El informe de Human Rights Watch dado a conocer ayer en El Cairo, Egipto, es lapidario en cuanto a la falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela. En su reporte sobre el estado de situación del Estado petrolero, se acusa al gobierno de Hugo Chávez de varios atropellos a los derechos humanos, los que se potencian por la falta de un Poder Judicial independiente subyugado al poder político y por el constante ataque en contra de la libertad de prensa.
HRW denuncia el grave incremento de la inseguridad pública y la ineficiencia del Estado para combatirla. Justamente ayer en este post criticábamos los anuncios del Ministerio del Interior endilgándole la responsabilidad de este aumento de la violencia a los medios de comunicación, bajo el mismo argumento de siempre, de echarle la culpa de todo al mensajero.
Como el gobierno en este rubro interno no tiene cómo echarle la culpa a su enemigo externo, el imperialismo estadounidense, arremete contra el enemigo interno, la prensa, ambos convertidos en los agentes de exorcismo preferido del chavismo.
En este sentido, conviene recordar que tanto la Constitución, como las leyes de comunicación promulgadas por Chávez apuntan a ello – Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del año 2004 – así como las varias leyes que aprobó en diciembre de 2010 bajo la Ley Habilitante o cheque en blanco que el Congreso le dio por 18 meses para legislar a su gusto y placer.
Ese diciembre de 2010 – y en línea con las reformas que anunció el Ministro del Interior El Aissami esta semana – Chávez reformó la Ley de Responsabilidad Social para regular los contenidos en internet y crear mayores limitaciones a los medios electrónicos, imponiendo sanciones a quienes hagan “apología del delito”, que fomenten “zozobra en la ciudadanía” o incentiven a “desconocer a las autoridades legítimamente constituidas”.
Sin dudas, para el régimen, la culpa de la violencia en el país apunta a los mensajeros.