La captura de Nicolás
Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos desató reacciones y
análisis de todo tipo, atravesados por lecturas políticas, ideológicas y
emocionales.
Prefiero detenerme en otra lectura, la de un cóctel peligroso. La de una opinión pública crecientemente seducida por liderazgos fuertes y, al mismo tiempo, atravesada por una fatiga democrática que ya no disimula.
Ese cruce entre el
aplauso a los resultados firmes y el desencanto con la democracia, como
muestran encuestas desde distintos ángulos, revela un patrón claro. Cuando
pesan la inseguridad, la falta de bienestar económico, la corrupción
persistente y la sensación de estancamiento, el atractivo se desplaza hacia
figuras que prometen orden y decisión. A veces es el carisma, pero casi siempre
es el desgaste acumulado de partidos, instituciones y reglas que estos líderes
saben explotar para exhibir fuerza. De ahí la popularidad de dirigentes
dispuestos a tensar o saltar controles democráticos como Donald Trump, Javier
Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa o José
Antonio Kast, ante una ciudadanía que parece decir “no me importan los
procesos, quiero resultados”.
Tensar o cruzar límites democráticos para alcanzar objetivos no es una novedad. En América Latina, esta licencia que el pueblo concede en un primer momento a líderes mesiánicos suele inscribirse en un movimiento pendular conocido. Hasta hace poco, la mano fuerte tuvo otros nombres, como Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Evo Morales. Debilitaron de manera sistemática los controles institucionales y justificaron sus avances en nombre de la voluntad popular y de una supuesta eficacia política. Con el agravante y pecado histórico de haberse apoyado política, económica y estratégicamente en la dictadura de Hugo Chávez y de Maduro, e ideológicamente en una de las dictaduras más longevas y represivas del continente, la de los hermanos Castro y Miguel Díaz-Canel.
La historia confirma
que conceder estas licencias a gobernantes de mano dura es una apuesta
riesgosa. El caso de la dictadura de Daniel
Ortega y Rosario Murillo lo
demuestra con crudeza. La anuencia inicial suele derivar en el avasallamiento
de las instituciones, la colonización de los poderes públicos, la persecución
de la prensa y la oposición, o en reformas electorales diseñadas para
perpetuarse en el poder o para que sirvan de cosmética democrática. No es
casual que hoy las cárceles latinoamericanas estén pobladas de expresidentes
que pasaron del mesianismo al abuso de poder.
Reclamar respuestas
firmes y rápidas es comprensible. Aceptarlas a costa de la democracia, en
cambio, ha demostrado ser una trampa. Tarde o temprano, el efecto búmeran
vuelve contra quienes creyeron que la mano dura era un atajo.
