriendo en los últimos días y que estaba caldeando el ambiente.
Si la quema se hubiera dado sin previo aviso, como un hecho espontáneo, estaría amparado por la Primera Enmienda de la Constitución y si alguna demanda podría haberse constituido sería sobre si hubiera sido o no un acto de incitación a la violencia, siempre contemplando las consecuencias en su comunidad y en el país. Pero se hubiera resguardado el principio constitucional o el derecho a hacerlo.
Pero lo del pastor Terry Jones fue diferente, venía amenazando que lo haría. Lo mismo hubiera sucedido con las caricaturas de Mahoma, distinta hubiera sido la reacción mundial si el diario en vez de publicarlas un determinado día como lo hizo, sin previo aviso, hubiera amenazado con que lo haría. Todo el mundo occidental defendió el derecho de publicar esas caricaturas, pero seguro hubiera habido las mismas reacciones que ahora si hubieran dicho que lo harían.
La amenaza es casi siempre apología del delito y un grave acto de intimidación, más condenable a veces que el supuesto hecho que tal vez no se cometa. Vale recordar las amenazas que todavía pesan sobre Salman Rushdie, autor de Versos Satánicos, que han incitado a muchos musulmanes a hacer justicia por manos propias.
En otro post que escribí se me criticó por no defender el derecho del religioso o de cualquiera otra persona a quemar el Corán como manifestación de la libertad de expresión, por faltar a mis principios. Sin embargo, sigo sosteniendo que la libertad de expresión, así como la de culto tiene límites, éticos, por más que las leyes lo autoricen, como bien lo establece la Corte Suprema de Justicia de EEUU que siempre permitió que la expresión, por más que pueda ser ofensiva para otros grupos, no puede ser reprimida por el gobierno, como el caso de las cruces que quemaba el Ku Klux Klan o las banderas estadounidenses que también se queman en manifestaciones en todo el territorio para protestar guerras o abusos gubernamentales.
Pero más allá de los límites éticos de la libertad de expresión (no se debería gritar ¡Fuego! en un ambiente cerrado porque crearía un caos) o de la libertad de culto (no se podría blasfemar a Cristo en una misa de Viernes Santo) y de las libertades públicas que ampara la Constitución, el caso del Corán tiene otros significados que van en contra de otros principios estipulados por la Corte Suprema. Todo se puede hacer a excepción de que se incite a la violencia. Y esta es una primera diferencia con la quema de otros símbolos.
El mal uso o la blasfemia contra el Corán, considerado como la Palabra de Dios por los musulmanes, ya tuvo consecuencias violentas en el pasado, cuando la revista Newsweek denunció que en la cárcel de Guantánamo los carceleros estadounidenses tiraron hasta un libro por el inodoro, como parte de los interrogatorios a los terroristas. Ese 2005 en Afganistán hubo hasta 15 muertos en varias manifestaciones en contra de EEUU en protesta por ese episodio.
Las voces en contra de la quema del Corán se hicieron escuchar de todos los rincones, desde la Casa Blanca, el Vaticano, el gobierno de Irán, de la Comunidad Europea y del general David Petraeus, comandante supremo de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, quien le escribió a la agencia de noticias Associated Press explicando que "las imágenes de la quema del Corán sin lugar a dudas serían utilizadas por los extremistas en Afganistán --y en todo el mundo-- para inflamar la opinión pública e incitar a la violencia''.
Creo además que hay otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta en la pretendida acción de la quema del Corán, más allá de los límites que tiene la libertad de expresión y la de de culto.
A diferencia de la quema espontánea o predecible de símbolos, así sea la bandera o una cruz, o de la publicación de caricaturas de Mahoma con un turbante de bombas como publicó un diario danés y luego de toda Escandinavia que desató grandes polémicas sobre libertad de prensa, es que la quema del Corán estuvo precedido por la amenaza de la acción.
La libertad de expresión implica que los abusos deben ser reprimidos después de expresados, jamás deben ser censurados en forma previa, aspectos que están amparados por el principio de responsabilidades ulteriores. Lo que se ha censurado en todo caso, no es la acción que debía concretarse hoy con la quema de los libros, sino la amenaza de hacerlo que se venía profiriendo en los últimos días y que estaba caldeando el ambiente.
Si la quema se hubiera dado sin previo aviso, como un hecho espontáneo, estaría amparado por la Primera Enmienda de la Constitución y si alguna demanda podría haberse constituido sería sobre si hubiera sido o no un acto de incitación a la violencia, siempre contemplando las consecuencias en su comunidad y en el país. Pero se hubiera resguardado el principio constitucional o el derecho a hacerlo.
Pero lo del pastor Terry Jones fue diferente, venía amenazando que lo haría. Lo mismo hubiera sucedido con las caricaturas de Mahoma, distinta hubiera sido la reacción mundial si el diario en vez de publicarlas un determinado día como lo hizo, sin previo aviso, hubiera amenazado con que lo haría. Todo el mundo occidental defendió el derecho de publicar esas caricaturas, pero seguro hubiera habido las mismas reacciones que ahora si hubieran dicho que lo harían.
La amenaza es casi siempre apología del delito y un grave acto de intimidación, más condenable a veces que el supuesto hecho que tal vez no se cometa. Vale recordar las amenazas que todavía pesan sobre Salman Rushdie, autor de Versos Satánicos, que han incitado a muchos musulmanes a hacer justicia por manos propias.
septiembre 10, 2010
Fidel sigue siendo Fidel
Las declaraciones de Fidel Castro de que el sistema comunista no funciona ni siquiera para la isla, después de 51 años de machacar con esa , demuestra que Fidel sigue siendo Fidel, le encanta ser estrella y foco de atención.
No habría que dudar que pronto salga a decir que está arrepentido de haberle arrebatado las libertades a los cubanos, violado persistentemente los derechos humanos o que los líderes latinoamericanos que han peregrinado a La Habana a rendirle pleitesías en los últimos dos años han sido engañados toda su vida con un sistema incoherente.
Lo más incongruente de las declaraciones de Fidel es que han sido silenciadas por la prensa estatal, siendo tal vez la primera vez en la historia que no han sido reproducidas puertas adentro, algo que destacó la bloguera disidente Yoany Sánchez.
La prensa internacional y los académicos quieren ver en entrelíneas un mensaje de Fidel a su hermano Raúl para que inicie cambios políticos, lo que sí puede estar buscando es obtener actitudes más benevolentes de los EEUU y la Comunidad Europea en materia económica, que es donde al país le aprieta el zapato.
Fidel es el de siempre. Todo lo que hace o dice es a cambio de algo. No se trata de una frase al azar ni producto de su senilidad. Es para su propia conveniencia y para atraer atención e inversiones extranjeras, pero no para cambiar su sistema en lo interno.
No habría que dudar que pronto salga a decir que está arrepentido de haberle arrebatado las libertades a los cubanos, violado persistentemente los derechos humanos o que los líderes latinoamericanos que han peregrinado a La Habana a rendirle pleitesías en los últimos dos años han sido engañados toda su vida con un sistema incoherente.
Lo más incongruente de las declaraciones de Fidel es que han sido silenciadas por la prensa estatal, siendo tal vez la primera vez en la historia que no han sido reproducidas puertas adentro, algo que destacó la bloguera disidente Yoany Sánchez.
La prensa internacional y los académicos quieren ver en entrelíneas un mensaje de Fidel a su hermano Raúl para que inicie cambios políticos, lo que sí puede estar buscando es obtener actitudes más benevolentes de los EEUU y la Comunidad Europea en materia económica, que es donde al país le aprieta el zapato.
Fidel es el de siempre. Todo lo que hace o dice es a cambio de algo. No se trata de una frase al azar ni producto de su senilidad. Es para su propia conveniencia y para atraer atención e inversiones extranjeras, pero no para cambiar su sistema en lo interno.
En Argentina ya nada sorprende
En materia de libertad de prensa y relación tensa entre medios y gobierno, en Argentina cualquier cosa cabe, vale. Nada sorprende. Desde ayer el gobierno hizo regir la ley de medios que todavía está paralizada por la justicia, reglamentando que en el término de un año, los medios electrónicos deben vender sus licencias de tv y radio que excedan los límites, según una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que reglamenta el polémico artículo 161 de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales (ley 26.522).
La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.
Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.
El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.
Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.
Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.
La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.
Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.
El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.
Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.
Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.
La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Candidatos peruanos y acceso a la información
Peruanos y acceso 9-09-10
Estando en Perú en estos días donde vine a inaugurar un seminario sobre Diarios Populares como parte de nuestra oferta de entrenamiento profesional con la Sociedad Interamericana de Prensa, tuve la satisfacción de llegar el día en que los candidatos a alcalde de Lima se comprometieron públicamente con la libertad de prensa y de expresión.
Los aspirantes al sillón municipal firmaron “Los principios de Lima”, comprometiéndose, en caso de ser elegidos el 3 de octubre, a “promover y facilitar el acceso a la información pública en favor de los ciudadanos para fortalecer la libertad de expresión”, según recoge el diario El Comercio en su portada de hoy.
Los candidatos, reunidos en esta iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se comprometieron a mantener administraciones transparentes como forma de luchar en contra de la corrupción y en contra de la cultura del secreto. Entre ellos se encontraban las máximas aspirantes, según las encuestas, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y Susana Villarán.
“Los principios de Lima” es un decálogo que incluye preceptos sobre acceso a la información como derecho humano, transparencia y desarrollo, protección de fuentes periodísticas y la obligación de las autoridades en estos casos.
Estando en Perú en estos días donde vine a inaugurar un seminario sobre Diarios Populares como parte de nuestra oferta de entrenamiento profesional con la Sociedad Interamericana de Prensa, tuve la satisfacción de llegar el día en que los candidatos a alcalde de Lima se comprometieron públicamente con la libertad de prensa y de expresión.
Los aspirantes al sillón municipal firmaron “Los principios de Lima”, comprometiéndose, en caso de ser elegidos el 3 de octubre, a “promover y facilitar el acceso a la información pública en favor de los ciudadanos para fortalecer la libertad de expresión”, según recoge el diario El Comercio en su portada de hoy.
Los candidatos, reunidos en esta iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se comprometieron a mantener administraciones transparentes como forma de luchar en contra de la corrupción y en contra de la cultura del secreto. Entre ellos se encontraban las máximas aspirantes, según las encuestas, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y Susana Villarán.
“Los principios de Lima” es un decálogo que incluye preceptos sobre acceso a la información como derecho humano, transparencia y desarrollo, protección de fuentes periodísticas y la obligación de las autoridades en estos casos.
septiembre 09, 2010
Setiembre 11 y la mezquita
A pocos días de conmemorarse el noveno aniversario de Setiembre 11, los planes de construir una mezquita y un centro cultural islámico a pocos metros de la Zona Cero en Nueva York, reabrieron heridas y activaron resentimientos contra una religión a la que muchos perciben como refugio de extremistas y fundamentalistas.
Nunca antes otro hecho relacionado al terrorismo y al atentado en 2001 contra las Torres Gemelas, había despertado tanta polémica. Las emociones y pasiones están divididas, algo lógico considerando que la discusión se centra en la colisión de derechos constitucionales de igual valor, pero que no son absolutos: la libertad de religión y el derecho al honor.
La controversia puede exasperarse camino a las elecciones legislativas de noviembre, ya que obliga a partidos y políticos a asumir posturas contundentes para posicionarse frente a su electorado, que pueden interpretarse en forma diametralmente opuestas.
Para muchos, el enfoque ajustado a la Constitución del presidente Barack Obama de defender la libertad religiosa y el derecho de toda persona a erigir un templo y practicar su fe religiosa, siempre y cuando no se viole ninguna ley, no es más que una simple bofetada al sentimiento patriótico estadounidense. Las encuestas descubrieron que cada vez más personas piensan que Obama es musulmán, a pesar de confesarse cristiano.
En cambio, la prédica de la ex candidata a vice presidenta Sarah Palin, ajustada a los sentimientos de las víctimas y al honor y dignidad que piden sus familiares, sobre que la construcción de la mezquita en la Zona Cero es una provocación innecesaria, es vista como un caso de intolerancia religiosa y un asunto que podría incentivar a los terroristas religiosos a seguir atentando contra el país.
Los sondeos reflejan esas opiniones paradójicas. La mayoría considera fundamental la libertad de culto, pero a su vez tiene peros, argumentando que la obra de 15 pisos y de 100 millones que promueve con toda pasión el imán Feisal Abdul Rauf no se da en el tiempo oportuno ni en el espacio adecuado.
La cuestión del tiempo es válida, porque a veces se necesitan generaciones para olvidar o perdonar, como sucedió a los estadounidenses por Pearl Harbor o a los japoneses por Hiroshima y Nagasaki. En cuanto al espacio conviene recordar que la misma polémica instalada en Nueva York, es la que hoy se da a cientos de kilómetros en una ciudad del estado de Tennessee, donde una comunidad furiosa trata de impedir que se construya otra mezquita.
La postura se justifica en la Zona Cero porque puede resultar una ofensa grave para los familiares de las víctimas, evitándose así más irritación, división y odio, como opina el ex alcalde Rudolph Giuliani. Pero en Tennessee o en cualquier otro lugar, no hace más que mostrar discriminación contra un credo y una violación a la libertad religiosa.
Esto, sin quererlo, contribuye a despertar sentimientos anti occidentales, como los que enarbola el clérigo musulmán de origen estadounidense, Anwar al-Awlaki, quien en internet recluta a fanáticos para su guerra santa, así sea contra EEUU o contra Francia, por el hecho de que en julio sancionara una ley que prohíbe a las mujeres musulmanas que usen el burka o velo integral en lugares públicos. Una polémica entre quienes promueven la libertad de culto y quienes defienden los derechos civiles de las mujeres y los deberes ante el Estado.
Lo que se desprende de estos enfrentamientos es que en un mundo cada vez más globalizado, hay necesidad de que los gobiernos, tanto de Occidente como de Oriente, incentiven la educación sobre religiones y culturas para promover más entendimiento y menos roces.
El imán Abdul Rauf debería tener más consideración. Erigir un templo en el momento inoportuno y en el sitio inadecuado no solo afecta la memoria de las víctimas, sino que atrae sentimientos antirreligiosos, divisiones y rencores, aspectos a los que su obra se opone.
Si el objetivo es tener un espacio de reunión y oración, unas cuadras de diferencia no deberían afectarles a los creyentes musulmanes. Sin embargo, esa muestra de caridad con el dolor ajeno, y de que la libertad de culto también impone responsabilidades, pudiera arrimar más simpatizantes y comprensión a la fe islámica.
Nunca antes otro hecho relacionado al terrorismo y al atentado en 2001 contra las Torres Gemelas, había despertado tanta polémica. Las emociones y pasiones están divididas, algo lógico considerando que la discusión se centra en la colisión de derechos constitucionales de igual valor, pero que no son absolutos: la libertad de religión y el derecho al honor.
La controversia puede exasperarse camino a las elecciones legislativas de noviembre, ya que obliga a partidos y políticos a asumir posturas contundentes para posicionarse frente a su electorado, que pueden interpretarse en forma diametralmente opuestas.
Para muchos, el enfoque ajustado a la Constitución del presidente Barack Obama de defender la libertad religiosa y el derecho de toda persona a erigir un templo y practicar su fe religiosa, siempre y cuando no se viole ninguna ley, no es más que una simple bofetada al sentimiento patriótico estadounidense. Las encuestas descubrieron que cada vez más personas piensan que Obama es musulmán, a pesar de confesarse cristiano.
En cambio, la prédica de la ex candidata a vice presidenta Sarah Palin, ajustada a los sentimientos de las víctimas y al honor y dignidad que piden sus familiares, sobre que la construcción de la mezquita en la Zona Cero es una provocación innecesaria, es vista como un caso de intolerancia religiosa y un asunto que podría incentivar a los terroristas religiosos a seguir atentando contra el país.
Los sondeos reflejan esas opiniones paradójicas. La mayoría considera fundamental la libertad de culto, pero a su vez tiene peros, argumentando que la obra de 15 pisos y de 100 millones que promueve con toda pasión el imán Feisal Abdul Rauf no se da en el tiempo oportuno ni en el espacio adecuado.
La cuestión del tiempo es válida, porque a veces se necesitan generaciones para olvidar o perdonar, como sucedió a los estadounidenses por Pearl Harbor o a los japoneses por Hiroshima y Nagasaki. En cuanto al espacio conviene recordar que la misma polémica instalada en Nueva York, es la que hoy se da a cientos de kilómetros en una ciudad del estado de Tennessee, donde una comunidad furiosa trata de impedir que se construya otra mezquita.
La postura se justifica en la Zona Cero porque puede resultar una ofensa grave para los familiares de las víctimas, evitándose así más irritación, división y odio, como opina el ex alcalde Rudolph Giuliani. Pero en Tennessee o en cualquier otro lugar, no hace más que mostrar discriminación contra un credo y una violación a la libertad religiosa.
Esto, sin quererlo, contribuye a despertar sentimientos anti occidentales, como los que enarbola el clérigo musulmán de origen estadounidense, Anwar al-Awlaki, quien en internet recluta a fanáticos para su guerra santa, así sea contra EEUU o contra Francia, por el hecho de que en julio sancionara una ley que prohíbe a las mujeres musulmanas que usen el burka o velo integral en lugares públicos. Una polémica entre quienes promueven la libertad de culto y quienes defienden los derechos civiles de las mujeres y los deberes ante el Estado.
Lo que se desprende de estos enfrentamientos es que en un mundo cada vez más globalizado, hay necesidad de que los gobiernos, tanto de Occidente como de Oriente, incentiven la educación sobre religiones y culturas para promover más entendimiento y menos roces.
El imán Abdul Rauf debería tener más consideración. Erigir un templo en el momento inoportuno y en el sitio inadecuado no solo afecta la memoria de las víctimas, sino que atrae sentimientos antirreligiosos, divisiones y rencores, aspectos a los que su obra se opone.
Si el objetivo es tener un espacio de reunión y oración, unas cuadras de diferencia no deberían afectarles a los creyentes musulmanes. Sin embargo, esa muestra de caridad con el dolor ajeno, y de que la libertad de culto también impone responsabilidades, pudiera arrimar más simpatizantes y comprensión a la fe islámica.
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