Venezuela: Diplomacia injusta y oportunista

La diplomacia suele ser injusta; aún más en el caso de Venezuela. Después de muchos años en que los gobiernos ignoraron los atropellos de Nicolás Maduro, y justo en el momento que asomaba una posible sanción contra su autoritarismo, Argentina propuso una moción de diálogo que salvó del nocaut al régimen venezolano.

Nadie imaginó que fuera el gobierno de Mauricio Macri el que le daría un respiro a Maduro. Menos aún, cuando por primera vez en la historia de la OEA, un secretario general, en este caso Luis Almagro, había tomado la iniciativa de convocar una reunión de Consejo Permanente para que se analice la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, pudiendo derivar en la suspensión y sanciones considerables contra el país.

La Carta podría haberse activado muchas veces contra Venezuela, algo que Almagro fundamentó bien en su informe de 132 páginas. Argumentó el carácter autoritario y antidemocrático de un régimen que desconoce al Congreso, avasalla a la Justicia y desobedece el legítimo mandato popular a convocar un referendo revocatorio.

Ante semejantes argumentos era previsible la reacción grosera de Maduro, quien invitó a Almagro a perderse la Carta por donde le cupiera. Los insultos forman parte de la diplomacia descalificadora del régimen que meses antes, sin argumentos políticos, había llamado “racista, basura corrupta y colonialista” al presidente español Mariano Rajoy cuando pidió por la liberación de los presos políticos. Maduro es fiel seguidor de la escuela de su mentor, Hugo Chávez, que igual llamaba “pendejo” al anterior secretario general de la OEA, que insultaba a cualquiera.

Más allá de la cortina de humo que generó con sus insultos (y de la diplomacia oportunista de Macri para que Venezuela, a cambio, apoye la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la secretaría general de Naciones Unidas) Maduro supo aprovechar la injusta diplomacia. Ni lerdo ni perezoso, el mismo día en que el Consejo Permanente prefirió el diálogo (eso sí, en forma unánime) que activar la Carta, Maduro se disfrazó de modesto demócrata disponiéndose a negociar con la oposición.

Una aproximación que varias veces usó para ganar tiempo ante crisis económicas y sociales profundas como en la que está enfrascado el país ahora, tras haberse convertido en el que más recursos humanos y económicos expulsa en el continente. La mesa de diálogo del fin de semana pasado en Santo Domingo, a instancias de la Unasur y de los ex presidentes Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de Rep. Dominicana y José Luis Zapatero de España, terminó en abrupto fracaso, cuando su gobierno desestimó todos los reclamos de la oposición.

Además de la oposición, los que han quedado sin palabras con el nuevo criterio dialogante de los gobiernos, ha sido una veintena de ex presidentes, nucleados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que después de haber pedido por años y sin éxito la aplicación de la Carta, salieron de inmediato a respaldar a Almagro y a pedir que se respete el mandato de referendo revocatorio firmado por más de un millón de venezolanos.

Oscar Arias, José María Aznar, Felipe Calderón y Alejandro Toledo, entre los ex presidentes más reconocidos, explicaron que “no puede haber diálogo sin el previo rescate de los mínimos democráticos, como la libertad de los presos políticos y el respecto a la manifestación de la soberanía popular”, en referencia al revocatorio.

Sería oportuno que esta nueva estrategia diplomática derive en la creación de un gobierno de transición democrática en reemplazo del “dictadorzuelo” Maduro, como lo llamó Almagro. Pero sería muy ingenuo pensar de esa forma. El chavismo siempre ha utilizado el engaño y a la propaganda como armas preferidas para sustentar su poder autoritario.

Por ahora, el llamado al diálogo, la campanita que lo salvó del nocaut, le permitirá a Maduro tomar aire y ganar tiempo. Se surtirá de otras estrategias para aferrarse al poder y así comprará más impunidad e inmunidad.

Es una lástima que la diplomacia llegara a destiempo esta vez. Es que la mesa estaba servida para que el diálogo y la transición sucedieran de verdad, pero después de la presión que hubiese ejercido la aplicación de la Carta Democrática. trottiart@gmail.com

Contradicción mayor sobre los derechos humanos

Nunca como ahora en América Latina se habían denunciado las violaciones a los derechos humanos con tanta firmeza ni se habían reparado con tanta entereza.

Pero tampoco el sistema interamericano de derechos humanos había atravesado una crisis tan profunda como la presente, quedando casi al borde del colapso.

Nada sorprende en este continente tan predispuesto a las fuertes contradicciones. Por un lado, los gobiernos democráticos ponderan el sistema conformado por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por darle esperanzas a los más vulnerables de que podrán acceder a la justicia cuando sientan que esta les da la espalda en sus países.

Pero, por otro, casi como en las mejores épocas de dictaduras y autoritarismos, cuando las víctimas callaban por temor a sufrir mayores represalias, los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones financieras, negando los aportes necesarios para que el sistema subsista y sea eficiente.

Esta semana la CIDH hizo un duro cuestionamiento hacia futuro. Si no recibe los aportes necesarios de parte de los estados que están comprometidos ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, deberá despedir a 40 de sus 78 empleados. 

Aunque alguna magra partida aparezca, igualmente ya decidió suspender las visitas de investigación a países, además de sus audiencias de julio y octubre próximo, en detrimento de las víctimas que ahí presentan sus casos. También afectará casos en curso como a víctimas de feminicidios en Argentina, homicidios de estudiantes en México, crímenes de odio en Brasil, rechazo de aborígenes en Ecuador, asesinatos de homosexuales en EEUU, esclavitud de niños en Bolivia y desplazamiento de campesinos en Colombia.

Ninguna de las crisis que atravesó la CIDH fue tan seria como esta. No es solo un problema financiero, sino político. El debilitamiento actual de la organización es el mismo resultado que persiguieron sin éxito varios gobiernos populistas de la región, en especial el de Hugo Chávez y el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Las represalias de Correa y Chávez contra el sistema surgían cada vez se les denunciaba por abuso de poder, ya sea por tener presos políticos, ejercer fuerza bruta contra manifestantes o por no permitir que la CIDH visite sus países para confirmar violaciones. Ambos siempre usaron la excusa de que el sistema era un ariete del “imperio” para debilitar sus democracias. Propusieron que la CIDH no pudiera recibir donaciones privadas o de gobiernos europeos.

Correa pretendía una CIDH más dócil o, en su defecto, crear una nueva institución. No tuvo eco entre varios presidentes de la región, aunque envalentonó a algunos, como a Nicolás Maduro, quien cumplió con el objetivo de Chávez, retirando a Venezuela del sistema interamericano. Su salida, se supo luego, no fue política, sino económica> De esa forma, el gobierno abandonó la  responsabilidad de tener que indemnizar a las víctimas. Se ahorró 9.700 millones de dólares.

La crisis económica de la CIDH siempre obedeció a represalias de los gobiernos por opiniones y decisiones que les resultaban desfavorables. Desde Ecuador que cortó el apoyo porque la CIDH había opinado contrario a la Corte Suprema de ese país que benefició a Correa con una demanda millonaria que debían pagarle cuatro periodistas; hasta la ex presidenta Dilma Rousseff que cerró el grifo, cuando la CIDH se opuso a la construcción de una represa en el Amazonas que afectaría a tribus autóctonas.

América Latina es como el perro que gira sinfín para morderse la cola; es un círculo vicioso. Reconoce la necesidad de defender los derechos humanos porque así el continente se hace más justo y equitativo; pero, al mismo tiempo, se niega a ofrecerle los fondos y recursos necesarios para su labor.

Creo que el conflicto tampoco pasa por los aportes gubernamentales. Los gobiernos también tienen la obligación de incentivar a mecenas privados de Latinoamérica para que entiendan la importancia del sistema. El ejemplo más relevante es Ted Turner, el fundador de la CNN, que en su momento donó mil millones de dólares a la ONU, resolviéndole a la organización problemas que hasta entonces eran perpetuos.

Salvar el sistema interamericano de derechos humanos debería ser una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Trottiart@gmail.com

Arepas y autogolpes. Maduro toca fondo

Venezuela está de patas para arriba. Hay señales inequívocas de que el país tocó fondo y de que el presidente Nicolás Maduro pronto hará honor a su apellido y caerá de la mata.

Maduro sofocó lo poco que restaba de democracia. Desconoció al Congreso con un nuevo autogolpe, esos que el chavismo ha institucionalizado a lo largo de una revolución que nunca tuvo tracción. Hugo Chávez fue el máximo exponente de los autogolpes. Asestó cuatro. Uno en 1999, su primer año, y en 2001, 2007 y 2010. Siempre se arropó con poderes especiales y leyes habilitantes para gobernar a su antojo y sin Congreso.

Maduro siguió el camino de su mentor. El de esta semana es uno de los varios que pegó contra las instituciones estatales. A principios de año, apoyado por una Justicia esclava, evitó que asuma un grupo de diputados que a la oposición le significaban mayoría. Repudió leyes y el proceso legítimo de referéndum revocatorio; y esta semana, con el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, borró al Congreso auto proclamándose como el único legislador.

Estas medidas suspendieron las garantías constitucionales. La excusa es la cansina de siempre, evitar el “golpe”. Esta vez sumó a Colombia, España y la OEA ser parte de esa conspiración internacional liderada por EEUU y los “gusanos de Miami”. Meses antes creó el Parlamento Comunal o “congreso del pueblo” para arrinconar a la “nueva burguesía opositora” instalada en la Asamblea Nacional.

La contradicción del chavismo entre las palabras y los hechos es abismal. Siempre diciéndose defender al pueblo, este régimen es el que más lo atropelló. Las evidencias son palpables. En economía, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y escasez de todo, desde arepas, cerveza, papel higiénico, electricidad, agua, salud e infraestructura. En política el sistema es oportunista y acomodaticio. A los disidentes los persigue. Y siempre manipuló al pueblo como masa y lo arengó para reprimir a la oposición, ya sea mediante sistemas de vigilancia de vecinos contra vecinos o en masivas manifestaciones subsidiadas. Ahora, cuando el pueblo cambió de lado, simplemente le arrebató su derecho más preciado: el de reunión.

La fuerza pública reprimió a todos los líderes y ciudadanos que se aproximaron al Consejo Nacional Electoral para entregar más de un millón y medio de firmas, de las 200 mil que se necesitan para iniciar el revocatorio y para que el término presidencial baje de seis a cuatro años. La represión esta semana no necesitó ser tan férrea. El pueblo se dispersó rápido sabiendo que el abuso de poder está a flor de piel durante las crisis y es impune, como aquella en la que 43 estudiantes perdieron la vida por desafiar el poder.

A Maduro no le queda pueblo que lo apoye. No tiene una pizca de credibilidad y nadie lo respeta. El ex presidente uruguayo, José Mujica, dijo que estaba “más loco que una cabra” al criticar su forma torpe de gobernar. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más lejos. Lo tildó de “dictadorzuelo” por desconocer al pueblo, al Congreso y advirtió que se le podría aplicar la Carta Democrática. Los dichos de Almagro resultaron agradables, por venir de una institución a la que por muchos años se la apreció de “insulza”, en honor al apellido de quien la dirigía.

El pueblo sabía que Chávez y Maduro no eran buenos administradores y desconfiaba que la “quinta república” sería la fórmula mágica prometida para redistribuir la riqueza. Pero calló por mucho tiempo debido a los subsidios y el clientelismo, moneda corriente que el gobierno usó para tapar robos, corrupción y escasez. En época de vacas flacas, cuando el precio del petróleo está por el piso y se produce el doble menos que hace dos décadas, se advierte con claridad que el chavismo desperdició sus mejores años exportando ideología en lugar de diversificar la economía.

No es difícil sugerir que Maduro es un mal político, pésimo administrador y que su tiempo se acorta. Quedó en evidencia esta semana cuando arengó al pueblo en cadena nacional a usar harinas alternativas a la del maíz para hacer arepas y arremetió contra la empresa Polar por no producir más cerveza. Es que la regla de oro indica que un Presidente o un líder dejan de serlo, cuando el micromanagement ocupa gran parte de su tiempo. trottiart@gmail.com

Soplo de transparencia

Muchos son los problemas que impiden el desarrollo económico de un país: Corrupción, narcotráfico, inseguridad y escasa educación. Sin embargo, existe un elemento que los potencia y agrava, al punto de poner en riesgo el sistema político: La falta de transparencia.

Esta falta de transparencia es el ingrediente que se mostró como protagonista principal de las noticias fuertes de la semana. La presidenta brasileña Dilma Rousseff inició un purgatorio de 180 días por la oscuridad con la que manejó presupuestos, asuntos fiscales, beneficiando a un anillo de amigos que desfalcaron al Estado con sobornos y prebendas. Mientras tanto en Argentina nuevas causas de cohecho se fueron acumulando contra la ex presidente Cristina Kirchner, su hijo y amigos que cobijados en la inmunidad del poder, manejaron dineros públicos como propios y con total impunidad.

Por años, en ambos casos, aunque más pronunciado en el kirchnerismo con ciertas similitudes que el chavismo, la forma despótica de gobernar con personalismo, clientelismo y propaganda, fue la venda en los ojos que cegó a la Justicia y a la gente en general. Ahora, sin esos escudos autoritarios, se advierte como con mayor transparencia, la sociedad pueden encontrar los correctivos.

La transparencia es el elemento que permite mayor eficacia y rapidez a la Justicia. Precisamente fue el elemento protagonista de la Cumbre Anti-Corrupción celebrada esta semana en Londres, donde los Panama Papers o la oscuridad generada por empresarios, artistas y políticos a través de empresas off-shore, el tumultuoso presente de Brasil y el dopaje inducido a deportistas olímpicos rusos, capitalizaron los debates. Nada desvió la definición: Comparado a la lacra del terrorismo internacional, la corrupción fue calificada como el cáncer que carcome a la sociedad moderna y que crea las mayores desigualdades.

Ningún país o ideología están exentos de esa falta de transparencia y, en muchos casos, las apariencias engañan. El saludable acercamiento entre Barack Obama y Mauricio Macri ya empezó a tener sus réditos esta semana. El gobierno estadounidense comenzó a desclasificar documentos de sus agencias de Seguridad sobre el último período de dictadura militar. Posiblemente revelen y certifiquen datos y hechos que ayudarán a reconstruir la memoria y cicatrizar heridas.

Pero me refería a las apariencias, ya que con este gesto Obama se muestra como el más transparente. Sin embargo, por lo que sucede en su propio país, su gobierno ha sido uno de los más oscuros de la historia. Ha incentivado la clasificación indiscriminada de documentos oficiales que, en muchos casos, bajo excusas ligeras de seguridad nacional, violaron muchos principios garantizados por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante sus casi ocho años de gobierno se registró el mayor número de periodistas apresados por no revelar sus fuentes confidenciales y se dio el caso más patético de espionaje periodístico contra la agencia Associated Press y la cadena Fox. Persiguió a soplones dentro del gobierno, como al soldado Manning que originó las filtraciones de Wikileaks y a Edward Snowden que se refugió en Rusia después de revelar las prácticas de vigilancia masiva, cuando todo hacía pensar que una ley de protección de soplones, ayudaría a crear mayor transparencia y reducir la corrupción en las esferas públicas.

¿Qué importancia tiene crear un marco legal que legitime las filtraciones y las denuncias por corrupción? Edward Snowden da en el clavo. En un avance del libro que publicará este año la Universidad de Columbia, “Periodismo después de Snowden: El futuro de la prensa libre en un Estado vigilante”, este informante explica que se ha confundido el sentido de su denuncia. Dice que no la hizo para evidenciar la vigilancia propiamente dicha, sino para demostrar que el público no siempre tiene conocimiento sobre actos que el gobierno se arroga para sí mismo, que nunca le fueron conferidos.

Esta es la mejor perspectiva sobre la importancia de proteger tanto a los soplones como a los periodistas y sus fuentes. No se trata solo de denunciar el hecho cancerígeno, sino de demostrar como su metástasis corroe la confianza del público en el sistema político. Nada contribuye más a la democracia que el soplo de la transparencia.

La fascinación social por los delitos digitales

Pese a sus beneficios, el internet acarrea desafíos en materia de seguridad. Ha servido de incubadora de nuevos crímenes digitales y potenciado un aumento exponencial de los delitos tradicionales. Pero además, ha modificado la percepción social sobre algunos delitos y los delincuentes.

La cibercriminalidad está teniendo un fuerte impacto sobre la sobresaturada Justicia. Algunos jueces sin capacitación y sin legislación clara a la mano, ante las dudas, prefieren no complicarse y prohibir libertades de cuajo. Pasó esta semana en Brasil, un juez cerró todo Whatsapp, cuando solo le bastaba cancelar las cuentas de unos usuarios comprometidos en tráfico de drogas. Justos pagaron por pecadores.

Pero el mayor problema para la Justicia es que tiene que lidiar con la percepción social, sobre que hay delitos electrónicos buenos y que los delincuentes, al estilo Bonnie & Clayde o los autores del “robo del siglo”, sean ponderados por su inteligencia, confundiéndose picardía por corrupción.

Sucedió en Buenos Aires. Unos vecinos salieron en defensa del joven hacker de 21 años, Christian Iván Cámara, que fue atrapado luego de violar las redes electrónicas de la Universidad Argentina de la Empresa para cambiar sus notas y la de otros alumnos. “Es un número uno”, “es un bocho”, “tendría que trabajar en la Nasa”, decían, con similar fascinación que despertaba en su momento Frank Abagnale Jr., aquel joven que cautivó por su sagacidad para falsificar cheques y hacerse pasar por piloto, médico y abogado, tal como lo interpretó Leonardo di Caprio en “Atrápame si puedes”.

A no ser que se trate de delitos graves, los cibercrímenes no se miden con la misma vara social que los delitos comunes. Los vecinos seguramente percibirían diferente a este hacker si lo hubieran aprehendido con una barreta en la mano, forzando cerraduras y cambiando las notas sobre el papel. En definitiva, el delito que cometió es el mismo, fraude y robo, aunque digitalmente haya aparentado más sofisticación.

Esta percepción es común llevado al plano personal. Por los altos costos, solemos justificar el pirateo de películas, música y programas de software, sin considerar que se violan derechos de propiedad intelectual; de la misma forma que un gobierno justifica el espionaje y la vigilancia indiscriminada de sus ciudadanos, invocando la soberanía y la seguridad nacional.

Las nuevas tecnologías han cambiado muchos paradigmas. Incluso para el Periodismo. En épocas no digitales, la ética era más rígida y la ley no dudaba en imponer consecuencias, nadie podía robar o hurtar información y menos publicarla. También los infomerciales – publicidad disfrazada de información – estaban prohibidos en los medios de calidad; ahora, hasta el New York Times, bajo la nueva fachada de publicidad nativa o contenido promocionado digital, se justifica lo que antes estaba prohibido y mal visto.

Cuatro casos digitales en años recientes trastocaron valores informativos y, aunque fueron justificados, los periodistas y académicos tienen una conversación pendiente. Se trata de los wikileaks sustraídos por Julian Assange y las denuncias de Edward Snowden que comprometen al gobierno de EEUU; los Vatileaks sobre la corrupción y pujas de poder en las finanzas del Vaticano y los Panama Papers que demostraron como las empresas off-shore también pueden ser utilizadas para la evasión y el lavado.

En los cuatro casos hay apreciaciones diferentes sobre el modus operandi para recabar información. Para algunos fue delito, robo y filtración indebida; para muchos, publicar los resultados fue justicia por manos propias de parte de los medios para “atrapar” a los corruptos; y para algunos un deber insoslayable del Periodismo a favor de la transparencia. Nada blanco o negro como antes; ahora hay muchos grises que ponderar.

Habrá que ver lo que sucederá con el joven hacker Cámara. ¿Pondrá sus habilidades a disposición del gobierno y tendrá un final feliz como Abagnale Jr. atrapando a otros falsificadores para el FBI? Prescindiendo del final que elija, su caso demuestra que los delitos cibernéticos no son solo un problema de mejor justicia y leyes, sino de educación. Es la única fórmula que permitirá modificar la percepción social y detener la fascinación por los delincuentes inteligentes. 

Tras la ruta del dinero

Abril es un mes importante para el Periodismo en EEUU. Se entregan los prestigiosos Pulitzer que premian el servicio público de medios y periodistas que denuncian lo que muchos quieren que permanezca en la oscuridad, en especial las rutas del dinero mal habido, público o privado.

La agencia AP ganó un Pulitzer este año por un reportaje sobre el abuso humano en la industria pesquera del sudeste asiático que determinó la liberación de dos mil esclavos.

No todas las investigaciones tienen suerte. Una excelente del The Miami Herald quedó sin premio, aunque puso a un grupo de policías de Bal Harbour, zona del sofisticado shopping mall de Miami, en el banquillo de la Justicia. Los agentes habían incautado 74 millones de dólares a unos narcotraficantes por lavado de dinero. Luego de sus pesquisas, para las que usaron más de dos millones en lujos, pasajes de primera clase y hoteles cinco estrellas, le devolvieron el dinero a los narcos sin ton ni son. Nadie fue arrestado.

En América Latina las investigaciones del Periodismo son hasta más resonantes, pero la diferencia es que la Justicia no actúa en forma rápida y eficiente, ya sea por negligencia, falta de recursos y sometimiento al poder.

La corrupción suele ser tema recurrente en la conversación pública y el debate político, argumentándose siempre las mejores prácticas para debilitarla. En especial cada vez que en un país y en una época se toca fondo y resurge la idea del saneamiento moral. Se echa a los políticos como podría pasar en Brasil y se renuevan las autoridades como ocurrió tras el “corralito” argentino. Pero luego, como por arte de magia, se incurre en iguales o peores abusos que en el pasado.

A menudo se desaprovechen los momentos de quiebre en los que la sociedad reclama más ética y moral. Puede pasar de nuevo con la intención del Congreso de México que, presionado por 634 mil firmas de ciudadanos, creará el Sistema Nacional Anticorrupción. O con la iniciativa de ley de Elisa Carrió en Argentina que obligaría transparencia a sindicalistas y contratistas con el Estado para reducir los altos niveles de enriquecimiento ilícito.

Para esos puntos de quiebre no faltan oportunidades. Una de ellas son los Panama Papers. Pero incluso con la filtración de documentos que compromete a muchos líderes de gobiernos y corporaciones con compañías off-shore con las que evadían y lavaban, no se observó que los sistemas judiciales hayan actuado con premura investigativa, más bien se los notó cautos e incrédulos.

Hubo sí buenas reacciones políticas. El gobierno panameño, siempre refugio de secretos y evasores, firmó acuerdos de transparencia financiera con Alemania. Y Mauricio Macri, aunque no convenció con su defensa, aceptó presentarse ante la justicia. En Argentina, por otro lado, la ruta del dinero K se transformó en una búsqueda del tesoro escondido (y enterrado) en las estancias de Lázaro Báez, una muestra de la labor titánica que deben hacer las fiscalías para encontrar lo que se le robó al pueblo.

Brasil es un caso aparte. Dilma Rousseff puede quedar en la calle por malversación, aunque de los 547 legisladores que la enjuiciarían, más de la mitad tiene cuentas pendientes ante la Justicia. Venezuela es caso de diván. Nicolás Maduro representa el mayor embauque de la historia moderna; la de un chavismo que le ha robado a mansalva a un pueblo al que cínicamente idolatra como centro de la revolución.

El caso de Rafael Correa es sintomático. Acusó a los periodistas de los Panama Papers, porque no revelaron que él y su gobierno eran honestos. Esta semana se supo que el Presidente y su hermano Fabricio fueron investigados por la oficina anticorrupción panameña por una empresa off-shore, una honestidad que ya había sido comprometida en “El Gran Hermano”, un libro que denuncia como benefició a su hermano con la adjudicación de obras públicas.

Lamentablemente no se aprovechan las oportunidades ciclotímicas en las que se reclama ética y castigos para derrotar la corrupción. La falta de voluntad política, las escasas herramientas que se le dan a la Justicia y la cultura general de la viveza criolla, alimentan ese círculo vicioso de corrupción e impunidad, que genera no solo un clima asfixiante, sino uno extremadamente riesgoso para la salud misma de la democracia.

Elecciones, dólares y audiencias

Las nuevas tecnologías están acelerando nuestros tiempos y espacios. La política también esta siendo modificada. Las actuales elecciones presidenciales de EEUU son ejemplo palpable.

Google, Facebook, Apple y otras empresas tecnológicas están invirtiendo tiempo y dinero – y haciendo sentir sus audiencias - para influir sobre quien será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, crear nuevas leyes en el Congreso y desafiar a los jueces para que resuelvan conflictos del mundo digital, como el derecho al olvido, hasta hace poco inexistentes.

Los cambios son de forma y fondo. Facebook con Live y Google a través de youTube, las dos compañías con mayor influencia de lobby en Washington, han lanzado sistemas de trasmisión de video de realidad virtual y en 360 grados que alterará la forma en que apreciamos la realidad. El usuario ya puede estar a miles de kilómetros de distancia pero palmo a palmo con el candidato en su campaña, así como un cirujano podrá operar en un quirófano remoto, un usuario en Ushuaia cantar al lado de Mick Jagger en La Habana o sentarse con Iniesta en el Camp Nou hasta que salte a la cancha con la Pulga.

Las campañas políticas también sienten el cambio. Hillary Clinton, Donald Trump o Bernie Sanders ya no se afanan por las mejores prácticas en redes sociales que usó Barack Obama para ganar en 2012. Ahora prefieren mirar a Silicon Valley y aprender de la nueva generación, chicos de 16 a 20 años, que conversan en redes mas nuevas como Snapchat, habiendo dejado a Twitter e Instagram en la prehistoria.

El miedo a perder las audiencias mas jóvenes es lo que impulsa la creatividad y la cultura de cambio de Facebook. Se ha convertido en el lugar preferido para el activismo político y Mark Zuckerberg, reconociendo la falta de contenido, ha creado Instant Articles, que permite a los medios tradicionales descargar sus noticias para que el usuario no quiera salir de Facebook. Zuckerberg, de 31 años y con dos billones de usuarios, se ha convertido en el mas influyente en Washington, comparable a lo que antes eran Ted Turner de CNN, Katherine Graham del Washington Post o los Rockfeller y los Ford.

En su reciente delineación de objetivos para los próximos 10 años, Zuckerberg aprovechó a tirar un viandazo. En alusión a Trump, el candidato menos querido por Silicon Valley por su delirio contra los inmigrantes mexicanos, Zuckerberg tiró: “Escucho voces llenas de miedo que llaman a construir muros”.

Es que Facebook y su equipo de lobby FWD pro inmigración tratan de influir para que el gobierno libere mas visas para trabajadores especializados, especialmente de los “tigres asiáticos”, países insuperables en la enseñanza de ciencias y matemáticas. Las tecnológicas también influyen en temas espinosos confrontando a Obama, entre estos, ciberseguridad, encriptación de contenidos, privacidad, patentes, neutralidad en la web y otros, que el Presidente ha supeditado a la lucha contra el terrorismo.

Mas allá de los forcejeos, Washington mira a Silicon Valley como aliado. No solo los emprendedores digitales y sus millones son la savia de la política, sino que aquel que aspire a político debe pasar por alguna empresa digital para aprender el nuevo ecosistema, de la misma forma que antes buscaba pasantías en bufetes y en oficinas de congresistas en Washington.

Los políticos saben que sin electores no tienen poder y por eso cortejan a estos nuevos magnates digitales, cuyo dominio radica en las masivas audiencias que representan y sus donaciones de campaña. El izquierdista Sanders, sin muchas chances ante Hillary, es inexplicablemente quien mas ha cosechado de parte de Google, Microsoft, Apple y Amazon, tal vez porque obedecen a sus audiencias de jóvenes que prefieren un discurso menos tradicional y mas combativo.

Nadie puede predecir quien ganará las elecciones en noviembre. Pero tampoco nadie puede desconocer que estas empresas juegan un papel cada vez mas relevante en la política. Tienen, además, la ventaja de que ningún político les puede hacer frente, ya que además de dólares y audiencias, potencian el respetado derecho constitucional a la libertad de expresión. Y si alguien intenta aplicarles leyes restrictivas, las nuevas tecnologías se encargan de hacerlas obsoletas al instante. trottiart@gmail.com

Dilma y Cristina: Acorraladas

La última vez que escribí sobre Dilma Rouseff y Cristina Kirchner en conjunto fue a fines de 2012. Por entonces visitaban la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y en discursos y acciones plasmaron sus diferencias.

Pese a que eran dos de las mujeres más influyentes en América Latina y estaban en su apogeo político, los contrastes entre ambas fueron abismales. Fieles a su estilo, Dilma se comportó como técnica aguda, consiguió becas y acuerdos científicos. Cristina fue política sarcástica, se mofó de los alumnos y le echó la culpa de todos sus males al FMI y a los ricos.

Hoy, un par de años después, las diferencias desaparecieron. Ambas están acorraladas por la Justicia por graves casos de corrupción, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito que las tiene al borde de su ocaso político. Se han unido a un extenso grupo de presidentes latinoamericanos que fueron destituidos por violar la Constitución o que terminaron procesados apenas dejaron el poder.

La diferencia que persiste no es entre ellas, sino en el modo que actuó la Justicia bajo ambos gobiernos. En sus 12 años de mandato, los Kirchner lograron maniatar a los jueces y usarlos a conveniencia, ya sea para perseguir a opositores o escudar sus fechorías. Dilma, en cambio, siempre fue espectadora de una Justicia más independiente y temible, vigilante del poder.

Esta semana sus acciones confirmaron ese contraste. Cristina llegó a tribunales, se mofó del juez y, acostumbrada a arroparse entre multitudes partidarias y clientelistas, hizo gala de su sarcasmo echándole la culpa de todo – como en Harvard – a los medios de comunicación y a los jueces.

Su discurso desnudó una vez más su carácter populista y anticonstitucional, y su creencia de que la política está por arriba de la Justicia. Como una especie de Milagro Sala, siempre por arriba del Estado, gritó para el beneficio de sus clientes: “No necesito fueros, porque tengo los fueros del pueblo”. Debajo de ella, la masa, siempre irracional, que prefiere idolatrar al personalismo y los símbolos sin que importe la verdad o la justicia, amenazó: “Si Cristina va presa, se va a armar”.

Para Dilma el camino hacia el juicio político que se definirá este domingo en la Cámara de Diputados tuvo más espinas. Este viernes el Tribunal Supremo le negó la suspensión del proceso a su posible destitución. Pero el acelerador del impeachment tiene nombre: Lula da Silva. Acabó de cavarse la fosa cuando hace un par de semanas Dilma arropó a Lula con los fueros de su Gabinete para que no fuera investigado por múltiples casos de corrupción. A diferencia de Cristina y del contexto peronista, ni Dilma ni el PT tienen a disposición una masa de seguidores incondicionales; peor aún, las multitudinarias movilizaciones braman por justicia y piden la cabeza de los corruptos.

Ambas han catalogado a sus procesos de golpes de Estado. Cristina se comparó mal con las figuras de Irigoyen y Perón que fueron derrocados por militares y Dilma le achaca a su vicepresidente, Michel Temer, la “gran conspiración”. Mecanismos de autodefensa de lado, lo cierto es que sin Cristina en el poder, la Justicia tiene más campo de acción y Dilma debe enfrentarse a los resortes de la Constitución.

Dilma sigue los pasos de otros líderes destituidos o que debieron renunciar durante su mandato. Su antecedente es Fernando Collor de Melo y el caso más reciente es el del guatemalteco Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. Pero la lista es larga y multinacional: El paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el ecuatoriano Lucio Gutiérrez; el haitiano Jean-Bertrand Aristide; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el boliviano Carlos Mesa y Fernando de la Rúa, son algunos ejemplos.

Cristina es parte de otra lista vergonzosa, la de ex presidentes investigados por corrupción, destacándose el hondureño Rafael Callejas, el salvadoreño Elías Saca, el peruano Alan García y Carlos Menem, entre otros. Puede, sin embargo, engrosar otra mucho más lúgubre, la de ex presidentes condenados, como el nicaragüense Arnulfo Alemán o los costarricenses Miguel Rodríguez y Rafael Calderón.

Pese a las listas y a lo que sucederá con Dilma y Cristina, lo relevante es que estos procesos son válidos para disuadir a los corruptos y creer un poco más en la Justicia.  

House of Cards o los Panama Papers

Ni Claire ni Frank Underwood imaginarían que la realidad de los “Panama Papers” superaría la ficción de House of Cards. Queda así reconfirmado que no solo los narcotraficantes, mafiosos y traficantes de armas lavan dinero.

También lo hacen impúdicamente presidentes, reyes, empresarios, celebridades, futbolistas y 29 billonarios que figuran en la lista Forbes de los 500 más ricos del mundo. Así se desprende de la investigación periodística sobre las compañías offshore en paraísos fiscales, en la que colaboraron 376 reporteros de 109 medios de comunicación de 76 países, organizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Como en un cambalache, ya nada sorprende en este mundo en el que todo está globalizado; la corrupción más que nada. Como en un efecto dominó, las denuncias y filtraciones son parte del nuevo paisaje que ayuda a crear una realidad que muchos buscan esconder: Desde los banqueros avaros de Wall Street que produjeron la catástrofe de la burbuja hipotecaria del 2008, pasando a las filtraciones de Julian Assange y sus miles de cables de Wikileaks o las denuncias de espionaje masivo de Edward Snowden, hasta el escándalo de sobornos del FifaGate, al lavado masivo del Lava Jato brasileño y el conteo impúdico de La Rosadita argentina.

Los Panama Papers harán historia y seguramente la estrategia de publicación a nivel mundial estará dosificada como sucedió con los cables de Wikileaks. Muchos perderán la cabeza, como el vice primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsonn, que renunció apenas fue denunciado y otros temerán perderla o tendrán que salir a explicar y defenderse como Lionel Messi, Roberto Carlos, Pedro Almodóvar y Mario Vargas Llosa o el argentino Mauricio Macri y el rey de Saudi Arabia. Y otros, como el ruso Vladimir Putin, cuyos amigos habrían desfalcado dos billones al fisco, dirán que se trata de propaganda occidental.

Sin dudas que algunos justos pagarán por pecadores, pero ante tanta impunidad y falta de justicia que parece reinar en un mundo estilo Miami Vice, el público parece disfrutar de la justicia por manos propias que se arrogó esta vez el Periodismo o, en otras palabras, del escrache público de aquellos que mantenían su riqueza oculta al fisco y que, en muchos casos, la ostentaban con ligereza y arrogancia como si fuera producto del sudor de sus frentes.

Lo más interesante de esta era de globalización es que así como se ha internacionalizado la corrupción, también se expandió el avance de las denuncias, de los soplones que filtran información y de los arrepentidos, que motivados por los beneficios judiciales, delatan a sus colegas y fechorías. Así como en el caso de Snowden, Wikileaks o el Figagate, es lo que sucedió con un soplón que, sin querer nada a cambio, entregó 11.5 millones de páginas de información al diario alemán Suddeutsche Zeitung, sobre los negocios entre el estudio legal panameño Mossack Fonseca y sus clientes.

No se sabe a ciencia cierta el incentivo de quien ha filtrado la información o si fue un hacker. Las especulaciones son muchas. Pero la denuncia sobre Mossack Fonseca, uno de los cinco estudios más grandes del mundo en la creación de compañías off-shore, con oficinas en 35 países, huele a un ajuste de cuentas contra los distintos gobiernos panameños que en las últimas décadas han sido reacios a la transparencia y a colaborar con investigadores internacionales.

Mucha información conduce a Miami y otros destinos que se favorecieron con los fondos provenientes de los paraísos fiscales. Varios de los nuevos rascacielos de Miami se construyeron con millones de dólares en efectivo que provino de sociedades anónimas y compañías off-shore. Mucho debe ser legítimo; otro tanto no. Lo inentendible es cómo EEUU es juez y parte. Reclama e investiga por más transparencia, pero atrae lo oscuro. Algo no funciona.

En un mundo globalizado y sobre saturado de información, en el que cuesta diferenciar lo esencial de lo chabacano, es importante el papel investigativo del Periodismo para iluminar y destapar la realidad. La justicia le corresponde a otros; pero, obviamente, la información bien investigada y procesada ayuda o presiona por más justicia o, al menos, a crear la sensación de que se hará justicia. 

Argentina deja Telesur y a la propaganda

Nicolás Maduro se enojó con su colega Mauricio Macri porque Argentina decidió retirarse de la cadena televisiva multiestatal Telesur, de la que era socia desde que Hugo Chávez la creó en 2005 para contrarrestar la “propaganda imperialista de CNN”.

El berrinche de Maduro fue para matar dos pájaros de un tiro. Se la tenía jurada al presidente argentino desde que anunció que pediría al Mercosur aplicar la cláusula democrática contra Venezuela por su violación sistemática de los derechos humanos. Macri luego cedió porque la oposición ganó las elecciones legislativas, aunque seguramente insista ahora al saber que Maduro se niega a promulgar una ley de amnistía que el Congreso venezolano aprobó esta semana para liberar a 78 presos políticos.

Maduro, fiel a su estilo mandón y boquiabierto, comparó a Macri con los represores, haciendo un juego de palabras entre “desaparecer” a Telesur y los “30 mil desaparecidos”, desafiando con que nadie va a “desaparecer la verdad… si la prohíben en Argentina, millones de argentinos la verán por internet”.

La exageración no pudo tapar la realidad de Telesur. Más que un canal de noticias es un capricho propagandístico subvencionado por el chavismo, ideado para propagar “el socialismo del siglo 21”, ahora en retirada y desahuciado. No tiene impacto ni audiencia y mucho menos credibilidad. Provee información en forma unidireccional, característica especial a la que apuntó el ministro argentino de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Lombardi no necesitó decir mucho más para justificar que Argentina se retira de la televisora. La salida no es tan solo política, sino pragmática y coherente con los criterios de Macri para desactivar los órganos que sustentaron el relato K o la narrativa estrambótica ideada por el chavismo que, a través de Telesur, prefiere dar espacio a los líderes narcotraficantes de las Farc para hablar de sus logros por la paz, que a admitir la existencia de presos políticos en su país de origen.

El ahorro económico para el gobierno argentino no es mucho por el 16% de participación en Telesur, algo así como un cuarto de millón de dólares, aunque un solo dólar de los contribuyentes destinados a propaganda es un malgasto total. Sin embargo, la decisión le sirve a Macri para fundamentar su política informativa. Había prometido en campaña que acabaría con la propaganda, que los medios que maneja el gobierno serían públicos y no partidarios y que nunca más existiría la "guerra del Estado contra el Periodismo", antagonismo que siempre fomentaron el chavismo y el kirchnerismo.

La frustración de Maduro es que está viendo cómo empieza a desmoronarse todo el aparato de comunicación hegemónica que en un primer momento bajó de Cuba y que luego se potenció con el chavismo. Estos gobiernos utilizaron recursos públicos para apuntalar grandiosos aparatos de propaganda, además de no escatimar esfuerzos para perseguir a la oposición, a los medios y periodistas que no se sumaban a sus designios. 

En el último año de su mandato, Cristina Kirchner desembolsó 1.400 millones de dólares para sustentar un aparato gigantesco de medios públicos que usó como armas partidarias, distribuir pauta publicitaria a medios amigos y apuntalar a Fútbol para Todos y otros programas que propalaban su relato.

Siempre he sostenido la teoría de que los gobiernos autoritarios necesitan más propaganda cuando decrecen sus logros y progreso. Esa lógica queda demostrada con el gasto exorbitado del kirchnerismo en 2015, así como del chavismo, el correísmo ecuatoriano y el orteguismo nicaragüense. Comenzaron a invertir más en propaganda a medida que decaían sus logros políticos y económicos y su popularidad. De ahí que en este momento Telesur, así como otros medios del chavismo, son fundamentales para mantener el sistema político.

La salida de Telesur es un buen paso del gobierno argentino. Telesur, si quiere continuar como medio y alternativa, tendrá que ser eficiente, debería transformarse en medio público sin subvenciones exageradas o pasar a manos privadas y quedar al arbitrio de su audiencia. De lo contrario, sino cambia, durará tanto como el régimen que lo sustenta.

Los gastos en propaganda, lamentablemente, son el último bastión que abandonan los regímenes autoritarios, a sabiendas que deben guardar las apariencias hasta último momento.