Censura indirecta

Parte 2 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011)

Para hablar de libertad de prensa es necesario hablar de democracia. Ambas están estrechamente relacionadas. La calidad de una afecta a la otra. América Latina no es ajena a esta ecuación, ya que ambas disciplinas se desenvuelven en un contexto en el que persisten problemas estructurales e históricos.

La región ganó en democracia formal en los últimos 20 años, pero las instituciones son muy débiles y en muchos casos el Estado no logra resolver las necesidades de la gente. Los tres poderes del gobierno tienen los índices más bajos de credibilidad, pero hay otros datos que preocupan más. Los signos vitales de la democracia se están debilitando, como la independencia de los poderes, la transparencia de los procesos electorales y de participación ciudadana, así como el respeto por las instituciones, tal el caso de la prensa. Datos dados a conocer por el Freedom House a principios de 2011, avalan que la democracia ha retrocedido en 25 países del mundo, entre ellos tres de las Américas: Haití, México y Venezuela.

La falta de independencia de la Justicia, utilizada como instrumento político del poder en países como Bolivia, Nicaragua y Venezuela, es notable. A esto se suman gobiernos con sistemas muy presidencialistas y partidos políticos de oposición muy débiles.

Un 80% de la gente se siente desprotegida. Se vive en muchas ciudades en un clima permanente de inseguridad. El aumento del narcotráfico, del crimen organizado, de las pandillas juveniles y en muchos casos la corrupción de los propios gobiernos, especialmente las policías, como en Guatemala, Honduras y México, son parte del problema. En un reciente informe de Latinobarómetro se indica que Latinoamérica concentra el 27% de los homicidios, pero tiene sólo el 8% de la población mundial; y que una tercera parte de la población (200 millones) acusa haber sido víctima de algún tipo de delito.

Con excepciones como Chile, Costa Rica y Uruguay, América Latina sigue a la cabeza en índices de corrupción gubernamental en el mundo y con tendencia a crecer. Las multinacionales también contribuyeron, como IBM, Chevron o antes Chiquita, en casos que en su momento se relacionaron a Argentina, Ecuador y a países centroamericanos, respectivamente.

En materia educativa, los índices indican que la región está a la zaga. Aunque hay avances en alfabetización, como en Cuba, Brasil y Venezuela, los sistemas educativos no preparan a la fuerza laboral para competir en un mundo más globalizado. Producto de ello, el desempleo es tan alarmante como baja la producción; siendo un continente cuyas exportaciones dependen de materia prima, no de productos manufacturados.

La mayor exportación latinoamericana en todo caso, sigue siendo la de cerebros. La región sigue expulsando materia gris, mientras que persiste el problema de la migración interna, de migrantes del campo estableciéndose en zonas urbanas, lo que genera problemas de infraestructura, desarrollo y salud pública, y abriendo la brecha de la desigualdad, como sucede en Bolivia, Brasil y Nicaragua, entre otros países, donde la pobreza y el hambre siguen avanzando. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, existen 53 millones de subnutridos en América Latina. 

Periodismo en un contexto difícil

Parte 2 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011)

Hacer periodismo en este contexto no es fácil. La prensa muchas veces sufre las consecuencias, a veces por su falta de profesionalización,  independencia, otras porque debe llenar el vacío que provoca la ausencia o debilidad de otras instituciones como los partidos políticos. También porque sus denuncias e investigaciones provocan represalias tanto de gobiernos como de sectores de poder y grupos al margen de la ley.

Más allá de las situaciones de censura directa contra la prensa, definidas por los atentados contra los medios de comunicación, las agresiones, asesinatos, secuestros, amenazas (23 periodistas fueron asesinados en 2010 en la región); por el encarcelamiento arbitrario de comunicadores independientes en Cuba y por las leyes de prensa que pretenden controlar los contenidos periodísticos, existen otras formas indirectas de control y censura que afectan el libre ejercicio del periodismo.

Todas estas censuras, ya sean directas o indirectas, tienen la intención de provocar la autocensura, que los medios y periodistas se silencien por temor a sufrir represalias.

Campañas de desprestigio

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe plena libertad de prensa. La presidenta argentina Cristina de Kirchner sostuvo en un mitin político reciente, que todos pueden decir lo que piensan y quieren en su país.

Pero esa es una verdad a medias. La libertad de prensa no solo implica el derecho a decir las cosas, sino a no ser molestado ni perseguido por hacerlo. Y ese no es el caso en la Argentina actual, tampoco el de Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, cuyos gobiernos, en forma sistemática, discriminan y toman represalias contra los medios y los periodistas críticos e independientes.

Los gobiernos comúnmente lo hacen a través de campañas sistemáticas de desprestigio para desacreditar a los periodistas y medios, calificándolos de estar al servicio de los golpes de Estado, como Hugo Chávez; o a favor de la burguesía, como Rafael Correa; o del imperialismo, como Evo Morales.

Por lo general, las medidas contra la prensa son groseras. Implican clausurar medios en Venezuela; acusar de terrorista a un periodista ecuatoriano por patear una granada lacrimógena hacia donde estaba el Presidente o acusar sin evidencia a ejecutivos de los diarios argentinos Clarín y La Nación por crímenes de lesa humanidad al haber comprado una fábrica de papel durante la dictadura.

En ocasiones no son medidas tan evidentes, sino sutiles, pero igualmente contundentes, dirigidas a corroer la salud económica del medio.

Coerción económica contra la prensa

Parte 3 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011)

Los métodos son variados, discriminación de la publicidad oficial, segregación en el otorgamiento de licencias para operar radio y televisión, presión fiscal, estorbos a la importación de insumos y a la distribución de las noticias.

El uso discriminatorio de la publicidad oficial para premiar a la prensa condescendiente y castigar a la independiente y crítica, sigue siendo el arma más usual y rápida de corrupción y más difícil de contrarrestar. Los gobiernos siguen reacios a regular normas de transparencia que los obliguen a distribuir publicidad con criterios técnicos y equitativos.

En Argentina, donde los gobiernos históricamente han utilizado este mecanismo de prensión, el diario La Nación de Buenos Aires reveló que el Poder Ejecutivo gastó 27 millones de dólares del erario público en publicidad oficial, pero entregó el 67,5% a Canal 9, propiedad de un empresario identificado con el gobierno, en desprecio de los demás canales que poseían mayor audiencia y rating.

En Nicaragua, varios medios pequeños del interior y radioemsiroras en Managua debieron cerrar sus puertas en 2010, obligados por el retiro de la publicidad oficial, en represalia por no haber “beneficiado” editorialmente al gobierno de Daniel Ortega.

En ambos países también se advierte como los sindicatos son manipulados por los gobiernos, con los que comparten sus ideologías, para tomar represalias contra los medios. Tanto en Buenos Aires como en Managua, fueron comunes en 2010 los bloqueos de los gremialistas contra los canales de distribución de periódicos locales.

En otros países, los gobiernos adoptan mecanismos de coacción económicos, ya sea con la creación de impuestos especiales o dificultando los procesos administrativos para retirar el papel periódico y otros insumos importados de las Aduanas, como en su época lo hacía el ex presidente argentino Juan Domingo Perón o el PRI cuando era gobierno en México.

El Estado “informador”

Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos, sus funcionarios o testaferros están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos, pero que luego no usan como medios públicos, sino para defender sus intereses de gobierno.

Los amigos del kirchnerismo en Argentina esperan como buitres la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales cuyo artículo 161 obliga a las empresas a desprenderse de sus medios en menos de un año, aunque ya han venido comprando medios en todo el país, con el objetivo de mantener aceitado un aparato de propaganda de cara a las elecciones de octubre próximo.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega quedó de propietario particular de los canales 4 y 8 y de las radios Ya y Sandino, con dineros públicos, según las denuncias por corrupción en su contra. Hugo Chávez cerro y expropió RCTV en 2007 así como cinco otros canales de cable y 34 radioemisoras, pero con el mismo ritmo creo 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios de propaganda en internet, y agencias de noticias internacionales.

Rafael Correa confiscó canales y un diario, y también con dineros públicos creó Periódico Popular, un diario que compite contra los demás, bajo la excusa de que todos mienten, menos el gobierno. Evo Morales, por su parte, creo un sistema de radios comunitarias y de televisión, así como adquirió medios escritos con dineros provistos por el gobierno venezolano, medios que también usa para sus intereses personales.

Leyes de y contra la prensa

Parte 4 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011) 

Lo que asusta sobre la censura indirecta es que sus métodos están implícitos y permitidos en leyes de prensa adoptadas en Venezuela y Argentina, la que este año se espera aprobar en Ecuador, y las que se proyectan en Bolivia y Brasil.

En Venezuela, antes de finalizar el 2010, el oficialismo se apuró en aprobar estatutos para restringir a los medios, el internet y las redes sociales como Twitter y Facebook, con las reformas a la Ley de Responsabilidad Social y a la Ley de Telecomunicaciones.

Las nuevas reglas que obligan a los proveedores de internet a restringir la difusión de información y acceso a portales que critiquen al gobierno, promuevan el desorden público o actos contra la seguridad nacional.

Sus ataques no son nuevos. Incluso pretende cerrar Globovisión, la única televisora crítica, de la que el gobierno ya se apropió un 20%. Las nuevas normas establecen criterios de propiedad y de operación más restrictivos que harán casi imposible que el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, en proceso de asilo político en EEUU, se mantenga como dueño.

En Ecuador se mantiene el debate sobre la Ley de Comunicación, calificando a la información como de “bien público”, un argumento que le permite al gobierno justificar su injerencia en los contenidos. En enero de 2011, Rafael Correa propuso un referendo en el que dos de 10 preguntas se refieren a los medios, en especial plantea la necesidad de que el Estado debe limitar la propiedad de los medios y sus contenidos cuando éstos afecten las buenas costumbres.

Menos democracia, más ataques

Antes como ahora, queda demostrado que el autoritarismo de un gobierno es directamente proporcional al tiempo que gasta en controlar la libertad de prensa. Y cuanto más tiempo ocupa para ello, más terca y revanchista se torna su actitud en contra del periodismo.

Los ataques a la libertad de prensa no mermarán en América Latina, a no ser que mejore el clima institucional y la democracia. Ambas, como dije al principio, son inseparables. Pero si la democracia desmejora, veremos que se seguirán multiplicando los ataques contra la prensa.

Sida y cáncer; derecha o izquierda

Muchos se equivocaron, incluso Mario Vargas Llosa. El premio Nobel predijo que elegir entre Keiko Fujimori u Ollanta Humala sería un mal para el país, como tener que elegir entre sida o cáncer. Lo dijo poco antes del domingo pasado cuando quiso inclinar la balanza fuera de estas dos alternativas populistas; la de Ollanta, cercana a la izquierda y a un nacionalismo que no puede ocultar sus lazos con el chavismo venezolano, y la de Fujimori, un populismo de derecha que nació y se nutrió de la mano de su padre, quien transformó (o al menos lo intentó hasta que renunció por fax desde Japón) al Perú en una monarquía presidencialista.

Veremos cómo se comportan las otras fuerzas del Perú que se quedaron con las ganas y que juntas rechazaron completamente a estos dos nacionalismos. Para junio falta una eternidad, es decir unas pocas semanas, pero a juzgar de cómo cambiaron las intenciones de voto en el último mes y en la última semana, todo parece indicar que no se pueden hacer muchas apuestas.

¿Podrá Humala romper el maleficio esta vez y no perder como le ocurrió con Alan García en la última elección? ¿Podrá Fujimori reivindicar la figura corrupta de su padre y sumar las voluntades de quienes se oponen a la izquierda por una cuestión de piel?

El autoritarismo de Alberto Fujimori le hizo tanto mal a la derecha como el de Hugo Chávez a la izquierda y ese es justamente el que Humala se muere por imitar. ¿Será que terminará inclinándose por Chávez, o por el igualmente autoritario y popular Rafael Correa, o se guiará por los ejemplos de Mauricio Funes?

Las opciones de uno de los países estrellas de América Latina parece que está en riesgo de palidecer. A no ser que Humala, si gana, se vaya por el camino de Lula o si Keiko, de salir vencedora, se enfile tras Juan Manuel Santos. Dos presidentes, izquierda y derecha, con grandes contrastes, pero enfocados en los mismos objetivos: crecimiento, igualdad y una buena política de derechos humanos.

Libertad de prensa en el hemisferio

RICARDO TROTTI: Sutilezas del poder - Opinión - ElNuevoHerald.com

Conclusiones de la SIP en San Diego

El lúgubre récord de periodistas asesinados continuó expandiéndose durante el último semestre en América Latina, donde el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente en casi todo el continente, particularmente en Argentina y Ecuador.
Las acciones violentas del crimen organizado se cobraron las vidas de cinco periodistas (tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras). Otro reportero mexicano permanece desaparecido. En México, la nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo, las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar estos crímenes no se han cumplido y continúan sin ser consideradas por el Congreso. Tanto en ese país como en Honduras, grupos de medios de comunicación suscribieron acuerdos para dar un tratamiento especial a las noticias sobre el narcotráfico. Pero la mancha del crimen organizado (tanto de las bandas de narcos, como de grupos guerrilleros y paramilitares) se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y los de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas contra periodistas levantan el riesgo de que la autocensura se imponga.
En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio promovidas por los presidentes contra medios y periodistas.
Las agresiones verbales y físicas contra periodistas, así como las amenazas, ocurren también en Honduras, República Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Guatemala.
Por otra parte, sentencias o decisiones judiciales, así como leyes o proyectos de ley, tienen al menos la potencialidad de afectar de distinto modo a la libertad de expresión en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, Jamaica, Bolivia, Brasil, Uruguay y Canadá.
La distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
El acceso a la información pública continúa siendo más una promesa que una realidad efectiva. En algunos países, hay proyectos de ley en la materia que permanecen encajonados en los Congresos, mientras que en otros, las leyes ya fueron aprobadas pero se cumplen de un modo muy insuficiente a raíz de la cultura del secreto que se mantiene en la Administración Pública.
La construcción de redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
En Venezuela, al clima de hostilidad contra la prensa que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez (con medios clausurados, periodistas exiliados, censura judicial y disidentes encarcelados), se sumaron leyes que extienden a Internet las restricciones informativas que ya existían sobre la radio y la televisión abierta.
La liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación. Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, las acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes. En Cuba, los ciudadanos comunes están impedidos de conectarse a Internet. El régimen considera que redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube son enemigos.
O caso de Argentina merece especial destaque. Un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios “amigos” con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores afines al gobierno, incumpliendo órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa.
Ecuador también merece especial destaque. El gobierno del presidente Rafael Correa apretó el acelerador en su carrera de cuatro años contra el periodismo independiente o crítico. El presidente presentó dos demandas millonarias contra periodistas y un diario, a quienes reclama indemnizaciones de 80 millones de dólares, con el evidente propósito de acallar a las voces críticas. La Policía ecuatoriana irrumpió a su vez en la sede de una revista, incautando computadores y otras informaciones periodísticas sensibles. El panorama ya muy problematizado de Ecuador puede agravarse de modo inusitado si el próximo 7 de mayo el presidente Correa consigue hacer aprobar en un referéndum normas para crear un consejo estatal destinado a regular y controlar los contenidos de la prensa.
Como ha dicho el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, “las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales (...) son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad (...), para avanzar en sus esfuerzos por tener únicamente medios con voces afines y disponer, entonces, del monopolio de la información”.

Libertad de prensa: país por país

Este es el resumen de los temas más importantes que se discutieron país por país en esta reunión de la SIP, en San Diego, California.

Argentina
Dentro de una campaña de hostigamiento promovido y tolerado por el gobierno, continuó el acoso contra los medios. Un incidente grave fue el bloqueo a la distribución de diarios el 27 de marzo, con la cual se limitó la circulación de La Nación, y Clarín y Olé no pudieron ser distribuidos.

Un fallo de la Corte Suprema mandó al gobierno a no discriminar a los medios mediante el otorgamiento de pauta oficial; mientras en el Congreso sigue estancado un proyecto de ley de acceso a la información pública.

Bolivia
A pesar de las críticas de las organizaciones periodísticas, fue sancionada la Ley de Lucha Contra el Racismo, lo que restringe a los medios en su contenido, obliga a publicar información en forma gratuita y sanciona con cinco años de cárcel y suspensión de licencias a los medios infractores.

Continua la discriminación contra los medios en el otorgamiento de publicidad oficial y un proyecto de ley sobre acceso a la información pública sigue estancado en el Congreso.

Brasil
El nuevo gobierno de Dilma Rousseff arrancó con un compromiso de respeto a la libertad de prensa. Sin embargo, el Congreso empezará a tratar varias leyes preocupantes como la de regular los contenidos e medios y reincorporar la exigencia de diploma universitario en periodismo para ejercer la profesión.

El atentado contra un bloguero que milagrosamente salvó su vida, forma parte de la violencia en contra de los periodistas que denuncian el crimen organizado y actividades del narcotráfico.

Canadá
Dos fallos judiciales restringen la labor periodística en las cortes, no permitiendo que ni siquiera se transmitan grabaciones de los procesos ni que los periodistas puedan usar sus cámaras fuera de los lugares designados por el juez.

Chile
Persiste sin resolución una reforma al Código Civil, que autorizaría indemnización sin límites en casos de difamación, permitiendo demandas millonarias contra los medios, un incentivo a la autocensura.

Un proyecto de ley en discusión en el Senado establece porcentajes para la propalación de música nacional en las radios, entrometiéndose con las políticas editoriales de esos medios.

Colombia
Varios proyectos de ley con fines loables, por ejemplo, contra la discriminación, el racismo, la violencia y la publicidad, esconden restricciones a los contenidos periodísticos.

Un proyecto de ley en el Senado revive la colegiación obligatoria y la tarjeta profesional de periodistas, y la cláusula de conciencia.

Costa Rica
El Ministerio de Comunicaciones anunció una serie de medidas para limitar el número de preguntas y de participantes en las conferencias semanales de la Presidencia.

El proyecto de ley sobre transparencia y acceso a la información fue retirado de la Asamblea. También fue propuesta la discusión de la iniciativa sobre libertad de expresión y de prensa.

Cuba
Las 75 personas encarceladas en la “Primavera Negra” (marzo de 2003) fueron liberadas. Muchos de ellos, periodistas independientes fueron desterrados. Solo 10 personas lograron permanecer en el país bajo condición de procesos abiertos, por lo que pueden regresar a prisión por cualquier delito.

A pesar de ello y de la visita de Jimmy Carter, quien se reunió con los disidentes y periodistas independientes, el régimen aumentó la represión contra la libertad de asociación, reunión, expresión; así como las restricciones al uso del internet.

Ecuador
Una consulta popular impulsada por el presidente Rafael Correa para el 7 de mayo busca crear un ente oficial que regule a la prensa y que se disponga constitucionalmente que los dueños de medios puedan ser propietarios de otro tipo de empresas.

En su prédica contra la prensa a la que calificó de corrupta, Correa demandó por difamación a periodistas y diarios por casi 100 millones de dólares.

El Salvador
Fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública que entrará en vigencia en un año.

Continúa el debate en el Congreso sobre reformas al Código Penal para despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias.

Estados Unidos
Continúa la controversia por la solicitud del gobierno de abrir causas judiciales contra los responsables de WikiLeaks, respecto a la distribución de cientos de miles de documentos clasificados diplomáticos.

El gobierno de Barack Obama es considerado uno de los más cerrados en materia de información pública, según lo demostraron estudios.

Guatemala
A pesar de una ley de acceso a la información vigente desde 2009, los organismos del gobierno son reticentes a entregar información y el estado tampoco ha hecho nada para educar al público sobre los alcances de la ley.

Han aumentado las agresiones contra los periodistas en el interior del país, en gran parte por la mayor actividad del narcotráfico.


Haiti
Continuó registrándose un gran número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, dentro de un contexto de violencia generado por el proceso electoral que se extendió desde las elecciones realizadas el 7 de diciembre hasta la segunda vuelta celebrada el 20 de marzo.

Honduras
El gobierno, con la ayuda de fuerzas de Estados Unidos, Colombia y España, conformó un equipo de investigadores para esclarecer los crímenes de 11 periodistas ocurridos en el último año y medio.

Se intensificaron las agresiones contra periodistas y medios durante la Presidencia de Porfirio Lobo, como consecuencia de la crisis política que continúa y se acentuó desde el golpe en 2009 y del aumento del crimen organizado.

México
Tres periodistas fueron asesinados en este período y otro fue secuestrado y permanece desaparecido, además de que persisten en la impunidad las decenas de reporteros que fueron muertos en 2010 y años anteriores.

El presidente de México, Felipe Calderón, no honró los compromisos con los que establecería un sistema de protección para periodistas y la promoción de una ley que sobre la federalización de crímenes contra periodistas.

Nicaragua
El gobierno sigue tomando represalias en contra de los medios de comunicación, tanto en el impedimento de acceso a materiales importados, la discriminación de la pauta oficial y en las recurrentes inspecciones fiscales.

También como parte de este accionar, varios periodistas y medios independientes que resaltaron hechos de corrupción en la administración pública y criticaron la posibilidad de reelección del presidente Daniel Ortega, han sido amenazados.

Paraguay
Todavía sigue sin fecha el tratamiento en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que data de 2003.

Varios juicios por querellas, contra periodistas y medios de comunicación, incentivan un clima de autocensura y limitación informativa.
Fue asesinado el locutor Merardo Romero, aunque se desconocen las razones del crimen.

Perú
Existe proliferación de proyectos de leyes que afectan la libertad de prensa, así como sentencias condenatorias contra medios, penales y civiles.

Existen propuestas de mecanismos restrictivos y sanciones penales contra medios y periodistas que divulguen conversaciones privadas obtenidas subrepticiamente.

Puerto Rico
Los periodistas y fotógrafos fueron blanco continuo de agresiones por parte de policías durante una prolongada huelga estudiantil en la universidad estatal del país.

El Tribunal Supremo desestimó una demanda de organizaciones periodísticas contra el presidente del Senado por desalojar a los periodistas y no permitirles la cobertura en esa entidad pública.

República Dominicana
El Congreso debe tratar pronto cinco leyes presentadas por el Poder Ejecutivo sobre libertad de expresión, internet, publicidad comercial, publicidad oficial y una reforma a la ley de acceso a la información; pero se desconocen sus contenidos.

Los periodistas continúan siendo objeto de agresiones y amenazas por parte de los policías, mientras que tienen restringido su acceso y su labor en los tribunales.

Uruguay
A pesar de que el presidente José Mujica afirmó que rechazaría cualquier ley de prensa, otros miembros de su gobierno insisten en una ley de radiodifusión que contendría limitaciones en los contenidos y a la libertad de prensa.

Un juez dictó sentencia condenatoria contra el periodista Alvaro Alfonso a 24 meses de prisión por el delito de difamación. Cumplirá su sentencia en libertad condicionada.

Venezuela
El gobierno de Hugo Chávez continúa con sus agresiones a la prensa y a la expresión, en especial con reformas legales que restringen la comunicación en el internet y las redes sociales.

Los periodistas continúan teniendo dificultades para acceder a fuentes de información oficial; mientras el gobierno se quedó con el 20% de Globovisión.

El premio a Chávez

A juzgar por la bufonada de una universidad argentina de premiar a Hugo Chávez por su lucha a favor de la libertad de expresión, parece que la época de carnavales todavía no termina en el sur del continente o que se vive en un eterno día de los inocentes.

Homenajear a Chávez por defender lo que siempre atacó y denigró, debe tomarse más como una comedia circense que una burla a la democracia. Porque ese gesto elogioso que la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata le dispensó esta semana al enemigo número uno de las libertades públicas de Venezuela y del continente, tiene tanta insensatez como si el premio a los derechos humanos se lo hubieran otorgado al dictador Rafael Videla, el de la fidelidad conyugal a Bill Clinton o el de la sobriedad, al actor Charlie Sheen.

Es poco serio, para decir lo menos. Porque además, durante la entrega del premio en La Plata, la comparsa del gobierno de Argentina, que se ufanó de las arremetidas de Chávez contra la prensa, estaba tan extasiada por la presencia del venezolano como por la de sindicalistas del séquito gubernamental, que días antes bloquearon con éxito la distribución de los diarios Clarín y La Nación.

Los periodistas y los medios no son santos, como los académicos anfitriones de la ceremonia resaltaron. Pero encontrar en esas críticas la fuente de inspiración para descubrir los méritos a la “comunicación popular” de Chávez, parece una broma de mal gusto. Más allá del cierre de RCTV, de 35 emisoras, de crear medios y usarlos como órganos de propaganda personal como Telesur, de perseguir periodistas y opositores con jueces sometidos, Chávez pasará a la historia como el presidente contra quien pesan más acusaciones sobre violaciones a la libertad de prensa en organismos internacionales.

Solo en el 2010 se procesaron en su contra 133 denuncias por agresiones a periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto sin contar, que la mayor embestida a la “comunicación popular” la cometió hace un par de meses, cuando por ley restringió e impuso censura previa a los portales de internet y redes sociales para que filtren toda crítica contra su persona y contra lo que él considere pueda ser agraviante a los intereses del gobierno.

El circo montado con este galardón lo desvirtúa en sí mismo. Máxime, porque también lo recibió Evo Morales, con quien comparte esa aberración contra la libertad. Con estos antecedentes, no sería extraño que el año próximo decidan otorgárselo al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien también tiene un rico historial contra los medios de su país.

Correa es aún más virtuoso en sus ataques. Economista al fin, sabe que la debilidad económica merma la independencia de las empresas y con ello aumenta su capacidad para dominarlas. Así como Chávez, Morales y Daniel Ortega, en pocos años, Correa no sólo confiscó y creó medios, sino que logró conformar un conglomerado periodístico propio que es mucho más despiadado y manipulador, que aquellos grupos independientes a los que acusa de “terrorismo mediático”.

Sin embargo, la estrategia que desenmascara su actitud más falaz, consiste en entablar demandas por difamación y reclamos millonarios. De tener éxito con la que entabló esta semana contra el diario El Universo de Guayaquil, Correa se convertirá en el presidente más rico del continente. Cree que le deberán indemnizar con 80 millones de dólares para reparar su imagen, lo que se suma a 420 más que pidió en otros juicios contra periodistas, editores y columnistas.
Pero más allá del circo, de los ataques y los premios inmerecidos, preocupan los actores directos de este entuerto: los estudiantes. No aquellos que se deleitaron por la desfachatez del premio, sino aquellos que esperan recibir una formación sobre los valores que definirán su futuro - verdad, equidad e independencia – en el entendimiento, además, que la excelencia profesional que promueve el premio Rodolfo Walsh no solo conlleva la responsabilidad para la artesanía de las noticias, sino también la de defender la libertad de prensa.
La comparsa a Chávez desvirtúa todos estos valores, por lo que si fuera estudiante, no podría evitar hacerme esta pregunta: ¿Debo seguir estudiando en esta universidad?

Encuestas; medios nuevos y tradicionales

El internet, los blogs, las redes sociales y toda una gama de nuevas formas de comunicación gracias al desarrollo tecnológico, han traído consigo nuevos desafíos sobre las restricciones que pesan sobre los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo, la prohibición que existe en numerosos países a publicar resultados de encuestas y sondeos de preferencia sobre los procesos electorales.

Uno de estos desafíos se presenta en Perú, de caras a las elecciones presidenciales, donde desde mañana lunes es el último día en que se pueden publicar en los medios tradicionales este tipo de información. Pero la pregunta que me hizo una periodista de la sección de Política de El Comercio, diario de Lima, esconde el desafío de cómo considerar a Twitter o a Facebook, por ejemplo, en el caso de que publiquen encuestas. ¿Son las redes sociales medios de comunicación por lo que están limitadas por lo que establece la ley?

La pregunta vino a raíz de que el Jurado Nacional de Elecciones lanzara la advertencia a los cibernautas de que podrían recibir una multa de hasta 360 mil soles si difunden encuestas dentro del período de restricción que establece el artículo 191 de la Ley Electoral: “La publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones por los medios de comunicación puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones”.
Mi respuesta a la periodistas fue la siguiente, previo aclaración de que las prohibiciones a la publicación con anticonstitucionales, ya que se prohíbe cualquier tipo de censura previa. Máxime, porque debe tenerse en cuenta el tiempo de la prohibición, ya que en algunos países suele ser de 15 días, en otros de siete y en otros de sólo un día. Me da la sensación de que la restricción a publicar el mismo día o los dos previos puede estar justificado de la misma forma que se evita que en esos días (en muchos países) se vendan bebidas alcohólicas.
Ahora bien. En cuanto a las redes sociales, blogs e información en portales de internet, éstos sí son medios de comunicación que deben ser alcanzados por las mismas restricciones. No hay diferencia. Así sea un blog o una red social que tenga una visita al día como dos millones. Son medios de difusión y de participación ciudadana. Mal sería que se prohíba a un periódico impreso publicar algo, y no hacerlo a alguien que lo haga por Twitter; porque en realidad lo que importa es la difusión del mensaje.
De todos modos, imagino que la autoridad tendrá que aplicar las restricciones a la fuente que pueda originar la información y difundirla, porque si bien un medio tradicional, con personería jurídica y residencia estable en el país, puede ser fácilmente pasible de la multa o la pena, uno se pregunta qué pasaría con alguien externo al Perú, que viva en el exterior o que utilice un anónimo en su blog, que divulgara los resultados de las encuestas a través de su blog, por Facebook o Twitter. ¿Cómo se aplicaría la ley?
Es obvio que las nuevas tecnologías y los nuevos medios han atraído grandes desafíos para nuestra sociedad que a veces es muy tradicional y se encuentra descompasada con la realidad.