Ayer fue un día importante para la democracia y los derechos humanos en América Latina. Tras 27 años, el régimen chavista decretó la liberación de todos los presos políticos.
Varios medios
presentaron la noticia como un gesto de buena voluntad del nuevo gobierno que
encabeza Delcy Rodríguez. Se sostuvo incluso que el decreto había sido firmado
por Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero, en un intento por
preservar la reputación del líder en desgracia. Otros, con un persistente
romanticismo hacia la izquierda, volvieron a salvar la figura de Hugo Chávez y
a endilgar exclusivamente a Maduro los atropellos a los derechos humanos del
chavismo.
Ese relato omite un
dato esencial. Fue Chávez quien, desde 1999, instauró el andamiaje político,
institucional y represivo que hizo posible todo lo que vino después. Culpar
solo a Maduro es tan falaz como responsabilizar a Díaz-Canel del fracaso de
Cuba para exonerar a Fidel Castro y a su hermano.
Hay dos cosas que no
conviene perder de vista. La liberación de los presos políticos es una
exigencia reiterada de la oposición venezolana y de la comunidad internacional.
Pero, sobre todo, es una respuesta directa a lo ocurrido el 3 de enero y al
tutelaje efectivo que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela desde entonces.
Que no nos guste
Donald Trump, o que nos incomode el intervencionismo estadounidense, es una
cosa. Ignorar que esta liberación no habría ocurrido sin la presión del
gobierno de Estados Unidos es otra muy distinta. Como también lo es pasar por
alto que el chavismo, en apenas tres días, avanzó en la privatización del
sector petrolero del que se aferró durante décadas para generar corrupción y proyectar
su modelo de control político a otros países.

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