El lúgubre récord de periodistas asesinados continuó expandiéndose durante el último semestre en América Latina, donde el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente en casi todo el continente, particularmente en Argentina y Ecuador.
Las acciones violentas del crimen organizado se cobraron las vidas de cinco periodistas (tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras). Otro reportero mexicano permanece desaparecido. En México, la nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo, las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar estos crímenes no se han cumplido y continúan sin ser consideradas por el Congreso. Tanto en ese país como en Honduras, grupos de medios de comunicación suscribieron acuerdos para dar un tratamiento especial a las noticias sobre el narcotráfico. Pero la mancha del crimen organizado (tanto de las bandas de narcos, como de grupos guerrilleros y paramilitares) se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y los de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas contra periodistas levantan el riesgo de que la autocensura se imponga.
En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio promovidas por los presidentes contra medios y periodistas.
Las agresiones verbales y físicas contra periodistas, así como las amenazas, ocurren también en Honduras, República Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Guatemala.
Por otra parte, sentencias o decisiones judiciales, así como leyes o proyectos de ley, tienen al menos la potencialidad de afectar de distinto modo a la libertad de expresión en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, Jamaica, Bolivia, Brasil, Uruguay y Canadá.
La distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
El acceso a la información pública continúa siendo más una promesa que una realidad efectiva. En algunos países, hay proyectos de ley en la materia que permanecen encajonados en los Congresos, mientras que en otros, las leyes ya fueron aprobadas pero se cumplen de un modo muy insuficiente a raíz de la cultura del secreto que se mantiene en la Administración Pública.
La construcción de redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
En Venezuela, al clima de hostilidad contra la prensa que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez (con medios clausurados, periodistas exiliados, censura judicial y disidentes encarcelados), se sumaron leyes que extienden a Internet las restricciones informativas que ya existían sobre la radio y la televisión abierta.
La liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación. Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, las acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes. En Cuba, los ciudadanos comunes están impedidos de conectarse a Internet. El régimen considera que redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube son enemigos.
O caso de Argentina merece especial destaque. Un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios “amigos” con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores afines al gobierno, incumpliendo órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa.
Ecuador también merece especial destaque. El gobierno del presidente Rafael Correa apretó el acelerador en su carrera de cuatro años contra el periodismo independiente o crítico. El presidente presentó dos demandas millonarias contra periodistas y un diario, a quienes reclama indemnizaciones de 80 millones de dólares, con el evidente propósito de acallar a las voces críticas. La Policía ecuatoriana irrumpió a su vez en la sede de una revista, incautando computadores y otras informaciones periodísticas sensibles. El panorama ya muy problematizado de Ecuador puede agravarse de modo inusitado si el próximo 7 de mayo el presidente Correa consigue hacer aprobar en un referéndum normas para crear un consejo estatal destinado a regular y controlar los contenidos de la prensa.
Como ha dicho el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, “las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales (...) son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad (...), para avanzar en sus esfuerzos por tener únicamente medios con voces afines y disponer, entonces, del monopolio de la información”.
abril 09, 2011
abril 08, 2011
Libertad de prensa: país por país
Este es el resumen de los temas más importantes que se discutieron país por país en esta reunión de la SIP, en San Diego, California.
Argentina
Dentro de una campaña de hostigamiento promovido y tolerado por el gobierno, continuó el acoso contra los medios. Un incidente grave fue el bloqueo a la distribución de diarios el 27 de marzo, con la cual se limitó la circulación de La Nación, y Clarín y Olé no pudieron ser distribuidos.
Un fallo de la Corte Suprema mandó al gobierno a no discriminar a los medios mediante el otorgamiento de pauta oficial; mientras en el Congreso sigue estancado un proyecto de ley de acceso a la información pública.
Bolivia
A pesar de las críticas de las organizaciones periodísticas, fue sancionada la Ley de Lucha Contra el Racismo, lo que restringe a los medios en su contenido, obliga a publicar información en forma gratuita y sanciona con cinco años de cárcel y suspensión de licencias a los medios infractores.
Continua la discriminación contra los medios en el otorgamiento de publicidad oficial y un proyecto de ley sobre acceso a la información pública sigue estancado en el Congreso.
Brasil
El nuevo gobierno de Dilma Rousseff arrancó con un compromiso de respeto a la libertad de prensa. Sin embargo, el Congreso empezará a tratar varias leyes preocupantes como la de regular los contenidos e medios y reincorporar la exigencia de diploma universitario en periodismo para ejercer la profesión.
El atentado contra un bloguero que milagrosamente salvó su vida, forma parte de la violencia en contra de los periodistas que denuncian el crimen organizado y actividades del narcotráfico.
Canadá
Dos fallos judiciales restringen la labor periodística en las cortes, no permitiendo que ni siquiera se transmitan grabaciones de los procesos ni que los periodistas puedan usar sus cámaras fuera de los lugares designados por el juez.
Chile
Persiste sin resolución una reforma al Código Civil, que autorizaría indemnización sin límites en casos de difamación, permitiendo demandas millonarias contra los medios, un incentivo a la autocensura.
Un proyecto de ley en discusión en el Senado establece porcentajes para la propalación de música nacional en las radios, entrometiéndose con las políticas editoriales de esos medios.
Colombia
Varios proyectos de ley con fines loables, por ejemplo, contra la discriminación, el racismo, la violencia y la publicidad, esconden restricciones a los contenidos periodísticos.
Un proyecto de ley en el Senado revive la colegiación obligatoria y la tarjeta profesional de periodistas, y la cláusula de conciencia.
Costa Rica
El Ministerio de Comunicaciones anunció una serie de medidas para limitar el número de preguntas y de participantes en las conferencias semanales de la Presidencia.
El proyecto de ley sobre transparencia y acceso a la información fue retirado de la Asamblea. También fue propuesta la discusión de la iniciativa sobre libertad de expresión y de prensa.
Cuba
Las 75 personas encarceladas en la “Primavera Negra” (marzo de 2003) fueron liberadas. Muchos de ellos, periodistas independientes fueron desterrados. Solo 10 personas lograron permanecer en el país bajo condición de procesos abiertos, por lo que pueden regresar a prisión por cualquier delito.
A pesar de ello y de la visita de Jimmy Carter, quien se reunió con los disidentes y periodistas independientes, el régimen aumentó la represión contra la libertad de asociación, reunión, expresión; así como las restricciones al uso del internet.
Ecuador
Una consulta popular impulsada por el presidente Rafael Correa para el 7 de mayo busca crear un ente oficial que regule a la prensa y que se disponga constitucionalmente que los dueños de medios puedan ser propietarios de otro tipo de empresas.
En su prédica contra la prensa a la que calificó de corrupta, Correa demandó por difamación a periodistas y diarios por casi 100 millones de dólares.
El Salvador
Fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública que entrará en vigencia en un año.
Continúa el debate en el Congreso sobre reformas al Código Penal para despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias.
Estados Unidos
Continúa la controversia por la solicitud del gobierno de abrir causas judiciales contra los responsables de WikiLeaks, respecto a la distribución de cientos de miles de documentos clasificados diplomáticos.
El gobierno de Barack Obama es considerado uno de los más cerrados en materia de información pública, según lo demostraron estudios.
Guatemala
A pesar de una ley de acceso a la información vigente desde 2009, los organismos del gobierno son reticentes a entregar información y el estado tampoco ha hecho nada para educar al público sobre los alcances de la ley.
Han aumentado las agresiones contra los periodistas en el interior del país, en gran parte por la mayor actividad del narcotráfico.
Haiti
Continuó registrándose un gran número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, dentro de un contexto de violencia generado por el proceso electoral que se extendió desde las elecciones realizadas el 7 de diciembre hasta la segunda vuelta celebrada el 20 de marzo.
Honduras
El gobierno, con la ayuda de fuerzas de Estados Unidos, Colombia y España, conformó un equipo de investigadores para esclarecer los crímenes de 11 periodistas ocurridos en el último año y medio.
Se intensificaron las agresiones contra periodistas y medios durante la Presidencia de Porfirio Lobo, como consecuencia de la crisis política que continúa y se acentuó desde el golpe en 2009 y del aumento del crimen organizado.
México
Tres periodistas fueron asesinados en este período y otro fue secuestrado y permanece desaparecido, además de que persisten en la impunidad las decenas de reporteros que fueron muertos en 2010 y años anteriores.
El presidente de México, Felipe Calderón, no honró los compromisos con los que establecería un sistema de protección para periodistas y la promoción de una ley que sobre la federalización de crímenes contra periodistas.
Nicaragua
El gobierno sigue tomando represalias en contra de los medios de comunicación, tanto en el impedimento de acceso a materiales importados, la discriminación de la pauta oficial y en las recurrentes inspecciones fiscales.
También como parte de este accionar, varios periodistas y medios independientes que resaltaron hechos de corrupción en la administración pública y criticaron la posibilidad de reelección del presidente Daniel Ortega, han sido amenazados.
Paraguay
Todavía sigue sin fecha el tratamiento en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que data de 2003.
Varios juicios por querellas, contra periodistas y medios de comunicación, incentivan un clima de autocensura y limitación informativa.
Fue asesinado el locutor Merardo Romero, aunque se desconocen las razones del crimen.
Perú
Existe proliferación de proyectos de leyes que afectan la libertad de prensa, así como sentencias condenatorias contra medios, penales y civiles.
Existen propuestas de mecanismos restrictivos y sanciones penales contra medios y periodistas que divulguen conversaciones privadas obtenidas subrepticiamente.
Puerto Rico
Los periodistas y fotógrafos fueron blanco continuo de agresiones por parte de policías durante una prolongada huelga estudiantil en la universidad estatal del país.
El Tribunal Supremo desestimó una demanda de organizaciones periodísticas contra el presidente del Senado por desalojar a los periodistas y no permitirles la cobertura en esa entidad pública.
República Dominicana
El Congreso debe tratar pronto cinco leyes presentadas por el Poder Ejecutivo sobre libertad de expresión, internet, publicidad comercial, publicidad oficial y una reforma a la ley de acceso a la información; pero se desconocen sus contenidos.
Los periodistas continúan siendo objeto de agresiones y amenazas por parte de los policías, mientras que tienen restringido su acceso y su labor en los tribunales.
Uruguay
A pesar de que el presidente José Mujica afirmó que rechazaría cualquier ley de prensa, otros miembros de su gobierno insisten en una ley de radiodifusión que contendría limitaciones en los contenidos y a la libertad de prensa.
Un juez dictó sentencia condenatoria contra el periodista Alvaro Alfonso a 24 meses de prisión por el delito de difamación. Cumplirá su sentencia en libertad condicionada.
Venezuela
El gobierno de Hugo Chávez continúa con sus agresiones a la prensa y a la expresión, en especial con reformas legales que restringen la comunicación en el internet y las redes sociales.
Los periodistas continúan teniendo dificultades para acceder a fuentes de información oficial; mientras el gobierno se quedó con el 20% de Globovisión.
Argentina
Dentro de una campaña de hostigamiento promovido y tolerado por el gobierno, continuó el acoso contra los medios. Un incidente grave fue el bloqueo a la distribución de diarios el 27 de marzo, con la cual se limitó la circulación de La Nación, y Clarín y Olé no pudieron ser distribuidos.
Un fallo de la Corte Suprema mandó al gobierno a no discriminar a los medios mediante el otorgamiento de pauta oficial; mientras en el Congreso sigue estancado un proyecto de ley de acceso a la información pública.
Bolivia
A pesar de las críticas de las organizaciones periodísticas, fue sancionada la Ley de Lucha Contra el Racismo, lo que restringe a los medios en su contenido, obliga a publicar información en forma gratuita y sanciona con cinco años de cárcel y suspensión de licencias a los medios infractores.
Continua la discriminación contra los medios en el otorgamiento de publicidad oficial y un proyecto de ley sobre acceso a la información pública sigue estancado en el Congreso.
Brasil
El nuevo gobierno de Dilma Rousseff arrancó con un compromiso de respeto a la libertad de prensa. Sin embargo, el Congreso empezará a tratar varias leyes preocupantes como la de regular los contenidos e medios y reincorporar la exigencia de diploma universitario en periodismo para ejercer la profesión.
El atentado contra un bloguero que milagrosamente salvó su vida, forma parte de la violencia en contra de los periodistas que denuncian el crimen organizado y actividades del narcotráfico.
Canadá
Dos fallos judiciales restringen la labor periodística en las cortes, no permitiendo que ni siquiera se transmitan grabaciones de los procesos ni que los periodistas puedan usar sus cámaras fuera de los lugares designados por el juez.
Chile
Persiste sin resolución una reforma al Código Civil, que autorizaría indemnización sin límites en casos de difamación, permitiendo demandas millonarias contra los medios, un incentivo a la autocensura.
Un proyecto de ley en discusión en el Senado establece porcentajes para la propalación de música nacional en las radios, entrometiéndose con las políticas editoriales de esos medios.
Colombia
Varios proyectos de ley con fines loables, por ejemplo, contra la discriminación, el racismo, la violencia y la publicidad, esconden restricciones a los contenidos periodísticos.
Un proyecto de ley en el Senado revive la colegiación obligatoria y la tarjeta profesional de periodistas, y la cláusula de conciencia.
Costa Rica
El Ministerio de Comunicaciones anunció una serie de medidas para limitar el número de preguntas y de participantes en las conferencias semanales de la Presidencia.
El proyecto de ley sobre transparencia y acceso a la información fue retirado de la Asamblea. También fue propuesta la discusión de la iniciativa sobre libertad de expresión y de prensa.
Cuba
Las 75 personas encarceladas en la “Primavera Negra” (marzo de 2003) fueron liberadas. Muchos de ellos, periodistas independientes fueron desterrados. Solo 10 personas lograron permanecer en el país bajo condición de procesos abiertos, por lo que pueden regresar a prisión por cualquier delito.
A pesar de ello y de la visita de Jimmy Carter, quien se reunió con los disidentes y periodistas independientes, el régimen aumentó la represión contra la libertad de asociación, reunión, expresión; así como las restricciones al uso del internet.
Ecuador
Una consulta popular impulsada por el presidente Rafael Correa para el 7 de mayo busca crear un ente oficial que regule a la prensa y que se disponga constitucionalmente que los dueños de medios puedan ser propietarios de otro tipo de empresas.
En su prédica contra la prensa a la que calificó de corrupta, Correa demandó por difamación a periodistas y diarios por casi 100 millones de dólares.
El Salvador
Fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública que entrará en vigencia en un año.
Continúa el debate en el Congreso sobre reformas al Código Penal para despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias.
Estados Unidos
Continúa la controversia por la solicitud del gobierno de abrir causas judiciales contra los responsables de WikiLeaks, respecto a la distribución de cientos de miles de documentos clasificados diplomáticos.
El gobierno de Barack Obama es considerado uno de los más cerrados en materia de información pública, según lo demostraron estudios.
Guatemala
A pesar de una ley de acceso a la información vigente desde 2009, los organismos del gobierno son reticentes a entregar información y el estado tampoco ha hecho nada para educar al público sobre los alcances de la ley.
Han aumentado las agresiones contra los periodistas en el interior del país, en gran parte por la mayor actividad del narcotráfico.
Haiti
Continuó registrándose un gran número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, dentro de un contexto de violencia generado por el proceso electoral que se extendió desde las elecciones realizadas el 7 de diciembre hasta la segunda vuelta celebrada el 20 de marzo.
Honduras
El gobierno, con la ayuda de fuerzas de Estados Unidos, Colombia y España, conformó un equipo de investigadores para esclarecer los crímenes de 11 periodistas ocurridos en el último año y medio.
Se intensificaron las agresiones contra periodistas y medios durante la Presidencia de Porfirio Lobo, como consecuencia de la crisis política que continúa y se acentuó desde el golpe en 2009 y del aumento del crimen organizado.
México
Tres periodistas fueron asesinados en este período y otro fue secuestrado y permanece desaparecido, además de que persisten en la impunidad las decenas de reporteros que fueron muertos en 2010 y años anteriores.
El presidente de México, Felipe Calderón, no honró los compromisos con los que establecería un sistema de protección para periodistas y la promoción de una ley que sobre la federalización de crímenes contra periodistas.
Nicaragua
El gobierno sigue tomando represalias en contra de los medios de comunicación, tanto en el impedimento de acceso a materiales importados, la discriminación de la pauta oficial y en las recurrentes inspecciones fiscales.
También como parte de este accionar, varios periodistas y medios independientes que resaltaron hechos de corrupción en la administración pública y criticaron la posibilidad de reelección del presidente Daniel Ortega, han sido amenazados.
Paraguay
Todavía sigue sin fecha el tratamiento en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que data de 2003.
Varios juicios por querellas, contra periodistas y medios de comunicación, incentivan un clima de autocensura y limitación informativa.
Fue asesinado el locutor Merardo Romero, aunque se desconocen las razones del crimen.
Perú
Existe proliferación de proyectos de leyes que afectan la libertad de prensa, así como sentencias condenatorias contra medios, penales y civiles.
Existen propuestas de mecanismos restrictivos y sanciones penales contra medios y periodistas que divulguen conversaciones privadas obtenidas subrepticiamente.
Puerto Rico
Los periodistas y fotógrafos fueron blanco continuo de agresiones por parte de policías durante una prolongada huelga estudiantil en la universidad estatal del país.
El Tribunal Supremo desestimó una demanda de organizaciones periodísticas contra el presidente del Senado por desalojar a los periodistas y no permitirles la cobertura en esa entidad pública.
República Dominicana
El Congreso debe tratar pronto cinco leyes presentadas por el Poder Ejecutivo sobre libertad de expresión, internet, publicidad comercial, publicidad oficial y una reforma a la ley de acceso a la información; pero se desconocen sus contenidos.
Los periodistas continúan siendo objeto de agresiones y amenazas por parte de los policías, mientras que tienen restringido su acceso y su labor en los tribunales.
Uruguay
A pesar de que el presidente José Mujica afirmó que rechazaría cualquier ley de prensa, otros miembros de su gobierno insisten en una ley de radiodifusión que contendría limitaciones en los contenidos y a la libertad de prensa.
Un juez dictó sentencia condenatoria contra el periodista Alvaro Alfonso a 24 meses de prisión por el delito de difamación. Cumplirá su sentencia en libertad condicionada.
Venezuela
El gobierno de Hugo Chávez continúa con sus agresiones a la prensa y a la expresión, en especial con reformas legales que restringen la comunicación en el internet y las redes sociales.
Los periodistas continúan teniendo dificultades para acceder a fuentes de información oficial; mientras el gobierno se quedó con el 20% de Globovisión.
abril 07, 2011
El premio a Chávez
A juzgar por la bufonada de una universidad argentina de premiar a Hugo Chávez por su lucha a favor de la libertad de expresión, parece que la época de carnavales todavía no termina en el sur del continente o que se vive en un eterno día de los inocentes.
Homenajear a Chávez por defender lo que siempre atacó y denigró, debe tomarse más como una comedia circense que una burla a la democracia. Porque ese gesto elogioso que la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata le dispensó esta semana al enemigo número uno de las libertades públicas de Venezuela y del continente, tiene tanta insensatez como si el premio a los derechos humanos se lo hubieran otorgado al dictador Rafael Videla, el de la fidelidad conyugal a Bill Clinton o el de la sobriedad, al actor Charlie Sheen.
Es poco serio, para decir lo menos. Porque además, durante la entrega del premio en La Plata, la comparsa del gobierno de Argentina, que se ufanó de las arremetidas de Chávez contra la prensa, estaba tan extasiada por la presencia del venezolano como por la de sindicalistas del séquito gubernamental, que días antes bloquearon con éxito la distribución de los diarios Clarín y La Nación.
Los periodistas y los medios no son santos, como los académicos anfitriones de la ceremonia resaltaron. Pero encontrar en esas críticas la fuente de inspiración para descubrir los méritos a la “comunicación popular” de Chávez, parece una broma de mal gusto. Más allá del cierre de RCTV, de 35 emisoras, de crear medios y usarlos como órganos de propaganda personal como Telesur, de perseguir periodistas y opositores con jueces sometidos, Chávez pasará a la historia como el presidente contra quien pesan más acusaciones sobre violaciones a la libertad de prensa en organismos internacionales.
Solo en el 2010 se procesaron en su contra 133 denuncias por agresiones a periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto sin contar, que la mayor embestida a la “comunicación popular” la cometió hace un par de meses, cuando por ley restringió e impuso censura previa a los portales de internet y redes sociales para que filtren toda crítica contra su persona y contra lo que él considere pueda ser agraviante a los intereses del gobierno.
El circo montado con este galardón lo desvirtúa en sí mismo. Máxime, porque también lo recibió Evo Morales, con quien comparte esa aberración contra la libertad. Con estos antecedentes, no sería extraño que el año próximo decidan otorgárselo al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien también tiene un rico historial contra los medios de su país.
Correa es aún más virtuoso en sus ataques. Economista al fin, sabe que la debilidad económica merma la independencia de las empresas y con ello aumenta su capacidad para dominarlas. Así como Chávez, Morales y Daniel Ortega, en pocos años, Correa no sólo confiscó y creó medios, sino que logró conformar un conglomerado periodístico propio que es mucho más despiadado y manipulador, que aquellos grupos independientes a los que acusa de “terrorismo mediático”.
Sin embargo, la estrategia que desenmascara su actitud más falaz, consiste en entablar demandas por difamación y reclamos millonarios. De tener éxito con la que entabló esta semana contra el diario El Universo de Guayaquil, Correa se convertirá en el presidente más rico del continente. Cree que le deberán indemnizar con 80 millones de dólares para reparar su imagen, lo que se suma a 420 más que pidió en otros juicios contra periodistas, editores y columnistas.
Pero más allá del circo, de los ataques y los premios inmerecidos, preocupan los actores directos de este entuerto: los estudiantes. No aquellos que se deleitaron por la desfachatez del premio, sino aquellos que esperan recibir una formación sobre los valores que definirán su futuro - verdad, equidad e independencia – en el entendimiento, además, que la excelencia profesional que promueve el premio Rodolfo Walsh no solo conlleva la responsabilidad para la artesanía de las noticias, sino también la de defender la libertad de prensa.
La comparsa a Chávez desvirtúa todos estos valores, por lo que si fuera estudiante, no podría evitar hacerme esta pregunta: ¿Debo seguir estudiando en esta universidad?
Homenajear a Chávez por defender lo que siempre atacó y denigró, debe tomarse más como una comedia circense que una burla a la democracia. Porque ese gesto elogioso que la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata le dispensó esta semana al enemigo número uno de las libertades públicas de Venezuela y del continente, tiene tanta insensatez como si el premio a los derechos humanos se lo hubieran otorgado al dictador Rafael Videla, el de la fidelidad conyugal a Bill Clinton o el de la sobriedad, al actor Charlie Sheen.
Es poco serio, para decir lo menos. Porque además, durante la entrega del premio en La Plata, la comparsa del gobierno de Argentina, que se ufanó de las arremetidas de Chávez contra la prensa, estaba tan extasiada por la presencia del venezolano como por la de sindicalistas del séquito gubernamental, que días antes bloquearon con éxito la distribución de los diarios Clarín y La Nación.
Los periodistas y los medios no son santos, como los académicos anfitriones de la ceremonia resaltaron. Pero encontrar en esas críticas la fuente de inspiración para descubrir los méritos a la “comunicación popular” de Chávez, parece una broma de mal gusto. Más allá del cierre de RCTV, de 35 emisoras, de crear medios y usarlos como órganos de propaganda personal como Telesur, de perseguir periodistas y opositores con jueces sometidos, Chávez pasará a la historia como el presidente contra quien pesan más acusaciones sobre violaciones a la libertad de prensa en organismos internacionales.
Solo en el 2010 se procesaron en su contra 133 denuncias por agresiones a periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto sin contar, que la mayor embestida a la “comunicación popular” la cometió hace un par de meses, cuando por ley restringió e impuso censura previa a los portales de internet y redes sociales para que filtren toda crítica contra su persona y contra lo que él considere pueda ser agraviante a los intereses del gobierno.
El circo montado con este galardón lo desvirtúa en sí mismo. Máxime, porque también lo recibió Evo Morales, con quien comparte esa aberración contra la libertad. Con estos antecedentes, no sería extraño que el año próximo decidan otorgárselo al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien también tiene un rico historial contra los medios de su país.
Correa es aún más virtuoso en sus ataques. Economista al fin, sabe que la debilidad económica merma la independencia de las empresas y con ello aumenta su capacidad para dominarlas. Así como Chávez, Morales y Daniel Ortega, en pocos años, Correa no sólo confiscó y creó medios, sino que logró conformar un conglomerado periodístico propio que es mucho más despiadado y manipulador, que aquellos grupos independientes a los que acusa de “terrorismo mediático”.
Sin embargo, la estrategia que desenmascara su actitud más falaz, consiste en entablar demandas por difamación y reclamos millonarios. De tener éxito con la que entabló esta semana contra el diario El Universo de Guayaquil, Correa se convertirá en el presidente más rico del continente. Cree que le deberán indemnizar con 80 millones de dólares para reparar su imagen, lo que se suma a 420 más que pidió en otros juicios contra periodistas, editores y columnistas.
Pero más allá del circo, de los ataques y los premios inmerecidos, preocupan los actores directos de este entuerto: los estudiantes. No aquellos que se deleitaron por la desfachatez del premio, sino aquellos que esperan recibir una formación sobre los valores que definirán su futuro - verdad, equidad e independencia – en el entendimiento, además, que la excelencia profesional que promueve el premio Rodolfo Walsh no solo conlleva la responsabilidad para la artesanía de las noticias, sino también la de defender la libertad de prensa.
La comparsa a Chávez desvirtúa todos estos valores, por lo que si fuera estudiante, no podría evitar hacerme esta pregunta: ¿Debo seguir estudiando en esta universidad?
abril 03, 2011
Encuestas; medios nuevos y tradicionales
El internet, los blogs, las redes sociales y toda una gama de nuevas formas de comunicación gracias al desarrollo tecnológico, han traído consigo nuevos desafíos sobre las restricciones que pesan sobre los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo, la prohibición que existe en numerosos países a publicar resultados de encuestas y sondeos de preferencia sobre los procesos electorales.
Uno de estos desafíos se presenta en Perú, de caras a las elecciones presidenciales, donde desde mañana lunes es el último día en que se pueden publicar en los medios tradicionales este tipo de información. Pero la pregunta que me hizo una periodista de la sección de Política de El Comercio, diario de Lima, esconde el desafío de cómo considerar a Twitter o a Facebook, por ejemplo, en el caso de que publiquen encuestas. ¿Son las redes sociales medios de comunicación por lo que están limitadas por lo que establece la ley?
La pregunta vino a raíz de que el Jurado Nacional de Elecciones lanzara la advertencia a los cibernautas de que podrían recibir una multa de hasta 360 mil soles si difunden encuestas dentro del período de restricción que establece el artículo 191 de la Ley Electoral: “La publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones por los medios de comunicación puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones”.
Mi respuesta a la periodistas fue la siguiente, previo aclaración de que las prohibiciones a la publicación con anticonstitucionales, ya que se prohíbe cualquier tipo de censura previa. Máxime, porque debe tenerse en cuenta el tiempo de la prohibición, ya que en algunos países suele ser de 15 días, en otros de siete y en otros de sólo un día. Me da la sensación de que la restricción a publicar el mismo día o los dos previos puede estar justificado de la misma forma que se evita que en esos días (en muchos países) se vendan bebidas alcohólicas.
Ahora bien. En cuanto a las redes sociales, blogs e información en portales de internet, éstos sí son medios de comunicación que deben ser alcanzados por las mismas restricciones. No hay diferencia. Así sea un blog o una red social que tenga una visita al día como dos millones. Son medios de difusión y de participación ciudadana. Mal sería que se prohíba a un periódico impreso publicar algo, y no hacerlo a alguien que lo haga por Twitter; porque en realidad lo que importa es la difusión del mensaje.
De todos modos, imagino que la autoridad tendrá que aplicar las restricciones a la fuente que pueda originar la información y difundirla, porque si bien un medio tradicional, con personería jurídica y residencia estable en el país, puede ser fácilmente pasible de la multa o la pena, uno se pregunta qué pasaría con alguien externo al Perú, que viva en el exterior o que utilice un anónimo en su blog, que divulgara los resultados de las encuestas a través de su blog, por Facebook o Twitter. ¿Cómo se aplicaría la ley?
Es obvio que las nuevas tecnologías y los nuevos medios han atraído grandes desafíos para nuestra sociedad que a veces es muy tradicional y se encuentra descompasada con la realidad.
Uno de estos desafíos se presenta en Perú, de caras a las elecciones presidenciales, donde desde mañana lunes es el último día en que se pueden publicar en los medios tradicionales este tipo de información. Pero la pregunta que me hizo una periodista de la sección de Política de El Comercio, diario de Lima, esconde el desafío de cómo considerar a Twitter o a Facebook, por ejemplo, en el caso de que publiquen encuestas. ¿Son las redes sociales medios de comunicación por lo que están limitadas por lo que establece la ley?
La pregunta vino a raíz de que el Jurado Nacional de Elecciones lanzara la advertencia a los cibernautas de que podrían recibir una multa de hasta 360 mil soles si difunden encuestas dentro del período de restricción que establece el artículo 191 de la Ley Electoral: “La publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones por los medios de comunicación puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones”.
Mi respuesta a la periodistas fue la siguiente, previo aclaración de que las prohibiciones a la publicación con anticonstitucionales, ya que se prohíbe cualquier tipo de censura previa. Máxime, porque debe tenerse en cuenta el tiempo de la prohibición, ya que en algunos países suele ser de 15 días, en otros de siete y en otros de sólo un día. Me da la sensación de que la restricción a publicar el mismo día o los dos previos puede estar justificado de la misma forma que se evita que en esos días (en muchos países) se vendan bebidas alcohólicas.
Ahora bien. En cuanto a las redes sociales, blogs e información en portales de internet, éstos sí son medios de comunicación que deben ser alcanzados por las mismas restricciones. No hay diferencia. Así sea un blog o una red social que tenga una visita al día como dos millones. Son medios de difusión y de participación ciudadana. Mal sería que se prohíba a un periódico impreso publicar algo, y no hacerlo a alguien que lo haga por Twitter; porque en realidad lo que importa es la difusión del mensaje.
De todos modos, imagino que la autoridad tendrá que aplicar las restricciones a la fuente que pueda originar la información y difundirla, porque si bien un medio tradicional, con personería jurídica y residencia estable en el país, puede ser fácilmente pasible de la multa o la pena, uno se pregunta qué pasaría con alguien externo al Perú, que viva en el exterior o que utilice un anónimo en su blog, que divulgara los resultados de las encuestas a través de su blog, por Facebook o Twitter. ¿Cómo se aplicaría la ley?
Es obvio que las nuevas tecnologías y los nuevos medios han atraído grandes desafíos para nuestra sociedad que a veces es muy tradicional y se encuentra descompasada con la realidad.
Encuestas electorales y libertad de prensa
Comparto una editorial publicada hoy por el diario peruano El Comercio, que ya en la recta final de las elecciones presidenciales, critica la prohibición sobre la publicación de encuestas y sondeos de opinión en los días previos al acto electoral.
“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su director de prensa Ricardo Trotti, ha alzado también su voz en contra de la regresiva ley peruana que permite publicar encuestas solo hasta una semana antes de los comicios. Para Trotti, como muchos otros hombres de prensa, investigadores y constitucionalistas, esto afecta el derecho fundamental de los ciudadanos a la información.
La SIP, ha dicho también Trotti, está contra toda medida que prohíba la divulgación de encuestas, pues tal silencio atenta contra las propias constituciones de los países que establecen que no debe haber ninguna medida de censura previa sobre cualquier tipo de publicación, sea esta tradicional o cibernética vinculada con las redes sociales de Internet.
La atingencia es importante y necesaria, pues en los últimos días funcionarios de los organismos electorales peruanos, pese a lo absurdo e inaplicable de la norma, han amenazado con sancionar inclusive a quienes difundan encuestas en Twitter y otras redes sociales, que a final de cuentas son comunicaciones personales.
En este complejo escenario, la SIP, con toda razón, considera que las leyes que restringen encuestas son abusivas, ya que cercenan un derecho ciudadano básico, el de informarse por todos los medios posibles, y traza una barrera discriminatoria entre los periodistas que sí tienen acceso a datos de última hora y quienes acceden a medios tecnológicos modernos, televisión por cable o satelital; y de otro lado, quienes, por sus limitadas condiciones económicas no pueden enterarse de lo que está en curso a través del mundo virtual, en el que también circulan encuestas.
Ya se ha probado en anteriores elecciones que el apagón de encuestas o silencio electoral es aprovechado ladinamente por algunos grupos para sembrar rumores y crear incertidumbre, de acuerdo con sus agendas politiqueras. Todo esto gracias a una ley tan nefasta como la comentada, que de paso atropella derechos constitucionales.
Por estas y otras consideraciones, el obligado silencio informativo que se impone a partir de hoy sobre las encuestas es contrario al espíritu y los principios del Estado moderno de derecho y de la democracia, que se basan precisamente en el uso irrestricto y responsable de la libertad en una sociedad abierta, plural, tolerante y participativa, donde todos tienen los mismos deberes pero también los mismos derechos, independientemente de su religión, raza, clase o condición social.
Nuestra Constitución de 1993 dice en el Art. 2, inciso 4, que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento […] sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, lo que viene siendo atropellado por una ley írrita y oscurantista.
En lugar de defender a rajatabla una norma tan absurda y cada vez más insostenible, los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, tienen que promover su derogación.
La tendencia en el mundo civilizado y democrático es reforzar la libertad y la responsabilidad personal, para lo cual la información y la opinión tienen que fluir de modo irrestricto y dinámico.
Lo que aquí se impone resulta propio de regímenes autoritarios y dictatoriales que convierten la censura en instrumento principal para someter a los ciudadanos, abusar de las libertades democráticas y acallar el pluralismo y las voces discrepantes. La ley del silencio electoral, definitivamente, no es democratic”.
“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su director de prensa Ricardo Trotti, ha alzado también su voz en contra de la regresiva ley peruana que permite publicar encuestas solo hasta una semana antes de los comicios. Para Trotti, como muchos otros hombres de prensa, investigadores y constitucionalistas, esto afecta el derecho fundamental de los ciudadanos a la información.
La SIP, ha dicho también Trotti, está contra toda medida que prohíba la divulgación de encuestas, pues tal silencio atenta contra las propias constituciones de los países que establecen que no debe haber ninguna medida de censura previa sobre cualquier tipo de publicación, sea esta tradicional o cibernética vinculada con las redes sociales de Internet.
La atingencia es importante y necesaria, pues en los últimos días funcionarios de los organismos electorales peruanos, pese a lo absurdo e inaplicable de la norma, han amenazado con sancionar inclusive a quienes difundan encuestas en Twitter y otras redes sociales, que a final de cuentas son comunicaciones personales.
En este complejo escenario, la SIP, con toda razón, considera que las leyes que restringen encuestas son abusivas, ya que cercenan un derecho ciudadano básico, el de informarse por todos los medios posibles, y traza una barrera discriminatoria entre los periodistas que sí tienen acceso a datos de última hora y quienes acceden a medios tecnológicos modernos, televisión por cable o satelital; y de otro lado, quienes, por sus limitadas condiciones económicas no pueden enterarse de lo que está en curso a través del mundo virtual, en el que también circulan encuestas.
Ya se ha probado en anteriores elecciones que el apagón de encuestas o silencio electoral es aprovechado ladinamente por algunos grupos para sembrar rumores y crear incertidumbre, de acuerdo con sus agendas politiqueras. Todo esto gracias a una ley tan nefasta como la comentada, que de paso atropella derechos constitucionales.
Por estas y otras consideraciones, el obligado silencio informativo que se impone a partir de hoy sobre las encuestas es contrario al espíritu y los principios del Estado moderno de derecho y de la democracia, que se basan precisamente en el uso irrestricto y responsable de la libertad en una sociedad abierta, plural, tolerante y participativa, donde todos tienen los mismos deberes pero también los mismos derechos, independientemente de su religión, raza, clase o condición social.
Nuestra Constitución de 1993 dice en el Art. 2, inciso 4, que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento […] sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, lo que viene siendo atropellado por una ley írrita y oscurantista.
En lugar de defender a rajatabla una norma tan absurda y cada vez más insostenible, los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, tienen que promover su derogación.
La tendencia en el mundo civilizado y democrático es reforzar la libertad y la responsabilidad personal, para lo cual la información y la opinión tienen que fluir de modo irrestricto y dinámico.
Lo que aquí se impone resulta propio de regímenes autoritarios y dictatoriales que convierten la censura en instrumento principal para someter a los ciudadanos, abusar de las libertades democráticas y acallar el pluralismo y las voces discrepantes. La ley del silencio electoral, definitivamente, no es democratic”.
abril 01, 2011
Obama y la justicia latinoamericana
“El que mucho abarca poco aprieta” es el refrán popular que mejor define el resultado de la visita de cinco días de Barack Obama a América Latina.
Digno de una gira pontificia por lo sobrecargado de esperanza económica y de fe política en la región, que en forma cíclica recae en burbujas mercantiles, revoluciones demagógicas, elecciones fraudulentas y corrupción sin freno, el discurso del presidente estadounidense desde Chile a Latinoamérica, fue tan abarcador en propuestas como escaso en soluciones.
El barullo provocado por la radioactividad en Japón, la intervención militar en Libia y la insistencia de Brasil por convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, hicieron que el tema más importante, el de la justicia, origen, fuente y consecuencia del subdesarrollo democrático de la región, pasara desapercibido.
Angustiados por la inseguridad cotidiana, Obama habría ayudado mejor a los ciudadanos latinoamericanos si hubiera exigido más justicia. Si hubiera condicionado todo apoyo económico a la región, hasta que los gobiernos recipientes de ayuda garantizaran la independencia judicial, se comprometieran a sancionar y reformar leyes más intolerantes a la corrupción y la impunidad u ofrecieran más recursos, profesionalización y protección a jueces y fiscales.
Fue positivo que Obama reconociera que el consumo de drogas en el norte es responsable de los desbarajustes que genera el narcotráfico en el sur. Aunque debería haber agregado que el argumento no es excusa para no combatir al crimen de raíz. En EE.UU. también existen los carteles, pero con la ley se los persigue, desmantela o reduce antes de que provoquen violencia despiadada, que infiltren las instituciones y sus dineros corrompan los circuitos electorales, como sucede en México, Perú, el Caribe o Centroamérica.
En EE.UU. hay también mucha corrupción, pero a diferencia de otros países, las consecuencias son severas. La rigurosidad de la justicia, que se aplica sin intervención ni favoritismos políticos, es la mayor garantía de igualdad que tienen los ciudadanos. Se administra de la misma forma contra un desfalcador como Bernard Madoff, contra un pobre que evade impuestos o contra Lindsay Lohan por manejar pasada de copas o robar de una tienda un collar de fantasías.
Ningún funcionario estadounidense, menos un presidente, podría recibir una maleta con 800 mil dólares o enriquecerse comprando tierras fiscales para venderlas por el quíntuple de su valor, creyendo que sus delitos quedarían impunes o acallados. Tampoco la Corte Suprema podría dar un aval político en contra de la propia Constitución que debe custodiar, como sucedió con el presidente nicaragüense Daniel Ortega, a quien un fallo lo habilitó para la reelección indefinida.
Como la falta de justicia es una violación flagrante a los derechos humanos, se hace legítimo su defensa más allá de las fronteras. Por ello, Obama no tendría que haber temido entrometerse en la soberanía de otros estados y denunciar que la justicia por ser lenta e inoperante no solo que no disuade a los delincuentes y genera inseguridad, sino también aleja las inversiones. Guatemala es un ejemplo de esa ineficiencia, siendo que solo seis de cada cien delitos violentos terminan en sentencia.
Los gobiernos tampoco hacen mucho para proteger a sus jueces y auxiliares de la justicia. En Colombia, esta semana fue ultimada Gloria Gaona, elevándose a 287 los jueces asesinados desde 1989 y más de 750 fueron amenazados en el último lustro. En México, desde que asumió Felipe Calderón, más de dos mil policías fueron asesinados.
Fue importante que Obama anunciara que EE.UU. quiere recuperar su liderazgo en la región; aunque sonó muy oportunista cuando remarcó objetivos económicos. Obama debió haber mostrado más liderazgo, criticando la falta de libertades en muchos países y condicionando un alto porcentaje de los 200 millones de dólares que prometió a Centroamérica, para que se fortalezcan los sistemas judiciales, ya que a largo plazo será la seguridad jurídica, la independencia y profesionalización de los jueces, el mejor antídoto contra el narcotráfico, los autócratas y los corruptos.
La fortaleza de una república es proporcional al grado de independencia, madurez y eficiencia de su sistema judicial. Cuando funciona y existen castigos e incentivos para todos con igualdad y sin privilegios, el ciudadano gana en credibilidad y la democracia en autoestima.
Digno de una gira pontificia por lo sobrecargado de esperanza económica y de fe política en la región, que en forma cíclica recae en burbujas mercantiles, revoluciones demagógicas, elecciones fraudulentas y corrupción sin freno, el discurso del presidente estadounidense desde Chile a Latinoamérica, fue tan abarcador en propuestas como escaso en soluciones.
El barullo provocado por la radioactividad en Japón, la intervención militar en Libia y la insistencia de Brasil por convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, hicieron que el tema más importante, el de la justicia, origen, fuente y consecuencia del subdesarrollo democrático de la región, pasara desapercibido.
Angustiados por la inseguridad cotidiana, Obama habría ayudado mejor a los ciudadanos latinoamericanos si hubiera exigido más justicia. Si hubiera condicionado todo apoyo económico a la región, hasta que los gobiernos recipientes de ayuda garantizaran la independencia judicial, se comprometieran a sancionar y reformar leyes más intolerantes a la corrupción y la impunidad u ofrecieran más recursos, profesionalización y protección a jueces y fiscales.
Fue positivo que Obama reconociera que el consumo de drogas en el norte es responsable de los desbarajustes que genera el narcotráfico en el sur. Aunque debería haber agregado que el argumento no es excusa para no combatir al crimen de raíz. En EE.UU. también existen los carteles, pero con la ley se los persigue, desmantela o reduce antes de que provoquen violencia despiadada, que infiltren las instituciones y sus dineros corrompan los circuitos electorales, como sucede en México, Perú, el Caribe o Centroamérica.
En EE.UU. hay también mucha corrupción, pero a diferencia de otros países, las consecuencias son severas. La rigurosidad de la justicia, que se aplica sin intervención ni favoritismos políticos, es la mayor garantía de igualdad que tienen los ciudadanos. Se administra de la misma forma contra un desfalcador como Bernard Madoff, contra un pobre que evade impuestos o contra Lindsay Lohan por manejar pasada de copas o robar de una tienda un collar de fantasías.
Ningún funcionario estadounidense, menos un presidente, podría recibir una maleta con 800 mil dólares o enriquecerse comprando tierras fiscales para venderlas por el quíntuple de su valor, creyendo que sus delitos quedarían impunes o acallados. Tampoco la Corte Suprema podría dar un aval político en contra de la propia Constitución que debe custodiar, como sucedió con el presidente nicaragüense Daniel Ortega, a quien un fallo lo habilitó para la reelección indefinida.
Como la falta de justicia es una violación flagrante a los derechos humanos, se hace legítimo su defensa más allá de las fronteras. Por ello, Obama no tendría que haber temido entrometerse en la soberanía de otros estados y denunciar que la justicia por ser lenta e inoperante no solo que no disuade a los delincuentes y genera inseguridad, sino también aleja las inversiones. Guatemala es un ejemplo de esa ineficiencia, siendo que solo seis de cada cien delitos violentos terminan en sentencia.
Los gobiernos tampoco hacen mucho para proteger a sus jueces y auxiliares de la justicia. En Colombia, esta semana fue ultimada Gloria Gaona, elevándose a 287 los jueces asesinados desde 1989 y más de 750 fueron amenazados en el último lustro. En México, desde que asumió Felipe Calderón, más de dos mil policías fueron asesinados.
Fue importante que Obama anunciara que EE.UU. quiere recuperar su liderazgo en la región; aunque sonó muy oportunista cuando remarcó objetivos económicos. Obama debió haber mostrado más liderazgo, criticando la falta de libertades en muchos países y condicionando un alto porcentaje de los 200 millones de dólares que prometió a Centroamérica, para que se fortalezcan los sistemas judiciales, ya que a largo plazo será la seguridad jurídica, la independencia y profesionalización de los jueces, el mejor antídoto contra el narcotráfico, los autócratas y los corruptos.
La fortaleza de una república es proporcional al grado de independencia, madurez y eficiencia de su sistema judicial. Cuando funciona y existen castigos e incentivos para todos con igualdad y sin privilegios, el ciudadano gana en credibilidad y la democracia en autoestima.
marzo 31, 2011
Carter reconoce a disidentes, pero…
Lo mejor de la visita del ex presidente Jimmy Carter a Cuba fue el proverbial respaldo que le brindó a los disidentes, muchos de ellos recién liberados de la cárcel y que se negaron a ser desterrados. La visita fue buena en comparación a otras en meses anteriores, en las que muchos ex presidentes y presidentes llegaron a La Habana para rendirle pleitesía a Fidel Castro y a los 50 años de la revolución, pero ignoraron al movimiento disidente, porque no quisieron, por convicción ideológica o porque el régimen se los impidió.
Para los disidentes, según lo que declararon por CNN y otros medios, aunque no haya habido cosas concretas, se trató de un reconocimiento e incentivo notorios. Sin embargo, como medida política, creo que la visita de Carter a Cuba sirvió – como siempre – para que el régimen busque ventajas y que se concrete otro guiño de Barack Obama, quien de a poco ha venido flexibilizando el embargo, con lo que el régimen consigue dólares, para contrarrestar la enflaquecida billetera del filántropo Hugo Chávez.
Lo que no me gustó de Carter, al decir que deberían normalizarse las relaciones para favorecer al pueblo cubano, es que pide al gobierno estadounidense poner todo de su parte para levantar el embargo – y que fluyan los dólares hacia la isla – sin exigirle a los Castro que depongan la dictadura y dejen a los cubanos vivir en libertad y democracia. Me parece que su política por los derechos humanos es poco equitativa, porque si bien quiere mayor bienestar económico para los cubanos o que ese bienestar incentive las libertades, se olvida de que es el Estado el primero que debe velar por custodiar y garantizar que toda persona goce del derecho al libre albedrío.
Celebro que Carter se haya reunido con gente tan proscrita en su país como el prominente disidente Oscar Elías Biscet, el activista por los derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz, integrantes de las Damas de Blanco, los activistas católicos Dagoberto Valdés y Oswaldo Payá y las blogueras Yoani Sánchez, Claudia Cadelo y Laritza Diversen y el bloguero Reinaldo Escobar.
Para los disidentes, según lo que declararon por CNN y otros medios, aunque no haya habido cosas concretas, se trató de un reconocimiento e incentivo notorios. Sin embargo, como medida política, creo que la visita de Carter a Cuba sirvió – como siempre – para que el régimen busque ventajas y que se concrete otro guiño de Barack Obama, quien de a poco ha venido flexibilizando el embargo, con lo que el régimen consigue dólares, para contrarrestar la enflaquecida billetera del filántropo Hugo Chávez.
Lo que no me gustó de Carter, al decir que deberían normalizarse las relaciones para favorecer al pueblo cubano, es que pide al gobierno estadounidense poner todo de su parte para levantar el embargo – y que fluyan los dólares hacia la isla – sin exigirle a los Castro que depongan la dictadura y dejen a los cubanos vivir en libertad y democracia. Me parece que su política por los derechos humanos es poco equitativa, porque si bien quiere mayor bienestar económico para los cubanos o que ese bienestar incentive las libertades, se olvida de que es el Estado el primero que debe velar por custodiar y garantizar que toda persona goce del derecho al libre albedrío.
Celebro que Carter se haya reunido con gente tan proscrita en su país como el prominente disidente Oscar Elías Biscet, el activista por los derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz, integrantes de las Damas de Blanco, los activistas católicos Dagoberto Valdés y Oswaldo Payá y las blogueras Yoani Sánchez, Claudia Cadelo y Laritza Diversen y el bloguero Reinaldo Escobar.
marzo 30, 2011
Crepúsculo pictórico
Estuve en Arte Américas este fin de semana, la mayor feria de arte latinoamericano internacional en la pulularon galerías de México, Argentina y de Miami, con propuestas, estas últimas, de muy importantes artistas cubanos, cinco de ellos, permitidos a salir de la isla y visitar la exposición, debido a las mejores relaciones culturales entre Estados Unidos y Cuba, más allá de los alcances del embargo.
Muchas obras me impresionaron bien. Junto con Graciela, mi esposa, nos detuvimos en muchas de ellas y particularmente frente a un remolino de eruditos que lanzaban elogios sobre las obras del pintor hiperrealista Estévez. Miré de reojo en otra dirección porque no me gusta el arte prácticamente fotográfico y recaí en una obra de Agustín Bejarano, del otro lado del muro, que con otra técnica y paleta de colores, me recordó al temático Wolf Kahn, con sus coloridos paisajes en pastel y óleos.
Lo de Bejarano lo encontré suave, relajado, propio de alguien (pensé) que hace catarsis con la pintura y lo imaginé en un estudio prolijo, limpio, con música clásica de fondo y con unos sorbos de buen vino. Nos acercamos. La obra es buena y se titula Crepúsculo.
Esta mañana leyendo la primera página de El Nuevo Herald, la noticia principal me alarmó. Enseguida relacioné el apellido con la fechoría. Víctor Bejarano fue apresado ayer, sin derecho a fianza, por el supuesto delito de abusar sexualmente de un niño. El incidente ocurrió este pasado 20 de marzo en la casa de unos amigos aquí en Miami. Según los documentos de la fiscalía, entró al dormitorio de un niño de 5 añitos y lo obligó a que le tocara sus genitales y lo besó en la boca.
Veremos qué sucede con el tema en la justicia.
Después del shock de leer sobre tan abominable episodio, y de atar esa imagen con la buena pintura de Bejarano, me quedé pensando… cuánta gente notable y corriente, con apariencia apacible, buena, sabia, termina engañando a la sociedad con crímenes tan abyectos como éste.
La obra de Bejarano que acompaña este post, Crepúsculo, parece premonitoria del fin de una carrera artística, si es que la acusación es sólida ante la justicia.
marzo 29, 2011
Paradójico premio para Chávez
Hugo Chávez tuvo la tribuna que disfruta en Buenos Aires. La del insulto, de la diatriba, del sarcasmo y de la ironía; junto a la del elogio desmesurado, de la propaganda, de la aclamación desmedida. Se burló del periodismo libre en una ceremonia en el que paradójicamente se le entregó un premio a la libertad de prensa. Si se lo merecía, en todo caso lo hubiera tenido que disfrutar pero no insultar a todo el periodismo y creer, como siempre, en su comunicación mesiánica salvadora de los pueblos oprimidos.
En su discurso al recibir esta noche en la Universidad de La Plata el premio Rodolfo Walsh a la libertad de expresión, negó en reiteradas ocasiones que sea un censor y que en su país, Venezuela, haya cerrado medios o agredido a periodistas.
Chávez hace más de lo mismo, niega con la boca lo que la evidencia demuestra. Pero repito, como lo hice en otros posts, la culpa no es de él, sino de quienes lo idolatran por semejantes “logros”. Chávez es sin duda, el mayor opresor de la libertad de prensa y de expresión en estos momentos, a excepción, claro está, de los gobernantes de Cuba.
El premio es chocante por su naturaleza. Pero repito, me da pena por los estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación de esa universidad. Deben tener vergüenza ajena, al menos los que entienden cuál será el trabajo que tendrán en el futuro como periodistas.
Si algo tenía que tener de particular este acto, no solo fue el agravio que Chávez le dispensó al periodismo latinoamericano, sino además que los líderes universitarios no permitieron más que al estatal Canal 7 cubrir el evento. A los demás se les negó el acceso. Todo muy digno de un buen acto donde debía resaltarse la libertad de expresión.
Con el apoyo del gobierno, la ceremonia fue otro acto oficial más.
En su discurso al recibir esta noche en la Universidad de La Plata el premio Rodolfo Walsh a la libertad de expresión, negó en reiteradas ocasiones que sea un censor y que en su país, Venezuela, haya cerrado medios o agredido a periodistas.
Chávez hace más de lo mismo, niega con la boca lo que la evidencia demuestra. Pero repito, como lo hice en otros posts, la culpa no es de él, sino de quienes lo idolatran por semejantes “logros”. Chávez es sin duda, el mayor opresor de la libertad de prensa y de expresión en estos momentos, a excepción, claro está, de los gobernantes de Cuba.
El premio es chocante por su naturaleza. Pero repito, me da pena por los estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación de esa universidad. Deben tener vergüenza ajena, al menos los que entienden cuál será el trabajo que tendrán en el futuro como periodistas.
Si algo tenía que tener de particular este acto, no solo fue el agravio que Chávez le dispensó al periodismo latinoamericano, sino además que los líderes universitarios no permitieron más que al estatal Canal 7 cubrir el evento. A los demás se les negó el acceso. Todo muy digno de un buen acto donde debía resaltarse la libertad de expresión.
Con el apoyo del gobierno, la ceremonia fue otro acto oficial más.
marzo 28, 2011
Bloqueo a los diarios argentinos
Esta es una entrevista que me hicieron ayer en calidad de director de Libertad de Prensa de la SIP, sobre el bloqueo a la distribución de diarios en Buenos Aires, que afectó la distrubicón parcial del periódico La Nación y en forma total a las ediciones de domingo de los diarios Clarín y Olé.
marzo 27, 2011
marzo 26, 2011
¿Una broma de mal gusto, el premio a Chávez?
No salgo de mi asombro y de preguntarme si el premio a Hugo Chávez por su prédica a favor de la libertad de prensa, la comunicación comunitaria y de un montón de justificativos políticos, que le otorgó la Universidad de La Plata en Argentina, es una broma de mal gusto, una tomadura de pelo a todas las víctimas de la represión de la palabra libre o una de esas tonterías de sesgo político para llamar la atención.
Me parece que es un poco de todo. Mi primera reacción, después del asombro, fue pensar en los alumnos de esa universidad, no en aquellos que gustosamente habrán celebrado, que los debe haber, sino en aquellos que comprenden los descalabros que Hugo Chávez ha hecho desde que asumió en 1999, persiguiendo periodistas, insultándolos, agrediéndolos a través de las turbas de camisas coloradas, cerrando 35 emisoras y decenas de periódicos y páginas de internet, abriendo nuevos medios del gobierno para usarlos no como medios públicos sino de propaganda gubernamental, y creando leyes y decretos en contra de la información libre, bloquear el acceso a información pública y limitar, bloquear y filtrar el acceso y contenidos en el internet y las redes sociales.
Si yo fuera alumno de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social estaría muy preocupado y consideraría dejar de estudiar. ¿Por qué? Simplemente porque si la mirada política de la universidad en materia de comunicación y de visión del periodismo y la libertad de prensa es ésta, que garantías tengo de que me ofrecerán una educación imparcial, objetiva, independiente; justamente siendo esos los valores que me deben inculcar como los más importantes de mi formación.
Esto de Chávez me hace acordar a similar premio que recibió Fidel Castro de un colegio de periodista cubano, así como el Premio Internacional a los Derechos Humanos que Muamar al Kadafi le entregó a Hugo Chávez, Evo Morales y Raúl Castro en diferentes oportunidades.
Me preocupa que Florencia Saitout, decana de la Facultad de Periodismo y CS de la Universidad de La Plata crea que en Venezuela hay libertad de prensa. Dijo que para ella es una alegría que Chávez aceptará el premio y que discutirá con los estudiantes. Creo que es bueno que se reúna con los estudiantes, pero de ahí a que el punto de partida sea un reconocimiento a su lucha por la libertad de prensa, huele a hediondo.
El premio Rodolfo Walsh se instituyó en 1997 para estimular la excelencia periodística. Ojalá los estudiantes puedan reevaluar lo que significa excelencia periodística, que más allá de un componente informativo, la profesión tiene una alta carga de responsabilidad sobre la defensa de la libertad de prensa, por lo que obviamente este premio a Chávez termina siendo una flagrante contradicción a los valores de nuestra profesión y de la libertad de expresión.
Me parece que es un poco de todo. Mi primera reacción, después del asombro, fue pensar en los alumnos de esa universidad, no en aquellos que gustosamente habrán celebrado, que los debe haber, sino en aquellos que comprenden los descalabros que Hugo Chávez ha hecho desde que asumió en 1999, persiguiendo periodistas, insultándolos, agrediéndolos a través de las turbas de camisas coloradas, cerrando 35 emisoras y decenas de periódicos y páginas de internet, abriendo nuevos medios del gobierno para usarlos no como medios públicos sino de propaganda gubernamental, y creando leyes y decretos en contra de la información libre, bloquear el acceso a información pública y limitar, bloquear y filtrar el acceso y contenidos en el internet y las redes sociales.
Si yo fuera alumno de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social estaría muy preocupado y consideraría dejar de estudiar. ¿Por qué? Simplemente porque si la mirada política de la universidad en materia de comunicación y de visión del periodismo y la libertad de prensa es ésta, que garantías tengo de que me ofrecerán una educación imparcial, objetiva, independiente; justamente siendo esos los valores que me deben inculcar como los más importantes de mi formación.
Esto de Chávez me hace acordar a similar premio que recibió Fidel Castro de un colegio de periodista cubano, así como el Premio Internacional a los Derechos Humanos que Muamar al Kadafi le entregó a Hugo Chávez, Evo Morales y Raúl Castro en diferentes oportunidades.
Me preocupa que Florencia Saitout, decana de la Facultad de Periodismo y CS de la Universidad de La Plata crea que en Venezuela hay libertad de prensa. Dijo que para ella es una alegría que Chávez aceptará el premio y que discutirá con los estudiantes. Creo que es bueno que se reúna con los estudiantes, pero de ahí a que el punto de partida sea un reconocimiento a su lucha por la libertad de prensa, huele a hediondo.
El premio Rodolfo Walsh se instituyó en 1997 para estimular la excelencia periodística. Ojalá los estudiantes puedan reevaluar lo que significa excelencia periodística, que más allá de un componente informativo, la profesión tiene una alta carga de responsabilidad sobre la defensa de la libertad de prensa, por lo que obviamente este premio a Chávez termina siendo una flagrante contradicción a los valores de nuestra profesión y de la libertad de expresión.
marzo 25, 2011
Derechos humanos y su manipulación política
En el día que se recordará porque Brasil votó a favor en el Consejo de De Derechos Humanos para que se envíe un investigador de derechos humanos a Irán, terminando el idilio de tantos años del ex presidente Lula Da Silva con el régimen iraní, les comparto la columna que bajo el título “derechos humanos politizados”, publicaron varios medios esta semana.
Cuando de violaciones a los derechos humanos se trata, los gobiernos tienden a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. De ahí que el presidente venezolano Hugo Chávez propusiera que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tenga su propio tribunal internacional, al considerar que los de la ONU y la OEA son títeres de EE.UU. y chantajean en su nombre.
La coartada de Chávez le permite desviar la atención de las violaciones que su gobierno comete, prohibir la supervisión de organismos internacionales en su territorio, expulsar a directivos de Human Rights Watch o desconocer los fallos de la Corte Interamericana, sin temor a reprimendas. Su hipocresía le vale de excusa para intercambiar con Moamar al Kadafi la espada de Simón Bolívar por el Premio Internacional de los Derechos Humanos; o “comprarlo” para que lo exhiban de trofeo sus solidarios colegas Daniel Ortega y Evo Morales.
Los políticos tienen esa extraña forma de solidaridad para omitir las denuncias de los violadores cuando se trata de camaradas de ideología. Así lo resaltó el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso para acusar a su sucesor, Lula da Silva, por haber llamado “líder y hermano” a Kadafi, o prodigarle honores a los hermanos Castro.
Salvo excepciones, los intelectuales también se comportan igual. Lo confirma el escaso apoyo que despertó la valiente arremetida del disidente cubano, Oscar Elías Biscet, apenas salido de la cárcel. Rechazando el destierro, pidió a Raúl y Fidel Castro que renunciaran por mantener una dictadura totalitaria de corte hitleriano-stalinista.
Raúl Castro no replicó. Seguro que sus amigos lo harán por él, como en 2009, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reconoció a su gobierno por sus “significativos resultados en la promoción y protección de los derechos humanos para todos''. Entonces, el comité estaba dominado por China y Libia, y la resolución fue promovida por Venezuela, tres gobiernos de sobra conocidos por acusar a otros de los delitos que ellos cometen.
Esa incongruencia entre lo que se dice y hace, también alcanza a EE.UU. El gobierno de Barack Obama promueve erradicar la violencia en la frontera con México, pero su Departamento de Justicia autorizó la operación secreta “Rápido y Furioso”, con la que se infiltraron armas de asalto entre narcotraficantes con la justificación de poder rastrear sus conductas y aniquilarlas.
Algunos insisten en que un fin loable justifica medios espurios, pero el problema es que esas armas pudieron generar más muertes de inocentes. Justificar esa acción, sería como creer que para comprobar la eficiencia de la penicilina, EE.UU. actuó bien a mediados del siglo pasado, cuando sus médicos inyectaron con sífilis y gonorrea a centeneras de presos y pacientes psiquiátricos de Guatemala. Tan abominable fue aquel laboratorio de Estado, como la filtración de armas entre los narcos más violentos del mundo.
El Estado es por naturaleza quien debe proteger los derechos humanos y prevenir sus violaciones, de ahí la gravedad cuando los infringe. Así, no se pueden justificar los genocidios de los militares latinoamericanos o el uso reciente de los servicios secretos en Argentina, Colombia y Perú, para espiar o perseguir a opositores, jueces y periodistas. Por prácticas similares, es que los egipcios destituyeron esta semana sus servicios de inteligencia para garantizar que los vientos democráticos permitan un verdadero cambio.
En derechos humanos, las medidas deben ser preventivas, no solo correctivas. Por eso empezaron a lloverle críticas a los gobiernos japoneses. Nadie duda del estoicismo y la honradez de un pueblo que sobrelleva con orden un terremoto y un tsunami catastróficos; pero no se entiende como uno de los países más previsores del mundo, falló por décadas en inspeccionar y reacondicionar los reactores nucleares de Fukushima, a expensas del derecho a la vida de sus ciudadanos.
El olvido también es una forma peligrosa de politizar los derechos humanos. La desmemoria permite que dictadores sangrientos, como el haitiano Jean-Claude Duvalier, puedan regresar campantes a probar suerte en países que en su momento vilipendiaron.
Si no hay memoria, es decir justicia, algún día también podría volver el “carnicero de Trípoli”, si es que lo destronan o neutralizan, como lo acaba de autorizar el Consejo de Seguridad de la ONU.
Cuando de violaciones a los derechos humanos se trata, los gobiernos tienden a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. De ahí que el presidente venezolano Hugo Chávez propusiera que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tenga su propio tribunal internacional, al considerar que los de la ONU y la OEA son títeres de EE.UU. y chantajean en su nombre.
La coartada de Chávez le permite desviar la atención de las violaciones que su gobierno comete, prohibir la supervisión de organismos internacionales en su territorio, expulsar a directivos de Human Rights Watch o desconocer los fallos de la Corte Interamericana, sin temor a reprimendas. Su hipocresía le vale de excusa para intercambiar con Moamar al Kadafi la espada de Simón Bolívar por el Premio Internacional de los Derechos Humanos; o “comprarlo” para que lo exhiban de trofeo sus solidarios colegas Daniel Ortega y Evo Morales.
Los políticos tienen esa extraña forma de solidaridad para omitir las denuncias de los violadores cuando se trata de camaradas de ideología. Así lo resaltó el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso para acusar a su sucesor, Lula da Silva, por haber llamado “líder y hermano” a Kadafi, o prodigarle honores a los hermanos Castro.
Salvo excepciones, los intelectuales también se comportan igual. Lo confirma el escaso apoyo que despertó la valiente arremetida del disidente cubano, Oscar Elías Biscet, apenas salido de la cárcel. Rechazando el destierro, pidió a Raúl y Fidel Castro que renunciaran por mantener una dictadura totalitaria de corte hitleriano-stalinista.
Raúl Castro no replicó. Seguro que sus amigos lo harán por él, como en 2009, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reconoció a su gobierno por sus “significativos resultados en la promoción y protección de los derechos humanos para todos''. Entonces, el comité estaba dominado por China y Libia, y la resolución fue promovida por Venezuela, tres gobiernos de sobra conocidos por acusar a otros de los delitos que ellos cometen.
Esa incongruencia entre lo que se dice y hace, también alcanza a EE.UU. El gobierno de Barack Obama promueve erradicar la violencia en la frontera con México, pero su Departamento de Justicia autorizó la operación secreta “Rápido y Furioso”, con la que se infiltraron armas de asalto entre narcotraficantes con la justificación de poder rastrear sus conductas y aniquilarlas.
Algunos insisten en que un fin loable justifica medios espurios, pero el problema es que esas armas pudieron generar más muertes de inocentes. Justificar esa acción, sería como creer que para comprobar la eficiencia de la penicilina, EE.UU. actuó bien a mediados del siglo pasado, cuando sus médicos inyectaron con sífilis y gonorrea a centeneras de presos y pacientes psiquiátricos de Guatemala. Tan abominable fue aquel laboratorio de Estado, como la filtración de armas entre los narcos más violentos del mundo.
El Estado es por naturaleza quien debe proteger los derechos humanos y prevenir sus violaciones, de ahí la gravedad cuando los infringe. Así, no se pueden justificar los genocidios de los militares latinoamericanos o el uso reciente de los servicios secretos en Argentina, Colombia y Perú, para espiar o perseguir a opositores, jueces y periodistas. Por prácticas similares, es que los egipcios destituyeron esta semana sus servicios de inteligencia para garantizar que los vientos democráticos permitan un verdadero cambio.
En derechos humanos, las medidas deben ser preventivas, no solo correctivas. Por eso empezaron a lloverle críticas a los gobiernos japoneses. Nadie duda del estoicismo y la honradez de un pueblo que sobrelleva con orden un terremoto y un tsunami catastróficos; pero no se entiende como uno de los países más previsores del mundo, falló por décadas en inspeccionar y reacondicionar los reactores nucleares de Fukushima, a expensas del derecho a la vida de sus ciudadanos.
El olvido también es una forma peligrosa de politizar los derechos humanos. La desmemoria permite que dictadores sangrientos, como el haitiano Jean-Claude Duvalier, puedan regresar campantes a probar suerte en países que en su momento vilipendiaron.
Si no hay memoria, es decir justicia, algún día también podría volver el “carnicero de Trípoli”, si es que lo destronan o neutralizan, como lo acaba de autorizar el Consejo de Seguridad de la ONU.
marzo 24, 2011
Bolivia y el justo reclamo de salida al mar
No comparto para nada la visión de Evo Morales sobre la forma de hacer gobierno ni como mira a la realidad o al mundo. Me identifico mucho más con la manera ordenada de gerenciamiento de Sebastián Piñera y las características de un gobierno plenamente democrático como el chileno.
Sin embargo, me parece adecuado y legítimo que el presidente boliviano quiera buscar en los tribunales internacionales una salida al mar después de que su país, con la ayuda de Perú, perdió la guerra con Chile hace 132 años y con ello 400 kilómetros de costa en el Océano Pacífico y 120 mil kms cuadrados de territorio.
Aunque con su anuncio de que creará una Dirección General de Reivindicación Marítima, para crear estrategias de lucha ante los tribunales internacionales, Morales sepultó el diálogo con su homólogo chileno que contenía algunas esperanzas de obtener una salida al mar, creo que tiene todo el derecho de buscar otras alternativas, tal vez menos políticas y más rápidas.
La salida al mar de Bolivia no es un tema fácil y despierta nacionalismos y pasiones a ambos lados de la frontera. Muchos creen que nada avanzará a favor o en contra a pesar de los diálogos. Creer que Bolivia no puede reclamar porque ha perdido una guerra, sería como para la Argentina renunciar a la soberanía de las Islas Malvinas porque ha perdido varias veces esas islas en los campos de batalla.
Bolivia tiene todo el derecho de trenzarse una vez más en una disputa jurídica internacional. Lo peor que le pueda pasar es que todo el peso de la ley quede del lado chileno y se le cierren las puertas al diálogo y la salida al mar a varias generaciones bolivianas futuras.
Sin embargo, me parece adecuado y legítimo que el presidente boliviano quiera buscar en los tribunales internacionales una salida al mar después de que su país, con la ayuda de Perú, perdió la guerra con Chile hace 132 años y con ello 400 kilómetros de costa en el Océano Pacífico y 120 mil kms cuadrados de territorio.
Aunque con su anuncio de que creará una Dirección General de Reivindicación Marítima, para crear estrategias de lucha ante los tribunales internacionales, Morales sepultó el diálogo con su homólogo chileno que contenía algunas esperanzas de obtener una salida al mar, creo que tiene todo el derecho de buscar otras alternativas, tal vez menos políticas y más rápidas.
La salida al mar de Bolivia no es un tema fácil y despierta nacionalismos y pasiones a ambos lados de la frontera. Muchos creen que nada avanzará a favor o en contra a pesar de los diálogos. Creer que Bolivia no puede reclamar porque ha perdido una guerra, sería como para la Argentina renunciar a la soberanía de las Islas Malvinas porque ha perdido varias veces esas islas en los campos de batalla.
Bolivia tiene todo el derecho de trenzarse una vez más en una disputa jurídica internacional. Lo peor que le pueda pasar es que todo el peso de la ley quede del lado chileno y se le cierren las puertas al diálogo y la salida al mar a varias generaciones bolivianas futuras.
marzo 23, 2011
La libertad de prensa y la democracia
La libertad de prensa y la democracia - Revista Aplausos - ElNuevoHerald.com
Esta es una nota publicada hoy en El Nuevo Herald, sobre un presentación que hicimos con la Fundación Carlos Castañada sobre libertad de prensa y democracia.
By OLGA CONNOR
¿Cómo es posible tener democracia en un país donde se restringen las libertades en las comunicaciones, dónde el pueblo no puede estar informado? Para responder ésta y otras preguntas sobre la libertad de prensa en la América Latina se realizó el quinto programa del ciclo de la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda, en la Casa Bacardí, sede del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americanos (ICCAS), de la Universidad de Miami.
El acto fue presidido, como en las otras conferencias anteriores, por Lillian Castañeda, viuda del periodista cubano Carlos M. Castañeda, quien reunió esta vez a un panel incisivo de periodistas para debatir el tema: Wilfredo Cancio, productor editorial de Canal 41-WJAN/América Tevé de Miami; Julio Muñoz, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Patricia Poleo, directora del periódico El Nuevo País, de Caracas, y Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa de la SIP, como moderador.
“¿Hay libertad de prensa en América Latina?”, fue la pregunta de Trotti antes de presentar a los panelistas. “Hugo Chávez recibe andanadas de críticas de los periodistas, pero hay que preguntar cuáles son las represalias”, expresó. “En Cuba los periodistas son encarcelados, por eso existe la autocensura. Pero una manera de cruzar la barrera de la censura es el uso del celular y la internet, si es que hay suficientes teléfonos y líneas abiertas dentro de un sistema totalitario”.
VENEZUELA
Paticia Poleo, asilada política en Miami por haber sido perseguida por el régimen en Venezuela, exclamó: “¡Cómo nos ha costado para que se nos escuche!”, añadiendo que “la comunidad cubana sí presta atención”. Los ataques del régimen fueron al principio personales: la acusaron de alcohólica, de estar gorda, de tener amigos íntimos indeseables, etc. Pero luego la enfrentaron judicialmente, incitándola a revelar sus fuentes y a incurrir en gastos legales impagables. Este acoso llegó a la acusación de planear intelectualmente el asesinato del fiscal Danilo Anderson y a estar fichada por INTERPOL como criminal peligrosa.
La primera fase fue atacar a los periodistas individualmente, explicó Poleo. Pero luego llegó el ataque a los medios, cuando el poder judicial se supeditó a Chávez, afirmó Poleo. La hegemonía del Estado es la meta, y responsabilizan a los medios de lo que escriba el periodista. Nunca se puede informar sobre las protestas del pueblo, porque dan la excusa de que no hay que causar zozobra en la ciudadanía. Hay más de 15 periodistas venezolanos exiliados, informó. “Pero no hemos dejado de dar la pelea y la seguiremos dando”.
CUBA
De cara al siglo XXI no hay cambios en la isla, aseveró Wilfredo Cancio, quien expresó que Patricia Poleo había pintado magistralmente a una institución que trata de defenderse del proceso de la censura. En Cuba, desde 1960, la realidad es la censura, que no hace falta porque ya se sabe lo que se tiene que decir en los medios.
En la década de 1950, Cuba estaba a la cabeza del continente con 20 periódicos en La Habana, y era el primer país con la televisión en colores. A fines de la década de 1980 se creyó que la “perestroika” iba a solucionar algo y la Escuela de Periodismo se convirtió en un foco de problemas para el gobierno lo que le costó el puesto a la decana, porque los estudiantes retaron cara a cara a Fidel Castro.
Hoy, un 75 por ciento de la población nació después del 59, año de la Revolución. Los temas políticos producen un rechazo absoluto en ese grupo generacional, dijo Cancio. Muchos de ellos están en Miami, porque de 1994 hasta el 2010 ha habido un “Mariel” silencioso, debido a las políticas migratorias.
El periodista contrastó a Egipto, que era una dictadura donde había 60 millones de celulares y 18 proveedores de internet en un país de 80 millones de habitantes, con Cuba, donde hay un solo proveedor de internet, el del gobierno, y sólo nueve por ciento de teléfonos celulares (aproximadamente 1,007, 000 de la red inalámbrica, en una población de unos 11.2 millones de personas).
El ciudadano está adormecido y escéptico, afirmó Cancio. El movimiento periodista independiente tiene a la SIP como pilar de defensa, pero aunque hayan liberado a los presos, en Cuba todavía se encarcela a las personas a pura voluntad.
SIP
Julio Muñoz ensalzó la memoria de Carlos Castañeda como activo miembro de la SIP y relató su extenso resume antes de dar su visión sobre la prensa en América Latina. Actualmente, dijo, se ha pasado de la censura directa a la subliminal. En algunos lugares llega el militar a la sala de redacción y dice: “Eso sí y eso no”. También se refirió a una serie de controles de la censura, algunas de estilo directo, como el asalto, la detención o la muerte, y otras de estilo indirecto: restricción del papel, control de la distribución, control del contenido político.
La violencia contra los periodistas se ha arreciado en algunos países de América, afirmó, en Honduras, Brasil, Colombia y ahora mayormente en México. El año pasado hubo 27 casos de asesinatos de periodistas en las Américas.
En el 2010, la SIP envió 24 misiones a diferentes países para discutir temas de libertad de prensa. La próxima asamblea se realizará en San Diego, California, del 6 al 9 de abril.•
Esta es una nota publicada hoy en El Nuevo Herald, sobre un presentación que hicimos con la Fundación Carlos Castañada sobre libertad de prensa y democracia.
By OLGA CONNOR
¿Cómo es posible tener democracia en un país donde se restringen las libertades en las comunicaciones, dónde el pueblo no puede estar informado? Para responder ésta y otras preguntas sobre la libertad de prensa en la América Latina se realizó el quinto programa del ciclo de la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda, en la Casa Bacardí, sede del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americanos (ICCAS), de la Universidad de Miami.
El acto fue presidido, como en las otras conferencias anteriores, por Lillian Castañeda, viuda del periodista cubano Carlos M. Castañeda, quien reunió esta vez a un panel incisivo de periodistas para debatir el tema: Wilfredo Cancio, productor editorial de Canal 41-WJAN/América Tevé de Miami; Julio Muñoz, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Patricia Poleo, directora del periódico El Nuevo País, de Caracas, y Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa de la SIP, como moderador.
“¿Hay libertad de prensa en América Latina?”, fue la pregunta de Trotti antes de presentar a los panelistas. “Hugo Chávez recibe andanadas de críticas de los periodistas, pero hay que preguntar cuáles son las represalias”, expresó. “En Cuba los periodistas son encarcelados, por eso existe la autocensura. Pero una manera de cruzar la barrera de la censura es el uso del celular y la internet, si es que hay suficientes teléfonos y líneas abiertas dentro de un sistema totalitario”.
VENEZUELA
Paticia Poleo, asilada política en Miami por haber sido perseguida por el régimen en Venezuela, exclamó: “¡Cómo nos ha costado para que se nos escuche!”, añadiendo que “la comunidad cubana sí presta atención”. Los ataques del régimen fueron al principio personales: la acusaron de alcohólica, de estar gorda, de tener amigos íntimos indeseables, etc. Pero luego la enfrentaron judicialmente, incitándola a revelar sus fuentes y a incurrir en gastos legales impagables. Este acoso llegó a la acusación de planear intelectualmente el asesinato del fiscal Danilo Anderson y a estar fichada por INTERPOL como criminal peligrosa.
La primera fase fue atacar a los periodistas individualmente, explicó Poleo. Pero luego llegó el ataque a los medios, cuando el poder judicial se supeditó a Chávez, afirmó Poleo. La hegemonía del Estado es la meta, y responsabilizan a los medios de lo que escriba el periodista. Nunca se puede informar sobre las protestas del pueblo, porque dan la excusa de que no hay que causar zozobra en la ciudadanía. Hay más de 15 periodistas venezolanos exiliados, informó. “Pero no hemos dejado de dar la pelea y la seguiremos dando”.
CUBA
De cara al siglo XXI no hay cambios en la isla, aseveró Wilfredo Cancio, quien expresó que Patricia Poleo había pintado magistralmente a una institución que trata de defenderse del proceso de la censura. En Cuba, desde 1960, la realidad es la censura, que no hace falta porque ya se sabe lo que se tiene que decir en los medios.
En la década de 1950, Cuba estaba a la cabeza del continente con 20 periódicos en La Habana, y era el primer país con la televisión en colores. A fines de la década de 1980 se creyó que la “perestroika” iba a solucionar algo y la Escuela de Periodismo se convirtió en un foco de problemas para el gobierno lo que le costó el puesto a la decana, porque los estudiantes retaron cara a cara a Fidel Castro.
Hoy, un 75 por ciento de la población nació después del 59, año de la Revolución. Los temas políticos producen un rechazo absoluto en ese grupo generacional, dijo Cancio. Muchos de ellos están en Miami, porque de 1994 hasta el 2010 ha habido un “Mariel” silencioso, debido a las políticas migratorias.
El periodista contrastó a Egipto, que era una dictadura donde había 60 millones de celulares y 18 proveedores de internet en un país de 80 millones de habitantes, con Cuba, donde hay un solo proveedor de internet, el del gobierno, y sólo nueve por ciento de teléfonos celulares (aproximadamente 1,007, 000 de la red inalámbrica, en una población de unos 11.2 millones de personas).
El ciudadano está adormecido y escéptico, afirmó Cancio. El movimiento periodista independiente tiene a la SIP como pilar de defensa, pero aunque hayan liberado a los presos, en Cuba todavía se encarcela a las personas a pura voluntad.
SIP
Julio Muñoz ensalzó la memoria de Carlos Castañeda como activo miembro de la SIP y relató su extenso resume antes de dar su visión sobre la prensa en América Latina. Actualmente, dijo, se ha pasado de la censura directa a la subliminal. En algunos lugares llega el militar a la sala de redacción y dice: “Eso sí y eso no”. También se refirió a una serie de controles de la censura, algunas de estilo directo, como el asalto, la detención o la muerte, y otras de estilo indirecto: restricción del papel, control de la distribución, control del contenido político.
La violencia contra los periodistas se ha arreciado en algunos países de América, afirmó, en Honduras, Brasil, Colombia y ahora mayormente en México. El año pasado hubo 27 casos de asesinatos de periodistas en las Américas.
En el 2010, la SIP envió 24 misiones a diferentes países para discutir temas de libertad de prensa. La próxima asamblea se realizará en San Diego, California, del 6 al 9 de abril.•
marzo 22, 2011
El destierro como ejercicio del castrismo
El gobierno cubano anunció hoy una excelente noticia para los familiares de otros dos presos políticos del grupo de los 75 y la liberación también de otros 11 prisioneros que no eran parte de ese grupo de la Primavera Negra de marzo de 2003.
No se puede negar el papel preponderante que ha jugado la Iglesia Católica cubana y el gobierno español en todo este proceso de liberación y hay que destacar la actitud del gobierno de los hermanos Castro de haber cumplido con sus promesas. Claro está, de las 114 liberaciones de disidentes cubanos, ninguna era reconocida hasta la mediación de la Iglesia como si se tratara de presos políticos
Sin embargo, esto no significa el relajamiento del estricto régimen, porque se trata en definitiva, salvo por una decena de excepciones de estas 86 últimas liberaciones, de un destierro masivo de disidentes que el gobierno no permitiría que permanecieran en la isla por temor a que se replique el efecto dominó de las revueltas que voltearon a los presidentes de Túnez, Egipto y que pronto acabará con la Presidencia en Yemen.
De esta nueva válvula de escape que acciona el régimen en forma periódica para evitar la ebullición interna, se beneficiarán los 11 presos que viajarán a España: Néstor Rodríguez Lobaina, Juan Carlos Vázquez, Bodanis Zulueta, José Antonio Sardiñas, Antonio García, Arnaldo Márquez, Eduardo Díaz, Erick Caballero, Alberto Dobouchet, José Manuel de la Rosa y Roberto López. Según la agencia EFE, todos ellos cumplían penas de entre cuatro y 30 años.
No se puede negar el papel preponderante que ha jugado la Iglesia Católica cubana y el gobierno español en todo este proceso de liberación y hay que destacar la actitud del gobierno de los hermanos Castro de haber cumplido con sus promesas. Claro está, de las 114 liberaciones de disidentes cubanos, ninguna era reconocida hasta la mediación de la Iglesia como si se tratara de presos políticos
Sin embargo, esto no significa el relajamiento del estricto régimen, porque se trata en definitiva, salvo por una decena de excepciones de estas 86 últimas liberaciones, de un destierro masivo de disidentes que el gobierno no permitiría que permanecieran en la isla por temor a que se replique el efecto dominó de las revueltas que voltearon a los presidentes de Túnez, Egipto y que pronto acabará con la Presidencia en Yemen.
De esta nueva válvula de escape que acciona el régimen en forma periódica para evitar la ebullición interna, se beneficiarán los 11 presos que viajarán a España: Néstor Rodríguez Lobaina, Juan Carlos Vázquez, Bodanis Zulueta, José Antonio Sardiñas, Antonio García, Arnaldo Márquez, Eduardo Díaz, Erick Caballero, Alberto Dobouchet, José Manuel de la Rosa y Roberto López. Según la agencia EFE, todos ellos cumplían penas de entre cuatro y 30 años.
marzo 21, 2011
La gira de Obama: ¿y la justicia?
Me da la sensación que por lo que va de la gira de Barack Obama hasta ahora, habiendo estado en Brasil y Chile y partiendo hacia El Salvador, no hubo ningún anuncio espectacular ni especial, sino simplemente un poco más de política y demagogia para edulcorar a una región que estaba esperando palabras dulces para sus oídos.
No está mal. Es bueno y necesario que EEUU, ensimismado y perplejo por situaciones ajenas a nuestro continente, como las preocupaciones nucleares en Japón y las militares en Libia, se haya enfocado en destacar las fortalezas de la región y que haya tratado a los países como socios comerciales indispensables para el progreso y prosperidad de su economía. Habiéndose comportado de esa forma egoísta, tirará por debajo de la borda las críticas de que siempre se comporta como un imperio que mira hacia el sur con una visión paternalista.
Sin embargo, creo que más allá del progreso económico de la región, la necesidad de combatir la pobreza, el desempleo y la inseguridad, Obama hubiera también tenido que aprovechar para remarcar las grandes debilidades de la región que tienen que ver con la corrupción y la falta de justicia, aspectos que estoy convencido están minando las democracias como si se tratara de la implosión de un edificio.
El problema de América Latina es la falta de justicia, una justicia dependiente del poder político, o una justicia corrupta infiltrada por el crimen organizado. Esta falta de un sistema de incentivos y castigos justos y equilibrados hace que la región esté desequilibrada y que sus ciudadanos descrean de las instituciones.
Obama seguramente prometerá más ayuda a El Salvador para combatir al narcotráfico como parte de los esfuerzos por apoyar el Plan Mérida y el Plan Colombia; sin embargo todos los esfuerzos económicos estarán destinados a paliar los gastos militares en esa guerra.
No creo en la legalización de las drogas como proponen muchos ex presidentes, intelectuales y periodistas a cambio de esa política correctiva. Creo que la legalización aportará mayores dolores de cabeza, porque las actividades del crimen organizado simplemente buscarán otras actividades donde anidar.
Creo, en cambio, que EE.UU. podría hacer mucho más si volcara ayuda para fortalecer la justicia. Más recursos económicos, técnicos y humanos para proteger, especializar y entrenar a fiscales, jueces y agentes auxiliares de la justicia podrían empezar a arrojar frutos en el futuro inmediato y a largo plazo.
La fortaleza de una democracia es proporcional al grado de independencia, madurez y eficiencia del sistema judicial. Cuando la justicia funciona, cuando existen castigos e incentivos para todos con igualdad y sin privilegios, retorna la credibilidad del ciudadano y la democracia gana en autoestima.
No está mal. Es bueno y necesario que EEUU, ensimismado y perplejo por situaciones ajenas a nuestro continente, como las preocupaciones nucleares en Japón y las militares en Libia, se haya enfocado en destacar las fortalezas de la región y que haya tratado a los países como socios comerciales indispensables para el progreso y prosperidad de su economía. Habiéndose comportado de esa forma egoísta, tirará por debajo de la borda las críticas de que siempre se comporta como un imperio que mira hacia el sur con una visión paternalista.
Sin embargo, creo que más allá del progreso económico de la región, la necesidad de combatir la pobreza, el desempleo y la inseguridad, Obama hubiera también tenido que aprovechar para remarcar las grandes debilidades de la región que tienen que ver con la corrupción y la falta de justicia, aspectos que estoy convencido están minando las democracias como si se tratara de la implosión de un edificio.
El problema de América Latina es la falta de justicia, una justicia dependiente del poder político, o una justicia corrupta infiltrada por el crimen organizado. Esta falta de un sistema de incentivos y castigos justos y equilibrados hace que la región esté desequilibrada y que sus ciudadanos descrean de las instituciones.
Obama seguramente prometerá más ayuda a El Salvador para combatir al narcotráfico como parte de los esfuerzos por apoyar el Plan Mérida y el Plan Colombia; sin embargo todos los esfuerzos económicos estarán destinados a paliar los gastos militares en esa guerra.
No creo en la legalización de las drogas como proponen muchos ex presidentes, intelectuales y periodistas a cambio de esa política correctiva. Creo que la legalización aportará mayores dolores de cabeza, porque las actividades del crimen organizado simplemente buscarán otras actividades donde anidar.
Creo, en cambio, que EE.UU. podría hacer mucho más si volcara ayuda para fortalecer la justicia. Más recursos económicos, técnicos y humanos para proteger, especializar y entrenar a fiscales, jueces y agentes auxiliares de la justicia podrían empezar a arrojar frutos en el futuro inmediato y a largo plazo.
La fortaleza de una democracia es proporcional al grado de independencia, madurez y eficiencia del sistema judicial. Cuando la justicia funciona, cuando existen castigos e incentivos para todos con igualdad y sin privilegios, retorna la credibilidad del ciudadano y la democracia gana en autoestima.
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