Con motivo de que este 25 de mayo se celebra en Honduras el Día del Periodista, el periodista Robert Marin García del diario El Heraldo de Tegucigalpa, me hizo la siguiente entrevista:
¿Qué conocimiento tiene sobre la libertad de expresión en Honduras?
Por mi trabajo monitoreo muy de cerca lo que ocurre en cada país en esta materia y lamentablemente Honduras está en este momento en una situación muy delicada, tanto por la situación de inestabilidad política que afectó también a los medios de prensa y los periodistas en el gobierno anterior como en el posterior al 28 de junio de 2009, como por el clima de violencia que desde marzo de este año cobró la vida de seis periodistas, casos que no están siendo esclarecidos.
¿Qué pasa cuando las sociedades van perdiendo poco a poco su libertad de expresión?
Se pierden espacios de democracia, la que necesita de la riqueza plural y diversa de información y opinión; y de que se respete el trabajo de los periodistas y los distintos criterios editoriales de los medios.
¿Centroamérica es de dónde provienen las mayores agresiones y amenazas a la libertad de expresión?
Tradicionalmente como en la actualidad, los gobiernos tienen una altísima cuota de responsabilidad en lo que sucede a la prensa, tanto desde el punto de vista directa como indirecta, así sea violencia verbal y física, escaso acceso a fuentes de información oficial, discriminación en el otorgamiento de licencias para la explotación de medios electrónicos, utilización de la publicidad oficial con fines punitivos contra los medios, entre otras causas y consecuencias. Sin embargo, en parte por la inacción de los estados y por la globalización también del delito, la prensa también es víctima de la violencia del crimen organizado, principalmente del narcotráfico y sus negocios conexos, en lo que adquieren relevancia las maras o pandillas juveniles.
¿Hasta qué punto es correcto hablar apresuradamente de violaciones a la libertad de expresión, cuando un periodista es asesinado y las causas no tienen relación con el ejercicio de su profesión?
Cuando esto ocurre no existe ningún tipo de violación a la libertad de prensa. Sucede que cuando el gobierno, a través de sus entes investigadores, tarda en ofrecer investigaciones rápidas y creíbles generando desconfianza en las instituciones, pueden aparecer personas o grupos que creen entender que el crimen de un periodista lo que buscaba era tapar o esconder alguna información que pudiera ser relevante.
¿Qué recomienda hacer para que los periodistas no utilicen la libertad de expresión como un escudo para protegerse de prácticas de un libertinaje ofensivo que atenta contra la seguridad física y emocional de las personas?
Como en toda profesión humana, hay periodistas buenos, malos y mediocres. La capacitación y la autocrítica profesional que se ejerza a través de instituciones de prensa fuertes, pueden ir ayudando a una mejor cultura periodística. El entrenamiento de un periodista no debe estar solo limitada a lo técnico ni a su medio, sino enfocada a la ética profesional; se trata, ante todo, de una tarea de responsabilidad individual del periodista.
¿Qué actuaciones de un periodista, podrían socavar la libertad de expresión?
La falta de honestidad en todo sentido, la falta de lealtad a la profesión; lo que tiene que ver con deberes que se asumen con esta profesión: el apego a la búsqueda de la verdad, evitar los conflictos de interés o incluso los que den apariencia de ello. Defender el derecho a la libertad de expresión (y por ende la democracia) es una alta responsabilidad de los periodistas.
En los últimos tres meses en Honduras se han registrado siete asesinatos de periodistas y las causas todavía no son claras ¿Qué nos indica esto?
En seis de estos casos hay sospechas de que se debió a cuestiones profesionales. Parece demasiada casualidad que hayan sido asesinados si es que alguien o grupos allegados al crimen organizado no estuvieran tratando de dar un mensaje. El gobierno tiene una profunda responsabilidad en esclarecer estos hechos en forma rápida. En esta acción se basa la credibilidad del sistema investigativo, lo que creo es una gran debilidad del estado hondureño.
¿Cuál debe ser el rol del Estado y de las sociedades en la defensa de la libertad de expresión, prensa e información?
El estado debe garantizar la libertad de prensa como lo establece la Constitución y todos los tratados internacionales que ha firmado. Pero más allá de esa obligación de respetar la libertad de expresión, tiene el deber de promoverla a través de leyes y educación. Defender y promover la libertad de expresión es defender y promover la democracia.
Publiqué hace poco mi novela futurística en Amazon: "Robots con Alma: atrapados entre la verdad y la libertad". En este blog trato de temas de actualidad referidos a los valores de la verdad y la libertad. Blog por Ricardo Trotti
mayo 24, 2010
mayo 23, 2010
Lobo y el ejemplo de Alan García
En los asesinatos de periodistas ocurridos en los últimos meses en Honduras y sobre los que el presidente Porfirio Lobo pidió ayuda al gobierno español para que mande fiscales que pudieran investigar y esclarecer los casos, sería bueno que el presidente hondureño tuviera en cuenta lo que hace unos días nos prometió su colega peruano, Alan García, cuando lo visitamos este viernes en Lima con una misión internacional de la SIP.
García coincidió con lo que nos respondió el presidente de la Corte Suprema de Justicia peruana, Javier Villa Stein, después de que le dijimos que parte de la solución para resolver los crímenes contra periodistas sería crear una jurisdicción especial a nivel nacional para investigar los casos, de la misma forma que se tratan los casos de narcotráfico y terrorismo.
Si bien podría haber problemas de presupuesto dentro del Poder Judicial, el presidente Alan García, en una reunión posterior y justo en el día de su cumpleaños, el 21 de mayo, nos dijo que el Poder Ejecutivo apoyaría con el dinero adecuado el funcionamiento de una sala judicial especial nacional.
La idea de incorporar una sala especial judicial nacional es para atraer del interior del país, ya que donde el Poder Judicial, los jueces y tribunales son más vulnerables a las presiones del crimen organizado, y por ello los casos suelen quedar con más facilidad en la impunidad.
Lobo podría – además de los cinco puntos que relaté en post anterior – incorporar esta decisión política de la misma forma que la asumió Alan García.
García coincidió con lo que nos respondió el presidente de la Corte Suprema de Justicia peruana, Javier Villa Stein, después de que le dijimos que parte de la solución para resolver los crímenes contra periodistas sería crear una jurisdicción especial a nivel nacional para investigar los casos, de la misma forma que se tratan los casos de narcotráfico y terrorismo.
Si bien podría haber problemas de presupuesto dentro del Poder Judicial, el presidente Alan García, en una reunión posterior y justo en el día de su cumpleaños, el 21 de mayo, nos dijo que el Poder Ejecutivo apoyaría con el dinero adecuado el funcionamiento de una sala judicial especial nacional.
La idea de incorporar una sala especial judicial nacional es para atraer del interior del país, ya que donde el Poder Judicial, los jueces y tribunales son más vulnerables a las presiones del crimen organizado, y por ello los casos suelen quedar con más facilidad en la impunidad.
Lobo podría – además de los cinco puntos que relaté en post anterior – incorporar esta decisión política de la misma forma que la asumió Alan García.
Cuba ¿liberará presos políticos?
Ojala sea verdad y el régimen comunista y autoritario de los hermanos Castro terminé liberando a los presos políticos y periodistas que todavía se pudren en las cárceles de la isla.
La versión la dio Guillermo Fariñas quien mantiene una huelga de hambre por 88 días en demanda para que por lo menos liberen a quienes están delicados de salud. Es la Iglesia Católica la que está intercediendo ante el gobierno cubano, y la única que podría darle la excusa al régimen para dejar libres a los presos, ya que no quiere hacer ver que se deja influir por las presiones de Fariñas ni de las Damas de Blanco ni por EEUU o la Comunidad Europea y otras instituciones internacionales como la SIP.
Es que el gobierno no quiere dar siquiera apariencia de debilidad, pero la presión es demasiado fuerte y con ella las sanciones económicas. Así que no tiene mejor salida que haber encontrado en la Iglesia a un intermediario lógico y neutral.
La intermediación del cardenal Ortega es una salida elegante y así, además, el gobierno permite el posicionamiento de una Iglesia que siempre fue perseguida, aunque últimamente y después de la visita de Juan Pablo II fue más tolerada.
Claro que esto no es suficiente, porque la liberación será a cuentagotas; pero por algo se empieza. Existe esperanza para las familias sufridas.
La versión la dio Guillermo Fariñas quien mantiene una huelga de hambre por 88 días en demanda para que por lo menos liberen a quienes están delicados de salud. Es la Iglesia Católica la que está intercediendo ante el gobierno cubano, y la única que podría darle la excusa al régimen para dejar libres a los presos, ya que no quiere hacer ver que se deja influir por las presiones de Fariñas ni de las Damas de Blanco ni por EEUU o la Comunidad Europea y otras instituciones internacionales como la SIP.
Es que el gobierno no quiere dar siquiera apariencia de debilidad, pero la presión es demasiado fuerte y con ella las sanciones económicas. Así que no tiene mejor salida que haber encontrado en la Iglesia a un intermediario lógico y neutral.
La intermediación del cardenal Ortega es una salida elegante y así, además, el gobierno permite el posicionamiento de una Iglesia que siempre fue perseguida, aunque últimamente y después de la visita de Juan Pablo II fue más tolerada.
Claro que esto no es suficiente, porque la liberación será a cuentagotas; pero por algo se empieza. Existe esperanza para las familias sufridas.
mayo 22, 2010
Lobo: lea la carta por favor
Sobre los asesinatos de periodistas hondureños, el presidente Porfirio Lobo lo hizo muy bien en España. Pidió el 19 de mayo durante la VI Cumbre entre la Unión Europea y Centroamérica, que el gobierno español le ayude enviando fiscales especiales para tratar de esclarecer esos crímenes ocurridos en marzo pasado.
Sin embargo, si bien está muy bien esta búsqueda de esta ayuda, debería leer con detenimiento una carta que le entregamos el 27 de abril en el hotel Inter Continental de Miami, el presidente de la SIP y yo, en la que remarcábamos la necesidad de considerar cinco recomendaciones, tal como expliqué en un post anterior.
Las recomendaciones que le dejamos son las siguientes:
Establecer criterios ya probados a nivel de sistema de veeduría internacional con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, similar a lo establecido por el gobierno de Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización que tiene como objetivo “prestar asistencia técnica a las instituciones del sector justicia, a fin de dejar al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada”.
Crear - no obstante este tipo de cooperación internacional la que también debe ser solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - fiscalías especiales dentro del Ministerio Público para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión en el marco de la procuración de los derechos humanos.
Instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial que atienda aquellos delitos que son cometidos contra toda persona en el ejercicio de su libertad de expresión y la libertad de prensa.
Inducir a la búsqueda de reformas al Código Penal para que se agraven los delitos cometidos contra la libertad de expresión, como método eficiente de disuasión contra los violentos.
Exhortar a través suyo y por los mecanismos correspondientes a que el Poder Judicial de Honduras considere la Declaración de Principios de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa e Impunidad, del 20 de julio de 2007, que contó con más de 20 presidentes de poderes judiciales de las Américas, durante la que se estableció “generar espacios para discutir, con especialistas e integrantes de la sociedad, la posibilidad de motivar reformas legales que permitan con mayor eficacia someter a juicio y sentenciar a los responsables de atentar contra la libertad de expresión”, así como “recomendar la implementación del nuevo modelo procesal penal” y “alentar a los poderes del Estado de los diferentes países y en sus distintos niveles, el uso de los instrumentos internacionales e interamericanos que otorgan herramientas conceptuales y normativas para sancionar con eficacia a quienes atentan contra la libertad de expresión y la obstrucción de la justicia, sin perjuicio de la independencia de los jueces”.
Sin embargo, si bien está muy bien esta búsqueda de esta ayuda, debería leer con detenimiento una carta que le entregamos el 27 de abril en el hotel Inter Continental de Miami, el presidente de la SIP y yo, en la que remarcábamos la necesidad de considerar cinco recomendaciones, tal como expliqué en un post anterior.
Las recomendaciones que le dejamos son las siguientes:
Establecer criterios ya probados a nivel de sistema de veeduría internacional con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, similar a lo establecido por el gobierno de Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización que tiene como objetivo “prestar asistencia técnica a las instituciones del sector justicia, a fin de dejar al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada”.
Crear - no obstante este tipo de cooperación internacional la que también debe ser solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - fiscalías especiales dentro del Ministerio Público para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión en el marco de la procuración de los derechos humanos.
Instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial que atienda aquellos delitos que son cometidos contra toda persona en el ejercicio de su libertad de expresión y la libertad de prensa.
Inducir a la búsqueda de reformas al Código Penal para que se agraven los delitos cometidos contra la libertad de expresión, como método eficiente de disuasión contra los violentos.
Exhortar a través suyo y por los mecanismos correspondientes a que el Poder Judicial de Honduras considere la Declaración de Principios de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa e Impunidad, del 20 de julio de 2007, que contó con más de 20 presidentes de poderes judiciales de las Américas, durante la que se estableció “generar espacios para discutir, con especialistas e integrantes de la sociedad, la posibilidad de motivar reformas legales que permitan con mayor eficacia someter a juicio y sentenciar a los responsables de atentar contra la libertad de expresión”, así como “recomendar la implementación del nuevo modelo procesal penal” y “alentar a los poderes del Estado de los diferentes países y en sus distintos niveles, el uso de los instrumentos internacionales e interamericanos que otorgan herramientas conceptuales y normativas para sancionar con eficacia a quienes atentan contra la libertad de expresión y la obstrucción de la justicia, sin perjuicio de la independencia de los jueces”.
mayo 21, 2010
NBA: el título no importa
Coincido con el periodista Tim Reynolds de la agencia Associated Press, sobre que la disputa por el título de campeón de básquetbol que podrían disputar los Lakers de Los Angeles y los Celtics de Boston – que ya están dos juegos a cero en la serie de siete contra los Suns de Phoenix y los Magic de Orlando - no tiene tanta relevancia como sí la tiene el mercado libre de pases que se abre el 1 de julio.
Es que la suerte que correrán las super estrellas Lebron James, Dwyane Wade y Chris Bosh que entrarán a la agencia libre y los equipos a los que escojan, tiene mayor impacto de unas finales totalmente predecibles, a no ser por la ausencia de los Cavaliers de Cleveland.
Pasaría lo mismo en fútbol. ¿Qué sería de una final de campeonato en España sabiendo que Messi, Iniesta, Ronaldo o Kaká estuvieran por firmar para otro equipo cualquiera dentro de la liga? Su traspaso generaría mayor expectativa que el propio campeonato. La preocupación de los fanáticos del Barcelona o del Real Madrid ni se compararía a la expectativa que generaría en todos los demás fanáticos del resto de clubes en competición.
Esto prueba que las grandes individualidades, y la calidad, trascienden hasta a los propios equipos. Es como que fueran seres universales.
Volviendo al básquet, ojalá Miami sea la beneficiada y James y Bosh decidan unirse a Wade. Sería un equipo de ensueño y algo muy tangible por la billetera que tiene disponible Pat Riley, el presidente de los Heat.
Es que la suerte que correrán las super estrellas Lebron James, Dwyane Wade y Chris Bosh que entrarán a la agencia libre y los equipos a los que escojan, tiene mayor impacto de unas finales totalmente predecibles, a no ser por la ausencia de los Cavaliers de Cleveland.
Pasaría lo mismo en fútbol. ¿Qué sería de una final de campeonato en España sabiendo que Messi, Iniesta, Ronaldo o Kaká estuvieran por firmar para otro equipo cualquiera dentro de la liga? Su traspaso generaría mayor expectativa que el propio campeonato. La preocupación de los fanáticos del Barcelona o del Real Madrid ni se compararía a la expectativa que generaría en todos los demás fanáticos del resto de clubes en competición.
Esto prueba que las grandes individualidades, y la calidad, trascienden hasta a los propios equipos. Es como que fueran seres universales.
Volviendo al básquet, ojalá Miami sea la beneficiada y James y Bosh decidan unirse a Wade. Sería un equipo de ensueño y algo muy tangible por la billetera que tiene disponible Pat Riley, el presidente de los Heat.
mayo 20, 2010
Opiniones migratorias
Justo cuando la ciudad de Los Angeles declaraba un boicot económico en contra del estado de Arizona por la nueva ley de inmigración al considerarla anticonstitucional y racista, sorpresivamente varias encuestas dieron a conocer que una mayoría de estadounidenses está a favor de la legislación.
Esos resultados fueron como un jab a la mandíbula. El cimbronazo descolocó a muchos mostrando una realidad diferente, contradictoria, de la que la prensa no se venía haciendo eco. Es que cuando parecía que todos se sumaban convencidos a voces y manifestaciones estruendosas de protesta y repudio, organizadas por artistas, activistas, políticos y hasta por el presidente Barack Obama, quien ordenó estudiar cómo bloquear la ley, una mayoría silenciosa de ciudadanos, daba un veredicto muy diferente.
Un 73% de los estadounidenses, según sondeos similares del Centro de Investigaciones Pew y de McClatchy-Ipsos, está a favor de la Ley SB1070 que a partir del 29 de julio criminaliza la inmigración ilegal en Arizona, permitiendo a la policía detener e interrogar a una persona por su condición migratoria. La mayoría tampoco considera que la ley conculcaría sus derechos civiles y cree que es positiva para frenar la inseguridad y el desempleo, dos valores que muchos ligan al problema irresuelto de 12 millones de indocumentados en el país.
Merece también la atención que mientras muchos dirigentes pensaban que las protestas públicas del 1 de mayo realizadas en decenas de ciudades importantes ayudarían a conseguir una victoria segura contra la ley de Arizona, el tema pasó casi desapercibido en las redes sociales, siempre predispuestas al contagio viral. El sitio de Facebook que reclama “1.000.000 en contra de la ley de Inmigración de Arizona” solo tiene algo más que un centenar de seguidores, mientras el que convoca al “Boicot a Arizona por pasar una Ley Antiinmigración”, solo alcanza a 8.800 miembros.
Las mediciones de opinión tienen la capacidad de ayudar a moldear las fuerzas políticas; quienes parecen minorías, de repente pueden transformarse en mayorías. Las nuevas tendencias cambian conductas y desinhiben a quienes se mantenían en silencio o políticamente correctos por temor a ser criticados. En la sociedad política, la opinión de la mayoría es como el viento de cola al planeador. Vale como ejemplo el procurador general de la Florida, Bill McCollum, quien después de criticar la ley, ahora dijo que apoyaría una similar en su estado.
En situaciones convulsionadas y polarizadas, se corre el riesgo que los políticos actúen demagógicamente tratando de halagar o escudarse en las mayorías, aún si están equivocadas, prestándole demasiada atención a muestras de opinión que pueden cambiar radicalmente según el contexto y los hechos del momento.
Esto ocurre en la carrera presidencial de Colombia donde los candidatos principales, Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, se disputan día tras día el favoritismo de un electorado que cambia, en gran medida, según las declaraciones que sobre ellos hace el presidente Hugo Chávez.
Más allá de la legislación que promulgó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril, y de los malos resultados de las encuestas para las minorías, lo positivo es que esta nueva ley despertó el debate y puso a la inmigración de nuevo en igualdad de condiciones con la crisis económica, las guerras y la reforma de salud; y a la búsqueda de una solución federal integral.
La ley es de singular trascendencia no solo para EEUU, sino para Latinoamérica, el mayor “proveedor” de inmigrantes y mayor beneficiaria de las remesas familiares. La migración es un problema que afecta a todos y en cada país latinoamericano existen los mismos problemas de discriminación y de xenofobia que se le achacan a la ley SB1070. Solo vale preguntarse: ¿Cómo es la situación de los indocumentados paraguayos en Argentina? ¿de los argentinos en Perú? ¿de los peruanos en Chile? ¿de los colombianos en Venezuela? ¿de los haitianos en Dominicana? ¿de los centroamericanos en México? ¿de los hondureños en Nicaragua? o ¿de los nicaragüenses en Costa Rica?
Sería deseable que los legisladores mexicanos y los presidentes de la UNASUR que han criticado fuerte y genuinamente la ley de Arizona, aprovecharan el debate para generar opiniones, reflexión y, también, legislación más adecuada en cada uno de los países.
Esos resultados fueron como un jab a la mandíbula. El cimbronazo descolocó a muchos mostrando una realidad diferente, contradictoria, de la que la prensa no se venía haciendo eco. Es que cuando parecía que todos se sumaban convencidos a voces y manifestaciones estruendosas de protesta y repudio, organizadas por artistas, activistas, políticos y hasta por el presidente Barack Obama, quien ordenó estudiar cómo bloquear la ley, una mayoría silenciosa de ciudadanos, daba un veredicto muy diferente.
Un 73% de los estadounidenses, según sondeos similares del Centro de Investigaciones Pew y de McClatchy-Ipsos, está a favor de la Ley SB1070 que a partir del 29 de julio criminaliza la inmigración ilegal en Arizona, permitiendo a la policía detener e interrogar a una persona por su condición migratoria. La mayoría tampoco considera que la ley conculcaría sus derechos civiles y cree que es positiva para frenar la inseguridad y el desempleo, dos valores que muchos ligan al problema irresuelto de 12 millones de indocumentados en el país.
Merece también la atención que mientras muchos dirigentes pensaban que las protestas públicas del 1 de mayo realizadas en decenas de ciudades importantes ayudarían a conseguir una victoria segura contra la ley de Arizona, el tema pasó casi desapercibido en las redes sociales, siempre predispuestas al contagio viral. El sitio de Facebook que reclama “1.000.000 en contra de la ley de Inmigración de Arizona” solo tiene algo más que un centenar de seguidores, mientras el que convoca al “Boicot a Arizona por pasar una Ley Antiinmigración”, solo alcanza a 8.800 miembros.
Las mediciones de opinión tienen la capacidad de ayudar a moldear las fuerzas políticas; quienes parecen minorías, de repente pueden transformarse en mayorías. Las nuevas tendencias cambian conductas y desinhiben a quienes se mantenían en silencio o políticamente correctos por temor a ser criticados. En la sociedad política, la opinión de la mayoría es como el viento de cola al planeador. Vale como ejemplo el procurador general de la Florida, Bill McCollum, quien después de criticar la ley, ahora dijo que apoyaría una similar en su estado.
En situaciones convulsionadas y polarizadas, se corre el riesgo que los políticos actúen demagógicamente tratando de halagar o escudarse en las mayorías, aún si están equivocadas, prestándole demasiada atención a muestras de opinión que pueden cambiar radicalmente según el contexto y los hechos del momento.
Esto ocurre en la carrera presidencial de Colombia donde los candidatos principales, Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, se disputan día tras día el favoritismo de un electorado que cambia, en gran medida, según las declaraciones que sobre ellos hace el presidente Hugo Chávez.
Más allá de la legislación que promulgó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril, y de los malos resultados de las encuestas para las minorías, lo positivo es que esta nueva ley despertó el debate y puso a la inmigración de nuevo en igualdad de condiciones con la crisis económica, las guerras y la reforma de salud; y a la búsqueda de una solución federal integral.
La ley es de singular trascendencia no solo para EEUU, sino para Latinoamérica, el mayor “proveedor” de inmigrantes y mayor beneficiaria de las remesas familiares. La migración es un problema que afecta a todos y en cada país latinoamericano existen los mismos problemas de discriminación y de xenofobia que se le achacan a la ley SB1070. Solo vale preguntarse: ¿Cómo es la situación de los indocumentados paraguayos en Argentina? ¿de los argentinos en Perú? ¿de los peruanos en Chile? ¿de los colombianos en Venezuela? ¿de los haitianos en Dominicana? ¿de los centroamericanos en México? ¿de los hondureños en Nicaragua? o ¿de los nicaragüenses en Costa Rica?
Sería deseable que los legisladores mexicanos y los presidentes de la UNASUR que han criticado fuerte y genuinamente la ley de Arizona, aprovecharan el debate para generar opiniones, reflexión y, también, legislación más adecuada en cada uno de los países.
mayo 18, 2010
Río y los dos mundiales
Estoy por trabajo en Río de Janeiro, una de las ciudades más lindas del mundo, donde el cielo y el infierno se tocan de la mano y comparten el mismo espacio. Las playas, los cerros, la gente, el carnaval; pero también las favelas, el narcotráfico y la violencia. Dos realidades opuestas con la que los cariocas están acostumbrados a vivir.
Es la ciudad de los dos mundiales de fútbol. Fanáticos tanto para hablar del fútbol de Sudáfrica en menos de un mes, como para hablar del mundial del 2014 que tendrá a esta sede como epicentro. Los dos temas son los más importantes de cualquier discusión: el fervor por el campeonato que empezará en 20 días y el temor por el que acontecerá en cuatro años más; especialmente porque no se sabe a ciencia cierta si el gobierno podrá reducir los índices de violencia en una de las urbes más violentas y peligrosas del mundo.
La esperanza para muchos cariocas está puesta en la Unidad de Policía Pacificadora, una nueva policía que fue instaurada en el estado de Río de Janeiro para reducir el nivel de violencia en las favelas. Su misión principal es establecer el orden desarmando a los traficantes. Si bien hasta ahora se ha reducido la violencia en las 15 favelas de las más de mil que existen, cierto es también que la violencia se está mudando a ciudades aledañas, como Niteroy.
Nadie sabe si habrá resultados concretos hacia el 2014. Es cierto que la violencia ya se redujo algo pero que el problema principal de las drogas continúa, aunque en forma más discreta.
Por el momento, el espíritu alegre, apasionado y fogoso de Río continua, mientras su “moradores”, los cariocas, piensan no solo en Sudáfrica sino en los dos próximos mundiales.
Es la ciudad de los dos mundiales de fútbol. Fanáticos tanto para hablar del fútbol de Sudáfrica en menos de un mes, como para hablar del mundial del 2014 que tendrá a esta sede como epicentro. Los dos temas son los más importantes de cualquier discusión: el fervor por el campeonato que empezará en 20 días y el temor por el que acontecerá en cuatro años más; especialmente porque no se sabe a ciencia cierta si el gobierno podrá reducir los índices de violencia en una de las urbes más violentas y peligrosas del mundo.
La esperanza para muchos cariocas está puesta en la Unidad de Policía Pacificadora, una nueva policía que fue instaurada en el estado de Río de Janeiro para reducir el nivel de violencia en las favelas. Su misión principal es establecer el orden desarmando a los traficantes. Si bien hasta ahora se ha reducido la violencia en las 15 favelas de las más de mil que existen, cierto es también que la violencia se está mudando a ciudades aledañas, como Niteroy.
Nadie sabe si habrá resultados concretos hacia el 2014. Es cierto que la violencia ya se redujo algo pero que el problema principal de las drogas continúa, aunque en forma más discreta.
Por el momento, el espíritu alegre, apasionado y fogoso de Río continua, mientras su “moradores”, los cariocas, piensan no solo en Sudáfrica sino en los dos próximos mundiales.
mayo 17, 2010
Obama y libertad de prensa
Del lugar que menos se lo esperaba llegó una gran ayuda para impulsar la libertad de prensa en el mundo, permitiendo que se señale a los gobiernos que comenten atropellos contra la libertad de informar, en contra de los medios de comunicación y contra los periodistas.
El presidente estadounidense Barack Obama firmó una ley que lleva el nombre del periodista Daniel Pearl que en 2002 después de estar secuestrado en Pakistán mientras trabajaba para el Wall Street Journal, sus captores terroristas lo decapitaron ante las cámaras. Su familia, que siempre se negó a que este abominable crimen quede en el olvido, logró que se dicte esta ley que exige al Departamento de Estado (cancillería) que en sus informes sobre derechos humanos incluya el estado de la libertad de prensa en el país analizado.
La importancia de la ley – aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de junio de 2009 y por el Senado el 7 de mayo de 2010 – radica en que después del diagnóstico, el gobierno estadounidense suele reclamar acciones para que los errores, manipulaciones u omisiones sean remendadas, so pena de que puedan aplicarse sanciones, entre ellas, económicas, las más difícil de superar por los gobiernos extranjeros.
Tanto el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Derechos Humanos y otros organismos multilaterales siempre se han excusado de no aplicar algún tipo de sanciones o negar a los países asistencia financiera, cuando en éstos no se respeta la libertad de prensa o de expresión; como se les ha solicitado a menudo.
Esta ley abre las posibilidades de castigar económicamente a aquellos países que perjudican la libertad de prensa o permiten que los crímenes contra la libertad de expresión – por ejemplo el asesinato de periodistas – queden impunes.
El presidente estadounidense Barack Obama firmó una ley que lleva el nombre del periodista Daniel Pearl que en 2002 después de estar secuestrado en Pakistán mientras trabajaba para el Wall Street Journal, sus captores terroristas lo decapitaron ante las cámaras. Su familia, que siempre se negó a que este abominable crimen quede en el olvido, logró que se dicte esta ley que exige al Departamento de Estado (cancillería) que en sus informes sobre derechos humanos incluya el estado de la libertad de prensa en el país analizado.
La importancia de la ley – aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de junio de 2009 y por el Senado el 7 de mayo de 2010 – radica en que después del diagnóstico, el gobierno estadounidense suele reclamar acciones para que los errores, manipulaciones u omisiones sean remendadas, so pena de que puedan aplicarse sanciones, entre ellas, económicas, las más difícil de superar por los gobiernos extranjeros.
Tanto el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Derechos Humanos y otros organismos multilaterales siempre se han excusado de no aplicar algún tipo de sanciones o negar a los países asistencia financiera, cuando en éstos no se respeta la libertad de prensa o de expresión; como se les ha solicitado a menudo.
Esta ley abre las posibilidades de castigar económicamente a aquellos países que perjudican la libertad de prensa o permiten que los crímenes contra la libertad de expresión – por ejemplo el asesinato de periodistas – queden impunes.
mayo 16, 2010
Justicia vergonzosa
Justicia vergonzosa 16-05-2010
Lo de la justicia española suspendiendo al juez Baltasar Garzón es vergonzoso. Desde que este juez cobró notoriedad por enjuiciar a Augusto Pinochet, a algunos miembros de la dictadura militar argentina y dar validez a la lucha por los derechos humanos en el mundo, la justicia española no tuvo empacho para ofrecerle honores y elogios.
Pero solo bastó que el juez mirara hacia adentro, hacia una realidad española tan dramática y oscura como la era del franquismo, para que el Poder Judicial desestimara cualquier ilusión de buscar la verdad para miles de familias víctimas de la época. La condena contra Garzón se dio porque ignoró la Ley de Amnistía de 1977 que echó un manto del olvido y ofreció un ramo de olivo para la reconciliación de los españoles.
Más allá de que la Amnistía sirvió para el contexto de esa época, como ocurrió con leyes de Punto Final en países latinoamericanos en su momento, el tiempo ha pasado y seguramente sería ahora el apropiado para buscar la verdad de los episodios que se detuvieron en las leyes pero que jamás se olvidaron. Para que pueda haber verdadero perdón debe primero saberse la verdad.
Lo de la justicia española suspendiendo al juez Baltasar Garzón es vergonzoso. Desde que este juez cobró notoriedad por enjuiciar a Augusto Pinochet, a algunos miembros de la dictadura militar argentina y dar validez a la lucha por los derechos humanos en el mundo, la justicia española no tuvo empacho para ofrecerle honores y elogios.
Pero solo bastó que el juez mirara hacia adentro, hacia una realidad española tan dramática y oscura como la era del franquismo, para que el Poder Judicial desestimara cualquier ilusión de buscar la verdad para miles de familias víctimas de la época. La condena contra Garzón se dio porque ignoró la Ley de Amnistía de 1977 que echó un manto del olvido y ofreció un ramo de olivo para la reconciliación de los españoles.
Más allá de que la Amnistía sirvió para el contexto de esa época, como ocurrió con leyes de Punto Final en países latinoamericanos en su momento, el tiempo ha pasado y seguramente sería ahora el apropiado para buscar la verdad de los episodios que se detuvieron en las leyes pero que jamás se olvidaron. Para que pueda haber verdadero perdón debe primero saberse la verdad.
mayo 14, 2010
Arizona y las encuestas
Acabo de ver un programa de televisión muy malo por Univisión en el que los periodistas María Elena Salinas y Jorge Ramos en un foro televisivo por la Ley 1070SB de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, estuvieron permanente bregando y preguntando y digitando sus preguntas para hacerla ver como racista e inconstitucional, a pesar de que mostraron cierta objetividad en el equilibrio bipartidista de los invitados.
No discrepo sobre que la ley puede ser mala, pero lo que no me gustó es que los periodistas trataron de llevar toda la noche a la audiencia a tener una reacción contraria a la prensa, algo que vino sucediendo con la mayor parte de la prensa.
Salvo algunas excepciones, la ley antiinmigrante de Arizona, es duramente criticada por los activistas de derechos humanos y civiles, por la prensa, por los artistas de diferentes disciplinas, por los líderes de opinión, por el UNASUR, y por el propio Barack Obama, cuyo gobierno considera bloquearla a través del ministerio de Justicia, lo que le ha dado plafón para comenzar un debate nacional sobre una ley que regularice a millones de indocumentados en el país.
Lo que no me gustó es que se haya dicho poco de una ley que si bien ha generado la repulsa de miles de hispanos y otras minorías, provocado que varias ciudades importantes le declararan el boicot a Arizona, es que no se haya dicho nada sobre las encuestas del Pew Center que esta semana mostraron que un 73 por ciento de estadounidenses la favorece. Otro sondeo de McClatchy-Ipsos a principios de este mes, reveló que el 61% de los estadounidenses está de acuerdo con la ley (64% de ellos son electores), por motivos que tienen que ver con la seguridad en el país y el desempleo, dando a entender que los inmigrantes ilegales ponen en riesgo, al menos, estos dos temas tan importantes para la ciudadanía establecida.
El periodismo de esta noche me pareció demagógico, tratando de adular a la audiencia o a las mayorías de Univisión.
No discrepo sobre que la ley puede ser mala, pero lo que no me gustó es que los periodistas trataron de llevar toda la noche a la audiencia a tener una reacción contraria a la prensa, algo que vino sucediendo con la mayor parte de la prensa.
Salvo algunas excepciones, la ley antiinmigrante de Arizona, es duramente criticada por los activistas de derechos humanos y civiles, por la prensa, por los artistas de diferentes disciplinas, por los líderes de opinión, por el UNASUR, y por el propio Barack Obama, cuyo gobierno considera bloquearla a través del ministerio de Justicia, lo que le ha dado plafón para comenzar un debate nacional sobre una ley que regularice a millones de indocumentados en el país.
Lo que no me gustó es que se haya dicho poco de una ley que si bien ha generado la repulsa de miles de hispanos y otras minorías, provocado que varias ciudades importantes le declararan el boicot a Arizona, es que no se haya dicho nada sobre las encuestas del Pew Center que esta semana mostraron que un 73 por ciento de estadounidenses la favorece. Otro sondeo de McClatchy-Ipsos a principios de este mes, reveló que el 61% de los estadounidenses está de acuerdo con la ley (64% de ellos son electores), por motivos que tienen que ver con la seguridad en el país y el desempleo, dando a entender que los inmigrantes ilegales ponen en riesgo, al menos, estos dos temas tan importantes para la ciudadanía establecida.
El periodismo de esta noche me pareció demagógico, tratando de adular a la audiencia o a las mayorías de Univisión.
mayo 13, 2010
Obama nuclear
El fallido atentado con explosivos en el corazón de Nueva York y la posible conexión de su autor al Talibán paquistaní o a Al-Qaeda, renueva la preocupación sobre la posibilidad de que dispositivos nucleares caigan en manos de terroristas, y demuestra la acertada visión del presidente Barack Obama a favor de un mundo sin armas atómicas.
En los últimos 30 días, el presidente estadounidense hizo méritos suficientes para ganar el Premio Nobel de la Paz por el que fue tan cuestionado el año pasado. El 8 de abril firmó con Rusia el pacto de reducción de armas nucleares más importante de los últimos 20 años que prolonga la vida al tratado START I; mientras días después convocó a 47 países a Washington, comprometiéndolos a reducir su capacidad nuclear, cerrar reactores y resguardar el uranio enriquecido de manos terroristas.
Aunque el tema no tiene la repercusión mediática ni social como el cambio climático o la recesión económica global, la preocupación es mayúscula. Al contrario de lo que sucedía durante la Guerra Fría cuando EEUU y la URSS desconfiaban sobre quien oprimiría primero el botón rojo, ahora son los poderosos grupos extremistas, ayudados por el crimen organizado y el narcotráfico, los que podrían acceder fácilmente a bombas atómicas.
En un mundo tan interconectado, las consecuencias son inimaginables, no solo si se atentara contra poblaciones, sino contra sistemas estratégicos, como electricidad, seguridad, petróleo o reactores comerciales. Los accidentes nucleares de Three Mile Island de Pensilvania en 1979 y de Chernobyl de Ucrania en 1986 son recordatorios de esa fragilidad mundial.
La voluntad de Obama para alcanzar un mundo más seguro, también la ha hecho prevalecer a nivel interno. Esta semana en la apertura de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear que la ONU alberga hasta el 28 de mayo, reveló, a contrapelo de críticos internos, que EEUU reducirá su arsenal nuclear hasta quedar con solo 1.500 armas atómicas, poderío que ya había reducido en un 84% para fines del año pasado, de las 31.225 ojivas nucleares que poseía en 1967.
Esta desusada transparencia le dio a Obama legitimidad y liderazgo para plantear varias exigencias a nivel global. Estimular el desarme, obligar a quienes no firmaron todavía pacto alguno, como Israel, a que transparenten su arsenal y arremeter contra Corea del Norte e Irán, para que abandonen sus planes nucleares so pena de castigo internacional: “Quienes hacen caso omiso a sus obligaciones se encuentran menos seguros, menos prósperos y más aislados”, aseguró Obama.
Su mensaje directo sobre el posible uso de fuerza militar disuasiva contra los países díscolos, si las sanciones económicas no prosperan, fueron la “última advertencia” para el desafiante presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, quien, basado en el principio de "energía nuclear para todos y armas nucleares para nadie", afirmó ante la ONU que no detendrá su plan nuclear ni permitirá inspecciones foráneas. Ahmadinejad, al mejor estilo de su íntimo amigo Hugo Chávez, acusa al Organismo Internacional de Energía Atómica de estar manipulada por EEUU, pregonando la creación de un nuevo organismo mundial, del que esperaría que respete su secretismo e intenciones de borrar a Israel de la faz de la tierra.
En cambio en Latinoamérica, respetuosa del tratado de Tlatelolco de 1967 que proscribe las armas nucleares, Obama no encontró escollos. Entre los países con capacidad nuclear, la argentina Cristina Kirchner brindó garantías para recibir comisiones verificadoras, el chileno Sebastián Piñera ya comenzó a enviar plutonio a EEUU por razones de mayor seguridad y Felipe Calderón aceptó la cooperación de EEUU y Canadá para reducir el enriquecimiento del uranio mexicano, evitando que pueda ser utilizado en bombas atómicas.
Lo único que le resta a Obama en el sur es convencer a Luis Inácio da Silva para terminar de cercar a Irán. Es que el presidente brasileño todavía ve como ineficiente un bloqueo económico contra ese país, a pesar de que brega por la eliminación “total e irreversible” de armas nucleares para que los terroristas no las adquieran. Lo que tal vez no comprende Lula, el líder más influyente del mundo según la revista Time, es que las sanciones económicas son la alternativa más potable para alcanzar la paz nuclear.
En los últimos 30 días, el presidente estadounidense hizo méritos suficientes para ganar el Premio Nobel de la Paz por el que fue tan cuestionado el año pasado. El 8 de abril firmó con Rusia el pacto de reducción de armas nucleares más importante de los últimos 20 años que prolonga la vida al tratado START I; mientras días después convocó a 47 países a Washington, comprometiéndolos a reducir su capacidad nuclear, cerrar reactores y resguardar el uranio enriquecido de manos terroristas.
Aunque el tema no tiene la repercusión mediática ni social como el cambio climático o la recesión económica global, la preocupación es mayúscula. Al contrario de lo que sucedía durante la Guerra Fría cuando EEUU y la URSS desconfiaban sobre quien oprimiría primero el botón rojo, ahora son los poderosos grupos extremistas, ayudados por el crimen organizado y el narcotráfico, los que podrían acceder fácilmente a bombas atómicas.
En un mundo tan interconectado, las consecuencias son inimaginables, no solo si se atentara contra poblaciones, sino contra sistemas estratégicos, como electricidad, seguridad, petróleo o reactores comerciales. Los accidentes nucleares de Three Mile Island de Pensilvania en 1979 y de Chernobyl de Ucrania en 1986 son recordatorios de esa fragilidad mundial.
La voluntad de Obama para alcanzar un mundo más seguro, también la ha hecho prevalecer a nivel interno. Esta semana en la apertura de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear que la ONU alberga hasta el 28 de mayo, reveló, a contrapelo de críticos internos, que EEUU reducirá su arsenal nuclear hasta quedar con solo 1.500 armas atómicas, poderío que ya había reducido en un 84% para fines del año pasado, de las 31.225 ojivas nucleares que poseía en 1967.
Esta desusada transparencia le dio a Obama legitimidad y liderazgo para plantear varias exigencias a nivel global. Estimular el desarme, obligar a quienes no firmaron todavía pacto alguno, como Israel, a que transparenten su arsenal y arremeter contra Corea del Norte e Irán, para que abandonen sus planes nucleares so pena de castigo internacional: “Quienes hacen caso omiso a sus obligaciones se encuentran menos seguros, menos prósperos y más aislados”, aseguró Obama.
Su mensaje directo sobre el posible uso de fuerza militar disuasiva contra los países díscolos, si las sanciones económicas no prosperan, fueron la “última advertencia” para el desafiante presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, quien, basado en el principio de "energía nuclear para todos y armas nucleares para nadie", afirmó ante la ONU que no detendrá su plan nuclear ni permitirá inspecciones foráneas. Ahmadinejad, al mejor estilo de su íntimo amigo Hugo Chávez, acusa al Organismo Internacional de Energía Atómica de estar manipulada por EEUU, pregonando la creación de un nuevo organismo mundial, del que esperaría que respete su secretismo e intenciones de borrar a Israel de la faz de la tierra.
En cambio en Latinoamérica, respetuosa del tratado de Tlatelolco de 1967 que proscribe las armas nucleares, Obama no encontró escollos. Entre los países con capacidad nuclear, la argentina Cristina Kirchner brindó garantías para recibir comisiones verificadoras, el chileno Sebastián Piñera ya comenzó a enviar plutonio a EEUU por razones de mayor seguridad y Felipe Calderón aceptó la cooperación de EEUU y Canadá para reducir el enriquecimiento del uranio mexicano, evitando que pueda ser utilizado en bombas atómicas.
Lo único que le resta a Obama en el sur es convencer a Luis Inácio da Silva para terminar de cercar a Irán. Es que el presidente brasileño todavía ve como ineficiente un bloqueo económico contra ese país, a pesar de que brega por la eliminación “total e irreversible” de armas nucleares para que los terroristas no las adquieran. Lo que tal vez no comprende Lula, el líder más influyente del mundo según la revista Time, es que las sanciones económicas son la alternativa más potable para alcanzar la paz nuclear.
mayo 12, 2010
El Papa, justicia y perdón
La llegada del Papa Benedicto XVI y su discurso sobre el perdón, el arrepentimiento, la penitencia y la justicia no pudo ser más oportuno, y sirve para derribar las críticas de aquellos que pensaban que el Pontífice estaba involucrado en casos de encubrimiento de pederastia y para, de una buena vez por todas, dar un mensaje contundente a todos los obispos y curas sobre que ya no se tolerará más el delito. Los delincuentes, pederastas y pedófilos, deberán ser sometidos a la justicia ordinaria.
El mensaje del Papa es muy bueno porque es esclarecedor para aquellos que pensaban o decían que la Iglesia era injustamente perseguida por las denuncias públicas y mediáticas que se hacen. El Papa fue muy claro, aseverando que el abuso sexual perpetrado por sacerdotes y religiosos es la amenaza más grande que sufre la Iglesia Católica: la mayor persecución “nació de los pecados dentro” de la Iglesia y no por fuera.
“La Iglesia necesita reaprender profundamente la penitencia, aceptar la purificación, aprender el perdón, pero también la justicia”, dijo el Pontífice, esclareciendo lo que considero es lo más importante para distinguir entre tanta confusión: “El perdón no reemplaza a la justicia''.
Creo que esta es la gran diferencia que estableció el Papa. Marcó la diferencia entre el pecado y el delito.
El primero lleva a la actitud de la penitencia y la búsqueda del perdón misericordioso; mientras que al segundo se le impone la justicia y el castigo social. Ambos coinciden, empero, en que buscan – de maneras diferentes – el arrepentimiento y una conducta individual y social mejorada.
El mensaje del Papa es muy bueno porque es esclarecedor para aquellos que pensaban o decían que la Iglesia era injustamente perseguida por las denuncias públicas y mediáticas que se hacen. El Papa fue muy claro, aseverando que el abuso sexual perpetrado por sacerdotes y religiosos es la amenaza más grande que sufre la Iglesia Católica: la mayor persecución “nació de los pecados dentro” de la Iglesia y no por fuera.
“La Iglesia necesita reaprender profundamente la penitencia, aceptar la purificación, aprender el perdón, pero también la justicia”, dijo el Pontífice, esclareciendo lo que considero es lo más importante para distinguir entre tanta confusión: “El perdón no reemplaza a la justicia''.
Creo que esta es la gran diferencia que estableció el Papa. Marcó la diferencia entre el pecado y el delito.
El primero lleva a la actitud de la penitencia y la búsqueda del perdón misericordioso; mientras que al segundo se le impone la justicia y el castigo social. Ambos coinciden, empero, en que buscan – de maneras diferentes – el arrepentimiento y una conducta individual y social mejorada.
mayo 11, 2010
Libertad: izquierda y derecha
Comparto con ustedes una respuesta breve que di al periodista Tim Rogers, del diario Tico Times de San José, Costa Rica sobre el trato diferente que los gobiernos de izquierda y de derecha dan a la libertad de prensa, medios y periodistas.
Tim Rogers: ¿Cree usted que el problema de libertad de prensa tiene bandera política? Es decir, estamos viendo problemas con los gobiernos de izquierda (Chávez, Ortega, Evo, etc), pero los gobiernos de la derecha tratan mejor a los medios de comunicación, o es un problema de cultura que transciende la política?
Trotti: Creo que estamos en una situación peor. Los gobiernos de derecha solían cometer a escondidas sus graves violaciones contra la libertad de prensa, actitud que indica que sabían que estaban haciendo algo mal; por ello tal vez esa violaciones pueden llegar a ser más macabras, recalcitrantes, pero están más individualizadas, más esporádicas.
Los gobiernos de izquierda tienen el problema de la prensa como parte de su plataforma política; rechazan más la libertad. Las violaciones entonces las plantean en campo abierto, no a escondidas, porque ven a la prensa como parte de su lucha ideológica. La discusión, el enfrentamiento y el desafío permanente a y contra la prensa son parte de su estrategia política, de lucha y de propaganda.
Ahora los gobiernos neo progresistas están a la carga en contra de la prensa, no a través de actos corruptos, oscuros y escondidos contra la prensa (como ocurría con Fujimori-Montesinos, por ejemplo) sino en forma desafiante y abierta, calificando a los medios de golpistas, desestabilizadores, oligarcas; permitiéndose así justificar leyes contra la prensa, discriminarla abiertamente, dentro de un planteo ideológico en que a los medios se los considera como oposición.
Tim Rogers: ¿Cree usted que el problema de libertad de prensa tiene bandera política? Es decir, estamos viendo problemas con los gobiernos de izquierda (Chávez, Ortega, Evo, etc), pero los gobiernos de la derecha tratan mejor a los medios de comunicación, o es un problema de cultura que transciende la política?
Trotti: Creo que estamos en una situación peor. Los gobiernos de derecha solían cometer a escondidas sus graves violaciones contra la libertad de prensa, actitud que indica que sabían que estaban haciendo algo mal; por ello tal vez esa violaciones pueden llegar a ser más macabras, recalcitrantes, pero están más individualizadas, más esporádicas.
Los gobiernos de izquierda tienen el problema de la prensa como parte de su plataforma política; rechazan más la libertad. Las violaciones entonces las plantean en campo abierto, no a escondidas, porque ven a la prensa como parte de su lucha ideológica. La discusión, el enfrentamiento y el desafío permanente a y contra la prensa son parte de su estrategia política, de lucha y de propaganda.
Ahora los gobiernos neo progresistas están a la carga en contra de la prensa, no a través de actos corruptos, oscuros y escondidos contra la prensa (como ocurría con Fujimori-Montesinos, por ejemplo) sino en forma desafiante y abierta, calificando a los medios de golpistas, desestabilizadores, oligarcas; permitiéndose así justificar leyes contra la prensa, discriminarla abiertamente, dentro de un planteo ideológico en que a los medios se los considera como oposición.
mayo 10, 2010
Corrupción oficializada
Si la versión del diario Clarín es cierta (y no tiene porque no serlo) referente a que un funcionario público argentino habría dicho que el gobierno discrimina con publicidad oficial a algunos medios para “no ayudar a la concentración de medios”, estaríamos ante la oficialización de la corrupción.
Que el gobierno argentino es corrupto es lo que las denuncias periodísticas demuestran, pero como todavía no hay sentencia judicial, los hechos todavía permanecen en el terreno de las sospechas. Sin embargo, que se haya dicho que se usa la publicidad oficial de una forma discriminatoria, castigando a los medios más grandes, es ya hacer oficial la corrupción.
Me explico: La publicidad oficial se paga con dinero público (de todos) que debe ser administrado de la forma más eficiente. Si ese dinero se usa para beneficio del gobierno, con la intención de castigar a los medios, sin tener en cuenta criterios técnicos (distribución y penetración, entre otros conceptos) para que el mensaje se distribuya en forma eficiente, estamos frente a un acto de mal uso del dinero. Y, aun peor, si esto se hace con el propósito de castigar a los medios como argumentó el funcionario – el gobierno no tiene porque actuar sobre lo que considera que está bien o mal (concentración), debe respetar la ley – estamos frente a un caso de flagrante corrupción.
Esto no es nuevo en Argentina y tampoco sucedió solo en el gobierno de los Kirchner. Pero últimamente se agravó al no haber leyes que limiten al gobierno.
En el 2009 el gobierno pagó más dinero en publicidad a los medios oficialistas que a los que tienen mayor circulación. Por ejemplo entregó 41.6 millones al diario Página 12, con 12 veces menos circulación que La Nación, diario que recibió menos del doble de esa cantidad.
BAE, que también se alista hacia el lado del gobierno, recibió 6.1 millones de publicidad gubernamental más del doble que El Cronista. Perfil, uno de los más críticos del gobierno sólo obtuvo medio millón, mientras Crítica, 2 millones.
Mientras en el país la oposición no logre consenso entre todas las fuerzas políticas para obligar al oficialismo a sancionar una ley de publicidad oficial, que realmente busque la eficiencia en el uso de los dineros públicos, teniendo en cuenta criterios técnicos, además de la equidad, pluralidad y diversidad del mensaje, será cómplice y tan responsable como el gobierno en el manejo corrupto de la cosa pública.
Que el gobierno argentino es corrupto es lo que las denuncias periodísticas demuestran, pero como todavía no hay sentencia judicial, los hechos todavía permanecen en el terreno de las sospechas. Sin embargo, que se haya dicho que se usa la publicidad oficial de una forma discriminatoria, castigando a los medios más grandes, es ya hacer oficial la corrupción.
Me explico: La publicidad oficial se paga con dinero público (de todos) que debe ser administrado de la forma más eficiente. Si ese dinero se usa para beneficio del gobierno, con la intención de castigar a los medios, sin tener en cuenta criterios técnicos (distribución y penetración, entre otros conceptos) para que el mensaje se distribuya en forma eficiente, estamos frente a un acto de mal uso del dinero. Y, aun peor, si esto se hace con el propósito de castigar a los medios como argumentó el funcionario – el gobierno no tiene porque actuar sobre lo que considera que está bien o mal (concentración), debe respetar la ley – estamos frente a un caso de flagrante corrupción.
Esto no es nuevo en Argentina y tampoco sucedió solo en el gobierno de los Kirchner. Pero últimamente se agravó al no haber leyes que limiten al gobierno.
En el 2009 el gobierno pagó más dinero en publicidad a los medios oficialistas que a los que tienen mayor circulación. Por ejemplo entregó 41.6 millones al diario Página 12, con 12 veces menos circulación que La Nación, diario que recibió menos del doble de esa cantidad.
BAE, que también se alista hacia el lado del gobierno, recibió 6.1 millones de publicidad gubernamental más del doble que El Cronista. Perfil, uno de los más críticos del gobierno sólo obtuvo medio millón, mientras Crítica, 2 millones.
Mientras en el país la oposición no logre consenso entre todas las fuerzas políticas para obligar al oficialismo a sancionar una ley de publicidad oficial, que realmente busque la eficiencia en el uso de los dineros públicos, teniendo en cuenta criterios técnicos, además de la equidad, pluralidad y diversidad del mensaje, será cómplice y tan responsable como el gobierno en el manejo corrupto de la cosa pública.
Subibaja electoral en Colombia
A 20 días de las elecciones colombianas, los sondeos de opinión no dejan de sorprender. Cuando la semana pasada parecía que Antanas Mockus robaría una elección que tres semanas atrás era de Juan Manuel Santos, la última encuesta publicada este domingo da al ex ministro de Defensa un punto por arriba del ex alcalde de Bogotá, 35 y 34 por ciento; aunque para la segunda vuelta Mockus pareciera todavía llevar una importante delantera.
Muchos argumentan que la recuperación de Santos se debe a la cantidad de columnistas y líderes de opinión que temen que el histriónico personaje, Mockus, no sea tan apto para manejar un país especialmente luego de declaraciones bastante contradictorias sobre Venezuela y su admiración – que luego desdijo – sobre Hugo Chávez; mas el hecho de que el propio presidente venezolano lo haya ponderado y criticado a Santos. Cuando Chávez dijo que Santos lo arrastraría a una guerra, el nacionalismo colombiano se puso en acción.
En un clima de constante contradicción e histrionismo galopante en su historia – desde casarse entre tigres de bengala, mostrarle el trasero a estudiantes universitarios, entre otros actos descabellados pero populares y jocosos – Mockus ha hecho una espectacular campaña a través de las redes sociales y a favor de la educación y en contra de la corrupción, dos elementos en gran demanda en cualquier país latinoamericano. La diferencia de lo que dice Mockus respecto a otros políticos, es que él ha probado y demostrado con eficacia esos dos elementos cuando fue dos veces alcalde de Bogotá.
Por su parte, Santos, quien parecía con la estrella apagada, reasumió control de nuevo en su campaña, modificó a su equipo, se tiró a las redes sociales y pudiera estar recuperando lo que dilapidó en recientes semanas: el crédito que le deja Alvaro Uribe que hasta este domingo tenía una histórica aprobación del 78 por ciento de sus ciudadanos.
La tendencia de este subibaja electoral no parece que cambiará en las semanas próximas. Es parte de un electorado que es consciente que lo mejor sería tener un presidente que tomara lo mejor de estos dos candidatos: la renovación de Mockus sobre temas tan importantes como la educación y la corrupción y la estabilidad de Santos para continuar con un país cada vez más seguro en la línea que Uribe vino trazando.
Muchos argumentan que la recuperación de Santos se debe a la cantidad de columnistas y líderes de opinión que temen que el histriónico personaje, Mockus, no sea tan apto para manejar un país especialmente luego de declaraciones bastante contradictorias sobre Venezuela y su admiración – que luego desdijo – sobre Hugo Chávez; mas el hecho de que el propio presidente venezolano lo haya ponderado y criticado a Santos. Cuando Chávez dijo que Santos lo arrastraría a una guerra, el nacionalismo colombiano se puso en acción.
En un clima de constante contradicción e histrionismo galopante en su historia – desde casarse entre tigres de bengala, mostrarle el trasero a estudiantes universitarios, entre otros actos descabellados pero populares y jocosos – Mockus ha hecho una espectacular campaña a través de las redes sociales y a favor de la educación y en contra de la corrupción, dos elementos en gran demanda en cualquier país latinoamericano. La diferencia de lo que dice Mockus respecto a otros políticos, es que él ha probado y demostrado con eficacia esos dos elementos cuando fue dos veces alcalde de Bogotá.
Por su parte, Santos, quien parecía con la estrella apagada, reasumió control de nuevo en su campaña, modificó a su equipo, se tiró a las redes sociales y pudiera estar recuperando lo que dilapidó en recientes semanas: el crédito que le deja Alvaro Uribe que hasta este domingo tenía una histórica aprobación del 78 por ciento de sus ciudadanos.
La tendencia de este subibaja electoral no parece que cambiará en las semanas próximas. Es parte de un electorado que es consciente que lo mejor sería tener un presidente que tomara lo mejor de estos dos candidatos: la renovación de Mockus sobre temas tan importantes como la educación y la corrupción y la estabilidad de Santos para continuar con un país cada vez más seguro en la línea que Uribe vino trazando.
mayo 09, 2010
Feliz madre liberada
Me alegré mucho al enterarme que a Dania Virgen García el régimen cubano decidió liberarla después de dos semanas presa con la que empezaba su castigo de 20 meses que le habían impuesto por supuestamente una reyerta familiar; bueno, al menos esa era la voz oficial, porque no era fácil adivinar que se trataba de un ajuste de cuentas por su condición de periodistas independiente, su blog y activista a favor de las Damas de Blanco.
Tal vez el Día de las Madres tuvo en el opresor suficiente peso para no seguir cometiendo una injusticia. O simplemente no se sostenía tener a una mujer presa por estas condiciones.
Hoy Dania está libre y ojalá pueda seguir trabajando como periodista independiente sin temor a sufrir represalias y hacer las paces con su familia, la excusa que ha sido utilizada para embaucar a medio mundo.
Feliz Día para todas las madres; para aquellas que físicamente están con sus familias y para aquellas que en su ausencia están más presentes que nunca.
Tal vez el Día de las Madres tuvo en el opresor suficiente peso para no seguir cometiendo una injusticia. O simplemente no se sostenía tener a una mujer presa por estas condiciones.
Hoy Dania está libre y ojalá pueda seguir trabajando como periodista independiente sin temor a sufrir represalias y hacer las paces con su familia, la excusa que ha sido utilizada para embaucar a medio mundo.
Feliz Día para todas las madres; para aquellas que físicamente están con sus familias y para aquellas que en su ausencia están más presentes que nunca.
mayo 08, 2010
Dania sigue encarcelada
Dania sigue encarcelada y a nadie le importa. Aunque la dictadura comunista cubana se ensañe contra Dania Virgen García al no haberle dado la posibilidad de apelación después de que se le impuso una condena de 20 meses de cárcel por una infracción doméstica, no se puede desconocer que se trata de un engaño.
Dania es la primera periodista independiente y bloguera presa en Cuba. ¡Y en todo el continente! El hecho de que el tribunal de apelación donde se atendería su caso es el que atiende casos de seguridad del Estado, demuestra claramente que el delito por el que fue sometida es realmente una pantalla. Ella está presa, como muchos otros, en represalia por su activismo informativo y por apoyar a las Damas de Blanco.
Lamento que ni la famosa bloguera Yoani Sánchez ni las Damas de Blanco se hayan expresado al respecto, como lo hacen por muchos otros casos. Si realmente piensan que se trata de algo ajeno a su actividad informativa o de apoyo a causas humanitarias por lo que la periodista fue apresada, deberían decirlo directamente.
Mi lamento se vuelve más profundo, cuando supe que el reconocido activista de derechos humanos en Cuba, Elizardo Sánchez, dijo lo siguiente: “Confirma la sospecha de la connotación política del asunto”, el hecho de que su apelación estuviera el jueves en el calendario de un tribunal para delitos contra la seguridad del Estado.
Con Dania García son 26 los periodistas independientes presos en Cuba. Me pregunto ¿por qué se insiste en insertar a Cuba en la OEA y darle un status de gobierno democrático? Este solo hecho en contra de la libertad de prensa, más allá del flagrante delito de conculcar el derecho de expresión y de reunión a 11 millones de habitantes es más que suficiente para aislar cada vez más a Cuba hasta que no demuestre voluntad política de cambios.
Dania es la primera periodista independiente y bloguera presa en Cuba. ¡Y en todo el continente! El hecho de que el tribunal de apelación donde se atendería su caso es el que atiende casos de seguridad del Estado, demuestra claramente que el delito por el que fue sometida es realmente una pantalla. Ella está presa, como muchos otros, en represalia por su activismo informativo y por apoyar a las Damas de Blanco.
Lamento que ni la famosa bloguera Yoani Sánchez ni las Damas de Blanco se hayan expresado al respecto, como lo hacen por muchos otros casos. Si realmente piensan que se trata de algo ajeno a su actividad informativa o de apoyo a causas humanitarias por lo que la periodista fue apresada, deberían decirlo directamente.
Mi lamento se vuelve más profundo, cuando supe que el reconocido activista de derechos humanos en Cuba, Elizardo Sánchez, dijo lo siguiente: “Confirma la sospecha de la connotación política del asunto”, el hecho de que su apelación estuviera el jueves en el calendario de un tribunal para delitos contra la seguridad del Estado.
Con Dania García son 26 los periodistas independientes presos en Cuba. Me pregunto ¿por qué se insiste en insertar a Cuba en la OEA y darle un status de gobierno democrático? Este solo hecho en contra de la libertad de prensa, más allá del flagrante delito de conculcar el derecho de expresión y de reunión a 11 millones de habitantes es más que suficiente para aislar cada vez más a Cuba hasta que no demuestre voluntad política de cambios.
mayo 06, 2010
Todos perdemos
Este 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero en América Latina no hay mucho que celebrar. Los papeles están trastocados. Los medios de comunicación y los periodistas, cuyo rol social es investigar, denunciar irregularidades y servir de contrapoder, están sentados en el banquillo de los acusados.
Sus fiscales son presidentes, como Cristina de Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega y Hugo Chávez, que distraen la atención con tal de impermeabilizar a sus administraciones de cualquier cargo de corrupción o autoritarismo.
El embuste gubernamental confunde. Muchos creen que la prensa esconde intenciones golpistas, de oposición política y oscuros intereses económicos. Aunque así fuese, olvidan que es el gobierno, por mandato constitucional, el que tiene la obligación de proteger y garantizar la libertad de prensa. Si no la respeta o, aún peor, deliberadamente la cercena, incurre en un grave delito contra la democracia y sus ciudadanos.
Esto ocurre en Argentina. El gobierno de Cristina y Néstor informa poco, se defiende más y confronta mucho. Ataca, agrede y desprestigia. Sus métodos son variados y en estas semanas los puso en práctica. Incentivó, auspició o justificó ataques contra prestigiosos periodistas y medios, a los que endilgó haber guardado silencio durante las dictaduras militares.
La campaña de descrédito está dirigida a periodistas que mayor opinión pública generan, como los comentaristas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Sola, o que investigan acuciosamente al poder como Daniel Santoro o que ya fueron echados de los medios a instancia del gobierno como Pepe Eliaschev y Nelson Castro.
Sobre algunos de ellos se pegaron carteles anónimos en las calles de Buenos Aires. A otros, junto a varios periódicos como Clarín, La Nación y Perfil se les sentenció en un patíbulo simbólico organizado por las Madres de Plaza de Mayo, en el que su polémica presidenta, Hebe de Bonafini, repartió insultos y condenó a todos por complicidad con las botas y charreteras, y por traición a la patria.
El llamado “juicio ético” fue injusto para los difamados por tratarse de un acto político, aunque la “obediencia debida” de Bonafini hacia el gobierno desmerita su credibilidad. Pero los carteles anónimos sí son peligrosos. No solo porque el anonimato es el arma de peor calaña y el gobierno ni siquiera investiga el delito o le resta importancia, sino porque sin responsables, la víctima sufre un daño irreparable; no tiene a quien pedir desagravio ni demandar para resarcir su reputación y honor.
El ruido generado e incentivado por el gobierno de Kirchner no es nuevo, es su marca registrada. Las campañas de desprestigio contra jueces, periodistas y oposición se utilizan para neutralizar denuncias de escándalos sobre enriquecimiento ilícito, sobornos, negociados, valijas con efectivo y otros hechos que rozan a la pareja presidencial y que servirían para escribir varios tomos de aquel “Robo para la Corona”, libro que inmortalizó al ministro José Luis Manzano y la corrupta época de Carlos Menem.
En el juego de control y equilibrio, no es solo el gobierno el que debería cuidar la constitucionalidad de la libertad de prensa. La oposición política tiene la responsabilidad de blindarla más allá de pedir respeto, ayudando a crear un marco legal apropiado. En Argentina se gastó veinte veces más energías en una ley revanchista contra los medios, que en favorecer a los ciudadanos con un mecanismo que obligue al gobierno a ser transparente y que permita el acceso a la información pública. La deuda legislativa es inmensa.
La prensa tiene la responsabilidad de cumplir su papel y no desvirtuarse en agente político. De lo contrario, corre el riesgo de ser efímera, como ocurrió con el famoso diario Página 12, que jugó un papel extraordinario y de servicio democrático durante la dictadura militar y en la época de Menem, pero se hizo irrelevante en este período por sus simpatías con la ideología kirchnerista. En realidad, la prensa debe ser siempre opositora.
Las organizaciones civiles tampoco pueden dejarse arrastrar por el ruido. Su tarea es fomentar la tolerancia y educar sobre la libertad de prensa. Porque cuando se irrespeta el derecho a difundir y consumir información plural y diversa, no sólo se afecta a medios y periodistas, sino que todos perdemos.
Sus fiscales son presidentes, como Cristina de Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega y Hugo Chávez, que distraen la atención con tal de impermeabilizar a sus administraciones de cualquier cargo de corrupción o autoritarismo.
El embuste gubernamental confunde. Muchos creen que la prensa esconde intenciones golpistas, de oposición política y oscuros intereses económicos. Aunque así fuese, olvidan que es el gobierno, por mandato constitucional, el que tiene la obligación de proteger y garantizar la libertad de prensa. Si no la respeta o, aún peor, deliberadamente la cercena, incurre en un grave delito contra la democracia y sus ciudadanos.
Esto ocurre en Argentina. El gobierno de Cristina y Néstor informa poco, se defiende más y confronta mucho. Ataca, agrede y desprestigia. Sus métodos son variados y en estas semanas los puso en práctica. Incentivó, auspició o justificó ataques contra prestigiosos periodistas y medios, a los que endilgó haber guardado silencio durante las dictaduras militares.
La campaña de descrédito está dirigida a periodistas que mayor opinión pública generan, como los comentaristas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Sola, o que investigan acuciosamente al poder como Daniel Santoro o que ya fueron echados de los medios a instancia del gobierno como Pepe Eliaschev y Nelson Castro.
Sobre algunos de ellos se pegaron carteles anónimos en las calles de Buenos Aires. A otros, junto a varios periódicos como Clarín, La Nación y Perfil se les sentenció en un patíbulo simbólico organizado por las Madres de Plaza de Mayo, en el que su polémica presidenta, Hebe de Bonafini, repartió insultos y condenó a todos por complicidad con las botas y charreteras, y por traición a la patria.
El llamado “juicio ético” fue injusto para los difamados por tratarse de un acto político, aunque la “obediencia debida” de Bonafini hacia el gobierno desmerita su credibilidad. Pero los carteles anónimos sí son peligrosos. No solo porque el anonimato es el arma de peor calaña y el gobierno ni siquiera investiga el delito o le resta importancia, sino porque sin responsables, la víctima sufre un daño irreparable; no tiene a quien pedir desagravio ni demandar para resarcir su reputación y honor.
El ruido generado e incentivado por el gobierno de Kirchner no es nuevo, es su marca registrada. Las campañas de desprestigio contra jueces, periodistas y oposición se utilizan para neutralizar denuncias de escándalos sobre enriquecimiento ilícito, sobornos, negociados, valijas con efectivo y otros hechos que rozan a la pareja presidencial y que servirían para escribir varios tomos de aquel “Robo para la Corona”, libro que inmortalizó al ministro José Luis Manzano y la corrupta época de Carlos Menem.
En el juego de control y equilibrio, no es solo el gobierno el que debería cuidar la constitucionalidad de la libertad de prensa. La oposición política tiene la responsabilidad de blindarla más allá de pedir respeto, ayudando a crear un marco legal apropiado. En Argentina se gastó veinte veces más energías en una ley revanchista contra los medios, que en favorecer a los ciudadanos con un mecanismo que obligue al gobierno a ser transparente y que permita el acceso a la información pública. La deuda legislativa es inmensa.
La prensa tiene la responsabilidad de cumplir su papel y no desvirtuarse en agente político. De lo contrario, corre el riesgo de ser efímera, como ocurrió con el famoso diario Página 12, que jugó un papel extraordinario y de servicio democrático durante la dictadura militar y en la época de Menem, pero se hizo irrelevante en este período por sus simpatías con la ideología kirchnerista. En realidad, la prensa debe ser siempre opositora.
Las organizaciones civiles tampoco pueden dejarse arrastrar por el ruido. Su tarea es fomentar la tolerancia y educar sobre la libertad de prensa. Porque cuando se irrespeta el derecho a difundir y consumir información plural y diversa, no sólo se afecta a medios y periodistas, sino que todos perdemos.
mayo 05, 2010
¿Honduras castigada?
El Unasur, a través de su presidente temporal, Rafael Correa, asumiendo la representación de todos los ciudadanos sudamericanos declaró que muchos países no concurrirán a la cumbre que está preparando el presidente Zapatero entre americanos y los europeos; equivocándose, debiendo aclarar que son los gobiernos, sin necesaria representación de los ciudadanos, los que han decidido boicotear la reunión española como protesta por la invitación a Porfirio Lobo.
La prédica de Correa y los demás gobiernos progresistas neopopulistas encabezados por Hugo Chávez no es otra cosa que una defensa corporativa de ese clan, que no quiere dejar morir el caso de Manuel Zelaya, porque sería traicionar a uno de los suyos. Lo que no quieren entender es que Honduras ya dio vuelta la página, que una Comisión de la Verdad establecerá y aclarará para octubre que fue lo que realmente pasó – algo que también pidió Zelaya en los acuerdos – que se hizo una elección limpia y que el legítimo ganador está en el poder, además de estar siendo reconocido por numerosos gobiernos.
Unasur, busca con esta defensa corporativa establecerse como un grupo de poder, que no es más que una amplificación de los temas que se implantan en la agenda hegemónica e ideológica de los países del Alba, lo que será más ampliado todavía, con un secretario argentino que en su país está sospechado por muchísimos actos de corrupción y que goza con el arte de la propaganda, los rumores y las agresiones contra todo el que piensa diferente. Es decir, una réplica fiel de la personalidad de otros presidente neopopulistas.
Lo peor que podría pasar es que España se deje embaucar por el supuesto boicot que harían algunos gobiernos latinoamericanos o por el propio Lula da Silva que pide un cambio de figuritas: que se le permita a Zelaya regresar a Honduras con plenos derechos civiles, lo que es incoherente hasta que, por lo menos, la Comisión de la Verdad no de su opinión. Zelaya en Honduras en este momento, sería un estorbo para el proceso de reconciliación y un paso hacia atrás, ya que de inmediato se abocaría a la constituyente, tema causante del golpe de Estado.
De cualquier forma, a no ser que España siga invitando a Lobo y deje de lado los reclamos de algunos en el Unasur, se estaría castigando injustamente a Honduras… a los hondureños.
La prédica de Correa y los demás gobiernos progresistas neopopulistas encabezados por Hugo Chávez no es otra cosa que una defensa corporativa de ese clan, que no quiere dejar morir el caso de Manuel Zelaya, porque sería traicionar a uno de los suyos. Lo que no quieren entender es que Honduras ya dio vuelta la página, que una Comisión de la Verdad establecerá y aclarará para octubre que fue lo que realmente pasó – algo que también pidió Zelaya en los acuerdos – que se hizo una elección limpia y que el legítimo ganador está en el poder, además de estar siendo reconocido por numerosos gobiernos.
Unasur, busca con esta defensa corporativa establecerse como un grupo de poder, que no es más que una amplificación de los temas que se implantan en la agenda hegemónica e ideológica de los países del Alba, lo que será más ampliado todavía, con un secretario argentino que en su país está sospechado por muchísimos actos de corrupción y que goza con el arte de la propaganda, los rumores y las agresiones contra todo el que piensa diferente. Es decir, una réplica fiel de la personalidad de otros presidente neopopulistas.
Lo peor que podría pasar es que España se deje embaucar por el supuesto boicot que harían algunos gobiernos latinoamericanos o por el propio Lula da Silva que pide un cambio de figuritas: que se le permita a Zelaya regresar a Honduras con plenos derechos civiles, lo que es incoherente hasta que, por lo menos, la Comisión de la Verdad no de su opinión. Zelaya en Honduras en este momento, sería un estorbo para el proceso de reconciliación y un paso hacia atrás, ya que de inmediato se abocaría a la constituyente, tema causante del golpe de Estado.
De cualquier forma, a no ser que España siga invitando a Lobo y deje de lado los reclamos de algunos en el Unasur, se estaría castigando injustamente a Honduras… a los hondureños.
Unasur y el aquelarre
La reunión del UNASUR arrojó más sorpresas aún a este aquelarre latinoamericano.
El ex presidente (y no tan ex) Néstor Kirchner fue elegido como secretario de la Unasur, promoviéndose así una contradicción única: se espera de él que promueva la integración latinoamericana cuando lo que ha hecho hasta ahora es promover la división y la polarización en su propio país. Todos en la reunión se fueron de boca sobre las dotes y cualidades de quien para el 2011 correrá para presidente para extender el kirchnerismo, pero nada sobre sus pobres credenciales en la política internacional
El Unasur busca la integración, pero uno de sus puntos principales fue seguir negando a Honduras y boicotear una reunión europea-latinoamericana en España en caso de que el presidente Porfirio Lobo sea también un invitado, alegando que el hondureño no hizo nada para amnistiar a Manuel Zelaya. Sin embargo ayer se instituyó en Honduras la Comisión de la Verdad, cumpliéndose así el acuerdo que Zelaya y Micheletti; por lo que tampoco se hizo honor a la mentada integración.
En mucho se adularon unos a otros para condenar la Ley de Arizona (y con buena razón) pero poco para denunciar a sus propios países del trato injusto que dan a inmigrantes de países limítrofes. Tampoco se habló del armamentismo galopantes, ni del hambre ni la pobreza en alza.
Seguramente, la integración será entendida como buscar el consenso para culpar al “imperio” de todos los males.
El ex presidente (y no tan ex) Néstor Kirchner fue elegido como secretario de la Unasur, promoviéndose así una contradicción única: se espera de él que promueva la integración latinoamericana cuando lo que ha hecho hasta ahora es promover la división y la polarización en su propio país. Todos en la reunión se fueron de boca sobre las dotes y cualidades de quien para el 2011 correrá para presidente para extender el kirchnerismo, pero nada sobre sus pobres credenciales en la política internacional
El Unasur busca la integración, pero uno de sus puntos principales fue seguir negando a Honduras y boicotear una reunión europea-latinoamericana en España en caso de que el presidente Porfirio Lobo sea también un invitado, alegando que el hondureño no hizo nada para amnistiar a Manuel Zelaya. Sin embargo ayer se instituyó en Honduras la Comisión de la Verdad, cumpliéndose así el acuerdo que Zelaya y Micheletti; por lo que tampoco se hizo honor a la mentada integración.
En mucho se adularon unos a otros para condenar la Ley de Arizona (y con buena razón) pero poco para denunciar a sus propios países del trato injusto que dan a inmigrantes de países limítrofes. Tampoco se habló del armamentismo galopantes, ni del hambre ni la pobreza en alza.
Seguramente, la integración será entendida como buscar el consenso para culpar al “imperio” de todos los males.
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