@pontifex la nueva arma papal

RICARDO TROTTI: Bendito Twitter - Opinión - ElNuevoHerald.com

El lamentable 7-D argentino

Siempre sostuve que la diferencia entre Argentina y Venezuela radica que en el país gaucho todavía existe independencia de la justicia, pese a que el gobierno de Cristina de Kirchner siempre ha querido emular al de Hugo Chávez también en esa disciplina.

El 7-D desnudó, de todos modos, un proceso lamentable en el país. Un gobierno totalmente arrogante, con pocas ganas de ajustarse a derecho, quería aplicar la ley más allá de lo que establecieran las cortes. Cristina de Kirchner bien sabe que tarde o temprano le ganará la pulseada al Grupo Clarín ya que la desinversión que deben hacer los grupos está establecida por la ley de medios, solo que ahora debe esperar ante una medida cautelar admitida por un tribunal y hasta que la Corte Suprema se expida sobre el fondo de la cuestión: la Constitucionalidad de dos artículos relativos a la venta de medios que esos grupos deben hacer.

La ley no es mala, si en cambio, su espíritu e intención. Apunta a que haya más pluralidad y diversidad de medios. Pero con el vicio del gobierno de tener medios propios, de amigos y de acólitos, y de someter a los independientes, no es difícil adivinar que seguirá buscando la hegemonía comunicacional para controlar la verdad. 

Si el gobierno fuera claro, transparente y realmente le importaría la libertad de prensa y de expresión – y lo demostrara en los hechos - difícilmente algún ciudadano o juez pudiera rechazar esta ley y su proceso.

El gobierno es tan arrogante que termina hiriéndose a sí mismo. No solo esperaba aplicar la ley este viernes, al que le puso nombre de guerra, sino que usó todo un armamento propagandístico para “vender” al público y a la justicia, que un fallo contra Clarín – una empresa privada – serviría para reverdecer la democracia y acabar con muchos problemas heredados de la historia. En realidad, como bien lo han usado otros presidentes, tal el caso de Rafael Correa y Hugo Chávez, Cristina de Kirchner endilga a la prensa los grandes males del país, una forma de exculparse de responsabilidad.

Los mismos parámetros de lucha lo usaron Chávez con RCTV - a la que cerró - y Correa con El Universo de Guayaquil, al que todavía no pudo doblegar.

Cristina seguramente terminará ganando la batalla a largo plazo, ya que los legisladores, aún sin que la justicia permita aplicar la actual, irán recreando otras leyes tratando de limitar el poder de Clarín. Pero bien hubiera podido esperar los fallos de la justicia, darse su tiempo, seguir con los procesos y no crear actos y propaganda para cantar victoria; de lo contrario, cuando le llegan los fracasos, lo único que aumenta es la intención y vocación por tomar revancha.

Seguramente mucho de eso se verá en los próximos días – lo que se observó antes de la resolución judicial a favor de Clarín – cuando los funcionarios atacarán a jueces o seguirán pidiendo su remoción.

El Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de pelear sus batallas y por sus convicciones, pero está obligado a respetar los plazos judiciales y aquellos que también le pueden ser adversos. Pero sobre todo, como eje de un país, debe estar dispuesto a hacerlo con mesura, prudencia y en forma civilizada y con sentido común.

Lamentablemente, es tanta la arrogancia del gobierno, que le resulta cada vez más difícil tener sentido común. 

Libertad digital en Dubai

Sigue esta semana la reunión de la UIT que este año trata de remendar los protocolos de la comunicación internacional que datan de 1988. El pelirgo es que los gobiernos del mundo busquen imponer trabas al carácter gratuito y libre del internet. Comparto mi columna del pasado fin de semana que tiene vigencia, que titulé "Quieren quitarnos la libertad digital".

Damos por sentado que navegar en internet e interactuar en las redes sociales es un ejercicio normal de todos los días, libre y gratuito. Sin embargo, a partir de este lunes todo puede cambiar, cuando los gobiernos del mundo entero se reúnan en Dubai para discutir el futuro del ciberespacio.

Con la excusa de que se debe dotar de orden al caos del internet, varios de los 175 estados que se reunirán del 3 al 14 de diciembre en la Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), proponen que sean los gobiernos los que regulen el internet, lo que derivaría en controles y excesos en contra del libre intercambio de información que hoy se experimenta.

Algunos gobiernos pretenden imponer tarifas de comunicación, al estilo servicio telefónico, por lo que los usuarios no solo pagarán por conexión, sino también por tiempo y descarga de contenidos. Aunque el pretexto es colectar dinero para ampliar redes de banda ancha, un servicio más costoso evitará que los más necesitados puedan acceder a él, ampliando la brecha digital y cultural entre ciudadanos y países, ricos y pobres, que el internet está ayudando a disipar.

No es casualidad que estas propuestas sean de gobiernos que ya tienen por costumbre bloquear y censurar el internet, así como encarcelar a blogueros e internautas, como el caso de Cuba, Irán, China y Rusia, los peores países en la reciente clasificación mundial sobre libertad en internet del Freedom House.

Pese a que estos países justifiquen que las regulaciones servirán para castigar ciberataques, pornografía infantil o piratería – aspectos ya contemplados en las leyes regulares – los nuevos controles buscarán limitar que el internet sea un espacio democrático, diverso y plural, de probada eficacia. Hubiera sido difícil para los disidentes cubanos burlar la censura oficial sin blogs; a los musulmanes crear la Primavera Árabe sin Twitter, a los argentinos auto convocarse en cacerolazos sin Facebook o a los chinos exponer actos de corrupción sin sus filmaciones con teléfonos móviles inteligentes.

Estos países y, lamentablemente, los democráticos Brasil e India, en un grupo que destacan árabes y africanos, insistirán que el internet debe ser regulado por las Naciones Unidas (ONU), desconociendo que el internet ha crecido y se ha expandido – y con ello globalizó la economía y la cultura mundial - porque es ajeno a los gobiernos y está en manos de organizaciones no gubernamentales y privadas.

Pero no será fácil para esos gobiernos imponer condiciones. Muchos países latinoamericanos y europeos, entre ellos la pequeña Estonia – donde los ciudadanos pueden votar en línea, acceder al historial médico y a las tareas escolares de sus hijos - quieren que el internet mantenga su status quo, sin límites ni prohibiciones. Además, la delegación de EE.UU. tiene de su Congreso un mandato preciso para Dubai: El ciberespacio debe ser de acceso libre y gratuito, tal como fue creado, y debe permanecer “estable, seguro y libre del control gubernamental”.

Se trata de una posición destacada, siendo el país inventor del internet y al que muchas veces éste le ha jugado malas pasadas por lo que tendría excusas suficientes para censurarlo. EE.UU. es el país que más recibe ciberataques contra sus instalaciones militares, de inteligencia y empresas privadas; su servicio diplomático fue avergonzado por millones de documentos confidenciales que fueron expuestos por Wikileaks y miles de fotos y videos también revelaron que sus soldados torturaron en cárceles clandestinas.

Si en la reunión de Dubai se adoptan regulaciones, se tratará de una de las mayores contradicciones de la historia. Es que la ONU, ente madre de la UIT, promueve achicar la brecha digital entre pobres y ricos mediante un internet libre y gratuito, pregonando que el derecho de conexión y de banda ancha es tan importante como el derecho a los alimentos, al agua y a la justicia.

Bajo esos preceptos, más que regular, los gobiernos deberían promover que el internet llegue a las dos terceras partes del mundo que todavía no lo tienen y garantizar la libertad de expresión por cualquier medio y sin limitaciones de fronteras, como les demanda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El impresentable Correa

El presidente Rafael Correa mostró el ángulo que más le favorece en su paso por Argentina, el del sarcasmo y el cinismo.

En su siempre actitud transgresora e irreverente, con la cual trata de ser popular, de barrio y electorero, termina muchas veces por enlodarse en sus propios dichos. Esta vez, de visita en Argentina, prefirió el cinismo para referirse al atentado contra la AMIA, sobre el que dijo entender que se trata de un hecho doloroso para los argentinos,  pero lo que realmente hay que ver es “cuántos murieron en el bombardeo de la OTAN a Libia". (¿¿??)

Ello vino a colación cuando defendió al presidente iraní, Mahmud Ajmadinejad, y al país persa, diciendo que no representan una amenaza como se les hace ver. Cuando se le hizo notar que el gobierno persa no permite que se procese a los iraníes acusados del atentado contra la AMIA, dijo que la OTAN mató a más gente en el bombardeo a Libia.

La apología del terrorismo y el apoyo explícito a un hombre que niega el holocausto judío, por sobre las víctimas del atentado contra la AMIA, no fue la única grosería de Correa en Argentina.

Aceptó recibir el premio de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata a la libertad de expresión, prácticamente en una actitud de burla contra muchos periodistas ecuatorianos que han sido víctimas de su gobierno.

El premio Rodolfo Walsh en la categoría de “Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular”, le fue entregado por su lucha en contra del poder hegemónico de los medios, como si ello sería mérito para recibir un galardón. Y lo peor fue que, fiel a su sarcasmo, ironizó por Twitter: “Universidad de La Plata me entrega el premio Rodolfo Walsh a la libertad de expresión. Conozco algunitos que deben comer cemento”.

Correa puede haberse mostrado contento con el premio, pero sabe que no tiene ningún valor, desde que también lo recibieron otros dos mandatarios que en el mundo entero se reconocen por ser violadores de la libertad de expresión y de la libertad de prensa: Hugo Chávez y Evo Morales.

La semana clave del 7D

El gobierno argentino acaba de expresar este fin de semana que no esperará ningún fallo de la Justicia sobre la aplicación e implementación de la ley de medios, para instrumentarla este próximo viernes, denominado 7-D por el oficialismo, y así comenzar con el desguace de los medios, con el objetivo principal de descabezar al Grupo Clarín.

La norma, aunque como muchas sobre comunicación que se crearon en otros países latinoamericanos, dice buscar técnicamente una mayor pluralidad de voces, en realidad está políticamente destinada – y justificada – para coartar el poder de crítica de los medios más independientes. Clarín es el botín más preciado luego de un quiebre entre gobierno y el grupo, que data de la época de la ex presidencia de Néstor Kirchner y que se profundizó con Cristina de Kirchner

La Presidenta estará este próximo viernes en Brasilia cuando venza el plazo que dio a un juez la Corte Suprema de Justicia para expresarse respecto a la medida cautelar impuesta por Clarín sobre el artículo que establece la desinversión de la ley de medios. Habrá que esperar si habrá fallo, de lo contrario Martin Sabbatella, titular  de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) ya anunció que a partir de las 5 de la tarde ya podrá “actuar de oficio”, contra todos aquellos grupos de medios que no haya expresado como se desvinculará de sus licencias.

La pelea no es fácil. Nadie puede oponerse a un gobierno que justifica una medida loable para que haya en el país mayor pluralidad y diversidad de voces, de ahí que Clarín tenga que remar contra la corriente popular para defender sus derechos, incluso comerciales, especialmente en un clima tan polarizado donde desde el Estado se lo ha atacado de todas formas propagandísticas posible para hacerlo ver como el opresor de todas las épocas del pueblo.    

Difícil es defender la libertad de prensa, no a Clarín, sino los principios más elementales de la libertad de prensa cuando el gobierno los disfraza de la libertad de los grupos mediáticos para tejer sus intereses comerciales, como si éstos fueran pecado en sociedades de libre mercado y democracias, pecados que bien pudieran o hubieran podido dirimirse ante la justicia.

La ley de medios no es mala en sí misma para el periodismo y la sociedad argentina, pero sí resulta incongruente cuando es utilizada como arma y sentido revanchista, y a favor de un gobierno que ya ha dado pruebas fehacientes de que no respeta la pluralidad de opinión ni de información, sino que busca desarticular las críticas e imponer una única voz y verdad oficial.

Entre esas evidencias no solo se destaca la propaganda que el gobierno hace a través de los medios oficiales, los medios que domina mediante extorsión a través de publicidad oficial y clientelismo, sino también las que utiliza más allá, en forma directa como propaganda en contra de toda la población. Se destacan las cadenas oficiales de la Presidente para hablar de hechos sin importancia o urgencia, las mentiras oficiales sobre estadísticas respecto a inflación,  pobreza y empleo, la falta de transparencia sobre las funciones públicas, el encubrimiento de actos de corrupción, la ideologización de la educación y el sentido de perversidad manifiesta para imponer un discurso agresivo y polarizante que logra dividir a los argentinos.

Notición brasileño: petróleo + educación

Si alguien esperaba noticias buenas, Dilma Rousseff, la presidente de Brasil, dio la mejor del año para su país, al decretar que la totalidad de las regalías petroleras se destinarán a la educación, en consideración que este es el único motor capaz de impulsar la economía y el desarrollo.

Lo importante de la decisión es que Brasil en pocos años, gracias al nuevo yacimiento de “presal” a fuera de las costas de los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Espíritu Santo, se convertirá en uno de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo.

Brasil sabe que en este momento todavía es disfuncional. Es la sexta mayor economía del mundo, pero está muy rezagado en materia de equidad educativa. Un 40% de los estudiantes de escuela secundaria abandonan el colegio antes de terminar el ciclo básico.

Lo interesante de Rousseff, habiendo combatido la corrupción, la pobreza y ahora atacado uno de los flancos más débiles, la educación, es que se evidencia como verdadera estadista. Un líder que piensa en el futuro, alejándose de las tentaciones de otros dirigentes de la región que utilizan los dineros públicos para subsidios y motivar su caudal de votantes para lograr su relección.

Queda ahora en Brasil la polémica de una ley del Congreso que Rousseff vetó parcialmente para no perjudicar los contratos existentes y que se negaba a los estados productores el usufructo del petróleo. Pero ¿quién podrá oponerse a un objetivo tan loable, nacional y futurístico como la inversión en la educación?

Obispos piden libertad e independencia

La Conferencia Episcopal Argentina nuevamente critica al gobierno por crear grupos antagónicos, irreconciliables y por atacar dos premisas fundamentales en la vida democrática del país: La  independencia de la justicia y la libertad de expresión.

En las “Reflexiones de los obispos al acercarnos a la Navidad” resaltan varios puntos, entre los que destacan el tema del aborto, el matrimonio heterosexual, el derecho a una educación no ideologizada, una juventud desmotivada ante falta de empleo, estudio y adicción a las drogas, la polarización política y la falta de libertad de expresión.

Para muchos, lo anticipado de las reflexiones navideñas, tiene por objeto vincular este documento al 7D o 7 de diciembre, fecha que el gobierno de Cristina Kirchner ha impuesto para implementar la Ley de Medios, cuyo principal objetivo es el desguace del Grupo Clarín.

Para otros, más allá de las interpretaciones directas, tiene que ver con una realidad insoslayable que se viene acentuando día a día. Los argentinos están cada vez más ideologizados y divididos, gracias a un gobierno autoritario que solo cree en su propio destino, no en el de un país plural y diverso.

Más allá de las interpretaciones también polarizadas sobre la opinión de los obispos, estas siempre son propicias para la reflexión de temas profundos que van mucho más allá de la doctrina eclesiástica.  

Acuerdo migratorio inminente

Tal vez lo mejor que pudo haber pasado en las elecciones del 6 de noviembre pasado y con la relección del presidente Barack Oabama, es que todos se hayan dado de la importancia del voto latino en el resultado final.

Eso ha impulsado esta semana a senadores republicanos a presentar un proyecto de ley para blanquear – con prioridad – el estatus de más de 11 millones de personas indocumentadas involuntariamente – denominadas dreamers - quienes de pequeños fueron traídos a EEUU y de pronto quedaron ilegales. Se trata de los senadores Jon Kyl y Kay Bailey Hutchison, pronto a jubilarse, quienes presentaron el Achieve Act una versión acotada del Dream Act.

Hoy, en otro episodio que puede determinar un arreglo necesario entre demócratas y republicanos, el comité de legisladores hispanos demócratas, presentó un grupo de nueve principios rectores que debería ser la base de una reforma migratoria integral que incluye la nacionalización de los dreamers.

Los demócratas buscan un arreglo bipartidista. Consideran que los dreamers que no tengan prontuario criminal, hablen inglés y paguen impuestos podrán obtener la residencia permanente, paso previo a la ciudadanía.

Sobre la mesa los republicanos tienen un conflicto de interés en ciernes. Saben por un lado que los latinos tienen cada vez mayor fuerza electoral y que deben hacer algo específico para ganar su voluntad. Pero, por otro, mantienen la idea de que no puede premiarse a aquellas personas que han violado las leyes, por lo que la reforma integral migratoria como tal, solo consiga hacer acuerdos en materia de los dreamers y no se convierta en una amnistía para todos.

La nueva revolución

RICARDO TROTTI: La nueva revolución - Opinión - ElNuevoHerald.com

De Calígula a Petraus

Los escándalos sexuales siempre existieron, desde el incestuoso Calígula al pervertido Berlusconi y del infiel Clinton al torpe Petraus. Pero ahora tienen más impacto porque se conocen con facilidad y existe mayor conciencia sobre que las conductas impropias minan la credibilidad de las instituciones.

Por ello fue correcta la renuncia del encumbrado general David Petraus a la dirección de la CIA, tras una investigación del FBI que descubrió que mantenía una relación extramarital con su biógrafa, Paula Broadwell, una joven militar en retiro. La misma pesquisa reveló toda una trama que ni Hollywood podría igualar, que involucra a Broadwell hostigando por celos con Petraus a otra mujer, Jill Kelly, que a su vez mantenía comunicaciones “inapropiadas” con el general John Allen, a quien esta semana se le relevó como responsable del retiro de 68 mil soldados de Afganistán para el 2014.

En este retorcido y tragicómico cuadrilátero amoroso, no se habría vulnerado la seguridad nacional, según explicó el presidente Barack Obama el miércoles, pese a que el FBI sigue investigando más de 30 mil páginas de correos entre los generales y las mujeres.

Más allá de si la joven Broadwell tenía información clasificada o acceso privilegiado que hubiera puesto en riesgo la seguridad nacional o de si se aplicará el Código Militar que castiga con degradación y prisión de un año el delito de adulterio, quedó en evidencia que las fuerzas armadas son más eficientes en lidiar con el enemigo en campos de batalla que en asuntos internos. De ahí que el ministro de Defensa, León Panetta, como ocurrió cuando explotó el escándalo entre miembros del servicio secreto estadounidense y prostitutas en Cartagena, haya solicitado una revisión de la instrucción sobre ética y buen comportamiento que reciben los oficiales.

En algunos países se observa con cierta incredulidad que una relación extramarital pueda derrumbar la carrera de Petraus, así como la de muchos políticos estadounidenses, considerándose que se trata de hechos de índole privada. Sin embargo, esta política de “tolerancia cero”, de algo más de dos décadas, está basada en que se espera que quien elige o acepta el servicio público, también asume la responsabilidad de respetar estándares de honestidad e integridad, a sabiendas que la conducta individual difícilmente puede dividirse entre lo público y lo privado.

De ahí el mérito de algunas preguntas: ¿Puede un funcionario ser honesto o dar la apariencia de que lo será, si se le descubre robando un reloj de una tienda? ¿O manejando en estado de embriaguez o no pagando sus impuestos? ¿O manteniendo una relación extramarital o acosando sexualmente a otra persona?

Las conductas personales de los funcionarios repercuten en la pérdida de confianza que el público ha depositado en ellos. De ahí que algo impropio, moral o legal, merma la credibilidad de la función, como sucedió con el italiano Silvio Berlusconi o el francés Dominique Straus-Khan. Situación similar que por estos días vive la cadena pública inglesa BBC, que está perdiendo el brillo de su prestigio, porque le resulta difícil explicar por qué no investigó que su ahora fallecido conductor estrella, Jimmy Savile, era un pederasta consumado, sobre quien pesan más de 300 denuncias de mujeres a quienes habría abusado cuando eran menores de edad, incluso en su propia oficina.

Se trata de un nuevo mazazo contra la credibilidad de la prensa inglesa que todavía no cicatrizó las heridas que le dejaran periodistas y directivos del desaparecido News of the World de Rupert Murdoch, muchos ahora en prisión por haber interceptado llamadas telefónicas de políticos y celebridades.

En cuanto a Panetta, es correcta la decisión de fomentar una mayor ética entre los altos mandos militares. Pero el riesgo es que este escándalo de Petraus sepulte vergüenzas aún mayores y todavía irresueltas. El Pentágono estableció que en un año se registraron 3.192 denuncias de abuso sexual en las fuerzas armadas, y que 1 de cada 3 mujeres militares ha sido asaltada sexualmente. Si se considera que las mujeres representan el 14.5% de una fuerza de 1.4 millones de personas, se trata de un problema mucho más grave que resolver que esta trama de infidelidades y probables fisuras en la seguridad nacional.