¿En qué se diferencia un
país desarrollado de una república bananera?
La respuesta más simple
apunta a diferencias de nivel económico y desarrollo entre uno y otro país. La
más competente, sin embargo, tiene que ver con el grado de estabilidad política,
los niveles de corrupción y la independencia de poderes, especialmente de la
justicia.
Sin justicia no hay igualdad
y sin justicia independiente un país está destinado a la autodestrucción. La
calidad de una democracia, incluso el desarrollo económico, está íntimamente
ligada a la calidad de la justicia. Esto es palpable en América Latina.
No es casualidad que
Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica tengan mejores sistemas judiciales y, a
su vez, menos corrupción, más estabilidad económica y mejor institucionalidad. En
las antípodas se encuentran Argentina, Venezuela y México, con poderes
judiciales ineficientes, satélites del poder, y con resultado similar: Una
superlativa sensación de impunidad, desigualdad e inseguridad.
Las marchas y cacerolazos en
Argentina en reclamo por justicia tras la muerte dudosa del fiscal Alberto
Nisman, muestran frustración e impotencia social frente a un Estado que,
enajenado por el poder de turno, no ofrece ni garantías ni bien común.
El sistema de administración
de justicia de Argentina, como el de Venezuela, está infiltrado por el gobierno.
Quedó demostrado en ambos casos que los intentos por “democratizar la justicia”
no fueron más que la búsqueda permanente de transformar al Poder Judicial en un
aparato judicial para el interés y servicio propio.
Difícilmente pueda el caso
Nisman ser punto de quiebre para que todo cambie de ahora en más. El
kirchnerismo, como el chavismo después de que fue asesinado en Venezuela el
fiscal Danilo Anderson en 2004, sacará a
relucir toda suerte de teorías de la conspiración y chivos expiatorios. La primera
carta en Facebook de la presidenta Cristina Kirchner ya apuntó en esa
dirección. Culpó a extraños y espías, conspiraciones, titulares de Clarín y a
la propia víctima, librándose de la acusación de que el gobierno encubrió a funcionarios
iraníes por la masacre contra la AMIA, a cambio de favores políticos y
económicos.
Fue la misma fórmula original
que Hugo Chávez utilizó para perseguir a periodistas y opositores sin ton ni
son; muchos acusados, varios encarcelados y otros exiliados.
El secuestro de la justicia,
que no se le puede achacar solo al presente gobierno argentino, es el mayor
vicio del país. Las reformas judiciales siempre intentaron crear fiscales y
jueces “gubernamentales”. La consecuencia es un estado perenne de impunidad e
inmunidad, sintetizado ahora en las irregularidades irresueltas de la misma
Presidenta sobre sus negocios inmobiliarios, en los negociados del
vicepresidente Amadao Bodou y de tantos otros como los Báez, Ciccone, de Vido adosados
como ornamentos a un gran arbolito de Navidad.
Es claro. Por la falta de
independencia de la justicia se agudizan todos los vicios, el más perverso, la
corrupción, y el más violento, las mafias. En su reciente viaje a Filipinas el
papa Francisco advirtió que la corrupción o la falta de justicia es el
equivalente a “terrorismo de Estado”, el origen de la desigualdad.
Lo más trascendente del discurso
de Barack Obama al Congreso esta semana, no fue que se haya enfocado en la
mejoría del empleo, la independencia energética y en terminar terrorismos y
guerras, sino en su idea de que la justicia y la igualdad son la base del
desarrollo de su país: “(Nos) va mejor cuando
todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo, donde todo el mundo
juega con las mismas normas”.
EEUU está repleto de
ambigüedades y limitaciones como cualquier país. Pero si hay algo que los
ciudadanos valoran es la sensación de que las reglas son claras y parejas para
todos. Que las leyes no están inspiradas en revanchismos políticos, sino en el bien
común.
La certeza ciudadana de que
la justicia es independiente al poder político, que no se usa para perseguir o
blindar a nadie, que no existe otro interés más que buscar la verdad y de que
la ley se aplicará sin distinciones, crea confianza, institucionalidad y
despeja el camino para el desarrollo.
La eficiencia de la justicia define a un país; sin independencia cualquier país está destinado a ser bananero.
