¿Homenajear a Pinochet?

Un electrizante debate se ha instalado en Chile, cuyo desenlace puede tener amplias repercusiones en la región. La ley no prohíbe que se hagan actos de homenaje sobre figuras controversiales, como la del dictador Augusto Pinochet, pero ¿es ético que se realce la figura de una persona, a cuyo régimen se le achacan más de 3.000 desaparecidos y responsable del golpe de estado contra Salvador Allende?

Los más críticos piden que se prohíba el acto para que no haga apología del delito ni de la dictadura; los más mesurados, incluido el presidente Sebastián Piñera, no creen que el acto sea bueno pero dicen que no pueden impedir que la gente se exprese; y otros creen que tienen todo el derecho a celebrar sus actos y homenajear a quienes consideren que representan su sentir.

El caso es tan apasionante como educativo, ya que del desenlace se desprenderá una buena enseñanza sobre valores encontrados. Seguramente, ante esta sorpresiva instancia y ante el vacío legal, algún legislador pronto preparará un proyecto de ley para que se prohíba ensalzar figuras como la de Pinochet, de la misma forma que en varios países hay legislación en contra de expresiones de odio, como las que podrían motivar grupos de neonazis para celebrar a Hitler.

Pero el problema es que en Chile la figura de Pinochet no concentra el consenso necesario para que sea condenado o vilipendiado o, al menos, su causa tiene tantos detractores como seguidores. Muchos ven a Pinochet como la figura que rescató a Chile del comunismo y proyectó al país hacia una bonanza y disciplina de la que ahora todos disfrutan. Por otro lado, los otros, ven a un dictador sanguinario violador de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Los datos más concretos que condenan a su gobierno, según un informe oficial de agosto de 2011, indican que Pinochet, quien murió en 2006, luego de un intríngulis procesal internacional, no fue condenado en su país por los más de 3.000 muertos y desaparecidos y las 37.000 personas encarceladas y torturadas que dejó su dictadura.

El debate en torno al homenaje es fuerte y puede ser tan enriquecedor como la tolerancia que los chilenos, de uno y otro lado, se impongan para debatir un tema tan importante en la historia moderna de su país.

Damas y cardenal, cerrando heridas

Finalmente en lo que parece ser una reconciliación productiva para las Damas de Blanco cubanas, el cardenal Jaime Ortega las recibió ayer jueves por casi cuatro horas, ojalá que cerrando un capítulo que había distanciado a los disidentes con la Iglesia después de la visita del papa Benedicto XVI a Cuba.

Había muchas cosas en juego, pero en especial, la restauración de la confianza. Las Damas de Blanco no pudieron asistir a las misas ofrecidas por el papa, tampoco fueron recibidas en audiencia y fueron más que nunca resistidas por las autoridades cubanas mediante golpizas, insultos y detenciones.

Tras la reunión en la sede de la Arquidiócesis de La Habana, Berta Soler, una de las líderes del grupo dijo que fue una reunión productiva en la que le pidieron al cardenal que interceda ante el gobierno para que deje de acosarlas o, al menos, para que lo haga con menor intensidad.

Las Damas de Blanco han sido en estos últimos años desde que sus esposos y familiares fueron encarcelados en marzo de 2003, la imagen más visible de la disidencia cubana por imponerse a un régimen depravado. El cardenal debe mover cielo y tierra e imponer condiciones para el gobierno respete sus derechos a expresión y asociación, y así puedan seguir animando espacios de democracia en la isla.

La militarización del internet

La era digital atrajo grandes avances para el progreso de la humanidad, pero también creó nuevos desafíos para los gobiernos. Ahora éstos, deben lidiar con bandidos cibernéticos que sabotean servidores y sistemas de cómputos o espías que roban secretos industriales, militares y financieros.

Esos retos, y la necesidad de brindar seguridad cibernética a Río +20, la cumbre de Naciones Unidas sobre medio ambiente que comenzará la próxima semana en Río de Janeiro, fueron la coyuntura perfecta que aprovechó el gobierno de Brasil para crear el Centro de Defensa Cibernética, un organismo militar que estará dedicado a proteger los intereses civiles y militares del país.

De esta forma, Brasil se trepó a la tendencia que hace algunos años iniciaron grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China y Alemania para abordar la militarización del internet, lo que se conoce como la quinta dimensión de defensa de un país, después de los sectores aire, tierra, mar y espacio. 

El Centro brasileño, a semejanza del Comando Cibernético de Estados Unidos que opera en ese país desde octubre de 2010, tendrá como objetivo detener cualquier ataque informático que pueda amenazar, entre otros, los sistemas electrónicos de las aerolíneas comerciales, la grilla nacional de energía eléctrica, los reactores nucleares, así como agresiones al sistema financiero brasileño, uno de los blancos preferidos de los hackers en 2011.

La militarización del internet se profundizó en los últimos tres años cuando proliferaron ataques y virus lanzados contra blancos militares y financieros en EE.UU., Rusia, China e Irán, y todos los países se volvieron suspicaces unos de otros. Desde entonces, se apreció una disminución de los gastos militares tradicionales y un aumento notable en defensa cibernética, calculándose que en este rubro se gastaron 50 mil millones de dólares en 2011.

La militarización no solo alcanza temas de defensa sino que se expande a inteligencia y contra propaganda. Recientemente, la canciller de EE.UU., Hillary Clinton, admitió que expertos del Departamento de Estado patrullan el internet y las redes sociales para neutralizar a la red terrorista al-Qaeda en su intento por reclutar nuevos seguidores.

La militarización de la red, como producto de este gran juego en el que se mezclan objetivos legítimos de seguridad e ilegítimos de sabotaje y espionaje, plantea duros retos sobre el libre uso del internet, concebido desde sus orígenes como un servicio de defensa, que luego se transformó en un motor de participación ciudadana e innovación constante.

Ese empoderamiento de la libertad, es justamente lo que los regímenes autoritarios ven como agente desestabilizador, por lo que imponen cada vez más restricciones. Existen 40 países que aplican trabas legales y prácticas al internet y las redes sociales, de solo cuatro que había hace una década.

Las excusas para controlar el internet son las tradicionales, seguridad nacional, injerencia al poder y desobediencia a la autoridad. Por ello, regímenes como los de China, Rusia, Saudi Arabia, Vietnam, Cuba y Venezuela, entre otros, promueven que la gobernanza del internet pase de manos privadas a las Naciones Unidas, como insistirán en diciembre ante la asamblea de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a realizarse en Dubai.

Sergei Brin y Vinton Cerf, creadores del motor de búsqueda más exitoso, Google, creen que el control de los gobiernos será un craso error, toda vez que el internet prosperó gracias a la iniciativa privada y a la libertad, y que fue la sociedad civil y la academia los que le insuflaron estándares de autorregulación para su desarrollo y gobernanza.

La experiencia indica que mientras en gobiernos democráticos el internet plantea problemas de intimidad, propiedad individual y seguridad, los regímenes autoritarios lo utilizan como sistema policial para vigilar y neutralizar la actividad de sus ciudadanos, así como para perseguir a opositores.

Si se considera que los gobiernos pudieran conseguir la gobernanza del internet y sumado a que la militarización de la red los está sofisticando cada vez más en el uso de controles cibernéticos que podrían aplicarse contra sus ciudadanos, se puede predecir que el clima de libertad del que hoy gozamos, será pronto cosa del pasado.

El golpe anunciado de Correa

Se sabía que el presidente Rafael Correa tenía la sangre en el ojo y lo venía anunciando desde hace meses. La 42 asamblea general de la OEA sería su escaparate de propaganda para vociferar en contra de la Comisión Interamericana de Derechos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Cuando Correa perdonó la sentencia que condenaba al diario El Universo, sus directivos y un ex columnista por el delito de difamación en su contra, dijo también que su perdón no incluía el olvido. Justamente eso quedó en evidencia hoy en la reunión de la OEA en Cochabamba, Bolivia.

El golpe de Correa contra estas dos instituciones es en represalia a las medidas cautelares que la CIDH dictó en apoyo a los demandados en aquella sentencia, que si se hubiese ejecutado, hubiera engrosado las arcas del presidente con 40 millones de dólares en indemnización.

Correa hoy volvió a los disparates que lanza durante sus alocuciones sabatinas haciéndose eco también de las posturas similares que ofrecieron los representantes de Venezuela y de Bolivia. Justamente el presidente Evo Morales, siguiendo con las amenazas de Hugo Chávez de que retiraría a su país del organismo interamericano, dijo que “para la OEA hay dos caminos: muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América".

Con la misma tónica de discurso propagandístico, lleno de frases hechas, Correa reclamó que existe descrédito de parte del sistema interamericano de derechos humanos debido a que se ha sometido a organizaciones no gubernamentales y a “los intereses del gran capital”. Agregó que ambos organismos están financiados por organizaciones de derecha neocolonialistas que boicotean a gobiernos con revoluciones sociales y que tienen doble moral, buscando criminalizar a los Estados.

Correa pidió que la Asamblea apruebe cambios – ver post anterior - que le quitarían independencia y autonomía a estos organismos, aspectos necesarios para que puedan hacer su labor de supervisión de los derechos humanos en cada país.

Aunque Correa no tiene muchas probabilidades de que los cambios se adopten, sabe muy bien por su sistema de propaganda, que debe desprestigiar a estos dos organismos para restarles credibilidad pública y así poner en entredicho lo que pueden actuar y decidir sobre su país y otros del Alba.

Cochabamba, DD.HH. y libertad de prensa

Este domingo comenzará la asamblea general de la OEA en Cochabamba, Bolivia, una reunión que tendrá amplia repercusión para los ciudadanos, ya que se abordará el tema de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Los Estados no lo harán en forma directa, sino mucho más sutil y peligrosa para estas dos disciplinas. En juego, está la independencia y funcionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ya que los gobiernos podrían aprobar una serie de recomendaciones hechas por un grupo de trabajo intergubernamental y por el secretario general, José Miguel Insulza, que buscan reformar los estatutos de la CIDH.

Las propuestas de reformas, muchas de las cuales son importantes para mejorar la eficiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tienen varios puntos recomendados por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que buscan neutralizar el trabajo de la CIDH y castigar la labor de la Relatoría.

Los cambios al estatuto y las recomendaciones sobre funcionalidad apuntan a darle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos, elaboración de informes e, incluso, permitiendo que los estados definan los términos de cómo son monitoreados por sus violaciones a los derechos humanos. También establecen que la Relatoría no podrá buscar fondos por fuera de los gobiernos americanos, que su informe anual no podrá referirse a cada país sino que deberá ser general y que deberá regirse por un código de conducta fiscalizado por los gobiernos.

La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que lo que está en juego en esta asamblea es la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría, organismos fundamentales para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.

Debido a la intervención de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes vienen criticando a la CIDH y a la Relatoría, es indudable que lograron que este tema legítimo de reforma se haya politizado. Debido a ello, sería importante que las reformas no fueran consideradas mientras perdure este clima de represalia, porque en juego están los derechos humanos y la libertad de expresión de cada ciudadano de las Américas, y no solo la de aquellos que simpatizan con los gobiernos del ALBA.

No puede haber apagón informativo

En estos días, en la derruida Grecia otro grupo de ciudadanos decidió ir a huelga para protestar por el descalabro económico. Los periodistas y medios de comunicación practicaron un apagón informativo de 24 horas para reclamar por la malaria que afecta al sector: 35 por ciento de los periodistas no tiene trabajo, los medios impresos han perdido hasta el 80 por ciento de su circulación en algunos casos y necesitan un nuevo convenio colectivo de trabajo que asegure sueldos dignos.

El apagón duró un día y ni siquiera las páginas de internet de los sitios más importantes, así como la radio, la televisión y las agencias de noticias produjeron noticias.

Realmente un escándalo de proporciones para el gremio, que no puede justificarse. Los periodistas, al igual que en otras profesiones de impacto social, tienen responsabilidades que no pueden desatender, del mismo modo que los médicos y trabajadores sanitarios no pueden dejar de operar un hospital, al menos con los elementos mínimos para atender emergencias. La información periodística es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad y su democracia; y el que no haya habido siquiera información de “emergencia” para los ciudadanos, implica que al periodismo le ha faltado estar a la altura de su responsabilidad ética.

Un apagón informativo general por 24 horas lo practicó el periodismo colombiano en 1986 para protestar contra el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y contra toda la violencia desplegada por el narcotráfico. Aquella fue una posición más defendible que esta de los griegos, aunque tampoco se puede justificar del todo. Digo que fue más defendible ya que lo que se buscó en el caso colombiano fue crear mayor conciencia sobre la violencia que afectaba a todo el país, mientras que en Grecia sólo se pidió por derechos y privilegios para el sector.

Esto no quiere decir que los periodistas y medios griegos no tengan el derecho a manifestarse o hacer huelgas, solo que no todos pueden ejercer ese derecho al unísono.

Mayor acceso al agua potable

RICARDO TROTTI: Pura y fresca; no tan dulce - Opinión - ElNuevoHerald.com

DD HH, libertad y Daniel Pearl

El último informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos fue lapidario con varios países latinoamericanos, entre ellos Honduras, Venezuela, Ecuador, México, Argentina y Cuba, temas que también se abordaron en forma coincidente y crítica por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

En ambos informes no hay cosas muy novedosas. En todos los casos se especifica que existe una marcada corrupción que no es castigada, que los poderes judiciales son ineficientes o están ligados al poder político y que, ya sea por la violencia del crimen organizado o de los propios estados, no se respeta la libertad de prensa. Como consecuencia de ello, la democracia se encuentra deteriorada.

En Argentina, donde el gobierno es criticado por manipular la información oficial y los periodistas se quejan de que la presidente Cristina de Kirchner ni los funcionarios de su cartera ofrecen conferencias de prensa,  el discurso oficial sigue siendo tan cínico como sarcástico. Casi al mismo momento que se daban a conocer estas críticas, la Presidenta fue a la sala de corresponsales en la Casa Rosada y, entre chistes y chistes, respondió a los periodistas que ella habla a través de sus discursos y actos públicos, y que jamás hablaría mal en contra de ella misma, por lo que las conferencias de prensa están descartadas.
Esta es tal vez la menor crítica que se le hizo al gobierno argentino, pero demuestra cómo son tomadas las críticas aun cuando vienen de organismos intergubernamentales como de las Naciones Unidas; pese a que, por otro lado, el gobierno ha hecho de los derechos humanos un leit motiv de su gestión.

Para mí hay dos cosas que se desprenden de esto: Primero, en Argentina como en los otros países se ha involucionado en materia de libertad de prensa; es como si estamos hablando de lo mismo que se criticaba hace treinta o cuarenta años atrás. Segundo, más allá de la legitimidad que unos y otros le pueden dar a un informe del Departamento de Estado, no comprendo cómo el gobierno de Estados Unidos no utiliza la Ley Daniel Pearl para presionar a los gobiernos. Esta ley indica que ante la falta de respecto a la libertad de prensa en un país, Estados Unidos puede condicionarle  la ayuda financiera.
Creo que el bolsillo a veces puede ser más eficiente que la política.

Villatoro es bandera y oportunidad

Hoy en el Día del Periodista que se celebra en Honduras, muchos marcharán bajo la consigna de exigir el esclarecimiento por el asesinato de Ángel Alfredo Villatoro.

Lo importante de la marcha de hoy es que en nombre de la causa de Villatoro, un periodista reconocido y conocido, se pedirá también por una veintena de casos de asesinatos ocurridos contra otros periodistas, muchos de ellos del interior del país que, a veces, suelen quedar en el anonimato y total impunidad.

Ojalá que el nombre de Villatoro sirva para unir a los periodistas y a los medios de todo el país bajo una causa común a favor de la violencia contra los periodistas y la violencia en general.

Son los periodistas y los medios quienes pueden transformarse en los agentes de cambio que necesita la sociedad hondureña para dejar la espiral de la violencia. Todas las sociedades en la historia necesitaron de un punto de inflexión, de quiebre, para producir cambios a favor de una cultura distinta y más deseada.

Sería de esperar que los periodistas y medios, y también las autoridades, entiendan que Villatoro puede ser ese punto de inflexión en la historia moderna de Honduras. Villatoro puede convertirse en la bandera de lucha por una causa justa y a favor de la libertad de prensa y del derecho del público a la información.

Villatoro es bandera y oportunidad. Queda en manos de sus colegas levantarla y asumirla.
 

El desafío de la violencia para los medios

La cobertura de la violencia no es nada fácil para los medios de comunicación, no solo por los riesgos que asumen los periodistas, sino porque existe una línea muy delgada entre informar con equilibrio, caer en el sensacionalismo o hacer apología del delito.

El hallazgo de 49 cadáveres descuartizados en un camino de Monterrey, el bombazo terrorista contra un ex ministro en el centro de Bogotá y las víctimas mortales en motines de cárceles hondureñas y venezolanas, son algunos de los hechos que en estos días desafiaron las políticas editoriales de los medios. No solo debieron sopesar cómo publicar, sino cómo lo haría la competencia y cómo se propagarían los hechos por las redes sociales, preocupación adicional inexistente hace unos años.

Pero la decisión se torna más difícil, cuando los medios son blanco directo de esa violencia, por lo que deben adoptar decisiones editoriales a veces contrarias a sus propios objetivos informativos, como ocurrió con el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo.

Dos días después de sufrir un atentado con metralleta y explosivos, El Mañana anunció en un editorial, que se abstendría de publicar información sobre las disputas violentas entre los carteles del narcotráfico. En un ambiente de impunidad, el diario razonó que la autocensura es la única forma para blindar a los periodistas; considerando, además, que ya ha sufrido otros atentados y que en 2004 fue asesinado su director editorial.

El Mañana también justificó su decisión para evitar la manipulación de los narcotraficantes, quienes en la divulgación de la violencia consiguen su objetivo de amedrentar a toda la sociedad y afirmar su dominio.

Decisión parecida adoptó esta semana el diario colombiano El Espectador, que tras el intento de asesinato del ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, se negó a publicar la noticia en su portada. En cambio, colocó un cintillo con fondo negro arriba de su logotipo en el que se leía “NO al terrorismo”.

Podrá argumentarse que esa decisión fue irrelevante en materia noticiosa si se considera que los detalles del atentado se desparramaron por otros medios y en las redes sociales, hasta con videos de teléfonos móviles capturados por los transeúntes. Sin embargo, la valía de la actitud editorial de El Espectador de no publicitar ese acto de terror, radica en su mensaje político frente a la violencia.

Similar al que adoptó en febrero, cuando decidió no publicar sobre atentados de las FARC en tres ciudades del interior o cuando en 1986 lideró un apagón informativo de un día que adoptaron todos los medios colombianos, en protesta por el asesinato de su director, Guillermo Cano, ordenado por Pablo Escobar.

Las decisiones editoriales no están exentas de provocar pérdida de credibilidad, ahuyentar a las audiencias o hasta provocar sanciones económicas y castigos legales. Por eso, muchos medios tratan de prevenir situaciones engorrosas con conductas de autorregulación, como lo hizo el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que en 2005 adoptó un manual de estilo para lidiar mejor con la publicación de hechos violentos.
Estas políticas por lo general no impiden publicar los hechos, sino asumirlos desde otra perspectiva. Recuerdo que tras el atentado terrorista contra el metro en Londres en 2005, un tabloide británico se diferenció del resto, con una plácida fotografía de un estacionamiento atestado de automóviles que no habían sido recogidos por las víctimas. Bajo el titular “El Día después”, su mensaje fue más potente que las demás portadas llenas de sangre, escombros e hierros retorcidos.

En Venezuela, en cambio, los medios no tienen mucho margen de maniobra. La autoridad aplicó la ley para censurar a El Nacional por publicar fotos de una morgue e impuso una multa millonaria a Globovisión, por mostrar imágenes de un motín carcelario. En Ecuador, una ley de Comunicación prevé cerrar aquellos medios que el gobierno considere que propagan la violencia, lo que, en un clima tan politizado, equivale a implantar la censura oficial.

Si bien el sensacionalismo puede disgustar a muchos, lo importante es permitir que los medios puedan asumir sus propias decisiones. En la pluralidad y diversidad de posturas editoriales, más que en la uniformidad que busca la censura, podrán encontrarse las mejores respuestas a la violencia.