marzo 31, 2012
marzo 29, 2012
Derecho a morir; deber de vivir
Dos enfermeros uruguayos se creyeron Dios. Mataron al menos a 16 ancianos con inyecciones de aire, morfina y calmantes, bajo el argumento de que aliviarían el sufrimiento de sus víctimas con una muerte buena y decorosa.
Pero como los pacientes no eran enfermos terminales, ni dieron su consentimiento ni hubo orden judicial de por medio, Ariel Acevedo y Marcelo Pereira cometieron homicidio, no eutanasia como argumentaron. Como otros “ángeles y doctores de la muerte” de la historia reciente, ya sea el español Joan Vila, el inglés Harold Shipman o los estadounidenses Jack Kevorkian y Peter Goodwin, los enfermeros uruguayos confundieron piedad con crueldad y, contrarios a su juramento, eligieron acelerar la muerte que prolongar la vida.
Más allá de la actitud criminal, este hecho nos enfrenta al eterno dilema de tener que adoptar posiciones sobre temas polémicos como la pena de muerte, el suicidio asistido, el aborto y la eutanasia que, pese a que pueden estar regulados por ley, gravitan con mayor peso en el campo de la moral.
Nuestros enfoques siempre están condicionados por la educación, las enseñanzas religiosas, las leyes, la presión social y nuestras experiencias. Quienes defienden la eutanasia, definida como la acción u omisión de un tratamiento médico para evitar que un paciente sufra, con su consentimiento o el de su familia, creen en el principio de la muerte digna sin sufrimientos y que la persona tiene la libertad para disponer de su vida.
Quienes están en contra, consideran el principio moral y religioso de que la vida es un don de Dios que no puede ser arrebatado por el ser humano. Piensan que sin la vida de los más vulnerables, discapacitados y enfermos terminales, la sociedad corre el riesgo de deshumanizarse y de justificar limpias raciales, genocidios y holocaustos.
En ese contexto, en la encíclica Evangelium Vitae de 1995, el Papa Juan Pablo II enseña sobre el valor de la vida ante la cultura de muerte, en la que enmarca especialmente a la eutanasia, el aborto y la manipulación de embriones, como acciones contrarias al mandamiento de “no matarás”. Agrega el Pontífice que la posibilidad de practicar la eutanasia “agudiza la tentación de resolver el problema del sufrimiento”, pudiendo cometerse muchos abusos, como ahora evidencia el caso de los “ángeles” uruguayos.
Este tipo de tentaciones sobre el tema de la muerte y la vida con dignidad lo he experimentado en relación a mi madre. Tiempo atrás, ella murió de esclerosis múltiple, una enfermedad devastadora que de a poco le conquistó hasta los músculos de los párpados y todo el aliento de su cuerpo. En mis últimas visitas, y ante tanto sufrimiento, me pregunté hasta el cansancio y con desconcierto, si la eutanasia directa no hubiera sido el alivio que ella y toda la familia merecía.
Mi padre, no obstante, se interpuso entre mis pensamientos. Cuidó ejemplarmente de ella por cinco larguísimos años y pese al dolor de ambos, ayudó a que se entregue Dios y a que nadie le arrebate su derecho a morir en forma natural y con dignidad.
La enseñanza fue grande y se valora aún más cuando debemos enfrentar qué tipo de dignidad ofrecemos a nuestros más viejos. Es que el tema de la relación con la ancianidad no es fácil, y menos cuando debemos adoptar posiciones morales y prácticas mientras gozamos de salud y llevamos una vida activa. Muchas veces, aunque no sea de nuestra preferencia ni el ideal, las residencias geriátricas son el mejor lugar para que los ancianos puedan estar acompañados y recibir el tratamiento terapéutico y nutricional adecuado para mantenerse fuertes y vivir con decoro.
Cuando la semana pasada con mi hermano visitamos desde el exterior a mi padre, con la intención de rescatarlo de su soledad y de su decaimiento físico y anímico, reconocimos que de no ser por las visitas cotidianas de algunos de sus íntimos, su vida podría ser más tediosa e indigna y quedar al abandono de una terrible eutanasia interior.
Seguramente ahora mi padre, así como veló para que mi madre tuviera el derecho a morir a su lado y con dignidad, se impondrá la obligación y el ineludible deber de vivir.
Pero como los pacientes no eran enfermos terminales, ni dieron su consentimiento ni hubo orden judicial de por medio, Ariel Acevedo y Marcelo Pereira cometieron homicidio, no eutanasia como argumentaron. Como otros “ángeles y doctores de la muerte” de la historia reciente, ya sea el español Joan Vila, el inglés Harold Shipman o los estadounidenses Jack Kevorkian y Peter Goodwin, los enfermeros uruguayos confundieron piedad con crueldad y, contrarios a su juramento, eligieron acelerar la muerte que prolongar la vida.
Más allá de la actitud criminal, este hecho nos enfrenta al eterno dilema de tener que adoptar posiciones sobre temas polémicos como la pena de muerte, el suicidio asistido, el aborto y la eutanasia que, pese a que pueden estar regulados por ley, gravitan con mayor peso en el campo de la moral.
Nuestros enfoques siempre están condicionados por la educación, las enseñanzas religiosas, las leyes, la presión social y nuestras experiencias. Quienes defienden la eutanasia, definida como la acción u omisión de un tratamiento médico para evitar que un paciente sufra, con su consentimiento o el de su familia, creen en el principio de la muerte digna sin sufrimientos y que la persona tiene la libertad para disponer de su vida.
Quienes están en contra, consideran el principio moral y religioso de que la vida es un don de Dios que no puede ser arrebatado por el ser humano. Piensan que sin la vida de los más vulnerables, discapacitados y enfermos terminales, la sociedad corre el riesgo de deshumanizarse y de justificar limpias raciales, genocidios y holocaustos.
En ese contexto, en la encíclica Evangelium Vitae de 1995, el Papa Juan Pablo II enseña sobre el valor de la vida ante la cultura de muerte, en la que enmarca especialmente a la eutanasia, el aborto y la manipulación de embriones, como acciones contrarias al mandamiento de “no matarás”. Agrega el Pontífice que la posibilidad de practicar la eutanasia “agudiza la tentación de resolver el problema del sufrimiento”, pudiendo cometerse muchos abusos, como ahora evidencia el caso de los “ángeles” uruguayos.
Este tipo de tentaciones sobre el tema de la muerte y la vida con dignidad lo he experimentado en relación a mi madre. Tiempo atrás, ella murió de esclerosis múltiple, una enfermedad devastadora que de a poco le conquistó hasta los músculos de los párpados y todo el aliento de su cuerpo. En mis últimas visitas, y ante tanto sufrimiento, me pregunté hasta el cansancio y con desconcierto, si la eutanasia directa no hubiera sido el alivio que ella y toda la familia merecía.
Mi padre, no obstante, se interpuso entre mis pensamientos. Cuidó ejemplarmente de ella por cinco larguísimos años y pese al dolor de ambos, ayudó a que se entregue Dios y a que nadie le arrebate su derecho a morir en forma natural y con dignidad.
La enseñanza fue grande y se valora aún más cuando debemos enfrentar qué tipo de dignidad ofrecemos a nuestros más viejos. Es que el tema de la relación con la ancianidad no es fácil, y menos cuando debemos adoptar posiciones morales y prácticas mientras gozamos de salud y llevamos una vida activa. Muchas veces, aunque no sea de nuestra preferencia ni el ideal, las residencias geriátricas son el mejor lugar para que los ancianos puedan estar acompañados y recibir el tratamiento terapéutico y nutricional adecuado para mantenerse fuertes y vivir con decoro.
Cuando la semana pasada con mi hermano visitamos desde el exterior a mi padre, con la intención de rescatarlo de su soledad y de su decaimiento físico y anímico, reconocimos que de no ser por las visitas cotidianas de algunos de sus íntimos, su vida podría ser más tediosa e indigna y quedar al abandono de una terrible eutanasia interior.
Seguramente ahora mi padre, así como veló para que mi madre tuviera el derecho a morir a su lado y con dignidad, se impondrá la obligación y el ineludible deber de vivir.
marzo 28, 2012
“Abajo el comunismo”
La frase sintetizó lo que sucede en Cuba: “¡Abajo el comunismo!”.
Lo dijo un manifestante durante la visita de Benedicto XVI, el que fue sacado de inmediato por agentes de Seguridad del Estado vestidos de civil. Fue golpeado hasta por una persona con un chaleco con la insignia de la Cruz Roja.
Digo que sintetizó lo que sucede en Cuba por lo siguiente. Tanto Raúl Castro, Fidel Castro como el Papa y el cardenal Wenski de Miami, coincidieron en criticar el marxismo en forma pública, pero ningún ciudadano, a quien los gobernantes y el espíritu de la Iglesia se deben, puede expresar lo que siente sin ser blanco de las represalias y la violencia.
El comunismo como cualquier otra forma de ismos autoritarios tiene esa visión del Estado y gobiernos todopoderosos que hasta puede jugar y maltratar el sentido de libertad del pueblo.
Ese grito que en cualquier lugar pasaría desapercibido y hasta podría despertar nostalgias románticas para algunos, en Cuba es un pecado capital, un signo de desobediencia y de desacato a una autoridad que siempre se ha sentido con la libertad para oprimir y castigar.
La represalia contra quien osó gritar abajo el comunismo refleja 53 años de ostracismo y de quitarle a cada ciudadano el derecho humano más elevado y fundamental incluso más que el de la vida, el de la libertad, así sea la de traslación, de asociación y de expresión.
No hay derecho humano más fundamental que el de la libertad y régimen más oscurantista que aquel que les prohíbe esa libertad a sus ciudadanos.
Nota aparte merece el dato, no menor, de que la paliza recibida por el gritón de la libertad fue de parte de un señor que vestía un chaleco con la insignia de la Cruz Roja, lo que implica la malversación de una representación, tan disparatada como la que años atrás critiqué en este blog, cuando algunos integrantes de las fuerzas colombianas que rescataron a Ingrid Betancourt se enmascararon con ese símbolo para perpetrar el rescate.
Lo dijo un manifestante durante la visita de Benedicto XVI, el que fue sacado de inmediato por agentes de Seguridad del Estado vestidos de civil. Fue golpeado hasta por una persona con un chaleco con la insignia de la Cruz Roja.
Digo que sintetizó lo que sucede en Cuba por lo siguiente. Tanto Raúl Castro, Fidel Castro como el Papa y el cardenal Wenski de Miami, coincidieron en criticar el marxismo en forma pública, pero ningún ciudadano, a quien los gobernantes y el espíritu de la Iglesia se deben, puede expresar lo que siente sin ser blanco de las represalias y la violencia.
El comunismo como cualquier otra forma de ismos autoritarios tiene esa visión del Estado y gobiernos todopoderosos que hasta puede jugar y maltratar el sentido de libertad del pueblo.
Ese grito que en cualquier lugar pasaría desapercibido y hasta podría despertar nostalgias románticas para algunos, en Cuba es un pecado capital, un signo de desobediencia y de desacato a una autoridad que siempre se ha sentido con la libertad para oprimir y castigar.
La represalia contra quien osó gritar abajo el comunismo refleja 53 años de ostracismo y de quitarle a cada ciudadano el derecho humano más elevado y fundamental incluso más que el de la vida, el de la libertad, así sea la de traslación, de asociación y de expresión.
No hay derecho humano más fundamental que el de la libertad y régimen más oscurantista que aquel que les prohíbe esa libertad a sus ciudadanos.
Nota aparte merece el dato, no menor, de que la paliza recibida por el gritón de la libertad fue de parte de un señor que vestía un chaleco con la insignia de la Cruz Roja, lo que implica la malversación de una representación, tan disparatada como la que años atrás critiqué en este blog, cuando algunos integrantes de las fuerzas colombianas que rescataron a Ingrid Betancourt se enmascararon con ese símbolo para perpetrar el rescate.
marzo 27, 2012
marzo 24, 2012
Coincidencias del Papa y los Castro
Si en algo coinciden el Papa Benedicto XVI y los hermanos Raúl y Fidel Castro, es que el marxismo de Cuba ya es un sistema agotado y que "no responde a la realidad".
Raúl y su hermano Fidel hace meses que vienen declarando y escribiendo que el Estado que ellos concibieron como marxista y comunista debe cambiar, ya que su modelo económico está totalmente agotado y sin sincronía con lo que el país necesita. Obviamente, para defender la poca dignidad que les queda de un sistema tan opresivo, le siguen echando la culpa al embargo estadounidense.
Pero el Papa cuando habla de un sistema agotado no se refiere a lo económico, sino que su visión está más centrada en la opresión y la falta de libertad; algo a lo que los Castro no les interesa, ya que ven en el posible mejoramiento de su economía la mejor forma para continuar con su régimen absolutista y unipartidario.
La visión de los Castro está centrada en el Estado egoísta, el que decide el destino de sus ciudadanos, el que como Dios dispone del libre albedrío sin tener en cuenta que la libertad es el derecho humano por antonomasia que cobija incluso a los demás valores, sueños y aspiraciones del ser humano como la vida, el amor y la felicidad, mensaje que en cada frase reclama el Papa.
En los días previos a la visita del Papa, los Castro redoblaron su mensaje egoísta, ordenando la detención, encarcelamiento y las golpizas en contra de quienes quieren vivir en libertad.
Es cierto que la Iglesia Católica está presionada por los acontecimientos políticos en la isla, pero así como el viaje de 1998 de Juan Pablo II, éste que empezará el lunes con Benedicto XVI a la cabeza, ofrecerá la esperanza de seguir concientizando sobre la libertad.
Benedicto XVI dijo antes de llegar a México, el primer peldaño de su viaje, que en Cuba “es evidente hoy en día que la ideología marxista, tal y como fue concebida, ya no responde a la realidad”, por lo que “hay que encontrar modelos nuevos, con paciencia, y de una manera constructiva”.
Ojalá que los hermanos Castro traten de seguir coincidiendo con el Papa, pero ya no basándose en sus declaraciones, sino en acciones concretas para que Cuba deje de ser un país comunista, unipartidario y anti democrático.
Una reforma política y de apertura, antes que económica, es lo que necesitan los cubanos y el Gobierno de los Castro para integrarse al concierto de naciones. Pedir, como Rafael Correa y los gobiernos socios del ALBA, que Cuba sea incluida en la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Cartagena, es una actitud egoísta que solo entiende a Cuba como si fuera gobierno, sin pensar que la verdadera Cuba y los demás países en una democracia, no son sus autoridades, sino sus pueblos dignos y libres para elegir su destino.
Raúl y su hermano Fidel hace meses que vienen declarando y escribiendo que el Estado que ellos concibieron como marxista y comunista debe cambiar, ya que su modelo económico está totalmente agotado y sin sincronía con lo que el país necesita. Obviamente, para defender la poca dignidad que les queda de un sistema tan opresivo, le siguen echando la culpa al embargo estadounidense.
Pero el Papa cuando habla de un sistema agotado no se refiere a lo económico, sino que su visión está más centrada en la opresión y la falta de libertad; algo a lo que los Castro no les interesa, ya que ven en el posible mejoramiento de su economía la mejor forma para continuar con su régimen absolutista y unipartidario.
La visión de los Castro está centrada en el Estado egoísta, el que decide el destino de sus ciudadanos, el que como Dios dispone del libre albedrío sin tener en cuenta que la libertad es el derecho humano por antonomasia que cobija incluso a los demás valores, sueños y aspiraciones del ser humano como la vida, el amor y la felicidad, mensaje que en cada frase reclama el Papa.
En los días previos a la visita del Papa, los Castro redoblaron su mensaje egoísta, ordenando la detención, encarcelamiento y las golpizas en contra de quienes quieren vivir en libertad.
Es cierto que la Iglesia Católica está presionada por los acontecimientos políticos en la isla, pero así como el viaje de 1998 de Juan Pablo II, éste que empezará el lunes con Benedicto XVI a la cabeza, ofrecerá la esperanza de seguir concientizando sobre la libertad.
Benedicto XVI dijo antes de llegar a México, el primer peldaño de su viaje, que en Cuba “es evidente hoy en día que la ideología marxista, tal y como fue concebida, ya no responde a la realidad”, por lo que “hay que encontrar modelos nuevos, con paciencia, y de una manera constructiva”.
Ojalá que los hermanos Castro traten de seguir coincidiendo con el Papa, pero ya no basándose en sus declaraciones, sino en acciones concretas para que Cuba deje de ser un país comunista, unipartidario y anti democrático.
Una reforma política y de apertura, antes que económica, es lo que necesitan los cubanos y el Gobierno de los Castro para integrarse al concierto de naciones. Pedir, como Rafael Correa y los gobiernos socios del ALBA, que Cuba sea incluida en la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Cartagena, es una actitud egoísta que solo entiende a Cuba como si fuera gobierno, sin pensar que la verdadera Cuba y los demás países en una democracia, no son sus autoridades, sino sus pueblos dignos y libres para elegir su destino.
marzo 23, 2012
Correa cada vez más patético
El presidente Rafael Correa insiste que en su país hay libertad de prensa, de expresión y de reunión, sin embargo no es así en la realidad.
La reciente manifestación de indígenas que llegó a Quito a protestar por un proyecto minero fue recibida por una gran multitud que a las órdenes de Correa (y traída por operativos del gobierno) que les instigaba e insultaba. Correa y el vicepresidente en todo momento arengaban a sus manifestantes partidarios y les obligaban a entonar cánticos a favor de su “revolución ciudadana” y en contra de los indígenas “golpistas”. Era obvio que el cántico de reelección no se haría esperar mientras entre la multitud era azuzado por los propios militantes correístas.
El derecho de asociación requiere tolerancia y es obligación del gobierno proteger ese derecho, algo que Correa y otros colegas del ALBA procuran no entender a su conveniencia. Siempre organizan contra marchas para neutralizar a quienes hacen uso de los instrumentos democráticos que estipula la Constitución.
Correa es un presidente de barricada, cada vez más enceguecido, y cada vez más patético.
La reciente manifestación de indígenas que llegó a Quito a protestar por un proyecto minero fue recibida por una gran multitud que a las órdenes de Correa (y traída por operativos del gobierno) que les instigaba e insultaba. Correa y el vicepresidente en todo momento arengaban a sus manifestantes partidarios y les obligaban a entonar cánticos a favor de su “revolución ciudadana” y en contra de los indígenas “golpistas”. Era obvio que el cántico de reelección no se haría esperar mientras entre la multitud era azuzado por los propios militantes correístas.
El derecho de asociación requiere tolerancia y es obligación del gobierno proteger ese derecho, algo que Correa y otros colegas del ALBA procuran no entender a su conveniencia. Siempre organizan contra marchas para neutralizar a quienes hacen uso de los instrumentos democráticos que estipula la Constitución.
Correa es un presidente de barricada, cada vez más enceguecido, y cada vez más patético.
marzo 22, 2012
La presión contra Benedicto XVI
Nunca un viaje del Papa Benedicto XVI sufrió tanta presión política como éste que debe afrontar a México y a partir del lunes a Cuba. Políticos e intelectuales de todo el mundo, exiliados cubanos en Miami y la disidencia interna en la isla, claman para que el Pontífice se reúna con las Damas de Blanco y otros grupos e individuos independientes y opositores al régimen.
Más allá de su viaje pastoral, el Papa no puede soslayar que no se trata solo de una oportunidad única para motivar a los ciudadanos a acercarse a la Iglesia, para que el gobierno deje ser tan dictador, para que todos sientan la esperanza de la libertad, sino también para que haya un gesto simbólico para aquellos que en forma cotidiana arriesgan sus vidas a favor de la libertad religiosa, de expresión, reunión y asociación.
El Papa como jefe de Estado y piedra de la Iglesia Católica tiene una doble responsabilidad. No cumplir con la necesidad de reunirse con los disidentes, aunque se trate de un simbolismo, permitirá al gobierno comunista continuar con su prédica anti libertaria y anti cristiana.
Más allá de su viaje pastoral, el Papa no puede soslayar que no se trata solo de una oportunidad única para motivar a los ciudadanos a acercarse a la Iglesia, para que el gobierno deje ser tan dictador, para que todos sientan la esperanza de la libertad, sino también para que haya un gesto simbólico para aquellos que en forma cotidiana arriesgan sus vidas a favor de la libertad religiosa, de expresión, reunión y asociación.
El Papa como jefe de Estado y piedra de la Iglesia Católica tiene una doble responsabilidad. No cumplir con la necesidad de reunirse con los disidentes, aunque se trate de un simbolismo, permitirá al gobierno comunista continuar con su prédica anti libertaria y anti cristiana.
marzo 21, 2012
Deterioro de los derechos humanos
Los positivos resultados conseguidos por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares, pudieran estar encubriendo la desatención que los estados prestan a la defensa de los derechos humanos.
En la actualidad no solo se registra un alto índice de violaciones a los derechos humanos, sino también un incremento estrepitoso de casos de persecución, maltrato y crímenes contra activistas que defienden y promueven los derechos de las mujeres, niños, homosexuales, indígenas y otros grupos vulnerables en América Latina.
Un informe de 300 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertía a principios de marzo de graves ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos contra activistas, sindicalistas y líderes comunitarios de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.
En su segundo reporte en seis años, titulado Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH estableció que Colombia es el país donde se registran mayores agresiones, mientras que en Honduras, México y Guatemala se cometieron 75, 61 y 59 asesinatos de activistas, respectivamente, en los últimos años.
No es tan problemático el hecho de la violencia generalizada en el continente, como que en muchos casos es consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales, como ocurre en México, Venezuela, Brasil y Honduras.
A esa falta de garantías y desprotección de parte del Estado, lo más alarmante es que muchos gobiernos no solo toleran esa violencia e impunidad, sino que además desacreditan a los defensores y sus organismos, con el objetivo de blindarse ante las críticas y evitar que supervisen las violaciones a los derechos humanos en sus territorios.
En un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón expuso que además de la violencia, existe una “creciente sofisticación” de los mecanismos estatales para impedir, obstaculizar o desmotivar la protección de los derechos humanos, entre ellos, demandas judiciales contra los defensores y restricciones a sus fuentes de financiación.
La denuncia de Cantón tenía destinatario concreto: Rafael Correa. El Presidente ecuatoriano, junto con Hugo Chávez, viene solicitando en foros públicos la eliminación del actual sistema interamericano de derechos humanos, en represalia por las exigencias que le planteó a su gobierno por violaciones a la libertad de expresión de sus ciudadanos y persecución judicial contra periodistas.
A fines de enero, Correa logró incorporar tres recomendaciones en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que lejos de fortalecer el sistema como argumentó, tienden a limitar el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de ese organismo. Correa consiguió que los miembros de la OEA, a excepción de Costa Rica, Uruguay y Panamá, avalen su propuesta para que la Relatoría no pueda recibir financiamiento de países europeos, no pueda hacer denuncias sobre violaciones ni publicar su informe anual país por país.
Correa logró así un doble propósito, neutralizó el trabajo de monitoreo y de alertas de la Relatoría, y evitó que se consideren otras recomendaciones sobre mayores recursos económicos y humanos con los que debería contar el sistema interamericano para administrar más justicia y operar con más eficiencia y menos burocracia.
Como ocurre en Venezuela y Ecuador, y se deja entrever en el gobierno de Cristina de Kirchner, con fronteras comerciales y financieras cada vez más cerradas, estos países tienden a acusar a los activistas locales y extranjeros de entrometerse en asuntos internos. Así, mediante eslóganes populistas, justifican la defensa de la soberanía promulgando leyes que bloquean la posibilidad de que reciban asistencia financiera para sus operaciones.
Más allá de los crímenes contra los activistas y de las infracciones en general, queda claro que el deterioro de los derechos humanos es de índole política. Es por eso que a los gobiernos actuales les resulta más fácil hurgar y condenar el pasado, que asumir su responsabilidad por las violaciones del presente.
En la actualidad no solo se registra un alto índice de violaciones a los derechos humanos, sino también un incremento estrepitoso de casos de persecución, maltrato y crímenes contra activistas que defienden y promueven los derechos de las mujeres, niños, homosexuales, indígenas y otros grupos vulnerables en América Latina.
Un informe de 300 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertía a principios de marzo de graves ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos contra activistas, sindicalistas y líderes comunitarios de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.
En su segundo reporte en seis años, titulado Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH estableció que Colombia es el país donde se registran mayores agresiones, mientras que en Honduras, México y Guatemala se cometieron 75, 61 y 59 asesinatos de activistas, respectivamente, en los últimos años.
No es tan problemático el hecho de la violencia generalizada en el continente, como que en muchos casos es consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales, como ocurre en México, Venezuela, Brasil y Honduras.
A esa falta de garantías y desprotección de parte del Estado, lo más alarmante es que muchos gobiernos no solo toleran esa violencia e impunidad, sino que además desacreditan a los defensores y sus organismos, con el objetivo de blindarse ante las críticas y evitar que supervisen las violaciones a los derechos humanos en sus territorios.
En un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón expuso que además de la violencia, existe una “creciente sofisticación” de los mecanismos estatales para impedir, obstaculizar o desmotivar la protección de los derechos humanos, entre ellos, demandas judiciales contra los defensores y restricciones a sus fuentes de financiación.
La denuncia de Cantón tenía destinatario concreto: Rafael Correa. El Presidente ecuatoriano, junto con Hugo Chávez, viene solicitando en foros públicos la eliminación del actual sistema interamericano de derechos humanos, en represalia por las exigencias que le planteó a su gobierno por violaciones a la libertad de expresión de sus ciudadanos y persecución judicial contra periodistas.
A fines de enero, Correa logró incorporar tres recomendaciones en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que lejos de fortalecer el sistema como argumentó, tienden a limitar el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de ese organismo. Correa consiguió que los miembros de la OEA, a excepción de Costa Rica, Uruguay y Panamá, avalen su propuesta para que la Relatoría no pueda recibir financiamiento de países europeos, no pueda hacer denuncias sobre violaciones ni publicar su informe anual país por país.
Correa logró así un doble propósito, neutralizó el trabajo de monitoreo y de alertas de la Relatoría, y evitó que se consideren otras recomendaciones sobre mayores recursos económicos y humanos con los que debería contar el sistema interamericano para administrar más justicia y operar con más eficiencia y menos burocracia.
Como ocurre en Venezuela y Ecuador, y se deja entrever en el gobierno de Cristina de Kirchner, con fronteras comerciales y financieras cada vez más cerradas, estos países tienden a acusar a los activistas locales y extranjeros de entrometerse en asuntos internos. Así, mediante eslóganes populistas, justifican la defensa de la soberanía promulgando leyes que bloquean la posibilidad de que reciban asistencia financiera para sus operaciones.
Más allá de los crímenes contra los activistas y de las infracciones en general, queda claro que el deterioro de los derechos humanos es de índole política. Es por eso que a los gobiernos actuales les resulta más fácil hurgar y condenar el pasado, que asumir su responsabilidad por las violaciones del presente.
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