Venezuela se
retiró esta semana del sistema interamericano de derechos humanos. El
presidente Nicolás Maduro excusó el retiro acusando a la Corte y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser mafias injerencistas e
instrumentos del “imperio”, para perseguir a “los gobiernos progresistas de la
región”.
La excusa no es más que una
vieja argucia del régimen, que disimula una creciente y sofisticada tendencia
de varios gobiernos latinoamericanos por politizar los derechos humanos y así
evadir sus responsabilidades de Estado. La decisión deja desamparados a los ciudadanos sin posibilidad de acudir a instancias
internacionales con la esperanza de encontrar la justicia que se le niega en
sus países. Un duro golpe para los venezolanos, si se considera que solo el 3%
de las violaciones a los derechos humanos llegan a juicio en su país.
Esa politización incluye violencia
y demandas judiciales contra activistas de los derechos humanos, restricciones
a sus fuentes de financiación y un permanente ataque al sistema interamericano,
desconociéndose sus fallos y decisiones. En el fondo, es una conveniencia de
los gobiernos que así se blindan ante las críticas y denuncias y no permiten la
supervisión de los derechos humanos en sus territorios.
De esa forma,
el gobierno venezolano evita cumplir con 16 fallos condenatorias pendientes de
la Corte interamericana y pagar unos 10 mil millones de dólares en
indemnizaciones a casi 300 víctimas. Pero la decisión, aunque parezca
económica, es política.
Deviene de aquella
retórica propagandística del ex presidente Hugo Chávez que calificaba de mafia,
golpista y fascista a quienquiera que se opusiera a su voluntad. Sin embargo,
pese a la dialéctica, Venezuela, por ser parte de la OEA, no puede
excusarse de todas sus responsabilidades. De ejemplo valen EE.UU. y Canadá, que
aunque no están bajo jurisdicción de la Corte al no haber ratificado la
Convención Americana, igualmente fueron responsables ante informes de fondo que
denunciaban violaciones en casos de migración, violencia doméstica, pena de
muerte y por la cárcel de Guatánamo.
Maduro, así como otros
presidentes progresistas como Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, suelen
engañar con una retórica que busca desnaturalizar el sistema interamericano, definido
como el “último intento de defensa para los habitantes que han sufrido
violación de sus derechos humanos por parte de un Estado”. A menudo amenazan con
renunciar a la Convención, a la OEA, ignoran los fallos y proponen reformas que
buscan quitar independencia a la Comisión y hasta crear tribunales
supranacionales en otros organismos más amigables, como UNASUR y el ALBA.
En ese
ejercicio propagandístico, politizan todas las causas de violaciones en sus
países para poder oponerse a ellas. Y cuando hablan de derechos humanos solo
respaldan aquellas causas en el exterior contra dictaduras militares o de
derecha como las de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero se hacen los
distraídos por reclamos en sus propios países o los que ocurren en tiranías de
izquierda como la cubana.
Al politizar
las denuncias en su contra y establecerse como víctimas, desvían la atención sobre
denuncias y fallos de la CIDH que son parejas para todos los países, sin
distinción de ideologías. En años recientes, Brasil, Colombia y México fueron
los países que más condenas recibieron debido a la violencia consumada por la
fuerza pública y grupos paraestatales; pero también fue donde mayor cantidad de
denuncias se registraron debido a una mejor cultura sobre la protección de los
derechos humanos.
El sistema
interamericano de protección de los derechos humanos está lejos de ser perfecto;
es lento, burocrático y necesita mayor eficiencia y más apoyo material por
parte de los estados. Además, la Convención Americana debería ser ratificada por
los 35 miembros de la OEA, y no solo estarlo por 25.
Pese
a sus limitaciones y detractores, se debe reconocer que el sistema ha
contribuido a crear una mejor cultura a favor de los derechos de indígenas,
mujeres, niños, presos políticos, migrantes y en contra de la discriminación y
el racismo, luchas todas que han enriquecido a América Latina y que no deberían
ser mezquinamente politizadas.
