Contradicción mayor sobre los derechos humanos

Nunca como ahora en América Latina se habían denunciado las violaciones a los derechos humanos con tanta firmeza ni se habían reparado con tanta entereza.

Pero tampoco el sistema interamericano de derechos humanos había atravesado una crisis tan profunda como la presente, quedando casi al borde del colapso.

Nada sorprende en este continente tan predispuesto a las fuertes contradicciones. Por un lado, los gobiernos democráticos ponderan el sistema conformado por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por darle esperanzas a los más vulnerables de que podrán acceder a la justicia cuando sientan que esta les da la espalda en sus países.

Pero, por otro, casi como en las mejores épocas de dictaduras y autoritarismos, cuando las víctimas callaban por temor a sufrir mayores represalias, los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones financieras, negando los aportes necesarios para que el sistema subsista y sea eficiente.

Esta semana la CIDH hizo un duro cuestionamiento hacia futuro. Si no recibe los aportes necesarios de parte de los estados que están comprometidos ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, deberá despedir a 40 de sus 78 empleados. 

Aunque alguna magra partida aparezca, igualmente ya decidió suspender las visitas de investigación a países, además de sus audiencias de julio y octubre próximo, en detrimento de las víctimas que ahí presentan sus casos. También afectará casos en curso como a víctimas de feminicidios en Argentina, homicidios de estudiantes en México, crímenes de odio en Brasil, rechazo de aborígenes en Ecuador, asesinatos de homosexuales en EEUU, esclavitud de niños en Bolivia y desplazamiento de campesinos en Colombia.

Ninguna de las crisis que atravesó la CIDH fue tan seria como esta. No es solo un problema financiero, sino político. El debilitamiento actual de la organización es el mismo resultado que persiguieron sin éxito varios gobiernos populistas de la región, en especial el de Hugo Chávez y el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Las represalias de Correa y Chávez contra el sistema surgían cada vez se les denunciaba por abuso de poder, ya sea por tener presos políticos, ejercer fuerza bruta contra manifestantes o por no permitir que la CIDH visite sus países para confirmar violaciones. Ambos siempre usaron la excusa de que el sistema era un ariete del “imperio” para debilitar sus democracias. Propusieron que la CIDH no pudiera recibir donaciones privadas o de gobiernos europeos.

Correa pretendía una CIDH más dócil o, en su defecto, crear una nueva institución. No tuvo eco entre varios presidentes de la región, aunque envalentonó a algunos, como a Nicolás Maduro, quien cumplió con el objetivo de Chávez, retirando a Venezuela del sistema interamericano. Su salida, se supo luego, no fue política, sino económica> De esa forma, el gobierno abandonó la  responsabilidad de tener que indemnizar a las víctimas. Se ahorró 9.700 millones de dólares.

La crisis económica de la CIDH siempre obedeció a represalias de los gobiernos por opiniones y decisiones que les resultaban desfavorables. Desde Ecuador que cortó el apoyo porque la CIDH había opinado contrario a la Corte Suprema de ese país que benefició a Correa con una demanda millonaria que debían pagarle cuatro periodistas; hasta la ex presidenta Dilma Rousseff que cerró el grifo, cuando la CIDH se opuso a la construcción de una represa en el Amazonas que afectaría a tribus autóctonas.

América Latina es como el perro que gira sinfín para morderse la cola; es un círculo vicioso. Reconoce la necesidad de defender los derechos humanos porque así el continente se hace más justo y equitativo; pero, al mismo tiempo, se niega a ofrecerle los fondos y recursos necesarios para su labor.

Creo que el conflicto tampoco pasa por los aportes gubernamentales. Los gobiernos también tienen la obligación de incentivar a mecenas privados de Latinoamérica para que entiendan la importancia del sistema. El ejemplo más relevante es Ted Turner, el fundador de la CNN, que en su momento donó mil millones de dólares a la ONU, resolviéndole a la organización problemas que hasta entonces eran perpetuos.

Salvar el sistema interamericano de derechos humanos debería ser una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Trottiart@gmail.com

Arepas y autogolpes. Maduro toca fondo

Venezuela está de patas para arriba. Hay señales inequívocas de que el país tocó fondo y de que el presidente Nicolás Maduro pronto hará honor a su apellido y caerá de la mata.

Maduro sofocó lo poco que restaba de democracia. Desconoció al Congreso con un nuevo autogolpe, esos que el chavismo ha institucionalizado a lo largo de una revolución que nunca tuvo tracción. Hugo Chávez fue el máximo exponente de los autogolpes. Asestó cuatro. Uno en 1999, su primer año, y en 2001, 2007 y 2010. Siempre se arropó con poderes especiales y leyes habilitantes para gobernar a su antojo y sin Congreso.

Maduro siguió el camino de su mentor. El de esta semana es uno de los varios que pegó contra las instituciones estatales. A principios de año, apoyado por una Justicia esclava, evitó que asuma un grupo de diputados que a la oposición le significaban mayoría. Repudió leyes y el proceso legítimo de referéndum revocatorio; y esta semana, con el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, borró al Congreso auto proclamándose como el único legislador.

Estas medidas suspendieron las garantías constitucionales. La excusa es la cansina de siempre, evitar el “golpe”. Esta vez sumó a Colombia, España y la OEA ser parte de esa conspiración internacional liderada por EEUU y los “gusanos de Miami”. Meses antes creó el Parlamento Comunal o “congreso del pueblo” para arrinconar a la “nueva burguesía opositora” instalada en la Asamblea Nacional.

La contradicción del chavismo entre las palabras y los hechos es abismal. Siempre diciéndose defender al pueblo, este régimen es el que más lo atropelló. Las evidencias son palpables. En economía, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y escasez de todo, desde arepas, cerveza, papel higiénico, electricidad, agua, salud e infraestructura. En política el sistema es oportunista y acomodaticio. A los disidentes los persigue. Y siempre manipuló al pueblo como masa y lo arengó para reprimir a la oposición, ya sea mediante sistemas de vigilancia de vecinos contra vecinos o en masivas manifestaciones subsidiadas. Ahora, cuando el pueblo cambió de lado, simplemente le arrebató su derecho más preciado: el de reunión.

La fuerza pública reprimió a todos los líderes y ciudadanos que se aproximaron al Consejo Nacional Electoral para entregar más de un millón y medio de firmas, de las 200 mil que se necesitan para iniciar el revocatorio y para que el término presidencial baje de seis a cuatro años. La represión esta semana no necesitó ser tan férrea. El pueblo se dispersó rápido sabiendo que el abuso de poder está a flor de piel durante las crisis y es impune, como aquella en la que 43 estudiantes perdieron la vida por desafiar el poder.

A Maduro no le queda pueblo que lo apoye. No tiene una pizca de credibilidad y nadie lo respeta. El ex presidente uruguayo, José Mujica, dijo que estaba “más loco que una cabra” al criticar su forma torpe de gobernar. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más lejos. Lo tildó de “dictadorzuelo” por desconocer al pueblo, al Congreso y advirtió que se le podría aplicar la Carta Democrática. Los dichos de Almagro resultaron agradables, por venir de una institución a la que por muchos años se la apreció de “insulza”, en honor al apellido de quien la dirigía.

El pueblo sabía que Chávez y Maduro no eran buenos administradores y desconfiaba que la “quinta república” sería la fórmula mágica prometida para redistribuir la riqueza. Pero calló por mucho tiempo debido a los subsidios y el clientelismo, moneda corriente que el gobierno usó para tapar robos, corrupción y escasez. En época de vacas flacas, cuando el precio del petróleo está por el piso y se produce el doble menos que hace dos décadas, se advierte con claridad que el chavismo desperdició sus mejores años exportando ideología en lugar de diversificar la economía.

No es difícil sugerir que Maduro es un mal político, pésimo administrador y que su tiempo se acorta. Quedó en evidencia esta semana cuando arengó al pueblo en cadena nacional a usar harinas alternativas a la del maíz para hacer arepas y arremetió contra la empresa Polar por no producir más cerveza. Es que la regla de oro indica que un Presidente o un líder dejan de serlo, cuando el micromanagement ocupa gran parte de su tiempo. trottiart@gmail.com

Soplo de transparencia

Muchos son los problemas que impiden el desarrollo económico de un país: Corrupción, narcotráfico, inseguridad y escasa educación. Sin embargo, existe un elemento que los potencia y agrava, al punto de poner en riesgo el sistema político: La falta de transparencia.

Esta falta de transparencia es el ingrediente que se mostró como protagonista principal de las noticias fuertes de la semana. La presidenta brasileña Dilma Rousseff inició un purgatorio de 180 días por la oscuridad con la que manejó presupuestos, asuntos fiscales, beneficiando a un anillo de amigos que desfalcaron al Estado con sobornos y prebendas. Mientras tanto en Argentina nuevas causas de cohecho se fueron acumulando contra la ex presidente Cristina Kirchner, su hijo y amigos que cobijados en la inmunidad del poder, manejaron dineros públicos como propios y con total impunidad.

Por años, en ambos casos, aunque más pronunciado en el kirchnerismo con ciertas similitudes que el chavismo, la forma despótica de gobernar con personalismo, clientelismo y propaganda, fue la venda en los ojos que cegó a la Justicia y a la gente en general. Ahora, sin esos escudos autoritarios, se advierte como con mayor transparencia, la sociedad pueden encontrar los correctivos.

La transparencia es el elemento que permite mayor eficacia y rapidez a la Justicia. Precisamente fue el elemento protagonista de la Cumbre Anti-Corrupción celebrada esta semana en Londres, donde los Panama Papers o la oscuridad generada por empresarios, artistas y políticos a través de empresas off-shore, el tumultuoso presente de Brasil y el dopaje inducido a deportistas olímpicos rusos, capitalizaron los debates. Nada desvió la definición: Comparado a la lacra del terrorismo internacional, la corrupción fue calificada como el cáncer que carcome a la sociedad moderna y que crea las mayores desigualdades.

Ningún país o ideología están exentos de esa falta de transparencia y, en muchos casos, las apariencias engañan. El saludable acercamiento entre Barack Obama y Mauricio Macri ya empezó a tener sus réditos esta semana. El gobierno estadounidense comenzó a desclasificar documentos de sus agencias de Seguridad sobre el último período de dictadura militar. Posiblemente revelen y certifiquen datos y hechos que ayudarán a reconstruir la memoria y cicatrizar heridas.

Pero me refería a las apariencias, ya que con este gesto Obama se muestra como el más transparente. Sin embargo, por lo que sucede en su propio país, su gobierno ha sido uno de los más oscuros de la historia. Ha incentivado la clasificación indiscriminada de documentos oficiales que, en muchos casos, bajo excusas ligeras de seguridad nacional, violaron muchos principios garantizados por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante sus casi ocho años de gobierno se registró el mayor número de periodistas apresados por no revelar sus fuentes confidenciales y se dio el caso más patético de espionaje periodístico contra la agencia Associated Press y la cadena Fox. Persiguió a soplones dentro del gobierno, como al soldado Manning que originó las filtraciones de Wikileaks y a Edward Snowden que se refugió en Rusia después de revelar las prácticas de vigilancia masiva, cuando todo hacía pensar que una ley de protección de soplones, ayudaría a crear mayor transparencia y reducir la corrupción en las esferas públicas.

¿Qué importancia tiene crear un marco legal que legitime las filtraciones y las denuncias por corrupción? Edward Snowden da en el clavo. En un avance del libro que publicará este año la Universidad de Columbia, “Periodismo después de Snowden: El futuro de la prensa libre en un Estado vigilante”, este informante explica que se ha confundido el sentido de su denuncia. Dice que no la hizo para evidenciar la vigilancia propiamente dicha, sino para demostrar que el público no siempre tiene conocimiento sobre actos que el gobierno se arroga para sí mismo, que nunca le fueron conferidos.

Esta es la mejor perspectiva sobre la importancia de proteger tanto a los soplones como a los periodistas y sus fuentes. No se trata solo de denunciar el hecho cancerígeno, sino de demostrar como su metástasis corroe la confianza del público en el sistema político. Nada contribuye más a la democracia que el soplo de la transparencia.

La fascinación social por los delitos digitales

Pese a sus beneficios, el internet acarrea desafíos en materia de seguridad. Ha servido de incubadora de nuevos crímenes digitales y potenciado un aumento exponencial de los delitos tradicionales. Pero además, ha modificado la percepción social sobre algunos delitos y los delincuentes.

La cibercriminalidad está teniendo un fuerte impacto sobre la sobresaturada Justicia. Algunos jueces sin capacitación y sin legislación clara a la mano, ante las dudas, prefieren no complicarse y prohibir libertades de cuajo. Pasó esta semana en Brasil, un juez cerró todo Whatsapp, cuando solo le bastaba cancelar las cuentas de unos usuarios comprometidos en tráfico de drogas. Justos pagaron por pecadores.

Pero el mayor problema para la Justicia es que tiene que lidiar con la percepción social, sobre que hay delitos electrónicos buenos y que los delincuentes, al estilo Bonnie & Clayde o los autores del “robo del siglo”, sean ponderados por su inteligencia, confundiéndose picardía por corrupción.

Sucedió en Buenos Aires. Unos vecinos salieron en defensa del joven hacker de 21 años, Christian Iván Cámara, que fue atrapado luego de violar las redes electrónicas de la Universidad Argentina de la Empresa para cambiar sus notas y la de otros alumnos. “Es un número uno”, “es un bocho”, “tendría que trabajar en la Nasa”, decían, con similar fascinación que despertaba en su momento Frank Abagnale Jr., aquel joven que cautivó por su sagacidad para falsificar cheques y hacerse pasar por piloto, médico y abogado, tal como lo interpretó Leonardo di Caprio en “Atrápame si puedes”.

A no ser que se trate de delitos graves, los cibercrímenes no se miden con la misma vara social que los delitos comunes. Los vecinos seguramente percibirían diferente a este hacker si lo hubieran aprehendido con una barreta en la mano, forzando cerraduras y cambiando las notas sobre el papel. En definitiva, el delito que cometió es el mismo, fraude y robo, aunque digitalmente haya aparentado más sofisticación.

Esta percepción es común llevado al plano personal. Por los altos costos, solemos justificar el pirateo de películas, música y programas de software, sin considerar que se violan derechos de propiedad intelectual; de la misma forma que un gobierno justifica el espionaje y la vigilancia indiscriminada de sus ciudadanos, invocando la soberanía y la seguridad nacional.

Las nuevas tecnologías han cambiado muchos paradigmas. Incluso para el Periodismo. En épocas no digitales, la ética era más rígida y la ley no dudaba en imponer consecuencias, nadie podía robar o hurtar información y menos publicarla. También los infomerciales – publicidad disfrazada de información – estaban prohibidos en los medios de calidad; ahora, hasta el New York Times, bajo la nueva fachada de publicidad nativa o contenido promocionado digital, se justifica lo que antes estaba prohibido y mal visto.

Cuatro casos digitales en años recientes trastocaron valores informativos y, aunque fueron justificados, los periodistas y académicos tienen una conversación pendiente. Se trata de los wikileaks sustraídos por Julian Assange y las denuncias de Edward Snowden que comprometen al gobierno de EEUU; los Vatileaks sobre la corrupción y pujas de poder en las finanzas del Vaticano y los Panama Papers que demostraron como las empresas off-shore también pueden ser utilizadas para la evasión y el lavado.

En los cuatro casos hay apreciaciones diferentes sobre el modus operandi para recabar información. Para algunos fue delito, robo y filtración indebida; para muchos, publicar los resultados fue justicia por manos propias de parte de los medios para “atrapar” a los corruptos; y para algunos un deber insoslayable del Periodismo a favor de la transparencia. Nada blanco o negro como antes; ahora hay muchos grises que ponderar.

Habrá que ver lo que sucederá con el joven hacker Cámara. ¿Pondrá sus habilidades a disposición del gobierno y tendrá un final feliz como Abagnale Jr. atrapando a otros falsificadores para el FBI? Prescindiendo del final que elija, su caso demuestra que los delitos cibernéticos no son solo un problema de mejor justicia y leyes, sino de educación. Es la única fórmula que permitirá modificar la percepción social y detener la fascinación por los delincuentes inteligentes.