El gobierno cubano sabe que tarde o temprano Barack Obama está esperando el momento adecuado para relajar el embargo hacia la isla. Y por ello, desesperado por la falta de efectivo, está presionando al Presidente estadounidense por todos los flancos y con todos sus funcionarios y sus amigos.
Hugo Chávez salió hoy en Twitter denunciando que el embargo le “ha costado” a Cuba más de 731 mil millones a la isla, con el que justifica su pobreza y la victimización de un régimen al que considera honesto, inmaculado, ejemplar. Lo que no dice Chávez en su campaña de propaganda, que el embargo no impide ni impidió jamás a Cuba comerciar con cualquier otro país, y que el embargo se hubiese levantado si Cuba despejaba el camino a elecciones limpias y deba libertad a sus ciudadanos.
Así como Cuba es soberana para tener el régimen que quiere, EEUU – por más que yo en lo personal no estoy tan convencido de su fin – también lo es para determinar con quien o no comerciar.
En esta presión por doblarle el brazo a Obama, el gobierno cubano envió a la ONU una lista de 19 iniciativas que debería tomar el Presidente estadounidense para empezar a normalizar las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, abrir rutas de ferrys, ampliar el número de aeropuertos autorizados para vuelos a Cuba, permitir que los estadounidenses viajen libremente a la isla y que puedan usar tarjetas de crédito para sus gastos.
La desfachatez cubana de vender su filosofía política a cambio de dólares, debería desnudarse aún más con propuestas que exijan mayores cambios políticos en la isla, más allá de los destierros producto de la liberación de presos políticos en las últimas semanas.
Debería seguir exigiéndosele a Cuba con el mismo ímpetu, que permita a los cubanos trasladarse dentro y fuera del país libremente, que permita la libertad de prensa y de expresión y la libertad de reunión y de protesta sin represalias, que libere a todos los presos políticos, y que permita elecciones libres.
Darle dinero al gobierno cubano es permitir que continúe impunemente con su sistema opresor.
septiembre 17, 2010
septiembre 16, 2010
Rafael Correa, "el periodista"
Frente a los medios de comunicación y la información existen dos estilos presidenciales en América Latina que cada día se diferencian más. Uno lo pregona el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. El otro lo asume el presidente chileno Sebastián Piñera.
Correa comenzó a publicar el lunes pasado “Periódico Popular: El verdadero”, un medio impreso destinado a “informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de U$S 16 millones, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de U$S 6 millones que tiene “El Telégrafo”, otro diario estatal bajo su administración.
Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad. La transacción fue producto de una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26 por ciento de la empresa de aviación LAN. El propósito, como lo aceptó ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de Presidente y empresario.
Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística. Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a “La Nación”, diario sobre el que el gobierno mantiene un 69 por ciento de propiedad.
Si bien no es ilegal ser Presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Piñera no se desprendiera del canal.
En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Correa que ésta, en manos privadas, solo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado. Así se explicita en el proyecto de Ley de Comunicación que patrocina, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa critica, pagadas con dineros de todos los ecuatorianos.
El gobierno de Correa, con “Periódico Popular” - que no fue concebido como medio público sino para competir con la prensa - y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios en el país, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista. A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la “verdad”, la que otros callan o tergiversan.
Justamente esa “verdad” es la excusa que otros presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner, han esgrimido para sancionar leyes que les permitiesen cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada si se considera el eterno uso de recursos públicos.
En una democracia, los gobiernos están restringidos a utilizar medios y recursos estatales como si fueran propios o partidarios; y están obligados a manejar los medios públicos con criterios de pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las corrientes ciudadanas.
Los medios operados por los gobiernos sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos estatales como el caso de “El Telégrafo”, son privilegiados con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la “verdad”, no es más que la versión oficial.
En el seminario sobre Diarios Populares que la Sociedad Interamericana de Prensa ofreció esta semana en Lima, se recordaba el nefasto uso que el ex presidente Alberto Fujimori hizo de su “verdad”, manipulando y comprando a medios propios y ajenos. Su objetivo era eternizarse en el poder, lo que en definitiva es el fin de los medios en manos del gobierno.
Correa comenzó a publicar el lunes pasado “Periódico Popular: El verdadero”, un medio impreso destinado a “informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de U$S 16 millones, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de U$S 6 millones que tiene “El Telégrafo”, otro diario estatal bajo su administración.
Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad. La transacción fue producto de una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26 por ciento de la empresa de aviación LAN. El propósito, como lo aceptó ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de Presidente y empresario.
Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística. Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a “La Nación”, diario sobre el que el gobierno mantiene un 69 por ciento de propiedad.
Si bien no es ilegal ser Presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Piñera no se desprendiera del canal.
En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Correa que ésta, en manos privadas, solo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado. Así se explicita en el proyecto de Ley de Comunicación que patrocina, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa critica, pagadas con dineros de todos los ecuatorianos.
El gobierno de Correa, con “Periódico Popular” - que no fue concebido como medio público sino para competir con la prensa - y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios en el país, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista. A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la “verdad”, la que otros callan o tergiversan.
Justamente esa “verdad” es la excusa que otros presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner, han esgrimido para sancionar leyes que les permitiesen cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada si se considera el eterno uso de recursos públicos.
En una democracia, los gobiernos están restringidos a utilizar medios y recursos estatales como si fueran propios o partidarios; y están obligados a manejar los medios públicos con criterios de pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las corrientes ciudadanas.
Los medios operados por los gobiernos sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos estatales como el caso de “El Telégrafo”, son privilegiados con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la “verdad”, no es más que la versión oficial.
En el seminario sobre Diarios Populares que la Sociedad Interamericana de Prensa ofreció esta semana en Lima, se recordaba el nefasto uso que el ex presidente Alberto Fujimori hizo de su “verdad”, manipulando y comprando a medios propios y ajenos. Su objetivo era eternizarse en el poder, lo que en definitiva es el fin de los medios en manos del gobierno.
septiembre 15, 2010
Chávez gritará
Las declaraciones del presidente salvadoreño en Miami, Mauricio Funes, sobre que Hugo Chávez debería alternar el poder, es obviamente un golpe bajo que el presidente venezolano no lo dejará pasar, ahora que está de lleno en la campaña política para el “referendo” del 26 de setiembre, aunque oficialmente se trata de elecciones legislativas.
Es que toda la propaganda política en Venezuela del oficialismo tiene el sesgo autoritario, de mantener la figura de Chávez como si fuera él el candidato a algo, por lo que en definitiva, nuevamente los venezolanos estarán eligiendo entre él y la oposición, casi como que la cuestión no es sobre quienes deberán ocupar los escaños en la Legislatura.
Así como está en plena campaña, Chávez no dejará pasar esta oportunidad de desviar la atención sobre problemas internos que se le critican y aprovechará a criticar a Funes, quien muy sensato; dijo lo que todo el mundo y cualquier demócrata sabe de lo importante que es para un sistema saludable, la alternancia en el poder.
Funes también dijo – en una conferencia convocada por el diario The Miami Herald – que él no es títere de Chávez, y que es un admirador del presidente brasileño Lula, lo que viene sosteniendo desde que estaba en plena campaña electoral.
Seguramente Funes será tachado de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela.
Es que toda la propaganda política en Venezuela del oficialismo tiene el sesgo autoritario, de mantener la figura de Chávez como si fuera él el candidato a algo, por lo que en definitiva, nuevamente los venezolanos estarán eligiendo entre él y la oposición, casi como que la cuestión no es sobre quienes deberán ocupar los escaños en la Legislatura.
Así como está en plena campaña, Chávez no dejará pasar esta oportunidad de desviar la atención sobre problemas internos que se le critican y aprovechará a criticar a Funes, quien muy sensato; dijo lo que todo el mundo y cualquier demócrata sabe de lo importante que es para un sistema saludable, la alternancia en el poder.
Funes también dijo – en una conferencia convocada por el diario The Miami Herald – que él no es títere de Chávez, y que es un admirador del presidente brasileño Lula, lo que viene sosteniendo desde que estaba en plena campaña electoral.
Seguramente Funes será tachado de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela.
septiembre 14, 2010
Lo de Fidel era verdad
El anuncio del gobierno cubano que recortará en casi medio millón de empleos estatales e incentivará al sector privado para que absorba esa misma cantidad de empleos para fines de 2011, comprueban los dichos de Fidel Castro de la semana pasada sobre que el sistema comunista ni siquiera le había funcionado al férreo sistema político de su país impuesto desde 1959.
Fidel desdijo al periodista de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, cuando le comentó que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros'', argumentando que había sido malinterpretado y que lo que había querido decir, en una forma irónica, fue que el sistema capitalista es el que está muerto.
En realidad, por las nuevas medidas anunciadas, se comprueba que la ironía no parecieran ser los dichos sino las acciones, ya que ahora, después de medio siglo, se acaba de dar cuenta que el vilipendiado sistema de libre mercado es la única forma que puede resucitar a un país que jamás despegó; en el que siempre se coartaron libertades y en el que se incentivó la vagancia y la ineficiencia productiva y laboral; en el que el único autorizado a acumular capital es el Estado que controla el 95 por ciento de la actividad económica y algunos arrimados y privilegiados dentro del sistema político.
El gobierno anunció tiempo atrás que la burocracia estaba excedida en un millón de puestos de trabajo de los cinco millones de personas que trabajan para el Estado. Unas 600.000 personas forman parte de actividades privadas e independientes, dentro del área del turismo, barberías, peluquerías, taxis y en el campo, donde el gobierno alquiló tierras a unos 100.000 campesinos.
El ministro de Transporte, César Arocha, en declaraciones impensadas años atrás, declaró al semanario Trabajadores, que aumentó considerablemente la productividad en aquellas actividades ahora privadas, como entre los taxistas.
Según reportes de la agencia EFE, Arocha, dijo que “la productividad aumentó ‘55 veces’ y el nivel de ingresos por auto subió de 529 a 17,000 pesos (de $17 a $566), en una conferencia del sindicato del área, aunque el diario no precisa cuántos taxis funcionan con este sistema, que por primera vez ha permitido al chofer gestionar sus ingresos a cambio de una tasa diaria que paga al Estado”.
Lo que se desprende de estos hechos nuevos de “capitalismo morboso” es que el periodista tenía razón y de que Fidel dijo la verdad y lo que siente, que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros''.
No hacía falta que lo diga, pero….
Fidel desdijo al periodista de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, cuando le comentó que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros'', argumentando que había sido malinterpretado y que lo que había querido decir, en una forma irónica, fue que el sistema capitalista es el que está muerto.
En realidad, por las nuevas medidas anunciadas, se comprueba que la ironía no parecieran ser los dichos sino las acciones, ya que ahora, después de medio siglo, se acaba de dar cuenta que el vilipendiado sistema de libre mercado es la única forma que puede resucitar a un país que jamás despegó; en el que siempre se coartaron libertades y en el que se incentivó la vagancia y la ineficiencia productiva y laboral; en el que el único autorizado a acumular capital es el Estado que controla el 95 por ciento de la actividad económica y algunos arrimados y privilegiados dentro del sistema político.
El gobierno anunció tiempo atrás que la burocracia estaba excedida en un millón de puestos de trabajo de los cinco millones de personas que trabajan para el Estado. Unas 600.000 personas forman parte de actividades privadas e independientes, dentro del área del turismo, barberías, peluquerías, taxis y en el campo, donde el gobierno alquiló tierras a unos 100.000 campesinos.
El ministro de Transporte, César Arocha, en declaraciones impensadas años atrás, declaró al semanario Trabajadores, que aumentó considerablemente la productividad en aquellas actividades ahora privadas, como entre los taxistas.
Según reportes de la agencia EFE, Arocha, dijo que “la productividad aumentó ‘55 veces’ y el nivel de ingresos por auto subió de 529 a 17,000 pesos (de $17 a $566), en una conferencia del sindicato del área, aunque el diario no precisa cuántos taxis funcionan con este sistema, que por primera vez ha permitido al chofer gestionar sus ingresos a cambio de una tasa diaria que paga al Estado”.
Lo que se desprende de estos hechos nuevos de “capitalismo morboso” es que el periodista tenía razón y de que Fidel dijo la verdad y lo que siente, que “el modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros''.
No hacía falta que lo diga, pero….
septiembre 13, 2010
Correa: incongruencia mediática
El presidente Rafael Correa tiene un nuevo juguete, se trata de Periódico Popular, El Verdadero, (El PP) un diario que lanzó el 6 de setiembre pasado, con lo cual se comprueba que tiene verdadera vocación de capitalista burgués; bueno es lo que al menos él critica a las personas de su país que son propietarios de un medio de comunicación.
Ahora con este nuevo diario, al que pregona que solo dirá la verdad, aunque no aclara que se trata de la “versión oficial”, es decir pura propaganda, Correa se ha transformado en el mayor magnate de los medios de comunicación de su país. El PP como se lo denomina en la jerga periodística de su país, acompaña al diario El Telégrafo que él también administra, varias televisoras que confiscó y que no dispuso en licitación como prometió y varias radioemisoras.
La suerte que tiene Correa, al contrario de otras personas que se manejan en el mundo privado, es que él puede disponer de los dineros del pueblo para crear sus propios medios y si le va mal, como en el caso de El Telégrafo, puede echar mano a los bolsillos públicos para seguir alimentando esas empresas. El Telégrafo tiene un déficit de seis millones de dólares, pero sigue sobreviviendo gracias al aporte de fondos públicos. Un empresario privado no tendría esa suerte y de no tomar riesgos y sacar un crédito, debería cerrar el medio. Así de simple.
Pero Correa no solamente que tiene el bolsillo de los ecuatorianos a su disposición, sino que puede justificar que debe poseer sus medios a pesar del déficit, porque la gente debe estar debidamente informada por medios estatales y verdaderos que contrarrestan las mentiras y la desestabilización que promueven los medios privados.
Correa es un muy inconsistente en sus pensamientos, acomodándolos para el lado que mejor le conviene. Como cualquier otra persona autoritaria, lo que pretende es no ser criticado y eternizarse en el poder.
Ahora con este nuevo diario, al que pregona que solo dirá la verdad, aunque no aclara que se trata de la “versión oficial”, es decir pura propaganda, Correa se ha transformado en el mayor magnate de los medios de comunicación de su país. El PP como se lo denomina en la jerga periodística de su país, acompaña al diario El Telégrafo que él también administra, varias televisoras que confiscó y que no dispuso en licitación como prometió y varias radioemisoras.
La suerte que tiene Correa, al contrario de otras personas que se manejan en el mundo privado, es que él puede disponer de los dineros del pueblo para crear sus propios medios y si le va mal, como en el caso de El Telégrafo, puede echar mano a los bolsillos públicos para seguir alimentando esas empresas. El Telégrafo tiene un déficit de seis millones de dólares, pero sigue sobreviviendo gracias al aporte de fondos públicos. Un empresario privado no tendría esa suerte y de no tomar riesgos y sacar un crédito, debería cerrar el medio. Así de simple.
Pero Correa no solamente que tiene el bolsillo de los ecuatorianos a su disposición, sino que puede justificar que debe poseer sus medios a pesar del déficit, porque la gente debe estar debidamente informada por medios estatales y verdaderos que contrarrestan las mentiras y la desestabilización que promueven los medios privados.
Correa es un muy inconsistente en sus pensamientos, acomodándolos para el lado que mejor le conviene. Como cualquier otra persona autoritaria, lo que pretende es no ser criticado y eternizarse en el poder.
septiembre 12, 2010
Libertad de prensa; Parte I
Publico en cinco posts una nota que me pidió La Voz del Interior, diario de la ciudad de Córdoba, Argentina, la que fue publicada en su edición del domingo 12 de setiembre.
A pesar de que hace 30 años que América latina recuperó la democracia, persisten problemas básicos que generan desconfianza en las instituciones y evitan el pleno desarrollo de la región: corrupción e impunidad; inseguridad y pobreza, y límites a las libertades, entre ellas, las de prensa y expresión.
El sometimiento de los poderes judiciales a los ejecutivos, congresos que negocian leyes partidarias sin el norte del bien común y una libertad de prensa que es vista como obstáculo y no como contrapeso de la gestión pública, evidencian la debilidad democrática y el autoritarismo, tal como lo revelan las encuestas sobre percepción.
También es evidente que un grupo de gobiernos populistas que emergió en la última década –desde que Hugo Chávez asumió en 1999– ha contribuido al deterioro de la libertad de prensa. Una medición reciente de la organización no gubernamental Freedom House describe cómo los estados autoritarios como Venezuela, Rusia e Irán, no sólo son más represivos, sino más influyentes en la arena internacional.
Y aunque en los últimos meses el péndulo político latinoamericano se inclina más hacia el centro y la derecha, con presidentes como Laura Chinchilla en Costa Rica, Sebastián Piñera en Chile, Porfirio Lobo en Honduras, Ricardo Martinelli en Panamá y Juan Manuel Santos en Colombia, todavía persiste una imagen deteriorada de la libertad de prensa, como si se tratara de un derecho que no es humano y que sólo refleja intereses económicos, monopólicos y desestabilizadores.
Chávez, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Fidel y Raúl Castro, y Daniel Ortega son algunos de los mandatarios cuyos discursos reflejan esta posición. Protestan en contra del poder de la prensa, insultando y atacando a medios y periodistas, sancionando leyes restrictivas; pero, al mismo tiempo, creando un sistema gubernamental en el que la comunicación oficial se hace cada vez más hegemónica y monopólica.
El informe de Freedom House ve un retroceso en los últimos cuatro años y remarca menos libertades democráticas en Honduras, Guatemala y Nicaragua, al tiempo que descalifica como plenas democracias a Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay. A Cuba, el único país no libre del hemisferio, le atribuye, junto a Bielorrusia y Myanmar, ser el más represivo del mundo en materia de libertad de prensa.
Libertad de Prensa; Parte II
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) refleja en sus informes semestrales las violaciones a la libertad de prensa, revelando que en países donde más se registran, menor es el grado de desarrollo democrático.
Abusos externos al Estado. Existen cuatro áreas bien definidas de abusos a la libertad de prensa. La violencia sigue siendo uno de los mayores escollos para el periodismo en América latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos para frenarla, como en México y Honduras.
En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; en los últimos seis, México se catapultó como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre comunicadores asesinados y desaparecidos.
Sólo en lo que va de 2010, nueve periodistas fueron asesinados en México, y ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos. La violencia también arreció en Honduras, donde ocho reporteros fueron acribillados. La mayor parte de esos crímenes son cometidos por organizaciones delictivas, aunque hasta hace poco eran más los cometidos por gobiernos corruptos.
La autocensura es la medida de protección más directa de los medios ante la inacción de los estados. La impunidad o la falta de justicia sigue siendo el gran incentivo para los violentos.
Como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia del narcotráfico, en México los carteles de las drogas siguen matando, haciendo desaparecer y secuestrando periodistas, pero además secuestran medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa a través del miedo –ya se registraron 10 atentados contra medios– o el soborno. Es común, entre los periodistas mejicanos, el dicho sobre los dos metales al que se deben enfrentar: “plomo o plata”.
Abusos externos al Estado. Existen cuatro áreas bien definidas de abusos a la libertad de prensa. La violencia sigue siendo uno de los mayores escollos para el periodismo en América latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos para frenarla, como en México y Honduras.
En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; en los últimos seis, México se catapultó como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre comunicadores asesinados y desaparecidos.
Sólo en lo que va de 2010, nueve periodistas fueron asesinados en México, y ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos. La violencia también arreció en Honduras, donde ocho reporteros fueron acribillados. La mayor parte de esos crímenes son cometidos por organizaciones delictivas, aunque hasta hace poco eran más los cometidos por gobiernos corruptos.
La autocensura es la medida de protección más directa de los medios ante la inacción de los estados. La impunidad o la falta de justicia sigue siendo el gran incentivo para los violentos.
Como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia del narcotráfico, en México los carteles de las drogas siguen matando, haciendo desaparecer y secuestrando periodistas, pero además secuestran medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa a través del miedo –ya se registraron 10 atentados contra medios– o el soborno. Es común, entre los periodistas mejicanos, el dicho sobre los dos metales al que se deben enfrentar: “plomo o plata”.
Libertad de prensa, Parte III
Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe libertad de prensa por el solo hecho de que toleran medios críticos, pero también es cierto que la prensa independiente que alza la voz, investiga, denuncia y critica sufre serias represalias.
Abusos de los gobiernos. La “mala propaganda” que los gobiernos dicen recibir de parte de los medios “opositores” se combate con campañas de desprestigio, agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa al acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y adquisición de medios privados a través de testaferros o expropiación.
En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ONG nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa como Álvaro Colom promueven campañas de publicidad en las que se acusa a medios y periodistas de desestabilizar a sus gobiernos.
Esas campañas apuntan a restar credibilidad a las denuncias de corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas.
Resultan preocupantes ciertos problemas legales y judiciales, como la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile, que descarta limitaciones a las indemnizaciones a los medios por demandas de difamación.
Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobiernos y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de ley de comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.
Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras y otros cinco canales de cable, y llenó ese vacío con medios propios.
Correa expropió numerosos medios y acaba de lanzar dos periódicos propios que compiten con otros privados.
Ortega y Kirchner compran medios privados a través de testaferros y hacen expulsar a aquellos periodistas que mantienen líneas independientes al Gobierno.
Para este tipo de abusos, los gobiernos suelen aprovecharse de poderes judiciales sometidos. Chávez se las ingenia así para encarcelar a periodistas y a políticos opositores, como el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez o el periodista Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, cadena independiente de la que Chávez jura que tendrá el mismo destino que RCTV.
El ataque a la prensa privada más consistente es el que desató el gobierno de Cristina Fernández contra el Grupo Clarín. Periodistas, ejecutivos del diario y sus familiares son blanco permanente de agresiones en los discursos oficiales y en las redes sociales.
Pero las mayores embestidas provienen de medidas directas –tanto judiciales y políticas como económicas– como la nueva ley de medios, que es reglamentada a pesar de amparos; el cuestionamiento sobre la propiedad de Papel Prensa, de la que los diarios Clarín y La Nación son socios junto con el Estado; un proyecto de ley que busca reglamentar la producción y comercialización de papel para diarios; trabas a la distribución de diarios; caducidad de licencias para la provisión de servicios de Internet y reordenamiento de la grilla televisiva para beneficiar a medios “amigos”. Sobre esto, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, observó la evidente intención del Gobierno de “controlar a los medios independientes”, acciones a las que consideró que “conforman una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos”.
Otras dificultades afectan a los medios de todo el país, tales como la falta de una ley nacional que garantice el acceso a la información oficial, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder, el abuso de los medios públicos para promocionar el discurso oficial y la discriminación en materia de publicidad oficial.
En este sentido, no hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios y periodistas que los critican o para premiar a aquellos que los favorecen.
La diputada Silvana Giudici (UCR), en una nota de opinión del 12 de agosto en La Nación, denunció que los niveles de gasto en publicidad oficial vienen aumentando de manera considerable, con 800 millones este año, para lo cual argumentó a favor de un proyecto de ley que busca imponer restricciones para que el Gobierno no pueda discriminar a los medios.
Abusos de los gobiernos. La “mala propaganda” que los gobiernos dicen recibir de parte de los medios “opositores” se combate con campañas de desprestigio, agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa al acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y adquisición de medios privados a través de testaferros o expropiación.
En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ONG nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa como Álvaro Colom promueven campañas de publicidad en las que se acusa a medios y periodistas de desestabilizar a sus gobiernos.
Esas campañas apuntan a restar credibilidad a las denuncias de corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas.
Resultan preocupantes ciertos problemas legales y judiciales, como la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile, que descarta limitaciones a las indemnizaciones a los medios por demandas de difamación.
Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobiernos y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de ley de comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.
Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras y otros cinco canales de cable, y llenó ese vacío con medios propios.
Correa expropió numerosos medios y acaba de lanzar dos periódicos propios que compiten con otros privados.
Ortega y Kirchner compran medios privados a través de testaferros y hacen expulsar a aquellos periodistas que mantienen líneas independientes al Gobierno.
Para este tipo de abusos, los gobiernos suelen aprovecharse de poderes judiciales sometidos. Chávez se las ingenia así para encarcelar a periodistas y a políticos opositores, como el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez o el periodista Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, cadena independiente de la que Chávez jura que tendrá el mismo destino que RCTV.
El ataque a la prensa privada más consistente es el que desató el gobierno de Cristina Fernández contra el Grupo Clarín. Periodistas, ejecutivos del diario y sus familiares son blanco permanente de agresiones en los discursos oficiales y en las redes sociales.
Pero las mayores embestidas provienen de medidas directas –tanto judiciales y políticas como económicas– como la nueva ley de medios, que es reglamentada a pesar de amparos; el cuestionamiento sobre la propiedad de Papel Prensa, de la que los diarios Clarín y La Nación son socios junto con el Estado; un proyecto de ley que busca reglamentar la producción y comercialización de papel para diarios; trabas a la distribución de diarios; caducidad de licencias para la provisión de servicios de Internet y reordenamiento de la grilla televisiva para beneficiar a medios “amigos”. Sobre esto, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, observó la evidente intención del Gobierno de “controlar a los medios independientes”, acciones a las que consideró que “conforman una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos”.
Otras dificultades afectan a los medios de todo el país, tales como la falta de una ley nacional que garantice el acceso a la información oficial, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder, el abuso de los medios públicos para promocionar el discurso oficial y la discriminación en materia de publicidad oficial.
En este sentido, no hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios y periodistas que los critican o para premiar a aquellos que los favorecen.
La diputada Silvana Giudici (UCR), en una nota de opinión del 12 de agosto en La Nación, denunció que los niveles de gasto en publicidad oficial vienen aumentando de manera considerable, con 800 millones este año, para lo cual argumentó a favor de un proyecto de ley que busca imponer restricciones para que el Gobierno no pueda discriminar a los medios.
Libertad de prensa; Parte IV
La censura más grosera y triste en las Américas se sigue dando en Cuba, después de más de medio siglo de opresión a las libertades de expresión, de prensa, de reunión y de asociación. Lo que tampoco es menor es que aún haya presidentes latinoamericanos que, mientras en sus países y en el mundo abogan por los derechos humanos, peregrinan a La Habana para rendir pleitesía al régimen que sigue violando en forma sistemática los derechos humanos.
Cuba continúa siendo el único régimen del mundo donde se encarcela a periodistas y a quienes opinen o hablen en contra del gobierno. De los 27 periodistas independientes presos como parte del grupo de 75 disidentes encarcelados en marzo de 2003 –durante el episodio conocido como “primavera negra”– fueron liberados 17 en diferentes etapas, los últimos en un arreglo reciente entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el régimen.
El régimen destierra a los periodistas independientes liberados, utilizándolos como moneda a cambio de concesiones económicas que el gobierno español consigue de la Unión Europea.
Abusos del propio periodismo. Como cualquier disciplina, el periodismo está compuesto por gente buena, mala o mediocre. Muchos medios no son muy responsables: exaltan la violencia, son sensacionalistas, censuran información ante compromisos económicos. Y, peor que esto, comenten el pecado de omisión. No investigan hechos importantes, por vagancia profesional o porque redujeron su calidad periodística. Muchos medios de los Estados Unidos aprovecharon la crisis económica para echar personal, no porque perdían dinero sino porque no ganaban como antes. Las prácticas monopólicas sirven de excusa a los gobiernos para regular a los medios; pero, si así fuera, no es necesario castigar la competencia, la innovación y el desarrollo, sino más bien regular la actividad con leyes antimonopólicas que se aplican a otras actividades.
Tampoco se puede regular de igual forma a los medios de todo tipo, como trata de hacer la futura ley ecuatoriana, sin distinguir la naturaleza de los medios escritos de los electrónicos, que por su naturaleza finita requieren de regulaciones especiales. Lo que llama la atención es que los gobiernos acusan a los grandes grupos televisivos de prácticas poco éticas, cuando fueron los mismos gobiernos los que otorgaron y otorgan privilegios a cambio de apoyo político.
Tampoco se puede esconder que hay faltas éticas graves en la profesión. En muchas naciones, los periodistas reciben dinero y sobornos de entidades privadas, de funcionarios o del crimen organizado. Hay mayor conciencia, sin embargo, sobre estos temas que demandan más responsabilidad.
En numerosos países afectados por la violencia –en especial del narcotráfico, como en México–, los medios optan por autocensurarse como manera de protección. Sin embargo, a veces se abusa de esta práctica y queda en evidencia que, si los medios negocian el silencio, pronto se podrían ver obligados a negociar cualquier tipo de demanda de los violentos.
Por suerte, una actitud incipiente de mayor solidaridad, camaradería y unidad se registra en varios países, donde los medios aúnan fuerzas para combatir la violencia.
Cuba continúa siendo el único régimen del mundo donde se encarcela a periodistas y a quienes opinen o hablen en contra del gobierno. De los 27 periodistas independientes presos como parte del grupo de 75 disidentes encarcelados en marzo de 2003 –durante el episodio conocido como “primavera negra”– fueron liberados 17 en diferentes etapas, los últimos en un arreglo reciente entre el gobierno español, la Iglesia Católica y el régimen.
El régimen destierra a los periodistas independientes liberados, utilizándolos como moneda a cambio de concesiones económicas que el gobierno español consigue de la Unión Europea.
Abusos del propio periodismo. Como cualquier disciplina, el periodismo está compuesto por gente buena, mala o mediocre. Muchos medios no son muy responsables: exaltan la violencia, son sensacionalistas, censuran información ante compromisos económicos. Y, peor que esto, comenten el pecado de omisión. No investigan hechos importantes, por vagancia profesional o porque redujeron su calidad periodística. Muchos medios de los Estados Unidos aprovecharon la crisis económica para echar personal, no porque perdían dinero sino porque no ganaban como antes. Las prácticas monopólicas sirven de excusa a los gobiernos para regular a los medios; pero, si así fuera, no es necesario castigar la competencia, la innovación y el desarrollo, sino más bien regular la actividad con leyes antimonopólicas que se aplican a otras actividades.
Tampoco se puede regular de igual forma a los medios de todo tipo, como trata de hacer la futura ley ecuatoriana, sin distinguir la naturaleza de los medios escritos de los electrónicos, que por su naturaleza finita requieren de regulaciones especiales. Lo que llama la atención es que los gobiernos acusan a los grandes grupos televisivos de prácticas poco éticas, cuando fueron los mismos gobiernos los que otorgaron y otorgan privilegios a cambio de apoyo político.
Tampoco se puede esconder que hay faltas éticas graves en la profesión. En muchas naciones, los periodistas reciben dinero y sobornos de entidades privadas, de funcionarios o del crimen organizado. Hay mayor conciencia, sin embargo, sobre estos temas que demandan más responsabilidad.
En numerosos países afectados por la violencia –en especial del narcotráfico, como en México–, los medios optan por autocensurarse como manera de protección. Sin embargo, a veces se abusa de esta práctica y queda en evidencia que, si los medios negocian el silencio, pronto se podrían ver obligados a negociar cualquier tipo de demanda de los violentos.
Por suerte, una actitud incipiente de mayor solidaridad, camaradería y unidad se registra en varios países, donde los medios aúnan fuerzas para combatir la violencia.
Libertad de prensa; Parte V
Abusos de tolerancia. Internet y las redes sociales han traído muchos beneficios al juego de la libertad de expresión, como la interactividad, participación, velocidad e información de fuentes variadas. Pero también expanden los desafíos en cuanto a reglas de privacidad, honor y seguridad, lo que motiva a varios gobiernos a plantear excusas e imponer nuevas formas de control.
Es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que Internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos, tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba y lo intenta el venezolano.
Lamentablemente, firmas privadas estadounidenses como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en Internet, lo que derivó en el encarcelamiento de internautas en China, Vietnam y en países del norte de África.América latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha y, si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación en detrimento de los contenidos.
En muchos países, se ha distorsionado el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos usan a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios de los gobiernos español, argentino y venezolano son conocidos no sólo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de cibermilitantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar o neutralizar las críticas.
Conclusión. Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia, y viceversa.
Exigir y defender esa libertad de expresar opiniones y de estar informados no es sólo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
¿Cómo alcanzarla? Quizá dando un primer paso: honrar en las urnas sólo a aquellos que de modo explícito se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.
Es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que Internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos, tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba y lo intenta el venezolano.
Lamentablemente, firmas privadas estadounidenses como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en Internet, lo que derivó en el encarcelamiento de internautas en China, Vietnam y en países del norte de África.América latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha y, si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación en detrimento de los contenidos.
En muchos países, se ha distorsionado el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos usan a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios de los gobiernos español, argentino y venezolano son conocidos no sólo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de cibermilitantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar o neutralizar las críticas.
Conclusión. Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia, y viceversa.
Exigir y defender esa libertad de expresar opiniones y de estar informados no es sólo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
¿Cómo alcanzarla? Quizá dando un primer paso: honrar en las urnas sólo a aquellos que de modo explícito se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.
septiembre 11, 2010
9/11 sin quema de Corán
La quema del Corán que gracias a Dios no tendrá lugar hoy como había amenazado el pastor Terry Jones en la ciudad floridana de Gainsville, disipó el ambiente enrarecido que se había creado en todo el mundo por un gesto que creó confusión sobre libertad de culto, libertad de expresión y que estaba ensombreciendo el verdadero espíritu de este 11 de setiembre, de recordación a las víctimas del terrorismo y de rechazo a toda actividad extremista o de violencia en contra de civiles.
En otro post que escribí se me criticó por no defender el derecho del religioso o de cualquiera otra persona a quemar el Corán como manifestación de la libertad de expresión, por faltar a mis principios. Sin embargo, sigo sosteniendo que la libertad de expresión, así como la de culto tiene límites, éticos, por más que las leyes lo autoricen, como bien lo establece la Corte Suprema de Justicia de EEUU que siempre permitió que la expresión, por más que pueda ser ofensiva para otros grupos, no puede ser reprimida por el gobierno, como el caso de las cruces que quemaba el Ku Klux Klan o las banderas estadounidenses que también se queman en manifestaciones en todo el territorio para protestar guerras o abusos gubernamentales.
Pero más allá de los límites éticos de la libertad de expresión (no se debería gritar ¡Fuego! en un ambiente cerrado porque crearía un caos) o de la libertad de culto (no se podría blasfemar a Cristo en una misa de Viernes Santo) y de las libertades públicas que ampara la Constitución, el caso del Corán tiene otros significados que van en contra de otros principios estipulados por la Corte Suprema. Todo se puede hacer a excepción de que se incite a la violencia. Y esta es una primera diferencia con la quema de otros símbolos.
El mal uso o la blasfemia contra el Corán, considerado como la Palabra de Dios por los musulmanes, ya tuvo consecuencias violentas en el pasado, cuando la revista Newsweek denunció que en la cárcel de Guantánamo los carceleros estadounidenses tiraron hasta un libro por el inodoro, como parte de los interrogatorios a los terroristas. Ese 2005 en Afganistán hubo hasta 15 muertos en varias manifestaciones en contra de EEUU en protesta por ese episodio.
Las voces en contra de la quema del Corán se hicieron escuchar de todos los rincones, desde la Casa Blanca, el Vaticano, el gobierno de Irán, de la Comunidad Europea y del general David Petraeus, comandante supremo de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, quien le escribió a la agencia de noticias Associated Press explicando que "las imágenes de la quema del Corán sin lugar a dudas serían utilizadas por los extremistas en Afganistán --y en todo el mundo-- para inflamar la opinión pública e incitar a la violencia''.
Creo además que hay otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta en la pretendida acción de la quema del Corán, más allá de los límites que tiene la libertad de expresión y la de de culto.
A diferencia de la quema espontánea o predecible de símbolos, así sea la bandera o una cruz, o de la publicación de caricaturas de Mahoma con un turbante de bombas como publicó un diario danés y luego de toda Escandinavia que desató grandes polémicas sobre libertad de prensa, es que la quema del Corán estuvo precedido por la amenaza de la acción.
La libertad de expresión implica que los abusos deben ser reprimidos después de expresados, jamás deben ser censurados en forma previa, aspectos que están amparados por el principio de responsabilidades ulteriores. Lo que se ha censurado en todo caso, no es la acción que debía concretarse hoy con la quema de los libros, sino la amenaza de hacerlo que se venía profiriendo en los últimos días y que estaba caldeando el ambiente.
Si la quema se hubiera dado sin previo aviso, como un hecho espontáneo, estaría amparado por la Primera Enmienda de la Constitución y si alguna demanda podría haberse constituido sería sobre si hubiera sido o no un acto de incitación a la violencia, siempre contemplando las consecuencias en su comunidad y en el país. Pero se hubiera resguardado el principio constitucional o el derecho a hacerlo.
Pero lo del pastor Terry Jones fue diferente, venía amenazando que lo haría. Lo mismo hubiera sucedido con las caricaturas de Mahoma, distinta hubiera sido la reacción mundial si el diario en vez de publicarlas un determinado día como lo hizo, sin previo aviso, hubiera amenazado con que lo haría. Todo el mundo occidental defendió el derecho de publicar esas caricaturas, pero seguro hubiera habido las mismas reacciones que ahora si hubieran dicho que lo harían.
La amenaza es casi siempre apología del delito y un grave acto de intimidación, más condenable a veces que el supuesto hecho que tal vez no se cometa. Vale recordar las amenazas que todavía pesan sobre Salman Rushdie, autor de Versos Satánicos, que han incitado a muchos musulmanes a hacer justicia por manos propias.
En otro post que escribí se me criticó por no defender el derecho del religioso o de cualquiera otra persona a quemar el Corán como manifestación de la libertad de expresión, por faltar a mis principios. Sin embargo, sigo sosteniendo que la libertad de expresión, así como la de culto tiene límites, éticos, por más que las leyes lo autoricen, como bien lo establece la Corte Suprema de Justicia de EEUU que siempre permitió que la expresión, por más que pueda ser ofensiva para otros grupos, no puede ser reprimida por el gobierno, como el caso de las cruces que quemaba el Ku Klux Klan o las banderas estadounidenses que también se queman en manifestaciones en todo el territorio para protestar guerras o abusos gubernamentales.
Pero más allá de los límites éticos de la libertad de expresión (no se debería gritar ¡Fuego! en un ambiente cerrado porque crearía un caos) o de la libertad de culto (no se podría blasfemar a Cristo en una misa de Viernes Santo) y de las libertades públicas que ampara la Constitución, el caso del Corán tiene otros significados que van en contra de otros principios estipulados por la Corte Suprema. Todo se puede hacer a excepción de que se incite a la violencia. Y esta es una primera diferencia con la quema de otros símbolos.
El mal uso o la blasfemia contra el Corán, considerado como la Palabra de Dios por los musulmanes, ya tuvo consecuencias violentas en el pasado, cuando la revista Newsweek denunció que en la cárcel de Guantánamo los carceleros estadounidenses tiraron hasta un libro por el inodoro, como parte de los interrogatorios a los terroristas. Ese 2005 en Afganistán hubo hasta 15 muertos en varias manifestaciones en contra de EEUU en protesta por ese episodio.
Las voces en contra de la quema del Corán se hicieron escuchar de todos los rincones, desde la Casa Blanca, el Vaticano, el gobierno de Irán, de la Comunidad Europea y del general David Petraeus, comandante supremo de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, quien le escribió a la agencia de noticias Associated Press explicando que "las imágenes de la quema del Corán sin lugar a dudas serían utilizadas por los extremistas en Afganistán --y en todo el mundo-- para inflamar la opinión pública e incitar a la violencia''.
Creo además que hay otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta en la pretendida acción de la quema del Corán, más allá de los límites que tiene la libertad de expresión y la de de culto.
A diferencia de la quema espontánea o predecible de símbolos, así sea la bandera o una cruz, o de la publicación de caricaturas de Mahoma con un turbante de bombas como publicó un diario danés y luego de toda Escandinavia que desató grandes polémicas sobre libertad de prensa, es que la quema del Corán estuvo precedido por la amenaza de la acción.
La libertad de expresión implica que los abusos deben ser reprimidos después de expresados, jamás deben ser censurados en forma previa, aspectos que están amparados por el principio de responsabilidades ulteriores. Lo que se ha censurado en todo caso, no es la acción que debía concretarse hoy con la quema de los libros, sino la amenaza de hacerlo que se venía profiriendo en los últimos días y que estaba caldeando el ambiente.
Si la quema se hubiera dado sin previo aviso, como un hecho espontáneo, estaría amparado por la Primera Enmienda de la Constitución y si alguna demanda podría haberse constituido sería sobre si hubiera sido o no un acto de incitación a la violencia, siempre contemplando las consecuencias en su comunidad y en el país. Pero se hubiera resguardado el principio constitucional o el derecho a hacerlo.
Pero lo del pastor Terry Jones fue diferente, venía amenazando que lo haría. Lo mismo hubiera sucedido con las caricaturas de Mahoma, distinta hubiera sido la reacción mundial si el diario en vez de publicarlas un determinado día como lo hizo, sin previo aviso, hubiera amenazado con que lo haría. Todo el mundo occidental defendió el derecho de publicar esas caricaturas, pero seguro hubiera habido las mismas reacciones que ahora si hubieran dicho que lo harían.
La amenaza es casi siempre apología del delito y un grave acto de intimidación, más condenable a veces que el supuesto hecho que tal vez no se cometa. Vale recordar las amenazas que todavía pesan sobre Salman Rushdie, autor de Versos Satánicos, que han incitado a muchos musulmanes a hacer justicia por manos propias.
septiembre 10, 2010
Fidel sigue siendo Fidel
Las declaraciones de Fidel Castro de que el sistema comunista no funciona ni siquiera para la isla, después de 51 años de machacar con esa , demuestra que Fidel sigue siendo Fidel, le encanta ser estrella y foco de atención.
No habría que dudar que pronto salga a decir que está arrepentido de haberle arrebatado las libertades a los cubanos, violado persistentemente los derechos humanos o que los líderes latinoamericanos que han peregrinado a La Habana a rendirle pleitesías en los últimos dos años han sido engañados toda su vida con un sistema incoherente.
Lo más incongruente de las declaraciones de Fidel es que han sido silenciadas por la prensa estatal, siendo tal vez la primera vez en la historia que no han sido reproducidas puertas adentro, algo que destacó la bloguera disidente Yoany Sánchez.
La prensa internacional y los académicos quieren ver en entrelíneas un mensaje de Fidel a su hermano Raúl para que inicie cambios políticos, lo que sí puede estar buscando es obtener actitudes más benevolentes de los EEUU y la Comunidad Europea en materia económica, que es donde al país le aprieta el zapato.
Fidel es el de siempre. Todo lo que hace o dice es a cambio de algo. No se trata de una frase al azar ni producto de su senilidad. Es para su propia conveniencia y para atraer atención e inversiones extranjeras, pero no para cambiar su sistema en lo interno.
No habría que dudar que pronto salga a decir que está arrepentido de haberle arrebatado las libertades a los cubanos, violado persistentemente los derechos humanos o que los líderes latinoamericanos que han peregrinado a La Habana a rendirle pleitesías en los últimos dos años han sido engañados toda su vida con un sistema incoherente.
Lo más incongruente de las declaraciones de Fidel es que han sido silenciadas por la prensa estatal, siendo tal vez la primera vez en la historia que no han sido reproducidas puertas adentro, algo que destacó la bloguera disidente Yoany Sánchez.
La prensa internacional y los académicos quieren ver en entrelíneas un mensaje de Fidel a su hermano Raúl para que inicie cambios políticos, lo que sí puede estar buscando es obtener actitudes más benevolentes de los EEUU y la Comunidad Europea en materia económica, que es donde al país le aprieta el zapato.
Fidel es el de siempre. Todo lo que hace o dice es a cambio de algo. No se trata de una frase al azar ni producto de su senilidad. Es para su propia conveniencia y para atraer atención e inversiones extranjeras, pero no para cambiar su sistema en lo interno.
En Argentina ya nada sorprende
En materia de libertad de prensa y relación tensa entre medios y gobierno, en Argentina cualquier cosa cabe, vale. Nada sorprende. Desde ayer el gobierno hizo regir la ley de medios que todavía está paralizada por la justicia, reglamentando que en el término de un año, los medios electrónicos deben vender sus licencias de tv y radio que excedan los límites, según una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que reglamenta el polémico artículo 161 de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales (ley 26.522).
La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.
Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.
El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.
Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.
Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.
La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.
Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.
El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.
Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.
Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.
La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Candidatos peruanos y acceso a la información
Peruanos y acceso 9-09-10
Estando en Perú en estos días donde vine a inaugurar un seminario sobre Diarios Populares como parte de nuestra oferta de entrenamiento profesional con la Sociedad Interamericana de Prensa, tuve la satisfacción de llegar el día en que los candidatos a alcalde de Lima se comprometieron públicamente con la libertad de prensa y de expresión.
Los aspirantes al sillón municipal firmaron “Los principios de Lima”, comprometiéndose, en caso de ser elegidos el 3 de octubre, a “promover y facilitar el acceso a la información pública en favor de los ciudadanos para fortalecer la libertad de expresión”, según recoge el diario El Comercio en su portada de hoy.
Los candidatos, reunidos en esta iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se comprometieron a mantener administraciones transparentes como forma de luchar en contra de la corrupción y en contra de la cultura del secreto. Entre ellos se encontraban las máximas aspirantes, según las encuestas, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y Susana Villarán.
“Los principios de Lima” es un decálogo que incluye preceptos sobre acceso a la información como derecho humano, transparencia y desarrollo, protección de fuentes periodísticas y la obligación de las autoridades en estos casos.
Estando en Perú en estos días donde vine a inaugurar un seminario sobre Diarios Populares como parte de nuestra oferta de entrenamiento profesional con la Sociedad Interamericana de Prensa, tuve la satisfacción de llegar el día en que los candidatos a alcalde de Lima se comprometieron públicamente con la libertad de prensa y de expresión.
Los aspirantes al sillón municipal firmaron “Los principios de Lima”, comprometiéndose, en caso de ser elegidos el 3 de octubre, a “promover y facilitar el acceso a la información pública en favor de los ciudadanos para fortalecer la libertad de expresión”, según recoge el diario El Comercio en su portada de hoy.
Los candidatos, reunidos en esta iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se comprometieron a mantener administraciones transparentes como forma de luchar en contra de la corrupción y en contra de la cultura del secreto. Entre ellos se encontraban las máximas aspirantes, según las encuestas, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y Susana Villarán.
“Los principios de Lima” es un decálogo que incluye preceptos sobre acceso a la información como derecho humano, transparencia y desarrollo, protección de fuentes periodísticas y la obligación de las autoridades en estos casos.
septiembre 09, 2010
Setiembre 11 y la mezquita
A pocos días de conmemorarse el noveno aniversario de Setiembre 11, los planes de construir una mezquita y un centro cultural islámico a pocos metros de la Zona Cero en Nueva York, reabrieron heridas y activaron resentimientos contra una religión a la que muchos perciben como refugio de extremistas y fundamentalistas.
Nunca antes otro hecho relacionado al terrorismo y al atentado en 2001 contra las Torres Gemelas, había despertado tanta polémica. Las emociones y pasiones están divididas, algo lógico considerando que la discusión se centra en la colisión de derechos constitucionales de igual valor, pero que no son absolutos: la libertad de religión y el derecho al honor.
La controversia puede exasperarse camino a las elecciones legislativas de noviembre, ya que obliga a partidos y políticos a asumir posturas contundentes para posicionarse frente a su electorado, que pueden interpretarse en forma diametralmente opuestas.
Para muchos, el enfoque ajustado a la Constitución del presidente Barack Obama de defender la libertad religiosa y el derecho de toda persona a erigir un templo y practicar su fe religiosa, siempre y cuando no se viole ninguna ley, no es más que una simple bofetada al sentimiento patriótico estadounidense. Las encuestas descubrieron que cada vez más personas piensan que Obama es musulmán, a pesar de confesarse cristiano.
En cambio, la prédica de la ex candidata a vice presidenta Sarah Palin, ajustada a los sentimientos de las víctimas y al honor y dignidad que piden sus familiares, sobre que la construcción de la mezquita en la Zona Cero es una provocación innecesaria, es vista como un caso de intolerancia religiosa y un asunto que podría incentivar a los terroristas religiosos a seguir atentando contra el país.
Los sondeos reflejan esas opiniones paradójicas. La mayoría considera fundamental la libertad de culto, pero a su vez tiene peros, argumentando que la obra de 15 pisos y de 100 millones que promueve con toda pasión el imán Feisal Abdul Rauf no se da en el tiempo oportuno ni en el espacio adecuado.
La cuestión del tiempo es válida, porque a veces se necesitan generaciones para olvidar o perdonar, como sucedió a los estadounidenses por Pearl Harbor o a los japoneses por Hiroshima y Nagasaki. En cuanto al espacio conviene recordar que la misma polémica instalada en Nueva York, es la que hoy se da a cientos de kilómetros en una ciudad del estado de Tennessee, donde una comunidad furiosa trata de impedir que se construya otra mezquita.
La postura se justifica en la Zona Cero porque puede resultar una ofensa grave para los familiares de las víctimas, evitándose así más irritación, división y odio, como opina el ex alcalde Rudolph Giuliani. Pero en Tennessee o en cualquier otro lugar, no hace más que mostrar discriminación contra un credo y una violación a la libertad religiosa.
Esto, sin quererlo, contribuye a despertar sentimientos anti occidentales, como los que enarbola el clérigo musulmán de origen estadounidense, Anwar al-Awlaki, quien en internet recluta a fanáticos para su guerra santa, así sea contra EEUU o contra Francia, por el hecho de que en julio sancionara una ley que prohíbe a las mujeres musulmanas que usen el burka o velo integral en lugares públicos. Una polémica entre quienes promueven la libertad de culto y quienes defienden los derechos civiles de las mujeres y los deberes ante el Estado.
Lo que se desprende de estos enfrentamientos es que en un mundo cada vez más globalizado, hay necesidad de que los gobiernos, tanto de Occidente como de Oriente, incentiven la educación sobre religiones y culturas para promover más entendimiento y menos roces.
El imán Abdul Rauf debería tener más consideración. Erigir un templo en el momento inoportuno y en el sitio inadecuado no solo afecta la memoria de las víctimas, sino que atrae sentimientos antirreligiosos, divisiones y rencores, aspectos a los que su obra se opone.
Si el objetivo es tener un espacio de reunión y oración, unas cuadras de diferencia no deberían afectarles a los creyentes musulmanes. Sin embargo, esa muestra de caridad con el dolor ajeno, y de que la libertad de culto también impone responsabilidades, pudiera arrimar más simpatizantes y comprensión a la fe islámica.
Nunca antes otro hecho relacionado al terrorismo y al atentado en 2001 contra las Torres Gemelas, había despertado tanta polémica. Las emociones y pasiones están divididas, algo lógico considerando que la discusión se centra en la colisión de derechos constitucionales de igual valor, pero que no son absolutos: la libertad de religión y el derecho al honor.
La controversia puede exasperarse camino a las elecciones legislativas de noviembre, ya que obliga a partidos y políticos a asumir posturas contundentes para posicionarse frente a su electorado, que pueden interpretarse en forma diametralmente opuestas.
Para muchos, el enfoque ajustado a la Constitución del presidente Barack Obama de defender la libertad religiosa y el derecho de toda persona a erigir un templo y practicar su fe religiosa, siempre y cuando no se viole ninguna ley, no es más que una simple bofetada al sentimiento patriótico estadounidense. Las encuestas descubrieron que cada vez más personas piensan que Obama es musulmán, a pesar de confesarse cristiano.
En cambio, la prédica de la ex candidata a vice presidenta Sarah Palin, ajustada a los sentimientos de las víctimas y al honor y dignidad que piden sus familiares, sobre que la construcción de la mezquita en la Zona Cero es una provocación innecesaria, es vista como un caso de intolerancia religiosa y un asunto que podría incentivar a los terroristas religiosos a seguir atentando contra el país.
Los sondeos reflejan esas opiniones paradójicas. La mayoría considera fundamental la libertad de culto, pero a su vez tiene peros, argumentando que la obra de 15 pisos y de 100 millones que promueve con toda pasión el imán Feisal Abdul Rauf no se da en el tiempo oportuno ni en el espacio adecuado.
La cuestión del tiempo es válida, porque a veces se necesitan generaciones para olvidar o perdonar, como sucedió a los estadounidenses por Pearl Harbor o a los japoneses por Hiroshima y Nagasaki. En cuanto al espacio conviene recordar que la misma polémica instalada en Nueva York, es la que hoy se da a cientos de kilómetros en una ciudad del estado de Tennessee, donde una comunidad furiosa trata de impedir que se construya otra mezquita.
La postura se justifica en la Zona Cero porque puede resultar una ofensa grave para los familiares de las víctimas, evitándose así más irritación, división y odio, como opina el ex alcalde Rudolph Giuliani. Pero en Tennessee o en cualquier otro lugar, no hace más que mostrar discriminación contra un credo y una violación a la libertad religiosa.
Esto, sin quererlo, contribuye a despertar sentimientos anti occidentales, como los que enarbola el clérigo musulmán de origen estadounidense, Anwar al-Awlaki, quien en internet recluta a fanáticos para su guerra santa, así sea contra EEUU o contra Francia, por el hecho de que en julio sancionara una ley que prohíbe a las mujeres musulmanas que usen el burka o velo integral en lugares públicos. Una polémica entre quienes promueven la libertad de culto y quienes defienden los derechos civiles de las mujeres y los deberes ante el Estado.
Lo que se desprende de estos enfrentamientos es que en un mundo cada vez más globalizado, hay necesidad de que los gobiernos, tanto de Occidente como de Oriente, incentiven la educación sobre religiones y culturas para promover más entendimiento y menos roces.
El imán Abdul Rauf debería tener más consideración. Erigir un templo en el momento inoportuno y en el sitio inadecuado no solo afecta la memoria de las víctimas, sino que atrae sentimientos antirreligiosos, divisiones y rencores, aspectos a los que su obra se opone.
Si el objetivo es tener un espacio de reunión y oración, unas cuadras de diferencia no deberían afectarles a los creyentes musulmanes. Sin embargo, esa muestra de caridad con el dolor ajeno, y de que la libertad de culto también impone responsabilidades, pudiera arrimar más simpatizantes y comprensión a la fe islámica.
septiembre 06, 2010
Culto vs. expresión
Los musulmanes en EEUU tienen miedo de venganzas ahora que se acerca el noveno aniversario de Setiembre 11, especialmente al continuar la polémica sobre la construcción de una mezquita en Zona Cero.
Las encuestas de opinión favorecen a aquellos que piensan que la construcción en esa área donde antes del 2001 estaban las Torres Gemelas no es un problema de libertad de culto, sino una falta total de respecto a la memoria de las víctimas y a sus familiares.
Concuerdo que no es un problema de libertad de culto, sin embargo, más allá de Zona Cero, se han originado numerosos otros incidentes en contra de los musulmanes estadounidenses que sí representan claras muestras de discriminación religiosa, como es el caso en Gainesville, la ciudad universitaria al norte del estado de la Florida, donde un grupo político, Dove World Outreach Center, prometió que se prepara para quemar varios ejemplares del Corán el 11 de setiembre, como protesta a los ataques guerrilleros.
Creo que así como no debiera considerarse que la construcción en Zona Cero es una cuestión de libertad religiosa, la quema de ejemplares de Corán no debería considerarse una opción de libertad de expresión y, para no ofender a los creyentes de esta fe religiosa, las autoridades no deberían permitir este tipo de protestas.
Ni la libertad de culto, ni la libertad de expresión son absolutos, y ambas tienen límites, a pesar de que son derechos que están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.
Las encuestas de opinión favorecen a aquellos que piensan que la construcción en esa área donde antes del 2001 estaban las Torres Gemelas no es un problema de libertad de culto, sino una falta total de respecto a la memoria de las víctimas y a sus familiares.
Concuerdo que no es un problema de libertad de culto, sin embargo, más allá de Zona Cero, se han originado numerosos otros incidentes en contra de los musulmanes estadounidenses que sí representan claras muestras de discriminación religiosa, como es el caso en Gainesville, la ciudad universitaria al norte del estado de la Florida, donde un grupo político, Dove World Outreach Center, prometió que se prepara para quemar varios ejemplares del Corán el 11 de setiembre, como protesta a los ataques guerrilleros.
Creo que así como no debiera considerarse que la construcción en Zona Cero es una cuestión de libertad religiosa, la quema de ejemplares de Corán no debería considerarse una opción de libertad de expresión y, para no ofender a los creyentes de esta fe religiosa, las autoridades no deberían permitir este tipo de protestas.
Ni la libertad de culto, ni la libertad de expresión son absolutos, y ambas tienen límites, a pesar de que son derechos que están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.
septiembre 04, 2010
Canal 8: torpeza y ridiculez
La reciente medida adoptada por el gobierno hondureño de quedarse con Canal 8, no es más que una orden torpe y ridícula que raya en la expropiación y afecta las instituciones democráticas, la libertad de empresa y la libertad de prensa. Digo esto en contestación al señor Eduardo García que me hizo la pregunta en un comentario al post anterior.
Hay tres cosas que molestan de este decreto enviado por el presidente Porfirio Lobo que fue definido por el Congreso, quedándose con el Canal 8 que pertenece a Elías Asfura.
Primero, que produce una colisión sobre potestades de los poderes públicos, ya que la propiedad de Asfura había sido cosa juzgada por parte de la Corte Suprema de Justicia. El ciudadano común queda en la duda sobre cuán eficiente y confiable puede ser una Justicia a la que se le despoja su ecuanimidad por decreto.
Segundo, es una medida torpe, si se considera que arrebatándole el medio a Asfura y prometiéndole otra licencia a cambio, no habría sido mejor que el gobierno hubiera elegido la otra licencia para sí mismo y evitar así la polémica. Uno se pregunta, ¿qué diferencia hay entre este gobierno y el de Manuel Zelaya para quedarse con un medio cuando se le ocurre y de la forma que se le ocurre?
Tercero, Asfuera ya había cumplido con las medidas judiciales. No se quedó con Canal 8 durante el período de Micheletti porque se lo alquiló al gobierno a pedido del Ejecutivo, pero con la condición de que se lo entregaran apenas se iniciara el de Lobo. Ahora no solo que el Estado no ha cumplido sino que faltó a su palabra, lo que lo hace un gobierno menos creíble y confiable. De por sí malo para la democracia, para la libertad de prensa y para los intentos de insertar a Honduras en la OEA.
Ojalá este próximo martes el Congreso de marcha atrás, se respete la institucionalidad jurídica del país, se garantice la libertad de empresa, Asfura tome el control del canal que le pertenece y que el gobierno construya un canal de televisión público, que sirva a todos los hondureños, evitando hacer solo propaganda a favor de su gestión.
Hay tres cosas que molestan de este decreto enviado por el presidente Porfirio Lobo que fue definido por el Congreso, quedándose con el Canal 8 que pertenece a Elías Asfura.
Primero, que produce una colisión sobre potestades de los poderes públicos, ya que la propiedad de Asfura había sido cosa juzgada por parte de la Corte Suprema de Justicia. El ciudadano común queda en la duda sobre cuán eficiente y confiable puede ser una Justicia a la que se le despoja su ecuanimidad por decreto.
Segundo, es una medida torpe, si se considera que arrebatándole el medio a Asfura y prometiéndole otra licencia a cambio, no habría sido mejor que el gobierno hubiera elegido la otra licencia para sí mismo y evitar así la polémica. Uno se pregunta, ¿qué diferencia hay entre este gobierno y el de Manuel Zelaya para quedarse con un medio cuando se le ocurre y de la forma que se le ocurre?
Tercero, Asfuera ya había cumplido con las medidas judiciales. No se quedó con Canal 8 durante el período de Micheletti porque se lo alquiló al gobierno a pedido del Ejecutivo, pero con la condición de que se lo entregaran apenas se iniciara el de Lobo. Ahora no solo que el Estado no ha cumplido sino que faltó a su palabra, lo que lo hace un gobierno menos creíble y confiable. De por sí malo para la democracia, para la libertad de prensa y para los intentos de insertar a Honduras en la OEA.
Ojalá este próximo martes el Congreso de marcha atrás, se respete la institucionalidad jurídica del país, se garantice la libertad de empresa, Asfura tome el control del canal que le pertenece y que el gobierno construya un canal de televisión público, que sirva a todos los hondureños, evitando hacer solo propaganda a favor de su gestión.
septiembre 03, 2010
Violencia contra la prensa
La violencia sigue siendo una de las mayores violaciones a la libertad de prensa en América Latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad pública y la corrupción. En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; mientras que en los últimos seis, México se ha catapultado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre periodistas asesinados y desaparecidos.
Cientos de familias y salas de Redacción están de luto por la pérdida de periodistas. Aún más, cuando un reportero es asesinado, toda la sociedad resiente que su derecho a la información está quebrantado.
La autocensura es la medida de autoprotección más directa adoptada por los medios ante la inacción de los Estados para dominar la violencia. Y la impunidad, o la falta de justicia, sigue siendo el incentivo mayor para los violentos.
Los crímenes contra periodistas y su impunidad desnudan problemas mayores más allá de la libertad de prensa. Quedan familiares desamparados, redacciones con traumas severos, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa totalmente frustradas, así como sistemas judiciales que no cuentan ni con leyes ni recursos adecuados para combatir este flagelo de la violencia contra la sociedad.
Cientos de familias y salas de Redacción están de luto por la pérdida de periodistas. Aún más, cuando un reportero es asesinado, toda la sociedad resiente que su derecho a la información está quebrantado.
La autocensura es la medida de autoprotección más directa adoptada por los medios ante la inacción de los Estados para dominar la violencia. Y la impunidad, o la falta de justicia, sigue siendo el incentivo mayor para los violentos.
Los crímenes contra periodistas y su impunidad desnudan problemas mayores más allá de la libertad de prensa. Quedan familiares desamparados, redacciones con traumas severos, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa totalmente frustradas, así como sistemas judiciales que no cuentan ni con leyes ni recursos adecuados para combatir este flagelo de la violencia contra la sociedad.
septiembre 02, 2010
Papelón presidencial
Un verdadero papelón para la democracia argentina resultó ser el montaje escénico en el que la presidenta Cristina Kirchner acusó hace unos días a los diarios Clarín y La Nación de haberse apropiado de la fábrica Papel Prensa mediante crímenes de lesa humanidad, en confabulación con la dictadura militar.
Aunque miembros de la familia Gravier, que habrían sido los afectados, desvirtuaron los argumentos del informe presidencial titulado “Papel Prensa: la Verdad”, lo que preocupa es la forma cada vez más escandalosa que el gobierno utiliza para dirimir o generar conflictos.
Que la Presidenta haya dicho que quería un “país sin miedos” y una democracia “sin tutelajes”, ha resultado solo retórica. No puede cesar el miedo cuando el gobierno usa cadena nacional y un acto público al que convoca a las fuerzas vivas del país, para escrachar a dos empresas privadas sobre un conflicto privado, cuya legitimidad corresponde a los estrados judiciales.
Y sí hay tutelajes, cuando se advierte que el circo montado fue para justificar controles mediante una futura ley que regularía la fabricación y compra-venta de papel para periódicos, declarando a ese insumo para la industria de periódicos de “interés público”, como si se tratara de una materia indispensable similar al agua, la electricidad o la energía nuclear. El insumo no es tan relevante; como sí, la libertad para poder adquirirlo y consumirlo.
El blanco del gobierno fue evidente. Transparenta la intención del ex presidente Néstor Kirchner que en cada acto público jura que destrozará a Clarín y a otros medios que no le permitieron ni permiten gobernar en secreto y con impunidad. De ahí que el medio ahora haya sido Papel Prensa, como incontables artilugios se usaron antes con el mismo fin.
Estos son avances peligrosos contra la empresa privada y contra la Constitución que en su artículo 32 prohíbe que el Congreso dicte leyes que violen la libertad de imprenta, y muestran que el kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, en el que es habitual el escarnio y la condena pública, las amenazas permanentes, y el control de medios y sus contenidos.
De ahí que el periodismo argentino deba soportar el acoso público, el no tener acceso a información oficial, o que se le castigue o premie con publicidad o recursos estatales. También se le acosa interrumpiendo sus canales de distribución o mediante inspecciones impositivas.
Para esto, el gobierno no solo usa testaferros que adquieren medios privados, también utiliza medios públicos como instrumentos de propaganda, y a un tropel de funcionarios y periodistas, que en medios oficiales, redes sociales y blogs, denigran a todo aquel que no se ajusta a los estándares oficiales.
En cuanto a Clarín la pelea es conocida. El gobierno trata de corroer todos sus flancos, manipulando la imagen de un medio al que se le achacan pecados, control y concentración. De ahí que la semana pasada se canceló la licencia como proveedor de servicios de internet. Semanas atrás, el turno fue para los hijos de su directora y antes fueron los derechos de trasmisión del fútbol. Al principio fue la Ley de Servicios Audiovisuales, que si bien es necesaria, abusa y ataca con vehemencia lo que el propio Estado creó y permitió.
La pelea por Papel Prensa tiene el mismo cuño difuso del kirchnerismo. Se trata de una empresa que si bien generó, por sus malas y hasta abusivas prácticas comerciales, disputas y divisiones en el seno de la industria periodística; no se le pueden atribuir crímenes de lesa humanidad, lo que pareciera ser más una trama ideológica para justificar lo que el gobierno realmente pretende: controlar a los medios, limitar su independencia y avasallar la libertad de prensa.
Si Cristina y Néstor Kirchner detestan la concentración y los privilegios ¿no sería mejor que en vez de controlar, incentivaran las condiciones para que haya un sistema más competitivo? La competencia siempre aportará mayores beneficios que un gobierno protector, y a la postre le beneficiará generando mayor desarrollo y más empleos.
La ventaja de Argentina, si se le compara con Venezuela, es que el Congreso argentino sirve de contrapeso y equilibrio, y difícilmente este papelón presidencial terminará siendo refrendado por ley.
Aunque miembros de la familia Gravier, que habrían sido los afectados, desvirtuaron los argumentos del informe presidencial titulado “Papel Prensa: la Verdad”, lo que preocupa es la forma cada vez más escandalosa que el gobierno utiliza para dirimir o generar conflictos.
Que la Presidenta haya dicho que quería un “país sin miedos” y una democracia “sin tutelajes”, ha resultado solo retórica. No puede cesar el miedo cuando el gobierno usa cadena nacional y un acto público al que convoca a las fuerzas vivas del país, para escrachar a dos empresas privadas sobre un conflicto privado, cuya legitimidad corresponde a los estrados judiciales.
Y sí hay tutelajes, cuando se advierte que el circo montado fue para justificar controles mediante una futura ley que regularía la fabricación y compra-venta de papel para periódicos, declarando a ese insumo para la industria de periódicos de “interés público”, como si se tratara de una materia indispensable similar al agua, la electricidad o la energía nuclear. El insumo no es tan relevante; como sí, la libertad para poder adquirirlo y consumirlo.
El blanco del gobierno fue evidente. Transparenta la intención del ex presidente Néstor Kirchner que en cada acto público jura que destrozará a Clarín y a otros medios que no le permitieron ni permiten gobernar en secreto y con impunidad. De ahí que el medio ahora haya sido Papel Prensa, como incontables artilugios se usaron antes con el mismo fin.
Estos son avances peligrosos contra la empresa privada y contra la Constitución que en su artículo 32 prohíbe que el Congreso dicte leyes que violen la libertad de imprenta, y muestran que el kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, en el que es habitual el escarnio y la condena pública, las amenazas permanentes, y el control de medios y sus contenidos.
De ahí que el periodismo argentino deba soportar el acoso público, el no tener acceso a información oficial, o que se le castigue o premie con publicidad o recursos estatales. También se le acosa interrumpiendo sus canales de distribución o mediante inspecciones impositivas.
Para esto, el gobierno no solo usa testaferros que adquieren medios privados, también utiliza medios públicos como instrumentos de propaganda, y a un tropel de funcionarios y periodistas, que en medios oficiales, redes sociales y blogs, denigran a todo aquel que no se ajusta a los estándares oficiales.
En cuanto a Clarín la pelea es conocida. El gobierno trata de corroer todos sus flancos, manipulando la imagen de un medio al que se le achacan pecados, control y concentración. De ahí que la semana pasada se canceló la licencia como proveedor de servicios de internet. Semanas atrás, el turno fue para los hijos de su directora y antes fueron los derechos de trasmisión del fútbol. Al principio fue la Ley de Servicios Audiovisuales, que si bien es necesaria, abusa y ataca con vehemencia lo que el propio Estado creó y permitió.
La pelea por Papel Prensa tiene el mismo cuño difuso del kirchnerismo. Se trata de una empresa que si bien generó, por sus malas y hasta abusivas prácticas comerciales, disputas y divisiones en el seno de la industria periodística; no se le pueden atribuir crímenes de lesa humanidad, lo que pareciera ser más una trama ideológica para justificar lo que el gobierno realmente pretende: controlar a los medios, limitar su independencia y avasallar la libertad de prensa.
Si Cristina y Néstor Kirchner detestan la concentración y los privilegios ¿no sería mejor que en vez de controlar, incentivaran las condiciones para que haya un sistema más competitivo? La competencia siempre aportará mayores beneficios que un gobierno protector, y a la postre le beneficiará generando mayor desarrollo y más empleos.
La ventaja de Argentina, si se le compara con Venezuela, es que el Congreso argentino sirve de contrapeso y equilibrio, y difícilmente este papelón presidencial terminará siendo refrendado por ley.
septiembre 01, 2010
Chávez promete escasez
Fiel a su enloquecido estilo autoritario, Hugo Chávez dijo que no tiene porque formalizar acuerdo con nadie de la oposición, a la que considera burguesa, pro yanqui y golpista; pero lo que es peor de todo, dijo que dará una nueva vuelta de tuerca a su revolución socialista a partir del 26 de setiembre cuando pronosticó que arrasará con las elecciones legislativas.
Siempre desafiante e intolerante, Chávez dijo hoy en un acto proselitista (que en realidad no se diferencia en nada de los actos que no son en épocas electorales) que “vamos a la victoria del 26 para profundizar, para radicalizar, la revolución bolivariana rumbo al socialismo''.
Entre otros de sus anuncios de campaña, llamó la atención que quiere implementar una “cédula del buen vivir”, la que consiste en una especie de libreta de racionamiento a la cubana, presumiblemente una idea que le habrá pasado Fidel Castro en la reunión de la semana pasada, donde fue a La Habana a buscar consejos y “sabiduría” de su maestro; tal vez considerando que el estilo de vida en Cuba es envidiable en el mundo entero.
La cédula le servirá a los venezolanos para conseguir las mercaderías “necesarias” en los mercados públicos. Chávez dijo que su idea es no incentivar el consumismo sino que se consuma lo justo; y si alguien consume mucho y su cuenta de cédula se acaba antes de lo previsto, seguramente el imperio yanqui tendrá la culpa.
En otras palabras, el cuento chavista es el mismo que el cuento fidelista. Los venezolanos se tendrán que ir acostumbrando a la escasez de todo lo que sufren los cubanos. La cédula será, como todo lo que hace, una nueva forma de controlar y seguir quitando libertades.
Siempre desafiante e intolerante, Chávez dijo hoy en un acto proselitista (que en realidad no se diferencia en nada de los actos que no son en épocas electorales) que “vamos a la victoria del 26 para profundizar, para radicalizar, la revolución bolivariana rumbo al socialismo''.
Entre otros de sus anuncios de campaña, llamó la atención que quiere implementar una “cédula del buen vivir”, la que consiste en una especie de libreta de racionamiento a la cubana, presumiblemente una idea que le habrá pasado Fidel Castro en la reunión de la semana pasada, donde fue a La Habana a buscar consejos y “sabiduría” de su maestro; tal vez considerando que el estilo de vida en Cuba es envidiable en el mundo entero.
La cédula le servirá a los venezolanos para conseguir las mercaderías “necesarias” en los mercados públicos. Chávez dijo que su idea es no incentivar el consumismo sino que se consuma lo justo; y si alguien consume mucho y su cuenta de cédula se acaba antes de lo previsto, seguramente el imperio yanqui tendrá la culpa.
En otras palabras, el cuento chavista es el mismo que el cuento fidelista. Los venezolanos se tendrán que ir acostumbrando a la escasez de todo lo que sufren los cubanos. La cédula será, como todo lo que hace, una nueva forma de controlar y seguir quitando libertades.
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