La presidenta Cristina Kirchner sigue empecinada con el proyecto de ley de Papel Prensa para declarar de interés público la producción y comercialización del papel para periódicos, propuesta a la que ha tomado como tema de conversación y sobre lo que sigue cuestionando a dos empresas – Clarín y La Nación – por supuestamente haber cometido delitos de lesa humanidad.
No contenta con expresar públicamente – al estilo Hugo Chávez – su bronca contra los empresarios de los dos diarios que junto con el Estado son dueños de la fábrica de papel para periódicos, hoy envió a la justicia su demanda, basada en el informe que leyó hace una semana (Papel Prensa: La Verdad) para encausar a militares y civiles, a los que acusa de haberse confabulado para mal comprar la empresa a la familia Gravier.
Pero lo que más llamó la atención hoy, es que la Presidenta siguió repitiendo como lora, con el mismo libreto que su marido, que la oposición no hace otra cosa que oponerse a sus proyectos, por lo que valdría preguntarse entonces ¿para qué sirve entonces una oposición si no es opositora?
Reclamó que "tenemos que terminar con la oposición feroz a todo lo que se opone a todo por el solo hecho de oponerse", pidiendo que “lo más importante de la política, es privilegiar el debate de proyectos”, para lo cual preguntó a la oposición: “¿Cuál es el proyecto alternativo?".
Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué tiene que haber un proyecto alternativo a algo que es aberrante e inaudito? La política tampoco significa que se deba debatir cualquier disparate, por el solo hecho de buscar consensos o disensos, hacer esa forma de política es simplemente la mejor forma de polarizar.
Cabe preguntarse, acaso si a alguien se le ocurriera un proyecto de ley aberrante, como que se prohibiera a la gente visitar a sus familiares los sábados por la noche, ¿habría obligación de buscar un proyecto alternativo que cambie el día, el horario o lo que fuere? No. Simplemente habría que rechazarlo, esa es la alternativa.
Declarar el papel para periódicos de interés público no tiene sentido. Hacer una ley, menos. Es anticonstitucional, tal como lo expresa el Art. 32 de la Carta Magna, que prohíbe al Congreso legislar sobre la libertad de prensa.
agosto 31, 2010
agosto 30, 2010
Degradación presidencial
Como a muchos nos pasó de chicos, ante la pregunta esperada de la tía sobre nuestra suerte en el futuro, siempre contestaba lo mismo: “seré presidente”.
Muy ingenuo e inocente, claro. Hoy sería la profesión que menos me gustaría ser; de solo observar lo que está sucediendo en varios de nuestros países latinoamericanos.
Muchos presidentes se pelean con medio mundo, polarizan, amenazan, imponen y quieren imponer leyes restrictivas, ganan plata debajo de la mesa, corrompen, se dejan corromper, ganan dinero ilícito, hacen menos por el bien común que por el bienestar personal, subyugan a la justicia. Simplemente no están a la altura de ese sueño de niños que todos tenemos, ser líderes, ser el personaje más importante de una comunidad y ayudar y servir al resto.
Hoy muchos presidentes han degradado la investidura presidencial. La han hecho harapos. Y a pesar de que votemos por otros para cambiarlos a éstos, terminan a la postre siendo más de lo mismo.
Qué lástima que los corruptos nos quiten los sueños!
Muy ingenuo e inocente, claro. Hoy sería la profesión que menos me gustaría ser; de solo observar lo que está sucediendo en varios de nuestros países latinoamericanos.
Muchos presidentes se pelean con medio mundo, polarizan, amenazan, imponen y quieren imponer leyes restrictivas, ganan plata debajo de la mesa, corrompen, se dejan corromper, ganan dinero ilícito, hacen menos por el bien común que por el bienestar personal, subyugan a la justicia. Simplemente no están a la altura de ese sueño de niños que todos tenemos, ser líderes, ser el personaje más importante de una comunidad y ayudar y servir al resto.
Hoy muchos presidentes han degradado la investidura presidencial. La han hecho harapos. Y a pesar de que votemos por otros para cambiarlos a éstos, terminan a la postre siendo más de lo mismo.
Qué lástima que los corruptos nos quiten los sueños!
agosto 29, 2010
Congreso argentino y equilibrio
Por suerte en la Argentina actual, donde el Poder Judicial está absorbido por el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene fuerza, es contrapeso y equilibrio ante los potenciales abusos que busque cometer la Presidencia.
Por eso tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados bloquee el proyecto de ley que trata de declarar de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, en una nueva embestida del Poder Ejecutivo para controlar a los medios de comunicación, como sucedía en la década del 50 con el férreo autoritarismo del gobierno de Juan Domingo Perón.
El avance de los gobiernos contra el papel no es nuevo. Desde Perón a Hugo Chávez, que imposibilita la compra tras el control sobre la importación, o el control que ejercía el PRI mexicano a través de Pipsa, con lo que se discriminaba a los medios mexicanos. Siempre los gobiernos utilizaron al papel periódico como forma de premio y castigo.
El proyecto del gobierno no puede pasar en el Congreso. De lo contrario sería legitimar una medida anticonstitucional, descabellada, ya que se estaría violando el Art. 32 de la Constitución que establece, de la misma forma que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que no se puede dictar ninguna ley que viole la libertad de imprenta.
También, de aprobarse un proyecto así, se violarían tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos firmada por el país, la que establece que no puede haber arbitrariedades en contra del papel en su Art. 13.3 especifica: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Pareciera que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados considera que estos dos artículos son suficientes para no avalar el proyecto de ley.
Aprobar esta ley haría legal la posibilidad de la censura, algo que el propio matrimonio Kirchner hubiera querido que nunca existiera en la Argentina de la dictadura militar. La libertad de prensa y de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, de ahí que no se entiende por qué tanto ahínco en tratar de violarla.
Por eso tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados bloquee el proyecto de ley que trata de declarar de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, en una nueva embestida del Poder Ejecutivo para controlar a los medios de comunicación, como sucedía en la década del 50 con el férreo autoritarismo del gobierno de Juan Domingo Perón.
El avance de los gobiernos contra el papel no es nuevo. Desde Perón a Hugo Chávez, que imposibilita la compra tras el control sobre la importación, o el control que ejercía el PRI mexicano a través de Pipsa, con lo que se discriminaba a los medios mexicanos. Siempre los gobiernos utilizaron al papel periódico como forma de premio y castigo.
El proyecto del gobierno no puede pasar en el Congreso. De lo contrario sería legitimar una medida anticonstitucional, descabellada, ya que se estaría violando el Art. 32 de la Constitución que establece, de la misma forma que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que no se puede dictar ninguna ley que viole la libertad de imprenta.
También, de aprobarse un proyecto así, se violarían tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos firmada por el país, la que establece que no puede haber arbitrariedades en contra del papel en su Art. 13.3 especifica: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Pareciera que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados considera que estos dos artículos son suficientes para no avalar el proyecto de ley.
Aprobar esta ley haría legal la posibilidad de la censura, algo que el propio matrimonio Kirchner hubiera querido que nunca existiera en la Argentina de la dictadura militar. La libertad de prensa y de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, de ahí que no se entiende por qué tanto ahínco en tratar de violarla.
agosto 28, 2010
Piñera y su ejemplo
El presidente chileno Sebatián Piñera llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Time Warner, para vender Chilevisión, uno de los canales líderes en audiencia y ratings, por unos 140 millones de dólares; una promesa que el primer mandatario había hecho durante su campaña electoral para evitar conflictos de interés.
La promesa fue por la presión que recibió de parte de la oposición chilena, la que entendía que de tener una televisora sería beneficiado con propaganda para su gestión, se correría el riesgo de manipular información y beneficiarse políticamente. Al mismo tiempo, el canal también sufriría un conflicto de interés, ya que no le resultaría fácil se equilibrado y equitativo con un presidente que también es patrón.
Esta lección es la que deberían aprender muchos presidentes latinoamericanos que están haciendo todo lo contrario, ya sea comprando medios privados a través de testaferros o familiares o utilizando los medios públicos, pertencientes al Estado, como si fueran propios, gubernamentales, para hacer propaganda de su gestión.
La lista es larga, los medios gubernamentales han crecido desmedidamente con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega; gobiernos que también se han armado de medios privados.
¿Será que el ejemplo de Chile, de la oposición chilena y del presidente Piñera podrá contagiar al resto de los gobiernos latinoamericanos?
La promesa fue por la presión que recibió de parte de la oposición chilena, la que entendía que de tener una televisora sería beneficiado con propaganda para su gestión, se correría el riesgo de manipular información y beneficiarse políticamente. Al mismo tiempo, el canal también sufriría un conflicto de interés, ya que no le resultaría fácil se equilibrado y equitativo con un presidente que también es patrón.
Esta lección es la que deberían aprender muchos presidentes latinoamericanos que están haciendo todo lo contrario, ya sea comprando medios privados a través de testaferros o familiares o utilizando los medios públicos, pertencientes al Estado, como si fueran propios, gubernamentales, para hacer propaganda de su gestión.
La lista es larga, los medios gubernamentales han crecido desmedidamente con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega; gobiernos que también se han armado de medios privados.
¿Será que el ejemplo de Chile, de la oposición chilena y del presidente Piñera podrá contagiar al resto de los gobiernos latinoamericanos?
agosto 26, 2010
El regreso al Siglo Catorce
Una de las primeras planas más recordadas del periodismo latinoamericano es la del matutino guatemalteco Siglo Veintiuno, que el 25 de mayo de 1993 se publicó bajo la marca de Siglo Catorce, sin noticias y en negro, en protesta y desafiando la censura tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías.
Esta semana el membrete de Siglo Catorce, que evoca las postrimerías del oscurantismo medieval, lo podrían haber adoptado El Nacional y el resto de los periódicos venezolanos a los que se les prohibió publicar fotografías e informaciones sobre violencia que pudieran “vulnerar la integridad psíquica y moral de los niños”, o las radios y televisiones brasileñas, las que tienen vedado por ley hacer bromas o parodias sobre los candidatos presidenciales.
La censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque reviste ahora mayor gravedad por disfrazarse de legalidad al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante.
La prohibición de publicar imágenes, informaciones y publicidad después de que El Nacional publicó una fotografía de archivo en portada de cadáveres apilados en la morgue de Caracas para ilustrar una nota sobre inseguridad pública, fue más una medida política que judicial. Obedeció a criterios de funcionarios y del presidente Hugo Chávez que sostienen que la divulgación de la violencia evidencia la conspiración de la oposición para degradar el proceso electoral vigente.
Si bien el juez se retrotrajo a fines de esta semana de la medida original sobre El Nacional de inhibir cualquier tipo de noticias sobre violencia - así sean fotos o escritos – y solo mantuvo la prohibición sobre las imágenes, tanto para ese diario como para el resto de los medios impresos, la decisión no deja de ser grosera, incongruente, desproporcional e irracional.
Incongruente porque un juez no puede proteger a los menores solo por 30 días si el peligro es verdadero, continuo y latente. ¿Significaría que después de las elecciones del 27 de setiembre las imágenes violentas y macabras ya no dañarían a los menores?
Desproporcional, porque deja a los periódicos, amarillistas o no, al borde de cometer infracciones en forma constante, mediante el manejo de criterios que no deben estar ligados al carácter violento o no de las noticias, sino a la relevancia e interés público de los hechos.
Irracional porque al no estar definidos los estándares de violencia, queda a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad interpretar qué es o no correcto y publicable, obligando a los medios a ejercer la autocensura, comprometiendo el derecho del público a saber.
Pero por sobre todo, la medida es grosera, porque desconoce el papel de los medios en una sociedad, que muchas veces deben estar obligados a desafiar leyes y criterios éticos, con la intención de generar debate público y provocar a la sociedad a encontrar correctivos a los problemas. Una torpeza a la que todavía se enfrenta Tal Cual, un diario muy crítico del gobierno, que no podrá divulgar nada violento, ni fotos ni informaciones, por haber expresado su solidaridad con El Nacional al publicar la misma imagen de la morgue censurada.
Mientras tanto en Brasil, donde es usual que los políticos gocen del halo protector de los jueces, a partir de esta semana y hasta las elecciones del 3 de octubre, la radio y la televisión deben abstenerse de bromear sobre los candidatos a presidente, so pena de fuertes multas y suspensiones.
Esta prohibición – que será protestada con una marcha en Río de Janeiro este domingo - tiene origen en leyes de la última dictadura militar, época en que los diarios, como O Estado de S. Paulo, burlaban a los censores oficiales publicando recetas de cocina en los espacios noticiosos censurados. Como hizo este 18 de agosto El Nacional colocando espacios en blanco y el rótulo de “censurado”, donde debían estar sus fotografías.
La gravedad de lo que sucede en Venezuela y Brasil no es la censura directa, sino la previa, la presunción de la autoridad de que un delito pudiera cometerse. Justamente lo que el ser humano viene batallando desde el Siglo Catorce, y que logró incorporar en las Constituciones modernas que expresamente la prohíben por atentar contra la libertad de pensamiento. ¿Lo sabrán los jueces?
Esta semana el membrete de Siglo Catorce, que evoca las postrimerías del oscurantismo medieval, lo podrían haber adoptado El Nacional y el resto de los periódicos venezolanos a los que se les prohibió publicar fotografías e informaciones sobre violencia que pudieran “vulnerar la integridad psíquica y moral de los niños”, o las radios y televisiones brasileñas, las que tienen vedado por ley hacer bromas o parodias sobre los candidatos presidenciales.
La censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque reviste ahora mayor gravedad por disfrazarse de legalidad al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante.
La prohibición de publicar imágenes, informaciones y publicidad después de que El Nacional publicó una fotografía de archivo en portada de cadáveres apilados en la morgue de Caracas para ilustrar una nota sobre inseguridad pública, fue más una medida política que judicial. Obedeció a criterios de funcionarios y del presidente Hugo Chávez que sostienen que la divulgación de la violencia evidencia la conspiración de la oposición para degradar el proceso electoral vigente.
Si bien el juez se retrotrajo a fines de esta semana de la medida original sobre El Nacional de inhibir cualquier tipo de noticias sobre violencia - así sean fotos o escritos – y solo mantuvo la prohibición sobre las imágenes, tanto para ese diario como para el resto de los medios impresos, la decisión no deja de ser grosera, incongruente, desproporcional e irracional.
Incongruente porque un juez no puede proteger a los menores solo por 30 días si el peligro es verdadero, continuo y latente. ¿Significaría que después de las elecciones del 27 de setiembre las imágenes violentas y macabras ya no dañarían a los menores?
Desproporcional, porque deja a los periódicos, amarillistas o no, al borde de cometer infracciones en forma constante, mediante el manejo de criterios que no deben estar ligados al carácter violento o no de las noticias, sino a la relevancia e interés público de los hechos.
Irracional porque al no estar definidos los estándares de violencia, queda a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad interpretar qué es o no correcto y publicable, obligando a los medios a ejercer la autocensura, comprometiendo el derecho del público a saber.
Pero por sobre todo, la medida es grosera, porque desconoce el papel de los medios en una sociedad, que muchas veces deben estar obligados a desafiar leyes y criterios éticos, con la intención de generar debate público y provocar a la sociedad a encontrar correctivos a los problemas. Una torpeza a la que todavía se enfrenta Tal Cual, un diario muy crítico del gobierno, que no podrá divulgar nada violento, ni fotos ni informaciones, por haber expresado su solidaridad con El Nacional al publicar la misma imagen de la morgue censurada.
Mientras tanto en Brasil, donde es usual que los políticos gocen del halo protector de los jueces, a partir de esta semana y hasta las elecciones del 3 de octubre, la radio y la televisión deben abstenerse de bromear sobre los candidatos a presidente, so pena de fuertes multas y suspensiones.
Esta prohibición – que será protestada con una marcha en Río de Janeiro este domingo - tiene origen en leyes de la última dictadura militar, época en que los diarios, como O Estado de S. Paulo, burlaban a los censores oficiales publicando recetas de cocina en los espacios noticiosos censurados. Como hizo este 18 de agosto El Nacional colocando espacios en blanco y el rótulo de “censurado”, donde debían estar sus fotografías.
La gravedad de lo que sucede en Venezuela y Brasil no es la censura directa, sino la previa, la presunción de la autoridad de que un delito pudiera cometerse. Justamente lo que el ser humano viene batallando desde el Siglo Catorce, y que logró incorporar en las Constituciones modernas que expresamente la prohíben por atentar contra la libertad de pensamiento. ¿Lo sabrán los jueces?
agosto 25, 2010
Coherencias incongruentes
En un país donde la verdad y el equilibrio se pierden, donde la equidad es difícil de alcanzar y las mentiras se utilizan para alcanzar intereses personales por encima del bien común…; cuando aparece alguien con razonamientos coherentes, da la apariencia de estar hablando incongruencias y/o trivialidades.
Se trata del caso del vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, quien - ante la furia y embestida del matrimonio presidencial contra Papel Prensa, para lo que pidieron una ley para controlar la fabricación, distribución y comercialización de papel para periódicos - dijo que “el Estado debe ser el garante de la libertad de prensa".
Las palabras de Cobos, cargadas de constitucionalidad y apegadas a derecho, sonaron superficiales. Es que hablar de sensateces en un país que el gobierno ya logró polarizar, parece superfluo. “La libertad de prensa y las políticas en torno a ella deben estar por encima de los intereses particulares con el objeto de fortalecerla, evitando en cualquier caso lesionarla o coartarla."
El comunicado de prensa en el que Cobos analizó estos puntos parece salido de una película de ciencia ficción en la Argentina de hoy, donde los Kirchner y sus funcionarios, desde mayo del 2003, vienen atacando y desairando a periodistas, medios y todo aquel que trate de comunicar en una onda diferente a la oficial.
Dijo Cobos en su comunicado: "Es de público conocimiento que existe un conflicto entre el Gobierno Nacional y el grupo Clarín. En este contexto y con más razón, toda acción o decisión que el Gobierno tome no debe estar motivada por ese conflicto. Por el contrario y como parte del Estado, debe ponerse por encima de él, con un ejercicio responsable del poder, respetando la libertad de prensa y preservando la seguridad jurídica. Es el Estado el garante de la libertad de prensa y en ese marco los medios de comunicación, deben mantener su independencia y objetividad".
Sobre una ley para regular el insumo básico, Cobos reflexionó: "Hay que asegurar la libre concurrencia en el mercado y permitir la provisión de papel a todo aquél que lo requiera, en función de las necesidades de los distintos medios periodísticos". Y en otros puntos recalcó que el Estado tiene varios recursos para garantizar los derechos vinculados a la libertad de prensa, sobre los que citó: El régimen de importaciones, que deberá mantenerse sin ningún tipo de barreras arancelarias para sumar otras ofertas de materia prima; la distribución equitativa de la pauta oficial en todos los medios, lo que permite una competencia leal y evita desigualdades y asimetrías; el rol responsable y adecuado de los medios públicos que pertenecen a toda la sociedad y no a un gobierno en particular.
Muchos sienten que Cobos está despistado, incoherente, incongruente. ¿O será el país?
Se trata del caso del vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, quien - ante la furia y embestida del matrimonio presidencial contra Papel Prensa, para lo que pidieron una ley para controlar la fabricación, distribución y comercialización de papel para periódicos - dijo que “el Estado debe ser el garante de la libertad de prensa".
Las palabras de Cobos, cargadas de constitucionalidad y apegadas a derecho, sonaron superficiales. Es que hablar de sensateces en un país que el gobierno ya logró polarizar, parece superfluo. “La libertad de prensa y las políticas en torno a ella deben estar por encima de los intereses particulares con el objeto de fortalecerla, evitando en cualquier caso lesionarla o coartarla."
El comunicado de prensa en el que Cobos analizó estos puntos parece salido de una película de ciencia ficción en la Argentina de hoy, donde los Kirchner y sus funcionarios, desde mayo del 2003, vienen atacando y desairando a periodistas, medios y todo aquel que trate de comunicar en una onda diferente a la oficial.
Dijo Cobos en su comunicado: "Es de público conocimiento que existe un conflicto entre el Gobierno Nacional y el grupo Clarín. En este contexto y con más razón, toda acción o decisión que el Gobierno tome no debe estar motivada por ese conflicto. Por el contrario y como parte del Estado, debe ponerse por encima de él, con un ejercicio responsable del poder, respetando la libertad de prensa y preservando la seguridad jurídica. Es el Estado el garante de la libertad de prensa y en ese marco los medios de comunicación, deben mantener su independencia y objetividad".
Sobre una ley para regular el insumo básico, Cobos reflexionó: "Hay que asegurar la libre concurrencia en el mercado y permitir la provisión de papel a todo aquél que lo requiera, en función de las necesidades de los distintos medios periodísticos". Y en otros puntos recalcó que el Estado tiene varios recursos para garantizar los derechos vinculados a la libertad de prensa, sobre los que citó: El régimen de importaciones, que deberá mantenerse sin ningún tipo de barreras arancelarias para sumar otras ofertas de materia prima; la distribución equitativa de la pauta oficial en todos los medios, lo que permite una competencia leal y evita desigualdades y asimetrías; el rol responsable y adecuado de los medios públicos que pertenecen a toda la sociedad y no a un gobierno en particular.
Muchos sienten que Cobos está despistado, incoherente, incongruente. ¿O será el país?
agosto 24, 2010
Triste papel presidencial
La presidenta Cristina de Kirchner hizo un triste papel para la democracia argentina. Leyó su informe “Papel Prensa: la verdad”, una crítica sobre la adquisición de la papelera Papel Prensa en 1976, atándola a crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, conspiraciones y extorsiones, aspectos todos cometidos – según ella - por los diarios Clarín y La Nación, que junto con el Estado son dueños de la empresa.
Con muchas imprecisiones y en cadena nacional, la Presidenta concluyó que quiere un país sin miedos, con democracias sin tutelajes – típico discurso de su época como parlamentaria – y que para ello tratará de que haya una ley para regular la fabricación de papel periódico y que este insumo sea de interés público.
En definitiva lo que dijo es lo que viene pretendiendo desde que en los últimos meses Papel Prensa se convirtió en otro frente de batalla para debilitar a Clarín, grupo mediático al que tiene en la mira. Quiere que el papel sea un bien regulado, que salga del espectro de la empresa privada, imponerle precios y con eso, luego ella – u otro gobierno futuro – podrán tener el sartén por el mango; ergo, habrán inventado una nueva forma de discriminación y de presión contra los medios independientes y privados.
Triste papel el de la Presidenta. Sigue enloquecida en contra de Clarín y de La Nación. ¿Por qué este escándalo barato para un tema que si lo considera un problema de Estado – una empresa que fue adquirida a la familia Gravier en 1976 y que luego fue aclarado por la justicia que no hubo irregularidad en la compra-venta a La Nación, Clarín y La Razón en democracia en 1985 – lo hubiera llevado como cualquier gobierno civilizado a la justicia, a la que dijo respetar y que es la única que puede condenar? ¿Por qué no se ahorró esa discordia de tener que condenar algo públicamente que los jueces deberían tener que hacer después?
¿No sería mejor que el gobierno, en vez de estar empecinado en poner de rodillas a la empresa privada, con sus excusas de acabar con los monopolios y la concentración, no diera la primera lección con el ejemplo? ¿No sería más productivo, mejor administrador y más estadista si generara más competencia, llamando a licitación a más empresas privadas que fueran incentivadas para crear más papeleras y hacer bajar los precios? ¿No es eso lo que justamente busca Cristina? ¿Para qué pelear, crear polarización y malestar entre todos los argentinos? ¿Quién podría enojarse u oponerse a una buena Presidenta que incentivara la competencia, el desarrollo y el empleo?
Triste y torpe papel el de la Presidenta. Muestra su odio y ansias de poder.
Con muchas imprecisiones y en cadena nacional, la Presidenta concluyó que quiere un país sin miedos, con democracias sin tutelajes – típico discurso de su época como parlamentaria – y que para ello tratará de que haya una ley para regular la fabricación de papel periódico y que este insumo sea de interés público.
En definitiva lo que dijo es lo que viene pretendiendo desde que en los últimos meses Papel Prensa se convirtió en otro frente de batalla para debilitar a Clarín, grupo mediático al que tiene en la mira. Quiere que el papel sea un bien regulado, que salga del espectro de la empresa privada, imponerle precios y con eso, luego ella – u otro gobierno futuro – podrán tener el sartén por el mango; ergo, habrán inventado una nueva forma de discriminación y de presión contra los medios independientes y privados.
Triste papel el de la Presidenta. Sigue enloquecida en contra de Clarín y de La Nación. ¿Por qué este escándalo barato para un tema que si lo considera un problema de Estado – una empresa que fue adquirida a la familia Gravier en 1976 y que luego fue aclarado por la justicia que no hubo irregularidad en la compra-venta a La Nación, Clarín y La Razón en democracia en 1985 – lo hubiera llevado como cualquier gobierno civilizado a la justicia, a la que dijo respetar y que es la única que puede condenar? ¿Por qué no se ahorró esa discordia de tener que condenar algo públicamente que los jueces deberían tener que hacer después?
¿No sería mejor que el gobierno, en vez de estar empecinado en poner de rodillas a la empresa privada, con sus excusas de acabar con los monopolios y la concentración, no diera la primera lección con el ejemplo? ¿No sería más productivo, mejor administrador y más estadista si generara más competencia, llamando a licitación a más empresas privadas que fueran incentivadas para crear más papeleras y hacer bajar los precios? ¿No es eso lo que justamente busca Cristina? ¿Para qué pelear, crear polarización y malestar entre todos los argentinos? ¿Quién podría enojarse u oponerse a una buena Presidenta que incentivara la competencia, el desarrollo y el empleo?
Triste y torpe papel el de la Presidenta. Muestra su odio y ansias de poder.
agosto 23, 2010
Los Kirchner ganan; todos pierden
Mañana por la tarde la presidenta Cristina de Kirchner se espera que consume un furibundo ataque directo a la libertad de prensa. Dará a conocer el informe oficial “Papel Prensa, la verdad” que se prevé tendrá unas 400 páginas de artilugios y vericuetos para que el Estado, como accionista minoritario de la papelera, se quedé con la empresa.
Más allá de que pueda o no tener razón, de que presente argumentos válidos – cosa que no creo que los posea – sobre que los dueños mayoritarios, los diarios Clarín y La Nación, se hicieron de la empresa gracias a su confabulación con el gobierno militar que habría extorsionado a los propietarios anteriores, lo que molesta es la forma que el gobierno utiliza para intimidar, amedrentar y crear circo.
Si todo fuera razonable y verdad, ¿no tendría el gobierno argumentos lícitos y conciencia limpia y tranquila para acudir a la justicia? ¿Por qué este derroche de desparpajo público para ir en contra de una empresa que fabrica y abastece papel periódico a los diarios argentinos? ¿Por qué los funcionarios vienen haciendo tanto circo como hasta invitar a peleas de box en las asambleas de accionistas?
Esta actitud no es nueva con el gobierno kirchnerista. Sus roces con los medios ha sido parte de su idiosincrasia. Desde no ofrecer conferencias de prensa, no permitir que los periodistas accedan a las fuentes oficiales, hasta agredirlos públicamente. Ahora es el papel, la semana pasada fue la licencia de Fibertel, antes los hijos de Ernestina Herrera Noble, otrora los derechos de trasmisión del fútbol, el uso discriminatorio de la publicidad oficial, la compra de medios privados y la creación de medios gubernamentales, la Ley de Servicios Audiovisuales, y la manipulación de un tropel de periodistas oficialistas que en Twitter, blogs, Facebook y otras redes sociales desprestigian a quienes no se ajustan a las pautas gubernamentales.
Los Kirchner legitiman absolutamente todo desprestigiando a medio mundo en confabulaciones con la violación de los derechos humanos, un tema que lo han hecho popular y que están explotando y politizando.
Los Kirchner tienen facilidad para imponer la agenda pública y lamentablemente los medios están rezagados, ya que es el gobierno y sus funcionarios los que logran conducir la conversación pública, al mejor estilo chavista. Es más, les encanta que los medios estén de rodillas, a la defensiva.
Esta política les dará rédito político a corto plazo. Pero a la larga, confiscar a los medios y abalanzarse contra la libertad de prensa, irá en detrimento del país. La batalla que ganan los Kirchner es una pérdida de todos y para todos.
Más allá de que pueda o no tener razón, de que presente argumentos válidos – cosa que no creo que los posea – sobre que los dueños mayoritarios, los diarios Clarín y La Nación, se hicieron de la empresa gracias a su confabulación con el gobierno militar que habría extorsionado a los propietarios anteriores, lo que molesta es la forma que el gobierno utiliza para intimidar, amedrentar y crear circo.
Si todo fuera razonable y verdad, ¿no tendría el gobierno argumentos lícitos y conciencia limpia y tranquila para acudir a la justicia? ¿Por qué este derroche de desparpajo público para ir en contra de una empresa que fabrica y abastece papel periódico a los diarios argentinos? ¿Por qué los funcionarios vienen haciendo tanto circo como hasta invitar a peleas de box en las asambleas de accionistas?
Esta actitud no es nueva con el gobierno kirchnerista. Sus roces con los medios ha sido parte de su idiosincrasia. Desde no ofrecer conferencias de prensa, no permitir que los periodistas accedan a las fuentes oficiales, hasta agredirlos públicamente. Ahora es el papel, la semana pasada fue la licencia de Fibertel, antes los hijos de Ernestina Herrera Noble, otrora los derechos de trasmisión del fútbol, el uso discriminatorio de la publicidad oficial, la compra de medios privados y la creación de medios gubernamentales, la Ley de Servicios Audiovisuales, y la manipulación de un tropel de periodistas oficialistas que en Twitter, blogs, Facebook y otras redes sociales desprestigian a quienes no se ajustan a las pautas gubernamentales.
Los Kirchner legitiman absolutamente todo desprestigiando a medio mundo en confabulaciones con la violación de los derechos humanos, un tema que lo han hecho popular y que están explotando y politizando.
Los Kirchner tienen facilidad para imponer la agenda pública y lamentablemente los medios están rezagados, ya que es el gobierno y sus funcionarios los que logran conducir la conversación pública, al mejor estilo chavista. Es más, les encanta que los medios estén de rodillas, a la defensiva.
Esta política les dará rédito político a corto plazo. Pero a la larga, confiscar a los medios y abalanzarse contra la libertad de prensa, irá en detrimento del país. La batalla que ganan los Kirchner es una pérdida de todos y para todos.
agosto 22, 2010
La Iglesia y su duro peregrinar en Cuba
No es fácil para la Iglesia Católica en Cuba agradar a todas las partes. Después de la mediación con el gobierno, mediante la cual logró que varios periodistas independientes y presos políticos fueran liberados, y que Guillermo Fariñas deje la huelga de hambre, que por poco le costó la vida, la Iglesia fue criticada por un grupo de disidentes que se queja de una actitud “lamentable” y “bochornosa”.
La carta de los disidentes, fue entregada en la sede del Arzobispado en La Habana el jueves pasado por Martha Beatriz Roque, conteniendo unas 165 firmas, entre ellas las de Vladimiro Roca y Jorge Luis García, teniendo como objetivo que sea entregada al Papa en Roma.
La carta critica a la Iglesia porque no se ha incluido a la disidencia en las pláticas con el gobierno, que los presos liberados hayan sido desterrados, que se le haya pedido a la madre de Orlando Zapata Tamayo, preso político que murió en huelga de hambre en febrero, que no visite la tumba de su hijo y que se haya solicitado al gobierno de Estados Unidos que flexibilice las medidas económicas y el embargo contra la isla.
Creo que la carta es injusta y ofensiva. Ni siquiera los gobiernos más amigos de La Habana han podido lograr que la disidencia sea incluida en cualquier tipo de conversaciones con los Castro. Es cierto que los excarcelados fueron desterrados; pero al menos se consiguió que salgan de prisión, el objetivo que tenían especialmente sus familiares y las Damas de Blanco. No hubiese sido posible la liberación y quedarse en el país, el gobierno no lo hubiera permitido.
Es mejor ver a una Iglesia activa, comprometida y no callada, que ha estado proscripta por décadas por el gobierno comunista. Seguramente esta mediación derivará en mayor activismo, permitiéndoles a los obispos, de a poco, no solo protestar, sino también terciar para que se acabe la represión en general y contribuir para que la dictadura vaya reconociendo más libertades.
La carta de los disidentes, fue entregada en la sede del Arzobispado en La Habana el jueves pasado por Martha Beatriz Roque, conteniendo unas 165 firmas, entre ellas las de Vladimiro Roca y Jorge Luis García, teniendo como objetivo que sea entregada al Papa en Roma.
La carta critica a la Iglesia porque no se ha incluido a la disidencia en las pláticas con el gobierno, que los presos liberados hayan sido desterrados, que se le haya pedido a la madre de Orlando Zapata Tamayo, preso político que murió en huelga de hambre en febrero, que no visite la tumba de su hijo y que se haya solicitado al gobierno de Estados Unidos que flexibilice las medidas económicas y el embargo contra la isla.
Creo que la carta es injusta y ofensiva. Ni siquiera los gobiernos más amigos de La Habana han podido lograr que la disidencia sea incluida en cualquier tipo de conversaciones con los Castro. Es cierto que los excarcelados fueron desterrados; pero al menos se consiguió que salgan de prisión, el objetivo que tenían especialmente sus familiares y las Damas de Blanco. No hubiese sido posible la liberación y quedarse en el país, el gobierno no lo hubiera permitido.
Es mejor ver a una Iglesia activa, comprometida y no callada, que ha estado proscripta por décadas por el gobierno comunista. Seguramente esta mediación derivará en mayor activismo, permitiéndoles a los obispos, de a poco, no solo protestar, sino también terciar para que se acabe la represión en general y contribuir para que la dictadura vaya reconociendo más libertades.
agosto 21, 2010
Kirchner, derechos y libertades
El ex presidente argentino, Néstor Kircher, mantiene un grado alto de incongruencia e incoherencia cuando se refiere a temas como los derechos humanos y la libertad de expresión, no entendiendo que ambos se incluyen.
En el Foro de Sao Paulo que acaba de terminar en Buenos Aires, Kirchner pidió terminar con situaciones que afectan los derechos humanos en América Latina y que “todos tengan derecho a expresarse”.
Hasta ahí, el discurso de Kirchner pareciera el de un estadista y un verdadero demócrata. Sin embargo, en la misma Buenos Aires, en esos momentos, el gobierno, por orden directa de su esposa, presidenta Cristina, y de él, estaban dedicados a arrebatarle a Clarín – el medio de comunicación al que han jurado públicamente desintegrar – el servicio de internet, Fibertel, mediante la caducidad de la licencia de operación.
Lo de Fibertel no es casualidad, es solo el último round gubernamental en contra del diario que incluye la Ley de Medios Audiovisuales, la embestida contra Papel Prensa - de la que son propietarios el estado junto a La Nación y Clarín - los derechos de televisación del fútbol, la embestida contra los hijos adoptivos de la directora de Clarín e innumerables acciones fiscales e insultos públicos proferidos contra ejecutivos y periodistas del matutito.
Parece que Kirchner al hablar de derechos humanos es muy selectivo y solo escoge aquellos que les da rédito político. Y se hace el distraído sobre la libertad de expresión y de prensa, derechos humanos que también se incluyen en todos los tratados internacionales y en la propia Constitución argentina.
En el Foro de Sao Paulo que acaba de terminar en Buenos Aires, Kirchner pidió terminar con situaciones que afectan los derechos humanos en América Latina y que “todos tengan derecho a expresarse”.
Hasta ahí, el discurso de Kirchner pareciera el de un estadista y un verdadero demócrata. Sin embargo, en la misma Buenos Aires, en esos momentos, el gobierno, por orden directa de su esposa, presidenta Cristina, y de él, estaban dedicados a arrebatarle a Clarín – el medio de comunicación al que han jurado públicamente desintegrar – el servicio de internet, Fibertel, mediante la caducidad de la licencia de operación.
Lo de Fibertel no es casualidad, es solo el último round gubernamental en contra del diario que incluye la Ley de Medios Audiovisuales, la embestida contra Papel Prensa - de la que son propietarios el estado junto a La Nación y Clarín - los derechos de televisación del fútbol, la embestida contra los hijos adoptivos de la directora de Clarín e innumerables acciones fiscales e insultos públicos proferidos contra ejecutivos y periodistas del matutito.
Parece que Kirchner al hablar de derechos humanos es muy selectivo y solo escoge aquellos que les da rédito político. Y se hace el distraído sobre la libertad de expresión y de prensa, derechos humanos que también se incluyen en todos los tratados internacionales y en la propia Constitución argentina.
agosto 20, 2010
Ground Zero y la mezquita
Como nunca antes la libertad de culto – una garantía “sagrada” en toda Constitución moderna y bien arraigada en la estadounidense - había dividido a tantos políticos y ciudadanos en este país, desde que estalló la polémica sobre la construcción de una mezquita y un centro cultural islámico a pocas cuadras de Ground Zero, el lugar que ocupaban las Torres Gemelas antes de ser derribadas por los terroristas musulmanes el 11 de setiembre de 2001, también considerado como lugar “sagrado” o de reflexión.
Pero muchos no consideran que se trate de un problema de libertad de culto, sino más bien de respeto a la memoria de las víctimas, por más que el presidente Barack Obama haya respaldado la construcción argumentando que todo mundo tiene derecho a practicar su religión y tener sus templos, siempre y cuando no se contravengan leyes y ordenanzas locales.
Más allá de la división entre políticos a favor y en contra, simpatizo con los sentimientos de la mayoría, según varias encuestas, que consideran que construir la mezquita tan cerca de la Zona Cero es una ofensa. Es obvio que se necesita mayor educación para entender que el Islam no incentiva ni es refugio de terroristas, pero es comprensible los prejuicios que se han alimentado sobre esta religión después de que los terroristas de Setiembre 11 pertenecían a ella.
Creo que el responsable, el imán Feisal Abdul Rauf, debería tener más consideración con los sentimientos de la gente y entender que no se trata de un problema de libertad de culto. Pudiera levantar la mezquita a más cuadras de distancia o en otro barrio más alejado de la Zona Cero y de esa forma, lograr los dos objetivos: que los creyentes musulmanes tengan su lugar de oración y que los familiares de las víctimas y quienes estén afectados, se sientan respetados.
Si realmente el objetivo del imán es tener un espacio de reunión, contemplación y oración, no debería hacer del lugar el epicentro del debate y la división. Lo mejor para el Islam sería no incentivar mayores polémicas y sí contribuir, desde un lugar más apropiado, al ecumenismo religioso.
Para el Islam, comprender el sentimiento ajeno e incentivar el entendimiento hacia su propia filosofía, fortalecerá su imagen a largo plazo. Y ello es también una forma de apostar a la libertad de culto.
Pero muchos no consideran que se trate de un problema de libertad de culto, sino más bien de respeto a la memoria de las víctimas, por más que el presidente Barack Obama haya respaldado la construcción argumentando que todo mundo tiene derecho a practicar su religión y tener sus templos, siempre y cuando no se contravengan leyes y ordenanzas locales.
Más allá de la división entre políticos a favor y en contra, simpatizo con los sentimientos de la mayoría, según varias encuestas, que consideran que construir la mezquita tan cerca de la Zona Cero es una ofensa. Es obvio que se necesita mayor educación para entender que el Islam no incentiva ni es refugio de terroristas, pero es comprensible los prejuicios que se han alimentado sobre esta religión después de que los terroristas de Setiembre 11 pertenecían a ella.
Creo que el responsable, el imán Feisal Abdul Rauf, debería tener más consideración con los sentimientos de la gente y entender que no se trata de un problema de libertad de culto. Pudiera levantar la mezquita a más cuadras de distancia o en otro barrio más alejado de la Zona Cero y de esa forma, lograr los dos objetivos: que los creyentes musulmanes tengan su lugar de oración y que los familiares de las víctimas y quienes estén afectados, se sientan respetados.
Si realmente el objetivo del imán es tener un espacio de reunión, contemplación y oración, no debería hacer del lugar el epicentro del debate y la división. Lo mejor para el Islam sería no incentivar mayores polémicas y sí contribuir, desde un lugar más apropiado, al ecumenismo religioso.
Para el Islam, comprender el sentimiento ajeno e incentivar el entendimiento hacia su propia filosofía, fortalecerá su imagen a largo plazo. Y ello es también una forma de apostar a la libertad de culto.
agosto 19, 2010
Cuba y la libertad dolorosa
Otros dos periodistas independientes que purgaban cárcel desde marzo de 2003 fueron liberados y hoy llegaron con sus familiares a Madrid, dentro del acuerdo marco entre la Iglesia Católica, el presidente Raúl Castro y el gobierno español.
Se trata de Fabio Prieto Llorente y Juan Carlos Herrera Acosta, mientras que otro periodista independiente Juan Adolfo Fernández, de 61 años, deberá viajar esta noche hacia Madrid. Los tres completan el grupo de los 26 liberados que tuvieron que marcharse al destierro forzoso.
Siete periodistas arrestados en la embestida de 2003 aún continúan en prisión, al igual que otro reportero encarcelado con posterioridad, según anunció el Comité de Protección de Periodistas.
Es un día importante en la vida de todos los liberados que han salido de la opresión, de la cárcel más grande que tiene Latinoamérica. Lamentable es, sin embargo, que la libertad signifique la expulsión. Es una libertad dolorosa.
Se trata de Fabio Prieto Llorente y Juan Carlos Herrera Acosta, mientras que otro periodista independiente Juan Adolfo Fernández, de 61 años, deberá viajar esta noche hacia Madrid. Los tres completan el grupo de los 26 liberados que tuvieron que marcharse al destierro forzoso.
Siete periodistas arrestados en la embestida de 2003 aún continúan en prisión, al igual que otro reportero encarcelado con posterioridad, según anunció el Comité de Protección de Periodistas.
Es un día importante en la vida de todos los liberados que han salido de la opresión, de la cárcel más grande que tiene Latinoamérica. Lamentable es, sin embargo, que la libertad signifique la expulsión. Es una libertad dolorosa.
Guardianes del Sur
Dos documentales sobre Venezuela, “Los Guardianes de Chávez” de la televisión española y “Al Sur de la Frontera” producido por el afamado Oliver Stone, han puesto en evidencia cuán delgada es la línea entre la propaganda y la información, en especial cuando se busca retratar los logros o fracasos del chavismo.
El ex ministro de Comunicación venezolano, Andrés Izarra, invitado la semana en un programa de CNN en Español del que participó en teleconferencia, acusó a la televisora estadounidense de practicar un “periodismo pornográfico” al divulgar noche tras noche “Los Guardianes de Chávez”, un trabajo que critica al gobierno por entregar armas a paramilitares y milicias urbanas, tolerar a grupos guerrilleros y de ser ineficaz para reducir los índices de criminalidad.
Izarra, ahora presidente de Telesur, una cadena de noticias y propaganda que Hugo Chávez ideó en 2005 para neutralizar a televisoras “imperialistas” de EEUU y Europa, desacreditó a su entrevistador, se burló a carcajadas fingidas de otros interlocutores por los datos “exagerados” sobre violencia y la falta de balance sobre el gran logro estructural del gobierno: la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Pero como el debate estaba enfocado sobre el incremento progresivo de la violencia desde que Chávez asumió hace más de una década, Izarra, sin argumentos, apeló a su histrionismo habitual mofándose del “sesgo informativo” de una cadena “cada vez más decadente”.
Si bien en el programa se admitió que CNN puede ser sesgada en su criterio editorial, dista mucho de los estándares propagandísticos a los que sí está ligada Telesur. Una televisora gubernamental que ejerce un activismo político militante, en la que es usual observar a sus periodistas intimidar a quienes identifican como adversarios o halagar a quienes consideran partidarios.
Para muestra sirve la entrevista que Izarra y otros informadores hicieron el domingo pasado a Fidel Castro en La Habana. En una reverenciada puesta en escena, sin cuestionar nada, adularon al entrevistado que se despachó sobre el inminente holocausto nuclear que se cierne sobre Irán, criticó a Colombia y elogió a Wikileaks por revelar los secretos de EEUU en Afganistán. Si hubiese estado presente un periodista real en esa tertulia, al menos se le habría preguntado por aquellos periodistas, ahora en el destierro, que sufrieron siete años de cárcel por haber “revelado secretos de Estado” a potencias extranjeras: la catástrofe económica o la desigualdad entre cubanos y turistas.
Pero así como Izarra ve en la crítica informativa solo propaganda, su óptica cambia radicalmente cuando del otro lado se alaban los logros de la revolución, como es el caso de “Al Sur de la Frontera”, un documental en el que Stone defiende la transformación social que en Sudamérica encarna Chávez, y lideran en sus países Evo Morales, Lula da Silva, Cristina y Néstor Kirchner, Rafael Correa y Fernando Lugo, quienes solo buscan la independencia económica y política del imperio y desterrar décadas de consumismo y degradación moral.
Stone piensa que la “prensa domesticada” estadounidense, así como la política exterior de EEUU, está bajo “la dominación de los judíos”, y solo sirve para manipular al público, lo que encuadra perfectamente con la visión chavista. De ahí que se considera avergonzado de que su propio país vilipendie a Chávez, a quien considera que no es autoritario ni peligroso, sino víctima mediática.
Stone cree que en Venezuela hay libertad de prensa. Argumenta que todo el mundo es libre de gritar y patalear contra el régimen, pero olvida que quien lo hace sufre represalias. Que existen listas negras de personas que por hablar pierden el trabajo, que el poder judicial manipula la justicia, que el electoral las elecciones y que más de 50 medios fueron clausurados.
Como guardianes del sur, Izarra y Stone, tienen el derecho a considerar que toda información que critica a Chávez es propaganda y que todo dato que ellos generan tiene la misión de equilibrar el sesgo informativo mundial. Sin embargo, un pequeño detalle revela la incongruencia de su prédica. Mientras “Al Sur de la Frontera” pudo verse libremente en todas partes, “Los Guardianes de Chávez” sigue restringida, divulgándose solo por CNN en la limitada señal por cable que reciben algunos venezolanos.
El ex ministro de Comunicación venezolano, Andrés Izarra, invitado la semana en un programa de CNN en Español del que participó en teleconferencia, acusó a la televisora estadounidense de practicar un “periodismo pornográfico” al divulgar noche tras noche “Los Guardianes de Chávez”, un trabajo que critica al gobierno por entregar armas a paramilitares y milicias urbanas, tolerar a grupos guerrilleros y de ser ineficaz para reducir los índices de criminalidad.
Izarra, ahora presidente de Telesur, una cadena de noticias y propaganda que Hugo Chávez ideó en 2005 para neutralizar a televisoras “imperialistas” de EEUU y Europa, desacreditó a su entrevistador, se burló a carcajadas fingidas de otros interlocutores por los datos “exagerados” sobre violencia y la falta de balance sobre el gran logro estructural del gobierno: la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Pero como el debate estaba enfocado sobre el incremento progresivo de la violencia desde que Chávez asumió hace más de una década, Izarra, sin argumentos, apeló a su histrionismo habitual mofándose del “sesgo informativo” de una cadena “cada vez más decadente”.
Si bien en el programa se admitió que CNN puede ser sesgada en su criterio editorial, dista mucho de los estándares propagandísticos a los que sí está ligada Telesur. Una televisora gubernamental que ejerce un activismo político militante, en la que es usual observar a sus periodistas intimidar a quienes identifican como adversarios o halagar a quienes consideran partidarios.
Para muestra sirve la entrevista que Izarra y otros informadores hicieron el domingo pasado a Fidel Castro en La Habana. En una reverenciada puesta en escena, sin cuestionar nada, adularon al entrevistado que se despachó sobre el inminente holocausto nuclear que se cierne sobre Irán, criticó a Colombia y elogió a Wikileaks por revelar los secretos de EEUU en Afganistán. Si hubiese estado presente un periodista real en esa tertulia, al menos se le habría preguntado por aquellos periodistas, ahora en el destierro, que sufrieron siete años de cárcel por haber “revelado secretos de Estado” a potencias extranjeras: la catástrofe económica o la desigualdad entre cubanos y turistas.
Pero así como Izarra ve en la crítica informativa solo propaganda, su óptica cambia radicalmente cuando del otro lado se alaban los logros de la revolución, como es el caso de “Al Sur de la Frontera”, un documental en el que Stone defiende la transformación social que en Sudamérica encarna Chávez, y lideran en sus países Evo Morales, Lula da Silva, Cristina y Néstor Kirchner, Rafael Correa y Fernando Lugo, quienes solo buscan la independencia económica y política del imperio y desterrar décadas de consumismo y degradación moral.
Stone piensa que la “prensa domesticada” estadounidense, así como la política exterior de EEUU, está bajo “la dominación de los judíos”, y solo sirve para manipular al público, lo que encuadra perfectamente con la visión chavista. De ahí que se considera avergonzado de que su propio país vilipendie a Chávez, a quien considera que no es autoritario ni peligroso, sino víctima mediática.
Stone cree que en Venezuela hay libertad de prensa. Argumenta que todo el mundo es libre de gritar y patalear contra el régimen, pero olvida que quien lo hace sufre represalias. Que existen listas negras de personas que por hablar pierden el trabajo, que el poder judicial manipula la justicia, que el electoral las elecciones y que más de 50 medios fueron clausurados.
Como guardianes del sur, Izarra y Stone, tienen el derecho a considerar que toda información que critica a Chávez es propaganda y que todo dato que ellos generan tiene la misión de equilibrar el sesgo informativo mundial. Sin embargo, un pequeño detalle revela la incongruencia de su prédica. Mientras “Al Sur de la Frontera” pudo verse libremente en todas partes, “Los Guardianes de Chávez” sigue restringida, divulgándose solo por CNN en la limitada señal por cable que reciben algunos venezolanos.
agosto 17, 2010
Venezuela: ahora censura fotografías
Una vez más se comprobó la veracidad del dicho que reza que "una foto vale más que mil palabras", al menos para el gobierno venezolano, que a partir de hoy, dictó una de las medidas más fuertes y ridículas de censura a través de un tribunal, prohibiendo a los periódicos de ese país una medida que lo asemeja a un país talibán: "deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños".
El fallo judicial se produjo en reacción y represalia a una fotografía que publicó el viernes pasado el diario caraqueño El Nacional sobre cadáveres apilados en camillas en una morgue, con la cual se ilustró una nota sobre el deplorable estado de la inseguridad ciudadana. El tema ya venía levantando presión la semana pasada entre el gobierno y los medios, a raíz de la emisión del documental "Los Guardianes de Chávez" por parte de CNN en Español, referente al tema de la inseguridad.
Pero más allá de la polémica, lo que sucedió este martes fue pura censura política y una falta total de comprensión sobre el papel de los medios en una sociedad democrática. No solo están destinados a informar, educar, orientar, sino también a crear polémicas, debates, opinión y desafiar a la sociedad y al gobierno para que puedan establecerse los correctivos adecuados.
Pero las medidas ya se venían venir. El mismo viernes ya se amanazó a El Nacional con medidas judiciales, con las argucias no de fondo, sino de forma, de que la fotografía era trucada o tomada en 2006; lo que los directores del periódico explicaron que se trataba de una foto usada como ilustración sobre el estado de las morgues y de la inseguridad, y que había sido tomada en diciembre del año pasado.
La censura vino envasada en un fallo que plantea una "acción de protección" que tendrá "un lapso de un mes contado a partir de la presente decisión". Otra sentencia no general sino particular contra El Nacional le prohibe "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos".
La acusación contra el periódico, que incluye una multa del dos por ciento de los ingresos brutos por violación a la ley de la minoridad, se originó en dos fiscales ante la solicitud del grupo oficialista Frente de Estudiantes Contra la Privatización de la Universidad Central de Venezuela, el que pidió la investigación tras la publicación de la fotografía. El grupo planteó que la foto "vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral", según un comunicado de la Fiscalía sobre el que informa el diario El Nuevo Herald de Miami.
Lo particular de este episodio fue que en solidaridad y en señal de protesta - como sucedió con los periódicos de toda Escandinavia que publicaron las caricaruras del profeta Mahoma con un turbante con bombas después de la amenaza de musulmanes radicales contra el diario danés que publicó originalmente los dibujos - el diario Tal Cual, así como otros periódicos del interior del país, publicaron la fotografía y más información sobre los graves problemas de inseguridad.
Esto comprueba que el dicho "una imagen vale más que mil palabras" no siempre es cierto, a veces el no poder publicar una imagen equivale a que se multipliquen las palabras. Justo el efecto negativo que el gobierno quería evitar. La censura siempre terminada burlada.
El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo que el diario no dejará de seguir informando lo que debe informar y que se trata obviamente de una medida política del gobierno en represalia por los informes críticos sobre la inseguridad ciudadana.
El fallo judicial se produjo en reacción y represalia a una fotografía que publicó el viernes pasado el diario caraqueño El Nacional sobre cadáveres apilados en camillas en una morgue, con la cual se ilustró una nota sobre el deplorable estado de la inseguridad ciudadana. El tema ya venía levantando presión la semana pasada entre el gobierno y los medios, a raíz de la emisión del documental "Los Guardianes de Chávez" por parte de CNN en Español, referente al tema de la inseguridad.
Pero más allá de la polémica, lo que sucedió este martes fue pura censura política y una falta total de comprensión sobre el papel de los medios en una sociedad democrática. No solo están destinados a informar, educar, orientar, sino también a crear polémicas, debates, opinión y desafiar a la sociedad y al gobierno para que puedan establecerse los correctivos adecuados.
Pero las medidas ya se venían venir. El mismo viernes ya se amanazó a El Nacional con medidas judiciales, con las argucias no de fondo, sino de forma, de que la fotografía era trucada o tomada en 2006; lo que los directores del periódico explicaron que se trataba de una foto usada como ilustración sobre el estado de las morgues y de la inseguridad, y que había sido tomada en diciembre del año pasado.
La censura vino envasada en un fallo que plantea una "acción de protección" que tendrá "un lapso de un mes contado a partir de la presente decisión". Otra sentencia no general sino particular contra El Nacional le prohibe "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos".
La acusación contra el periódico, que incluye una multa del dos por ciento de los ingresos brutos por violación a la ley de la minoridad, se originó en dos fiscales ante la solicitud del grupo oficialista Frente de Estudiantes Contra la Privatización de la Universidad Central de Venezuela, el que pidió la investigación tras la publicación de la fotografía. El grupo planteó que la foto "vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral", según un comunicado de la Fiscalía sobre el que informa el diario El Nuevo Herald de Miami.
Lo particular de este episodio fue que en solidaridad y en señal de protesta - como sucedió con los periódicos de toda Escandinavia que publicaron las caricaruras del profeta Mahoma con un turbante con bombas después de la amenaza de musulmanes radicales contra el diario danés que publicó originalmente los dibujos - el diario Tal Cual, así como otros periódicos del interior del país, publicaron la fotografía y más información sobre los graves problemas de inseguridad.
Esto comprueba que el dicho "una imagen vale más que mil palabras" no siempre es cierto, a veces el no poder publicar una imagen equivale a que se multipliquen las palabras. Justo el efecto negativo que el gobierno quería evitar. La censura siempre terminada burlada.
El director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo que el diario no dejará de seguir informando lo que debe informar y que se trata obviamente de una medida política del gobierno en represalia por los informes críticos sobre la inseguridad ciudadana.
agosto 16, 2010
El muerto se asusta del degollado
La verdad que Fidel Castro deja mucho que desear cuando critica a la ONU por haber nombrado al ex presidente Alvaro Uribe como vicepresidente de la comisión que tendrá a cargo la investigación del ataque de Israel a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.
Fidel criticó que haberlo nombrado a Uribe en esa posición le da inmunidad – e impunidad - ante los crímenes de lesa humanidad que habría cometido en su país. Y lo dijo con total desparpajo, casi como desconociendo la historia, su propia historia.
Sin tratar de justificar las malas acciones que ha tenido Uribe como presidente, éstas ni siquiera se comparan en un uno por ciento de todas las atrocidades que ha cometido él durante los más de 50 años de dictadura y totalitarismo cubano.
La verdad que no es serio prestarle atención a los disparates de Fidel, un hombre que ha hecho de las libertades individuales y sociales puro mamarracho. Una vergüenza para la raza humana, como el resto de los dictadores, sin distingo de ideologías.
Fidel criticó que haberlo nombrado a Uribe en esa posición le da inmunidad – e impunidad - ante los crímenes de lesa humanidad que habría cometido en su país. Y lo dijo con total desparpajo, casi como desconociendo la historia, su propia historia.
Sin tratar de justificar las malas acciones que ha tenido Uribe como presidente, éstas ni siquiera se comparan en un uno por ciento de todas las atrocidades que ha cometido él durante los más de 50 años de dictadura y totalitarismo cubano.
La verdad que no es serio prestarle atención a los disparates de Fidel, un hombre que ha hecho de las libertades individuales y sociales puro mamarracho. Una vergüenza para la raza humana, como el resto de los dictadores, sin distingo de ideologías.
Corrupción: publicidad oficial
No hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios e comunicación y periodistas que lo critican o para premiar a aquellos que lo favorecen.
Este modelo de premiar o castigar a los medios es tan viejo como la prostitución y cada gobierno lo asume con la misma naturalidad que rechaza esta práctica cuando es oposición. Lo peor de todo, no es solo la mala práctica, sino que mucha gente disculpa al gobierno diciendo que tiene el derecho de usar la publicidad donde y como más le convenga.
Muchos no se dan cuenta que no se trata de publicidad, sino del manejo de recursos públicos y cuando estos son administrados ineficientemente, esto no tiene otra traducción que corrupción.
En Argentina, la oposición, liderada en este tema por la diputada Silvana Giudici, está presentando un proyecto de ley auspicioso que busca imponer al gobierno ciertas restricciones para que no pueda discriminar a los medios con la publicidad oficial y para que no pueda usarla como propaganda política o para su propio beneficio partidario.
Giudice, en una nota de opinión publicada por La Nación de Buenos Aires el 12 de agosto, denuncia que el gobierno de los Kirchner gasta 800 millones en publicidad oficial, 900 millones en la televisación del fútbol, además de los 1.000 millones en la creación de la televisión digital.
Lo importante es que esta sería la primera ley de esta naturaleza que podría ayudar para sentar un buen precedente para otros países latinoamericanos, cuyos pueblos también demandan que sus gobiernos sean transparente y usen los recursos públicos en forma transparente, sin negligencia o mala práctica.
Este modelo de premiar o castigar a los medios es tan viejo como la prostitución y cada gobierno lo asume con la misma naturalidad que rechaza esta práctica cuando es oposición. Lo peor de todo, no es solo la mala práctica, sino que mucha gente disculpa al gobierno diciendo que tiene el derecho de usar la publicidad donde y como más le convenga.
Muchos no se dan cuenta que no se trata de publicidad, sino del manejo de recursos públicos y cuando estos son administrados ineficientemente, esto no tiene otra traducción que corrupción.
En Argentina, la oposición, liderada en este tema por la diputada Silvana Giudici, está presentando un proyecto de ley auspicioso que busca imponer al gobierno ciertas restricciones para que no pueda discriminar a los medios con la publicidad oficial y para que no pueda usarla como propaganda política o para su propio beneficio partidario.
Giudice, en una nota de opinión publicada por La Nación de Buenos Aires el 12 de agosto, denuncia que el gobierno de los Kirchner gasta 800 millones en publicidad oficial, 900 millones en la televisación del fútbol, además de los 1.000 millones en la creación de la televisión digital.
Lo importante es que esta sería la primera ley de esta naturaleza que podría ayudar para sentar un buen precedente para otros países latinoamericanos, cuyos pueblos también demandan que sus gobiernos sean transparente y usen los recursos públicos en forma transparente, sin negligencia o mala práctica.
agosto 15, 2010
Wikileaks, la verdad y la seguridad
Desde que hace un mes el sitio de internet Wikileaks, dedicado desde que abrió en 2006, a difundir documentos secretos, publicó unos 76 mil sobre EEUU y su involucramiento en la guerra de Afganistán, todo tipo de argumentos, a favor y en contra, sobre los derechos u obligaciones del sitio y sobre el papel de la prensa, respecto a temas tan complejos como la seguridad nacional, arreciaron en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales y en el internet.
Hasta ahora nunca había habido tanto debate, tal vez porque estamos en una época de mayor interactividad y todo el mundo - como antes – no solo que piensa, sino que ahora tiene más posibilidades de expresar sus pensamientos.
Hay varios componentes en este caso que tienen que ver no solo con cuestiones legales, sino con la ética, desde que previamente un análisis sobre estos documentos fue expresado días antes de su publicación por The New York Times, The Guardian y Der Spiegel.
El gobierno estadounidense poco pudo hacer y seguramente intentará, además de proferir amenazas como las que hizo esta semana el Pentágono para evitar que Wikileaks difunda 15 mil documentos adicionales, entablar algún tipo de demanda para detener el sitio a que siga “poniendo el riesgo de personas en Afganistán”, así sean soldados, civiles, contratistas y la seguridad nacional.
Para EEUU no es una situación saludable, no solo por los documentos que debe trabar, sino porque siendo el país que clama por la liberación de internet y ha estado siempre renuente en los foros internacionales a que el internet sea regulado por los gobiernos, pudiera ahora correr el riesgo de tener que ponerse en el bando de los “malos”, aquellos gobiernos que buscan cualquier estrategia para imponer controles.
Es cierto que el tema de seguridad nacional es uno de los dilemas éticos a los que se debe enfrentar el periodismo toda vez que tiene que sacar los trapitos al sol, pero es también necesario que muchas veces los medios deben desafiar al sistema y a las leyes cuando hay informaciones que tienen mayor “interés común y social” que el de los propios gobiernos, que por naturaleza siempre tratarán de ocultar información o al menos mantenerla clasificada.
Nos podríamos imaginar que pasaría en situaciones similares con otros gobiernos que pasarían por la misma situación que EEUU. Chávez ya estaría hablando de conspiraciones promovidas por el imperio, Fidel de que esto es parte del embargo, los chinos acusando a los rusos y los coreanos del norte a los del sur.
El balance es difícil: verdad, seguridad nacional, derecho a publicar y deberes de no publicar.
Seguramente en los próximos días este tema tendrá nueva aristas cuando Wikileaks decida publicar el resto de los 15 mil documentos. Alago que a su creador, Assange, ya le valió que lo contraten diarios suecos como columnista.
Hasta ahora nunca había habido tanto debate, tal vez porque estamos en una época de mayor interactividad y todo el mundo - como antes – no solo que piensa, sino que ahora tiene más posibilidades de expresar sus pensamientos.
Hay varios componentes en este caso que tienen que ver no solo con cuestiones legales, sino con la ética, desde que previamente un análisis sobre estos documentos fue expresado días antes de su publicación por The New York Times, The Guardian y Der Spiegel.
El gobierno estadounidense poco pudo hacer y seguramente intentará, además de proferir amenazas como las que hizo esta semana el Pentágono para evitar que Wikileaks difunda 15 mil documentos adicionales, entablar algún tipo de demanda para detener el sitio a que siga “poniendo el riesgo de personas en Afganistán”, así sean soldados, civiles, contratistas y la seguridad nacional.
Para EEUU no es una situación saludable, no solo por los documentos que debe trabar, sino porque siendo el país que clama por la liberación de internet y ha estado siempre renuente en los foros internacionales a que el internet sea regulado por los gobiernos, pudiera ahora correr el riesgo de tener que ponerse en el bando de los “malos”, aquellos gobiernos que buscan cualquier estrategia para imponer controles.
Es cierto que el tema de seguridad nacional es uno de los dilemas éticos a los que se debe enfrentar el periodismo toda vez que tiene que sacar los trapitos al sol, pero es también necesario que muchas veces los medios deben desafiar al sistema y a las leyes cuando hay informaciones que tienen mayor “interés común y social” que el de los propios gobiernos, que por naturaleza siempre tratarán de ocultar información o al menos mantenerla clasificada.
Nos podríamos imaginar que pasaría en situaciones similares con otros gobiernos que pasarían por la misma situación que EEUU. Chávez ya estaría hablando de conspiraciones promovidas por el imperio, Fidel de que esto es parte del embargo, los chinos acusando a los rusos y los coreanos del norte a los del sur.
El balance es difícil: verdad, seguridad nacional, derecho a publicar y deberes de no publicar.
Seguramente en los próximos días este tema tendrá nueva aristas cuando Wikileaks decida publicar el resto de los 15 mil documentos. Alago que a su creador, Assange, ya le valió que lo contraten diarios suecos como columnista.
agosto 13, 2010
Secuestros y prensa
El secuestro de periodistas que trabajan para medios importantes en la Ciudad de México ha puesto en evidencia la existencia de dos clases de prensa, como ocurre en toda Latinoamérica, una del interior, en las provincias; y la otra, la de las capitales o grandes urbes. El contraste es abismal.
No se trata solo de diferencias salariales, de acceso a preparación profesional, de vulnerabilidad o exposición al peligro, sino también de niveles de solidaridad profesional y de protección y atención gubernamental.
La reacción y la presión de la prensa nacional, así como la repercusión internacional y la rapidez policial para liberar a los periodistas, dos de ellos de medios prominentes, la televisora Televisa y el periódico Milenio, contrastan con la poca atención del Gobierno y la escasa solidaridad del gremio periodístico sobre la violencia y el incremento de asesinatos (70) y desapariciones (19) de informadores que se vienen registrando con total impunidad en el último lustro en el interior del país.
México no es la excepción. En Argentina Brasil y Colombia, la prensa nacional e internacional y los gobiernos reaccionaron ante los asesinatos de periodistas de medios importantes como José Luis Cabezas en Buenos Aires o Tim Lopes en Río de Janeiro, o ante el ataque de los narcotraficantes a la sede se El Espectador en Bogotá.
La prensa nacional mexicana, ahora atacada, tendrá la solidaridad con marchas y muestras de afecto, como programas televisivos que fueron dejados en blanco y ríos de tinta en señal de protesta, e instituciones y políticos locales y foráneos que ostentan su oportuna presencia. La del interior, siempre vulnerada y hasta ahora casi ignorada, seguirá esperando la solidaridad gremial y política, que sus secuestrados aparezcan y los asesinatos sean resueltos, y que el Congreso y el Poder Ejecutivo nacionales reaccionen tras un reclamo de años por mejores leyes, más amparo y protección.
Muchos, con razón, dicen que la gravedad de los secuestros de esta vez no estaba solo dada por el plagio, sino porque el crimen organizado extorsionó a los medios para que trasmitan videos so pena de asesinar a los periodistas. Pero en el interior, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa o Durango, la prensa desde hace años reclama estar secuestrada y sus líneas editoriales vulneradas. Ante la inacción gubernamental, directores y periodistas admiten que se ven obligados a autocensurarse como medida de protección o, lo que es peor, a dejar que los narcos dicten la pauta noticiosa, comprando silencio o titulares.
El periodismo estadounidense también es responsable indirecto de la existencia de estas dos prensas. El retiro masivo de corresponsales de suelo mexicano ha creado un vacío informativo y minimizado la presión sobre los gobiernos. Un solo párrafo de un solo día en una tapa del New York Times o el Wall Street Journal tiene mil veces mayor influencia y presión económica sobre un gobierno que el machaqueo continuo y de años que puede hacer un diario local.
Pero no es tiempo para rasgarse las vestiduras. Este caso de secuestros pudiera ser el punto de inflexión que la prensa mexicana – toda – necesitaba. El gobierno está con la guardia baja y anuente a conceder lo que se le reclama, como lo viene haciendo la SIP desde hace más de una década: federalización de crímenes contra periodistas, no prescripción de esos delitos, aumento de penas contra quienes los cometan e instituciones que velen por todo esto, con recursos y presupuesto.
Este jueves el presidente Felipe Calderón reunió a medios capitalinos. ¿El resultado?: Muy malo. Los medios tienen la culpa de la crisis violenta; hacen apología; son responsables; deben autorregularse. El gobierno salió indemne.
Pero no todo depende del gobierno, ni las marchas entre periodistas son suficientes; son las manifestaciones del pueblo a las que los políticos temen y quieren agradar.
Si la prensa mexicana quiere salir fortalecida de esta experiencia debe hacer mucha autocrítica y desbordar unidad, solidaridad e igualdad. Debe lograr que sus secuestrados y muertos, como en las experiencias foráneas de Cabezas, Lopes o El Espectador, sirvan para que la opinión pública general entienda que cuando cae un periodista o un medio es atacado, sin diferencias, así sea en una capital o en un pueblito, todos pierden.
No se trata solo de diferencias salariales, de acceso a preparación profesional, de vulnerabilidad o exposición al peligro, sino también de niveles de solidaridad profesional y de protección y atención gubernamental.
La reacción y la presión de la prensa nacional, así como la repercusión internacional y la rapidez policial para liberar a los periodistas, dos de ellos de medios prominentes, la televisora Televisa y el periódico Milenio, contrastan con la poca atención del Gobierno y la escasa solidaridad del gremio periodístico sobre la violencia y el incremento de asesinatos (70) y desapariciones (19) de informadores que se vienen registrando con total impunidad en el último lustro en el interior del país.
México no es la excepción. En Argentina Brasil y Colombia, la prensa nacional e internacional y los gobiernos reaccionaron ante los asesinatos de periodistas de medios importantes como José Luis Cabezas en Buenos Aires o Tim Lopes en Río de Janeiro, o ante el ataque de los narcotraficantes a la sede se El Espectador en Bogotá.
La prensa nacional mexicana, ahora atacada, tendrá la solidaridad con marchas y muestras de afecto, como programas televisivos que fueron dejados en blanco y ríos de tinta en señal de protesta, e instituciones y políticos locales y foráneos que ostentan su oportuna presencia. La del interior, siempre vulnerada y hasta ahora casi ignorada, seguirá esperando la solidaridad gremial y política, que sus secuestrados aparezcan y los asesinatos sean resueltos, y que el Congreso y el Poder Ejecutivo nacionales reaccionen tras un reclamo de años por mejores leyes, más amparo y protección.
Muchos, con razón, dicen que la gravedad de los secuestros de esta vez no estaba solo dada por el plagio, sino porque el crimen organizado extorsionó a los medios para que trasmitan videos so pena de asesinar a los periodistas. Pero en el interior, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa o Durango, la prensa desde hace años reclama estar secuestrada y sus líneas editoriales vulneradas. Ante la inacción gubernamental, directores y periodistas admiten que se ven obligados a autocensurarse como medida de protección o, lo que es peor, a dejar que los narcos dicten la pauta noticiosa, comprando silencio o titulares.
El periodismo estadounidense también es responsable indirecto de la existencia de estas dos prensas. El retiro masivo de corresponsales de suelo mexicano ha creado un vacío informativo y minimizado la presión sobre los gobiernos. Un solo párrafo de un solo día en una tapa del New York Times o el Wall Street Journal tiene mil veces mayor influencia y presión económica sobre un gobierno que el machaqueo continuo y de años que puede hacer un diario local.
Pero no es tiempo para rasgarse las vestiduras. Este caso de secuestros pudiera ser el punto de inflexión que la prensa mexicana – toda – necesitaba. El gobierno está con la guardia baja y anuente a conceder lo que se le reclama, como lo viene haciendo la SIP desde hace más de una década: federalización de crímenes contra periodistas, no prescripción de esos delitos, aumento de penas contra quienes los cometan e instituciones que velen por todo esto, con recursos y presupuesto.
Este jueves el presidente Felipe Calderón reunió a medios capitalinos. ¿El resultado?: Muy malo. Los medios tienen la culpa de la crisis violenta; hacen apología; son responsables; deben autorregularse. El gobierno salió indemne.
Pero no todo depende del gobierno, ni las marchas entre periodistas son suficientes; son las manifestaciones del pueblo a las que los políticos temen y quieren agradar.
Si la prensa mexicana quiere salir fortalecida de esta experiencia debe hacer mucha autocrítica y desbordar unidad, solidaridad e igualdad. Debe lograr que sus secuestrados y muertos, como en las experiencias foráneas de Cabezas, Lopes o El Espectador, sirvan para que la opinión pública general entienda que cuando cae un periodista o un medio es atacado, sin diferencias, así sea en una capital o en un pueblito, todos pierden.
¿Legalizar las drogas?
El presidente mexicano Felipe Calderón encendió el debate sobre la legalización de las drogas en México como formato eficiente para derrotar la violencia generada por el narcotráfico, aunque advirtió que no cree en los argumentos a favor.
El ex presidente Vicente Fox, así como muchos otros ex presidentes que intentan salir del anonimato, ni lerdo ni perezoso, argumentó que legalizar las drogas es la única forma de blanquear el negocio sucio de los narcos, crear una nueva clase de empresarios que se inscriba como tal y pague impuestos.
El argumento no es nuevo, ya otros ex presidentes, el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Felipe Zedillo, lo plantearon hace casi dos años, sorprendentemente un planteamiento que nunca hicieron cuando ejercían el liderazgo.
Tanto Fox como sus colegas siempre ponen de ejemplo el tema de la “ley seca” en Estados Unidos y como la prohibición del alcohol en las primeras décadas del siglo pasado atrajo violencia, contrabando y muchos delitos anexos, los que – según ellos - fueron superados una vez que se legalizó el alcohol.
No es cierto. Lo que logró Estados Unidos fue primero desarticular a las bandas y luego liberalizar el alcohol. Además no se puede comparar el efecto negativo y el potencial destructivo de las drogas con el alcohol. En este caso, uno se preguntaría: para reducir los niveles de los homicidios ¿no sería apropiado legalizar los asesinatos? O si para reducir los robos ¿será que los ladrones se deberían inscribir en un sindicato y deberían pagar sus impuestos a las ganancias?
Lo que Calderón debe hacer es insistir ante los estamentos judiciales de su país, y buscar las reformas apropiadas para combatir la impunidad, como lo está haciendo a través de sus foros sobre estrategias anti crimen y seguridad. Como bien él reclamó, no puede ser que solo el 15 por ciento de las personas detenidas por delitos relacionadas al narcotráfico y a las drogas termina condenada. O ¿por qué hay tanta corrupción en las cárceles desde donde los narcotraficantes siguen ordenando sus negocios o sus carceleros les permiten salir para cometer crímenes?
El problema en México no se solucionará con la legalización de las drogas, sino con una justicia más eficiente.
El ex presidente Vicente Fox, así como muchos otros ex presidentes que intentan salir del anonimato, ni lerdo ni perezoso, argumentó que legalizar las drogas es la única forma de blanquear el negocio sucio de los narcos, crear una nueva clase de empresarios que se inscriba como tal y pague impuestos.
El argumento no es nuevo, ya otros ex presidentes, el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Felipe Zedillo, lo plantearon hace casi dos años, sorprendentemente un planteamiento que nunca hicieron cuando ejercían el liderazgo.
Tanto Fox como sus colegas siempre ponen de ejemplo el tema de la “ley seca” en Estados Unidos y como la prohibición del alcohol en las primeras décadas del siglo pasado atrajo violencia, contrabando y muchos delitos anexos, los que – según ellos - fueron superados una vez que se legalizó el alcohol.
No es cierto. Lo que logró Estados Unidos fue primero desarticular a las bandas y luego liberalizar el alcohol. Además no se puede comparar el efecto negativo y el potencial destructivo de las drogas con el alcohol. En este caso, uno se preguntaría: para reducir los niveles de los homicidios ¿no sería apropiado legalizar los asesinatos? O si para reducir los robos ¿será que los ladrones se deberían inscribir en un sindicato y deberían pagar sus impuestos a las ganancias?
Lo que Calderón debe hacer es insistir ante los estamentos judiciales de su país, y buscar las reformas apropiadas para combatir la impunidad, como lo está haciendo a través de sus foros sobre estrategias anti crimen y seguridad. Como bien él reclamó, no puede ser que solo el 15 por ciento de las personas detenidas por delitos relacionadas al narcotráfico y a las drogas termina condenada. O ¿por qué hay tanta corrupción en las cárceles desde donde los narcotraficantes siguen ordenando sus negocios o sus carceleros les permiten salir para cometer crímenes?
El problema en México no se solucionará con la legalización de las drogas, sino con una justicia más eficiente.
agosto 11, 2010
Chávez y sus guardianes
Hace varias noches que miro en CNN en Español el programa del presentador Carlos Montero, quien está mostrando y haciendo debates sobre el documental de la televisión española Los Guardianes de Chávez, que describe el clima de violencia tolerado por el gobierno venezolano.
Esta noche CNN y Montero fueron acusados de hacer un “periodismo pornográfico” por mostrar un documental que el chavismo considera sesgado ya que, como dijo el presidente de la cadena televisiva Telesur, y ex ministro de Comunicación de Chávez, César Izarra, “no muestra los cambios estructurales” que el gobierno está logrando, en especial la reducción de la pobreza.
Pero como el programa no era sobre los índices de pobreza sino sobre la inacción del gobierno para detener los graves niveles de violencia – siendo considerada Caracas una de las ciudades más peligrosas del planeta – Izarra quedó sin argumentos. Por eso hizo lo que sabe hacer mejor. Desacreditó el trabajo periodístico, se rió a carcajadas frente a las cámaras de los otros dos interlocutores, un sociólogo y el jefe de Policía del estado de Miranda, desacreditó absolutamente todo y dijo que su hilaridad se debía al periodismo pornográfico y decadente en que había caído la cadena CNN. Pero no pudo defender o argumentar sobre el descontrol oficial sobre la pobreza, ni defender a su gobierno por no ofrecer cifras oficiales sobre el tema desde el 2005. Sí las da sobre la pobreza, reducción que en el programa de CNN se alabó.
Una lástima que alguien que se define como periodista como Izarra haya actuado de esa manera, porque lo único que logró ante las cámaras es desacreditar a su gobierno y prácticamente burlarse del problema de inseguridad que hasta las propias autoridades venezolanas admiten.
Realmente mostró su capacidad de perro guardián del régimen, rabioso, histriónico, burlón. Son de este tipo de gente que en cualquier momento no le importará morder la mano de su amo. Son guardianes peligrosos.
Esta noche CNN y Montero fueron acusados de hacer un “periodismo pornográfico” por mostrar un documental que el chavismo considera sesgado ya que, como dijo el presidente de la cadena televisiva Telesur, y ex ministro de Comunicación de Chávez, César Izarra, “no muestra los cambios estructurales” que el gobierno está logrando, en especial la reducción de la pobreza.
Pero como el programa no era sobre los índices de pobreza sino sobre la inacción del gobierno para detener los graves niveles de violencia – siendo considerada Caracas una de las ciudades más peligrosas del planeta – Izarra quedó sin argumentos. Por eso hizo lo que sabe hacer mejor. Desacreditó el trabajo periodístico, se rió a carcajadas frente a las cámaras de los otros dos interlocutores, un sociólogo y el jefe de Policía del estado de Miranda, desacreditó absolutamente todo y dijo que su hilaridad se debía al periodismo pornográfico y decadente en que había caído la cadena CNN. Pero no pudo defender o argumentar sobre el descontrol oficial sobre la pobreza, ni defender a su gobierno por no ofrecer cifras oficiales sobre el tema desde el 2005. Sí las da sobre la pobreza, reducción que en el programa de CNN se alabó.
Una lástima que alguien que se define como periodista como Izarra haya actuado de esa manera, porque lo único que logró ante las cámaras es desacreditar a su gobierno y prácticamente burlarse del problema de inseguridad que hasta las propias autoridades venezolanas admiten.
Realmente mostró su capacidad de perro guardián del régimen, rabioso, histriónico, burlón. Son de este tipo de gente que en cualquier momento no le importará morder la mano de su amo. Son guardianes peligrosos.
agosto 10, 2010
Acuerdo necesario, idílico, pero ingenuo
El acuerdo para reiniciar relaciones diplomáticas entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez es bueno y era necesario. Los pueblos no tienen que pagar los platos rotos ni las peleas de micrófono entre gobiernos. Las relaciones no tenían por qué estar rotas.
El acuerdo es bueno, tiene puntos específicos y un compromiso de Hugo Chávez de no permitir actividades de grupos ilícitos del lado de su frontera. Es un pacto conveniente, para Santos y más donde todo lo que haga en estos primeros cien días se lo verá dentro de su espacio de maniobra hasta que el tiempo y el cargo pesen.
Pero así de necesario como idílico, el pacto también es ingenuo, sobre todo teniendo en frente a alguien que no mantiene su palabra muy fácilmente. Que no reconoce acuerdos internacionales firmados por administraciones anteriores ni permite a organismos de derechos humanos o veedores o comisiones internacionales entrar a su territorio.
Chávez en cualquier momento rompe o congela relaciones, después de que algo no le guste, como ya ocurrió en cuatro oportunidades… o moviliza soldados a la frontera para hacer la del tero (pajarito de las pampas argentinas que pía en lugares lejanos a su nido en el suelo para despistar a los intrusos o agresores).
Ahora, Chávez, salió de nuevo con la suya del entuerto de tener que permitir o hacer investigaciones para comprobar lo que el ex gobierno de Uribe denunció y lo que también mostró el documental de la televisión española, Los Guardianes de Chávez, que en Venezuela anidan guerrillas de las FARC.
Santos hizo lo que tenía que hacer, no le quedaba otra, y tampoco es tan ingenuo para tragarse cualquier ostra. Uribe seguramente siga buscando a Chávez a través de la Corte Penal Internacional y hasta Santos tendrá que mediar para que no siga la pelea.
Veremos cuánto dura la calma de Chávez, que siempre se aprovecha, con sus bravuconadas, de la situación.
El acuerdo es bueno, tiene puntos específicos y un compromiso de Hugo Chávez de no permitir actividades de grupos ilícitos del lado de su frontera. Es un pacto conveniente, para Santos y más donde todo lo que haga en estos primeros cien días se lo verá dentro de su espacio de maniobra hasta que el tiempo y el cargo pesen.
Pero así de necesario como idílico, el pacto también es ingenuo, sobre todo teniendo en frente a alguien que no mantiene su palabra muy fácilmente. Que no reconoce acuerdos internacionales firmados por administraciones anteriores ni permite a organismos de derechos humanos o veedores o comisiones internacionales entrar a su territorio.
Chávez en cualquier momento rompe o congela relaciones, después de que algo no le guste, como ya ocurrió en cuatro oportunidades… o moviliza soldados a la frontera para hacer la del tero (pajarito de las pampas argentinas que pía en lugares lejanos a su nido en el suelo para despistar a los intrusos o agresores).
Ahora, Chávez, salió de nuevo con la suya del entuerto de tener que permitir o hacer investigaciones para comprobar lo que el ex gobierno de Uribe denunció y lo que también mostró el documental de la televisión española, Los Guardianes de Chávez, que en Venezuela anidan guerrillas de las FARC.
Santos hizo lo que tenía que hacer, no le quedaba otra, y tampoco es tan ingenuo para tragarse cualquier ostra. Uribe seguramente siga buscando a Chávez a través de la Corte Penal Internacional y hasta Santos tendrá que mediar para que no siga la pelea.
Veremos cuánto dura la calma de Chávez, que siempre se aprovecha, con sus bravuconadas, de la situación.
agosto 09, 2010
Honduras a la OEA
Excelente camaradería la del presidente salvadoreño Mauricio Funes con Honduras, para que vuelva a la OEA.
Lo más importante, es que su posición, además de haberla asumido entre los países SICA el mes pasado, la adoptó frente al propio Lula da Silva, y de esa forma equilibró la postura que ante el presidente brasileño tuvo y tiene el nicaragüense Daniel Ortega, quien sigue los designios y petrodólares de Hugo Chávez.
Lula insiste que Honduras debe mostrar más vocación democrática. Seguramente porque todavía tiene la sangre en el ojo de que lo hayan hecho quedar en ridículo cuando prestó la embajada a Manuel Zelaya como residencia temporal, la que se convirtió en celda permanente para el ex presidente y pésima imagen para el brasileño.
Funes fue valiente en su posición, al seguir desairando a su partido, el FMLN, que estaría más cómodo si se siguiera castigando al gobierno democrático de Porfirio Lobo, y mantener así la postura del cubano. Una verdadera contradicción latinoamericana; una Cuba que sin democracia, pura dictadura, y sin los mínimos principios que se le exigen a Honduras, logró reinsertarse en el concierto de naciones.
Lo más importante, es que su posición, además de haberla asumido entre los países SICA el mes pasado, la adoptó frente al propio Lula da Silva, y de esa forma equilibró la postura que ante el presidente brasileño tuvo y tiene el nicaragüense Daniel Ortega, quien sigue los designios y petrodólares de Hugo Chávez.
Lula insiste que Honduras debe mostrar más vocación democrática. Seguramente porque todavía tiene la sangre en el ojo de que lo hayan hecho quedar en ridículo cuando prestó la embajada a Manuel Zelaya como residencia temporal, la que se convirtió en celda permanente para el ex presidente y pésima imagen para el brasileño.
Funes fue valiente en su posición, al seguir desairando a su partido, el FMLN, que estaría más cómodo si se siguiera castigando al gobierno democrático de Porfirio Lobo, y mantener así la postura del cubano. Una verdadera contradicción latinoamericana; una Cuba que sin democracia, pura dictadura, y sin los mínimos principios que se le exigen a Honduras, logró reinsertarse en el concierto de naciones.
agosto 08, 2010
Sin solidaridad periodistas mexicanos
Comparto una entrevista que me hicieron y publica hoy Conciencia Pública desde Guadalajara México, sobre la violencia contra los periodistas en México: http://bit.ly/b0BzRx
Conciencia Públicao (CP): México se ha convertido en uno de los países del mundo más violentos y peligrosos por consecuencia de la lucha del Estado Mexicano contra los cárteles de la droga. En este contexto el ejercicio periodístico se convierte de alto riesgo. El asunto es que no existe una política de Estado que garantice la profesión periodística o permita reducir sus riesgos en el ejercicio de la misma. ¿Cómo ve la SIP esta problemática?
Ricardo Trotti (RT): Se necesita una amplia reforma legal a nivel nacional, más allá de lo que los estados puedan hacer y adoptar, por ej. mecanismos especiales de protección. La SIP viene insistiendo en la federalización de los crímenes contra periodistas, que los plazos de prescripción aumenten, que las penas para los delitos contra la libertad de expresión sean superiores y que no haya beneficios penales por este tipo de delitos contra la libertad de expresión.
CP: Sucedió la pasada semana el secuestro de cuatro periodistas en Durango, tres eran enviados de medios de comunicación de la Ciudad de México. El Grupo que los secuestró exigió - a cambio de su liberación- que transmitieran sus mensajes por TV...el único que lo hizo fue el Grupo Milenio... Televisa prefirió en forma de protesta decidió que el programa de Denis Mercker apareciera en blanco y negro, sin ningún mensaje, durante la hora que es el tiempo que le corresponde al programa. ¿Qué es lo conveniente debe hacer el medio frente a este tipo de situaciones? ¿Atender la demanda de los criminales o protestar como lo hizo Televisa?
RT: No se pueden juzgar las estrategias o líneas editoriales que adoptan los medios. Todas son válidas. Sin embargo, muchas de ellas deberían apuntar a la solidaridad y unión del gremio periodístico. A buscar métodos de presión conjunta para lograr cambios, así sean legales, como también estrategias conjuntas que permitan publicar notas e investigaciones entre varios medios para que nadie pudiera ser individualizado.
Existe un alto riesgo de atender las demandas por cuanto se está lidiando con gente sin escrúpulos ni principios, lo que derivaría luego en demandas cada vez más severas que podrían perjudicar todas las decisiones editoriales de los medios. En cuanto a las protestas están bien, aunque se necesitan estrategias, lo importante es siempre protestar pero incluso cuando los hechos le suceden a medios y periodistas de la competencia o de otras ciudades. Hay una responsabilidad profesional o lealtad periodística por la cual no se pueden hacer distinciones. Cuando algún periodista o medios es atacado o violentado debe considerarse un ataque contra todo el gremio y contra toda la población, ya que se priva a esta del goce al derecho a la información.
CP: No se ha visto interés por parte del Gobierno de México por impulsar una política de estado de protección al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Se creó una Fiscalía Especial para Atender Delitos contra Periodistas...pero no se le dotó de facultades ni de recursos. Es paradójico que en estos cinco años de su existencia, es cuando ha aumentado el número de asesinatos y agresiones a periodistas. Su creación ha sido inútil. El primer fiscal, David Vera Vega recibió 108 denuncias. Pero casi la totalidad no se resolvió.
- ¿Cómo vio la SIP esta acción y esfuerzo del Gobierno de Vicente Fox?
RT: La SIP, en primera instancia, en 2006, agradeció al presidente Vicente Fox la creación de la Fiscalía, un reclamo de años. Pero luego le reclamó la falta de presupuesto y de recursos, y especialmente, que no tenía competencia de investigación ni de acusación. No se trataba de una fiscalía sino prácticamente de una oficina de derechos humanos. Este febrero de 2010, la SIP reclamó durante una misión en México al entonces Secretario de Gobernación, Gómez Mont. Se cambió de inmediato el fiscal, y se comprometió el Gobierno a reorientar la Fiscalía, lo que finalmente fue aprobado este julio, con la FEADLE, la que sí opera como Fiscalía y tiene potestad para hacerlo. Tenemos la esperanza de que pueda haber avances sobre varias investigaciones y casos de crímenes.
CP: Una demanda de la SIP y periodistas mexicanos ha sido la federalización de las agresiones y delitos contra periodistas. La anterior Legislatura Federal la aprobó, pero no ha alcanzado rango de ley, porque no ha librado la aduana de la Cámara de Senadores. La Ley no ha tenido aplicación. ¿Qué estrategias se recomiendan para que la Cámara de Senadores la apruebe?
RT: Creemos que ahora más que nunca, a raíz de la anuencia del gobierno a analizar todos los temas de seguridad, especialmente luego de los secuestros de los cuatro periodistas, están dadas las condiciones para que se llegue a la federalización. Creemos que hay anuencia y que la presión nacional e internacional favorecerá para que se de este paso requerido ya por muchas organizaciones nacionales e internacionales.
¿Cómo califica la SIP la impunidad que sufre el sector de la prensa en México? ¿México es de los países donde hay mayor impunidad en el contexto
de América Latina? ¿Cómo combatir y enfrentar la impunidad?
RT: Es el país con mayores problemas de violencia e impunidad en este momento en las Américas. Se necesitan reformas legales que jamás podrán concretarse si es que no hay voluntad política. Se deben establecer mecanismos a nivel federal pero esto no debe interpretarse como que los estados pierden autonomía o se desligan de los casos o las investigaciones. Debe haber mecanismos de trabajo conjunto, responsabilidad entre el gobierno federal y los estatales, entre las policías judiciales, investigaciones y procesamientos conjuntos. Los códigos procesales penales deben reformarse para dar cabida al agravamiento de penas y las regulaciones penitenciarias estatales deben reformularse, para que los procesados y condenados no reciban beneficios penales. Debe contemplarse crear una cultura legal, judicial y policial para que los crímenes contra la libertad de expresión sean considerados delitos graves, porque no solo se atenta contra la vida de un ser humano, sino contra el derecho del público a recibir información.
CP: Qué recomienda la SIP para cubrir hechos en los que está involucrado el narcotráfico...asesinatos, secuestros, extorsiones... Es obvio que a la criminalidad no le conviene una prensa libre y por eso la amenazan y la golpean...
¿Qué garantías debe de ofrecer los directivos a los periodistas que mandan a cubrir en esas zonas de alta violencia y a los periodistas que allí viven?
RT: De esto se desprenden varias responsabilidades que tienen que ver con la ética profesional. La solidaridad, la protección, la seguridad y la unión del gremio periodístico devienen de la lealtad a la profesión, un “mandamiento” profesional que no puede quedar soslayado. Los medios deben velar por tener ciertos protocolos de seguridad, así como es útil poseer un código de estilo periodístico o un manual de procedimiento. No deben escatimarse esfuerzos para la capacitación de los periodistas y fotógrafos. Deben existir reglas muy claras sobre el tratamiento de la información sobre sucesos y aspectos de violencia. El periodista por lealtad a su profesión no puede esperar todo del medio, tiene un deber individual de capacitación y superación, además de tener propios protocolos de seguridad. Existen suficientes recursos en el internet para ello. Y es necesaria la creación de nuevas asociaciones de periodistas y medios capaces de velar, proteger y ejercer influencia sobre estos temas.
CP: Evidente hay una ley mordaza en las zonas donde la fuerza de los cárteles rebasa al Estado: Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua -por citar algunos ejemplos. Publicar y hacer periodismo de investigación es casi una sentencia de muerte. ¿Qué hacer ante esta terrible situación?
RT: Es verdad que los riesgos son muy altos y caros; y no se puede juzgar los diferentes criterios editoriales asumidos por los medios y periodistas, así sean en materia de autorregulación o de autocensura. Sin embargo, está en la esencia periodística buscar siempre los caminos más creativos y estratégicos para sortear estos escollos, así sea mediante la publicación conjunta de notas entre varios medios, publicar notas en páginas de internet, denunciar hechos a través de las redes sociales, etc…
Lo importante, sin embargo, es que la política editorial adoptada y la violencia que la ha generado sea parte constante y transparente en las publicaciones. El público debe saber que hay información que no es publicada, no dicha, y que el medio está haciendo todo a su alcance para proteger la vida de sus periodistas pero a su vez publicando lo más que puede. El público debe saber que existe una línea delgada y que transgredirla a veces acarrea consecuencias.
Si el público es parte del problema, tarde o temprano él o sus circunstancias, ejercerán presión a favor del sentido y el bien común, y de la libertad de expresión.
Conciencia Públicao (CP): México se ha convertido en uno de los países del mundo más violentos y peligrosos por consecuencia de la lucha del Estado Mexicano contra los cárteles de la droga. En este contexto el ejercicio periodístico se convierte de alto riesgo. El asunto es que no existe una política de Estado que garantice la profesión periodística o permita reducir sus riesgos en el ejercicio de la misma. ¿Cómo ve la SIP esta problemática?
Ricardo Trotti (RT): Se necesita una amplia reforma legal a nivel nacional, más allá de lo que los estados puedan hacer y adoptar, por ej. mecanismos especiales de protección. La SIP viene insistiendo en la federalización de los crímenes contra periodistas, que los plazos de prescripción aumenten, que las penas para los delitos contra la libertad de expresión sean superiores y que no haya beneficios penales por este tipo de delitos contra la libertad de expresión.
CP: Sucedió la pasada semana el secuestro de cuatro periodistas en Durango, tres eran enviados de medios de comunicación de la Ciudad de México. El Grupo que los secuestró exigió - a cambio de su liberación- que transmitieran sus mensajes por TV...el único que lo hizo fue el Grupo Milenio... Televisa prefirió en forma de protesta decidió que el programa de Denis Mercker apareciera en blanco y negro, sin ningún mensaje, durante la hora que es el tiempo que le corresponde al programa. ¿Qué es lo conveniente debe hacer el medio frente a este tipo de situaciones? ¿Atender la demanda de los criminales o protestar como lo hizo Televisa?
RT: No se pueden juzgar las estrategias o líneas editoriales que adoptan los medios. Todas son válidas. Sin embargo, muchas de ellas deberían apuntar a la solidaridad y unión del gremio periodístico. A buscar métodos de presión conjunta para lograr cambios, así sean legales, como también estrategias conjuntas que permitan publicar notas e investigaciones entre varios medios para que nadie pudiera ser individualizado.
Existe un alto riesgo de atender las demandas por cuanto se está lidiando con gente sin escrúpulos ni principios, lo que derivaría luego en demandas cada vez más severas que podrían perjudicar todas las decisiones editoriales de los medios. En cuanto a las protestas están bien, aunque se necesitan estrategias, lo importante es siempre protestar pero incluso cuando los hechos le suceden a medios y periodistas de la competencia o de otras ciudades. Hay una responsabilidad profesional o lealtad periodística por la cual no se pueden hacer distinciones. Cuando algún periodista o medios es atacado o violentado debe considerarse un ataque contra todo el gremio y contra toda la población, ya que se priva a esta del goce al derecho a la información.
CP: No se ha visto interés por parte del Gobierno de México por impulsar una política de estado de protección al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Se creó una Fiscalía Especial para Atender Delitos contra Periodistas...pero no se le dotó de facultades ni de recursos. Es paradójico que en estos cinco años de su existencia, es cuando ha aumentado el número de asesinatos y agresiones a periodistas. Su creación ha sido inútil. El primer fiscal, David Vera Vega recibió 108 denuncias. Pero casi la totalidad no se resolvió.
- ¿Cómo vio la SIP esta acción y esfuerzo del Gobierno de Vicente Fox?
RT: La SIP, en primera instancia, en 2006, agradeció al presidente Vicente Fox la creación de la Fiscalía, un reclamo de años. Pero luego le reclamó la falta de presupuesto y de recursos, y especialmente, que no tenía competencia de investigación ni de acusación. No se trataba de una fiscalía sino prácticamente de una oficina de derechos humanos. Este febrero de 2010, la SIP reclamó durante una misión en México al entonces Secretario de Gobernación, Gómez Mont. Se cambió de inmediato el fiscal, y se comprometió el Gobierno a reorientar la Fiscalía, lo que finalmente fue aprobado este julio, con la FEADLE, la que sí opera como Fiscalía y tiene potestad para hacerlo. Tenemos la esperanza de que pueda haber avances sobre varias investigaciones y casos de crímenes.
CP: Una demanda de la SIP y periodistas mexicanos ha sido la federalización de las agresiones y delitos contra periodistas. La anterior Legislatura Federal la aprobó, pero no ha alcanzado rango de ley, porque no ha librado la aduana de la Cámara de Senadores. La Ley no ha tenido aplicación. ¿Qué estrategias se recomiendan para que la Cámara de Senadores la apruebe?
RT: Creemos que ahora más que nunca, a raíz de la anuencia del gobierno a analizar todos los temas de seguridad, especialmente luego de los secuestros de los cuatro periodistas, están dadas las condiciones para que se llegue a la federalización. Creemos que hay anuencia y que la presión nacional e internacional favorecerá para que se de este paso requerido ya por muchas organizaciones nacionales e internacionales.
¿Cómo califica la SIP la impunidad que sufre el sector de la prensa en México? ¿México es de los países donde hay mayor impunidad en el contexto
de América Latina? ¿Cómo combatir y enfrentar la impunidad?
RT: Es el país con mayores problemas de violencia e impunidad en este momento en las Américas. Se necesitan reformas legales que jamás podrán concretarse si es que no hay voluntad política. Se deben establecer mecanismos a nivel federal pero esto no debe interpretarse como que los estados pierden autonomía o se desligan de los casos o las investigaciones. Debe haber mecanismos de trabajo conjunto, responsabilidad entre el gobierno federal y los estatales, entre las policías judiciales, investigaciones y procesamientos conjuntos. Los códigos procesales penales deben reformarse para dar cabida al agravamiento de penas y las regulaciones penitenciarias estatales deben reformularse, para que los procesados y condenados no reciban beneficios penales. Debe contemplarse crear una cultura legal, judicial y policial para que los crímenes contra la libertad de expresión sean considerados delitos graves, porque no solo se atenta contra la vida de un ser humano, sino contra el derecho del público a recibir información.
CP: Qué recomienda la SIP para cubrir hechos en los que está involucrado el narcotráfico...asesinatos, secuestros, extorsiones... Es obvio que a la criminalidad no le conviene una prensa libre y por eso la amenazan y la golpean...
¿Qué garantías debe de ofrecer los directivos a los periodistas que mandan a cubrir en esas zonas de alta violencia y a los periodistas que allí viven?
RT: De esto se desprenden varias responsabilidades que tienen que ver con la ética profesional. La solidaridad, la protección, la seguridad y la unión del gremio periodístico devienen de la lealtad a la profesión, un “mandamiento” profesional que no puede quedar soslayado. Los medios deben velar por tener ciertos protocolos de seguridad, así como es útil poseer un código de estilo periodístico o un manual de procedimiento. No deben escatimarse esfuerzos para la capacitación de los periodistas y fotógrafos. Deben existir reglas muy claras sobre el tratamiento de la información sobre sucesos y aspectos de violencia. El periodista por lealtad a su profesión no puede esperar todo del medio, tiene un deber individual de capacitación y superación, además de tener propios protocolos de seguridad. Existen suficientes recursos en el internet para ello. Y es necesaria la creación de nuevas asociaciones de periodistas y medios capaces de velar, proteger y ejercer influencia sobre estos temas.
CP: Evidente hay una ley mordaza en las zonas donde la fuerza de los cárteles rebasa al Estado: Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua -por citar algunos ejemplos. Publicar y hacer periodismo de investigación es casi una sentencia de muerte. ¿Qué hacer ante esta terrible situación?
RT: Es verdad que los riesgos son muy altos y caros; y no se puede juzgar los diferentes criterios editoriales asumidos por los medios y periodistas, así sean en materia de autorregulación o de autocensura. Sin embargo, está en la esencia periodística buscar siempre los caminos más creativos y estratégicos para sortear estos escollos, así sea mediante la publicación conjunta de notas entre varios medios, publicar notas en páginas de internet, denunciar hechos a través de las redes sociales, etc…
Lo importante, sin embargo, es que la política editorial adoptada y la violencia que la ha generado sea parte constante y transparente en las publicaciones. El público debe saber que hay información que no es publicada, no dicha, y que el medio está haciendo todo a su alcance para proteger la vida de sus periodistas pero a su vez publicando lo más que puede. El público debe saber que existe una línea delgada y que transgredirla a veces acarrea consecuencias.
Si el público es parte del problema, tarde o temprano él o sus circunstancias, ejercerán presión a favor del sentido y el bien común, y de la libertad de expresión.
agosto 07, 2010
Los tres Uribe
Hoy Alvaro Uribe deja su puesto. Lo hace por la puerta grande. Los colombianos tienen mucho que agradecerle; los latinoamericanos también.
Hay dos Uribe formidables que me fascinaron y uno grotesco que detesto.
Me gusta este Uribe que sale por la puerta grande, erguido y orgulloso. Con casi el 80 por ciento de aprobación, comprometido con la seguridad democrática, consciente de las necesidades económicas y que puso de rodillas a las guerrillas de las FARC y que hizo que todo el mundo se dejara de romanticismos con los violentos de izquierda; cobardes armados. Que tuvo el pulso firme para defender sus ideas, a su gobierno y a su pueblo.
Me fascina este Uribe que fue equilibrio y balanza en un continente en el que en la última década se plagó de izquierda. No me importa si la derecha o la izquierda son buenas o malas, lo importante es que sin Uribe el monopolio de la izquierda hubiera arrasado. Me gusta este Uribe que nunca le temió a Hugo Chávez, que polemizó y no se quedó callado ni se amilanó. Que hasta último momento puso a Chávez a la defensiva, denunciando su apego a las FARC o demandándolo, casi en su último día de mandato, ante la Corte Penal Internacional.
El Uribe que no me gusta es ese que flirteó con la segunda reelección, que irrespetó a la justicia y detesto ese que estuvo sospechosamente contaminado por el paramilitarismo e hizo que los servicios de inteligencia espiaran a opositores, jueces y periodistas.
En el balance, me quedo agradecido con un Uribe que hizo mucho por Colombia y mucho más por Latinoamérica, aunque no lo haya vociferado. Su presencia, estar ahí, fue suficiente.
Hay dos Uribe formidables que me fascinaron y uno grotesco que detesto.
Me gusta este Uribe que sale por la puerta grande, erguido y orgulloso. Con casi el 80 por ciento de aprobación, comprometido con la seguridad democrática, consciente de las necesidades económicas y que puso de rodillas a las guerrillas de las FARC y que hizo que todo el mundo se dejara de romanticismos con los violentos de izquierda; cobardes armados. Que tuvo el pulso firme para defender sus ideas, a su gobierno y a su pueblo.
Me fascina este Uribe que fue equilibrio y balanza en un continente en el que en la última década se plagó de izquierda. No me importa si la derecha o la izquierda son buenas o malas, lo importante es que sin Uribe el monopolio de la izquierda hubiera arrasado. Me gusta este Uribe que nunca le temió a Hugo Chávez, que polemizó y no se quedó callado ni se amilanó. Que hasta último momento puso a Chávez a la defensiva, denunciando su apego a las FARC o demandándolo, casi en su último día de mandato, ante la Corte Penal Internacional.
El Uribe que no me gusta es ese que flirteó con la segunda reelección, que irrespetó a la justicia y detesto ese que estuvo sospechosamente contaminado por el paramilitarismo e hizo que los servicios de inteligencia espiaran a opositores, jueces y periodistas.
En el balance, me quedo agradecido con un Uribe que hizo mucho por Colombia y mucho más por Latinoamérica, aunque no lo haya vociferado. Su presencia, estar ahí, fue suficiente.
agosto 06, 2010
Lavado de manos y tirón de orejas
Felipe Calderón se reunió ayer con los medios de comunicación de la Ciudad de México. Pareciera que el primero se lavó las manos y a los segundos les tiraron las orejas.
Se reunieron por la presión desencadenada tras los secuestros de cuatro periodistas la semana pasada que, gracias a Dios, ya fueron liberados. Siempre es bueno que exista diálogo entre las partes, especialmente con el gobierno, en temas tan delicados como la violencia contra los periodistas y la libertad de prensa y de expresión.
Por el resultado de la plática, según lo publicado, no parece haber sido una reunión muy fructífera. Primero, porque los medios representados eran de la capital y a cuentagotas se notaron los nombres de gente del interior. Segundo, porque según los puntos acordados, más pareció un tirón de orejas a los medios que un lugar para buscar soluciones comunes, un espacio donde Calderón hizo de Poncio Pilatos.
Veamos lo que acordaron y en paréntesis mis impresiones:
1.- Que discutan, analicen y en su caso, adopten códigos y protocolos de manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales. (El peso de la prueba recae en los medios, es decir, la violencia existe, y los medios deben rebuscársela para ver cómo hacerle frente. El gobierno se lava las manos).
2.- Que en apego a sus esquemas de autorregulación, los medios de comunicación promuevan contenidos que eviten hacer apología del delito. (La culpa de la situación de violencia es de los medios. Azuzan la violencia con detalles descarnados. El gobierno es ajeno a la violencia).
3.- Dar seguimiento a las deliberaciones sobre la lucha por la seguridad y las propuestas que surjan en la mesa institucional y en los foros estatales así como evaluar el cumplimiento del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. (Sigue la cháchara pero nada concreto. Cuestiones como federalización, no prescripción, agravamiento de penas, reformas constitucionales, que los periodistas y las organizaciones vienen pidiendo, quedan en la nada).
4.- Difundir campañas para prevenir la violencia y las adicciones entre los jóvenes e inhibir su reclutamiento por parte de los criminales al tiempo que se incentive la cultura de la legalidad y la denuncia. (Los medios forman parte de la campaña gubernamental, si luego los objetivos no son alcanzados, los medios tendrán la culpa y no tendrán poder para criticar al gobierno ya que son parte del problema).
5.- Abrir espacios en los medios de comunicación para que la ciudadanía participe directamente en el debate público dirigido al fortalecimiento de la política de seguridad y enriquezca el diagnóstico y proponga acciones a seguir. (Los medios ya lo hacen a través de lo que permiten sus redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero es más de lo mismo, los medios son socialmente responsables y el gobierno se lava las manos).
No fue una reunión muy fructífera.
Se reunieron por la presión desencadenada tras los secuestros de cuatro periodistas la semana pasada que, gracias a Dios, ya fueron liberados. Siempre es bueno que exista diálogo entre las partes, especialmente con el gobierno, en temas tan delicados como la violencia contra los periodistas y la libertad de prensa y de expresión.
Por el resultado de la plática, según lo publicado, no parece haber sido una reunión muy fructífera. Primero, porque los medios representados eran de la capital y a cuentagotas se notaron los nombres de gente del interior. Segundo, porque según los puntos acordados, más pareció un tirón de orejas a los medios que un lugar para buscar soluciones comunes, un espacio donde Calderón hizo de Poncio Pilatos.
Veamos lo que acordaron y en paréntesis mis impresiones:
1.- Que discutan, analicen y en su caso, adopten códigos y protocolos de manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales. (El peso de la prueba recae en los medios, es decir, la violencia existe, y los medios deben rebuscársela para ver cómo hacerle frente. El gobierno se lava las manos).
2.- Que en apego a sus esquemas de autorregulación, los medios de comunicación promuevan contenidos que eviten hacer apología del delito. (La culpa de la situación de violencia es de los medios. Azuzan la violencia con detalles descarnados. El gobierno es ajeno a la violencia).
3.- Dar seguimiento a las deliberaciones sobre la lucha por la seguridad y las propuestas que surjan en la mesa institucional y en los foros estatales así como evaluar el cumplimiento del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. (Sigue la cháchara pero nada concreto. Cuestiones como federalización, no prescripción, agravamiento de penas, reformas constitucionales, que los periodistas y las organizaciones vienen pidiendo, quedan en la nada).
4.- Difundir campañas para prevenir la violencia y las adicciones entre los jóvenes e inhibir su reclutamiento por parte de los criminales al tiempo que se incentive la cultura de la legalidad y la denuncia. (Los medios forman parte de la campaña gubernamental, si luego los objetivos no son alcanzados, los medios tendrán la culpa y no tendrán poder para criticar al gobierno ya que son parte del problema).
5.- Abrir espacios en los medios de comunicación para que la ciudadanía participe directamente en el debate público dirigido al fortalecimiento de la política de seguridad y enriquezca el diagnóstico y proponga acciones a seguir. (Los medios ya lo hacen a través de lo que permiten sus redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero es más de lo mismo, los medios son socialmente responsables y el gobierno se lava las manos).
No fue una reunión muy fructífera.
México: no es suficiente
En México la policía detuvo a tres narcos y sospechosos de haber sido quienes secuestraron a cuatro periodistas la semana pasada y tuvieron en vilo al periodismo del país.
Más allá de la buena noticia de que los cuatro periodistas reaparecieron con vida, este episodio no puede confundirse. La violencia contra el periodismo y la libertad de prensa debe erradicarse de raíz, y para ello es necesario un gobierno responsable que derrote la impunidad, fenómeno que genera un círculo vicioso de donde se nutre la violencia.
En México la impunidad entre los crímenes contra periodistas ronda más del 90 por ciento. Para ello, es necesario que el Estado adopte políticas coherentes y consistentes. La primera tiene que ver con la federalización de este tipo de crímenes, primero por el tipo de crimen que debe ser comparado a otros delitos como el narcotráfico o la portación de armas pesadas o la trata de personas, además porque los estados, y dentro de ellos los poderes públicos, son más vulnerables a la corrupción. La segunda con la no prescripción de los crímenes y la tercera con que este tipo de acciones no solo deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sino con imposiciones fuertes, sin beneficios, que no permitan, como dijo recientemente un el presidente chileno Sebastián Piñera, sobre el tema de beneficios penales en su país, que la cárcel no debe tener puerta giratoria.
En México se realizará mañana una marcha por la principal avenida de la ciudad, Reforma, para pedir para que el gobierno combata la violencia y la impunidad. Pero en el reclamo, para que sea efectivo, debiera involucrarse no solo a periodistas y políticos – muchos de ellos oportunistas – sino a la sociedad toda. Si el ciudadano común no entiende que cuando matan o atentan contra un periodista se pone en riesgo la libertad de expresión de todos, cualquier lucha caerá, tarde o temprano en el olvido.
La prensa mexicana se debe a sí misma de lo que careció estos años: solidaridad y unidad. Y debe verse en el espejo de cómo lo logró el periodismo de otros países como en Argentina, Brasil y Colombia, cuando armó campañas de acción y educación ciudadana detrás de los asesinatos de José Luis Cabezas, Tim Lopes y Guillermo Cano.
Solo así estará creando de esta desavenencia de los secuestros una verdadera oportunidad.
Más allá de la buena noticia de que los cuatro periodistas reaparecieron con vida, este episodio no puede confundirse. La violencia contra el periodismo y la libertad de prensa debe erradicarse de raíz, y para ello es necesario un gobierno responsable que derrote la impunidad, fenómeno que genera un círculo vicioso de donde se nutre la violencia.
En México la impunidad entre los crímenes contra periodistas ronda más del 90 por ciento. Para ello, es necesario que el Estado adopte políticas coherentes y consistentes. La primera tiene que ver con la federalización de este tipo de crímenes, primero por el tipo de crimen que debe ser comparado a otros delitos como el narcotráfico o la portación de armas pesadas o la trata de personas, además porque los estados, y dentro de ellos los poderes públicos, son más vulnerables a la corrupción. La segunda con la no prescripción de los crímenes y la tercera con que este tipo de acciones no solo deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sino con imposiciones fuertes, sin beneficios, que no permitan, como dijo recientemente un el presidente chileno Sebastián Piñera, sobre el tema de beneficios penales en su país, que la cárcel no debe tener puerta giratoria.
En México se realizará mañana una marcha por la principal avenida de la ciudad, Reforma, para pedir para que el gobierno combata la violencia y la impunidad. Pero en el reclamo, para que sea efectivo, debiera involucrarse no solo a periodistas y políticos – muchos de ellos oportunistas – sino a la sociedad toda. Si el ciudadano común no entiende que cuando matan o atentan contra un periodista se pone en riesgo la libertad de expresión de todos, cualquier lucha caerá, tarde o temprano en el olvido.
La prensa mexicana se debe a sí misma de lo que careció estos años: solidaridad y unidad. Y debe verse en el espejo de cómo lo logró el periodismo de otros países como en Argentina, Brasil y Colombia, cuando armó campañas de acción y educación ciudadana detrás de los asesinatos de José Luis Cabezas, Tim Lopes y Guillermo Cano.
Solo así estará creando de esta desavenencia de los secuestros una verdadera oportunidad.
agosto 05, 2010
Obispos y presidentes
La Iglesia Católica, que casi solo estaba apareciendo en los titulares de prensa en relación a denuncias sobre abuso sexual, irrumpió con bríos renovados en la agenda política latinoamericana, entreverándose en varias decisiones presidenciales.
Con determinación y sin escapar muchas veces a la polémica, los obispos católicos se vieron involucrados en roles protagónicos. Desde la intervención del cardenal cubano Jaime Ortega ante el presidente Raúl Castro para que libere presos políticos, hasta las serias represalias que sufrió un cardenal venezolano por sus críticas recalcitrantes contra el régimen totalitario de Hugo Chávez.
O desde la discordancia de la Conferencia Episcopal chilena con Sebastián Piñera por no ofrecer clemencia a violadores de los derechos humanos, hasta la afinidad de prelados salvadoreños con Mauricio Funes, quien vetó un decreto legislativo que hacía de la Biblia una lectura obligatoria en las escuelas del país para combatir la violencia juvenil.
En su activa participación en la agenda política, los obispos no suelen tener el camino fácil. Con la manida figura de la “separación Iglesia – Estado”, los líderes y gobernantes suelen tratar de acallar sus críticas y opiniones acotando la libertad de culto, un principio constitucional que no solo avala el derecho a elegir y profesar un credo religioso, sino que garantiza que nadie - creyente, agnóstico, ateo o autoridad religiosa – sea perseguido o sufra represalias por expresar o enseñar sus creencias.
En Venezuela esta libertad, así como la de expresión, también está en entredicho. Chávez ha tomado revancha en contra de los obispos disponiendo esta semana no solo la interpelación en el Congreso del cardenal Jorge Urosa, sino también el pedido de revisión de la concesión de Vale TV, un medio de carácter cultural que la Iglesia maneja desde 1998, para ponerlo “a la orden del pueblo… no del cardenal”. ¿El pecado?: Acusar a Chávez de violar la Constitución.
Urosa salió airoso del interrogatorio parlamentario. Reivindicó el derecho de los obispos a opinar sobre asuntos sociales, morales o políticos, sin necesidad de que se lo catalogue de “opositor”, “troglodita” o “indigno”. Similar actitud tomó el año pasado la Conferencia Episcopal de Argentina, cuando el gobierno acusó a los prelados de hacer propaganda política e incentivar la violencia, por denunciar la ineficacia oficial para detener el hambre y pobreza, en un país de amplios recursos naturales.
Más allá de que uno comparta o no la doctrina que imparten los religiosos, así sean obispos, pastores o rabinos, lo importante, en una sociedad abierta, plural y diversa, es acceder a esas opiniones, para comprender mejor o tener más enfoques sobre temas morales complejos y desafiantes, como la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo que se adoptó en Argentina, el renovado tema del aborto que brotó en Brasil o la distribución de la “píldora del día después” que patrocina el gobierno de Perú.
Estos temas y sus consecuencias, son los que dan validez a la opinión y consejos de expertos, aún en épocas electorales en las que se hace difícil ponderar entre el derecho a recibir información y a no ser molestado por consejos proselitistas. Como sucedió esta semana en Brasil con la controversia creada por el obispo brasileño de Guarulhos, Luiz Gonzaga, quien pidió a los católicos a que no respalden a la candidata presidencial oficialista, Dilma Rouseff, por ser partidaria a la despenalización del aborto.
Aunque el obispo justificó que tiene como ciudadano el derecho a expresar su opinión y como pastor la obligación de orientar a los fieles, quizá, y lamentablemente, corra la misma suerte que uno de sus colegas en Costa Rica, que en mayo fue condenado y censurado por la justicia por pedir a los feligreses que no voten por candidatos que tuvieran valores reñidos con los de la fe católica.
Más allá de las polémicas y regaños políticos, y aún a riesgo de perder espacio o credibilidad por su posición conservadora, lo importante es que la Iglesia, así como toda denominación religiosa, siempre tenga un marco adecuado de libertad y tolerancia para sus opiniones y enseñanzas.
La libertad de culto así como la libertad de expresión son valores fundamentales que deben ser protegidos para evitar caer en el oscurantismo que muchos líderes predican.
Con determinación y sin escapar muchas veces a la polémica, los obispos católicos se vieron involucrados en roles protagónicos. Desde la intervención del cardenal cubano Jaime Ortega ante el presidente Raúl Castro para que libere presos políticos, hasta las serias represalias que sufrió un cardenal venezolano por sus críticas recalcitrantes contra el régimen totalitario de Hugo Chávez.
O desde la discordancia de la Conferencia Episcopal chilena con Sebastián Piñera por no ofrecer clemencia a violadores de los derechos humanos, hasta la afinidad de prelados salvadoreños con Mauricio Funes, quien vetó un decreto legislativo que hacía de la Biblia una lectura obligatoria en las escuelas del país para combatir la violencia juvenil.
En su activa participación en la agenda política, los obispos no suelen tener el camino fácil. Con la manida figura de la “separación Iglesia – Estado”, los líderes y gobernantes suelen tratar de acallar sus críticas y opiniones acotando la libertad de culto, un principio constitucional que no solo avala el derecho a elegir y profesar un credo religioso, sino que garantiza que nadie - creyente, agnóstico, ateo o autoridad religiosa – sea perseguido o sufra represalias por expresar o enseñar sus creencias.
En Venezuela esta libertad, así como la de expresión, también está en entredicho. Chávez ha tomado revancha en contra de los obispos disponiendo esta semana no solo la interpelación en el Congreso del cardenal Jorge Urosa, sino también el pedido de revisión de la concesión de Vale TV, un medio de carácter cultural que la Iglesia maneja desde 1998, para ponerlo “a la orden del pueblo… no del cardenal”. ¿El pecado?: Acusar a Chávez de violar la Constitución.
Urosa salió airoso del interrogatorio parlamentario. Reivindicó el derecho de los obispos a opinar sobre asuntos sociales, morales o políticos, sin necesidad de que se lo catalogue de “opositor”, “troglodita” o “indigno”. Similar actitud tomó el año pasado la Conferencia Episcopal de Argentina, cuando el gobierno acusó a los prelados de hacer propaganda política e incentivar la violencia, por denunciar la ineficacia oficial para detener el hambre y pobreza, en un país de amplios recursos naturales.
Más allá de que uno comparta o no la doctrina que imparten los religiosos, así sean obispos, pastores o rabinos, lo importante, en una sociedad abierta, plural y diversa, es acceder a esas opiniones, para comprender mejor o tener más enfoques sobre temas morales complejos y desafiantes, como la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo que se adoptó en Argentina, el renovado tema del aborto que brotó en Brasil o la distribución de la “píldora del día después” que patrocina el gobierno de Perú.
Estos temas y sus consecuencias, son los que dan validez a la opinión y consejos de expertos, aún en épocas electorales en las que se hace difícil ponderar entre el derecho a recibir información y a no ser molestado por consejos proselitistas. Como sucedió esta semana en Brasil con la controversia creada por el obispo brasileño de Guarulhos, Luiz Gonzaga, quien pidió a los católicos a que no respalden a la candidata presidencial oficialista, Dilma Rouseff, por ser partidaria a la despenalización del aborto.
Aunque el obispo justificó que tiene como ciudadano el derecho a expresar su opinión y como pastor la obligación de orientar a los fieles, quizá, y lamentablemente, corra la misma suerte que uno de sus colegas en Costa Rica, que en mayo fue condenado y censurado por la justicia por pedir a los feligreses que no voten por candidatos que tuvieran valores reñidos con los de la fe católica.
Más allá de las polémicas y regaños políticos, y aún a riesgo de perder espacio o credibilidad por su posición conservadora, lo importante es que la Iglesia, así como toda denominación religiosa, siempre tenga un marco adecuado de libertad y tolerancia para sus opiniones y enseñanzas.
La libertad de culto así como la libertad de expresión son valores fundamentales que deben ser protegidos para evitar caer en el oscurantismo que muchos líderes predican.
agosto 04, 2010
Prostitución electrónica
Prostitución electrónica 3-08-10
En El Salvador de donde acabo de llegar hay varias polémicas morales por estos días, más allá de la violencia y la inseguridad pública que tiene a toda la sociedad en vilo. La discusión se centra en temas como la obligatoriedad para leer la Biblia en las escuelas que fue vetada por el presidente Mauricio Funes, con la anuencia de la Iglesia Católica, por entender que era un atropello a la libertad de culto y que la lectura de la Biblia necesita de orientación, hasta la polémica sobre a que las porristas estudiantiles muestren sus piernas y “más de lo debido”, en las “fiestas agostinas” que se celebran esta semana, con comparsas y procesiones.
Pero lo que no está en discusión ni es polémica moral, sino un duro cuestionamiento ético, es la libertad que existe en algunos sitios digitales a través de los cuales se ofrecen servicios de prostitución de mujeres menores y gays a los turistas extranjeros, sin que las autoridades presten mucha atención.
Me llamó la atención el título del Diario de Hoy, uno de los más importantes periódicos del país, que bajo el título “Proxenetas en internet sin castigo”, lanzó una denuncia muy dura sobre los anuncios en páginas digitales que ofrecen a chicas y chicos menores como prostitutas.
El diario hace referencia a una publicidad colgada en el sitio de MundoAnuncio.com, en el apartado de El Salvador, el cual refleja avisos no solo para servicios de escort, sino directa prostitución, en el cual se ofrecen teléfonos y ofertas, las cuales pueden ser enviadas vía e-mail o por catálogos.
El proxenetismo es una vieja profesión que se ha expandido y revitalizado rápidamente a través de las redes sociales y las páginas electrónicas, lo que está generando grandes desafíos para las policías, las que no poseen ni los recursos ni las habilidades necesarias para perseguir este tipo de crimen en boga; así como tampoco la gran industria de la pornografía infantil digital.
En El Salvador de donde acabo de llegar hay varias polémicas morales por estos días, más allá de la violencia y la inseguridad pública que tiene a toda la sociedad en vilo. La discusión se centra en temas como la obligatoriedad para leer la Biblia en las escuelas que fue vetada por el presidente Mauricio Funes, con la anuencia de la Iglesia Católica, por entender que era un atropello a la libertad de culto y que la lectura de la Biblia necesita de orientación, hasta la polémica sobre a que las porristas estudiantiles muestren sus piernas y “más de lo debido”, en las “fiestas agostinas” que se celebran esta semana, con comparsas y procesiones.
Pero lo que no está en discusión ni es polémica moral, sino un duro cuestionamiento ético, es la libertad que existe en algunos sitios digitales a través de los cuales se ofrecen servicios de prostitución de mujeres menores y gays a los turistas extranjeros, sin que las autoridades presten mucha atención.
Me llamó la atención el título del Diario de Hoy, uno de los más importantes periódicos del país, que bajo el título “Proxenetas en internet sin castigo”, lanzó una denuncia muy dura sobre los anuncios en páginas digitales que ofrecen a chicas y chicos menores como prostitutas.
El diario hace referencia a una publicidad colgada en el sitio de MundoAnuncio.com, en el apartado de El Salvador, el cual refleja avisos no solo para servicios de escort, sino directa prostitución, en el cual se ofrecen teléfonos y ofertas, las cuales pueden ser enviadas vía e-mail o por catálogos.
El proxenetismo es una vieja profesión que se ha expandido y revitalizado rápidamente a través de las redes sociales y las páginas electrónicas, lo que está generando grandes desafíos para las policías, las que no poseen ni los recursos ni las habilidades necesarias para perseguir este tipo de crimen en boga; así como tampoco la gran industria de la pornografía infantil digital.
Periodistas mexicanos piden ayuda
Comparto con mis lectores un pedido de ayuda de los periodistas mexicanos que tratan de contrarrestar la violencia, con una marcha que realizarán este sábado. Apoyemos.
A LOS PROPIETARIOS Y CONCESIONARIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LOS DIRECTIVOS DE PERIÓDICOS, REVISTAS, CANALES DE TELEVISIÓN Y ESTACIONES DE RADIO,
A LOS COLUMNISTAS, EDITORIALISTAS, CONDUCTORES DE NOTICIARIOS Y LÍDERES DE OPINIÓN,
A LOS ESTUDIOSOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LOS JEFES DE INFORMACIÓN,
P R E S E N T E:
Nosotros, reporteros, reporteras y trabajadores de medios de comunicación impresos y electrónicos del país, preocupados e indignados por la escalada de violencia que afecta principalmente a nuestros compañeros y colegas de las entidades de la República, convencidos de la necesidad social de nuestra labor y de la urgencia de salvaguardar el derecho a la información y la libertad de expresión en condiciones de plena seguridad, nos dirigimos a ustedes para solicitar su apoyo y adhesión a la primera Manifestación contra las Agresiones a Periodistas en México, convocada para el próximo sábado 7 de agosto a las 12:00 horas.
Esta movilización, que partirá del Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, a la sede de la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, es la expresión y concreción de inquietudes y preocupaciones de reporteros, redactores, editores y trabajadores de los medios de comunicación de todo el país que, sin siglas ni membretes, hemos decidido demandar justicia para las víctimas de agresiones y asesinatos, condiciones de seguridad para ejercer nuestra labor cotidiana y acciones concretas a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La violencia ha sometido a distintos sectores de la sociedad mexicana. Nosotros, que todos los días lo reportamos, no hemos sido la excepción.
Como lo evidencian los acontecimientos más recientes ocurridos en Gómez Palacio, Durango, reporteros, camarógrafos y reporteros gráficos somos el eslabón más débil en la industria de la comunicación: es a nosotros a quienes agreden físicamente, a quienes amenazan, a quienes secuestran, a quienes asesinan, a quienes acosan, quienes dejamos en la indefensión a nuestras familias, quienes padecemos, día tras día, el repudio y las agresiones sólo por portar una libreta, un logotipo, un micrófono, una cámara, una grabadora: por hacer nuestro trabajo.
Convencidos de que es hora de que todos los periodistas de México se sienten a dialogar, a discutir, a buscar, con su pluralidad de posiciones y opiniones, la forma de garantizar el ejercicio pleno del oficio y el derecho de los ciudadanos a la información en cada rincón del país, lanzamos este llamado para que nos respalden, nos acompañen, en los siguientes planteamientos:
1.- ¡Alto a la impunidad en torno de los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación! ¡No más agresiones!
2.- Las instituciones del Estado mexicano, y los diferentes órdenes de gobierno, tienen el deber y la obligación constitucional de garantizar el pleno acceso y disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, para los periodistas y la sociedad en general, sin distinción de posiciones ideológicas o políticas. Esos derechos, que deben tener plena vigencia para todos los mexicanos, no pueden, en modo alguno, suspenderse, acotarse, negociarse o transferirse. ¡Que se cumplan! ¡Que se hagan cumplir!
3.- Que se pongan en marcha, de inmediato, los mecanismos institucionales de protección a la labor de los periodistas, con pleno respeto a la pluralidad, la libertad y la independencia de todos y cada uno de los medios de comunicación.
Reconociéndonos diferentes, plurales en nuestros respectivos puntos de vista, llamamos a todos ustedes a participar en nuestro acto de solidaridad con los colegas muertos, amenazados, con los 64 reporteros cuyos crímenes no han sido resueltos, con los 11 que continúan desaparecidos.
Les convocamos, también, a dar los primeros pasos para emprender acciones transformadoras concretas, de conjunto, para defender ese bien común que, sin su participación activa y contundente, estará a la deriva: el periodismo mexicano.
ATENTAMENTE:
PERIODISTAS, EDITORES Y TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEXICANOS
A LOS PROPIETARIOS Y CONCESIONARIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LOS DIRECTIVOS DE PERIÓDICOS, REVISTAS, CANALES DE TELEVISIÓN Y ESTACIONES DE RADIO,
A LOS COLUMNISTAS, EDITORIALISTAS, CONDUCTORES DE NOTICIARIOS Y LÍDERES DE OPINIÓN,
A LOS ESTUDIOSOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LOS JEFES DE INFORMACIÓN,
P R E S E N T E:
Nosotros, reporteros, reporteras y trabajadores de medios de comunicación impresos y electrónicos del país, preocupados e indignados por la escalada de violencia que afecta principalmente a nuestros compañeros y colegas de las entidades de la República, convencidos de la necesidad social de nuestra labor y de la urgencia de salvaguardar el derecho a la información y la libertad de expresión en condiciones de plena seguridad, nos dirigimos a ustedes para solicitar su apoyo y adhesión a la primera Manifestación contra las Agresiones a Periodistas en México, convocada para el próximo sábado 7 de agosto a las 12:00 horas.
Esta movilización, que partirá del Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, a la sede de la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, es la expresión y concreción de inquietudes y preocupaciones de reporteros, redactores, editores y trabajadores de los medios de comunicación de todo el país que, sin siglas ni membretes, hemos decidido demandar justicia para las víctimas de agresiones y asesinatos, condiciones de seguridad para ejercer nuestra labor cotidiana y acciones concretas a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La violencia ha sometido a distintos sectores de la sociedad mexicana. Nosotros, que todos los días lo reportamos, no hemos sido la excepción.
Como lo evidencian los acontecimientos más recientes ocurridos en Gómez Palacio, Durango, reporteros, camarógrafos y reporteros gráficos somos el eslabón más débil en la industria de la comunicación: es a nosotros a quienes agreden físicamente, a quienes amenazan, a quienes secuestran, a quienes asesinan, a quienes acosan, quienes dejamos en la indefensión a nuestras familias, quienes padecemos, día tras día, el repudio y las agresiones sólo por portar una libreta, un logotipo, un micrófono, una cámara, una grabadora: por hacer nuestro trabajo.
Convencidos de que es hora de que todos los periodistas de México se sienten a dialogar, a discutir, a buscar, con su pluralidad de posiciones y opiniones, la forma de garantizar el ejercicio pleno del oficio y el derecho de los ciudadanos a la información en cada rincón del país, lanzamos este llamado para que nos respalden, nos acompañen, en los siguientes planteamientos:
1.- ¡Alto a la impunidad en torno de los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación! ¡No más agresiones!
2.- Las instituciones del Estado mexicano, y los diferentes órdenes de gobierno, tienen el deber y la obligación constitucional de garantizar el pleno acceso y disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, para los periodistas y la sociedad en general, sin distinción de posiciones ideológicas o políticas. Esos derechos, que deben tener plena vigencia para todos los mexicanos, no pueden, en modo alguno, suspenderse, acotarse, negociarse o transferirse. ¡Que se cumplan! ¡Que se hagan cumplir!
3.- Que se pongan en marcha, de inmediato, los mecanismos institucionales de protección a la labor de los periodistas, con pleno respeto a la pluralidad, la libertad y la independencia de todos y cada uno de los medios de comunicación.
Reconociéndonos diferentes, plurales en nuestros respectivos puntos de vista, llamamos a todos ustedes a participar en nuestro acto de solidaridad con los colegas muertos, amenazados, con los 64 reporteros cuyos crímenes no han sido resueltos, con los 11 que continúan desaparecidos.
Les convocamos, también, a dar los primeros pasos para emprender acciones transformadoras concretas, de conjunto, para defender ese bien común que, sin su participación activa y contundente, estará a la deriva: el periodismo mexicano.
ATENTAMENTE:
PERIODISTAS, EDITORES Y TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEXICANOS
Periodismo con conexiones
En el último día de nuestro seminario de Costos e Ingresos en San Salvador, tuvimos un cierre con broche de oro. El director editorial del diario Sun Sentinel, diario en el sur de la Florida, en la ciudad de Fort Lauderadale, compartió los “10 mandamientos” que han diseñado mantener y atraer nuevos lectores, ya sea en el periódicos impreso como en su página web; sobre los que esta tarde estuve “twiteando”.
1) Entregar material exclusivo de gran impacto, relevante en diferentes formatos, ya sean videos, fotos, material impreso e interactivo.
2) Conexión con los consumidores (lectores) con experiencias que le ayuden y sean útiles para sus vidas cotidianas.
3) Consumidores. Crear equipos de periodistas que conecten con lectores respondiendo a sus preocupaciones cotidianas.
4) Usar noticias cortas, usando diseño visual fuerte y navegable.
5) Promocionar vigorosamente el contenido diferenciador de su periódico.
6) Innovar periodísticamente y continuamente para que los lectores sientan la necesidad de conectarse a diario.
7) Los lectores quieren más periodismo comprometido, de investigación; el que debe ser promovido adecuadamente.
8) Hacer periodismo bien escrito, vivo, relevante, que invite a los lectores a la discusión.
9) Combatir percepciones y apariencias de lectores sobre nuestro equilibrio informativo, con personal diverso y plural.
10) Regla de oro. Promover la interactividad, periodismo activo y proactivo.
1) Entregar material exclusivo de gran impacto, relevante en diferentes formatos, ya sean videos, fotos, material impreso e interactivo.
2) Conexión con los consumidores (lectores) con experiencias que le ayuden y sean útiles para sus vidas cotidianas.
3) Consumidores. Crear equipos de periodistas que conecten con lectores respondiendo a sus preocupaciones cotidianas.
4) Usar noticias cortas, usando diseño visual fuerte y navegable.
5) Promocionar vigorosamente el contenido diferenciador de su periódico.
6) Innovar periodísticamente y continuamente para que los lectores sientan la necesidad de conectarse a diario.
7) Los lectores quieren más periodismo comprometido, de investigación; el que debe ser promovido adecuadamente.
8) Hacer periodismo bien escrito, vivo, relevante, que invite a los lectores a la discusión.
9) Combatir percepciones y apariencias de lectores sobre nuestro equilibrio informativo, con personal diverso y plural.
10) Regla de oro. Promover la interactividad, periodismo activo y proactivo.
agosto 02, 2010
Sociedad extorsionada
La cuota es una de las palabras que definen el clima de máxima inseguridad pública que se vive en El Salvador, un país que tiene 72 homicidios cada 100 mil habitantes, uno de los más altos de las Américas.
La cuota o la renta es el “impuesto” que cobran los mareros (pandilleros juveniles) a toda persona que tiene la posibilidad de realizar una actividad comercial, ya sea desde un taxista, chofer de microbús de transporte hasta un comercio establecido como un vendedor ambulante.
Los pandilleros, de cualquier clica, subdivisión de una pandilla de las MS, Maras Salvatruchas, que operan en un sector determinado, cobran sus cuotas en sus zonas pero a través de menores de edad, quienes no son imputables ante la ley por delitos de asociación ilícita. Estos menores son quienes recogen el dinero o entregan el mensaje que de no obtenerlo, sus superiores enviarán a una pandilla a matarlo.
Las amenazas se cumplen. Las denuncias no se hacen, como el Estado lo establece a través del 911, porque la gente dejó de confiar en la policía. La ley antimaras que establece mayores penas a los menores que cometen delitos graves, y es apoyada por todos los sectores de la sociedad, todavía no fue sancionada y los militares que patrullan las calles bajo iniciativa del presidente Mauricio Funes no tienen gran impacto, debido a que su imagen se está desnaturalizando, porque no tienen fuerza de policía.
Los grandes desafíos que acarrea la inseguridad pública, no solo para la confianza de la gente, sino para la imagen del país. Inversiones y turismo a la baja.
La sociedad salvadoreña está extorsionada por las pandillas juveniles.
La cuota o la renta es el “impuesto” que cobran los mareros (pandilleros juveniles) a toda persona que tiene la posibilidad de realizar una actividad comercial, ya sea desde un taxista, chofer de microbús de transporte hasta un comercio establecido como un vendedor ambulante.
Los pandilleros, de cualquier clica, subdivisión de una pandilla de las MS, Maras Salvatruchas, que operan en un sector determinado, cobran sus cuotas en sus zonas pero a través de menores de edad, quienes no son imputables ante la ley por delitos de asociación ilícita. Estos menores son quienes recogen el dinero o entregan el mensaje que de no obtenerlo, sus superiores enviarán a una pandilla a matarlo.
Las amenazas se cumplen. Las denuncias no se hacen, como el Estado lo establece a través del 911, porque la gente dejó de confiar en la policía. La ley antimaras que establece mayores penas a los menores que cometen delitos graves, y es apoyada por todos los sectores de la sociedad, todavía no fue sancionada y los militares que patrullan las calles bajo iniciativa del presidente Mauricio Funes no tienen gran impacto, debido a que su imagen se está desnaturalizando, porque no tienen fuerza de policía.
Los grandes desafíos que acarrea la inseguridad pública, no solo para la confianza de la gente, sino para la imagen del país. Inversiones y turismo a la baja.
La sociedad salvadoreña está extorsionada por las pandillas juveniles.
agosto 01, 2010
Mensajes y su impacto
En este primer día del seminario de Costos e Ingresos que estamos ofreciendo en San Salvador a ejecutivos de periódicos de todos los rincones de Latinoamérica, me quedé pensando en la importancia del periodismo, de la comunicación; en el impacto de los mensajes y de cómo las mentes creativas nos pueden hacer pensar y asociar ideas, imágenes y sentimientos, aprovechándose de atraerlas desde nuestra propia cultura y de nuestras experiencias.
Este video es una muestra de ello:
Este video es una muestra de ello:
Receta para Fidel y Hugo
Claramente Fidel Castro y Hugo Chávez detestan la libertad de prensa, la crítica, la opinión distinta. Creo que la percepción de ellos sobre la necesidad de la libertad de prensa para el desarrollo humano, social, político de los pueblos (lo que ellos buscan según sus plataformas ideológicas), así como la de muchos líderes, cambiaría totalmente si visitaran el Newseum - el museo de la historia de la comunicación - con sede en la capital estadounidense.
Este museo privado, fundado por The Freedom Forum, es un canto a la libertad. Sus espectaculares muestras (la historia de los medios de comunicación), artefactos (el primer satélite que en 1966 orbitó la tierra permitiendo unir al mundo con transmisiones en vivo, la manipulación (el impacto de la propaganda usada por los regímenes totalitarios como el nazismo, el comunismo y el fascismo) y los grandes acontecimeintos (cómo la información preveniente de las grandes guerras modificaron nuestras vidas o la caída del muro de Berlín - donde me saqué la foto dentro del Newseum) y las tecnologías (como los nuevos medios sociales están modificando las formas de comunicarnos).
Lo más importante. Después de horas de recorrer el museo, uno se da cuenta que la libertad del ser humano - en todas sus acepciones - es indispensable para el desarrollo humano. Los países sin libertad de prensa ni libertad de expresión son los más atrasados. Los grandes cambios económicos surgen en países libres.
Una verdadera lección que muchos de nuestros líderes deben aprender. Deberíamos obligarlos a que vayan al Newseum.
Este museo privado, fundado por The Freedom Forum, es un canto a la libertad. Sus espectaculares muestras (la historia de los medios de comunicación), artefactos (el primer satélite que en 1966 orbitó la tierra permitiendo unir al mundo con transmisiones en vivo, la manipulación (el impacto de la propaganda usada por los regímenes totalitarios como el nazismo, el comunismo y el fascismo) y los grandes acontecimeintos (cómo la información preveniente de las grandes guerras modificaron nuestras vidas o la caída del muro de Berlín - donde me saqué la foto dentro del Newseum) y las tecnologías (como los nuevos medios sociales están modificando las formas de comunicarnos).
Lo más importante. Después de horas de recorrer el museo, uno se da cuenta que la libertad del ser humano - en todas sus acepciones - es indispensable para el desarrollo humano. Los países sin libertad de prensa ni libertad de expresión son los más atrasados. Los grandes cambios económicos surgen en países libres.
Una verdadera lección que muchos de nuestros líderes deben aprender. Deberíamos obligarlos a que vayan al Newseum.
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