Abusos de tolerancia. Internet y las redes sociales han traído muchos beneficios al juego de la libertad de expresión, como la interactividad, participación, velocidad e información de fuentes variadas. Pero también expanden los desafíos en cuanto a reglas de privacidad, honor y seguridad, lo que motiva a varios gobiernos a plantear excusas e imponer nuevas formas de control.
Es obvio que los estados más autoritarios son los más proclives a seguir censurando. Hasta ahora, Estados Unidos domina con su posición de “neutralidad”, exigiendo que haya plena libertad, que Internet se siga desarrollando en manos privadas y con poca injerencia de los gobiernos, tanto para cancelar, filtrar o censurar información, como lo suele hacer el gobierno de Cuba y lo intenta el venezolano.
Lamentablemente, firmas privadas estadounidenses como Google, Microsoft y Yahoo se han prestado por largo rato a proveer a los gobiernos más despóticos del orbe el software necesario para censurar, filtrar o espiar en Internet, lo que derivó en el encarcelamiento de internautas en China, Vietnam y en países del norte de África.América latina está dando buenos pasos en conexión y banda ancha y, si bien mucho se discute sobre las prácticas de las grandes compañías proveedoras de servicios que lideran el mercado, la cancelación de la licencia de Fibertel en Argentina demuestra que el soporte técnico sigue jugando un papel relevante en la comunicación en detrimento de los contenidos.
En muchos países, se ha distorsionado el uso que Barack Obama o Juan Manuel Santos dieron a las redes sociales en la campaña política y ahora en sus presidencias. Varios gobiernos usan a las redes sociales no como órganos de difusión e interactividad con los ciudadanos, sino de propaganda. Funcionarios de los gobiernos español, argentino y venezolano son conocidos no sólo por disparar dardos contra sus opositores, sino también por contratar a legiones de cibermilitantes, que insultan en blogs y redes sociales, crean rumores, desarrollan campañas falsas y todo tipo de artimañas para intimidar o neutralizar las críticas.
Conclusión. Este sombrío panorama demuestra cuán estrechamente conectadas están la libertad de prensa y la calidad democrática. A mayor libertad de prensa, más democracia, y viceversa.
Exigir y defender esa libertad de expresar opiniones y de estar informados no es sólo un derecho contenido en tratados internacionales y en la Constitución, sino un deber fundamental de cada ciudadano.
¿Cómo alcanzarla? Quizá dando un primer paso: honrar en las urnas sólo a aquellos que de modo explícito se comprometen con esa libertad de prensa y de expresión y que no comulgan con las prácticas antidemocráticas que se describen en párrafos anteriores.
septiembre 12, 2010
septiembre 11, 2010
9/11 sin quema de Corán
La quema del Corán que gracias a Dios no tendrá lugar hoy como había amenazado el pastor Terry Jones en la ciudad floridana de Gainsville, disipó el ambiente enrarecido que se había creado en todo el mundo por un gesto que creó confusión sobre libertad de culto, libertad de expresión y que estaba ensombreciendo el verdadero espíritu de este 11 de setiembre, de recordación a las víctimas del terrorismo y de rechazo a toda actividad extremista o de violencia en contra de civiles.
En otro post que escribí se me criticó por no defender el derecho del religioso o de cualquiera otra persona a quemar el Corán como manifestación de la libertad de expresión, por faltar a mis principios. Sin embargo, sigo sosteniendo que la libertad de expresión, así como la de culto tiene límites, éticos, por más que las leyes lo autoricen, como bien lo establece la Corte Suprema de Justicia de EEUU que siempre permitió que la expresión, por más que pueda ser ofensiva para otros grupos, no puede ser reprimida por el gobierno, como el caso de las cruces que quemaba el Ku Klux Klan o las banderas estadounidenses que también se queman en manifestaciones en todo el territorio para protestar guerras o abusos gubernamentales.
Pero más allá de los límites éticos de la libertad de expresión (no se debería gritar ¡Fuego! en un ambiente cerrado porque crearía un caos) o de la libertad de culto (no se podría blasfemar a Cristo en una misa de Viernes Santo) y de las libertades públicas que ampara la Constitución, el caso del Corán tiene otros significados que van en contra de otros principios estipulados por la Corte Suprema. Todo se puede hacer a excepción de que se incite a la violencia. Y esta es una primera diferencia con la quema de otros símbolos.
El mal uso o la blasfemia contra el Corán, considerado como la Palabra de Dios por los musulmanes, ya tuvo consecuencias violentas en el pasado, cuando la revista Newsweek denunció que en la cárcel de Guantánamo los carceleros estadounidenses tiraron hasta un libro por el inodoro, como parte de los interrogatorios a los terroristas. Ese 2005 en Afganistán hubo hasta 15 muertos en varias manifestaciones en contra de EEUU en protesta por ese episodio.
Las voces en contra de la quema del Corán se hicieron escuchar de todos los rincones, desde la Casa Blanca, el Vaticano, el gobierno de Irán, de la Comunidad Europea y del general David Petraeus, comandante supremo de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, quien le escribió a la agencia de noticias Associated Press explicando que "las imágenes de la quema del Corán sin lugar a dudas serían utilizadas por los extremistas en Afganistán --y en todo el mundo-- para inflamar la opinión pública e incitar a la violencia''.
Creo además que hay otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta en la pretendida acción de la quema del Corán, más allá de los límites que tiene la libertad de expresión y la de de culto.
A diferencia de la quema espontánea o predecible de símbolos, así sea la bandera o una cruz, o de la publicación de caricaturas de Mahoma con un turbante de bombas como publicó un diario danés y luego de toda Escandinavia que desató grandes polémicas sobre libertad de prensa, es que la quema del Corán estuvo precedido por la amenaza de la acción.
La libertad de expresión implica que los abusos deben ser reprimidos después de expresados, jamás deben ser censurados en forma previa, aspectos que están amparados por el principio de responsabilidades ulteriores. Lo que se ha censurado en todo caso, no es la acción que debía concretarse hoy con la quema de los libros, sino la amenaza de hacerlo que se venía profiriendo en los últimos días y que estaba caldeando el ambiente.
Si la quema se hubiera dado sin previo aviso, como un hecho espontáneo, estaría amparado por la Primera Enmienda de la Constitución y si alguna demanda podría haberse constituido sería sobre si hubiera sido o no un acto de incitación a la violencia, siempre contemplando las consecuencias en su comunidad y en el país. Pero se hubiera resguardado el principio constitucional o el derecho a hacerlo.
Pero lo del pastor Terry Jones fue diferente, venía amenazando que lo haría. Lo mismo hubiera sucedido con las caricaturas de Mahoma, distinta hubiera sido la reacción mundial si el diario en vez de publicarlas un determinado día como lo hizo, sin previo aviso, hubiera amenazado con que lo haría. Todo el mundo occidental defendió el derecho de publicar esas caricaturas, pero seguro hubiera habido las mismas reacciones que ahora si hubieran dicho que lo harían.
La amenaza es casi siempre apología del delito y un grave acto de intimidación, más condenable a veces que el supuesto hecho que tal vez no se cometa. Vale recordar las amenazas que todavía pesan sobre Salman Rushdie, autor de Versos Satánicos, que han incitado a muchos musulmanes a hacer justicia por manos propias.
En otro post que escribí se me criticó por no defender el derecho del religioso o de cualquiera otra persona a quemar el Corán como manifestación de la libertad de expresión, por faltar a mis principios. Sin embargo, sigo sosteniendo que la libertad de expresión, así como la de culto tiene límites, éticos, por más que las leyes lo autoricen, como bien lo establece la Corte Suprema de Justicia de EEUU que siempre permitió que la expresión, por más que pueda ser ofensiva para otros grupos, no puede ser reprimida por el gobierno, como el caso de las cruces que quemaba el Ku Klux Klan o las banderas estadounidenses que también se queman en manifestaciones en todo el territorio para protestar guerras o abusos gubernamentales.
Pero más allá de los límites éticos de la libertad de expresión (no se debería gritar ¡Fuego! en un ambiente cerrado porque crearía un caos) o de la libertad de culto (no se podría blasfemar a Cristo en una misa de Viernes Santo) y de las libertades públicas que ampara la Constitución, el caso del Corán tiene otros significados que van en contra de otros principios estipulados por la Corte Suprema. Todo se puede hacer a excepción de que se incite a la violencia. Y esta es una primera diferencia con la quema de otros símbolos.
El mal uso o la blasfemia contra el Corán, considerado como la Palabra de Dios por los musulmanes, ya tuvo consecuencias violentas en el pasado, cuando la revista Newsweek denunció que en la cárcel de Guantánamo los carceleros estadounidenses tiraron hasta un libro por el inodoro, como parte de los interrogatorios a los terroristas. Ese 2005 en Afganistán hubo hasta 15 muertos en varias manifestaciones en contra de EEUU en protesta por ese episodio.
Las voces en contra de la quema del Corán se hicieron escuchar de todos los rincones, desde la Casa Blanca, el Vaticano, el gobierno de Irán, de la Comunidad Europea y del general David Petraeus, comandante supremo de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, quien le escribió a la agencia de noticias Associated Press explicando que "las imágenes de la quema del Corán sin lugar a dudas serían utilizadas por los extremistas en Afganistán --y en todo el mundo-- para inflamar la opinión pública e incitar a la violencia''.
Creo además que hay otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta en la pretendida acción de la quema del Corán, más allá de los límites que tiene la libertad de expresión y la de de culto.
A diferencia de la quema espontánea o predecible de símbolos, así sea la bandera o una cruz, o de la publicación de caricaturas de Mahoma con un turbante de bombas como publicó un diario danés y luego de toda Escandinavia que desató grandes polémicas sobre libertad de prensa, es que la quema del Corán estuvo precedido por la amenaza de la acción.
La libertad de expresión implica que los abusos deben ser reprimidos después de expresados, jamás deben ser censurados en forma previa, aspectos que están amparados por el principio de responsabilidades ulteriores. Lo que se ha censurado en todo caso, no es la acción que debía concretarse hoy con la quema de los libros, sino la amenaza de hacerlo que se venía profiriendo en los últimos días y que estaba caldeando el ambiente.
Si la quema se hubiera dado sin previo aviso, como un hecho espontáneo, estaría amparado por la Primera Enmienda de la Constitución y si alguna demanda podría haberse constituido sería sobre si hubiera sido o no un acto de incitación a la violencia, siempre contemplando las consecuencias en su comunidad y en el país. Pero se hubiera resguardado el principio constitucional o el derecho a hacerlo.
Pero lo del pastor Terry Jones fue diferente, venía amenazando que lo haría. Lo mismo hubiera sucedido con las caricaturas de Mahoma, distinta hubiera sido la reacción mundial si el diario en vez de publicarlas un determinado día como lo hizo, sin previo aviso, hubiera amenazado con que lo haría. Todo el mundo occidental defendió el derecho de publicar esas caricaturas, pero seguro hubiera habido las mismas reacciones que ahora si hubieran dicho que lo harían.
La amenaza es casi siempre apología del delito y un grave acto de intimidación, más condenable a veces que el supuesto hecho que tal vez no se cometa. Vale recordar las amenazas que todavía pesan sobre Salman Rushdie, autor de Versos Satánicos, que han incitado a muchos musulmanes a hacer justicia por manos propias.
septiembre 10, 2010
Fidel sigue siendo Fidel
Las declaraciones de Fidel Castro de que el sistema comunista no funciona ni siquiera para la isla, después de 51 años de machacar con esa , demuestra que Fidel sigue siendo Fidel, le encanta ser estrella y foco de atención.
No habría que dudar que pronto salga a decir que está arrepentido de haberle arrebatado las libertades a los cubanos, violado persistentemente los derechos humanos o que los líderes latinoamericanos que han peregrinado a La Habana a rendirle pleitesías en los últimos dos años han sido engañados toda su vida con un sistema incoherente.
Lo más incongruente de las declaraciones de Fidel es que han sido silenciadas por la prensa estatal, siendo tal vez la primera vez en la historia que no han sido reproducidas puertas adentro, algo que destacó la bloguera disidente Yoany Sánchez.
La prensa internacional y los académicos quieren ver en entrelíneas un mensaje de Fidel a su hermano Raúl para que inicie cambios políticos, lo que sí puede estar buscando es obtener actitudes más benevolentes de los EEUU y la Comunidad Europea en materia económica, que es donde al país le aprieta el zapato.
Fidel es el de siempre. Todo lo que hace o dice es a cambio de algo. No se trata de una frase al azar ni producto de su senilidad. Es para su propia conveniencia y para atraer atención e inversiones extranjeras, pero no para cambiar su sistema en lo interno.
No habría que dudar que pronto salga a decir que está arrepentido de haberle arrebatado las libertades a los cubanos, violado persistentemente los derechos humanos o que los líderes latinoamericanos que han peregrinado a La Habana a rendirle pleitesías en los últimos dos años han sido engañados toda su vida con un sistema incoherente.
Lo más incongruente de las declaraciones de Fidel es que han sido silenciadas por la prensa estatal, siendo tal vez la primera vez en la historia que no han sido reproducidas puertas adentro, algo que destacó la bloguera disidente Yoany Sánchez.
La prensa internacional y los académicos quieren ver en entrelíneas un mensaje de Fidel a su hermano Raúl para que inicie cambios políticos, lo que sí puede estar buscando es obtener actitudes más benevolentes de los EEUU y la Comunidad Europea en materia económica, que es donde al país le aprieta el zapato.
Fidel es el de siempre. Todo lo que hace o dice es a cambio de algo. No se trata de una frase al azar ni producto de su senilidad. Es para su propia conveniencia y para atraer atención e inversiones extranjeras, pero no para cambiar su sistema en lo interno.
En Argentina ya nada sorprende
En materia de libertad de prensa y relación tensa entre medios y gobierno, en Argentina cualquier cosa cabe, vale. Nada sorprende. Desde ayer el gobierno hizo regir la ley de medios que todavía está paralizada por la justicia, reglamentando que en el término de un año, los medios electrónicos deben vender sus licencias de tv y radio que excedan los límites, según una resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que reglamenta el polémico artículo 161 de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales (ley 26.522).
La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.
Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.
El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.
Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.
Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.
La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
La resolución también modifica la grilla para los canales de TV por cable, con una manifiesta ventaja para algunas señales según lo describe el diario La Nación de Buenos Aires, que queda conformada de la siguiente forma: CN23 (del grupo Spolsky, cercano al Gobierno) quedará ubicada entre las señales de noticias y los canales de aire; el Canal 7, hoy al servicio de la Casa Rosada, aparecerá entre los dos canales de mayor rating, Telefé y Canal 13, mientras que Telesur sería la primera de las señales internacionales, por arriba de señales como las de la tv española y la británica.
Se espera que en las próximas horas, varios afectados recurran a la justicia para conseguir amparos que ya tienen Grupo Clarín y Grupo Uno.
Por otro lado, en el aspecto positivo, se dieron dos normas impensadas, como es la discusión de dos proyectos de ley, uno sobre acceso a la información pública y el otro que restringe al gobierno el uso discriminatorio de la publicidad oficial.
El Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho a la información pública, aunque antes de girarlo a la Cámara de Diputados, donde hay otro proyecto en ciernes, deberá tratarlo artículo por artículo el 30 de setiembre.
Si el proyecto se transformara en ley, lo que fracasó ya en el 2004, sería vinculante para los tres poderes del Estado así como para sociedades estatales. Hasta el momento, a nivel nacional, rige un decreto Ejecutivo que data del 2003 en la presidencia de Néstor Kirchner y que vincula solo a ese poder.
Por otra parte, en una nota más optimista, por la necesidad que existe de controlar el uso de la publicidad oficial, la oposición aprobó el dictamen para regularla, proyecto que se estima será tratado en la Cámara de Diputados en unos 30 días, y que busca que el gobierno no pueda manipular los recursos públicos para censurar indirectamente a medios críticos o beneficiar a los que tienen líneas editoriales cercanas al poder.
La nueva ley obligaría al gobierno a presentar un plan anual de gastos a una comisión bicameral del Congreso para que sea aprobado y crearía un organismo descentralizado, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será dirigido por un delegado del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Candidatos peruanos y acceso a la información
Peruanos y acceso 9-09-10
Estando en Perú en estos días donde vine a inaugurar un seminario sobre Diarios Populares como parte de nuestra oferta de entrenamiento profesional con la Sociedad Interamericana de Prensa, tuve la satisfacción de llegar el día en que los candidatos a alcalde de Lima se comprometieron públicamente con la libertad de prensa y de expresión.
Los aspirantes al sillón municipal firmaron “Los principios de Lima”, comprometiéndose, en caso de ser elegidos el 3 de octubre, a “promover y facilitar el acceso a la información pública en favor de los ciudadanos para fortalecer la libertad de expresión”, según recoge el diario El Comercio en su portada de hoy.
Los candidatos, reunidos en esta iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se comprometieron a mantener administraciones transparentes como forma de luchar en contra de la corrupción y en contra de la cultura del secreto. Entre ellos se encontraban las máximas aspirantes, según las encuestas, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y Susana Villarán.
“Los principios de Lima” es un decálogo que incluye preceptos sobre acceso a la información como derecho humano, transparencia y desarrollo, protección de fuentes periodísticas y la obligación de las autoridades en estos casos.
Estando en Perú en estos días donde vine a inaugurar un seminario sobre Diarios Populares como parte de nuestra oferta de entrenamiento profesional con la Sociedad Interamericana de Prensa, tuve la satisfacción de llegar el día en que los candidatos a alcalde de Lima se comprometieron públicamente con la libertad de prensa y de expresión.
Los aspirantes al sillón municipal firmaron “Los principios de Lima”, comprometiéndose, en caso de ser elegidos el 3 de octubre, a “promover y facilitar el acceso a la información pública en favor de los ciudadanos para fortalecer la libertad de expresión”, según recoge el diario El Comercio en su portada de hoy.
Los candidatos, reunidos en esta iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se comprometieron a mantener administraciones transparentes como forma de luchar en contra de la corrupción y en contra de la cultura del secreto. Entre ellos se encontraban las máximas aspirantes, según las encuestas, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y Susana Villarán.
“Los principios de Lima” es un decálogo que incluye preceptos sobre acceso a la información como derecho humano, transparencia y desarrollo, protección de fuentes periodísticas y la obligación de las autoridades en estos casos.
septiembre 09, 2010
Setiembre 11 y la mezquita
A pocos días de conmemorarse el noveno aniversario de Setiembre 11, los planes de construir una mezquita y un centro cultural islámico a pocos metros de la Zona Cero en Nueva York, reabrieron heridas y activaron resentimientos contra una religión a la que muchos perciben como refugio de extremistas y fundamentalistas.
Nunca antes otro hecho relacionado al terrorismo y al atentado en 2001 contra las Torres Gemelas, había despertado tanta polémica. Las emociones y pasiones están divididas, algo lógico considerando que la discusión se centra en la colisión de derechos constitucionales de igual valor, pero que no son absolutos: la libertad de religión y el derecho al honor.
La controversia puede exasperarse camino a las elecciones legislativas de noviembre, ya que obliga a partidos y políticos a asumir posturas contundentes para posicionarse frente a su electorado, que pueden interpretarse en forma diametralmente opuestas.
Para muchos, el enfoque ajustado a la Constitución del presidente Barack Obama de defender la libertad religiosa y el derecho de toda persona a erigir un templo y practicar su fe religiosa, siempre y cuando no se viole ninguna ley, no es más que una simple bofetada al sentimiento patriótico estadounidense. Las encuestas descubrieron que cada vez más personas piensan que Obama es musulmán, a pesar de confesarse cristiano.
En cambio, la prédica de la ex candidata a vice presidenta Sarah Palin, ajustada a los sentimientos de las víctimas y al honor y dignidad que piden sus familiares, sobre que la construcción de la mezquita en la Zona Cero es una provocación innecesaria, es vista como un caso de intolerancia religiosa y un asunto que podría incentivar a los terroristas religiosos a seguir atentando contra el país.
Los sondeos reflejan esas opiniones paradójicas. La mayoría considera fundamental la libertad de culto, pero a su vez tiene peros, argumentando que la obra de 15 pisos y de 100 millones que promueve con toda pasión el imán Feisal Abdul Rauf no se da en el tiempo oportuno ni en el espacio adecuado.
La cuestión del tiempo es válida, porque a veces se necesitan generaciones para olvidar o perdonar, como sucedió a los estadounidenses por Pearl Harbor o a los japoneses por Hiroshima y Nagasaki. En cuanto al espacio conviene recordar que la misma polémica instalada en Nueva York, es la que hoy se da a cientos de kilómetros en una ciudad del estado de Tennessee, donde una comunidad furiosa trata de impedir que se construya otra mezquita.
La postura se justifica en la Zona Cero porque puede resultar una ofensa grave para los familiares de las víctimas, evitándose así más irritación, división y odio, como opina el ex alcalde Rudolph Giuliani. Pero en Tennessee o en cualquier otro lugar, no hace más que mostrar discriminación contra un credo y una violación a la libertad religiosa.
Esto, sin quererlo, contribuye a despertar sentimientos anti occidentales, como los que enarbola el clérigo musulmán de origen estadounidense, Anwar al-Awlaki, quien en internet recluta a fanáticos para su guerra santa, así sea contra EEUU o contra Francia, por el hecho de que en julio sancionara una ley que prohíbe a las mujeres musulmanas que usen el burka o velo integral en lugares públicos. Una polémica entre quienes promueven la libertad de culto y quienes defienden los derechos civiles de las mujeres y los deberes ante el Estado.
Lo que se desprende de estos enfrentamientos es que en un mundo cada vez más globalizado, hay necesidad de que los gobiernos, tanto de Occidente como de Oriente, incentiven la educación sobre religiones y culturas para promover más entendimiento y menos roces.
El imán Abdul Rauf debería tener más consideración. Erigir un templo en el momento inoportuno y en el sitio inadecuado no solo afecta la memoria de las víctimas, sino que atrae sentimientos antirreligiosos, divisiones y rencores, aspectos a los que su obra se opone.
Si el objetivo es tener un espacio de reunión y oración, unas cuadras de diferencia no deberían afectarles a los creyentes musulmanes. Sin embargo, esa muestra de caridad con el dolor ajeno, y de que la libertad de culto también impone responsabilidades, pudiera arrimar más simpatizantes y comprensión a la fe islámica.
Nunca antes otro hecho relacionado al terrorismo y al atentado en 2001 contra las Torres Gemelas, había despertado tanta polémica. Las emociones y pasiones están divididas, algo lógico considerando que la discusión se centra en la colisión de derechos constitucionales de igual valor, pero que no son absolutos: la libertad de religión y el derecho al honor.
La controversia puede exasperarse camino a las elecciones legislativas de noviembre, ya que obliga a partidos y políticos a asumir posturas contundentes para posicionarse frente a su electorado, que pueden interpretarse en forma diametralmente opuestas.
Para muchos, el enfoque ajustado a la Constitución del presidente Barack Obama de defender la libertad religiosa y el derecho de toda persona a erigir un templo y practicar su fe religiosa, siempre y cuando no se viole ninguna ley, no es más que una simple bofetada al sentimiento patriótico estadounidense. Las encuestas descubrieron que cada vez más personas piensan que Obama es musulmán, a pesar de confesarse cristiano.
En cambio, la prédica de la ex candidata a vice presidenta Sarah Palin, ajustada a los sentimientos de las víctimas y al honor y dignidad que piden sus familiares, sobre que la construcción de la mezquita en la Zona Cero es una provocación innecesaria, es vista como un caso de intolerancia religiosa y un asunto que podría incentivar a los terroristas religiosos a seguir atentando contra el país.
Los sondeos reflejan esas opiniones paradójicas. La mayoría considera fundamental la libertad de culto, pero a su vez tiene peros, argumentando que la obra de 15 pisos y de 100 millones que promueve con toda pasión el imán Feisal Abdul Rauf no se da en el tiempo oportuno ni en el espacio adecuado.
La cuestión del tiempo es válida, porque a veces se necesitan generaciones para olvidar o perdonar, como sucedió a los estadounidenses por Pearl Harbor o a los japoneses por Hiroshima y Nagasaki. En cuanto al espacio conviene recordar que la misma polémica instalada en Nueva York, es la que hoy se da a cientos de kilómetros en una ciudad del estado de Tennessee, donde una comunidad furiosa trata de impedir que se construya otra mezquita.
La postura se justifica en la Zona Cero porque puede resultar una ofensa grave para los familiares de las víctimas, evitándose así más irritación, división y odio, como opina el ex alcalde Rudolph Giuliani. Pero en Tennessee o en cualquier otro lugar, no hace más que mostrar discriminación contra un credo y una violación a la libertad religiosa.
Esto, sin quererlo, contribuye a despertar sentimientos anti occidentales, como los que enarbola el clérigo musulmán de origen estadounidense, Anwar al-Awlaki, quien en internet recluta a fanáticos para su guerra santa, así sea contra EEUU o contra Francia, por el hecho de que en julio sancionara una ley que prohíbe a las mujeres musulmanas que usen el burka o velo integral en lugares públicos. Una polémica entre quienes promueven la libertad de culto y quienes defienden los derechos civiles de las mujeres y los deberes ante el Estado.
Lo que se desprende de estos enfrentamientos es que en un mundo cada vez más globalizado, hay necesidad de que los gobiernos, tanto de Occidente como de Oriente, incentiven la educación sobre religiones y culturas para promover más entendimiento y menos roces.
El imán Abdul Rauf debería tener más consideración. Erigir un templo en el momento inoportuno y en el sitio inadecuado no solo afecta la memoria de las víctimas, sino que atrae sentimientos antirreligiosos, divisiones y rencores, aspectos a los que su obra se opone.
Si el objetivo es tener un espacio de reunión y oración, unas cuadras de diferencia no deberían afectarles a los creyentes musulmanes. Sin embargo, esa muestra de caridad con el dolor ajeno, y de que la libertad de culto también impone responsabilidades, pudiera arrimar más simpatizantes y comprensión a la fe islámica.
septiembre 06, 2010
Culto vs. expresión
Los musulmanes en EEUU tienen miedo de venganzas ahora que se acerca el noveno aniversario de Setiembre 11, especialmente al continuar la polémica sobre la construcción de una mezquita en Zona Cero.
Las encuestas de opinión favorecen a aquellos que piensan que la construcción en esa área donde antes del 2001 estaban las Torres Gemelas no es un problema de libertad de culto, sino una falta total de respecto a la memoria de las víctimas y a sus familiares.
Concuerdo que no es un problema de libertad de culto, sin embargo, más allá de Zona Cero, se han originado numerosos otros incidentes en contra de los musulmanes estadounidenses que sí representan claras muestras de discriminación religiosa, como es el caso en Gainesville, la ciudad universitaria al norte del estado de la Florida, donde un grupo político, Dove World Outreach Center, prometió que se prepara para quemar varios ejemplares del Corán el 11 de setiembre, como protesta a los ataques guerrilleros.
Creo que así como no debiera considerarse que la construcción en Zona Cero es una cuestión de libertad religiosa, la quema de ejemplares de Corán no debería considerarse una opción de libertad de expresión y, para no ofender a los creyentes de esta fe religiosa, las autoridades no deberían permitir este tipo de protestas.
Ni la libertad de culto, ni la libertad de expresión son absolutos, y ambas tienen límites, a pesar de que son derechos que están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.
Las encuestas de opinión favorecen a aquellos que piensan que la construcción en esa área donde antes del 2001 estaban las Torres Gemelas no es un problema de libertad de culto, sino una falta total de respecto a la memoria de las víctimas y a sus familiares.
Concuerdo que no es un problema de libertad de culto, sin embargo, más allá de Zona Cero, se han originado numerosos otros incidentes en contra de los musulmanes estadounidenses que sí representan claras muestras de discriminación religiosa, como es el caso en Gainesville, la ciudad universitaria al norte del estado de la Florida, donde un grupo político, Dove World Outreach Center, prometió que se prepara para quemar varios ejemplares del Corán el 11 de setiembre, como protesta a los ataques guerrilleros.
Creo que así como no debiera considerarse que la construcción en Zona Cero es una cuestión de libertad religiosa, la quema de ejemplares de Corán no debería considerarse una opción de libertad de expresión y, para no ofender a los creyentes de esta fe religiosa, las autoridades no deberían permitir este tipo de protestas.
Ni la libertad de culto, ni la libertad de expresión son absolutos, y ambas tienen límites, a pesar de que son derechos que están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.
septiembre 04, 2010
Canal 8: torpeza y ridiculez
La reciente medida adoptada por el gobierno hondureño de quedarse con Canal 8, no es más que una orden torpe y ridícula que raya en la expropiación y afecta las instituciones democráticas, la libertad de empresa y la libertad de prensa. Digo esto en contestación al señor Eduardo García que me hizo la pregunta en un comentario al post anterior.
Hay tres cosas que molestan de este decreto enviado por el presidente Porfirio Lobo que fue definido por el Congreso, quedándose con el Canal 8 que pertenece a Elías Asfura.
Primero, que produce una colisión sobre potestades de los poderes públicos, ya que la propiedad de Asfura había sido cosa juzgada por parte de la Corte Suprema de Justicia. El ciudadano común queda en la duda sobre cuán eficiente y confiable puede ser una Justicia a la que se le despoja su ecuanimidad por decreto.
Segundo, es una medida torpe, si se considera que arrebatándole el medio a Asfura y prometiéndole otra licencia a cambio, no habría sido mejor que el gobierno hubiera elegido la otra licencia para sí mismo y evitar así la polémica. Uno se pregunta, ¿qué diferencia hay entre este gobierno y el de Manuel Zelaya para quedarse con un medio cuando se le ocurre y de la forma que se le ocurre?
Tercero, Asfuera ya había cumplido con las medidas judiciales. No se quedó con Canal 8 durante el período de Micheletti porque se lo alquiló al gobierno a pedido del Ejecutivo, pero con la condición de que se lo entregaran apenas se iniciara el de Lobo. Ahora no solo que el Estado no ha cumplido sino que faltó a su palabra, lo que lo hace un gobierno menos creíble y confiable. De por sí malo para la democracia, para la libertad de prensa y para los intentos de insertar a Honduras en la OEA.
Ojalá este próximo martes el Congreso de marcha atrás, se respete la institucionalidad jurídica del país, se garantice la libertad de empresa, Asfura tome el control del canal que le pertenece y que el gobierno construya un canal de televisión público, que sirva a todos los hondureños, evitando hacer solo propaganda a favor de su gestión.
Hay tres cosas que molestan de este decreto enviado por el presidente Porfirio Lobo que fue definido por el Congreso, quedándose con el Canal 8 que pertenece a Elías Asfura.
Primero, que produce una colisión sobre potestades de los poderes públicos, ya que la propiedad de Asfura había sido cosa juzgada por parte de la Corte Suprema de Justicia. El ciudadano común queda en la duda sobre cuán eficiente y confiable puede ser una Justicia a la que se le despoja su ecuanimidad por decreto.
Segundo, es una medida torpe, si se considera que arrebatándole el medio a Asfura y prometiéndole otra licencia a cambio, no habría sido mejor que el gobierno hubiera elegido la otra licencia para sí mismo y evitar así la polémica. Uno se pregunta, ¿qué diferencia hay entre este gobierno y el de Manuel Zelaya para quedarse con un medio cuando se le ocurre y de la forma que se le ocurre?
Tercero, Asfuera ya había cumplido con las medidas judiciales. No se quedó con Canal 8 durante el período de Micheletti porque se lo alquiló al gobierno a pedido del Ejecutivo, pero con la condición de que se lo entregaran apenas se iniciara el de Lobo. Ahora no solo que el Estado no ha cumplido sino que faltó a su palabra, lo que lo hace un gobierno menos creíble y confiable. De por sí malo para la democracia, para la libertad de prensa y para los intentos de insertar a Honduras en la OEA.
Ojalá este próximo martes el Congreso de marcha atrás, se respete la institucionalidad jurídica del país, se garantice la libertad de empresa, Asfura tome el control del canal que le pertenece y que el gobierno construya un canal de televisión público, que sirva a todos los hondureños, evitando hacer solo propaganda a favor de su gestión.
septiembre 03, 2010
Violencia contra la prensa
La violencia sigue siendo una de las mayores violaciones a la libertad de prensa en América Latina, en especial por el avance del crimen organizado, la inseguridad pública y la corrupción. En los últimos 15 años, 258 periodistas fueron asesinados; mientras que en los últimos seis, México se ha catapultado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 65 casos entre periodistas asesinados y desaparecidos.
Cientos de familias y salas de Redacción están de luto por la pérdida de periodistas. Aún más, cuando un reportero es asesinado, toda la sociedad resiente que su derecho a la información está quebrantado.
La autocensura es la medida de autoprotección más directa adoptada por los medios ante la inacción de los Estados para dominar la violencia. Y la impunidad, o la falta de justicia, sigue siendo el incentivo mayor para los violentos.
Los crímenes contra periodistas y su impunidad desnudan problemas mayores más allá de la libertad de prensa. Quedan familiares desamparados, redacciones con traumas severos, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa totalmente frustradas, así como sistemas judiciales que no cuentan ni con leyes ni recursos adecuados para combatir este flagelo de la violencia contra la sociedad.
Cientos de familias y salas de Redacción están de luto por la pérdida de periodistas. Aún más, cuando un reportero es asesinado, toda la sociedad resiente que su derecho a la información está quebrantado.
La autocensura es la medida de autoprotección más directa adoptada por los medios ante la inacción de los Estados para dominar la violencia. Y la impunidad, o la falta de justicia, sigue siendo el incentivo mayor para los violentos.
Los crímenes contra periodistas y su impunidad desnudan problemas mayores más allá de la libertad de prensa. Quedan familiares desamparados, redacciones con traumas severos, organizaciones dedicadas a la libertad de prensa totalmente frustradas, así como sistemas judiciales que no cuentan ni con leyes ni recursos adecuados para combatir este flagelo de la violencia contra la sociedad.
septiembre 02, 2010
Papelón presidencial
Un verdadero papelón para la democracia argentina resultó ser el montaje escénico en el que la presidenta Cristina Kirchner acusó hace unos días a los diarios Clarín y La Nación de haberse apropiado de la fábrica Papel Prensa mediante crímenes de lesa humanidad, en confabulación con la dictadura militar.
Aunque miembros de la familia Gravier, que habrían sido los afectados, desvirtuaron los argumentos del informe presidencial titulado “Papel Prensa: la Verdad”, lo que preocupa es la forma cada vez más escandalosa que el gobierno utiliza para dirimir o generar conflictos.
Que la Presidenta haya dicho que quería un “país sin miedos” y una democracia “sin tutelajes”, ha resultado solo retórica. No puede cesar el miedo cuando el gobierno usa cadena nacional y un acto público al que convoca a las fuerzas vivas del país, para escrachar a dos empresas privadas sobre un conflicto privado, cuya legitimidad corresponde a los estrados judiciales.
Y sí hay tutelajes, cuando se advierte que el circo montado fue para justificar controles mediante una futura ley que regularía la fabricación y compra-venta de papel para periódicos, declarando a ese insumo para la industria de periódicos de “interés público”, como si se tratara de una materia indispensable similar al agua, la electricidad o la energía nuclear. El insumo no es tan relevante; como sí, la libertad para poder adquirirlo y consumirlo.
El blanco del gobierno fue evidente. Transparenta la intención del ex presidente Néstor Kirchner que en cada acto público jura que destrozará a Clarín y a otros medios que no le permitieron ni permiten gobernar en secreto y con impunidad. De ahí que el medio ahora haya sido Papel Prensa, como incontables artilugios se usaron antes con el mismo fin.
Estos son avances peligrosos contra la empresa privada y contra la Constitución que en su artículo 32 prohíbe que el Congreso dicte leyes que violen la libertad de imprenta, y muestran que el kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, en el que es habitual el escarnio y la condena pública, las amenazas permanentes, y el control de medios y sus contenidos.
De ahí que el periodismo argentino deba soportar el acoso público, el no tener acceso a información oficial, o que se le castigue o premie con publicidad o recursos estatales. También se le acosa interrumpiendo sus canales de distribución o mediante inspecciones impositivas.
Para esto, el gobierno no solo usa testaferros que adquieren medios privados, también utiliza medios públicos como instrumentos de propaganda, y a un tropel de funcionarios y periodistas, que en medios oficiales, redes sociales y blogs, denigran a todo aquel que no se ajusta a los estándares oficiales.
En cuanto a Clarín la pelea es conocida. El gobierno trata de corroer todos sus flancos, manipulando la imagen de un medio al que se le achacan pecados, control y concentración. De ahí que la semana pasada se canceló la licencia como proveedor de servicios de internet. Semanas atrás, el turno fue para los hijos de su directora y antes fueron los derechos de trasmisión del fútbol. Al principio fue la Ley de Servicios Audiovisuales, que si bien es necesaria, abusa y ataca con vehemencia lo que el propio Estado creó y permitió.
La pelea por Papel Prensa tiene el mismo cuño difuso del kirchnerismo. Se trata de una empresa que si bien generó, por sus malas y hasta abusivas prácticas comerciales, disputas y divisiones en el seno de la industria periodística; no se le pueden atribuir crímenes de lesa humanidad, lo que pareciera ser más una trama ideológica para justificar lo que el gobierno realmente pretende: controlar a los medios, limitar su independencia y avasallar la libertad de prensa.
Si Cristina y Néstor Kirchner detestan la concentración y los privilegios ¿no sería mejor que en vez de controlar, incentivaran las condiciones para que haya un sistema más competitivo? La competencia siempre aportará mayores beneficios que un gobierno protector, y a la postre le beneficiará generando mayor desarrollo y más empleos.
La ventaja de Argentina, si se le compara con Venezuela, es que el Congreso argentino sirve de contrapeso y equilibrio, y difícilmente este papelón presidencial terminará siendo refrendado por ley.
Aunque miembros de la familia Gravier, que habrían sido los afectados, desvirtuaron los argumentos del informe presidencial titulado “Papel Prensa: la Verdad”, lo que preocupa es la forma cada vez más escandalosa que el gobierno utiliza para dirimir o generar conflictos.
Que la Presidenta haya dicho que quería un “país sin miedos” y una democracia “sin tutelajes”, ha resultado solo retórica. No puede cesar el miedo cuando el gobierno usa cadena nacional y un acto público al que convoca a las fuerzas vivas del país, para escrachar a dos empresas privadas sobre un conflicto privado, cuya legitimidad corresponde a los estrados judiciales.
Y sí hay tutelajes, cuando se advierte que el circo montado fue para justificar controles mediante una futura ley que regularía la fabricación y compra-venta de papel para periódicos, declarando a ese insumo para la industria de periódicos de “interés público”, como si se tratara de una materia indispensable similar al agua, la electricidad o la energía nuclear. El insumo no es tan relevante; como sí, la libertad para poder adquirirlo y consumirlo.
El blanco del gobierno fue evidente. Transparenta la intención del ex presidente Néstor Kirchner que en cada acto público jura que destrozará a Clarín y a otros medios que no le permitieron ni permiten gobernar en secreto y con impunidad. De ahí que el medio ahora haya sido Papel Prensa, como incontables artilugios se usaron antes con el mismo fin.
Estos son avances peligrosos contra la empresa privada y contra la Constitución que en su artículo 32 prohíbe que el Congreso dicte leyes que violen la libertad de imprenta, y muestran que el kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, en el que es habitual el escarnio y la condena pública, las amenazas permanentes, y el control de medios y sus contenidos.
De ahí que el periodismo argentino deba soportar el acoso público, el no tener acceso a información oficial, o que se le castigue o premie con publicidad o recursos estatales. También se le acosa interrumpiendo sus canales de distribución o mediante inspecciones impositivas.
Para esto, el gobierno no solo usa testaferros que adquieren medios privados, también utiliza medios públicos como instrumentos de propaganda, y a un tropel de funcionarios y periodistas, que en medios oficiales, redes sociales y blogs, denigran a todo aquel que no se ajusta a los estándares oficiales.
En cuanto a Clarín la pelea es conocida. El gobierno trata de corroer todos sus flancos, manipulando la imagen de un medio al que se le achacan pecados, control y concentración. De ahí que la semana pasada se canceló la licencia como proveedor de servicios de internet. Semanas atrás, el turno fue para los hijos de su directora y antes fueron los derechos de trasmisión del fútbol. Al principio fue la Ley de Servicios Audiovisuales, que si bien es necesaria, abusa y ataca con vehemencia lo que el propio Estado creó y permitió.
La pelea por Papel Prensa tiene el mismo cuño difuso del kirchnerismo. Se trata de una empresa que si bien generó, por sus malas y hasta abusivas prácticas comerciales, disputas y divisiones en el seno de la industria periodística; no se le pueden atribuir crímenes de lesa humanidad, lo que pareciera ser más una trama ideológica para justificar lo que el gobierno realmente pretende: controlar a los medios, limitar su independencia y avasallar la libertad de prensa.
Si Cristina y Néstor Kirchner detestan la concentración y los privilegios ¿no sería mejor que en vez de controlar, incentivaran las condiciones para que haya un sistema más competitivo? La competencia siempre aportará mayores beneficios que un gobierno protector, y a la postre le beneficiará generando mayor desarrollo y más empleos.
La ventaja de Argentina, si se le compara con Venezuela, es que el Congreso argentino sirve de contrapeso y equilibrio, y difícilmente este papelón presidencial terminará siendo refrendado por ley.
septiembre 01, 2010
Chávez promete escasez
Fiel a su enloquecido estilo autoritario, Hugo Chávez dijo que no tiene porque formalizar acuerdo con nadie de la oposición, a la que considera burguesa, pro yanqui y golpista; pero lo que es peor de todo, dijo que dará una nueva vuelta de tuerca a su revolución socialista a partir del 26 de setiembre cuando pronosticó que arrasará con las elecciones legislativas.
Siempre desafiante e intolerante, Chávez dijo hoy en un acto proselitista (que en realidad no se diferencia en nada de los actos que no son en épocas electorales) que “vamos a la victoria del 26 para profundizar, para radicalizar, la revolución bolivariana rumbo al socialismo''.
Entre otros de sus anuncios de campaña, llamó la atención que quiere implementar una “cédula del buen vivir”, la que consiste en una especie de libreta de racionamiento a la cubana, presumiblemente una idea que le habrá pasado Fidel Castro en la reunión de la semana pasada, donde fue a La Habana a buscar consejos y “sabiduría” de su maestro; tal vez considerando que el estilo de vida en Cuba es envidiable en el mundo entero.
La cédula le servirá a los venezolanos para conseguir las mercaderías “necesarias” en los mercados públicos. Chávez dijo que su idea es no incentivar el consumismo sino que se consuma lo justo; y si alguien consume mucho y su cuenta de cédula se acaba antes de lo previsto, seguramente el imperio yanqui tendrá la culpa.
En otras palabras, el cuento chavista es el mismo que el cuento fidelista. Los venezolanos se tendrán que ir acostumbrando a la escasez de todo lo que sufren los cubanos. La cédula será, como todo lo que hace, una nueva forma de controlar y seguir quitando libertades.
Siempre desafiante e intolerante, Chávez dijo hoy en un acto proselitista (que en realidad no se diferencia en nada de los actos que no son en épocas electorales) que “vamos a la victoria del 26 para profundizar, para radicalizar, la revolución bolivariana rumbo al socialismo''.
Entre otros de sus anuncios de campaña, llamó la atención que quiere implementar una “cédula del buen vivir”, la que consiste en una especie de libreta de racionamiento a la cubana, presumiblemente una idea que le habrá pasado Fidel Castro en la reunión de la semana pasada, donde fue a La Habana a buscar consejos y “sabiduría” de su maestro; tal vez considerando que el estilo de vida en Cuba es envidiable en el mundo entero.
La cédula le servirá a los venezolanos para conseguir las mercaderías “necesarias” en los mercados públicos. Chávez dijo que su idea es no incentivar el consumismo sino que se consuma lo justo; y si alguien consume mucho y su cuenta de cédula se acaba antes de lo previsto, seguramente el imperio yanqui tendrá la culpa.
En otras palabras, el cuento chavista es el mismo que el cuento fidelista. Los venezolanos se tendrán que ir acostumbrando a la escasez de todo lo que sufren los cubanos. La cédula será, como todo lo que hace, una nueva forma de controlar y seguir quitando libertades.
agosto 31, 2010
Kirchner: ¿Proyecto alternativo?
La presidenta Cristina Kirchner sigue empecinada con el proyecto de ley de Papel Prensa para declarar de interés público la producción y comercialización del papel para periódicos, propuesta a la que ha tomado como tema de conversación y sobre lo que sigue cuestionando a dos empresas – Clarín y La Nación – por supuestamente haber cometido delitos de lesa humanidad.
No contenta con expresar públicamente – al estilo Hugo Chávez – su bronca contra los empresarios de los dos diarios que junto con el Estado son dueños de la fábrica de papel para periódicos, hoy envió a la justicia su demanda, basada en el informe que leyó hace una semana (Papel Prensa: La Verdad) para encausar a militares y civiles, a los que acusa de haberse confabulado para mal comprar la empresa a la familia Gravier.
Pero lo que más llamó la atención hoy, es que la Presidenta siguió repitiendo como lora, con el mismo libreto que su marido, que la oposición no hace otra cosa que oponerse a sus proyectos, por lo que valdría preguntarse entonces ¿para qué sirve entonces una oposición si no es opositora?
Reclamó que "tenemos que terminar con la oposición feroz a todo lo que se opone a todo por el solo hecho de oponerse", pidiendo que “lo más importante de la política, es privilegiar el debate de proyectos”, para lo cual preguntó a la oposición: “¿Cuál es el proyecto alternativo?".
Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué tiene que haber un proyecto alternativo a algo que es aberrante e inaudito? La política tampoco significa que se deba debatir cualquier disparate, por el solo hecho de buscar consensos o disensos, hacer esa forma de política es simplemente la mejor forma de polarizar.
Cabe preguntarse, acaso si a alguien se le ocurriera un proyecto de ley aberrante, como que se prohibiera a la gente visitar a sus familiares los sábados por la noche, ¿habría obligación de buscar un proyecto alternativo que cambie el día, el horario o lo que fuere? No. Simplemente habría que rechazarlo, esa es la alternativa.
Declarar el papel para periódicos de interés público no tiene sentido. Hacer una ley, menos. Es anticonstitucional, tal como lo expresa el Art. 32 de la Carta Magna, que prohíbe al Congreso legislar sobre la libertad de prensa.
No contenta con expresar públicamente – al estilo Hugo Chávez – su bronca contra los empresarios de los dos diarios que junto con el Estado son dueños de la fábrica de papel para periódicos, hoy envió a la justicia su demanda, basada en el informe que leyó hace una semana (Papel Prensa: La Verdad) para encausar a militares y civiles, a los que acusa de haberse confabulado para mal comprar la empresa a la familia Gravier.
Pero lo que más llamó la atención hoy, es que la Presidenta siguió repitiendo como lora, con el mismo libreto que su marido, que la oposición no hace otra cosa que oponerse a sus proyectos, por lo que valdría preguntarse entonces ¿para qué sirve entonces una oposición si no es opositora?
Reclamó que "tenemos que terminar con la oposición feroz a todo lo que se opone a todo por el solo hecho de oponerse", pidiendo que “lo más importante de la política, es privilegiar el debate de proyectos”, para lo cual preguntó a la oposición: “¿Cuál es el proyecto alternativo?".
Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué tiene que haber un proyecto alternativo a algo que es aberrante e inaudito? La política tampoco significa que se deba debatir cualquier disparate, por el solo hecho de buscar consensos o disensos, hacer esa forma de política es simplemente la mejor forma de polarizar.
Cabe preguntarse, acaso si a alguien se le ocurriera un proyecto de ley aberrante, como que se prohibiera a la gente visitar a sus familiares los sábados por la noche, ¿habría obligación de buscar un proyecto alternativo que cambie el día, el horario o lo que fuere? No. Simplemente habría que rechazarlo, esa es la alternativa.
Declarar el papel para periódicos de interés público no tiene sentido. Hacer una ley, menos. Es anticonstitucional, tal como lo expresa el Art. 32 de la Carta Magna, que prohíbe al Congreso legislar sobre la libertad de prensa.
agosto 30, 2010
Degradación presidencial
Como a muchos nos pasó de chicos, ante la pregunta esperada de la tía sobre nuestra suerte en el futuro, siempre contestaba lo mismo: “seré presidente”.
Muy ingenuo e inocente, claro. Hoy sería la profesión que menos me gustaría ser; de solo observar lo que está sucediendo en varios de nuestros países latinoamericanos.
Muchos presidentes se pelean con medio mundo, polarizan, amenazan, imponen y quieren imponer leyes restrictivas, ganan plata debajo de la mesa, corrompen, se dejan corromper, ganan dinero ilícito, hacen menos por el bien común que por el bienestar personal, subyugan a la justicia. Simplemente no están a la altura de ese sueño de niños que todos tenemos, ser líderes, ser el personaje más importante de una comunidad y ayudar y servir al resto.
Hoy muchos presidentes han degradado la investidura presidencial. La han hecho harapos. Y a pesar de que votemos por otros para cambiarlos a éstos, terminan a la postre siendo más de lo mismo.
Qué lástima que los corruptos nos quiten los sueños!
Muy ingenuo e inocente, claro. Hoy sería la profesión que menos me gustaría ser; de solo observar lo que está sucediendo en varios de nuestros países latinoamericanos.
Muchos presidentes se pelean con medio mundo, polarizan, amenazan, imponen y quieren imponer leyes restrictivas, ganan plata debajo de la mesa, corrompen, se dejan corromper, ganan dinero ilícito, hacen menos por el bien común que por el bienestar personal, subyugan a la justicia. Simplemente no están a la altura de ese sueño de niños que todos tenemos, ser líderes, ser el personaje más importante de una comunidad y ayudar y servir al resto.
Hoy muchos presidentes han degradado la investidura presidencial. La han hecho harapos. Y a pesar de que votemos por otros para cambiarlos a éstos, terminan a la postre siendo más de lo mismo.
Qué lástima que los corruptos nos quiten los sueños!
agosto 29, 2010
Congreso argentino y equilibrio
Por suerte en la Argentina actual, donde el Poder Judicial está absorbido por el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene fuerza, es contrapeso y equilibrio ante los potenciales abusos que busque cometer la Presidencia.
Por eso tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados bloquee el proyecto de ley que trata de declarar de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, en una nueva embestida del Poder Ejecutivo para controlar a los medios de comunicación, como sucedía en la década del 50 con el férreo autoritarismo del gobierno de Juan Domingo Perón.
El avance de los gobiernos contra el papel no es nuevo. Desde Perón a Hugo Chávez, que imposibilita la compra tras el control sobre la importación, o el control que ejercía el PRI mexicano a través de Pipsa, con lo que se discriminaba a los medios mexicanos. Siempre los gobiernos utilizaron al papel periódico como forma de premio y castigo.
El proyecto del gobierno no puede pasar en el Congreso. De lo contrario sería legitimar una medida anticonstitucional, descabellada, ya que se estaría violando el Art. 32 de la Constitución que establece, de la misma forma que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que no se puede dictar ninguna ley que viole la libertad de imprenta.
También, de aprobarse un proyecto así, se violarían tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos firmada por el país, la que establece que no puede haber arbitrariedades en contra del papel en su Art. 13.3 especifica: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Pareciera que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados considera que estos dos artículos son suficientes para no avalar el proyecto de ley.
Aprobar esta ley haría legal la posibilidad de la censura, algo que el propio matrimonio Kirchner hubiera querido que nunca existiera en la Argentina de la dictadura militar. La libertad de prensa y de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, de ahí que no se entiende por qué tanto ahínco en tratar de violarla.
Por eso tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados bloquee el proyecto de ley que trata de declarar de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, en una nueva embestida del Poder Ejecutivo para controlar a los medios de comunicación, como sucedía en la década del 50 con el férreo autoritarismo del gobierno de Juan Domingo Perón.
El avance de los gobiernos contra el papel no es nuevo. Desde Perón a Hugo Chávez, que imposibilita la compra tras el control sobre la importación, o el control que ejercía el PRI mexicano a través de Pipsa, con lo que se discriminaba a los medios mexicanos. Siempre los gobiernos utilizaron al papel periódico como forma de premio y castigo.
El proyecto del gobierno no puede pasar en el Congreso. De lo contrario sería legitimar una medida anticonstitucional, descabellada, ya que se estaría violando el Art. 32 de la Constitución que establece, de la misma forma que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que no se puede dictar ninguna ley que viole la libertad de imprenta.
También, de aprobarse un proyecto así, se violarían tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos firmada por el país, la que establece que no puede haber arbitrariedades en contra del papel en su Art. 13.3 especifica: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Pareciera que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados considera que estos dos artículos son suficientes para no avalar el proyecto de ley.
Aprobar esta ley haría legal la posibilidad de la censura, algo que el propio matrimonio Kirchner hubiera querido que nunca existiera en la Argentina de la dictadura militar. La libertad de prensa y de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, de ahí que no se entiende por qué tanto ahínco en tratar de violarla.
agosto 28, 2010
Piñera y su ejemplo
El presidente chileno Sebatián Piñera llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Time Warner, para vender Chilevisión, uno de los canales líderes en audiencia y ratings, por unos 140 millones de dólares; una promesa que el primer mandatario había hecho durante su campaña electoral para evitar conflictos de interés.
La promesa fue por la presión que recibió de parte de la oposición chilena, la que entendía que de tener una televisora sería beneficiado con propaganda para su gestión, se correría el riesgo de manipular información y beneficiarse políticamente. Al mismo tiempo, el canal también sufriría un conflicto de interés, ya que no le resultaría fácil se equilibrado y equitativo con un presidente que también es patrón.
Esta lección es la que deberían aprender muchos presidentes latinoamericanos que están haciendo todo lo contrario, ya sea comprando medios privados a través de testaferros o familiares o utilizando los medios públicos, pertencientes al Estado, como si fueran propios, gubernamentales, para hacer propaganda de su gestión.
La lista es larga, los medios gubernamentales han crecido desmedidamente con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega; gobiernos que también se han armado de medios privados.
¿Será que el ejemplo de Chile, de la oposición chilena y del presidente Piñera podrá contagiar al resto de los gobiernos latinoamericanos?
La promesa fue por la presión que recibió de parte de la oposición chilena, la que entendía que de tener una televisora sería beneficiado con propaganda para su gestión, se correría el riesgo de manipular información y beneficiarse políticamente. Al mismo tiempo, el canal también sufriría un conflicto de interés, ya que no le resultaría fácil se equilibrado y equitativo con un presidente que también es patrón.
Esta lección es la que deberían aprender muchos presidentes latinoamericanos que están haciendo todo lo contrario, ya sea comprando medios privados a través de testaferros o familiares o utilizando los medios públicos, pertencientes al Estado, como si fueran propios, gubernamentales, para hacer propaganda de su gestión.
La lista es larga, los medios gubernamentales han crecido desmedidamente con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega; gobiernos que también se han armado de medios privados.
¿Será que el ejemplo de Chile, de la oposición chilena y del presidente Piñera podrá contagiar al resto de los gobiernos latinoamericanos?
agosto 26, 2010
El regreso al Siglo Catorce
Una de las primeras planas más recordadas del periodismo latinoamericano es la del matutino guatemalteco Siglo Veintiuno, que el 25 de mayo de 1993 se publicó bajo la marca de Siglo Catorce, sin noticias y en negro, en protesta y desafiando la censura tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías.
Esta semana el membrete de Siglo Catorce, que evoca las postrimerías del oscurantismo medieval, lo podrían haber adoptado El Nacional y el resto de los periódicos venezolanos a los que se les prohibió publicar fotografías e informaciones sobre violencia que pudieran “vulnerar la integridad psíquica y moral de los niños”, o las radios y televisiones brasileñas, las que tienen vedado por ley hacer bromas o parodias sobre los candidatos presidenciales.
La censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque reviste ahora mayor gravedad por disfrazarse de legalidad al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante.
La prohibición de publicar imágenes, informaciones y publicidad después de que El Nacional publicó una fotografía de archivo en portada de cadáveres apilados en la morgue de Caracas para ilustrar una nota sobre inseguridad pública, fue más una medida política que judicial. Obedeció a criterios de funcionarios y del presidente Hugo Chávez que sostienen que la divulgación de la violencia evidencia la conspiración de la oposición para degradar el proceso electoral vigente.
Si bien el juez se retrotrajo a fines de esta semana de la medida original sobre El Nacional de inhibir cualquier tipo de noticias sobre violencia - así sean fotos o escritos – y solo mantuvo la prohibición sobre las imágenes, tanto para ese diario como para el resto de los medios impresos, la decisión no deja de ser grosera, incongruente, desproporcional e irracional.
Incongruente porque un juez no puede proteger a los menores solo por 30 días si el peligro es verdadero, continuo y latente. ¿Significaría que después de las elecciones del 27 de setiembre las imágenes violentas y macabras ya no dañarían a los menores?
Desproporcional, porque deja a los periódicos, amarillistas o no, al borde de cometer infracciones en forma constante, mediante el manejo de criterios que no deben estar ligados al carácter violento o no de las noticias, sino a la relevancia e interés público de los hechos.
Irracional porque al no estar definidos los estándares de violencia, queda a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad interpretar qué es o no correcto y publicable, obligando a los medios a ejercer la autocensura, comprometiendo el derecho del público a saber.
Pero por sobre todo, la medida es grosera, porque desconoce el papel de los medios en una sociedad, que muchas veces deben estar obligados a desafiar leyes y criterios éticos, con la intención de generar debate público y provocar a la sociedad a encontrar correctivos a los problemas. Una torpeza a la que todavía se enfrenta Tal Cual, un diario muy crítico del gobierno, que no podrá divulgar nada violento, ni fotos ni informaciones, por haber expresado su solidaridad con El Nacional al publicar la misma imagen de la morgue censurada.
Mientras tanto en Brasil, donde es usual que los políticos gocen del halo protector de los jueces, a partir de esta semana y hasta las elecciones del 3 de octubre, la radio y la televisión deben abstenerse de bromear sobre los candidatos a presidente, so pena de fuertes multas y suspensiones.
Esta prohibición – que será protestada con una marcha en Río de Janeiro este domingo - tiene origen en leyes de la última dictadura militar, época en que los diarios, como O Estado de S. Paulo, burlaban a los censores oficiales publicando recetas de cocina en los espacios noticiosos censurados. Como hizo este 18 de agosto El Nacional colocando espacios en blanco y el rótulo de “censurado”, donde debían estar sus fotografías.
La gravedad de lo que sucede en Venezuela y Brasil no es la censura directa, sino la previa, la presunción de la autoridad de que un delito pudiera cometerse. Justamente lo que el ser humano viene batallando desde el Siglo Catorce, y que logró incorporar en las Constituciones modernas que expresamente la prohíben por atentar contra la libertad de pensamiento. ¿Lo sabrán los jueces?
Esta semana el membrete de Siglo Catorce, que evoca las postrimerías del oscurantismo medieval, lo podrían haber adoptado El Nacional y el resto de los periódicos venezolanos a los que se les prohibió publicar fotografías e informaciones sobre violencia que pudieran “vulnerar la integridad psíquica y moral de los niños”, o las radios y televisiones brasileñas, las que tienen vedado por ley hacer bromas o parodias sobre los candidatos presidenciales.
La censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque reviste ahora mayor gravedad por disfrazarse de legalidad al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante.
La prohibición de publicar imágenes, informaciones y publicidad después de que El Nacional publicó una fotografía de archivo en portada de cadáveres apilados en la morgue de Caracas para ilustrar una nota sobre inseguridad pública, fue más una medida política que judicial. Obedeció a criterios de funcionarios y del presidente Hugo Chávez que sostienen que la divulgación de la violencia evidencia la conspiración de la oposición para degradar el proceso electoral vigente.
Si bien el juez se retrotrajo a fines de esta semana de la medida original sobre El Nacional de inhibir cualquier tipo de noticias sobre violencia - así sean fotos o escritos – y solo mantuvo la prohibición sobre las imágenes, tanto para ese diario como para el resto de los medios impresos, la decisión no deja de ser grosera, incongruente, desproporcional e irracional.
Incongruente porque un juez no puede proteger a los menores solo por 30 días si el peligro es verdadero, continuo y latente. ¿Significaría que después de las elecciones del 27 de setiembre las imágenes violentas y macabras ya no dañarían a los menores?
Desproporcional, porque deja a los periódicos, amarillistas o no, al borde de cometer infracciones en forma constante, mediante el manejo de criterios que no deben estar ligados al carácter violento o no de las noticias, sino a la relevancia e interés público de los hechos.
Irracional porque al no estar definidos los estándares de violencia, queda a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad interpretar qué es o no correcto y publicable, obligando a los medios a ejercer la autocensura, comprometiendo el derecho del público a saber.
Pero por sobre todo, la medida es grosera, porque desconoce el papel de los medios en una sociedad, que muchas veces deben estar obligados a desafiar leyes y criterios éticos, con la intención de generar debate público y provocar a la sociedad a encontrar correctivos a los problemas. Una torpeza a la que todavía se enfrenta Tal Cual, un diario muy crítico del gobierno, que no podrá divulgar nada violento, ni fotos ni informaciones, por haber expresado su solidaridad con El Nacional al publicar la misma imagen de la morgue censurada.
Mientras tanto en Brasil, donde es usual que los políticos gocen del halo protector de los jueces, a partir de esta semana y hasta las elecciones del 3 de octubre, la radio y la televisión deben abstenerse de bromear sobre los candidatos a presidente, so pena de fuertes multas y suspensiones.
Esta prohibición – que será protestada con una marcha en Río de Janeiro este domingo - tiene origen en leyes de la última dictadura militar, época en que los diarios, como O Estado de S. Paulo, burlaban a los censores oficiales publicando recetas de cocina en los espacios noticiosos censurados. Como hizo este 18 de agosto El Nacional colocando espacios en blanco y el rótulo de “censurado”, donde debían estar sus fotografías.
La gravedad de lo que sucede en Venezuela y Brasil no es la censura directa, sino la previa, la presunción de la autoridad de que un delito pudiera cometerse. Justamente lo que el ser humano viene batallando desde el Siglo Catorce, y que logró incorporar en las Constituciones modernas que expresamente la prohíben por atentar contra la libertad de pensamiento. ¿Lo sabrán los jueces?
agosto 25, 2010
Coherencias incongruentes
En un país donde la verdad y el equilibrio se pierden, donde la equidad es difícil de alcanzar y las mentiras se utilizan para alcanzar intereses personales por encima del bien común…; cuando aparece alguien con razonamientos coherentes, da la apariencia de estar hablando incongruencias y/o trivialidades.
Se trata del caso del vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, quien - ante la furia y embestida del matrimonio presidencial contra Papel Prensa, para lo que pidieron una ley para controlar la fabricación, distribución y comercialización de papel para periódicos - dijo que “el Estado debe ser el garante de la libertad de prensa".
Las palabras de Cobos, cargadas de constitucionalidad y apegadas a derecho, sonaron superficiales. Es que hablar de sensateces en un país que el gobierno ya logró polarizar, parece superfluo. “La libertad de prensa y las políticas en torno a ella deben estar por encima de los intereses particulares con el objeto de fortalecerla, evitando en cualquier caso lesionarla o coartarla."
El comunicado de prensa en el que Cobos analizó estos puntos parece salido de una película de ciencia ficción en la Argentina de hoy, donde los Kirchner y sus funcionarios, desde mayo del 2003, vienen atacando y desairando a periodistas, medios y todo aquel que trate de comunicar en una onda diferente a la oficial.
Dijo Cobos en su comunicado: "Es de público conocimiento que existe un conflicto entre el Gobierno Nacional y el grupo Clarín. En este contexto y con más razón, toda acción o decisión que el Gobierno tome no debe estar motivada por ese conflicto. Por el contrario y como parte del Estado, debe ponerse por encima de él, con un ejercicio responsable del poder, respetando la libertad de prensa y preservando la seguridad jurídica. Es el Estado el garante de la libertad de prensa y en ese marco los medios de comunicación, deben mantener su independencia y objetividad".
Sobre una ley para regular el insumo básico, Cobos reflexionó: "Hay que asegurar la libre concurrencia en el mercado y permitir la provisión de papel a todo aquél que lo requiera, en función de las necesidades de los distintos medios periodísticos". Y en otros puntos recalcó que el Estado tiene varios recursos para garantizar los derechos vinculados a la libertad de prensa, sobre los que citó: El régimen de importaciones, que deberá mantenerse sin ningún tipo de barreras arancelarias para sumar otras ofertas de materia prima; la distribución equitativa de la pauta oficial en todos los medios, lo que permite una competencia leal y evita desigualdades y asimetrías; el rol responsable y adecuado de los medios públicos que pertenecen a toda la sociedad y no a un gobierno en particular.
Muchos sienten que Cobos está despistado, incoherente, incongruente. ¿O será el país?
Se trata del caso del vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, quien - ante la furia y embestida del matrimonio presidencial contra Papel Prensa, para lo que pidieron una ley para controlar la fabricación, distribución y comercialización de papel para periódicos - dijo que “el Estado debe ser el garante de la libertad de prensa".
Las palabras de Cobos, cargadas de constitucionalidad y apegadas a derecho, sonaron superficiales. Es que hablar de sensateces en un país que el gobierno ya logró polarizar, parece superfluo. “La libertad de prensa y las políticas en torno a ella deben estar por encima de los intereses particulares con el objeto de fortalecerla, evitando en cualquier caso lesionarla o coartarla."
El comunicado de prensa en el que Cobos analizó estos puntos parece salido de una película de ciencia ficción en la Argentina de hoy, donde los Kirchner y sus funcionarios, desde mayo del 2003, vienen atacando y desairando a periodistas, medios y todo aquel que trate de comunicar en una onda diferente a la oficial.
Dijo Cobos en su comunicado: "Es de público conocimiento que existe un conflicto entre el Gobierno Nacional y el grupo Clarín. En este contexto y con más razón, toda acción o decisión que el Gobierno tome no debe estar motivada por ese conflicto. Por el contrario y como parte del Estado, debe ponerse por encima de él, con un ejercicio responsable del poder, respetando la libertad de prensa y preservando la seguridad jurídica. Es el Estado el garante de la libertad de prensa y en ese marco los medios de comunicación, deben mantener su independencia y objetividad".
Sobre una ley para regular el insumo básico, Cobos reflexionó: "Hay que asegurar la libre concurrencia en el mercado y permitir la provisión de papel a todo aquél que lo requiera, en función de las necesidades de los distintos medios periodísticos". Y en otros puntos recalcó que el Estado tiene varios recursos para garantizar los derechos vinculados a la libertad de prensa, sobre los que citó: El régimen de importaciones, que deberá mantenerse sin ningún tipo de barreras arancelarias para sumar otras ofertas de materia prima; la distribución equitativa de la pauta oficial en todos los medios, lo que permite una competencia leal y evita desigualdades y asimetrías; el rol responsable y adecuado de los medios públicos que pertenecen a toda la sociedad y no a un gobierno en particular.
Muchos sienten que Cobos está despistado, incoherente, incongruente. ¿O será el país?
agosto 24, 2010
Triste papel presidencial
La presidenta Cristina de Kirchner hizo un triste papel para la democracia argentina. Leyó su informe “Papel Prensa: la verdad”, una crítica sobre la adquisición de la papelera Papel Prensa en 1976, atándola a crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, conspiraciones y extorsiones, aspectos todos cometidos – según ella - por los diarios Clarín y La Nación, que junto con el Estado son dueños de la empresa.
Con muchas imprecisiones y en cadena nacional, la Presidenta concluyó que quiere un país sin miedos, con democracias sin tutelajes – típico discurso de su época como parlamentaria – y que para ello tratará de que haya una ley para regular la fabricación de papel periódico y que este insumo sea de interés público.
En definitiva lo que dijo es lo que viene pretendiendo desde que en los últimos meses Papel Prensa se convirtió en otro frente de batalla para debilitar a Clarín, grupo mediático al que tiene en la mira. Quiere que el papel sea un bien regulado, que salga del espectro de la empresa privada, imponerle precios y con eso, luego ella – u otro gobierno futuro – podrán tener el sartén por el mango; ergo, habrán inventado una nueva forma de discriminación y de presión contra los medios independientes y privados.
Triste papel el de la Presidenta. Sigue enloquecida en contra de Clarín y de La Nación. ¿Por qué este escándalo barato para un tema que si lo considera un problema de Estado – una empresa que fue adquirida a la familia Gravier en 1976 y que luego fue aclarado por la justicia que no hubo irregularidad en la compra-venta a La Nación, Clarín y La Razón en democracia en 1985 – lo hubiera llevado como cualquier gobierno civilizado a la justicia, a la que dijo respetar y que es la única que puede condenar? ¿Por qué no se ahorró esa discordia de tener que condenar algo públicamente que los jueces deberían tener que hacer después?
¿No sería mejor que el gobierno, en vez de estar empecinado en poner de rodillas a la empresa privada, con sus excusas de acabar con los monopolios y la concentración, no diera la primera lección con el ejemplo? ¿No sería más productivo, mejor administrador y más estadista si generara más competencia, llamando a licitación a más empresas privadas que fueran incentivadas para crear más papeleras y hacer bajar los precios? ¿No es eso lo que justamente busca Cristina? ¿Para qué pelear, crear polarización y malestar entre todos los argentinos? ¿Quién podría enojarse u oponerse a una buena Presidenta que incentivara la competencia, el desarrollo y el empleo?
Triste y torpe papel el de la Presidenta. Muestra su odio y ansias de poder.
Con muchas imprecisiones y en cadena nacional, la Presidenta concluyó que quiere un país sin miedos, con democracias sin tutelajes – típico discurso de su época como parlamentaria – y que para ello tratará de que haya una ley para regular la fabricación de papel periódico y que este insumo sea de interés público.
En definitiva lo que dijo es lo que viene pretendiendo desde que en los últimos meses Papel Prensa se convirtió en otro frente de batalla para debilitar a Clarín, grupo mediático al que tiene en la mira. Quiere que el papel sea un bien regulado, que salga del espectro de la empresa privada, imponerle precios y con eso, luego ella – u otro gobierno futuro – podrán tener el sartén por el mango; ergo, habrán inventado una nueva forma de discriminación y de presión contra los medios independientes y privados.
Triste papel el de la Presidenta. Sigue enloquecida en contra de Clarín y de La Nación. ¿Por qué este escándalo barato para un tema que si lo considera un problema de Estado – una empresa que fue adquirida a la familia Gravier en 1976 y que luego fue aclarado por la justicia que no hubo irregularidad en la compra-venta a La Nación, Clarín y La Razón en democracia en 1985 – lo hubiera llevado como cualquier gobierno civilizado a la justicia, a la que dijo respetar y que es la única que puede condenar? ¿Por qué no se ahorró esa discordia de tener que condenar algo públicamente que los jueces deberían tener que hacer después?
¿No sería mejor que el gobierno, en vez de estar empecinado en poner de rodillas a la empresa privada, con sus excusas de acabar con los monopolios y la concentración, no diera la primera lección con el ejemplo? ¿No sería más productivo, mejor administrador y más estadista si generara más competencia, llamando a licitación a más empresas privadas que fueran incentivadas para crear más papeleras y hacer bajar los precios? ¿No es eso lo que justamente busca Cristina? ¿Para qué pelear, crear polarización y malestar entre todos los argentinos? ¿Quién podría enojarse u oponerse a una buena Presidenta que incentivara la competencia, el desarrollo y el empleo?
Triste y torpe papel el de la Presidenta. Muestra su odio y ansias de poder.
agosto 23, 2010
Los Kirchner ganan; todos pierden
Mañana por la tarde la presidenta Cristina de Kirchner se espera que consume un furibundo ataque directo a la libertad de prensa. Dará a conocer el informe oficial “Papel Prensa, la verdad” que se prevé tendrá unas 400 páginas de artilugios y vericuetos para que el Estado, como accionista minoritario de la papelera, se quedé con la empresa.
Más allá de que pueda o no tener razón, de que presente argumentos válidos – cosa que no creo que los posea – sobre que los dueños mayoritarios, los diarios Clarín y La Nación, se hicieron de la empresa gracias a su confabulación con el gobierno militar que habría extorsionado a los propietarios anteriores, lo que molesta es la forma que el gobierno utiliza para intimidar, amedrentar y crear circo.
Si todo fuera razonable y verdad, ¿no tendría el gobierno argumentos lícitos y conciencia limpia y tranquila para acudir a la justicia? ¿Por qué este derroche de desparpajo público para ir en contra de una empresa que fabrica y abastece papel periódico a los diarios argentinos? ¿Por qué los funcionarios vienen haciendo tanto circo como hasta invitar a peleas de box en las asambleas de accionistas?
Esta actitud no es nueva con el gobierno kirchnerista. Sus roces con los medios ha sido parte de su idiosincrasia. Desde no ofrecer conferencias de prensa, no permitir que los periodistas accedan a las fuentes oficiales, hasta agredirlos públicamente. Ahora es el papel, la semana pasada fue la licencia de Fibertel, antes los hijos de Ernestina Herrera Noble, otrora los derechos de trasmisión del fútbol, el uso discriminatorio de la publicidad oficial, la compra de medios privados y la creación de medios gubernamentales, la Ley de Servicios Audiovisuales, y la manipulación de un tropel de periodistas oficialistas que en Twitter, blogs, Facebook y otras redes sociales desprestigian a quienes no se ajustan a las pautas gubernamentales.
Los Kirchner legitiman absolutamente todo desprestigiando a medio mundo en confabulaciones con la violación de los derechos humanos, un tema que lo han hecho popular y que están explotando y politizando.
Los Kirchner tienen facilidad para imponer la agenda pública y lamentablemente los medios están rezagados, ya que es el gobierno y sus funcionarios los que logran conducir la conversación pública, al mejor estilo chavista. Es más, les encanta que los medios estén de rodillas, a la defensiva.
Esta política les dará rédito político a corto plazo. Pero a la larga, confiscar a los medios y abalanzarse contra la libertad de prensa, irá en detrimento del país. La batalla que ganan los Kirchner es una pérdida de todos y para todos.
Más allá de que pueda o no tener razón, de que presente argumentos válidos – cosa que no creo que los posea – sobre que los dueños mayoritarios, los diarios Clarín y La Nación, se hicieron de la empresa gracias a su confabulación con el gobierno militar que habría extorsionado a los propietarios anteriores, lo que molesta es la forma que el gobierno utiliza para intimidar, amedrentar y crear circo.
Si todo fuera razonable y verdad, ¿no tendría el gobierno argumentos lícitos y conciencia limpia y tranquila para acudir a la justicia? ¿Por qué este derroche de desparpajo público para ir en contra de una empresa que fabrica y abastece papel periódico a los diarios argentinos? ¿Por qué los funcionarios vienen haciendo tanto circo como hasta invitar a peleas de box en las asambleas de accionistas?
Esta actitud no es nueva con el gobierno kirchnerista. Sus roces con los medios ha sido parte de su idiosincrasia. Desde no ofrecer conferencias de prensa, no permitir que los periodistas accedan a las fuentes oficiales, hasta agredirlos públicamente. Ahora es el papel, la semana pasada fue la licencia de Fibertel, antes los hijos de Ernestina Herrera Noble, otrora los derechos de trasmisión del fútbol, el uso discriminatorio de la publicidad oficial, la compra de medios privados y la creación de medios gubernamentales, la Ley de Servicios Audiovisuales, y la manipulación de un tropel de periodistas oficialistas que en Twitter, blogs, Facebook y otras redes sociales desprestigian a quienes no se ajustan a las pautas gubernamentales.
Los Kirchner legitiman absolutamente todo desprestigiando a medio mundo en confabulaciones con la violación de los derechos humanos, un tema que lo han hecho popular y que están explotando y politizando.
Los Kirchner tienen facilidad para imponer la agenda pública y lamentablemente los medios están rezagados, ya que es el gobierno y sus funcionarios los que logran conducir la conversación pública, al mejor estilo chavista. Es más, les encanta que los medios estén de rodillas, a la defensiva.
Esta política les dará rédito político a corto plazo. Pero a la larga, confiscar a los medios y abalanzarse contra la libertad de prensa, irá en detrimento del país. La batalla que ganan los Kirchner es una pérdida de todos y para todos.
agosto 22, 2010
La Iglesia y su duro peregrinar en Cuba
No es fácil para la Iglesia Católica en Cuba agradar a todas las partes. Después de la mediación con el gobierno, mediante la cual logró que varios periodistas independientes y presos políticos fueran liberados, y que Guillermo Fariñas deje la huelga de hambre, que por poco le costó la vida, la Iglesia fue criticada por un grupo de disidentes que se queja de una actitud “lamentable” y “bochornosa”.
La carta de los disidentes, fue entregada en la sede del Arzobispado en La Habana el jueves pasado por Martha Beatriz Roque, conteniendo unas 165 firmas, entre ellas las de Vladimiro Roca y Jorge Luis García, teniendo como objetivo que sea entregada al Papa en Roma.
La carta critica a la Iglesia porque no se ha incluido a la disidencia en las pláticas con el gobierno, que los presos liberados hayan sido desterrados, que se le haya pedido a la madre de Orlando Zapata Tamayo, preso político que murió en huelga de hambre en febrero, que no visite la tumba de su hijo y que se haya solicitado al gobierno de Estados Unidos que flexibilice las medidas económicas y el embargo contra la isla.
Creo que la carta es injusta y ofensiva. Ni siquiera los gobiernos más amigos de La Habana han podido lograr que la disidencia sea incluida en cualquier tipo de conversaciones con los Castro. Es cierto que los excarcelados fueron desterrados; pero al menos se consiguió que salgan de prisión, el objetivo que tenían especialmente sus familiares y las Damas de Blanco. No hubiese sido posible la liberación y quedarse en el país, el gobierno no lo hubiera permitido.
Es mejor ver a una Iglesia activa, comprometida y no callada, que ha estado proscripta por décadas por el gobierno comunista. Seguramente esta mediación derivará en mayor activismo, permitiéndoles a los obispos, de a poco, no solo protestar, sino también terciar para que se acabe la represión en general y contribuir para que la dictadura vaya reconociendo más libertades.
La carta de los disidentes, fue entregada en la sede del Arzobispado en La Habana el jueves pasado por Martha Beatriz Roque, conteniendo unas 165 firmas, entre ellas las de Vladimiro Roca y Jorge Luis García, teniendo como objetivo que sea entregada al Papa en Roma.
La carta critica a la Iglesia porque no se ha incluido a la disidencia en las pláticas con el gobierno, que los presos liberados hayan sido desterrados, que se le haya pedido a la madre de Orlando Zapata Tamayo, preso político que murió en huelga de hambre en febrero, que no visite la tumba de su hijo y que se haya solicitado al gobierno de Estados Unidos que flexibilice las medidas económicas y el embargo contra la isla.
Creo que la carta es injusta y ofensiva. Ni siquiera los gobiernos más amigos de La Habana han podido lograr que la disidencia sea incluida en cualquier tipo de conversaciones con los Castro. Es cierto que los excarcelados fueron desterrados; pero al menos se consiguió que salgan de prisión, el objetivo que tenían especialmente sus familiares y las Damas de Blanco. No hubiese sido posible la liberación y quedarse en el país, el gobierno no lo hubiera permitido.
Es mejor ver a una Iglesia activa, comprometida y no callada, que ha estado proscripta por décadas por el gobierno comunista. Seguramente esta mediación derivará en mayor activismo, permitiéndoles a los obispos, de a poco, no solo protestar, sino también terciar para que se acabe la represión en general y contribuir para que la dictadura vaya reconociendo más libertades.
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