¿Boicot a Univisión? Ya es demasiado

El viraje que dio el asunto de Univisión ya se ha tornado un despropósito. Un tema de ética periodística se convirtió en un problema de libertad de prensa, cuando los candidatos republicanos Rick Perry, Mitt Romney y John Huntsman anunciaron hoy que boicotearán a la cadena en respaldo al senador Marco Rubio.
Podrá discutirse si hubo fallas en la ética periodística de parte de la cadena, al reportar que un cuñado del actual senador fue apresado por un caso de narcotráfico cuando Rubio tenía 16 años. El periodista Gerardo Reyes quien realizó la nota dada a conocer en julio pasado, defendió muy bien los motivos de investigar un hecho ocurrido en 1987. Sus argumentos sobre que es necesario que los electores conozcan detalles de la vida familiar de un senador cuando era adolescente, que podrían inclinar la balanza sobre sus decisiones políticas en materia de narcotráfico, no son descabellados, aunque discutibles.
También existe lugar para discutir si es verdad o no que el jefe del equipo de investigadores de Univisión, Isaac Lee, le ofreció al senador bajar los decibeles de esa nota a cambio de que comparezca en un programa de Jorge Ramos para ser entrevistado sobre temas migratorios. Rubio y su equipo dicen una cosa en contra de Lee, y el periodista dice que no es verdad.
Puede que las decisiones periodísticas sean cuestionables desde el punto de vista ético, pero Univisión ni el equipo investigativo han cometido ilícito alguno como para merecer que estos tres candidatos republicanos para las primarias presidenciales pidan o quieran boicotear a Univisión no participando de un debate el próximo 29 de enero de 2012.
Ayer, también los políticos republicanos hispanos de la Florida, el diputado estatal David Rivera, el diputado líder de la Cámara estatal Carlos Lopez-Cantera, y el presidente del Partido Republicano en Miami-Dade, Erick Fresen, pidieron también un boicot contra Univisión en una carta enviada al Comité Nacional Republicano, además de que se sugirió que Univisión no solo se retracte, sino que despida a Lee.
Es probable que otros políticos aprovecharán la situación para sumarse a Rubio. Pero tendrá que tenerse en cuenta que toda crítica contra un medio o contra un periodista no es mala y debe ser bienvenida. Pero de la misma forma se tiene que tener en cuenta que incitar a un boicot o a que un periodista se lo despida por supuestas fallas éticas, ya huele a agresión contra la libertad de prensa y a intromisión en la libertad de empresa.

Las marchas contra la avaricia

Se están multiplicando por varias ciudades las marchas contra la avaricia de los banqueros y Wall Street, en protesta por la debacle que estos dos grupos han provocado a la economía y lo poco que han cambiado en su proceder para evitar la recesión económica. Entre las medidas que reclaman, está la de acompañar al presidente Barack Obama en su replanteo por el cobro mayor de impuestos a los ricos, lo que fue respaldado por el multimillonario Warren Buffet.

Es probable que las marchas se intensifiquen en las próximas semanas a medida que la policía trate de evitar aquellas manifestaciones ilegales o que estropean los derechos de otros ciudadanos a circular libremente. Sin embargo, no creo que estas manifestaciones puedan hacer mella como la de los indignados en España – más justificadas por la soberbia debacle económica de la península – o la de los países árabes, porque va en contra del sentido común y la naturaleza misma de este país, construido sobre la base del liderazgo de empresarios, emprendedores, banqueros, políticos y trabajadores.

Es obvio que la avaricia existe y existió. Produjo incluso que quienes fueran rescatados con paquetes de estímulo de Obama cayeran de inmediato en las mismas prácticas y que las grandes compañías crediticias no estimularan la economía. Pero lo que hay que preguntarse es si el gobierno ha hecho bien su trabajo para imponer auditorías y los controles necesarios para que nos se vuelvan a cometer esos abusos.

Pareciera que las marchas de ahora tienen un tinte político que favorecen a Obama y parecen estar destinadas a mantenerse como parte de una campaña que le favorecerá para las próximas elecciones. Pero muchas de esas marchas tendrían mayor impacto si también se hicieran frente a la Casa Blanca y frente al Congreso, sin distinción de ideologías.

La imagen de Colombia es mejor, pero…

Desde hace una década, Colombia está mejorando su imagen como un país más seguro lo que ha redundado en beneficios políticos y económicos, atrayendo inversores que antes el narcotráfico y el narcoterrorismo repelían.
Sin embargo, un nuevo trabajo de Human Rights Watch muestra que varias de las buenas cosas en materia de seguridad pudieran ser solo apariencias, en especial sobre la violencia impune contra sindicalistas, lo que no ha mejorado ni un ápice como trata de mostrar el presidente Juan Manuel Santos y su colega Barack Obama, quienes empujan al Congreso estadounidense para que se apruebe el tratado de libre comercio entre ambos países.
Desde que inició su Presidencia, Santos ha desafiado a EEUU a firmar el tratado de lo contrario tendrá que aliarse con otros países nada amigos, como ya lo ha hecho con Venezuela, por ejemplo.
Según HRW, la impunidad es galopante. De 195 asesinatos de líderes sindicales ocurridos entre enero de 2007 y mayo de 2001, solo hubo seis condenas; estableciendo que en nueve de cada diez casos siquiera fueron identificados los acusados. Aún peor, es que siendo el país que lidera las estadísticas en asesinato de sindicalistas, 38 de ellos han sido asesinados desde que Santos asumió la presidencia en agosto de 2010, de un total de 2.886 asesinados desde 1986.
Aunque Obama y Santos lo quieran, es muy fácil que el Congreso estadounidense desista por el momento del tratado de libre comercio, ya que las evidencias de que no hay progreso definitivo son concluyentes.
El gobierno de Colombia, más allá de la buena imagen y retórica, tendrá que hacer mucho más para detener la masacre de sindicalistas, especialmente cuando muchos de los casos están relacionados al involucramiento de fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, políticos y terratenientes.

Univisión contra el senador Marco Rubio

Si las denuncias que publica hoy El Nuevo Herald y The Miami Herald son verdad, la credibilidad de la poderosa cadena hispana Univisión quedaría en entredicho, además que el caso que enfrenta a la televisora con el popular senador republicano por la Florida, Marco Rubio, servirá de estudio para organizaciones dedicadas analizar y monitorear temas de ética periodística.

El conflicto a resolver trata de las acusaciones del equipo de Rubio – conservador perteneciente al Tea Party que se opone a una amnistía radical para inmigrantes indocumentados – de que la televisora lo habría presionado para participar en un programa del periodista Jorge Ramos para hablar sobre inmigración, a cambio de retirar de su programación una investigación periodística en la que se da cuenta de los problemas con la ley que tuvo un cuñado de Rubio, por cuestiones de tráfico de estupefacientes.

El director del nuevo equipo periodístico de Univisión, Isaac Lee, desmintió que haya presionado al equipo de Rubio en esas circunstancias y de esa manera, pero los reproches escritos por Rubio neutralizan estas apreciaciones. Por otro lado, el problema es que la pesquisa periodística de Univisión no es por caso reciente, sino por algo que ocurrió muchos años atrás entre la hermana del senador y su esposo, cuando Rubio tenía apenas 16 años.

En este caso, revolver la historia contra un político por cosas que le pasaron en su juventud, ni siquiera en forma directa, parece ser el consenso de que es al menos traída de los cabellos y sin mérito por convertirse en historia periodística. En curiosidad, tal vez sí; pero en periodismo duro, del que se debería suplir un equipo de investigación… huele a otra cosa.

Justamente de ese olor habrá que ver en los próximos días como Univisión trata de disiparlo, porque seguramente tendrá sus buenos motivos.

Propaganda K millonaria apunta a las elecciones

Impresionantes son los dineros del público que usa el gobierno de Cristina de Kirchner para hacer funcionar una de sus armas más preciadas: La propaganda.

Según denuncias realizadas por la diputada nacional Silvana Giudici de la Unión Cívica Radical y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el gobierno kirchnerista utiliza más de 4.000 millones de pesos (equivalente a mil millones de dólares) para solventar todo su aparto propagandístico, cada vez más aceitado, y en la recta final para las elecciones presidenciales de este próximo mes.

Los sectores de la oposición, de acuerdo al diario Perfil, están acusando al gobierno de utilizar la polémica Ley de medios para “crear y financiar una red de canales, radios y programas oficiales y beneficiar a grupos periodísticos privados ‘amigos’ del discurso del oficialismo”.

Según la diputada, los dineros públicos utilizados por el aparto gubernamental, que sobrepasan los 4.000 millones de pesos anuales, son distribuidos de la siguiente forma: 1.000 millones para imponer el discurso político en los medios públicos, repartidos entre el INCAA y la producción de contenidos, en Canal 7, Télam y Radio Nacional. 1200 millones para financiar el Fútbol para Todos; una suma menor para desarrollar la Televisión Digital Terrestre (TDT) y 1.500 millones para publicidad oficial en medios amigos.

Cuba: ¿Y los gobiernos donde están?

Con la escalada de la represión en contra de la disidencia cubana, uno se pregunta ¿dónde estará la solidaridad de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las instituciones defensoras de los derechos humanos de la región que no dicen absolutamente nada?

Se supone que el principio de derechos humanos es un principio universal por el que nadie debería temer de levantar su voz ante las injusticias y atropellos del pueblo cubano.

Los gobiernos latinoamericanos siguen solidarizándose con el régimen de los hermanos Castro y cantando loas sobre la incorporación de Cuba a la OEA. Qué lamentable que midan al gobierno y al pueblo cubano con distinta vara.

Esta es una de las vergüenzas mayores que tendrá que soportar América Latina cuando en el futuro se revea su historia.

Facebook y la ONU

No es coincidencia que esta semana, mientras en la asamblea general de Naciones Unidas varios líderes resaltaban el involucramiento de las redes sociales en experiencias positivas como la “Primavera Árabe”; Facebook y Google+, presentaban nuevas posibilidades técnicas para seguir enriqueciendo la intercomunicación entre sus usuarios y, por ende, la potencialidad de sus experiencias democratizadoras.

Los anuncios aparentan ser solo cambios cosméticos, si uno se limita a observar la nueva re categorización de amigos y la capacidad de reproducir música en Facebook o el lanzamiento abierto de Google+, con su propiedad para trasmitir videollamadas múltiples; pero, son mucho más profundos. Estas nuevas herramientas mejoran las relaciones y prácticas entre los usuarios, lo que sumado a la expansión continua de servicios, está convirtiendo a las redes sociales en los medios informativos y de trasmisión de conocimiento predilectos.

Sorprende no solo el incremento vertiginoso de sus audiencias como los 750 millones de usuarios de Facebook, los más de 200 de Twitter, la expansión continua de LinkedIn y Tumblr o los más de 30 millones que alcanzó la red social brasileña Orkut, sino que el segmento de adultos mayores de 60 años, hasta hace poco considerados analfabetos digitales, es el de más crecimiento.

Una encuesta del Proyecto Pew de Internet reveló que en Estados Unidos un 65% de los adultos usan redes sociales como Facebook o LinkedIn, un 61% más que en 2010. Esta tendencia se va replicando en otros países, no solo bajo la condición de que mejore la conexión de banda ancha para internet, sino también por el mayor desarrollo de la telefonía móvil, desde donde se está accediendo cada vez más a las redes sociales, como ocurre en América Latina.

Otros estudios de la empresa Nielsen y la fundación Knight, dados a conocer este mes, coinciden en que los usuarios de redes sociales son más activos en dar opiniones políticas, discutir, informarse y en reconocer la importancia de valores y causas democráticas que se promueven.

Estos argumentos, sumados a las experiencias vividas durante la “Primavera Árabe”, fundamentan los motivos de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, que en forma conjunta lanzaron este martes desde Nueva York, la Alianza de Gobierno Abierto. Se trata de una iniciativa basada en herramientas de acceso por internet para los ciudadanos, que permitirá combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.

Ambos gobiernos lanzarán portales especiales con ese fin, pero antes tendrán que revisar sus políticas de transparencia. Brasil debería aprobar la ley de acceso a la información que duerme en el Congreso y la administración pública estadounidense mejorar su performance de rendición de cuentas. Esta semana, incluso, ambos gobiernos impusieron trabas para evitar que grupos de jóvenes, convocados a través de Twitter, protestaran libremente en Brasilia contra la corrupción de los políticos y en Nueva York, contra la avaricia de los banqueros de Wall Street.

Los usuarios de internet y redes sociales serán útiles para impulsar esta iniciativa en la que ya se han comprometido 46 países. Sin embargo, a medida que avance su importancia, mayores serán los desafíos, por lo que se necesitarán blindajes especiales contra aquellos gobiernos que quieran imponer la censura y hostiguen a los usuarios. China y Rusia, por ejemplo, con un largo historial de restricciones a internautas y blogueros, impulsaron esta semana en la ONU una resolución que crearía un “código de conducta” para la gobernanza del internet, una excusa con la intención de “legalizar” la censura. En Ecuador, la futura Ley de Comunicación incluiría posibilidades similares, que también existen en Venezuela y que se acaban de aprobar en el estado mexicano de Veracruz, donde también dos ciudadanos fueron asesinados en represalia por denunciar en Twitter a los narcotraficantes.

De todos modos y pese a que los cambios en nuestra cuentas de redes sociales pueden causar incomodidad, lo importante es que cuando Facebook, LinkedIn, Twitter o Google+ perfeccionan sus sistemas, crean nuevas posibilidades para expandir nuestros mundos y para que los gobiernos se sientan más fiscalizados y obligados a ser transparentes y democráticos.

La presión de las marchas

Sebastián Piñera y Evo Morales saben cuan eficientes son las manifestaciones públicas para seguir elucubrando sus políticas. Hoy, en los extremos de la filosofía política, están experimentando al unísono lo peligroso que resulta enfrentarse a los reclamos sociales que se manifiestan a través de marchas públicas de protesta.

Morales tuvo que cancelar su proyecto de un camino que atravesaría el país por zonas indígenas ante el reclamo masivo de sus pares y por haber permitido que la policía se ensañe contra los manifestantes. Piñera no tiene otra que sentarse a negociar con los estudiantes, después de que estos paralizaron el país en varias oportunidades en reclamo por una educación más pública, mejor y gratis, lo que ya desencadenó en varias renuncias y remociones de ministros.

Ambos presidentes tienen su popularidad por el piso y si no pegan un viraje de timón oportuno, nada podrá reivindicarles sus altos porcentajes de otrora.

En política la popularidad es así. Una medida mal tomada, como el gasolinazo de diciembre pasado en Bolivia, o el acertado rescate de los mineros de Chile en setiembre pasado, modifican de inmediato los estados de ánimo de las poblaciones. Las marchas o los reclamos de mayorías no siempre son acertados y tienen motivaciones políticas, por lo que a veces actúan con la misma demagogia que la que utilizan los políticos.

El vicio de la empleomanía demagógica

Un editorial de La Nación de Buenos Aires fue lapidario en su crítica contra el Estado argentino en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) ya que el empleo público creció un 49% - 5,1% anual – como producto de la demagogia gubernamental que reparte puestos de trabajo a granel después de cada elección.
En los últimos ocho años, el contingente de burócratas creció de 2,15 a 3,2 millones de personas. De esa forma, la Argentina clientelista superó con creces a países como Brasil con 11% de burócratas estatales, Chile con 14% y Uruguay, con 16%. El gobierno peronista K es responsable de esta demagogia.
El país está en una burbuja económica que difícilmente se desinfle para estas elecciones presidenciales de octubre que Cristina Kirchner ya tiene ganadas. Las materias primas han impulsado al país, pero eso dinero distribuido con clientelismo terminará por erosionar a un gobierno que sustenta sus votos con dádivas y puestos de trabajo públicos.
La deuda pública sube y pronto podría ser muy tarde para revertir la situación. La gente vota con el bolsillo, pero pronto si no mejoran los sistemas de seguridad, educación y salud, el dinero no alcanzará y el círculo vicioso continuará. La herencia de este gobierno no será buena.
El clientelismo, hay que reconocerlo, no solo pertenece al peronismo y al gobierno nacional. Avanza a pasos agigantados en las provincias y municipios con gobiernos de todos los colores. Dar un puesto por un voto o exigirlo por un voto es parte de la cultura argentina, un tema del que no solo debe responsabilizarse a los políticos sino también a gran parte de la población.
Cambiar esta cultura costará generaciones. Y el problema es que todavía no se observa ningún punto de inflexión o un disparador que contrarreste esta cultura.
Lamentable.

Siguen los asesinatos contra periodistas

Este es evidentemente el año más trágico para los periodistas de la última década. Ya fueron asesinados 28 periodistas. El crimen reportado este fin de semana en Nuevo Laredo fue macabro. El cartel de los Zetas, con total saña e impunidad, secuestró, mató y desmembró a la periodista María Elizabeth Macías Castro, de 39 años, jefa de Redacción del diario Primera Hora de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por la nota encontrada donde yacía su cuerpo cerca de un monumento a Cristóbal Colón en una plaza de Nuevo Laredo, junto a un teclado, un mouse y un mensaje de los Zetas, habría sido asesinada por reportar en Twitter sobre las actividades de los narcotraficantes bajo el seudónimo La Nena de Laredo.

La Sociedad Interamericana de Prensa de inmediato reaccionó contra el presidente Felipe Calderón que hace un año, en setiembre de 2010, prometió a la institución crear un sistema eficiente para defender a los periodistas, basado sobre la agenda pública de la SIP que incluye una reforma de política públicas tendiente a federalizar los crímenes contra periodistas, aumentar las penas para los responsables, que esos delitos no prescriban y a crear un sistema de protección para los comunicadores.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP expresó su frustración al recordar “el incumplimiento de las promesas del presidente Felipe Calderón, quien justo hace un año nos aseguró en una reunión que tuvimos con él que redoblaría esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsaría una reforma para que los crímenes contra periodistas fueran tratados como delito federal”.
“Es totalmente inaceptable”, remarcó Marroquín, presidente del diario Siglo 21 de Guatemala, que “el gobierno no tenga la voluntad política necesaria para implementar las reformas”, y agregó que “la falta de acción y garantías ha generado una evidente cultura de autocensura que está carcomiendo a la actividad periodística y el derecho del público a ser informado”.
Además de Marroquín, en el comunicado oficial de la SIP, el presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, repudió “este nuevo asesinato de un periodista”, añadiendo que “aunque no tengamos certeza de los móviles en cada uno de los crímenes, no podemos dejar de denunciar y exigir acciones inmediatas de las autoridades para esclarecerlos, sobre todo cuando este año ya han sido asesinados nueve comunicadores y otro está desaparecido”.
Ealy Ortiz, presidente del diario El Universal de México, también reprochó al Congreso mexicano por su “lentitud y desidia” para aprobar un proyecto de ley para que se federalicen los crímenes contra la libertad de expresión, en referencia a la discusión entre legisladores para aprobar la iniciativa que se dio hace pocas semanas. “La violencia y los crímenes contra periodistas – dijo- no es tema que haya surgido en el 2011, venimos hace años observando cómo los delincuentes siguen ganando terreno y aplican la violencia para ajustar sus cuentas, mientras tanto, se sigue en México sin tomar decisiones ejemplares.”

En noviembre de 2010, en el marco de la asamblea general de la SIP en Mérida, legisladores mexicanos de la Comisión Especial para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados prometieron trabajar en materia de federalización, agravamiento de penas y no prescripción. Sin embargo, hasta ahora no hubo avances en ese sentido.
La SIP también hizo observaciones sobre estos temas a la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, durante su Conferencia Hemisférica Universitaria realizada a fines de agosto en Puebla, México, criticando la falta de acciones concretas para esclarecer una centena de crímenes ocurridos en las dos últimas décadas.
Además de Macías, también han sido asesinados en el 2011 Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, de Ciudad de México; Humberto Millán Salazar, de Sinaloa; Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Angel López Velasco y Noel López Olguín, de Veracruz; Luis Emmanuel Ruiz Carrillo y Rodolfo Ochoa Moreno, de Coahuila; y sigue desaparecido Marco Antonio López, de Guerrero.

Benedicto XVI y la renovación de la Iglesia

El Papa habló en Alemania de la necesidad de cambio en la Iglesia Católica, que se renueve, de despojarse de su riqueza terrenal y de su poder político, y concentrarse en su liderazgo espiritual, tratando de detener el descenso de la práctica religiosa.

La tarea es inmensa y necesaria, en especial por la ola de delitos que cometieron los propios pastores, tanto en materia de crímenes sexuales contra niños y jóvenes, y por encubrimiento de esos delitos.

Aunque haya estudios que demuestren lo contrario, estoy más convencido que nunca que el celibato es uno de los males de la Iglesia, así como que no se permita a las mujeres abrazar el sacramento del sacerdocio. Se trata de una doble discriminación que necesita ser modificada. La Iglesia Católica pierde al no tener en un seno a quienes desean abrazar el sentido humano de una familia y dedicarse a Dios. Pierde también porque muchos eligen otras denominaciones religiosas donde esas dos vocaciones complementarias son permitidas.

Correa mal parado en Nueva York

La visita esta tarde del presidente Rafael Correa a Columbia University fue un fiasco si se la observa desde el punto de vista de la libertad de prensa y de expresión y un éxito rotundo si se la mira desde el punto de vista de la propaganda. En todo caso, como bien denunció ayer la SIP, en una carta enviada a la Universidad, su charla sirve para visualizar el carácter contradictorio de Correa sobre lo que sostiene en materia de libertad de prensa y las acciones que adopta en su contra.

Correa, a quien pocas horas antes el alcalde de Union City de New Jersey lo declaró persona non-grata, participó de la conferencia sobre medios de comunicación y democracia, con la misma arrogancia de siempre, la que el telepromter, para leer en un pálido inglés, no disimuló. Especialmente cuando en la sesión de preguntas se ofuscó y llamó mentiroso a Carlos Lauría, el coordinador de la región de Las Américas del Comité de Protección de Periodistas, quien acaba de llegar de Ecuador con un lapidario informe en contra del gobierno por su persecución judicial y administrativa contra periodistas y medios de comunicación.

Correa durante la conferencia estuvo a sus anchas y con la misma cantaleta aburrida de siempre. Habló de la falta de ética histórica de la prensa especialmente ante gobiernos progresistas como el de Salvador Allende en Chile o el de Evo Morales en Bolivia; sobre la necesidad de terminar con la prensa privada y oportunista; sobre sus influencias como actora política de todos los procesos históricos de la región y en su país; y, básicamente, le echó la culpa a la prensa de todos los males. Para ello puso mucho énfasis en la necesidad de sancionar la Ley de Comunicación, resaltando que con los nuevos porcentajes de propiedad (un tercio para cada parte, privada, pública y comunitaria) los males de la prensa corrupta se acabarán en el Ecuador.

Respecto al juicio contra los hermanos Pérez, dueños de El Universo y contra Emilio Palacio, repasó hasta tratados internacionales de los que leyó párrafos en que se explica que “toda persona” (y puso mucho énfasis en ello) tiene el derecho a que se respete su honra. Obviamente olvidó que él es una figura pública y que como Presidente no tiene los mismos derechos que “toda persona”, sino más bien obligaciones.

Lo que más me disgustó es que no hubo realmente contrapesos de la audiencia, solo el incidente con Lauría y una pregunta sabia de un estudiante graduado en que le hizo ver que no podía separarse la libertad de informar de la de opinar como él remarcó. Por lo demás, recibió muchos aplausos de estudiantes y académicos que estimo se generaron por varias razones: por respeto a su investidura, por desconocer la realidad del Ecuador o por la pobre formación académica que hace que se justifiquen los dichos y atropellos de Correa contra una prensa que considera deshonesta e indigna.

Justamente esto último es lo que más me perturba, ya que a los estudiantes se les inculca sobre los valores teóricos de la Primera Enmienda, pero no saben distinguir cuando en la práctica esos principios son arrollados.

En fin, lo de Correa, como siempre, fue pura propaganda.

Democracia como la gente

Una lucha decidida contra la inseguridad ciudadana y la corrupción debe ser el norte de los políticos latinoamericanos si de verdad quieren una democracia fuerte, como la que merecen y quieren vivir sus pueblos.

Varios líderes y ex presidentes, sin embargo, como lo plantearon esta semana en Lima en el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, prefieren seguir con su vieja cantaleta de crear mecanismos de monitoreo para observar fallas o interrupciones institucionales, cuando las prioridades de los ciudadanos simplemente pasan por poder caminar y despertarse tranquilos, sin miedo a los atracos y los robos, y que los corruptos terminen en la cárcel.

La Carta, creada en 2001, ya demostró que no es muy útil en los momentos más difíciles. No solo por no servir para sortear golpes como el de Honduras o el autogolpe de diciembre pasado en Venezuela cuando el presidente Hugo Chávez fue habilitado para gobernar por decreto por 18 meses de espaldas al Congreso, sino porque tampoco exige a los gobiernos resolver la inseguridad y la corrupción – dos palabras que no se mencionan en el texto – y que están en franco aumento en la región.

Así lo confirman los índices de percepción de calidad de vida que se manejan en las Américas. Según datos de la Organización de Estados Americanos, en 2010 se cometieron dos tercios de los secuestros del planeta, y más de 130 mil asesinatos, una de las tasas de homicidios más elevada del mundo. En El Salvador fue de 61 por cada cien mil habitantes y en Venezuela 48. Además, mediciones del Banco Interamericano de Desarrollo señalan a los argentinos, bolivianos y peruanos como los que se sienten más expuestos a ser asaltados.

También la región es una de las más corruptas del mundo, como lo indica el último informe de Amnistía Internacional, que sitúa a Venezuela en el puesto 164 de 178 países, índice en el que también se destacan Paraguay y Haití en el lugar 146; Honduras, 134; Nicaragua y El Salvador, 127 y Argentina, en el 105.

Por el contrario, en aquellos países con niveles menores de inseguridad ciudadana y corrupción, como EE.UU., Canadá, Chile, Costa Rica y Uruguay, es donde hay una mejor percepción y asociación entre el desarrollo democrático y una mejor calidad de vida.

Varias cosas sucedieron esta semana que prueban que una nueva Carta Democrática, como propuso el presidente de Perú, Ollanta Humala, no puede desatender el pedido de los ciudadanos. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo acaba de destituir a seis funcionarios, entre ellos al ministro de Seguridad y al Canciller, porque “no hemos logrado los resultados esperados” en el combate a la delincuencia. Mientras que en Guatemala, en las elecciones del domingo pasado, ganaron los candidatos que prometieron “mano dura” contra el crimen y la delincuencia, Otto Pérez y Manuel Baldizón, quienes tendrán que verse de nuevo las caras en segunda vuelta.

Hace unos días, el informe 2011 sobre Competitividad Global del Foro Económico Mundial, otorgó la peor nota a Guatemala, ubicándola en el último puesto de 142 naciones, por los costos asociados para la democracia que tienen el crimen y la corrupción, aspectos que han aumentado la desconfianza de la gente en los políticos y la policía.

Queda claro en América Latina que los países más corruptos e inseguros tienen las peores democracias. La falta de seguridad no solo afecta la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino también es una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático y al estado de derecho, como dijo Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

En cambio, si la seguridad pública conlleva la obligación del Estado de proveer los mecanismos de fuerza para prevenir y reprimir delitos, para que los ciudadanos sin distinciones, puedan vivir en armonía; y si el castigo a la corrupción abre las puertas a un gobierno transparente y a una sociedad más justa y equitativa, es fácil advertir que son estos los dos aspectos que deben primar en la redacción de un nuevo documento como intentará pronto la OEA, para que la democracia sea “como la gente”.

Desenmascarando a Rafael Correa

La ratificación ayer de una condena contra los dueños del diario El Universo de Guayaquil, Carlos, César y Nicolás Pérez, y del ex editor de las páginas de Opinión, a tres años de cárcel y a pagar 40 millones de dólares por una demanda sobre injurias, desenmascara de una vez por todas a Rafael Correa como el presidente más intolerante de América Latina en materia de libertad de expresión.

Digo que desenmascara porque Correa cada vez que sale al exterior siempre trata de dar una imagen de demócrata y de tolerante de las libertades individuales, como tratará de hacerlo este próximo viernes en la Universidad de Columbia de Nueva York, donde fue invitado a dar una conferencia de dos horas sobre democracia y medios de comunicación. Y aunque ni siquiera tendrá vergüenza para tocar el tema, todos los presentes seguramente estarán enterados de todos los desmanes contra la libertad de expresión que ha cometido durante su gobierno.

Esta vez no creo que pase imperceptible la condena contra los periodistas y su falta de respeto a la libertad de prensa, ya que con claridad, viene tergiversando sus dichos y manipulando a la justicia. Anoche, en un mensaje público a los periodistas de El Universo, Correa dijo que él dejaría la demanda de lado o perdonaría a los demandados bajo tres condiciones que suenan realmente estrafalarias: que los periodistas reconozcan que son mentirosos; que no fueron éticos y que los titulares de mañana (por hoy) no cuestionen los argumentos de los jueces en la ratificación de la condena. Obviamente sus peticiones no fueron escuchadas.

Si hay algo de positivo en esta desprolijidad en contra de la libertad de prensa y de la libertad a criticar, es que ya todo el mundo puede estar dándose cuenta del carácter y personalidad intolerantes de Correa. Ya quedó totalmente desenmascarado.

Habrá que esperar ahora qué harán los directivos de El Universo. Además de una medida de casación ante el Supremo Tribunal de Justicia, y antes de llegar oficialmente a los organismos internacionales, seguramente pedirán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Justicia ecuatoriana subyugada a Correa

La ratificación de la sentencia de hoy contra los directivos de El Universo de Guayaquil y del ex director de sus páginas de Opinión, Emilio Palacio, por tres años de cárcel y 40 millones de dólares en indemnización a favor del demandante, el presidente Rafael Correa, habla muy a las claras de que la justicia ecuatoriana está subyugada al poder político.
Este no es el único proceso judicial de Correa contra periodistas y medios; pero es el más significativo. Desenmascara la fórmula de censura que aplica para silenciar a quienes disienten u opinan diferente.
Esta burda forma de gobernar por apriete, no tiene otra intención que generar miedo, es decir es la mejor manera de crear autocensura entre los periodistas y medios de comunicación. El mensaje es claro, “si opinas en contra de mí, te destruiré legalmente con una sarta de juicios de los que jamás te podrás resarcir”.
Aunque el entrecomillado es mío (pensando en voz alta sobre cuáles serían los argumentos de Correa) no está lejos de la realidad, por cuanto Correa despotrica con este estilo en sus espacios sabatinos, cuando secuestra los micrófonos y abusando de su poder, arremete contra medios independientes, políticos, opositores o toda aquella persona que piense diferente.
Hoy la SIP dijo algo muy cierto: “Las figuras públicas deben estar más expuestas a las críticas y quienes ejercen ese derecho a criticar deben tener las garantías de blindaje constitucional y legal para hacerlo. La imposición de la pena de cárcel y la indemnización millonaria, demuestran a las claras que estamos ante un fallo burlón, desproporcionado que busca censurar o, al menos, imponer la autocensura a todos los periodistas y medios independientes”.
De ésto, sobre libertad de Prensa y democracia, Correa no entiende una pepa.

Chávez con buena nota por las Canaimas

Una de las mejores cosas que ha hecho el presidente Hugo Chávez por los venezolanos es tratar de que su país se asemeje a Uruguay, el único país latinoamericano con un programa educativo excelente en el que cada estudiante de escuela primaria ha recibido una computadora personal.

El programa de repartir a cada alumno venezolano con una máquina llamada Canaimas – por ahora importada desde Portugal pero pronto de fabricación nacional - ayudará sobremanera al sistema educativo y a los niños sin distinción de clases con un acceso igualitario a la educación.

Hasta ahora el gobierno, que empezó con este programa en 2009, lleva repartidos casi un millón de computadoras. Lo que se espera es que pronto pueda contribuir a que haya más acceso a internet de banda ancha en todos los municipios del país, y no se beneficie solo a aquellas escuelas que dependen de la nación y municipios y estados que están gobernados por alcaldes y gobernadores chavistas o alineados al oficialismo nacional.

Más allá de la discriminación que sí existe, sería importante que Chávez también deje de lado los decretos que dictó en diciembre pasado que gobiernan el internet, que más allá de administrarlos a través de los proveedores, los puede utilizar como herramienta para censurarlos.

Una computadora por chico es una excelente iniciativa que debe ser emulada, pero con banda ancha, sin discriminación ni cortapisas podría ser un ejemplo para otros países del mundo.

Correa no entiende sobre libertad de prensa

El gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa entiende poco o casi nada sobre libertad de prensa y de expresión. Presume que lo hace, cuando con sobrada arrogancia quiere sentar a los periodistas, medios de comunicación y agencias internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, a una mesa para dialogar sobre libertad de prensa, en su entendimiento de que es un derecho que se puede negociar.
Correa poco entiende sobre libertad de prensa a juzgar por las severas críticas que tira contra los medios en sus programas sabatinos y por las demandas y juicios que ha entablado contra numerosos periodistas y medios de comunicación, toda vez que argumenta que la crítica y las opiniones en su contra son la misma moneda que utilizan otros políticos u opositores.
Ahora que la organización de origen francés, Reporteros Sin Fronteras, le envió una dura carta por su demanda en contra de Emilio Palacio y tres dueños del diario El Universo – con una primera sentencia que obliga a los afectados a indemnizarlo con 42 millones de dólares y los condena a tres años de prisión - el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, invitó a todos los actores, nacionales e internacionales, a un debate para que puedan “tener una visión más amplia de la realidad que se vive en el país y que no solamente se reduce a la visión de cuatro familias propietarias de medios”.
Tanto a Alvarado como a Correa no les interesa discutir sobre el papel que tienen los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Acudir a este tipo de encuentros propuesto por el gobierno, es no reconocer que la libertad de expresión y de opinión es un derecho humano fundamental.

Chávez vs. la Corte IDH

El presidente Hugo Chávez no puede con su genio, siempre trata de desairar a todo el mundo especialmente cuando se trata de instituciones internacionales que no comulgan con su forma de gobernar.

Esta vez el turno – y ya en forma repetida – le tocó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana falló a favor del político Leopoldo López quien había sido inhabilitado para ejercer la política o aspirar a cargos electivos, debido a una resolución del Contralor General de Venezuela, que bajo las órdenes de Chávez, lo inhabilitó por un término de 6 años bajo sospechas de corrupción. Exactamente lo que le sucedió a decenas de políticos de oposición que justamente antes de las elecciones fueron empujados fuera de la política sin juicio ni proceso judicial de ninguna naturaleza, solo con la idea de sacarlos de la contienda.

Como era obvio, Chávez arremetió este sábado en contra de la CIDH con el argumento de siempre de que esa institución interamericana se presta a la voluntad del imperialismo; claro que distinto hubiera sido su parecer si la Corte hubiera dictaminado a favor del Estado venezolano.

Chávez insiste que la UNASUR o los países del Alba tengan su propia Corte de Derechos Humanos. Todos pudieran imaginarse para qué lado se inclinarían siempre sus fallos.

Venezuela ya ha desconocido varios fallos de la Corte y numerosas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y por esas violaciones a tratados internacionales y compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, debería aplicársele al país lo que establece la Carta Democrática Interamericana, suspendiendo a Venezuela por violar el Pacto de San José de Costa Rica.

Estamos perdiendo la batalla

Los periodistas en América Latina estamos perdiendo la batalla en materia de seguridad y protección. Los asesinatos se multiplican y la impunidad se profundiza. Esta semana fueron acribillados otros dos periodistas, uno en Perú y otro en Brasil, mientras en Colombia otro caso de asesinato de periodista asesinado hace 20 años prescribió y ocho más están por correr la misma suerte antes de que termine el 2011.

Los organismos intergubernamentales como la ONU, la UNESCO y la OEA, así como los gobiernos declaman mucho pero hacen poco. Saben del problema, lo diagnostican, proyectan soluciones, pero no tienen la determinación ni la voluntad política para hacer reformas de políticas públicas, administrar justicia o crear programas de protección.

En la última década 177 periodistas han sido víctimas en las Américas debido a su trabajo. En estos días ocurrieron dos nuevos casos, el de Pedro Flores Silva, en Perú y el de Medardo Flores en Honduras, el segundo y quinto periodistas asesinados en cada país este año, con una escalofriante estadística de 25 caídos en toda Latinoamérica.

En un foro celebrado esta semana en la sede de la UNESCO en París, la Sociedad Interamericana de Prensa despotricó contra los sistemas gubernamentales, Estableció que el clima de desprotección generalizada en muchos de nuestros países - demostrado por los índices elevados de inseguridad ciudadana, la inestabilidad política que ha creado situaciones de polarización y el discurso político anti prensa - es caldo de cultivo para la violencia contra los periodistas.

En muchos casos, los periodistas son rechazados o se les niega información; son agredidos por las turbas o por otros periodistas al servicio de medios gubernamentales; perseguidos o detenidos por lo que dicen u opinan; sus equipos de trabajo son decomisados; enjuiciados torpemente como en el caso de Ecuador por un Presidente que exige hasta 80 millones de dólares en indemnización; callados a través de jueces obedientes al poder político de turno o los medios son cerrados, como sucede en Venezuela, con casos por todos conocidos. Y la lista podría ser mayor si no habláramos solo de periodistas y sí del público en general que busca expresarse sin censura a través del internet y las redes sociales.

Para las organizaciones intergubernamentales el desafío es grande y deben hacer algo en forma urgente. Deben lograr que cada gobierno se responsabilice y que haga las reformas de políticas públicas necesarias, ya sea mediante reformas a la Constitución, al Código Penal o cree nuevas leyes que sirvan para crear programas de seguridad, de protección de testigos, de creación de fiscalías y de jurisdicciones especiales para atender casos de violencia contra la prensa y la libertad de expresión en general.

En México, justamente ayer, un grupo de diputados federales renovó sus intenciones para que los crímenes contra periodistas se federalicen, promesas que el propio presidente felipe Calderón y sus antecesores, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, prometieron, aunque infructuosamente, a la SIP.

En las Américas, el contrasentido es que las únicas leyes que están apareciendo rápidamente y con fuerza, son las que regulan a la prensa, las que en muchos casos tienen la intención de controlar a los medios y coartar su capacidad de fiscalización.

A esta iniciativa, la SIP viene sumando otras que forman parte de una larga que se estableció hace casi dos décadas y que contempla lo siguiente: Que los delitos cometidos contra periodistas, en especial los asesinatos, no prescriban; que tengan agravantes; que haya jurisdicciones especiales para su procesamiento; que los organismos multilaterales de ayuda, condicionen el apoyo económico y financiero a aquellos países donde no se respete la vida de los periodistas u otras manifestaciones graves de ataques a medios y periodistas; y que se reformen y adecúen los planes de estudio universitarios para capacitar a los futuros comunicadores en temas de protección, seguridad y responsabilidades.

Lamentablemente, hubo pocos avances en todos estos temas. Y la SIP volvió a recordarlos en su Declaración de Puebla, redactada y firmada por 22 universidades de 13 países a los que se convocó a la “ciudad de la cultura” y ahora en la UNESCO, indicando que ya es hora de que los gobiernos dejen de lado los diagnósticos y pasen a los hechos.

Ahora se necesitan los instrumentos adecuados para que cada gobierno se comprometa y responsabilice; y que se empiece con cambios específicos, ya que cuando se prometen reformas generales, terminan por diluirse.

Democracia “como la gente”

RICARDO TROTTI: Democracia “como la gente” - Opinión - ElNuevoHerald.com