octubre 29, 2016

Chavismo deschavado: La dictadura perfecta

Antes era más fácil descubrir a una dictadura; solo bastaban botas y charreteras. Ahora, estas eluden la definición mediante disfraces democráticos.

El régimen de Nicolás Maduro es ejemplo palpable. Mantiene en las formas procesos electorales, división de poderes y una Constitución vigente; pero, en la práctica, nada de eso respeta.

Todos los adornos democráticos se le cayeron al chavismo cuando la pasada semana el máximo órgano electoral del país suspendió el proceso de recolección de firmas para el proceso revocatorio contra Maduro. Hasta entonces, la oposición y el 70% de los venezolanos se aferraban a esa arma democrática, ahora declarada ilegítima sin ton ni son, para desembarazarse de un régimen que año tras año hizo del fraude electoral, el encierro de opositores y la expulsión del trabajo de quien no confesara su comunión con la revolución, su modo operativo.

“La Toma de Venezuela” esta semana evidenció la tensión creciente y mostró una vez más la intolerancia del gobierno contra el derecho de reunión, lo que la oposición potenció con la huelga de este viernes. El régimen arrojó a las brigadas paramilitares contra los primeros y buscó “recuperar” las empresas en huelga para los trabajadores; nueva excusa para seguir expropiando empresas privadas como botín de la corrupta e inoperante élite gobernante.

La oposición no parará, aupada por el desencanto de una revolución estilo cubana que solo trajo privilegios para algunos; agotada por la escasez y agobiada por la inflación e incertidumbre de un futuro más negro que rojo. Este 3 de noviembre la convocatoria es frente al Palacio de Miraflores, para tratar que un Maduro, como lo acentúa su apellido, se caiga de la mata.

El presidente, previendo lo peor por los daños causados tras la suspensión del revocatorio, prometió más autoritarismo y se colgó del Vaticano para que el papa Francisco interceda en una mesa de diálogo. La oposición, cansada de engaños y desplantes, ya no quiere diálogo hasta que Maduro reconozca su autoritarismo, legitime al Congreso, no use a la Justicia como arma y libere a los presos políticos.

En Miami, un día después de la anulación del revocatorio, participé de un foro de ex presidentes iberoamericanos. Lo inauguró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un acérrimo crítico de Maduro. Sin rodeos, tildó a Maduro de dictador por haber dado innumerables autogolpes de Estado contra los demás poderes estatales.

En coro, varios ex presidentes como José María Aznar, Jorge Quiroga, Vicente Fox y Andrés Pastrana, cantaron que a Maduro se le terminó por caer la máscara democrática. Reclamaron que ningún gobierno e institución puede desconocer que Maduro cortó todo vestigio de hilo constitucional y de que se trata de una nueva clase de dictadura. El silencio de los gobiernos democráticos de América Latina agobia ante tanto atropello.

Maduro se aferra a su puesto, no por creer que la revolución todavía está a punto de hacer lo que no hizo en 20 años, sino para evitar el destino de muchos otros presidentes latinoamericanos que tras el descalabro terminaron en la cárcel o, al menos, acusados de pies a cabeza con interminables procesos judiciales. Maduro ya no puede soñar con un exilio de lujo en algún país exótico o en el Key Biscayne de Miami, atestado de ricos chavistas “arrepentidos” que conviven con los miles de exiliados por el régimen. Tarde o temprano, él y la élite deberán enfrentar a la Justicia que hoy no existe.

Da la sensación que el camino no tiene retorno. La oposición está unida y perdió la paciencia. Nada favorece a Maduro, ni el Santo Padre podrá hacer milagros ante un régimen que destila pura desconfianza. Algunos militares, más agazapados que nunca, salen a cada rato a comulgar fidelidad al gobierno como si ese no fuera su deber. El silencio de otros, más comprometidos con la democracia y la institución, evidencia que solo necesitan una señal fuerte para bajar las armas y dejar de defender a un régimen cada vez más antidemocrático y antirepublicano.


El chavismo quedó deschavado. Es solo una dictadura moderna. Su raíz autoritaria ni siquiera le permite sostener unos pocos formalismos democráticos con los que supo engañar y permanecer por tantos años en el poder. trottiart@gmail.com

octubre 22, 2016

Ciber atacados y la censura creativa

Ayer viernes se produjo el mayor ciberataque a medios en el este de EEUU, justamente el tema sobre el que en mi presente escrito daba a conocer la alianza entre la SIP y Google para luchar en contra de este tipo de atentados cibernéticos.

La censura creativa

México es el país que más veces ha sido anfitrión de las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 14 veces desde que la entidad consolidó su formación hace 74 años en 1942. Desde entonces, la violencia autoritaria de los gobiernos y el terror del crimen organizado, se mostraron como las dos vertientes principales de ataques a la libertad de prensa y atentados contra el derecho del público a saber.

Este año nada de eso cambió. 2016 ya es el más letal para el periodismo latinoamericano. Veinte comunicadores han sido asesinados, 11 de ellos en México, por el solo hecho de estar denunciando lo que muchos quieren ocultar. En la mayoría de los casos se debió a represalias del narcotráfico. Aunque en un país donde a un juez le pegan un tiro en la nuca en plena calle, a siete ladrones le cercenan las manos, 43 estudiantes desaparecen y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está prófugo por lavado de dinero y delincuencia organizada, difícilmente se puede saber por dónde vienen los tiros.

Sucede lo mismo en países como Brasil, con tres periodistas asesinados este año. En el coloso de Suramérica, la violencia contra la prensa está más ligada a la corrupción política, pero como el crimen organizado infiltró todo, las causas se adivinan similares a México.

El clima de inseguridad general se vive en todos los países de la región, agravado por Estados que son ineficientes para administrar Justicia. De los 400 periodistas asesinados en los últimos 25 años, solo tres o cuatro casos han terminado con los asesinos en la cárcel. Peor todavía, el avance del narcotráfico vaticina que la violencia contra la prensa irá en aumento.

Habría muchas más víctimas si no fuera por los sistemas de seguridad para periodistas que la SIP ayudó a integrar en algunos países. Tan solo en México en lo que va del año, 251 periodistas han sido desplazados por el Gobierno para evitar que las amenazas de muerte se concreten. En Argentina, previendo el mayor auge del narcotráfico, la asociación nacional de periódicos, ADEPA, y el Gobierno adoptaron protocolos de protección para blindar a medios y periodistas y garantizar el derecho del público a la información.

La violencia no es el único método de censura. Varios gobiernos hostigan a medios y encarcelan periodistas. Desde Venezuela, donde Nicolás Maduro encarceló a Braulio Jatar, director de un medio digital, por publicar videos incómodos al poder, hasta Ecuador y Nicaragua, donde Rafael Correa y Daniel Ortega siguen cerrando medios y creando los propios para hacer propaganda gubernamental.

Más allá de la censura violenta, la era digital ha traído nuevos desafíos. Si bien el internet se ha establecido como la herramienta democratizadora de la comunicación por antonomasia, también ha servido para que la censura aparezca con renovados bríos a través del ciberacoso y los ciberataques.

Los ataques cibernéticos contra medios, periodistas y grupos de derechos humanos y políticos se intensificaron en todos los países. No solo se trata de cibermilitantes o bots que actúan como sicarios del insulto pagados por los gobiernos para asediar a opositores, críticos y periodistas en las redes sociales, sino también de hackers, o piratas informáticos profesionales y artesanales, que atacan a medios con el fin de silenciarlos.

Los ataques cibernéticos más frecuentes, de los que fueron víctimas recientes  ABC Color de Paraguay y la televisora Guatevisión de Guatemala, son de origen DDoS o ataques de denegación de servicio, según las siglas en inglés.

Los ataques se generan a través de computadoras que saturan de tráfico al sitio de internet que se busca destruir, haciendo que el server del medio atacado se sobrecargue y quede bloqueado sin poder atender la demanda. Se calcula que un 50% de los sitios fueron atacados, aunque a veces su propietario no sepa que ha sido el blanco. Google pronostica que un 80% de las víctimas sufrirá nuevos ataques.

Para contrarrestar estos embates, la SIP y Google lanzaron en la asamblea de México, el Proyecto Shield (escudo), una herramienta digital que los sitios de internet pueden adoptar para blindarse de los ataques. El objetivo de este escudo es que en pocos años, el 100% de los sitios puedan contrarrestar esta rudimentaria pero creativa y destructiva forma de censura. trottiart@gmail.com


octubre 08, 2016

Paz en Colombia: NO pero SI

No es una contradicción que los colombianos le hayan dicho que NO a la paz en el plebiscito del domingo pasado y que hoy, pocos días después, ese NO sea interpretado por diferentes sectores sociales y políticos como un SI definitivo a la paz.

El NO estampado en el plebiscito fue a las formas de los acuerdos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos, ahora Premio Nobel de la Paz, y los líderes de la guerrilla de las FARC, no al fondo de la cuestión. Los colombianos quieren la paz, así como lo terminaron de expresar los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, los máximos exponentes del NO para el plebiscito, en su primer diálogo esta semana con el presidente Santos, después de años de distanciamiento.

El NO, en cualquier caso, fue a los líderes de las FARC, a la cantidad de beneficios que se les había otorgado en cuatro años de negociaciones en La Habana. Beneficios que más que a cuenta de la paz, se interpretaron como privilegios desmedidos por parte de ciudadanos comunes y políticos con vocación de servicio, que vieron, como viles asesinos, secuestradores, narcotraficantes y extremistas, tendrían más posibilidades sociales y prerrogativas políticas que aquellos que viven y han vivido apegados a las leyes; y pagando las consecuencias por no cumplirlas.

Santos siempre recalcó que la paz nunca es perfecta, y en ello tiene razón. La historia muestra que todo proceso de paz conlleva injusticias a la hora de tener que poner punto final a un conflicto. Muchos procesos de la historia reciente de América Latina terminaron con terroristas como presidentes, tales los casos de José Mujica en Uruguay, Daniel Ortega en Nicaragua o Salvador Sánchez Cerén en El Salvador.

Sin embargo, también es entendible que el proceso colombiano es muy diferente a aquellos países donde muchos engendros terroristas se justificaron ante los abuso de estados no democráticos. Las FARC, a diferencia de otros grupos, siempre han actuado al margen de gobiernos democráticos. Además, más allá de sus principios ideológicos que defendieron mal con las armas, se involucraron con el crimen organizado, en especial el narcotráfico, para sustentarse en un largo proceso de 52 años. Aunque nadie podría objetar su ideología, pero si las formas con la que quisieron sostenerla, todos concuerdan que las FARC dejaron de ser FARC desde hace décadas, para convertirse en una aceitada banda de delincuentes con fines de lucro, especializándose como traficantes de drogas y personas, lavadores de dinero, contrabandistas y extorsionadores.

Y como todo se resuelve a través de imágenes concretas, las que inculcaron Uribe y Pastrana fueron las que prevalecieron durante el referendo. La gente imaginó a Timochenko discutiendo en el Congreso de igual e igual con un legislador que hace años forma parte de un partido y que se gana la confianza del público con actos proselitistas y trabajando para la democracia. También lo imaginó recibiendo un cheque del Estado para ir a restaurantes finos o comprarse automóviles, productos a los que no todo ciudadano decente puede acceder, pese al sudor de sus frentes.

Santos vendió imágenes potentes pero más abstractas, paz y justicia. No fueron suficientes ni movilizadores los puntos del acuerdo de paz que penalizan con trabajo comunitario a quienes, en situaciones normales, recibirían cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad o las reparaciones monetarias que recibirían guerrilleros y víctimas.

No creo, como muchos afirman, que el SI perdió por la cantidad de gente que se abstuvo de participar en el referendo. Creo, en cambio, que la abstención se debió al escepticismo y la incertidumbre de la gente por un acuerdo de paz bastante injusto para los justos y con privilegios sobredimensionados para los  delincuentes.

Dos cosas se deben rescatar. Primero, la actitud de Santos de convocar a un plebiscito que políticamente no era necesario, en especial por su convencimiento de que el camino hacia la paz reclamaba algunos sacrificios en el área de la justicia. Aún imperfecta, en el futuro, cuando la tregua de los tiros fuera definitiva, nadie podría reclamarle mucho a Santos. La vida sería mejor.

Segundo, los líderes de las FARC deben reconocer que son los máximos responsables del NO. La solución pasa por sus manos. Deben deponer su arrogancia y evitar tantos privilegios. trottiart@gmail.com

octubre 01, 2016

#BlackLivesMatter y #NiUnaMenos



Los fuertes reclamos sociales mediante la consigna #BlackLivesMatter en EEUU y #NiUnaMenos en América Latina, desnudan que la inseguridad ciudadana no solo se debe a la falta de reacción del Estado y los altos índices de impunidad, sino también a profundas complicaciones culturales.

El asesinato de otra persona de raza negra en Charlotte a manos de policías blancos o los homicidios en masa como el ocurrido en un shopping mall de Houston, así como los de tres mujeres esta semana en Mendoza, Argentina, o de activistas ambientales en el Amazonas, pone a las fuerzas de seguridad en el ojo de la tormenta.
En los últimos casos ocurridos en EEUU, tanto en Charlotte, Houston, Dallas, Baton Rouge como en San Diego, se observa una policía desproporcionalmente blanca que se apresura a apretar el gatillo contra los negros. Mientras tanto, más hacia el sur, las fuerzas de seguridad no saben cómo lidiar con los feminicidios, un factor preponderante de la violencia en países como Guatemala, con el mayor índice a nivel mundial, y Argentina que ya cuenta más de 300 asesinatos de mujeres en 2016.

Por otro lado, en Brasil y varios países centroamericanos, los policías forman escuadrones de la muerte para hacer justicia por manos propias, justificándose en que los sistemas legal y judicial no logran contener el delito.

Este círculo vicioso, en el que el crimen parece más organizado que nunca y las fuerzas de seguridad tan ineficientes como siempre, tiene repercusiones en todos los aspectos cotidianos. La inseguridad ciudadana, a diferencia del factor económico de otrora, provoca los mayores desplazamientos migratorios internos y externos entre países, así en Colombia como en México. También está generando una crisis económica de proporciones, como lo revela un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo. Para combatir los 135 mil asesinatos al año que se producen en América Latina – dos veces más que en África y cinco más que en Asia - los gobiernos gastan 120 mil millones de dólares. El BID acierta al señalar que si se redujeran los índices de criminalidad a niveles de los otros continentes, el PBI de la región crecería un 25%.

En EEUU la tasa de homicidios también se disparó, según datos de esta semana del FBI. En 2015 los asesinatos aumentaron un 10,8%, debido principalmente a los crímenes raciales y a las muertes con armas de fuego, 15.696 en el año.

El problema es complejo, habiéndose convertido en el eje central del primer debate presidencial. Hillary Clinton cree que se resuelve haciendo ilegal la tenencia de armas, aunque igual que Barack Obama, no adivina soluciones concretas para combatir la desigualdad en los barrios marginales, causa principal que empuja a los jóvenes de todos los colores a abrazar el delito. Donald Trump, por otro lado, cree que la fórmula es más “law and order”, endurecer las leyes y el trabajo policial; y aunque su estrategia tiene sentido común, no hilvana idea alguna sobre cómo alcanzar el objetivo.

En el debate quedó plasmado que las policías necesitan no solo necesitan mayor poder de fuego para lidiar con grupos criminales cada vez más armados o terroristas artesanales, sino también mejor entrenamiento, asistencia postraumática y preparación cultural.

En América Latina, las purgas policiales también revelan que se necesitan mejores salarios y reclutamiento, de lo contrario, las policías estarán integradas por descarte, no por quienes tienen vocación de servicio sino por quienes no tienen otra opción laboral, siendo estos más propensos a corromperse. Asuntos Internos de la Policía de Buenos Aires mostró esa realidad en este 2016. Apartó por corrupción a 700 agentes, encarcelando a 186 de ellos por causas criminales.

La inseguridad ciudadana es un asunto difícil, pero factible de combatirse a corto plazo. Requiere mejores leyes, más justicia y sobre todo mejor economía para que el narcotráfico y el crimen organizado no sean el único escape a la desigualdad y el desempleo crónico.

Sin embargo, la violencia racial y de género es una lucha más profunda, de largo alcance, ya que no está atado al tema económico, sino a la idiosincrasia cultural.  Requiere, como todo cáncer que no distingue a ni a ricos ni pobres, ser combatido desde la educación y la prevención. trottiart@gmail.com


A Nobel for Infantino

The Nobel Prize Committee has decided that Gianni Infantino will receive the next Nobel Peace Prize because—apparently—soccer is synonymous ...