Uruguay se suma a la transparencia

El gobierno de Uruguay dio un paso importante para fortalecer la democracia en al promulgar una ley de Ley de Acceso a la Información Pública – Ley 18.381–, que el Congreso aprobó por unanimidad, y en cuyo artículo primero se define su finalidad: “Tiene por objetivo promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas a la información pública”.

Uruguay se suma así a otros gobiernos de las Américas con acceso como Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad Tobago. Mientras tanto, en Argentina, Barbados, Brasil y Paraguay sigue habiendo indicios de que se retomarán negociaciones en los congresos para dictar normas similares.

Más allá de la buena noticia, varios grupos defensores de la libertad de expresión y los derechos humanos uruguayos han manifestado ciertos reparos en cuanto a las excepciones que tipifica la ley y esperan que puedan disiparse las dudas cuando se reglamente, ya que de lo contrario podría ir en contra del propio espíritu de los estándares internacionales que solicitan la máxima transparencia con “restricciones excepcionales”, que tienen que ver con la seguridad nacional.

Existen varios artículos que han sido cuestionados, entre ellos, el Art. 7 sobre la “reserva de datos personales de carácter sensible”; el 8 referido a la “reserva parcial de la información” y el 10 sobre la “reserva por razones comerciales o científicas”.

Como siempre planteo en estos casos, la comunidad internacional deberá mantenerse alerta para que no se vulneren los derechos que la ley dice que garantizará, pero es importante reconocer que este es un relevante para la democracia. Perfectible por cierto.