Arizona y las encuestas

Acabo de ver un programa de televisión muy malo por Univisión en el que los periodistas María Elena Salinas y Jorge Ramos en un foro televisivo por la Ley 1070SB de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, estuvieron permanente bregando y preguntando y digitando sus preguntas para hacerla ver como racista e inconstitucional, a pesar de que mostraron cierta objetividad en el equilibrio bipartidista de los invitados.

No discrepo sobre que la ley puede ser mala, pero lo que no me gustó es que los periodistas trataron de llevar toda la noche a la audiencia a tener una reacción contraria a la prensa, algo que vino sucediendo con la mayor parte de la prensa.

Salvo algunas excepciones, la ley antiinmigrante de Arizona, es duramente criticada por los activistas de derechos humanos y civiles, por la prensa, por los artistas de diferentes disciplinas, por los líderes de opinión, por el UNASUR, y por el propio Barack Obama, cuyo gobierno considera bloquearla a través del ministerio de Justicia, lo que le ha dado plafón para comenzar un debate nacional sobre una ley que regularice a millones de indocumentados en el país.

Lo que no me gustó es que se haya dicho poco de una ley que si bien ha generado la repulsa de miles de hispanos y otras minorías, provocado que varias ciudades importantes le declararan el boicot a Arizona, es que no se haya dicho nada sobre las encuestas del Pew Center que esta semana mostraron que un 73 por ciento de estadounidenses la favorece. Otro sondeo de McClatchy-Ipsos a principios de este mes, reveló que el 61% de los estadounidenses está de acuerdo con la ley (64% de ellos son electores), por motivos que tienen que ver con la seguridad en el país y el desempleo, dando a entender que los inmigrantes ilegales ponen en riesgo, al menos, estos dos temas tan importantes para la ciudadanía establecida.

El periodismo de esta noche me pareció demagógico, tratando de adular a la audiencia o a las mayorías de Univisión.

Obama nuclear

El fallido atentado con explosivos en el corazón de Nueva York y la posible conexión de su autor al Talibán paquistaní o a Al-Qaeda, renueva la preocupación sobre la posibilidad de que dispositivos nucleares caigan en manos de terroristas, y demuestra la acertada visión del presidente Barack Obama a favor de un mundo sin armas atómicas.

En los últimos 30 días, el presidente estadounidense hizo méritos suficientes para ganar el Premio Nobel de la Paz por el que fue tan cuestionado el año pasado. El 8 de abril firmó con Rusia el pacto de reducción de armas nucleares más importante de los últimos 20 años que prolonga la vida al tratado START I; mientras días después convocó a 47 países a Washington, comprometiéndolos a reducir su capacidad nuclear, cerrar reactores y resguardar el uranio enriquecido de manos terroristas.

Aunque el tema no tiene la repercusión mediática ni social como el cambio climático o la recesión económica global, la preocupación es mayúscula. Al contrario de lo que sucedía durante la Guerra Fría cuando EEUU y la URSS desconfiaban sobre quien oprimiría primero el botón rojo, ahora son los poderosos grupos extremistas, ayudados por el crimen organizado y el narcotráfico, los que podrían acceder fácilmente a bombas atómicas.

En un mundo tan interconectado, las consecuencias son inimaginables, no solo si se atentara contra poblaciones, sino contra sistemas estratégicos, como electricidad, seguridad, petróleo o reactores comerciales. Los accidentes nucleares de Three Mile Island de Pensilvania en 1979 y de Chernobyl de Ucrania en 1986 son recordatorios de esa fragilidad mundial.

La voluntad de Obama para alcanzar un mundo más seguro, también la ha hecho prevalecer a nivel interno. Esta semana en la apertura de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear que la ONU alberga hasta el 28 de mayo, reveló, a contrapelo de críticos internos, que EEUU reducirá su arsenal nuclear hasta quedar con solo 1.500 armas atómicas, poderío que ya había reducido en un 84% para fines del año pasado, de las 31.225 ojivas nucleares que poseía en 1967.

Esta desusada transparencia le dio a Obama legitimidad y liderazgo para plantear varias exigencias a nivel global. Estimular el desarme, obligar a quienes no firmaron todavía pacto alguno, como Israel, a que transparenten su arsenal y arremeter contra Corea del Norte e Irán, para que abandonen sus planes nucleares so pena de castigo internacional: “Quienes hacen caso omiso a sus obligaciones se encuentran menos seguros, menos prósperos y más aislados”, aseguró Obama.

Su mensaje directo sobre el posible uso de fuerza militar disuasiva contra los países díscolos, si las sanciones económicas no prosperan, fueron la “última advertencia” para el desafiante presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, quien, basado en el principio de "energía nuclear para todos y armas nucleares para nadie", afirmó ante la ONU que no detendrá su plan nuclear ni permitirá inspecciones foráneas. Ahmadinejad, al mejor estilo de su íntimo amigo Hugo Chávez, acusa al Organismo Internacional de Energía Atómica de estar manipulada por EEUU, pregonando la creación de un nuevo organismo mundial, del que esperaría que respete su secretismo e intenciones de borrar a Israel de la faz de la tierra.

En cambio en Latinoamérica, respetuosa del tratado de Tlatelolco de 1967 que proscribe las armas nucleares, Obama no encontró escollos. Entre los países con capacidad nuclear, la argentina Cristina Kirchner brindó garantías para recibir comisiones verificadoras, el chileno Sebastián Piñera ya comenzó a enviar plutonio a EEUU por razones de mayor seguridad y Felipe Calderón aceptó la cooperación de EEUU y Canadá para reducir el enriquecimiento del uranio mexicano, evitando que pueda ser utilizado en bombas atómicas.

Lo único que le resta a Obama en el sur es convencer a Luis Inácio da Silva para terminar de cercar a Irán. Es que el presidente brasileño todavía ve como ineficiente un bloqueo económico contra ese país, a pesar de que brega por la eliminación “total e irreversible” de armas nucleares para que los terroristas no las adquieran. Lo que tal vez no comprende Lula, el líder más influyente del mundo según la revista Time, es que las sanciones económicas son la alternativa más potable para alcanzar la paz nuclear.

El Papa, justicia y perdón

La llegada del Papa Benedicto XVI y su discurso sobre el perdón, el arrepentimiento, la penitencia y la justicia no pudo ser más oportuno, y sirve para derribar las críticas de aquellos que pensaban que el Pontífice estaba involucrado en casos de encubrimiento de pederastia y para, de una buena vez por todas, dar un mensaje contundente a todos los obispos y curas sobre que ya no se tolerará más el delito. Los delincuentes, pederastas y pedófilos, deberán ser sometidos a la justicia ordinaria.

El mensaje del Papa es muy bueno porque es esclarecedor para aquellos que pensaban o decían que la Iglesia era injustamente perseguida por las denuncias públicas y mediáticas que se hacen. El Papa fue muy claro, aseverando que el abuso sexual perpetrado por sacerdotes y religiosos es la amenaza más grande que sufre la Iglesia Católica: la mayor persecución “nació de los pecados dentro” de la Iglesia y no por fuera.
“La Iglesia necesita reaprender profundamente la penitencia, aceptar la purificación, aprender el perdón, pero también la justicia”, dijo el Pontífice, esclareciendo lo que considero es lo más importante para distinguir entre tanta confusión: “El perdón no reemplaza a la justicia''.
Creo que esta es la gran diferencia que estableció el Papa. Marcó la diferencia entre el pecado y el delito.
El primero lleva a la actitud de la penitencia y la búsqueda del perdón misericordioso; mientras que al segundo se le impone la justicia y el castigo social. Ambos coinciden, empero, en que buscan – de maneras diferentes – el arrepentimiento y una conducta individual y social mejorada.

Libertad: izquierda y derecha

Comparto con ustedes una respuesta breve que di al periodista Tim Rogers, del diario Tico Times de San José, Costa Rica sobre el trato diferente que los gobiernos de izquierda y de derecha dan a la libertad de prensa, medios y periodistas.

Tim Rogers: ¿Cree usted que el problema de libertad de prensa tiene bandera política? Es decir, estamos viendo problemas con los gobiernos de izquierda (Chávez, Ortega, Evo, etc), pero los gobiernos de la derecha tratan mejor a los medios de comunicación, o es un problema de cultura que transciende la política?

Trotti: Creo que estamos en una situación peor. Los gobiernos de derecha solían cometer a escondidas sus graves violaciones contra la libertad de prensa, actitud que indica que sabían que estaban haciendo algo mal; por ello tal vez esa violaciones pueden llegar a ser más macabras, recalcitrantes, pero están más individualizadas, más esporádicas.

Los gobiernos de izquierda tienen el problema de la prensa como parte de su plataforma política; rechazan más la libertad. Las violaciones entonces las plantean en campo abierto, no a escondidas, porque ven a la prensa como parte de su lucha ideológica. La discusión, el enfrentamiento y el desafío permanente a y contra la prensa son parte de su estrategia política, de lucha y de propaganda.

Ahora los gobiernos neo progresistas están a la carga en contra de la prensa, no a través de actos corruptos, oscuros y escondidos contra la prensa (como ocurría con Fujimori-Montesinos, por ejemplo) sino en forma desafiante y abierta, calificando a los medios de golpistas, desestabilizadores, oligarcas; permitiéndose así justificar leyes contra la prensa, discriminarla abiertamente, dentro de un planteo ideológico en que a los medios se los considera como oposición.

Corrupción oficializada

Si la versión del diario Clarín es cierta (y no tiene porque no serlo) referente a que un funcionario público argentino habría dicho que el gobierno discrimina con publicidad oficial a algunos medios para “no ayudar a la concentración de medios”, estaríamos ante la oficialización de la corrupción.
Que el gobierno argentino es corrupto es lo que las denuncias periodísticas demuestran, pero como todavía no hay sentencia judicial, los hechos todavía permanecen en el terreno de las sospechas. Sin embargo, que se haya dicho que se usa la publicidad oficial de una forma discriminatoria, castigando a los medios más grandes, es ya hacer oficial la corrupción.
Me explico: La publicidad oficial se paga con dinero público (de todos) que debe ser administrado de la forma más eficiente. Si ese dinero se usa para beneficio del gobierno, con la intención de castigar a los medios, sin tener en cuenta criterios técnicos (distribución y penetración, entre otros conceptos) para que el mensaje se distribuya en forma eficiente, estamos frente a un acto de mal uso del dinero. Y, aun peor, si esto se hace con el propósito de castigar a los medios como argumentó el funcionario – el gobierno no tiene porque actuar sobre lo que considera que está bien o mal (concentración), debe respetar la ley – estamos frente a un caso de flagrante corrupción.
Esto no es nuevo en Argentina y tampoco sucedió solo en el gobierno de los Kirchner. Pero últimamente se agravó al no haber leyes que limiten al gobierno.
En el 2009 el gobierno pagó más dinero en publicidad a los medios oficialistas que a los que tienen mayor circulación. Por ejemplo entregó 41.6 millones al diario Página 12, con 12 veces menos circulación que La Nación, diario que recibió menos del doble de esa cantidad.
BAE, que también se alista hacia el lado del gobierno, recibió 6.1 millones de publicidad gubernamental más del doble que El Cronista. Perfil, uno de los más críticos del gobierno sólo obtuvo medio millón, mientras Crítica, 2 millones.
Mientras en el país la oposición no logre consenso entre todas las fuerzas políticas para obligar al oficialismo a sancionar una ley de publicidad oficial, que realmente busque la eficiencia en el uso de los dineros públicos, teniendo en cuenta criterios técnicos, además de la equidad, pluralidad y diversidad del mensaje, será cómplice y tan responsable como el gobierno en el manejo corrupto de la cosa pública.

Subibaja electoral en Colombia

A 20 días de las elecciones colombianas, los sondeos de opinión no dejan de sorprender. Cuando la semana pasada parecía que Antanas Mockus robaría una elección que tres semanas atrás era de Juan Manuel Santos, la última encuesta publicada este domingo da al ex ministro de Defensa un punto por arriba del ex alcalde de Bogotá, 35 y 34 por ciento; aunque para la segunda vuelta Mockus pareciera todavía llevar una importante delantera.

Muchos argumentan que la recuperación de Santos se debe a la cantidad de columnistas y líderes de opinión que temen que el histriónico personaje, Mockus, no sea tan apto para manejar un país especialmente luego de declaraciones bastante contradictorias sobre Venezuela y su admiración – que luego desdijo – sobre Hugo Chávez; mas el hecho de que el propio presidente venezolano lo haya ponderado y criticado a Santos. Cuando Chávez dijo que Santos lo arrastraría a una guerra, el nacionalismo colombiano se puso en acción.

En un clima de constante contradicción e histrionismo galopante en su historia – desde casarse entre tigres de bengala, mostrarle el trasero a estudiantes universitarios, entre otros actos descabellados pero populares y jocosos – Mockus ha hecho una espectacular campaña a través de las redes sociales y a favor de la educación y en contra de la corrupción, dos elementos en gran demanda en cualquier país latinoamericano. La diferencia de lo que dice Mockus respecto a otros políticos, es que él ha probado y demostrado con eficacia esos dos elementos cuando fue dos veces alcalde de Bogotá.

Por su parte, Santos, quien parecía con la estrella apagada, reasumió control de nuevo en su campaña, modificó a su equipo, se tiró a las redes sociales y pudiera estar recuperando lo que dilapidó en recientes semanas: el crédito que le deja Alvaro Uribe que hasta este domingo tenía una histórica aprobación del 78 por ciento de sus ciudadanos.

La tendencia de este subibaja electoral no parece que cambiará en las semanas próximas. Es parte de un electorado que es consciente que lo mejor sería tener un presidente que tomara lo mejor de estos dos candidatos: la renovación de Mockus sobre temas tan importantes como la educación y la corrupción y la estabilidad de Santos para continuar con un país cada vez más seguro en la línea que Uribe vino trazando.

Feliz madre liberada

Me alegré mucho al enterarme que a Dania Virgen García el régimen cubano decidió liberarla después de dos semanas presa con la que empezaba su castigo de 20 meses que le habían impuesto por supuestamente una reyerta familiar; bueno, al menos esa era la voz oficial, porque no era fácil adivinar que se trataba de un ajuste de cuentas por su condición de periodistas independiente, su blog y activista a favor de las Damas de Blanco.

Tal vez el Día de las Madres tuvo en el opresor suficiente peso para no seguir cometiendo una injusticia. O simplemente no se sostenía tener a una mujer presa por estas condiciones.

Hoy Dania está libre y ojalá pueda seguir trabajando como periodista independiente sin temor a sufrir represalias y hacer las paces con su familia, la excusa que ha sido utilizada para embaucar a medio mundo.

Feliz Día para todas las madres; para aquellas que físicamente están con sus familias y para aquellas que en su ausencia están más presentes que nunca.

Dania sigue encarcelada

Dania sigue encarcelada y a nadie le importa. Aunque la dictadura comunista cubana se ensañe contra Dania Virgen García al no haberle dado la posibilidad de apelación después de que se le impuso una condena de 20 meses de cárcel por una infracción doméstica, no se puede desconocer que se trata de un engaño.
Dania es la primera periodista independiente y bloguera presa en Cuba. ¡Y en todo el continente! El hecho de que el tribunal de apelación donde se atendería su caso es el que atiende casos de seguridad del Estado, demuestra claramente que el delito por el que fue sometida es realmente una pantalla. Ella está presa, como muchos otros, en represalia por su activismo informativo y por apoyar a las Damas de Blanco.
Lamento que ni la famosa bloguera Yoani Sánchez ni las Damas de Blanco se hayan expresado al respecto, como lo hacen por muchos otros casos. Si realmente piensan que se trata de algo ajeno a su actividad informativa o de apoyo a causas humanitarias por lo que la periodista fue apresada, deberían decirlo directamente.
Mi lamento se vuelve más profundo, cuando supe que el reconocido activista de derechos humanos en Cuba, Elizardo Sánchez, dijo lo siguiente: “Confirma la sospecha de la connotación política del asunto”, el hecho de que su apelación estuviera el jueves en el calendario de un tribunal para delitos contra la seguridad del Estado.
Con Dania García son 26 los periodistas independientes presos en Cuba. Me pregunto ¿por qué se insiste en insertar a Cuba en la OEA y darle un status de gobierno democrático? Este solo hecho en contra de la libertad de prensa, más allá del flagrante delito de conculcar el derecho de expresión y de reunión a 11 millones de habitantes es más que suficiente para aislar cada vez más a Cuba hasta que no demuestre voluntad política de cambios.

Todos perdemos

Este 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero en América Latina no hay mucho que celebrar. Los papeles están trastocados. Los medios de comunicación y los periodistas, cuyo rol social es investigar, denunciar irregularidades y servir de contrapoder, están sentados en el banquillo de los acusados.
Sus fiscales son presidentes, como Cristina de Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega y Hugo Chávez, que distraen la atención con tal de impermeabilizar a sus administraciones de cualquier cargo de corrupción o autoritarismo.
El embuste gubernamental confunde. Muchos creen que la prensa esconde intenciones golpistas, de oposición política y oscuros intereses económicos. Aunque así fuese, olvidan que es el gobierno, por mandato constitucional, el que tiene la obligación de proteger y garantizar la libertad de prensa. Si no la respeta o, aún peor, deliberadamente la cercena, incurre en un grave delito contra la democracia y sus ciudadanos.
Esto ocurre en Argentina. El gobierno de Cristina y Néstor informa poco, se defiende más y confronta mucho. Ataca, agrede y desprestigia. Sus métodos son variados y en estas semanas los puso en práctica. Incentivó, auspició o justificó ataques contra prestigiosos periodistas y medios, a los que endilgó haber guardado silencio durante las dictaduras militares.
La campaña de descrédito está dirigida a periodistas que mayor opinión pública generan, como los comentaristas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Sola, o que investigan acuciosamente al poder como Daniel Santoro o que ya fueron echados de los medios a instancia del gobierno como Pepe Eliaschev y Nelson Castro.
Sobre algunos de ellos se pegaron carteles anónimos en las calles de Buenos Aires. A otros, junto a varios periódicos como Clarín, La Nación y Perfil se les sentenció en un patíbulo simbólico organizado por las Madres de Plaza de Mayo, en el que su polémica presidenta, Hebe de Bonafini, repartió insultos y condenó a todos por complicidad con las botas y charreteras, y por traición a la patria.
El llamado “juicio ético” fue injusto para los difamados por tratarse de un acto político, aunque la “obediencia debida” de Bonafini hacia el gobierno desmerita su credibilidad. Pero los carteles anónimos sí son peligrosos. No solo porque el anonimato es el arma de peor calaña y el gobierno ni siquiera investiga el delito o le resta importancia, sino porque sin responsables, la víctima sufre un daño irreparable; no tiene a quien pedir desagravio ni demandar para resarcir su reputación y honor.
El ruido generado e incentivado por el gobierno de Kirchner no es nuevo, es su marca registrada. Las campañas de desprestigio contra jueces, periodistas y oposición se utilizan para neutralizar denuncias de escándalos sobre enriquecimiento ilícito, sobornos, negociados, valijas con efectivo y otros hechos que rozan a la pareja presidencial y que servirían para escribir varios tomos de aquel “Robo para la Corona”, libro que inmortalizó al ministro José Luis Manzano y la corrupta época de Carlos Menem.
En el juego de control y equilibrio, no es solo el gobierno el que debería cuidar la constitucionalidad de la libertad de prensa. La oposición política tiene la responsabilidad de blindarla más allá de pedir respeto, ayudando a crear un marco legal apropiado. En Argentina se gastó veinte veces más energías en una ley revanchista contra los medios, que en favorecer a los ciudadanos con un mecanismo que obligue al gobierno a ser transparente y que permita el acceso a la información pública. La deuda legislativa es inmensa.
La prensa tiene la responsabilidad de cumplir su papel y no desvirtuarse en agente político. De lo contrario, corre el riesgo de ser efímera, como ocurrió con el famoso diario Página 12, que jugó un papel extraordinario y de servicio democrático durante la dictadura militar y en la época de Menem, pero se hizo irrelevante en este período por sus simpatías con la ideología kirchnerista. En realidad, la prensa debe ser siempre opositora.
Las organizaciones civiles tampoco pueden dejarse arrastrar por el ruido. Su tarea es fomentar la tolerancia y educar sobre la libertad de prensa. Porque cuando se irrespeta el derecho a difundir y consumir información plural y diversa, no sólo se afecta a medios y periodistas, sino que todos perdemos.

¿Honduras castigada?

El Unasur, a través de su presidente temporal, Rafael Correa, asumiendo la representación de todos los ciudadanos sudamericanos declaró que muchos países no concurrirán a la cumbre que está preparando el presidente Zapatero entre americanos y los europeos; equivocándose, debiendo aclarar que son los gobiernos, sin necesaria representación de los ciudadanos, los que han decidido boicotear la reunión española como protesta por la invitación a Porfirio Lobo.
La prédica de Correa y los demás gobiernos progresistas neopopulistas encabezados por Hugo Chávez no es otra cosa que una defensa corporativa de ese clan, que no quiere dejar morir el caso de Manuel Zelaya, porque sería traicionar a uno de los suyos. Lo que no quieren entender es que Honduras ya dio vuelta la página, que una Comisión de la Verdad establecerá y aclarará para octubre que fue lo que realmente pasó – algo que también pidió Zelaya en los acuerdos – que se hizo una elección limpia y que el legítimo ganador está en el poder, además de estar siendo reconocido por numerosos gobiernos.
Unasur, busca con esta defensa corporativa establecerse como un grupo de poder, que no es más que una amplificación de los temas que se implantan en la agenda hegemónica e ideológica de los países del Alba, lo que será más ampliado todavía, con un secretario argentino que en su país está sospechado por muchísimos actos de corrupción y que goza con el arte de la propaganda, los rumores y las agresiones contra todo el que piensa diferente. Es decir, una réplica fiel de la personalidad de otros presidente neopopulistas.
Lo peor que podría pasar es que España se deje embaucar por el supuesto boicot que harían algunos gobiernos latinoamericanos o por el propio Lula da Silva que pide un cambio de figuritas: que se le permita a Zelaya regresar a Honduras con plenos derechos civiles, lo que es incoherente hasta que, por lo menos, la Comisión de la Verdad no de su opinión. Zelaya en Honduras en este momento, sería un estorbo para el proceso de reconciliación y un paso hacia atrás, ya que de inmediato se abocaría a la constituyente, tema causante del golpe de Estado.
De cualquier forma, a no ser que España siga invitando a Lobo y deje de lado los reclamos de algunos en el Unasur, se estaría castigando injustamente a Honduras… a los hondureños.