Censura: Pueblo anestesiado

La censura tiene mil caras y muy creativas. La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa fue una muestra fotográfica de esa creatividad. Los gobiernos clonan diarios para auto elogiarse, los narcos usan Facebook para perseguir a sus víctimas y muchos medios se pliegan a la propaganda oficial.

Tres censuras, sin embargo, se mantienen inalterables y tan burdas como siempre; carcomiendo la verdad y el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados.

La más repugnante de todas es la del plomo. Diecisiete (17) periodistas fueron asesinados en este 2014, entre ellos una bloguera que en forma anónima denunciaba las actividades de los narcos hasta que la descubrieron. Los demás fueron abatidos en México, Honduras, Brasil, Paraguay y Colombia por miembros del crimen organizado. Los silenciaron porque denunciaban corrupción, escribían sobre tala ilegal de árboles, contrabando y trata de personas, o por no rendirse a las exigencias de los narcos.

En dos casos tétricos, los sicarios atentaron contra un periodista en Perú, pero mataron a su esposa; mientras en México apuntaron contra el reportero, pero mataron a su hijo. Lo más triste es que en casi todos los casos, los asesinos tenían lazos con policías y políticos, evidencia de cómo las mafias siguen conquistando espacios y voluntades.

La otra censura es la del lobo disfrazado de oveja. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, es el representante más encumbrado de esta política. Hasta hace poco engañaba con su verborragia a favor de crear una ley para disciplinar a la prensa corrupta y desbocada, a la que acusaba de vender la patria al enemigo y de aumentar sus intereses económicos a expensas del pueblo oprimido.

El engaño se agudizó aún más. Con la aplicación de la Ley de Comunicación, Correa demostró que su verdadero interés es controlar a la prensa para que su imagen permanezca inmaculada, pese a casos de corrupción y autoritarismo. La ley es implacable. Más de 300 censores oficiales examinan los contenidos de los medios, imponiendo multas y castigos, ya sea por publicar una caricatura irreverente o por omitir información, como la sanción impuesta a algunos medios porque no destacaron suficiente la visita oficial a Chile de Correa.

A la censura directa se le sumaron dispositivos indirectos de acoso económico e impositivo que hicieron a muchos medios inviables y cerraron. Los que sobreviven, ante el temor de duras consecuencias, hacen un periodismo más light, sin investigaciones, autocensurado, casi pidiendo permiso, excepto para las obligatorias cadenas nacionales de propaganda. El pueblo, si antes estaba oprimido, ahora está encadenado y desinformado.

A la violencia y al engaño legal, se le suma una censura más sutil pero también maligna. Es la máscara de carnaval con la que los gobiernos promulgan leyes de acceso y transparencia para darse aires de administrar la cosa pública con total honestidad.

El gobierno de EEUU, campeón otrora de transparencia, es ahora uno de los más oscuros. Barack Obama ha encontrado en la seguridad nacional la excusa perfecta para saltar la ley de acceso y negar información pública a los ciudadanos. En Canadá, así como en El Salvador, Honduras, México, Nicaragua o Perú, los gobiernos también invocan excepciones a sus leyes para obstaculizar los pedidos de información de ciudadanos y periodistas.

Pese a la buena tendencia a favor de la transparencia, con la promulgación de leyes en Colombia y Paraguay este año; otros gobiernos, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela, niegan tener que rendir cuentas al público. Lo hacen, sin embargo, a su manera, con gastos estrafalarios de propaganda para informar solo aquello que consideran que el pueblo debe saber. De ahí que las cadenas nacionales sean obligatorias e interminables, o que hayan tejido, a base de dineros de todos, una red de medios y periodistas para su servicio personal. Mediante ese combo de personalismo, servilismo y demagogia, las leyes de transparencia son pura declamación; sirven para todo lo contrario.

Si a esa demagogia se le suma la impunidad con la que actúan los violentos y la propaganda desenfrenada, es fácil advertir que estos distintos tipos de censura se utilizan para que el pueblo viva anestesiado, en una realidad convenientemente deformada. 

Evo tramposo, no todo lo que reluce es oro

En Bolivia se dio la lógica. Evo Morales arrasó y se quedó con su tercera Presidencia y, posiblemente, con el sartén por el mango para eternizarse en el poder.

A diferencia de gobiernos con discursos antiimperialistas similares, Evo viene dando cátedra y generando envidias en materia económica. Con una economía estable, gasto público austero, crecimiento sostenido e inclusión de los empresarios de la zona de Santa Cruz, esquivos en su primera época de gobierno, los electores fueron contundentes.

Los votos son indiscutibles. No superó su margen histórico mayor al 64%, pero fue suficiente para sorprender a la comunidad internacional y borrar una imagen bufónica de aquel iletrado que acusaba a la carne de pollo con hormonas y a la Coca Cola, entre otros alimentos imperialistas, de ser el origen del homosexualismo y la calvicie en los hombres en los países desarrollados.

Hoy el respeto a Evo viene desde las autoridades del FMI, del Banco Mundial y de gobiernos vecinos que le piden créditos, tentados por los 15 mil millones de dólares en reserva del banco central. La austeridad Aymara y el destino vienen jugando a su favor. Gasta poco, la corrupción no tiene tinte económico y el precio de las materias primas ha sido alto y sostenido. La explotación ahora estatizada de hidrocarburos va en aumento y pronto, el litio, el mineral en el que flota el país, servirá para que el mundo industrializado reconozca a la nueva potencia.

Pero no hay que engañarse, Evo no solo ganó por todo eso, sino por una férrea mano en la política que restringió todas las libertades de la oposición. Aplica la fórmula autoritaria que antes muchos buscaban entre botas y cuarteles, considerándola solución necesaria para sacar del abismo a una América Latina desgarrada por la corrupción. Evo representa eso, menos corrupción, robos controlados, austeridad, y autoritarismo sesgado en lo político.

Los bolsillos más llenos ayudaron a su victoria, sin dudas. Pero también una prensa internacional sumisa que poco iluminó los focos de autoritarismo en este proceso electoral, sorprendida, quizás, por los informes de bienestar económico e inclusión de los indígenas, los más desfavorecidos por siglos.  

Unos seis millones de electores se quedaron en ascuas en esta elección. Nunca supieron bien que proponían los candidatos de los demás partidos, debido a una ley que no permitió campaña electoral alguna hasta 30 días antes del 12 de octubre, día del sufragio. Si se hubiera aplicado con imparcialidad, la ley pareja era garantía de equidad. Pero sabio en peleas callejeras, ventajas políticas y chicaneos oportunistas, Evo fue el único candidato que estuvo como amo y señor en todos los medios de comunicación, en cadenas nacionales y en actos públicos hasta para inaugurar secas alcantarillas.

Su presencia fue omnipresente. La de los demás candidatos, en cambio, estuvo vetada por el Tribunal Supremo Electoral. Tampoco se supo mucho sobre resultados de encuestas y estudios de opinión, porque las empresas debían estar previamente habilitadas por la autoridad. Ni siquiera Evo, como tampoco sus candidatos a senadores y diputados, sucumbió a los desafíos de la oposición por hacer debates televisivos, un modo de legitimar su presencia en la prensa. Evo siempre desistió, y aunque tenía todos los ingredientes para ganar cualquier debate, no quiso darle prensa a la oposición; la hizo invisible.

Los medios estatales, Bolivia TV, la red radiofónica Patria Nueva y el periódico Cambio - así como muchos medios privados cooptados por el gobierno - no fueron usados como medios públicos sino como órganos de propaganda gubernamental. Ni siquiera difundieron los debates entre los candidatos de la oposición; más bien, siguieron enrolados con aquella prédica original de Evo sobre que los medios deben ser aniquilados o absorbidos por el Estado, por cuanto solo buscan desestabilizar al gobierno con sus cansonas denuncias.

Su discurso anticapitalista hacia el exterior le ha servido para enmascarar su exclusión política en el interior. Habrá que ver ahora si ese absolutismo lo tentará a reformar la Constitución y eternizarse en el poder. Es cierto que lo descartó personalmente, pero, como muchos otros líderes autoritarios, no puso las manos en el fuego por lo que harán su partido y sus fanáticos electores. 

Narco violencia: no solo en Iguala

Los 28 cadáveres de los estudiantes de magisterio que se descubrieron en una fosa común en Iguala, México, muestran la capacidad violenta y despiadada del narcotráfico; difícil de extirpar cuando los gobiernos no adoptan medidas a tiempo.

Ya no hay país libre de esta lacra en América Latina. Puede resultar efectivo, políticamente hablando, echarle la culpa a la demanda por drogas de los países consumidores del norte, EEUU y los europeos. Pero el achaque no resuelve el problema. El narco carcome la sociedad donde produce, comprando conciencias y voluntades, y creando un sistema corrupto donde le resulta fácil instaurar un mercado de consumo, ganar territorios y dedicarse a otros negocios de alto rendimiento económico.

La falta de políticas de Estado eficientes y la impunidad, son el caldo de cultivo del narco. Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Argentina, hace años que no baja de su discurso el problema de la inseguridad y la estrecha relación con el narcotráfico. La define como “cóctel explosivo” y demanda medidas que el gobierno ignora o no adopta.

De no actuar con premura, Argentina tiene en el espejo de otros países desafortunados su imagen futura. Los altos índices de criminalidad en México y Honduras, las matanzas en Brasil y las enseñanzas del proceso de Paz en Colombia en donde las guerrillas narcotraficantes de las FARC admiten sus crímenes, revelan que un futuro con narcotráfico es ingobernable y que las conjeturas sobre los beneficios de la legalización de la marihuana y otras drogas son irrelevantes o no atacan el problema de fondo.

El problema de las drogas es corrupción. Cuando el adjetivo narco antecede a sustantivos como estado, elecciones, política, justicia, o comercio, demuestra que los carteles están pujando por más poder y están infiltrados en las instituciones. El proceso no es difícil, corrompe a fuerza de sobres y chantajes o, más naturalmente, se mezcla en las comunidades a través de sus hijos y parientes en escuelas, clubes y entidades, con obras samaritanas y filantropía a destajo, que muchos sospechan, pero también festejan.

La masacre de Iguala, donde se encontraron las fosas con 28 cadáveres y 15 estudiantes siguen desaparecidos, se observa claramente la connivencia del narco con la política y los procesos electorales. Por eso, el primer prófugo, tras la desaparición de los alumnos, fue el intendente de la ciudad, de quien se sabía cercano al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, donde dos de sus cuñados hicieron sus primeras armas.

El gobernador Ángel Aguirre del estado de Guerrero anunció que serán investigados los 81 alcaldes del estado para saber si existen más conexiones con el narco; que nadie descarta. Los estudiantes desaparecidos, que reclamaban por la pobreza, la violencia y la corrupción política en la zona, fueron entregados por la policía a los sicarios de los carteles, quienes se arrogan con las armas y la connivencia de las autoridades, la impartición de justicia.

El problema es que los encargados de investigar, policías, fiscales y agentes judiciales, también están sospechados de trabajar para el narco. Ya fueron detenidos 26 policías municipales que cobraban sobresueldos de los Guerreros Unidos. Este Cartel fue el que dio la bienvenida a los policías federales que envió el presidente Enrique Peña Nieto con un narco-pasacalle. Amenazaron al gobierno que si no libera a los policías, darán los nombres de todos los políticos involucrados o en su nómina. Elijan, “ya empezó la guerra”, notificaron.

Tal vez en respuesta a esa muestra de fuerza, el gobierno mexicano esta semana asestó su golpe apresando al hermano fundador del Cártel de Juárez. Así también en Honduras apresaron a los hermanos del Cartel de Los Valles, tomando el control de propiedades lujosas, comercios, hoteles y una televisora por cable, empresas de su propiedad con las que lavaban dinero.

Esto demuestra que la lucha contra el narcotráfico no solo se tiene que librar en la prevención de la violencia, la inseguridad, las adicciones, el tráfico y con la legalización de algunas drogas, sino también en desbaratar las complicidades políticas y financieras que le permiten crear negocios anexos y anidar impunemente en cualquier comunidad. 

Hong Kong: La sublevación digital

Todas las revoluciones en la historia sirvieron para denunciar opresión y exigir libertad. Sin embargo, jamás esos derechos e insubordinaciones se habían expresado con tanta rapidez y espontaneidad.

La desobediencia civil del movimiento “Occupy Central” en Hong Kong, demuestra cómo las nuevas tecnologías, en especial redes sociales y teléfonos móviles, han potenciado la capacidad de convocatoria y organización de las masas.

En la ciudad más conectada del mundo, con 2.5 celulares por habitante y donde los 7 millones acceden a banda ancha y blue tooth indiscriminadamente, y los activistas usan drones para filmar sus protestas y divulgarlas por live streaming, más que de una “revolución de los paraguas”, se debería hablar de una sublevación digital.

El éxito de esta revolución no será de quien gane más calle, sino quien mejor use las tecnologías: Los manifestantes por amplificar mejor sus derechos o las autoridades por censurar en forma eficiente esos mensajes.

Para los hongkoneses la ecuación no es fácil. Debido a la censura que empezaron a experimentar en sus redes sociales y por virus cibernéticos que destruyen sus comunicaciones, recién ahora tomaron conciencia sobre los pesares que vienen sufriendo sus connacionales en China continental.

Los esfuerzos de las autoridades chinas por censurar son sobrehumanos, porque las redes sociales, los mensajes de texto o Whatsapp son menos vulnerables que los periódicos, radio o TV. En China Facebook e Instagram están prohibidas, y la censura es habitual en Weibo, el twitter chino. Una ley reciente castiga con tres años de cárcel a quien difunda rumores por la red; y casi todo puede ser rumor.

Desde la perspectiva de los líderes chinos la protesta también es difícil de digerir. Si no contienen las manifestaciones, pudieran contagiar luchas por más libertades tierra adentro. Y si las reprimen con gases pimienta y lacrimógenos, como ya sucedió, pudieran generar mayor adhesión interna y condenas internacionales.

Esta disputa entre censura y libertad es extensión de aquella realidad que el gobierno chino quiso tapar con el lema “dos sistemas, un país”, acuñado después que tomó posesión de Hong Kong en 1997 tras 150 años de dominio británico. Pese a sus promesas de mayores libertades, siempre se supo que tarde o temprano el gobierno autoritario de Beijín cortaría algunos de los derechos que siempre consideraron privilegios y que han negado a sus 1.300 millones de habitantes.

Tampoco hay que confundirse. El uso y euforia que despiertan las nuevas tecnologías no prometen resultados automáticos. La “Primavera Árabe” no logró más democracia en Medio Oriente, ni las marchas en Ferguson acabaron con el racismo en EEUU, ni los estudiantes chilenos consiguieron educación gratuita.

Esto demuestra que las redes sociales y las nuevas tecnologías son medios, no fines y que también pueden usarse para el mal: Para acosar, divulgar mensajes de odio, promover pornografía o como armas de propaganda de los terroristas. A YouTube, Facebook, Twitter o Google no les está resultando fácil bloquear y filtrar todo ese tipo de mensajes, por lo que hay que aprender a convivir con ellos.

De todos modos, lo importante de estas revoluciones digitalizadas es que están ayudando a crear una mejor cultura de la denuncia, en favor de la búsqueda de soluciones. Antes, las entidades de derechos humanos conocían los problemas, pero carecían de pruebas. Ahora, a las evidencias las aportan los usuarios que las retratan con sus móviles y las hacen virales en las redes sociales.

Es difícil predecir qué sucederá en Hong Kong. Los miembros de “Occupy Central” piden cada vez más y las autoridades otorgan cada vez menos. Además de elecciones libres sin interferencias del partido central, los activistas ahora quieren la renuncia al líder de la ciudad. Mientras tanto, desde China continental se amenazó con “consecuencias inimaginables” si las marchas prosiguen; una alusión subliminal al miedo que todavía provoca la masacre en la Plaza de Tiananmen, aquella protesta juvenil que también exigía más libertad y democracia.

Pero a diferencia de la oscuridad en la que se produjo aquella barbarie en 1989, ahora los jóvenes en Hong Kong están iluminados y protegidos por las nuevas tecnologías. Esa es la revolución.