Para muchos gobiernos estar codeándose con los de mayor poder en el mundo, forma parte de su estrategia geopolítica, pero también de su arrogancia interna.
Cuando este año visité la Argentina como parte de una delegación internacional de la SIP para verificar la situación de la libertad de prensa, encontré que muchos críticos de la presidenta Cristina de Kirchner, pensaban que la única forma de neutralizar sus ataques contra la prensa, sería tratando de influenciar al G-20 para que no permita la participación del Estado argentino.
Explicaban que a la única cosa que ella le teme es que la desactiven de ese grupo, por su miedo a perder prestigio personal e institucional y a no tener una importante caja de resonancia para seguir con su legítimo reclamo para que se instale una mesa de negociaciones con el gobierno inglés para discutir la soberanía de las Islas Malvinas.
Pareciera que los lobistas argentinos llegaron al Senado estadounidense. En estos días, el senador republicano Richard Lugar, decidió imponer una resolución (a la que todavía le falta consenso y aprobación dentro del Congreso) para que Argentina sea expulsada del G-20, debido principalmente a la nacionalización y expropiación de YPF-Repsol.
Más allá de que el senador no tenga la fuerza de otrora, porque acaba de perder su banca en elecciones recientes, la sola existencia de su resolución debe haber causado malestares considerables en las filas del cristinismo.
mayo 18, 2012
mayo 17, 2012
Barack Obama, restricciones y secretos
Si la evaluadora Standard & Poor’s midiera los índices de reserva informativa que impone un gobierno, seguramente castigaría al de Barack Obama como lo hizo el año pasado rebajándole su calificación crediticia de AAA a AA+.
Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.
Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.
Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.
De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.
Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.
Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.
Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.
Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.
Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.
Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.
De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.
Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.
Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.
Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.
mayo 15, 2012
Mucha violencia, poca voluntad
Hoy, un bombazo en Bogotá que mató a cinco personas e hirió a 25 estaba dirigido el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, ex ministro, y actual director del programa radial La Hora de la Verdad por la cadena nacional Súper, además de columnista de El Tiempo de Bogotá, La Opinión de Cúcuta y La Patria de Manizales.
El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.
Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.
Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.
El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.
Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.
El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.
Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.
Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.
El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.
Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.
mayo 14, 2012
“Queremos preguntar”
El reclamo parece obvio si se tiene en cuenta que lo hizo un grupo de periodistas. “Queremos preguntar” gritó un grupo de más de 100 periodistas argentinos que este domingo participó del programa de Jorge Lanata, con el ánimo de criticar al gobierno de Cristina de Kirchner, que desde que asumió su primera presidencia en 2007, solo otorgó dos conferencias de prensa.
El programa de Lanata en Canal 13 de Buenos Aires se llama “Periodismo para Todos”. Es un nombre de origen sarcástico que está motivado por los varios programas de origen social de la presidenta Cristina de Kirchner, entre los que se cuentan Fútbol para Todos, Carburando para todos, TV Digital para Todos, entre otros, con los que el fútbol, el automovilismo y decodificadores de televisión digital son ofrecidos en forma gratuita a los pobladores, lo que es criticado por muchos como subvenciones estatales al servicio de la propaganda gubernamental.
Si bien las preguntas son el arma de los periodistas, son las respuestas que éstos buscan lo que hace que el periodismo cobre relevancia. En la confrontación entre la pregunta y la respuesta sobre asuntos complejos, existe ese campo donde se encuentra la esencia del periodismo, su capacidad para descubrir hechos que de otra manera podrían quedar ocultos, y que dada su naturaleza son fundamentales para el mejor entendimiento y decisiones del público.
La esencia del saber no se halla tanto en las respuestas que se obtienen, sino en la calidad y exquisitez con la que se formula una pregunta.
Si a un gobierno se le permite responder sin que se le pregunte, como ocurre como el de Argentina, pero también con el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la información que se ofrece casi siempre terminará siendo propaganda, es decir información interesada.
Las conferencias de prensa son la expresión máxima de respeto que una persona en un cargo público y/o importante está obligada a demostrar, así sea un ministro, un funcionario de una empresa privada que tiene que explicar un asunto polémico o un director técnico que tiene que explicar el por qué una estrategia dio o no dio resultado.
Los periodistas, más dedicado a esos temas que el público en general, tienen la misión de incluir en su consulta lo que los ciudadanos quisieran preguntar. Esa delegación social que asume el periodista, es parte de un pacto implícito de la democracia, en el que el poder, a su vez, está obligado a rendir cuentas y a ser transparente.
Debido a esto, es justamente la máxima autoridad de un país, quien tiene la mayor obligación de rendir cuentas, ser transparente y sentarse frente a los periodistas, para que en un acto libre, se puedan buscar las respuestas que el público requiere. Cristina de Kirchner, sin embargo, así como Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega, prefiere la tribuna y púlpito público, aquel desde el que se habla didascálicamente, desde el que se informa interesadamente, se hace propaganda.
Los periodistas, de los más destacados de Argentina, se presentaron en el programa de Lanata reclamando que el gobierno haga conferencias de prensa, pero también con pancartas en las que se leían "Libre acceso a la información", "Control parlamentario de la pauta oficial" y "No al paraperiodismo", otros temas que forman parte del gran abanico de problemas quie tiene la libertad de prensa en el país.
La primera conferencia de prensa que dio la presidenta Kirchner fue el 2 de agosto de 2008 y la segunda, en la que solo permitió cinco preguntas, la ofreció en agosto de 2011.
El programa de Lanata en Canal 13 de Buenos Aires se llama “Periodismo para Todos”. Es un nombre de origen sarcástico que está motivado por los varios programas de origen social de la presidenta Cristina de Kirchner, entre los que se cuentan Fútbol para Todos, Carburando para todos, TV Digital para Todos, entre otros, con los que el fútbol, el automovilismo y decodificadores de televisión digital son ofrecidos en forma gratuita a los pobladores, lo que es criticado por muchos como subvenciones estatales al servicio de la propaganda gubernamental.
Si bien las preguntas son el arma de los periodistas, son las respuestas que éstos buscan lo que hace que el periodismo cobre relevancia. En la confrontación entre la pregunta y la respuesta sobre asuntos complejos, existe ese campo donde se encuentra la esencia del periodismo, su capacidad para descubrir hechos que de otra manera podrían quedar ocultos, y que dada su naturaleza son fundamentales para el mejor entendimiento y decisiones del público.
La esencia del saber no se halla tanto en las respuestas que se obtienen, sino en la calidad y exquisitez con la que se formula una pregunta.
Si a un gobierno se le permite responder sin que se le pregunte, como ocurre como el de Argentina, pero también con el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la información que se ofrece casi siempre terminará siendo propaganda, es decir información interesada.
Las conferencias de prensa son la expresión máxima de respeto que una persona en un cargo público y/o importante está obligada a demostrar, así sea un ministro, un funcionario de una empresa privada que tiene que explicar un asunto polémico o un director técnico que tiene que explicar el por qué una estrategia dio o no dio resultado.
Los periodistas, más dedicado a esos temas que el público en general, tienen la misión de incluir en su consulta lo que los ciudadanos quisieran preguntar. Esa delegación social que asume el periodista, es parte de un pacto implícito de la democracia, en el que el poder, a su vez, está obligado a rendir cuentas y a ser transparente.
Debido a esto, es justamente la máxima autoridad de un país, quien tiene la mayor obligación de rendir cuentas, ser transparente y sentarse frente a los periodistas, para que en un acto libre, se puedan buscar las respuestas que el público requiere. Cristina de Kirchner, sin embargo, así como Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega, prefiere la tribuna y púlpito público, aquel desde el que se habla didascálicamente, desde el que se informa interesadamente, se hace propaganda.
Los periodistas, de los más destacados de Argentina, se presentaron en el programa de Lanata reclamando que el gobierno haga conferencias de prensa, pero también con pancartas en las que se leían "Libre acceso a la información", "Control parlamentario de la pauta oficial" y "No al paraperiodismo", otros temas que forman parte del gran abanico de problemas quie tiene la libertad de prensa en el país.
La primera conferencia de prensa que dio la presidenta Kirchner fue el 2 de agosto de 2008 y la segunda, en la que solo permitió cinco preguntas, la ofreció en agosto de 2011.
mayo 13, 2012
Matrimonios gay y la campaña Obama
La campaña del presidente Barack Obama ha dado un paso inteligente. En el momento que los críticos avanzaban sobre el tema de la economía, el estancamiento del empleo, de las ventas al por menor y el aumento del déficit comercial, Obama hizo que la conversación nacional girara sobre temas sociales, ofreciendo repentinamente su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que tomó por sorpresa a la campaña de Mitt Romney, su seguro contendiente para noviembre.
No creo que Obama haya sido sorprendido por el vicepresidente Joe Biden quien el domingo pasado había dado su respaldo a las uniones matrimoniales, como para tener que salir este miércoles sobre el tema, primera vez que un Presidente lo hace en Estados Unidos.
Creo que se trató de una estrategia bien pensada. Los demócratas se aseguraron no solo que Romney no hable mucho de economía y critique a Obama con su seguro rechazo a este tipo de uniones matrimoniales, sino que además lo pusieron a la defensiva. De golpe y porrazo, además del anuncio de Obama, un grupo de compañeros de clase secundaria de Romney salieron a la palestra, después de 40 años, para criticarlo porque de joven se burlaba de unos amigos de escuela que eran homosexuales.
Romney desmintió y nadie hizo mucha alharaca, sin embargo tuvo que gastar su tiempo para defenderse, en lugar de seguir atacando el flanco más débil de Obama: la economía.
Fue un buen golpe de Obama, de los que veremos muchos más mientras se vaya calentando la campaña electoral.
No creo que Obama haya sido sorprendido por el vicepresidente Joe Biden quien el domingo pasado había dado su respaldo a las uniones matrimoniales, como para tener que salir este miércoles sobre el tema, primera vez que un Presidente lo hace en Estados Unidos.
Creo que se trató de una estrategia bien pensada. Los demócratas se aseguraron no solo que Romney no hable mucho de economía y critique a Obama con su seguro rechazo a este tipo de uniones matrimoniales, sino que además lo pusieron a la defensiva. De golpe y porrazo, además del anuncio de Obama, un grupo de compañeros de clase secundaria de Romney salieron a la palestra, después de 40 años, para criticarlo porque de joven se burlaba de unos amigos de escuela que eran homosexuales.
Romney desmintió y nadie hizo mucha alharaca, sin embargo tuvo que gastar su tiempo para defenderse, en lugar de seguir atacando el flanco más débil de Obama: la economía.
Fue un buen golpe de Obama, de los que veremos muchos más mientras se vaya calentando la campaña electoral.
mayo 11, 2012
Lobo debe ser responsable
El presidente Porfirio Lobo de asumir las responsabilidades en materia de libertad de prensa para la protección de los periodistas de su país, especialmente después que esta semana fue secuestrado el reconocido locutor Alfredo Villatoro y asesinado el periodista, Erick Martínez Ávila.
En estos últimos meses, Lobo se expresó varias veces sobre libertad de prensa, aunque para amenazar a los medios sobre que enviaría una ley de prensa al Congreso para sancionar las faltas éticas y graves que estos comenten y no para hablar sobre sus promesas de que perseguiría a los delincuentes que asesinan periodistas.
Meses atrás, dijo que su gobierno había recibido la asistencia técnica del FBI y de las policías de Colombia y España, pero hasta el momento nunca fue revelado resultado alguno de esas investigaciones. Fue por eso, que en una reunión reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa, se expresó lo siguiente: “Pese al compromiso público del Gobierno nacional (de Honduras) para revertir el clima adverso que afronta el ejercicio del periodismo, prevalecen en el país las amenazas contra periodistas, los ataques contra medios de comunicación, y la mayoría de los 19 asesinatos de comunicadores ocurridos desde 2003 siguen impunes”.
Se le pidió al presidente Porfirio Lobo poner mayor voluntad política y esfuerzo, “así como a disponer de manera eficiente de los recursos técnicos, científicos y legales… para frenar la cultura de violencia y atropellos contra la prensa, y resolver los asesinatos contra periodistas”.
Previamente, la SIP le había pedido por carta a Lobo varias acciones que podrían ayudar a limitar la violencia contra los periodistas: establecer criterios de veeduría internacional con el apoyo de la ONU; crear fiscalías especiales para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión; instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial para atender estos delitos y, entre otras, agravar los delitos contra la libertad de expresión en el Código Penal.
Es necesario que el gobierno de Lobo cree un fuerte andamiaje jurídico y legal. Es necesaria una justicia firme, de lo contrario la impunidad solo genera más violencia.
En estos últimos meses, Lobo se expresó varias veces sobre libertad de prensa, aunque para amenazar a los medios sobre que enviaría una ley de prensa al Congreso para sancionar las faltas éticas y graves que estos comenten y no para hablar sobre sus promesas de que perseguiría a los delincuentes que asesinan periodistas.
Meses atrás, dijo que su gobierno había recibido la asistencia técnica del FBI y de las policías de Colombia y España, pero hasta el momento nunca fue revelado resultado alguno de esas investigaciones. Fue por eso, que en una reunión reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa, se expresó lo siguiente: “Pese al compromiso público del Gobierno nacional (de Honduras) para revertir el clima adverso que afronta el ejercicio del periodismo, prevalecen en el país las amenazas contra periodistas, los ataques contra medios de comunicación, y la mayoría de los 19 asesinatos de comunicadores ocurridos desde 2003 siguen impunes”.
Se le pidió al presidente Porfirio Lobo poner mayor voluntad política y esfuerzo, “así como a disponer de manera eficiente de los recursos técnicos, científicos y legales… para frenar la cultura de violencia y atropellos contra la prensa, y resolver los asesinatos contra periodistas”.
Previamente, la SIP le había pedido por carta a Lobo varias acciones que podrían ayudar a limitar la violencia contra los periodistas: establecer criterios de veeduría internacional con el apoyo de la ONU; crear fiscalías especiales para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión; instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial para atender estos delitos y, entre otras, agravar los delitos contra la libertad de expresión en el Código Penal.
Es necesario que el gobierno de Lobo cree un fuerte andamiaje jurídico y legal. Es necesaria una justicia firme, de lo contrario la impunidad solo genera más violencia.
mayo 09, 2012
A propósito del posible atentado
Últimamente el gobierno de Estados Unidos ha tenido mayores éxitos desbaratando complejas conspiraciones y planes terroristas, que controlando los escándalos por el comportamiento indecente de sus fuerzas de seguridad, fuera de los campos de batalla.
Mientras el presidente Barack Obama tomaba esta semana como lema de campaña electoral el golpe mortal de hace un año contra Osama Bin Laden y el FBI desarticulaba una red de jóvenes anarquistas que planeaba atentados explosivos contra puentes y carreteras en el estado de Ohio, el Servicio Secreto afinaba un nuevo código de ética interno, en respuesta al bochorno internacional causado por sus agentes en la Cumbre de las Américas.
Once agentes y 10 militares condenaron su suerte laboral y la reputación del Servicio Secreto, entreverándose en una necia festichola con prostitutas, horas antes de que el presidente Obama llegara a la reunión de Cartagena. Ahora, el envío de chaperones a los viajes presidenciales, para controlar que los agentes no se involucren con alcohol y prostitutas, se asemeja a los recaudos que se toman para viajes de egresados o para el seleccionado juvenil de fútbol mexicano involucrado en los mismos menesteres el año pasado en Lima, más que para una agencia que salvó la vida de Ronald Reagan en 1981, pero que todavía repasa su responsabilidad sobre el asesinato de John Kennedy en 1963, como el yerro más grande de sus 147 años de historia.
La conducta indecente no es patrimonio de las fuerzas de seguridad estadounidenses, muchos candidatos presidenciales terminan sus aspiraciones por problemas de faldas; así como le costó el puesto al ex director francés del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; o hizo pasar a la historia el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi o quedó en entredicho con el reciente viaje del rey español Juan Carlos al África, dicen, para cazar princesas y plebeyas, más que elefantes.
El escándalo del servicio secreto norteamericano, que todavía pudiera subir de tono si Dania Suárez logra contar su historia a la revista Playboy tras quejarse que no le pagaron por sus servicios sexuales, no es para rasgarse las vestiduras, pero sí tira por la borda los esfuerzos de un gobierno que en el mundo entero sermonea sobre ética y anticorrupción.
Aunque el jolgorio quedará para la anécdota, el tema no deja de ser grave, porque desnuda la vulnerabilidad del gobierno a merced de su propia gente, en casos que comprometen desde la seguridad del Presidente hasta la seguridad nacional. Los escándalos son muchos y poco graciosos, solo basta recordar al soldado Bradley Manning, después que filtrara a Wikileaks millones de documentos clasificados de la diplomacia estadounidense, comprometiéndose las relaciones con gobiernos aliados y enemigos.
Peor aún fueron las fotografías que surgieron en 2004 desde la cárcel en Irak de Abu Ghraib, que mostraban a soldados aterrorizando a los detenidos con perros o posando entre cadáveres desnudos como si fueran trofeos de caza, escenas que hasta inmortalizó el colombiano Fernando Botero en sus pinturas. O la de retratos recientes de soldados en la guerra de Afganistán, haciendo gestos obscenos a víctimas y símbolos musulmanes o la denuncia sobre aquellos guardias carcelarios de la prisión de Guantánamo, tirando copias del Corán por los retretes.
Pese a los golpes certeros contra Al Qaeda el gobierno de EE.UU. ha dejado traslucir muchas deficiencias graves. Desde sus yerros por no poder anticipar el 9/11 en Nueva York o justificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, hasta su impotencia por no detener una epidemia de suicidios que afecta a sus soldados y veteranos. O desde sus promesas incumplidas de cerrar la cárcel de Guantánamo, hasta acabar con métodos de interrogatorio lindantes con la tortura, ya sea en vuelos secretos o en cárceles clandestinas regenteadas por la CIA en Tailandia, Afganistán y varios países europeos.
Tal vez la mejor lección que emerge de la mala conducta de algunos agentes del Servicio Secreto, así como de los actos corruptos enumerados que conspiran desde el interior contra el propio gobierno, es que en una sociedad abierta donde se permite que la información y las denuncias fluyan libremente, se hace mucho más fácil la tarea de buscar y aplicar correctivos.
Mientras el presidente Barack Obama tomaba esta semana como lema de campaña electoral el golpe mortal de hace un año contra Osama Bin Laden y el FBI desarticulaba una red de jóvenes anarquistas que planeaba atentados explosivos contra puentes y carreteras en el estado de Ohio, el Servicio Secreto afinaba un nuevo código de ética interno, en respuesta al bochorno internacional causado por sus agentes en la Cumbre de las Américas.
Once agentes y 10 militares condenaron su suerte laboral y la reputación del Servicio Secreto, entreverándose en una necia festichola con prostitutas, horas antes de que el presidente Obama llegara a la reunión de Cartagena. Ahora, el envío de chaperones a los viajes presidenciales, para controlar que los agentes no se involucren con alcohol y prostitutas, se asemeja a los recaudos que se toman para viajes de egresados o para el seleccionado juvenil de fútbol mexicano involucrado en los mismos menesteres el año pasado en Lima, más que para una agencia que salvó la vida de Ronald Reagan en 1981, pero que todavía repasa su responsabilidad sobre el asesinato de John Kennedy en 1963, como el yerro más grande de sus 147 años de historia.
La conducta indecente no es patrimonio de las fuerzas de seguridad estadounidenses, muchos candidatos presidenciales terminan sus aspiraciones por problemas de faldas; así como le costó el puesto al ex director francés del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; o hizo pasar a la historia el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi o quedó en entredicho con el reciente viaje del rey español Juan Carlos al África, dicen, para cazar princesas y plebeyas, más que elefantes.
El escándalo del servicio secreto norteamericano, que todavía pudiera subir de tono si Dania Suárez logra contar su historia a la revista Playboy tras quejarse que no le pagaron por sus servicios sexuales, no es para rasgarse las vestiduras, pero sí tira por la borda los esfuerzos de un gobierno que en el mundo entero sermonea sobre ética y anticorrupción.
Aunque el jolgorio quedará para la anécdota, el tema no deja de ser grave, porque desnuda la vulnerabilidad del gobierno a merced de su propia gente, en casos que comprometen desde la seguridad del Presidente hasta la seguridad nacional. Los escándalos son muchos y poco graciosos, solo basta recordar al soldado Bradley Manning, después que filtrara a Wikileaks millones de documentos clasificados de la diplomacia estadounidense, comprometiéndose las relaciones con gobiernos aliados y enemigos.
Peor aún fueron las fotografías que surgieron en 2004 desde la cárcel en Irak de Abu Ghraib, que mostraban a soldados aterrorizando a los detenidos con perros o posando entre cadáveres desnudos como si fueran trofeos de caza, escenas que hasta inmortalizó el colombiano Fernando Botero en sus pinturas. O la de retratos recientes de soldados en la guerra de Afganistán, haciendo gestos obscenos a víctimas y símbolos musulmanes o la denuncia sobre aquellos guardias carcelarios de la prisión de Guantánamo, tirando copias del Corán por los retretes.
Pese a los golpes certeros contra Al Qaeda el gobierno de EE.UU. ha dejado traslucir muchas deficiencias graves. Desde sus yerros por no poder anticipar el 9/11 en Nueva York o justificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, hasta su impotencia por no detener una epidemia de suicidios que afecta a sus soldados y veteranos. O desde sus promesas incumplidas de cerrar la cárcel de Guantánamo, hasta acabar con métodos de interrogatorio lindantes con la tortura, ya sea en vuelos secretos o en cárceles clandestinas regenteadas por la CIA en Tailandia, Afganistán y varios países europeos.
Tal vez la mejor lección que emerge de la mala conducta de algunos agentes del Servicio Secreto, así como de los actos corruptos enumerados que conspiran desde el interior contra el propio gobierno, es que en una sociedad abierta donde se permite que la información y las denuncias fluyan libremente, se hace mucho más fácil la tarea de buscar y aplicar correctivos.
mayo 08, 2012
La asombrosa exigencia de las FARC
La libertad de prensa sufrió por estos días embates terribles. En la ciudad mexicana de Veracruz cuatro periodistas fueron asesinados por el crimen organizado, de cuyos cadáveres, tres fueron encontrados desmembrados en bolsas de basura a la vera de un río.
En Colombia también la libertad de prensa está en entredicho. Las guerrillas FARC condicionaron la liberación del periodista francés Romeo Langlois, a quien tienen desde el 28 de abril, a que haya un debate nacional e internacional sobre libertad de prensa y una autocrítica de los medios de comunicación y de los periodistas por ofrecer información parcial y distorsionada en la cobertura de ese grupo guerrillero.
Las FARC argumentaron que secuestraron a Langlois porque no estaba identificado como periodista, cuando lo capturaron como prisionero de guerra durante un violento enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad colombianas.
Las FARC se equivocan con esta estrategia.
Primero, creen que son reconocidas como un grupo legítimo y se tratan de comportar como gobierno y Estado, como si todo el mundo las tratara con el reconocimiento que le brindan Hugo Chávez y las autoridades cubanas.
Segundo, pedir un debate con ese condicionamiento, liberar al periodista, equivale más a una extorsión. A ningún gobierno o grupo lícito se le respetaría que condicionara un debate sobre libertad de prensa, poniendo en riesgo la vida de un periodista.
Tercero, las FARC no reconocen que los periodistas son civiles, y como tales están protegidos por los tratados internacionales y hasta por resoluciones intergubernamentales como la Resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas en la que se consigna que “los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales”.
Cuarto, incluso si las FARC tuvieran razón de que el periodista no se habría identificado apropiadamente como tal y pudo haber sido confundido con un soldado o policía, deberían haberlo liberado apenas pudieron comprobar que se trataba de un reportero; lo que no hicieron.
Quinto, la libertad de prensa, pese a que no le guste a las FARC porque argumentan no recibir buen tratamiento de la prensa, está justamente fundamentada por el valor de la libertad. Ese no es un tema que se pueda debatir, menos desde un organismo ilícito, al margen de la ley y que ha tenido a la muerte y al asesinato de periodistas como parte de su estrategia de propaganda.
Esta asombrosa exigencia de los guerrilleros, no hace más que mostrar las contradicciones de las FARC que hace un par de meses dijeron que abandonaban el secuestro como extorsión económica. La verdad que no hay mucha diferencia entre este tipo de extorsión y la política, como ahora lo hacen con el caso Langlois.
En Colombia también la libertad de prensa está en entredicho. Las guerrillas FARC condicionaron la liberación del periodista francés Romeo Langlois, a quien tienen desde el 28 de abril, a que haya un debate nacional e internacional sobre libertad de prensa y una autocrítica de los medios de comunicación y de los periodistas por ofrecer información parcial y distorsionada en la cobertura de ese grupo guerrillero.
Las FARC argumentaron que secuestraron a Langlois porque no estaba identificado como periodista, cuando lo capturaron como prisionero de guerra durante un violento enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad colombianas.
Las FARC se equivocan con esta estrategia.
Primero, creen que son reconocidas como un grupo legítimo y se tratan de comportar como gobierno y Estado, como si todo el mundo las tratara con el reconocimiento que le brindan Hugo Chávez y las autoridades cubanas.
Segundo, pedir un debate con ese condicionamiento, liberar al periodista, equivale más a una extorsión. A ningún gobierno o grupo lícito se le respetaría que condicionara un debate sobre libertad de prensa, poniendo en riesgo la vida de un periodista.
Tercero, las FARC no reconocen que los periodistas son civiles, y como tales están protegidos por los tratados internacionales y hasta por resoluciones intergubernamentales como la Resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas en la que se consigna que “los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales”.
Cuarto, incluso si las FARC tuvieran razón de que el periodista no se habría identificado apropiadamente como tal y pudo haber sido confundido con un soldado o policía, deberían haberlo liberado apenas pudieron comprobar que se trataba de un reportero; lo que no hicieron.
Quinto, la libertad de prensa, pese a que no le guste a las FARC porque argumentan no recibir buen tratamiento de la prensa, está justamente fundamentada por el valor de la libertad. Ese no es un tema que se pueda debatir, menos desde un organismo ilícito, al margen de la ley y que ha tenido a la muerte y al asesinato de periodistas como parte de su estrategia de propaganda.
Esta asombrosa exigencia de los guerrilleros, no hace más que mostrar las contradicciones de las FARC que hace un par de meses dijeron que abandonaban el secuestro como extorsión económica. La verdad que no hay mucha diferencia entre este tipo de extorsión y la política, como ahora lo hacen con el caso Langlois.
mayo 07, 2012
Propaganda contra el cardenal Ortega
Al cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, no le fue nada bien cuando vino a disertar en la Universidad de Harvard a finales de abril para hablar sobre el papel de la Iglesia en la transformación de Cuba.
Las críticas le llegaron de todos lados, especialmente del exilio cubano, cuando trató de justificar la expulsión de 13 disidentes del interior de un santuario en La Habana, días antes de la visita del papa Benedicto XVI, a los que denunció a las autoridades tras calificarlos de “delincuentes”.
Más allá de las razones o sinrazones del Cardenal, y de los ríos de crítica que recibió, lo que llamó mucho la atención es que su actitud complaciente con el gobierno cubano fue calificada de “lacaya” por Carlos García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) que incluye Radio y TV Martí, financiada por el gobierno de Estados Unidos.
Digo que llamó la atención porque si bien se trata de un medio público estadounidense, con autonomía de los criterios de su gobierno, igualmente se trata de una oficina que debe ser mesurada (y también aparentarlo) sobre todo cuando se trata de calificativos y opiniones mal usadas. Estos malos criterios y calificativos, ayudan a las autoridades cubanas para argumentar que todos los medios estadounidenses no hacen más que propaganda a favor del imperio.
“Esta actitud de Ortega sólo pone en evidencia y responde a su contubernio político con el gobierno, a la complacencia de seguir la línea oficial, a no disentir… Esa es una actitud lacaya, además de demostrar una profunda falta de comprensión y piedad con la realidad humana de estos hijos de Dios”, dijo en su escrito el periodista.
Más allá de la validez que pueda o no tener la crítica de García Pérez, siendo él el director, y estar ofrecida como un espacio editorial, corre el riesgo de ser interpretada como una visión del propio gobierno de Estados Unidos.
Según El Nuevo Herald, “Radio Martí fue inaugurada en 1985 para tratar de romper el monopolio del gobierno cubano sobre los medios de comunicación. La sección de TV Martí fue aprobada por el Congreso en marzo de 1990. El año pasado, la estación reforzó la difusión de sus noticias con un sistema computarizado que puede enviar hasta 24,000 mensajes de texto a la semana a los teléfonos celulares en la isla”.
Las críticas le llegaron de todos lados, especialmente del exilio cubano, cuando trató de justificar la expulsión de 13 disidentes del interior de un santuario en La Habana, días antes de la visita del papa Benedicto XVI, a los que denunció a las autoridades tras calificarlos de “delincuentes”.
Más allá de las razones o sinrazones del Cardenal, y de los ríos de crítica que recibió, lo que llamó mucho la atención es que su actitud complaciente con el gobierno cubano fue calificada de “lacaya” por Carlos García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) que incluye Radio y TV Martí, financiada por el gobierno de Estados Unidos.
Digo que llamó la atención porque si bien se trata de un medio público estadounidense, con autonomía de los criterios de su gobierno, igualmente se trata de una oficina que debe ser mesurada (y también aparentarlo) sobre todo cuando se trata de calificativos y opiniones mal usadas. Estos malos criterios y calificativos, ayudan a las autoridades cubanas para argumentar que todos los medios estadounidenses no hacen más que propaganda a favor del imperio.
“Esta actitud de Ortega sólo pone en evidencia y responde a su contubernio político con el gobierno, a la complacencia de seguir la línea oficial, a no disentir… Esa es una actitud lacaya, además de demostrar una profunda falta de comprensión y piedad con la realidad humana de estos hijos de Dios”, dijo en su escrito el periodista.
Más allá de la validez que pueda o no tener la crítica de García Pérez, siendo él el director, y estar ofrecida como un espacio editorial, corre el riesgo de ser interpretada como una visión del propio gobierno de Estados Unidos.
Según El Nuevo Herald, “Radio Martí fue inaugurada en 1985 para tratar de romper el monopolio del gobierno cubano sobre los medios de comunicación. La sección de TV Martí fue aprobada por el Congreso en marzo de 1990. El año pasado, la estación reforzó la difusión de sus noticias con un sistema computarizado que puede enviar hasta 24,000 mensajes de texto a la semana a los teléfonos celulares en la isla”.
mayo 05, 2012
Estoy asqueado, quebrado, desganado
Nunca una noticia me había provocado náuseas y un malestar físico que me duró todo el día, como cuando el jueves me llamó Idalia Gómez, nuestra periodista investigativa de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México, para informarme que en tres de las cuatros bolsas de basura encontradas a la vera de un río cerca de la ciudad de Veracruz, se encontraron los cuerpos descuartizados de tres colegas periodistas.
Desde que entré a la SIP en 1993, puse especial énfasis en trabajar en contra de la violencia contra los periodistas, en la investigación de los asesinatos y entender las causas de la impunidad para impulsar reformas de políticas públicas. En todos estos años he visto cómo los niveles de violencia crecieron y decrecieron en diferentes regiones y países, cómo fluctuaron los móviles de los asesinatos en más de 300 crímenes ocurridos en la última década, comparé estadísticas con otras zonas del mundo, conversé con familiares de las víctimas, con gobiernos, con organizaciones intergubernamentales, sermoneé en cursos de entrenamiento y hasta llegué a encontrar patrones de conducta entre los funcionarios corruptos, los asesinos del crimen organizado y los días en que más se comenten esos crímenes.
Pero nunca antes, como el jueves pasado, me sentí tan impotente y con tanta frustración al sentir que todos los esfuerzos de años pueden caerse de golpe y porrazo por unos criminales desalmados, cuya única motivación es enviar un mensaje para que todos los periodistas mexicanos se callen, no hablen del narcotráfico y dejen tranquilo al crimen organizado, que no lo reporten, que no lo denuncien. Un mensaje también para todos los que trabajamos en estas causas en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, para que abandonemos nuestra lucha.
Entendiendo mis sentimientos, puedo comprender lo que sienten cientos de jóvenes mexicanos que abandonan su profesión por la ingratitud de la tarea, por la violencia y porque tampoco tienen las garantías necesarias de la autoridades para trabajar ni a veces las de sus propios medios en materia de protección o seguridad social. Entiendo perfectamente porque muchos colegas ven el cambio de rubro laboral como la única salida para escapar de una profesión golpeada, ingrata, casi sin sentido cuando es atacada con esta violencia.
Debería decir en este momento que redoblaré mis esfuerzos para trabajar en contra de los violentos. Sería lo ideal, lo razonable. Pero dejo esos sentimientos para más adelante, que ojalá me vengan de nuevo algún día o pronto y para que los narcos y criminales no crean que ganan todas sus batallas. Pero ahora quiero sentir lo que siento, quebrado, asqueado, desganado, frustrado, violado. Quiero sentirme en este luto, sin ganas de mover un dedo, sin ganas de nada, con ganas de hacer otra cosa, vivir con otros ideales, vivir de otra cosa. Quiero sentirme así, tan vulnerable como deben estar sintiéndose los familiares y colegas de las víctimas. Quiero entenderlos a ellos y a todos los periodistas que se cuestionan todos los días el por qué trabajar en esta profesión.
Sentirme así me hace sentir más cerca de Gabriel Huge, Guillermo Luna y de Esteban Rodríguez, así como de Regina Martínez, otra periodista que fue asesinada la semana pasada en esa misma ciudad de Veracruz.
Desde que entré a la SIP en 1993, puse especial énfasis en trabajar en contra de la violencia contra los periodistas, en la investigación de los asesinatos y entender las causas de la impunidad para impulsar reformas de políticas públicas. En todos estos años he visto cómo los niveles de violencia crecieron y decrecieron en diferentes regiones y países, cómo fluctuaron los móviles de los asesinatos en más de 300 crímenes ocurridos en la última década, comparé estadísticas con otras zonas del mundo, conversé con familiares de las víctimas, con gobiernos, con organizaciones intergubernamentales, sermoneé en cursos de entrenamiento y hasta llegué a encontrar patrones de conducta entre los funcionarios corruptos, los asesinos del crimen organizado y los días en que más se comenten esos crímenes.
Pero nunca antes, como el jueves pasado, me sentí tan impotente y con tanta frustración al sentir que todos los esfuerzos de años pueden caerse de golpe y porrazo por unos criminales desalmados, cuya única motivación es enviar un mensaje para que todos los periodistas mexicanos se callen, no hablen del narcotráfico y dejen tranquilo al crimen organizado, que no lo reporten, que no lo denuncien. Un mensaje también para todos los que trabajamos en estas causas en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, para que abandonemos nuestra lucha.
Entendiendo mis sentimientos, puedo comprender lo que sienten cientos de jóvenes mexicanos que abandonan su profesión por la ingratitud de la tarea, por la violencia y porque tampoco tienen las garantías necesarias de la autoridades para trabajar ni a veces las de sus propios medios en materia de protección o seguridad social. Entiendo perfectamente porque muchos colegas ven el cambio de rubro laboral como la única salida para escapar de una profesión golpeada, ingrata, casi sin sentido cuando es atacada con esta violencia.
Debería decir en este momento que redoblaré mis esfuerzos para trabajar en contra de los violentos. Sería lo ideal, lo razonable. Pero dejo esos sentimientos para más adelante, que ojalá me vengan de nuevo algún día o pronto y para que los narcos y criminales no crean que ganan todas sus batallas. Pero ahora quiero sentir lo que siento, quebrado, asqueado, desganado, frustrado, violado. Quiero sentirme en este luto, sin ganas de mover un dedo, sin ganas de nada, con ganas de hacer otra cosa, vivir con otros ideales, vivir de otra cosa. Quiero sentirme así, tan vulnerable como deben estar sintiéndose los familiares y colegas de las víctimas. Quiero entenderlos a ellos y a todos los periodistas que se cuestionan todos los días el por qué trabajar en esta profesión.
Sentirme así me hace sentir más cerca de Gabriel Huge, Guillermo Luna y de Esteban Rodríguez, así como de Regina Martínez, otra periodista que fue asesinada la semana pasada en esa misma ciudad de Veracruz.
mayo 04, 2012
Libertad de prensa y democracia
(Caracas, Noticias24) En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ricardo Trotti, director de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP explicó a través de Noticias24 Radio, la importancia de esta conmemoración.
Escuche la entrevista completa a continuación:
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/105507/ricardo-trotti-el-nivel-de-libertad-de-prensa-es-directamente-proporcional-al-nivel-de-democracia-en-un-pais/
“Creo que lo importante es enmarcar que en un día como hoy no celebramos el tema de los privilegios que los medios puedan tener, sino más que todo celebramos que pueda haber libertad de expresión para cualquier ciudadano a través de cualquier medio de una forma democrática”, expresó Trotti acentuando de esta manera la democracia en la que deben vivir los ciudadanos.
Asimismo señaló que “el nivel de libertad de prensa es directamente proporcional al nivel de democracia en un país“.
Por otra parte, indicó que desde la SIP, se trata “de iluminar los problemas” competentes a la privación de libertad de prensa de una nación “colocándolos en la agenda pública internacional influenciando así a los gobiernos a que tomen medidas (…) también nos dirigimos a la Cidh cuando agotamos los medios de justicia regionales”.
Para finalizar comentó sobre situaciones generadas en Venezuela, que desde su perspectiva “atentan contra la libertad de expresión”, explicando que “la SIP en forma reiterativa y periódica ha venido condenando muchos de estos hechos, el manejo de un andamiaje muy complejo que trata de censurar los medios de comunicación, como los insultos públicos por parte de altas magistraturas del país y la suma de un aparato judicial que se dedica a perseguir a los periodistas“.
Escuche la entrevista completa a continuación:
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/105507/ricardo-trotti-el-nivel-de-libertad-de-prensa-es-directamente-proporcional-al-nivel-de-democracia-en-un-pais/
“Creo que lo importante es enmarcar que en un día como hoy no celebramos el tema de los privilegios que los medios puedan tener, sino más que todo celebramos que pueda haber libertad de expresión para cualquier ciudadano a través de cualquier medio de una forma democrática”, expresó Trotti acentuando de esta manera la democracia en la que deben vivir los ciudadanos.
Asimismo señaló que “el nivel de libertad de prensa es directamente proporcional al nivel de democracia en un país“.
Por otra parte, indicó que desde la SIP, se trata “de iluminar los problemas” competentes a la privación de libertad de prensa de una nación “colocándolos en la agenda pública internacional influenciando así a los gobiernos a que tomen medidas (…) también nos dirigimos a la Cidh cuando agotamos los medios de justicia regionales”.
Para finalizar comentó sobre situaciones generadas en Venezuela, que desde su perspectiva “atentan contra la libertad de expresión”, explicando que “la SIP en forma reiterativa y periódica ha venido condenando muchos de estos hechos, el manejo de un andamiaje muy complejo que trata de censurar los medios de comunicación, como los insultos públicos por parte de altas magistraturas del país y la suma de un aparato judicial que se dedica a perseguir a los periodistas“.
mayo 03, 2012
Luchar por la libertad de expresión
Hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es necesario que todos, periodistas y ciudadanos en general, asumamos la responsabilidad de defender y promover la libertad de prensa, como la primera línea de batalla donde se define la supremacía o no de la libertad de expresión en nuestras sociedades.
El nivel de libertad de prensa y de expresión que tiene una sociedad, es el indicativo del nivel de su democracia.
Cuando la libertad de prensa es atropellada por el crimen organizado mediante violencia contra periodistas y medios de comunicación o con censura directa o sutil de parte de los gobiernos, quienes sufren no son solo los integrantes de la prensa, sino todos los ciudadanos que ven coartado su derecho a recibir información.
Aún más importante, es necesario observar que los ataques contra periodistas y medios suelen ocurrir en forma posterior a otros ataques contra la libertad de expresión y otros derechos individuales como otras agresiones contra la libertad de asociación, de reunión, de género, de orientación sexual, religiosa o política.
La responsabilidad de todos es denunciar estos atropellos y exigir que las autoridades creen mecanismos para que haya más tolerancia.
Dentro de estas responsabilidades para los periodistas, no solo nos caben la solidaridad y unidad gremial, la investigación para denunciar los abusos de autoridad, la búsqueda de la formación constante para servir mejor al público; sino, además, aplicar estándares rigurosos de ética profesional.
Hoy, en este día tan importante, mis sentimientos con todos esos periodistas y medios, tradicionales y nuevos, usuarios de internet y de redes sociales, que sufren crímenes, atentados, secuestros, encarcelamiento y abusos de poder, por el solo hecho de informar u opinar.
El nivel de libertad de prensa y de expresión que tiene una sociedad, es el indicativo del nivel de su democracia.
Cuando la libertad de prensa es atropellada por el crimen organizado mediante violencia contra periodistas y medios de comunicación o con censura directa o sutil de parte de los gobiernos, quienes sufren no son solo los integrantes de la prensa, sino todos los ciudadanos que ven coartado su derecho a recibir información.
Aún más importante, es necesario observar que los ataques contra periodistas y medios suelen ocurrir en forma posterior a otros ataques contra la libertad de expresión y otros derechos individuales como otras agresiones contra la libertad de asociación, de reunión, de género, de orientación sexual, religiosa o política.
La responsabilidad de todos es denunciar estos atropellos y exigir que las autoridades creen mecanismos para que haya más tolerancia.
Dentro de estas responsabilidades para los periodistas, no solo nos caben la solidaridad y unidad gremial, la investigación para denunciar los abusos de autoridad, la búsqueda de la formación constante para servir mejor al público; sino, además, aplicar estándares rigurosos de ética profesional.
Hoy, en este día tan importante, mis sentimientos con todos esos periodistas y medios, tradicionales y nuevos, usuarios de internet y de redes sociales, que sufren crímenes, atentados, secuestros, encarcelamiento y abusos de poder, por el solo hecho de informar u opinar.
Saludo cargado de preocupaciones
Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Libertad de Prensa,instaurado en 1991 por la UNESCO, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Milton Coleman, editor senior del The Washington Post, describió un panorama bastante sombrío en todo el continente americano.
Expresa Coleman: “Próximos a celebrar este mes 70 años de existencia de nuestra Sociedad Interamericana de Prensa, aprovecho este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, para honrar la vida de los 24 periodistas que en los últimos doce meses fueron ultimados en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y República Dominicana. Nuestros pensamientos están con sus familiares y colegas, en especial porque en la mayoría de estos casos no se ha administrado justicia.
También nos sentimos solidarios con todos aquellos periodistas tradicionales, periodistas ciudadanos, blogueros y propietarios de medios que fueron agredidos, amenazados o que tuvieron que refugiarse y asilarse en otros países tras ser hostigados y perseguidos por su trabajo.
Nos preocupan los mecanismos directos y sutiles –o no tan sutiles como en el caso de Ecuador–, económicos, legales y judiciales utilizados en varios países de nuestra región contra los medios de comunicación, provocando censura previa y autocensura, lo que no solo perjudica a esos medios, sino que deteriora el derecho del público a recibir información.
En nuestra reciente reunión de Cádiz, España, adonde acudimos para celebrar el bicentenario de la primera Constitución española, dedicamos mucho tiempo a defender el trabajo del sistema interamericano de derechos humanos que está siendo vapuleado por varios gobiernos de la región. Desde ahí, exhortamos a todos los gobiernos miembros de la Organización de Estados Americanos a que defiendan el sistema y, en particular, la autonomía y labor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, una entidad que desde su creación en 1998, coadyuvó a vigilar y fortalecer la libertad de expresión de los ciudadanos de cada nación de las tres Américas.
También desde Cádiz hemos hecho votos para que los cambios que persigue el gobierno de Cuba, la única dictadura que sobrevive en nuestro continente, incluyan el respeto por la libertad de expresión de sus ciudadanos, se deje de perseguir a periodistas independientes, blogueros y disidentes, y se permita el acceso sin límites al internet.
Mantenemos nuestra profunda preocupación sobre aquellos países, donde existe más discriminación en materia de otorgamiento de publicidad oficial como en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, y promoveremos que estas prácticas irregulares sean combatidas con leyes que establezcan criterios técnicos y equitativos.
En materia legislativa aplaudimos los esfuerzos de gobiernos como los de El Salvador y México que han despenalizado los delitos de injuria y calumnia; al tiempo que protestamos por los esfuerzos de gobiernos como los de Estados Unidos y Guatemala que buscan imponer mayores restricciones sobre información clasificada.
Lamentamos que no se hayan promulgado leyes de acceso a la información pública en todos los países y que donde existen no se utilicen en forma eficiente. Reconocemos, asimismo, al gobierno de República Dominicana, por impulsar una campaña de educación que incluirá 700 talleres de formación para adiestrar a los ciudadanos sobre cómo usar esta ley a favor de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Lamentamos también que haya gobiernos que traten de aprobar leyes de prensa, con la intención de limitar la capacidad de los medios de comunicación privados y las denuncias del periodismo investigativo, coartando así, uno de los mayores contrapesos con los que cuenta un sistema democrático.
Denostamos que en muchos países, los Estados expropien, creen o compren medios de comunicación a los que usan como órganos partidarios y no como medios públicos.
Por último, este 3 de mayo, espero que se reflexione tres aspectos en todo el hemisferio: Las consecuencias sociales que se derivan del irrespeto a la libertad de prensa y de expresión; la responsabilidad de los periodistas y medios para defender y promover esas libertades; y la necesidad de los gobiernos – como quedaron comprometidos en la reciente Cumbre de las Américas– para extender el alcance del internet y de banda ancha a los sectores más vulnerables de sus países”.
Expresa Coleman: “Próximos a celebrar este mes 70 años de existencia de nuestra Sociedad Interamericana de Prensa, aprovecho este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, para honrar la vida de los 24 periodistas que en los últimos doce meses fueron ultimados en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y República Dominicana. Nuestros pensamientos están con sus familiares y colegas, en especial porque en la mayoría de estos casos no se ha administrado justicia.
También nos sentimos solidarios con todos aquellos periodistas tradicionales, periodistas ciudadanos, blogueros y propietarios de medios que fueron agredidos, amenazados o que tuvieron que refugiarse y asilarse en otros países tras ser hostigados y perseguidos por su trabajo.
Nos preocupan los mecanismos directos y sutiles –o no tan sutiles como en el caso de Ecuador–, económicos, legales y judiciales utilizados en varios países de nuestra región contra los medios de comunicación, provocando censura previa y autocensura, lo que no solo perjudica a esos medios, sino que deteriora el derecho del público a recibir información.
En nuestra reciente reunión de Cádiz, España, adonde acudimos para celebrar el bicentenario de la primera Constitución española, dedicamos mucho tiempo a defender el trabajo del sistema interamericano de derechos humanos que está siendo vapuleado por varios gobiernos de la región. Desde ahí, exhortamos a todos los gobiernos miembros de la Organización de Estados Americanos a que defiendan el sistema y, en particular, la autonomía y labor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, una entidad que desde su creación en 1998, coadyuvó a vigilar y fortalecer la libertad de expresión de los ciudadanos de cada nación de las tres Américas.
También desde Cádiz hemos hecho votos para que los cambios que persigue el gobierno de Cuba, la única dictadura que sobrevive en nuestro continente, incluyan el respeto por la libertad de expresión de sus ciudadanos, se deje de perseguir a periodistas independientes, blogueros y disidentes, y se permita el acceso sin límites al internet.
Mantenemos nuestra profunda preocupación sobre aquellos países, donde existe más discriminación en materia de otorgamiento de publicidad oficial como en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, y promoveremos que estas prácticas irregulares sean combatidas con leyes que establezcan criterios técnicos y equitativos.
En materia legislativa aplaudimos los esfuerzos de gobiernos como los de El Salvador y México que han despenalizado los delitos de injuria y calumnia; al tiempo que protestamos por los esfuerzos de gobiernos como los de Estados Unidos y Guatemala que buscan imponer mayores restricciones sobre información clasificada.
Lamentamos que no se hayan promulgado leyes de acceso a la información pública en todos los países y que donde existen no se utilicen en forma eficiente. Reconocemos, asimismo, al gobierno de República Dominicana, por impulsar una campaña de educación que incluirá 700 talleres de formación para adiestrar a los ciudadanos sobre cómo usar esta ley a favor de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Lamentamos también que haya gobiernos que traten de aprobar leyes de prensa, con la intención de limitar la capacidad de los medios de comunicación privados y las denuncias del periodismo investigativo, coartando así, uno de los mayores contrapesos con los que cuenta un sistema democrático.
Denostamos que en muchos países, los Estados expropien, creen o compren medios de comunicación a los que usan como órganos partidarios y no como medios públicos.
Por último, este 3 de mayo, espero que se reflexione tres aspectos en todo el hemisferio: Las consecuencias sociales que se derivan del irrespeto a la libertad de prensa y de expresión; la responsabilidad de los periodistas y medios para defender y promover esas libertades; y la necesidad de los gobiernos – como quedaron comprometidos en la reciente Cumbre de las Américas– para extender el alcance del internet y de banda ancha a los sectores más vulnerables de sus países”.
mayo 02, 2012
Viva la Pepa
La libertad que deben tener los medios de comunicación privados para crear una opinión púbica saludable y, por otro lado, la necesidad de que esa prensa debe estar controlada por el gobierno, son las visiones antagónicas que esta semana se debatieron con fervor en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Cádiz, España.
El debate tuvo un marco excepcional, considerando que se celebra el bicentenario de “La Pepa”, la Constitución española creada el día de la festividad de San José el 19 de marzo de 1812, un texto liberal que influyó en las constituciones iberoamericanas, y que incorporó la primera cláusula sobre libertad de expresión, promulgada en 1810. Establecía que todos los españoles tenían la libertad de escribir e imprimir sin necesidad de licencia ni permisos de los gobernantes.
La discusión se enfocó sobre las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia que definen que la información debe ser veraz y que es un servicio público no un derecho. Defensor de estas cláusulas fue el asesor de esos gobiernos, el español Roberto Viciano, quien argumentó que una democracia robusta, necesita de mayores controles sobre la prensa privada.
En oposición, el constitucionalista venezolano, Allan Brewer, cree que las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia no instauraron paraísos terrenales, sino “todo lo contrario”; ya que permiten al gobierno concentrar el poder sin mecanismos efectivos de control ni contrapesos, como el que debe aportar una prensa libre e independiente.
El debate tuvo como contexto las denuncias sobre violaciones a la libertad de prensa que la SIP revisaba en esos días. Muchas de ellas, producto de ese poder exagerado que las constituciones permiten al Estado, que justifican a los gobiernos crear sus propios monopolios de medios públicos, no ofrecer conferencias de prensa sino información a través de actos públicos, confrontar cada crítica o demandar judicialmente contra ellas, castigar a los periodistas independientes, discriminar a los medios con mecanismos de censura económica indirecta y dictar leyes que restringen su accionar como empresas privadas.
Esa visión del estado todopoderoso sobre la prensa privada, la anima el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En un reciente discurso, dijo que “la comunicación es algo tan serio como administrar justicia… imagínense que sean empresas privadas las que administren justicia…Yo creo que uno de los grandes avances civilizatorios de la humanidad será cuando logremos que los negocios privados dedicados a la comunicación sean la excepción y no la regla”.
Bajo ese enfoque, Correa se justificó para que en su país se dictaran varias leyes que restringen a las personas ser dueñas de medios de comunicación, mientras el gobierno posee una veintena de televisoras, radios, periódicos y agencias de noticias, los que no están al servicio de todos los ecuatorianos sino de su propaganda política.
La ley de Comunicación ecuatoriana, a punto de aprobarse, prevé un Consejo de Comunicación, conformado en su mayoría por miembros del Poder Ejecutivo, que podrá censurar los contenidos que el gobierno considere que lesionan la moral pública, que desestabilicen el poder o no se adecuen a la verdad oficial. También se afana en castigar a los medios privados adjudicándoles solo el 33 por ciento de la propiedad, repartiendo el resto en partes iguales entre órganos de prensa gubernamentales y comunitarios.
Si bien todos los monopolios son malos, distinto es cuando se habla de concentración de medios. Juan Luis Cebrián, fundador del diario español El País, aunque considera que los medios tradicionales fueron doblegados por el cambio cultural que trajo el internet, cree que en una economía globalizada, la concentración es la única forma que tendrán los medios para sobrevivir. Lo importante, es que el Estado establezca los mecanismos para que esa consolidación sea lo más diversa y plural posible, y no como en Ecuador, donde solo pasó a manos del gobierno en detrimento de los privados.
Justamente, la importancia del “Viva La Pepa” es que se celebra el momento en que el Estado se impone límites para sí, creando una prensa privada como contrapoder, y garantizando que los ciudadanos disfruten de sus libertades, entre ellas, la de expresarse libremente sin condiciones previas.
El debate tuvo un marco excepcional, considerando que se celebra el bicentenario de “La Pepa”, la Constitución española creada el día de la festividad de San José el 19 de marzo de 1812, un texto liberal que influyó en las constituciones iberoamericanas, y que incorporó la primera cláusula sobre libertad de expresión, promulgada en 1810. Establecía que todos los españoles tenían la libertad de escribir e imprimir sin necesidad de licencia ni permisos de los gobernantes.
La discusión se enfocó sobre las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia que definen que la información debe ser veraz y que es un servicio público no un derecho. Defensor de estas cláusulas fue el asesor de esos gobiernos, el español Roberto Viciano, quien argumentó que una democracia robusta, necesita de mayores controles sobre la prensa privada.
En oposición, el constitucionalista venezolano, Allan Brewer, cree que las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia no instauraron paraísos terrenales, sino “todo lo contrario”; ya que permiten al gobierno concentrar el poder sin mecanismos efectivos de control ni contrapesos, como el que debe aportar una prensa libre e independiente.
El debate tuvo como contexto las denuncias sobre violaciones a la libertad de prensa que la SIP revisaba en esos días. Muchas de ellas, producto de ese poder exagerado que las constituciones permiten al Estado, que justifican a los gobiernos crear sus propios monopolios de medios públicos, no ofrecer conferencias de prensa sino información a través de actos públicos, confrontar cada crítica o demandar judicialmente contra ellas, castigar a los periodistas independientes, discriminar a los medios con mecanismos de censura económica indirecta y dictar leyes que restringen su accionar como empresas privadas.
Esa visión del estado todopoderoso sobre la prensa privada, la anima el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En un reciente discurso, dijo que “la comunicación es algo tan serio como administrar justicia… imagínense que sean empresas privadas las que administren justicia…Yo creo que uno de los grandes avances civilizatorios de la humanidad será cuando logremos que los negocios privados dedicados a la comunicación sean la excepción y no la regla”.
Bajo ese enfoque, Correa se justificó para que en su país se dictaran varias leyes que restringen a las personas ser dueñas de medios de comunicación, mientras el gobierno posee una veintena de televisoras, radios, periódicos y agencias de noticias, los que no están al servicio de todos los ecuatorianos sino de su propaganda política.
La ley de Comunicación ecuatoriana, a punto de aprobarse, prevé un Consejo de Comunicación, conformado en su mayoría por miembros del Poder Ejecutivo, que podrá censurar los contenidos que el gobierno considere que lesionan la moral pública, que desestabilicen el poder o no se adecuen a la verdad oficial. También se afana en castigar a los medios privados adjudicándoles solo el 33 por ciento de la propiedad, repartiendo el resto en partes iguales entre órganos de prensa gubernamentales y comunitarios.
Si bien todos los monopolios son malos, distinto es cuando se habla de concentración de medios. Juan Luis Cebrián, fundador del diario español El País, aunque considera que los medios tradicionales fueron doblegados por el cambio cultural que trajo el internet, cree que en una economía globalizada, la concentración es la única forma que tendrán los medios para sobrevivir. Lo importante, es que el Estado establezca los mecanismos para que esa consolidación sea lo más diversa y plural posible, y no como en Ecuador, donde solo pasó a manos del gobierno en detrimento de los privados.
Justamente, la importancia del “Viva La Pepa” es que se celebra el momento en que el Estado se impone límites para sí, creando una prensa privada como contrapoder, y garantizando que los ciudadanos disfruten de sus libertades, entre ellas, la de expresarse libremente sin condiciones previas.
mayo 01, 2012
Obama y golpe bajo de campaña
Pese a la campaña electoral con miras a su reelección en noviembre, Barack Obama debería comportarse como Presidente de todos los estadounidenses y no solo de sus partidarios Demócratas.
Pese a que las leyes y la Constitución legítimamente lo autorizan a dedicar parte de su estadía en la Casa Blanca, tiene mayores responsabilidades éticas que su posible contrincante, el republicano Mitt Romney, para poder despacharse a su antojo sobre cualquier tema.
En esta ocasión, su estrategas de campaña eligieron el logro del gobierno de Estados Unidos de matar al terrorista Osama Bin Laden, como si fuera un logro propio, desconociendo que el país estuvo por 10 años gastando dineros públicos y estrategias militares para encontrar al responsable del 9/11. Y menos mal que Bin Laden fue asesinado hace un año atrás y no ahora en plena campaña, porque seguramente hubiera sido un tema exhibido como el “mejor trofeo” de caza posible.
Desastrosas fueron las declaraciones del vicepresidente Joe Biden, quien exhibiendo poca prudencia y mucha propaganda, hizo comentarios para endulzar las orejas de los Demócratas pero ofender a todos los estadounidenses complementando logros militares con económicos: “Si está buscando un autoadhesivo para sintetizar la forma en que el presidente Obama manejó lo que heredamos, es muy simple: Osama Bin Laden está muerto y General Motors vive”.
Si Obama logró un buen objetivo común para unir a todos los estadounidenses de uno y otro bando político con la muerte de Bin Laden, lo arruinó con lemas de campaña y propaganda que ensalzan su estatura como Comandante en Jefe, cuya responsabilidad debería estar destinada a servir a todos, no solo a los demócratas.
En materia de seguridad nacional y relaciones exteriores, temas con los que los Republicanos le apuntarán, Obama tiene otros logros de los que podrá disponer en su campaña, sin tener que dar golpes bajos ni meterse en temas escabrosos y tan íntimos para muchos estadounidenses.
Pese a que las leyes y la Constitución legítimamente lo autorizan a dedicar parte de su estadía en la Casa Blanca, tiene mayores responsabilidades éticas que su posible contrincante, el republicano Mitt Romney, para poder despacharse a su antojo sobre cualquier tema.
En esta ocasión, su estrategas de campaña eligieron el logro del gobierno de Estados Unidos de matar al terrorista Osama Bin Laden, como si fuera un logro propio, desconociendo que el país estuvo por 10 años gastando dineros públicos y estrategias militares para encontrar al responsable del 9/11. Y menos mal que Bin Laden fue asesinado hace un año atrás y no ahora en plena campaña, porque seguramente hubiera sido un tema exhibido como el “mejor trofeo” de caza posible.
Desastrosas fueron las declaraciones del vicepresidente Joe Biden, quien exhibiendo poca prudencia y mucha propaganda, hizo comentarios para endulzar las orejas de los Demócratas pero ofender a todos los estadounidenses complementando logros militares con económicos: “Si está buscando un autoadhesivo para sintetizar la forma en que el presidente Obama manejó lo que heredamos, es muy simple: Osama Bin Laden está muerto y General Motors vive”.
Si Obama logró un buen objetivo común para unir a todos los estadounidenses de uno y otro bando político con la muerte de Bin Laden, lo arruinó con lemas de campaña y propaganda que ensalzan su estatura como Comandante en Jefe, cuya responsabilidad debería estar destinada a servir a todos, no solo a los demócratas.
En materia de seguridad nacional y relaciones exteriores, temas con los que los Republicanos le apuntarán, Obama tiene otros logros de los que podrá disponer en su campaña, sin tener que dar golpes bajos ni meterse en temas escabrosos y tan íntimos para muchos estadounidenses.
abril 30, 2012
Chávez anuncia lo esperado
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retomó su liderazgo de ser el crítico más acérrimo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de haber relegado su postura al presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Chávez convocó a un Consejo de Estado para que lo asesore sobre si debería Venezuela renunciar a la CIDH, lo que implícitamente en su pregunta está la respuesta.
La amenaza de Chávez se da después de dos semanas, cuando el informe de la CIDH incluyó a Venezuela junto a Cuba y Honduras en una lista negra de países donde más se violan los derechos humanos con total impunidad.
La reacción de Chávez es totalmente contradictoria con lo que viene pidiendo y predicando a favor de Cuba, a la que quiere ver reintegrada a las cumbres presidenciales que forman parte de la Organización de Estados Americanos, aunque al mismo tiempo no quiere que ni Cuba ni su propio país sean supervisados por la CIDH.
Años atrás, Chávez hizo expulsar de Venezuela al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, así como al director de Americas Watch, Miguel Vivanco. También rechazó las decisiones de la CIDH que condenaban a su país por violaciones a los derechos humanos de periodistas y opositores a su régimen.
En realidad, este nuevo paso para renunciar a la CIDH no es más que una política coherente con la posición anti derechos humanos que viene asumiendo desde hace años.
Chávez convocó a un Consejo de Estado para que lo asesore sobre si debería Venezuela renunciar a la CIDH, lo que implícitamente en su pregunta está la respuesta.
La amenaza de Chávez se da después de dos semanas, cuando el informe de la CIDH incluyó a Venezuela junto a Cuba y Honduras en una lista negra de países donde más se violan los derechos humanos con total impunidad.
La reacción de Chávez es totalmente contradictoria con lo que viene pidiendo y predicando a favor de Cuba, a la que quiere ver reintegrada a las cumbres presidenciales que forman parte de la Organización de Estados Americanos, aunque al mismo tiempo no quiere que ni Cuba ni su propio país sean supervisados por la CIDH.
Años atrás, Chávez hizo expulsar de Venezuela al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, así como al director de Americas Watch, Miguel Vivanco. También rechazó las decisiones de la CIDH que condenaban a su país por violaciones a los derechos humanos de periodistas y opositores a su régimen.
En realidad, este nuevo paso para renunciar a la CIDH no es más que una política coherente con la posición anti derechos humanos que viene asumiendo desde hace años.
abril 24, 2012
abril 23, 2012
Conclusiones de libertad de prensa, Cádiz, España
Los principales problemas que vive hoy la prensa americana se concentran en los crímenes contra periodistas por el solo hecho de ejercer su profesión y en gobiernos de origen democrático, pero autoritario, que utilizan los medios del Estado para perseguir y difamar a la prensa independiente.
En Brasil, tres periodistas fueron asesinados en casos en los que hay evidencias de que fueron producidos por desempeñar su trabajo, y la morosidad de la justicia estimula la impunidad, en tanto que en Haití un periodista radial murió por el mismo motivo.
Pero sin dudas Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica: numerosos medios del Estado realizan una campaña sistemática contra el periodismo independiente, la publicidad oficial es utilizada para premiar amigos y castigar medios no afines, la prensa es acusada de desestabilizadora y golpista por los máximos responsables de la administración nacional y los mandatarios están ensañados en sus discursos públicos con aquellos que levantan voces críticas identificando y descalificando por su nombre a los propios periodistas.
Los problemas de regulaciones y acceso a la información son recurrentes:
En Argentina, el gobierno se niega sancionar dos leyes que darían transparencia: una sobre acceso a la información pública y otra para regular la publicidad oficial, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema que establece su disposición razonable.
En Bolivia, el presidente Evo Morales amenaza permanentemente con regular la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación mientras las agresiones se repiten sin ser esclarecidas.
En Ecuador, Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y, por lo tanto, debe ser administrada por el Estado, con lo que busca justificar la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales. Tras el perdón de Correa a la condena a directivos de El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza. Establece discriminación contra medios privados y forma, en su mayoría por miembros del Poder Ejecutivo, un Consejo de Comunicación para aplicar la norma.
En Venezuela, además de los agravios permanentes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz para censurar a los medios, ya sea con inmensas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario como restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas. El gobierno, como el ecuatoriano y el argentino, mantiene una inmensa red de medios gubernamentales financiada con fondos públicos.
En Guatemala, una reforma de la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando los alcances de lo que puede amenazar la seguridad nacional.
En Nicaragua y Argentina, el gobierno mantiene un férreo control sobre gran cantidad de medios gubernamentales mientras castiga a los medios críticos con la pauta oficial.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo amenaza con enviar una ley de prensa al Congreso en represalia porque considera que muchos medios defienden intereses particulares en vez de dedicarse al “apostolado” de la información.
En Colombia, se intentan imponer restricciones legales a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, como diversas publicidades y propaganda electoral.
A su vez, la SIP solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y exhortó a los gobiernos miembros de esta organización a que no accedan a la solicitud de Ecuador de restringir la actividad de monitoreo y defensa de la libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al impedirle que busque fondos por fuera de la OEA, comparta su presupuesto con otras relatorías y no le permita hacer su informe país por país.
Siguen verificándose agresiones y situaciones de impunidad hacia medios y hombres de prensa. A los crímenes de Brasil y Haití se le suman los escasos esfuerzos del gobierno de Honduras por resolver los 20 asesinatos contra periodistas de los últimos dos años, sin haberles dedicado recursos para esclarecerlos.
En Cuba, antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI aumentaron las agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como las restricciones a la telefonía móvil e internet. En 2012 hubo un promedio de 600 detenciones por mes, y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo un férreo control sobre internet.
En México, las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por el crimen organizado y por funcionarios corruptos, es el peor obstáculo para la prensa.
A su vez, las demandas judiciales contra aquellos que difunden información contraria a los intereses del gobierno mantienen vigencia en Panamá y Paraguay.
En Brasil, tres periodistas fueron asesinados en casos en los que hay evidencias de que fueron producidos por desempeñar su trabajo, y la morosidad de la justicia estimula la impunidad, en tanto que en Haití un periodista radial murió por el mismo motivo.
Pero sin dudas Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica: numerosos medios del Estado realizan una campaña sistemática contra el periodismo independiente, la publicidad oficial es utilizada para premiar amigos y castigar medios no afines, la prensa es acusada de desestabilizadora y golpista por los máximos responsables de la administración nacional y los mandatarios están ensañados en sus discursos públicos con aquellos que levantan voces críticas identificando y descalificando por su nombre a los propios periodistas.
Los problemas de regulaciones y acceso a la información son recurrentes:
En Argentina, el gobierno se niega sancionar dos leyes que darían transparencia: una sobre acceso a la información pública y otra para regular la publicidad oficial, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema que establece su disposición razonable.
En Bolivia, el presidente Evo Morales amenaza permanentemente con regular la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación mientras las agresiones se repiten sin ser esclarecidas.
En Ecuador, Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y, por lo tanto, debe ser administrada por el Estado, con lo que busca justificar la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales. Tras el perdón de Correa a la condena a directivos de El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza. Establece discriminación contra medios privados y forma, en su mayoría por miembros del Poder Ejecutivo, un Consejo de Comunicación para aplicar la norma.
En Venezuela, además de los agravios permanentes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz para censurar a los medios, ya sea con inmensas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario como restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas. El gobierno, como el ecuatoriano y el argentino, mantiene una inmensa red de medios gubernamentales financiada con fondos públicos.
En Guatemala, una reforma de la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando los alcances de lo que puede amenazar la seguridad nacional.
En Nicaragua y Argentina, el gobierno mantiene un férreo control sobre gran cantidad de medios gubernamentales mientras castiga a los medios críticos con la pauta oficial.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo amenaza con enviar una ley de prensa al Congreso en represalia porque considera que muchos medios defienden intereses particulares en vez de dedicarse al “apostolado” de la información.
En Colombia, se intentan imponer restricciones legales a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, como diversas publicidades y propaganda electoral.
A su vez, la SIP solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y exhortó a los gobiernos miembros de esta organización a que no accedan a la solicitud de Ecuador de restringir la actividad de monitoreo y defensa de la libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al impedirle que busque fondos por fuera de la OEA, comparta su presupuesto con otras relatorías y no le permita hacer su informe país por país.
Siguen verificándose agresiones y situaciones de impunidad hacia medios y hombres de prensa. A los crímenes de Brasil y Haití se le suman los escasos esfuerzos del gobierno de Honduras por resolver los 20 asesinatos contra periodistas de los últimos dos años, sin haberles dedicado recursos para esclarecerlos.
En Cuba, antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI aumentaron las agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como las restricciones a la telefonía móvil e internet. En 2012 hubo un promedio de 600 detenciones por mes, y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo un férreo control sobre internet.
En México, las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por el crimen organizado y por funcionarios corruptos, es el peor obstáculo para la prensa.
A su vez, las demandas judiciales contra aquellos que difunden información contraria a los intereses del gobierno mantienen vigencia en Panamá y Paraguay.
Libertad de prensa en las Américas
Este es un resumen de los principales problemas de libertad de prensa en el continente que estamos discutiendo en Cádiz, España, durante la reunión de medio año de la SIP
Argentina
El ataque del gobierno nacional tiene varios frentes: Una ley que nacionalizó la producción de papel para periódicos, otra sobre antiterrorismo que condiciona los contenidos editoriales, y una política de descalificación continua de periodistas independientes y una campaña permanente y costosa de propaganda política.
El gobierno se niega a sancionar dos leyes que aportarían a la transparencia y el buen gobierno: una sobre acceso a la información pública y otra sobre distribución de publicidad oficial como ordenó, en este caso, la Corte Suprema de Justicia.
Bolivia
La constante animadversión del presidente Evo Morales contra la prensa a la que acusa de desestabilizadora; no condice con su promesa de que no reformará la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación, asunto con el que amaga periódicamente.
En los últimos meses se produjeron 46 casos de agresiones verbales y físicas contra periodistas ninguna de las cuales fue investigado ni esclarecido.
Brasil
En noviembre la presidenta Dilma Rousseff promulgó la Ley de Acceso a Información Pública, que se aplica a los poderes públicos del Estado, tanto a nivel nacional, estatal y municipal.
Tres periodistas fueron asesinados en casos con evidencias que fueron producidos por razón de su profesión. También se registraron 30 casos de violencia y atentados contra periodistas y medios.
Canadá
Proyectos de ley para combatir las violaciones al derecho de autor y combatir la pornografía infantil en el internet, corren el riesgo de transformarse en herramientas de censura digital.
Un proyecto de ley en Quebec busca crear el título de “periodista profesional”.
Caribbean
Violentos allanamientos contra dos medios importantes de Trinidad & Tobago son parte de actitudes oficiales del gobierno ante denuncias sobre irregularidades en la administración pública.
En Surinam una ley de amnistía aprobada en abril, dejará en la impunidad la masacre de cinco periodistas ocurrida en 1982.
Chile
Dos atentados contra medios de comunicación y agresiones contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones públicas, generaron pedidos de protección especial a las autoridades.
Un proyecto que tipifica penal y civilmente el delito de odio racial y religioso pudiera aplicarse coercitivamente a los medios de comunicación y periodistas.
Colombia
Varias reformas legales intentan imponer restricciones a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, propaganda electoral, publicidad de edictos y judiciales, y publicidad sobre bebidas alcohólicas y espectáculos públicos.
Se ha incrementado el número de acciones judiciales por responsabilidad civil y penal contra medios y periodistas, y aunque en su mayoría no hay condenas, los procesos son usados para generar autocensura.
Costa Rica
Continúan encarpetadas en el Congreso dos proyectos de ley que afectarían la libertad de prensa; uno sobre Libertad de Expresión y de Prensa, redactado en 2008 y otro que busca expandir el derecho de réplica a las opiniones vertidas en los medios.
Cuba
Antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI, se incrementó el número de agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como restricciones a telefonía móvil e internet.
En 2012 se han registrado un promedio de 600 detenciones por mes; y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo férreo control del internet.
El Salvador
En diciembre entró en vigencia la despenalización de los delitos de difamación, estableciéndose sanciones civiles en días multa y criterios sobre cómo los jueces deben administrar esas sanciones.
Ecuador
Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y por lo tanto su administración debe estar en manos públicas no privadas. De ahí su justificación para la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales.
Pese a que la atención estuvo centrada en el perdón de Correa a la condena contra El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza a futuro. Establece discriminación contra medios privados y un Consejo de Comunicación para aplicar la norma, integrado en su mayoría por el Poder Ejecutivo.
Estados Unidos
El gobierno ha clasificado más documentos que otros gobiernos anteriores, un total de 77 millones en 2011, 40 por ciento más que en el año previo. Mientras el Departamento de Justicia está requiriendo de Twitter que el suministre contenido de varias cuentas por las que los usuarios han filtrado información confidencial.
Varios medios están pidiendo al Poder Judicial acceso a los procesos judiciales a detenidos en Guantánamo involucrados en tareas de terrorismo contra fuerzas estadounidenses, por considerar que se trata de casos de conocimiento público.
Guatemala
Una propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando las características sobre lo que puede amenazar la seguridad nacional.
La violencia contra periodistas y medios de comunicación mantuvo su tendencia de registrarse cada vez más en el interior del país, debido al crimen organizado y funcionarios corruptos.
Haití
Las relaciones entre el presidente Michel Martelly y la prensa son cada vez más tensas y complicadas; además de los agravios en actos públicos contra periodistas que denuncian hechos de corrupción, se denunció que en casa presidencial se están orquestando planes para controlar a los medios de comunicación.
Honduras
Pese a sus promesas para resolver unos 20 asesinatos contra periodistas en los últimos dos años, el Gobierno nacional ha hecho muy pocos esfuerzos para dedicar los recursos técnicos, científicos, económicos y legales para el esclarecimiento de esos casos.
El presidente Porfirio Lobo amenazó varias veces en que enviará una propuesta de ley de prensa al Congreso, en represalia por considerar que muchos medios defienden intereses particulares y en lugar de dedicarse al “apostolado” de la información.
México
Las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por funcionarios corruptos y por el crimen organizado, es el peor escollo para la prensa.
No obstante una reforma constitucional para federalizar los crímenes contra periodistas, busca mitigar la violencia y la impunidad.
En noviembre se aprobó la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injurias.
Nicaragua
El gobierno mantiene férreo control de la información a través de un gran conglomerado de medios gubernamentales; mientras tanto castiga a los medios independientes, en especial medios pequeños, discriminándolos con el otorgamiento de pauta publicitaria oficial.
Panamá
Funcionarios de gobierno presentaron varias demandas contra periodistas y medios por publicar información sobre actos de corrupción, mientras continúa la hostilidad del presidente Ricardo Martinelli, quien acusa a gran parte de la prensa de solo dar malas noticias y prestarse para chantajear a presidentes y ministros.
Paraguay.
Las querellas por difamación, que conllevan multas y castigos penales contra medios y periodistas, siguen siendo un método eficaz para tratar de censurar a la prensa.
Varios periodistas que trabajan en zona de frontera con Brasil reciben protección especial ante amenazas de muerte que provienen de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y contrabando.
Puerto Rico
Desde el Senado se ha desatado una campaña contra periodistas y directivos del diario El Nuevo Día, a raíz de denuncias sobre contratos irregulares de carácter privado entre senadores y el gobierno.
República Dominicana
Se atribuye a la campaña electoral presidencial de mayo próximo, un incremento de ataques contra periodistas, así como mayor agresividad del gobierno para restringir discursos sobre corrupción de medios.
El gobierno está lanzando una campaña de educación para que los ciudadanos usen mejor la ley de acceso a la información.
Uruguay
El presidente José Mujica insiste en que los medios siguen empeñados en dar malas noticias, lo que en períodos anteriores derivó en que funcionarios de gobierno pidieran la imposición de controles y leyes para la prensa.
Venezuela
Además de los agravios constantes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz como excusa para seguir censurando a los medios ya sea con cuantiosas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario, o restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas sobre agua contaminada o de fotografías sobre hechos de violencia.
El gobierno mantiene una red de medios gubernamentales – no públicos – con 500 estaciones de radios, seis canales de televisión, tres diarios financiados con fundos públicos y agencias de noticias. Esta red obtiene la publicidad oficial que se le niega o retacea a medios independientes.
Argentina
El ataque del gobierno nacional tiene varios frentes: Una ley que nacionalizó la producción de papel para periódicos, otra sobre antiterrorismo que condiciona los contenidos editoriales, y una política de descalificación continua de periodistas independientes y una campaña permanente y costosa de propaganda política.
El gobierno se niega a sancionar dos leyes que aportarían a la transparencia y el buen gobierno: una sobre acceso a la información pública y otra sobre distribución de publicidad oficial como ordenó, en este caso, la Corte Suprema de Justicia.
Bolivia
La constante animadversión del presidente Evo Morales contra la prensa a la que acusa de desestabilizadora; no condice con su promesa de que no reformará la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación, asunto con el que amaga periódicamente.
En los últimos meses se produjeron 46 casos de agresiones verbales y físicas contra periodistas ninguna de las cuales fue investigado ni esclarecido.
Brasil
En noviembre la presidenta Dilma Rousseff promulgó la Ley de Acceso a Información Pública, que se aplica a los poderes públicos del Estado, tanto a nivel nacional, estatal y municipal.
Tres periodistas fueron asesinados en casos con evidencias que fueron producidos por razón de su profesión. También se registraron 30 casos de violencia y atentados contra periodistas y medios.
Canadá
Proyectos de ley para combatir las violaciones al derecho de autor y combatir la pornografía infantil en el internet, corren el riesgo de transformarse en herramientas de censura digital.
Un proyecto de ley en Quebec busca crear el título de “periodista profesional”.
Caribbean
Violentos allanamientos contra dos medios importantes de Trinidad & Tobago son parte de actitudes oficiales del gobierno ante denuncias sobre irregularidades en la administración pública.
En Surinam una ley de amnistía aprobada en abril, dejará en la impunidad la masacre de cinco periodistas ocurrida en 1982.
Chile
Dos atentados contra medios de comunicación y agresiones contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones públicas, generaron pedidos de protección especial a las autoridades.
Un proyecto que tipifica penal y civilmente el delito de odio racial y religioso pudiera aplicarse coercitivamente a los medios de comunicación y periodistas.
Colombia
Varias reformas legales intentan imponer restricciones a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, propaganda electoral, publicidad de edictos y judiciales, y publicidad sobre bebidas alcohólicas y espectáculos públicos.
Se ha incrementado el número de acciones judiciales por responsabilidad civil y penal contra medios y periodistas, y aunque en su mayoría no hay condenas, los procesos son usados para generar autocensura.
Costa Rica
Continúan encarpetadas en el Congreso dos proyectos de ley que afectarían la libertad de prensa; uno sobre Libertad de Expresión y de Prensa, redactado en 2008 y otro que busca expandir el derecho de réplica a las opiniones vertidas en los medios.
Cuba
Antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI, se incrementó el número de agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como restricciones a telefonía móvil e internet.
En 2012 se han registrado un promedio de 600 detenciones por mes; y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo férreo control del internet.
El Salvador
En diciembre entró en vigencia la despenalización de los delitos de difamación, estableciéndose sanciones civiles en días multa y criterios sobre cómo los jueces deben administrar esas sanciones.
Ecuador
Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y por lo tanto su administración debe estar en manos públicas no privadas. De ahí su justificación para la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales.
Pese a que la atención estuvo centrada en el perdón de Correa a la condena contra El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza a futuro. Establece discriminación contra medios privados y un Consejo de Comunicación para aplicar la norma, integrado en su mayoría por el Poder Ejecutivo.
Estados Unidos
El gobierno ha clasificado más documentos que otros gobiernos anteriores, un total de 77 millones en 2011, 40 por ciento más que en el año previo. Mientras el Departamento de Justicia está requiriendo de Twitter que el suministre contenido de varias cuentas por las que los usuarios han filtrado información confidencial.
Varios medios están pidiendo al Poder Judicial acceso a los procesos judiciales a detenidos en Guantánamo involucrados en tareas de terrorismo contra fuerzas estadounidenses, por considerar que se trata de casos de conocimiento público.
Guatemala
Una propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando las características sobre lo que puede amenazar la seguridad nacional.
La violencia contra periodistas y medios de comunicación mantuvo su tendencia de registrarse cada vez más en el interior del país, debido al crimen organizado y funcionarios corruptos.
Haití
Las relaciones entre el presidente Michel Martelly y la prensa son cada vez más tensas y complicadas; además de los agravios en actos públicos contra periodistas que denuncian hechos de corrupción, se denunció que en casa presidencial se están orquestando planes para controlar a los medios de comunicación.
Honduras
Pese a sus promesas para resolver unos 20 asesinatos contra periodistas en los últimos dos años, el Gobierno nacional ha hecho muy pocos esfuerzos para dedicar los recursos técnicos, científicos, económicos y legales para el esclarecimiento de esos casos.
El presidente Porfirio Lobo amenazó varias veces en que enviará una propuesta de ley de prensa al Congreso, en represalia por considerar que muchos medios defienden intereses particulares y en lugar de dedicarse al “apostolado” de la información.
México
Las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por funcionarios corruptos y por el crimen organizado, es el peor escollo para la prensa.
No obstante una reforma constitucional para federalizar los crímenes contra periodistas, busca mitigar la violencia y la impunidad.
En noviembre se aprobó la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injurias.
Nicaragua
El gobierno mantiene férreo control de la información a través de un gran conglomerado de medios gubernamentales; mientras tanto castiga a los medios independientes, en especial medios pequeños, discriminándolos con el otorgamiento de pauta publicitaria oficial.
Panamá
Funcionarios de gobierno presentaron varias demandas contra periodistas y medios por publicar información sobre actos de corrupción, mientras continúa la hostilidad del presidente Ricardo Martinelli, quien acusa a gran parte de la prensa de solo dar malas noticias y prestarse para chantajear a presidentes y ministros.
Paraguay.
Las querellas por difamación, que conllevan multas y castigos penales contra medios y periodistas, siguen siendo un método eficaz para tratar de censurar a la prensa.
Varios periodistas que trabajan en zona de frontera con Brasil reciben protección especial ante amenazas de muerte que provienen de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y contrabando.
Puerto Rico
Desde el Senado se ha desatado una campaña contra periodistas y directivos del diario El Nuevo Día, a raíz de denuncias sobre contratos irregulares de carácter privado entre senadores y el gobierno.
República Dominicana
Se atribuye a la campaña electoral presidencial de mayo próximo, un incremento de ataques contra periodistas, así como mayor agresividad del gobierno para restringir discursos sobre corrupción de medios.
El gobierno está lanzando una campaña de educación para que los ciudadanos usen mejor la ley de acceso a la información.
Uruguay
El presidente José Mujica insiste en que los medios siguen empeñados en dar malas noticias, lo que en períodos anteriores derivó en que funcionarios de gobierno pidieran la imposición de controles y leyes para la prensa.
Venezuela
Además de los agravios constantes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz como excusa para seguir censurando a los medios ya sea con cuantiosas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario, o restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas sobre agua contaminada o de fotografías sobre hechos de violencia.
El gobierno mantiene una red de medios gubernamentales – no públicos – con 500 estaciones de radios, seis canales de televisión, tres diarios financiados con fundos públicos y agencias de noticias. Esta red obtiene la publicidad oficial que se le niega o retacea a medios independientes.
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