En la SIP: la libertad de prensa y la democracia -

En la SIP: la libertad de prensa y la democracia - Olga Connor - ElNuevoHerald.com

Disciplinando a los críticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre fue caja de resonancia de los abusos de poder y la falta de justicia en América Latina. Sin embargo, paradójicamente, quienes acuden a ella suelen transformarse en víctimas de sus propias denuncias.

Esta vez les tocó el turno a periodistas argentinos y ecuatorianos. Desde sus gobiernos les llovieron todo tipo de insultos después que denunciaron ante la CIDH que son perseguidos por sus críticas, opiniones y denuncias, como fue el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes actuaron en representación de un grupo de colegas.

La embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, en vez de neutralizar las denuncias con la posición del gobierno, prefirió descalificarlos, acusándolos de “victimizarse”, de ser “voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos” y de orquestar campañas contra las políticas nacionalistas en Latinoamérica. Todo esto, después de que por años, la CIDH le negara una audiencia a los periodistas ante las presiones del gobierno.

Este arrebato en contra de quienes fueron a denunciar violaciones a los derechos humanos, se dio, paradójicamente, al mismo tiempo que el gobierno de Cristina Kirchner anunciaba con bombos y platillos, el descubrimiento de “listas negras” de la última dictadura. Y mientras se daban los nombres de los más de 300 artistas, intelectuales y periodistas que los militares consideraban blancos debido a sus denuncias y posición política, el gobierno tomaba represalias contra los denunciantes actuales, como el caso de Ruiz Guiñazú, a quien le cayeron inspectores de la AFIP, buscando pruebas por ingresos pasados.

El mensaje fue muy claro. Aunque no existe la burda censura directa, los insultos y los inspectores buscan intimidar para generar autocensura. Una forma de disciplinar a periodistas, críticos y díscolos; de la misma forma que se persigue económica, legal y judicialmente a muchos medios y empresas privadas por no plegarse a los designios del gobierno.

La misma actitud la asumió el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Arremetió contra un grupo de periodistas que lo denunció ante la CIDH por violaciones directas a los derechos humanos e intimidar con acciones judiciales e insultos públicos que suelen terminar en agresiones. Correa, más allá de que sus funcionarios no acudieron a la audiencia, la calificó de “payasada” y de “una más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional”.

En ambos casos, se trata de un doble estándar de estos gobiernos. Sus democracias se construyeron, en parte, gracias a las denuncias que las víctimas de las dictaduras pudieron hacer ante organismos internacionales. Fue justamente una misión de la CIDH a Argentina en 1979, la que despertó la reacción internacional contra la dictadura militar, que por aquel entonces, estaba empecinada a mejorar su imagen externa con el eslogan de “Los argentinos somos derechos y humanos”, pretendiendo enmascarar las graves violaciones a los derechos humanos.

En el caso argentino es obvio que no se puede comparar la persecución en dictadura a las de este gobierno. Entre 1976 y 1983 desaparecieron 93 periodistas y cientos debieron exiliarse. Pero por menos grave que sean las violaciones ahora, no tiene por qué coartarse el derecho de quienes quieran denunciarlas o se consideren víctimas de opresión.

El caso ecuatoriano es aún más grave. Correa, enojado por informes sobre derechos humanos desfavorables a su gobierno, no solo protesta, sino que lideró una campaña internacional contra la CIDH, acusándola de “brazo del imperialismo” y amenazando con la renuncia de su país a esa jurisdicción. Algo que concretó Nicolás Maduro, quien prefirió sacar a Venezuela del sistema interamericano, antes que responder por graves atentados a los derechos humanos cometidos en su período y en el de su antecesor.

Estos gobiernos, como el argentino y el ecuatoriano, que se autocalifican de campeones de los derechos humanos, en lugar de admitir errores o investigar las denuncias, prefieren perseguir y disciplinar a sus críticos con tal de que haya una sola verdad, la oficial. Siempre, con una actitud marcadamente defensiva, prefieren atacar a quienes hacen preguntas o denuncias, a tener que rendir cuentas como les exige su mandato.

Dilma Rousseff y el escupir hacia arriba

Error de cálculo o le salió el tiro por la culata son los modismos que se pudieran aplicar al incidente que tuvo que sortear la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quien después de despotricar contra el gobierno estadounidense por sus actividades de espionaje, debió salir a dar explicaciones sobre las que realizó su país años atrás.

Después de que Edward Snowden denunció el programa masivo de espionaje del gobierno de EE.UU. contra presidentes y países aliados y enemigos, todos los gobiernos se rasgaron las vestiduras, aunque de a poco los diarios de cada país están ventilando las operaciones de inteligencia de sus propios gobiernos, las que por razones de seguridad, soberanía o contrainteligencia, siempre existieron.

Así tuvo que salir Rousseff después de que el diario Folha de S. Paulo denunciara que el gobierno brasileño, especialmente durante la presidencia de Lula da Silva, espió a diplomáticos y funcionarios estadounidenses, rusos, iraníes e iraquíes en dependencias diplomáticas de ese país en Brasilia.

Claro que Rousseff dijo que no se trataba de espionaje como tal, sino que calificó esas actividades con el eufemismo de actos de “contrainteligencia”, respaldados por la legislación vigente. Algo similar a lo que el gobierno de Barack Obama dijo: Actividades lícitas, destinadas a combatir el terrorismo y proteger a sus ciudadanos.

Rousseff quien ahora busca junto con Alemania que el internet sea regulado por una comisión de Naciones Unidas, en respuesta a cómo EE.UU. utilizó el internet en operaciones de espionaje, dijo que no se puede comparar lo que hace EE.UU. de lo que hizo Brasil.

Es probable que no se puedan comparar las acciones de espionaje de Brasil contra las demás potencias, debido principalmente a las facilidades que las altas tecnologías les permiten. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos, esta denuncia contra el gobierno de Brasil demuestra que el espionaje es una actividad de siempre y de todos, y que solo denunciarla contra otros y sin medir las palabras ni tampoco hacerse responsable, puede resultar en un escupitajo hacia arriba.

Ayer como hoy, Ortega sigue siendo el rey

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no tiene ni empacho ni vergüenza para tratar de consolidar su monarquía. De joven pasó su vida a punta de pistola para derrotar las mismas actitudes que tenía su colega de otrora, el dictador Anastasio Somoza, y él es ahora quien quiere consolidarse en el poder con una reforma constitucional sin obstáculos.

Ortega ha hecho posible su presidencia gracias a un fallo de 2011 de la acólita Corte Suprema que le permitió su tercera aventura política vedada por la Constitución. Ahora impedido por otra nueva reelección y acabados los permisos judiciales, su partido presentó una reforma constitucional que le permitirá, como lo logró Hugo Chávez en su época, gobernar a perpetuidad burlando varios contrapesos democráticos.

A fuerza de propaganda, clientelismo y alianzas con militares, curas y empresarios, y una oposición débil y en minoría en el Congreso, nadie tiene dudas que Ortega conseguirá reinar hasta que su salud se quebrante. A diferencia de los triunviratos de la época sandinista, Ortega ahora gobierna en solitario o bajo la sombra de su compañera sentimental y espiritual, su esposa Rosario Murillo quien comanda la comunicación de su régimen, que como estrategia de popularidad no solo mantiene las misiones sociales y de adoctrinamiento en los barrios, sino también fue artífice de las tácticas de propaganda de los últimos años para realzar el sentido nicaragüense de la nacionalidad, la unión y el patriotismo.

Esa estrategia propagandística de pan y circo, Ortega incluyó el negociado sorpresivo este año con un empresario chino para crear un segundo canal interoceánico en las Américas para una eventual competencia al Canal de Panamá, y unas relaciones borrascosas que creó con Costa Rica, Panamá, Honduras y Colombia, países a los que disputó ríos, mares e islas.

Ortega no tiene esa vocación externa de dividir territorios con vecinos, cuando se trata de cuestiones internas. Sus familiares están cada vez más empotrados en el poder y en las empresas, mientras tanto sus hijos, como príncipes herederos, se están quedando con los medios de comunicación y todo aquel proyecto que sirva para blindar políticamente al régimen. 

Más que de un fallo, se trató de una falla judicial

No porque una ley se apegue a la Constitución tiene que ser buena. El gobierno interpreta que la ley de medios es la panacea democrática porque la Corte Suprema la avaló. En algunos países la pena de muerte y el aborto son principios constitucionales, pero no por ello son buenos.

Es loable regular los espacios para que nadie concentre ni medios ni opiniones, para que la crítica y el disenso sean plurales y diversos. Pero no es bueno que se restrinjan espacios independientes y que, en cambio, el gobierno pueda entrometerse en los contenidos de los medios privados, sin límites de tiempo, para cadenas nacionales de “trascendencia institucional” o espacios de “interés relevante” que seguirá usando para hacer propaganda.

No es bueno que la misma ley permita al Estado concentrar medios, así sean públicos o comunitarios, a sabiendas que no existen públicos (de todos), sino gubernamentales (para el beneficio del oficialismo) y que los comunitarios terminarán en manos de aquellos que se alineen con el gobierno.

Que los funcionarios digan que existe plena libertad de prensa, no es verdad. Los medios sí pueden criticar, pero sufren consecuencias y represalias. La ley de medios nació selectiva, tiene en su ADN el método de la revancha política, y aunque ahora el blanco es Grupo Clarín, podrá luego activarse contra cualquier otro medio considerado opositor. Un calificativo que reciben quienes critican al gobierno, así sean consultoras privadas que intentan medir la inflación real o fiscales que investigan la corrupción en altas esferas del poder.

La ley no es tan mala, pero por su ADN, existe desconfianza en cómo se aplicará. El fallo supremo de 392 páginas es prolífico en señalar el irrespeto del gobierno en materia de medios, por lo que no ofrece garantías de que habrá equidad en su aplicación. La sentencia infiere que hay medios públicos que no son tales, que el gobierno concentra medios y usa fondos públicos para comprar medios y voluntades, condena que la publicidad oficial se utilice para discriminar a los críticos y favorecer a los acólitos, y reclama que no existen normas para obligar al gobierno a dar acceso a la información pública, mientras pone en dudas que garantice la libertad de expresión, principio constitucional.

Esta ley vino acompañada de la ofensa y el desprestigio. La presidente, su predecesor y sus funcionarios enjuiciaron en Plaza de Mayo a periodistas y medios críticos mientras que su eslogan de “Clarín miente” sirvió de fondo en canchas de fútbol y en zoquetes de beneficencia para niños africanos. El escarnio público, con el fin de generar miedo y autocensura, siempre fue intención del kirchnerismo, como de otros ismos que le antecedieron.

El gobierno supo identificar a su enemigo y polarizar. Muchos distraídos creen que Clarín es monopolio, que el éxito o sustentabilidad económica es degradante e ilícita o que La Nación y Perfil son cómplices y antidemocráticos por haber expandido sus negocios y las críticas. Los más cautos entienden que defender a Clarín, no es defender sus pecados, sino a otros medios que en el futuro pueden ser víctimas de una aplicación política y no técnica de la ley.

Es que cuando los gobiernos se ensañan contra los medios privados e independientes, es síntoma de que ya lo han hecho o harán con otras estructuras de poder. Venezuela es ejemplo. El ex presidente Hugo Chávez se ensañó por años contra los “cuatro jinetes del Apocalipsis” en referencia a las cadenas televisivas Globovisión, Venevisión, RCTV y Televén. Tras la sanción en 2004, la ley de medios, destinada para crear “espacios democráticos”, sirvió para cerrar RCTV, neutralizar Globovisión mediante su compra por allegados al chavismo, y para domesticar los informativos de Venevisión y Televén.

Aunque tras la derrota electoral algunos vaticinen que el kirchnerismo ya está en retirada y que Clarín podrá seguir defendiéndose en los tribunales, la sentencia del máximo tribunal no fue buena. Por no ser concluyente y permitir interpretaciones varias, se trató de un gesto político, perdiéndose otra oportunidad para crear jurisprudencia en favor de la libertad de prensa.

Se trató de un aval de constitucionalidad, pero sin la debida interpretación del espíritu, contexto y manejo político de la ley. 

Periodistas se defienden en la CIDH, por ataques de Kirchner y Correa

Los gobiernos de Cristina Kirchner y Rafael Correa han hecho de los medios de comunicación y de sus propietarios la razón de su existencia. Los acusan de ser los poderes económicos y políticos, los verdaderos opositores, a los que califican de vendepatrias, conspiradores, golpistas y desestabilizadores. Además,  los hacen  responsables de la desigualdad, de la opresión, de incentivar la inseguridad y de desconocer a las autoridades.

En su estrategia de achacar todos los males a los medios - el único “enemigo” en pie, después de que degradaron y se apoderaron de las estructuras institucionales - se han cuidado de atacar a los periodistas, a quienes consideran víctimas de los medios privados, desalmados y monopólicos. Su táctica de pegar a los de arriba y minimizar el impacto entre los de abajo, así sean periodistas, indígenas, maestros u obreros, tiene el claro propósito de desinflar su colchón electoral.

Pero son tantas las agresiones y campañas de desprestigio que estos gobiernos y sus estructuras oficialistas le han pegado a los periodistas, a los de a pie, así como también lo hicieron gobiernos de ideologías diametralmente opuestas como los de Hugo Chávez, Carlos Menem, Alberto Fujimori o Augusto Pinochet, que los periodistas empezaron buscar refugio y a ejercer sus derechos fuera del país.

Esta semana, grupos de periodistas argentinos y ecuatorianos participaron de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los atropellos a la libertad de expresión y de prensa en ambos países. La crítica contra los gobiernos no es tan solo por las campañas de desprestigio que sufren, sino por las trabas para hacer periodismo y las que se imponen a los ciudadanos, a quienes se niega su derecho de acceder a información pública.

Los periodistas denunciaron la censura que implica la Ley de Comunicación en Ecuador, las demandas judiciales con millonarias indemnizaciones que les llueven desde el poder político, las campañas de desprestigio con afiches, denuncias y juicios públicos, todo ello con el ánimo de censurar y generar autocensura.

También denunciaron el cepo publicitario en Argentina impuesto por la Secretaría de Comercio a los supermercados y la forma en que el gobierno utiliza fondos públicos para beneficiar a los medios que le son afín y la falta de una ley de acceso a la información pública que obligue al gobierno a ser transparente.

Obviamente, las respuestas de los gobiernos no se hicieron esperar y fueron previsibles. Rafael Correa, desde Moscú, dijo que las denuncias de los periodistas y de miembros de la sociedad civil ecuatoriana ante la CIDH era solo una “payasada”. Mientras tanto, la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, calificó a los periodistas – Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú entre otros prestigiosos e independientes - de "voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos".

Las presentaciones de ambos grupos tuvieron en sus países una cobertura desigual. Muchos periodistas se sintieron representados pero otros los criticaron por victimizarse, desde una óptica muy parecida al oficialismo. En realidad, esto muestra que si algo “bueno” han logrado con su estrategia de desprestigio estos gobiernos, es que también han dividido y polarizado al gremio periodístico.

Maduro y su cuento en Halloween

El increíble presidente Nicolás Maduro sigue a las andanzas tratando de endiosar a Hugo Chávez, pero aunque su cuento coincide con el día de Halloween, hay que tener en cuenta que su treta, por jocosa que aparente, lleva implícito el peligro de seguir disminuyendo los espacios de democracia.

Esta vez dijo que se vio la cara del ex comandante en un túnel en construcción del metro de Caracas, algo parecido a las grutas donde aparecen vírgenes y santos de la devoción católica. Una forma de tratar de elevar la figura de Chávez a nivel de veneración religiosa que se suma a las “apariciones” más recientes del fantasma, a quien ya hizo reencarnar en pajarito, en las caras de los pobres y en la de todos los caraqueños que deambulan por ahí; sin contar aquella vez que propuso embalsamar al ex presidente para que lo gozaran las generaciones venideras.

En esta nueva saga de cuentos de Halloween, Maduro no es muy creativo. Ahora le sumó la denuncia y el escarnio de lo que él considera la “trilogía del mal” encarnada por Henrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López, políticos de la oposición a quienes acusa de conspiración contra su poder y estar detrás del desabastecimiento, la crisis de seguridad, la crisis energética y cualquier otra crisis sin dueño.

Al tiempo que Maduro hacía aparecer por obra y gracia la imagen del rostro de Chávez en el metro, Caracas amaneció con afiches con las caras de los tres opositores bajo el título de “Trilogía del Mal” y con las leyendas siguientes: “Reconócelos. La trilogía del mal”. “Te quitan la luz. Te quitan la comida. Te quitan la paz. Basta de violencia”.

Maduro no es nada creativo. Sin poder acusar a los medios de comunicación, ya que muchos de ellos han sido “domesticados”  por medio de golpes y golpes durante más de una década, a Maduro no le queda otra que denunciar y desprestigiar a quienes le pueden hacer sombra a sus sueños cubano revolucionarios.

Copiado del manual del desprestigio de Hugo Chávez, que machacaba contra los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, calificativo que endilgaba a las canales televisivos Globovisión, Televen, RCTV y Venevisión, Maduro ahora insiste contra la trilogía del mal, habiendo cambiado a los medios por los opositores, aunque siempre con la misma intención de expiar pecados, acusar a los de todo mal y destruir cualquier espacio de crítica.

Pero no hay que tomar estos lemas a la ligera ni creerse que se trata solo de cuentos de Halloween. Tanto fue lo que Chávez hizo contra los medios y la libertad de prensa, que hoy a aquellos cuatro jinetes se los puede ver cerrados, comprados o domesticados. Es obvio que Maduro insistirá contra la “trilogía del mal” y contra cualquier otro líder opositor que aparezca, y como quedó demostrado con los “cuatro jinetes” no se trata solo de una táctica electoral, sino de una estrategia para neutralizarlos de por vida.

Privacidad en la web: No hay que por bien no venga

En las últimas décadas, EE.UU. fue el gobierno que más batalló para que uno de sus inventos, el internet, sea libre, gratuito y neutral; además de haber luchado a brazo partido contra gobiernos que siempre trataron de controlar la web, como los casos de China, Saudi Arabia, Cuba, Vietnam, entre tantos otros.

Actualmente, debido al programa masivo de vigilancia electrónica y de telecomunicaciones adelantado por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad, que ha puesto en vilo la seguridad y privacidad de los usuarios particulares en la net, dos países, cuyos líderes, empresas y ciudadanos han sido víctimas de esa prácticas, están proponiendo cambios al modelo actual de internet y promoviendo resguardos para la privacidad.

Casi en despecho por el espionaje sufrido, las líderes de Brasil y Alemania, Dilma Rousseff y Angela Merkel, están tratando que las Naciones Unidas sea el páramo para contener el espionaje indiscriminado por parte del gobierno de Barack Obama, a través de una resolución que deberá debatirse en el comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU. El texto que ya está ganando adeptos entre países amigos y enemigos de Washington por igual, incluye la propuesta de Rousseff de que el internet sea regulado por un cuerpo de Naciones Unidas y que el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la organización confeccione dos informes anuales sobre la vigilancia indiscriminada y la violación de los derechos humanos, así como que incluya recomendaciones de buenas prácticas para los gobiernos.

Obviamente, un internet gobernado por un cuerpo de Naciones Unidas no es buena idea, desde que el Comité de Derechos Humanos estuvo liderado por países como Cuba, China o Libia que en los últimos 50 años no se caracterizaron por la defensa de esos derechos. Podría suceder que países que siempre han querido controlar a los usuarios del internet, pudieran ahora estar justificados para poder hacerlo.

Sin embargo, el tema de informes y condenas al tema de la violación a la privacidad, sería un aporte considerable para denunciar los atropellos que se comenten en la web y a través de esta. Después de todo, por ir en contra de sus propias convicciones y por mal usar el internet, EE.UU. podría estar logrando lo que siempre estuvo buscando, que se denuncien las violaciones a la libertad, seguridad y a la privacidad en el internet. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho que fácilmente se aplica a esta situación.

Obama y su propaganda

Barack Obama se parece a ciertos presidentes latinoamericanos que hacen de la propaganda el único método de comunicación. No solo ofrece información interesada, sino también manipula, esconde y silencia aquella que no quiere que el público sepa.

Como si estuviera en plena campaña electoral, Obama sigue usando Twitter y Facebook y sitios oficiales de internet para agradar a sus seguidores y criticar a sus oponentes. Y como parte de esa tarea propagandística, también espía a medios de comunicación y procesa a delatores y periodistas. Una estrategia que un reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, calificó de “guerra agresiva” contra la prensa.

Lejos de cumplir su promesa de hacer de la transparencia el eje de su gobierno, Obama está acusado de retacear información a los periodistas, clasificar documentos en forma indiscriminada y mantener un programa de vigilancia electrónica sin precedentes. Las consecuencias son devastadoras: genera autocensura entre periodistas e inhibe a fuentes y funcionarios de proporcionar información, de la misma forma que sucede con Cristina de Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega o Nicolás Maduro.

Los funcionarios tienen razones para esquivar a la prensa. Debido al “Programa contra Amenazas Internas”, los empleados del gobierno federal estadounidense deben vigilar la conducta de sus colegas para evitar filtraciones, mientras de aquellos que se sospecha de pasar datos a los periodistas, son investigados y hasta sometidos a detectores de mentiras. Es que en EE.UU. todo cambió con Set/11-2001. De repente todo se volvió súper secreto, se crearon nuevos organismos de inteligencia y la Ley Patriótica amplió los poderes del gobierno autorizando programas de vigilancia electrónica para detectar amenazas terroristas.

Esa estrategia permitió a Obama procesar a seis empleados gubernamentales y a dos contratistas, uno de ellos Edward Snowden, por filtrar información clasificada, acción penalizada por la Ley de Espionaje, que se había usado solo en tres oportunidades desde que entró en vigencia en 1917.

El gobierno de Obama no solo limita la información, también persigue a posibles delatores y a sus fuentes, adoptando medidas similares a la de gobiernos autoritarios y dictaduras. Por ejemplo, a la prestigiosa agencia estadounidense AP, el Departamento de Justicia espió e incautó secretamente llamadas y textos de periodistas sobre un posible atentado en Yemen en 2012, en momentos que el gobierno aseguraba que no existían amenazas terroristas.

Actualmente, el gobierno está detrás de Glenn Greenwald, el periodista de The Guardian, por haber publicado información que le filtró Edward Snowden, sobre el masivo programa de vigilancia contra otros líderes mundiales, empresas y ciudadanos extranjeros. Y todo parece que Obama tendrá que seguir disculpándose como lo hizo en estos días con la presidente Dilma Rousseff, la canciller alemana, Angela Merkel y el presidente de Francia, Francois Hollande, ya que Greenwald, en la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo tener listos “otros bombazos noticiosos” sobre Argentina, Venezuela y Canadá, que desnudarán aún más el masivo sistema de vigilancia clandestino.

Greenwald ya no seguirá revelando información desde The Guardian. Lo hará desde un sitio de noticias nuevo que creó junto al fundador del portal de subastas Ebay, Pierre Omidyar, con la intención de apoyar a periodistas a que divulguen  información sobre el gobierno. Una buena movida, que obligará a Obama a ser tan transparente como prometió y a no usar la excusa de la seguridad nacional, ya que se puede comprobar que la información revelada no puso nada ni a nadie en riesgo.

Ante las quejas del mundo, a EE.UU. le resta rectificar sus políticas. El Departamento de Justicia está obligado a reformas que le obliguen a tener órdenes judiciales para requisar archivos y solo hacerlo a quienes sean sospechosos de crímenes. Obama, por su parte, tendrá que acatar la ley que él promulgó para proteger y motivar a los informantes e impulsar la sanción de la postergada ley federal de protección de fuentes para periodistas. Ambas son indispensables para que el gobierno termine con la caza de brujas, sea más transparente y limite su acción propagandística. 

Si Bush hubiera espiado

Son muchos los males que se le achacaron a George W. Bush durante su presidencia; y con razón. Aquella fecha fatídica para EE.UU., “Setiembre 11 de 2001”, cambió prácticamente todo en el país y en el mundo, especialmente la forma de hacer política.

A Bush se le condenó por errores inmensos, entre ellos, por haber adelantado una guerra en Irak justificada por armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Por la apertura de la guerra en Afganistán, la violación de los derechos humanos en el extranjero por parte de militares estadounidenses, por la apertura de la cárcel de Guantánamo, por no haber encontrado a tiempo a Osama Bin Laden y hasta por la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera por falta de regulaciones a la banca nacional.

Bush terminó deshecho y, pese a todos los errores de Barack Obama, ni siquiera puede soñar con hacer declaraciones críticas porque la gente y el periodismo le contestarán que no tiene derecho a nada. Seguramente que en su época, en la que defendió los intereses de los estadounidenses a como  diera lugar, también se espió, pero nunca se supo a ciencia cierta o, más bien, los delatores e informantes, como Bradley Manning y Edward Snowden, recién aparecieron en estos últimos años.

La prensa estadounidense, en general, así como la academia en especial de las grandes universidades, son demasiado liberales, y por eso el escándalo de espionaje masivo llevado a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad del presidente Barack Obama contra usuarios de internet, empresas y líderes del mundo entero, pasa por debajo del radar en este país.

Claro que distinto sería si se hubiera descubierto que el responsable, en vez de Obama, habría sido Bush. La prensa lo habría asaltado sin pudor y con pasión. Ahora, en cambio, las exigencias a Obama son tibias y muchos defienden su validez cuando se excusa de que el espionaje es necesario por razones de seguridad nacional y para defender los intereses de los estadounidenses.

Con Bush no habría habido contemplaciones. De repente a Obama le quedan unos pocos años más de presidencia para que la prensa y el público reaccionen, en consideración de que este programa de vigilancia que denunció el ex contratista Edward Snowden, es uno de los mayores escándalos provocado por EE.UU., comparable a la ilógica invasión de Irak.