Bala de plata

RICARDO TROTTI: Bala de plata - Opinión - ElNuevoHerald.com

“Que la gente decida”

Las palabras del famoso ciclista estadounidense, ahora en aprietos, Lance Armstrong, son parte de su acostumbrada manipulación que durante su carrera ha hecho de quienes lo rodeaban, como quedó demostrado en evidencias y estudios recopiladas por la agencia antidopaje y en sus propias confesiones que esta noche y mañana serán divulgadas por la diva televisiva Oprah Winfrey.

La frase “que la gente decida” no es más que ocultarse detrás de la popularidad que todavía le pregonan muchos incrédulos. Es parte de la demagogia que en otras épocas utilizó – incluso legalmente – para atacar a sus víctimas y hacerse la víctima ante quienes lo acusaban de mantener una increíble y perfeccionada maquinaria con la que llegó a extorsionar a sus compañeros de equipo y sobornar a las autoridades de la Unión Ciclista Internacional.

Más allá de esa maquinaria de dopaje, y las consecuencias que sufrirá en los estrados judiciales luego de haber sido despojado de sus siete coronas en el Tour de Francia; lo que realmente duele es cómo a esa gente que ahora pide que decida, se nos haya caído la confianza en un ídolo que creíamos héroe e insuperable.

Comparado a muchos deportistas que nos han engañado con el uso de esteroides o distintos tipos de doping, ninguno tenía la jerarquía universal de Armstrong conseguida gracias a un cáncer cuya superación utilizó como trampolín para alcanzar los logros más importantes de su carrera: ganar títulos y mantener una fundación, Livestrong, para investigar y luchar contra el cáncer.

Probablemente otro golpe fuerte haya sido el de Maradona cuando en el Mundial de EE.UU. se descubrió que su fuerza atlética y goles estaban bajo los efectos del dopaje. Pero aquel personaje fue solo traición para un país y para amantes del fútbol, muchos de los cuales ya sabían de sus desventuras con las drogas y vida disipada.

El dopaje confeso de Armstrong es distinto. Armstrong era un atleta universal que estaba por arriba de cualquier bandera, por eso su dopaje termina siendo una traición a la confianza universal depositada. En la actualidad, creo que Lionel Messi y Lebron James, son los únicos atletas populares y de talla universal que producirían, en caso de que hubieran alcanzado sus records con la ayuda de drogas anti deportivas, una decepción de esa magnitud.

Pero más allá del dopaje, lo de Armstrong es mucho peor. No solo consumió drogas, se hizo trasfusiones de sangre y utilizó otros métodos alocados, sino que obligó a sus compañeros de equipo a hacerlo, y por años amenazó a medio mundo para ocultar la verdad. También vino desmintiendo por años cualquier sospecha o acusación y lo hizo con total desparpajo ante jueces, sponsors y rivales.

Lo de Armstrong tiene proporciones muy superiores a la de otros atletas que solo tienen la complicidad de sus entrenadores y médicos personales. Lo de Armstrong no fue accidental, premeditado y con alevosía. De ahí que el jefe de la agencia estadounidense antidopaje, Travis Tygart, luego de haber publicado evidencias en más de mil páginas, haya calificado el programa de dopaje de Armstrong como el “más sofisticado, profesionalizado y exitoso en la historia del deporte”.

No creo, por ello, que la gente tenga que tomar alguna decisión como Armstrong pide. Ya fue mucho tener que soportar todas las mentiras, ahora le toca a las autoridades la decisión y a nosotros, el público, solo tratar de entender y ser compasivos con quien no lo fue.

Chavismo: sigue el carnaval

El carnaval comenzó con anticipación. En un caso inédito, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano avaló el inicio de las fiestas al posponer por tiempo indefinido el acto de posesión del presidente reelecto Hugo Chávez y permitir la continuidad del gobierno, tras una dudosa interpretación de la Constitución.

La decisión, pactada de antemano en La Habana, sirvió para que el oficialismo, celebrara este 10 de enero un acto en solidaridad y de exaltación de la personalidad del líder ausente. Con la fiesta, el gobierno tuvo la intención de mostrar fuerza de movilización y encubrir cualquier discusión democrática sobre su legitimidad.

El vicepresidente Nicolás Maduro no habló de planes ni agenda futura, pero amenazó y advirtió a potenciales golpistas. Todo esto, con el aval de una comparsa internacional encabezada por los presidentes José Mujica, de Uruguay, Evo Morales, de Bolivia y Daniel Ortega, de Nicaragua, cuya amistad con el chavismo les impide siquiera dudar si en Venezuela se atentó contra la Constitución. Algo que sí sopesaron ante los golpes constitucionales en contra del presidente hondureño Manuel Zelaya y del paraguayo Fernando Lugo, pidiendo que ambos países fueran sancionados y expulsados de la OEA y otros foros internacionales.

Estos presidentes, ex mandatarios y funcionarios de Argentina, El Salvador, Paraguay, entre otros países, llegaron hipócritamente a Caracas blandiendo el manido discurso de la no injerencia imperialista, aunque se entrometieron en los asuntos internos que los venezolanos todavía no pudieron descifrar. Si es que se ajusta a derecho el fallo del Tribunal Supremo que permitió la continuidad del gobierno – que incluiría que Chávez pueda asumir en La Habana si recupera su salud - por encima del principio constitucional que manda que ante la ausencia del Presidente electo o su inhabilitación, debe asumir el líder de la Asamblea Legislativa y convocar a nuevas elecciones.

Ante escenarios poco deseados, y acostumbrado a un poder hegemónico de más de 14 años, hace rato que el chavismo enmascara la gravedad de la situación. Sobre Chávez, su cáncer y expectativa de vida se sabe poco. Después de un mes internado en La Habana, Chávez no aparece en fotos y quienes lo visitan no lo pueden ver. Todavía peor, el gobierno prohibió la formación de una comisión parlamentaria mixta y con facultativos para que visite Cuba y permita verificar si el mandatario está inhabilitado para asumir la Presidencia. De ahí que hayan crecido los rumores y temores sobre su vida.

Pero ese no es el único secreto intencionado que pretende el régimen. Al mejor estilo de las autoridades de China que censuraron una protesta de periodistas por mayor libertad de expresión y democracia esta semana, el gobierno venezolano censuró a la cadena Globovisión por considerar que el contenido crítico de cuatro videos sobre el fallo del Superior Tribunal, incita “al odio, a la intolerancia por razones políticas, a la zozobra y alteraciones del orden público”.

La prohibición, contraria al principio legal de censura previa, evitó que  Globovisión difundiera videos que auto comprometen al oficialismo, en los que Chávez, antes de marcharse el 10 de diciembre a La Habana, indicaba como se debía proceder en su ausencia. Contrario a lo que sucedió ahora, Chávez ajustándose al mandato constitucional designó como vicepresidente al canciller Nicolás Maduro, a quien propuso como el candidato del oficialismo para las próximas elecciones en caso de quedar inhabilitado.

Aunque el chavismo se haya bañado de poder con sus multitudes, la situación no parece que será menos compleja en el futuro inmediato. Ahora que Maduro asumió el poder y continuará con el anterior gabinete, muchos cuestionan qué legitimidad tendría si Chávez muere o sigue inhabilitado, ya que muchas de las decisiones de nivel nacional e internacional están solo reservadas para que las tome el presidente.

Sin embargo, el chavismo, con el control de los poderes Judicial y Legislativo, siempre supo sortear cualquier atolladero mediante vericuetos legales. El fallo actual del Tribunal Supremo se compara a la decisión de la Asamblea Legislativa a fines de 2010, cuando autorizó a Chávez gobernar por decreto por 18 meses, antes de que asumieran los diputados de la oposición. Aquel fue otro carnaval. 

Chávez el censor. Su legado

Da lo mismo, ya sea desde su lecho o por su voluntad, los chavistas más rojos del régimen, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, invocan las enseñanzas de su líder para censurar a los medios de comunicación y a cualquier ciudadano u opositor que critique al gobierno o que trate de hablar de un tema de interés público como es su convalecencia.

Muy al estilo de las autoridades chinas que esta semana declararon que la censura es oficial y que los medios responden al criterio editorial del partido, en Venezuela, por obra y gracia de Cabello, el órgano que rige las comunicaciones, Conatel, prohibió a la cadena Globovisión. La televisora no puede seguir difundiendo videos en los que Chávez, antes de partir hacia La Habana, decía lo que el chavismo debía hacer. Todo lo contrario de lo que orquestó Maduro con los hermanos Castro desde La Habana y con el aval de un Supremo Tribunal de Justicia sometido o aliado al poder político.

La censura contra Globovisión se disfrazó de apología a los disturbios y de intolerancia política, los mismos criterios que Chávez vino utilizando desde 1999 para atacar a la oposición y hacer de Venezuela, una republiqueta cada vez más parecida a la Cuba de las libertades individuales y sociales coartadas. La censura en Venezuela es legal.

Esta censura no sorprende. El régimen y sus acólitos que siempre critican a los monopolios internacionales, no han hecho otra cosa que instaurar un gran ensamblaje de medios gubernamentales, propagandísticos o someter mediante leyes y extorsiones a los independientes. Desde hace rato que Globovisión tiene las horas contadas; terminará algún día con la misma suerte que RCTV, más de 50 emisoras, periódicos y sitios de internet que han sido cerrados por criticar al régimen, acusados de golpistas y pendencieros.

En Venezuela los medios y periodistas que idolatran a Chávez sobreviven, lo que critican al régimen son perseguidos. Chávez ha dado siempre órdenes expresas en ese sentido, ya sea mediante amenazas directas, promulgando leyes mordazas o decretando el cierre de medios. La censura y la intolerancia, violaciones expresas a los derechos humanos, son y serán parte de su legado histórico.    

El circo chavista

Circo Internacional

El acto de solidaridad y de culto a la personalidad del líder ausente realizado ayer en Caracas y dirigido por el vicepresidente, Nicolás Maduro, fue parte del acto circense que inauguro el Tribunal Supremo de Justicia, tras permitir que el Gobierno pueda tener continuidad pese a que el presidente reelecto no estaba habilitado para tomar posesión.

La polémica sobre la interpretación de la Constitución tuvo el aval de varios presidentes latinoamericanos que se presentaron en Caracas para apoyar a la revolución. Tanto Jose Mujica, Evo Morales y Daniel Ortega, asi como el ex presidente Fernando Lugo, el vicepresidente de El Salvador y el canciller argentino, entre tantos otros, cometieron el agravio de entrometerse en asuntos internos del país, sobre los cuales los venezolanos todavía no se han puesto de acuerdo ni dirimido sus diferencias, pese a que el gobierno diga lo contrario y amenace o advierta a la oposición de que tomara represalias ante cualquier intento de desestabilización.

El chavismo ha cometido serios atropellos a la Constitución en sus 14 años pero siempre lo ha hecho a través de los vericuetos que les permiten las leyes, muchas de ellas creadas con ese propósito de transformar sus ilícitos en legítimos, como aquel día de diciembre de 2010 cuando la Asamblea Legislativa le otorgo a Chávez una ley habilitante para que pueda gobernar por decreto por 18 meses.

Seguramente en estos próximos días mientras la oposición, los académicos, los  dirigentes y los ciudadanos quieran seguir discutiendo sobre la complejidad de la situación, el chavismo encontrara a través del control de los poderes Judicial y Legislativo, las formas para transformar sus polémicas decisiones y bravuconadas en hechos ajustados a derecho.

Armas: Ningún derecho es absoluto

Ante el cumplimiento de la promesa de Barack Obama de tomar riendas en el tema de la violencia provocada contra las armas, después de la masacre de Newtown, grupos conservadores en el país han tomado la iniciativa de declarar el 21 de enero, día que asumirá el Presidente su segundo término, Día del Aprecio por las Armas de Fuego.

En realidad todos tienen derecho a protestar por lo que consideran sus derechos, especialmente por el de portación de armas que es explícito en la Segunda Enmienda de la Constitución, pero de nada vale el cinismo de organizar una jornada en la que los organizadores pretenden que mientras Obama está asumiendo, sus detractores, por su posición anti armas de grueso calibre, piden que se visiten armerías, campos de tiros y alzar la voz contra la intromisión del gobierno en el derecho individual.

Lo que estos grupos no tratan de entender es que no hay derechos absolutos. Es como si se dijera que en nombre de la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda se pudiera decir, opinar o defender a cualquiera persona por más que mienta o ataque intencionadamente - a sabiendas de que lo hace falsamente – la reputación de otra persona. En esos casos, la reglamentación de la Constitución a través de varias leyes, establecen límites y responsabilidades sobre la libertad de expresión.

En el caso del derecho a la portación de armas, más allá de los límites y responsabilidades que dictan que no se las puede usar para agredir sino en defensa propia, muchos han interpretado que la Constitución les da derecho a poseer todo tipo de armas, incluso de alto calibre y de guerra, las que deberían poseerse solo mediante licencias y justificaciones especiales.

El hecho de que 30 mil personas mueran por año y 100 mil queden heridas en EE.UU. a consecuencia de los portadores de armas, habla por sí solo de que existe un problema grave sobre el que se deben adoptar medidas. Según declaraciones de Joe Biden ayer, Obama podrá regular algunos mecanismos mediante decreto sin esperar una ley particular del Congreso. Habiendo sido profesor de Derecho Constitucional, seguramente será cauteloso en la protección de los derechos y podrá imponer límites de sentido común.

Más inconstitucionalidades en Venezuela

A solo dos días de que asuma el nuevo gobierno de Venezuela, las autoridades actuales tratan de seguir manipulando lo establecido por la Constitución para que el presidente reelecto Hugo Chávez pueda estar en funciones, pese a que se encuentra incapacitado por enfermedad y fuera del país. En estas condiciones la Constitución es muy clara, debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y debe quedar de lado el gobierno que en estos momenetos preside el vicepresidente y canciller Nicolás Maduro.

Cabello entonces, ante la incapacidad de Chávez, debería convocar a nuevas elecciones. Lo que parece más probable en el gobierno actual, es que se trate de hacer juramentar a Chávez mediante  el Superior Tribunal de Justicia.

Comparto con ustedes, mi columna del fin de semana sobre otros irrespetos a la Constitución por parte del presente gobierno. 

"A pocas horas de la ceremonia de toma de posesión, el gobierno de Venezuela todavía manipula la información sobre la salud del presidente reelecto Hugo Chávez, como si se tratara de un secreto de Estado, dejando a los venezolanos en una situación general de zozobra y al mundo entero en la incertidumbre.

La desinformación intencionada y la intriga, las armas preferidas de la propaganda totalitaria que el chavismo importó del régimen cubano, son responsables de la batería de rumores que, con igual intensidad y al mismo tiempo, ubican a Chávez en todos los escenarios posibles: muerto; en coma inducido; vivo, pero incapacitado; o con pedido de prórroga para asumir después del 10 de enero programado.

El vicepresidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, máximos referentes del chavismo, y el ministro de Información, Ernesto Villegas, son constitucionalmente responsables por la falta de transparencia que rodea al estado de salud de Chávez, pese a que desvíen la atención acusando a medios, redes sociales y al “entramado mediático trasnacional” de crear “rumores malintencionados”, “guerra psicológica” y desestabilización.

La falta de transparencia disfrazada de “insuficiencia respiratoria” no sorprende. Ha sido marca registrada de este gobierno que considera que el mandato que redactó en la nueva Constitución - “…toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial…” - es solo una obligación para los medios, so pena de ser censurados o cerrados.

Según Maduro, en su informe al país por cadena nacional, Chávez le pidió mantener “al pueblo informado siempre con la verdad, por dura que ella fuera”.  Sin embargo, se olvidó que la verdad no se determina con adjetivos calificativos (situación “delicada, compleja o imprevisible”), sino con precisión y descripción, por lo que su deber es ofrecer detalles sobre el tipo de cáncer, gravedad, complicaciones y expectativas de vida del Presidente.

Todo empezó con Chávez. No solo eligió a Cuba por su sintonía ideológica con los hermanos Castro o por sus avances oncológicos, sino porque el régimen promete hermetismo mediante un sistema informativo estatal propagandístico. Justamente esa “garantía de confidencialidad”, determinó que el gobierno colombiano eligiera a Cuba como sede para las negociaciones de paz con las guerrillas FARC, como confesó en estos días el hermano del presidente, Juan Manuel Santos.

Pese a la confidencialidad y a la intriga de estilo fidelista, y a los últimos dichos de Maduro y Cabello sobre que Chávez se estaría recuperando y pronto retomaría las riendas del país, nunca antes los indicios habían sido tan claros. Es que en un acto que sonó a despedida, el 10 de diciembre, Chávez ungió como vicepresidente y sucesor a Maduro antes de marcharse a La Habana para su cuarta operación.

Aquella confidencia pública terminó por confirmar que el rumor sobre la gravedad de su enfermedad era verdad. Hasta entonces, esa verdad se manipulaba según la ocasión. Semanas antes y en plena campaña electoral, un Chávez histriónico, alardeaba sobre su recuperación física y emocional, jurando que había vencido a su peor opositor: el cáncer.

Muchos todavía creen que el coctel de medicina y propaganda cubana puede deparar alguna sorpresa; pero otros, más realistas, creen que aquel nombramiento de Maduro y las coincidencias de rumores posteriores, revelan que el fin del líder está cerca. Ante un escenario sin Chávez, en las próximas horas solo quedan por definir acuerdos sobre las diferentes interpretaciones a la Constitución, para que el desenlace y la transición sean ordenados y ajustados a derecho.

Que Maduro, Cabello y los partidarios del chavismo teman, no quieran o no sepan cómo desvincularse de la figura convocante de Chávez es comprensible. Pero negar y manipular la información sobre la salud del Presidente o acusar de guerra psicológica o de desestabilizar al país a quienes reclaman saber la verdad, demuestra el nivel de arrogancia y autoritarismo con la que se conducen las tareas de Estado.

La desinformación provocada por el gobierno es el peor tumor de la democracia. En el próximo período, los venezolanos deberían exigir leyes estrictas para que ese mal sea extirpado de raíz". 

La justicia como superpoder

Lo más importante para que el sistema democrático sea fehaciente y creíble es que haya independencia y equilibrio de poderes. Es una buena señal cuando el Poder Judicial se interpone ante decisiones ejecutivas o cuestiona y desafía leyes por considerarlas inconstitucionales. Que un aparato judicial sea independiente y por tanto tenga ese poder de equilibrio es una buena garantía para los ciudadanos, pese a que muchas veces los fallos puedan ser cuestionados o, aparentemente, no sean equitativos.

El poder del Poder Judicial puede resultar el único freno contra el autoritarismo o las pretensiones de un gobierno de salirse con la suya.

Esto sucede en la Argentina de hoy. La presidenta Cristina de Kirchner está pataleando más de la cuenta, enojada con la justicia, porque considera que dos medidas cautelares recientes que suspenden la aplicación de la Ley de Medios y la expropiación de los predios de la Sociedad Rural Argentina son de carácter político para dañar a su gobierno. Considera, como expresó ayer por Twitter, que los jueces se han transformado en un superpoder que beneficia solo a las corporaciones – la oligarquía mediática y agropecuaria – a expensas de los intereses del pueblo – léase del gobierno, en consideración de que ella y su gobierno son los únicos que consideran que pueden interpretar qué es el pueblo.

De esta forma la Presidenta, en lugar de hacer ver que la democracia se robustece con el equilibrio de poderes, saltó a la palestra insultando a medio mundo porque los jueces se oponen a la voluntad de su gobierno. Y lo hizo en contra de los jueces de un tribunal menor, sabiendo que como cualquier ciudadano común puede apelar los fallos y seguir el curso de la justicia hasta que haya instancias definitivas.

Sin embargo, y pese a que muchos jueces fueron ungidos por el oficialismo y por eso ella considera que deben favorecerle con sus fallos, ella y muchos funcionarios y partidistas, como Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, comenzaron a decir que saldrán a contar detalles y poner trapitos al sol sobre la conducta personal de los jueces. Un tipo de represalia y presión contra los jueces que el gobierno viene usando contra todos los que no se acomoden a sus designios. Vale recordar los juicios públicos que se le hicieron a montones de periodistas en la Plaza de Mayo para desacreditar, insolentemente, a periodistas que se consideraba habían estado al servicio de la dictadura.

Varias veces la Presidente ha acusado a los jueces de corruptos. Varias veces ha dicho que se necesita reformar el aparato judicial. Evidentemente, está en la misma tesitura del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien luego de desacreditar a los jueces y acusarlos de corruptos, hizo una reforma judicial que terminó por beneficiarlo directamente a él, no al pueblo ni a la justicia ni a la democracia como sustentaba en sus argumentos para la reforma.

Los jueces no son mejores ni peores que cualquier otro miembro de cualquiera otra disciplina. Los hay probos y deshonestos; pero hay formas de combatir esa corrupción sin tener que entrar a lidiar con reformas que lo que buscan es solo fomentar una justicia adicta y permisiva para los intereses de los otros poderes del Estado.

Desinformación en Venezuela

RICARDO TROTTI: El peor mal de Venezuela - Opinión - ElNuevoHerald.com

La nueva cortina de hierro

La buena noticia es que en este 2012 no hubo fin del mundo como algunos pronosticaban. La mala, es que el año cerró con la creación de una nueva cortina de hierro entre gobiernos que quieren un internet libre, abierto y gratuito, y otros que lo prefieren controlado.

La división entre países es similar a la que se experimentó durante la Guerra Fría que culminó tras la caída del muro de Berlín. Hoy, en esta guerra digital, de un lado están EE.UU, Canadá, la Unión Europea, Australia, India y Japón. Del otro, Rusia, China, Irán, Turquía, la mayoría de países árabes y africanos y, lamentablemente, varios latinoamericanos: Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

La división sobre la visión y el futuro del internet – como adelanté semanas atrás – se agudizó en la Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones (WCIT) que terminó el 14 de diciembre en Dubai, organizada por la Unión de Telecomunicaciones Internacional (UTI), con el fin de actualizar un protocolo que rige las comunicaciones desde 1988.

Aunque no hubo consenso, se creó un documento que entrará en vigencia en 2015 para los 89 países signatarios, pero no así para los 55 que negaron su firma, al argumentar que el nuevo protocolo permitirá a los gobiernos justificar restricciones al internet. Los defensores del nuevo tratado, por otra parte, dicen que no es vinculante o mandatorio, y que los gobiernos censuran o pueden hacerlo sin necesidad de documento alguno.

Pero pese a que no es obligatorio, el peligro es que los gobiernos lo podrán usar para justificar controles e imponer sanciones; los jueces, para fundamentar sus fallos y crear antecedentes negativos y los legisladores para argumentar leyes restrictivas.

No es casualidad que los gobiernos signatarios, pese a que arguyen que no se entrometerán con los contenidos y que necesitan instrumentos para combatir virus, basura electrónica, pornografía infantil y a los hackers, no se caracterizan por ser respetuosos de la libertad de expresión. Turquía, China, Vietnam, Azerbaiyán, Arabia Saudita y Cuba (todos firmantes) han encarcelado a la mayoría de los 232 periodistas e internautas en 2012, según el conteo del Comité para la Protección de Periodistas. La mitad de ellos trabajaban en medios digitales, habiendo sido acusados por delitos armados para acallar las críticas a los gobiernos, tales como atentar contra la soberanía, traición, irrespeto a las autoridades y apología del terrorismo.

Lo que más se criticó de este proceso de la UIT es la falta de transparencia que se manejó la UIT y que el documento fuera solo discutido por los gobiernos sin la participación de la sociedad civil, cuando el internet prosperó y se desarrolló a una velocidad vertiginosa gracias al sector privado, sin ataduras de las autoridades.

Por suerte, el documento adoptado es menos perverso que el original presentado por China que sí imponía controles concretos al internet. El plan fue desbaratado gracias a que la sociedad civil alzó su voz, después que los burócratas comenzaron a filtrar los documentos en un sitio de internet creado por dos profesores universitarios, Eli Dourado y Jerry Brito. Ahí se supo sobre la pretensión de que el internet tuviera un espacio más reducido y controlado.

Según el plan, los gobiernos hubieran podido inspeccionar correos electrónicos, censurar contenidos y darle a las Naciones Unidas la administración del internet. Además, los usuarios pagarían por conexión, servicios y tiempo de descarga; mientras que los proveedores podrían cobrar tarifas diferenciadas por distintos tipos de servicio. Todo ello, desbaratando las características del internet: Libre, abierto y gratuito.

Ayer como hoy, en esta renovada guerra fría, están aquellos países que argumentan que la información es un servicio público y, por ende, debe ser controlada por el gobierno. Mientras que por el otro, se argumenta que es un derecho humano, por lo que es el Estado el responsable de garantizarlo y hacerlo respetar.

A nivel de comunicaciones, lo que dejó Dubai es peligroso. Creó en la era digital, la misma división física e ideológica que en la década de 1970 propiciaron muchos gobiernos estatistas con el restrictivo Nuevo Orden Mundial de la Información.