Leyes que restringen la libertad de prensa

Entrevista con El Heraldo, Tegucigalpa

Domingo 05 de febrero de 2012

Leyes que regulan libertad de prensa terminan en censura y más restricciones

Trotti consideró que los medios deben de estar más atentos a las amenazas. (Archivo)

Tegucigalpa, Honduras

El peligro es real. La advertencia del presidente Porfirio Lobo de regular el ejercicio periodístico mediante un decreto puede ser la antesala de una escala ofensiva contra la prensa.

En otros países con gobernantes intolarantes, el cerco a los medios de comunicación se hace mediante leyes que luego se convierten en barreras más restrictivas, opinó Ricardo Trotti, director de Instituto de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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En entrevista con EL HERALDO, Trotti da a conocer cuáles son las repercusiones para la democracia cuando se coarta la libertad de expresión y cómo la SIP reaccionará directamente ante el gobernante para conocer los alcances de esta intención.

¿Cómo ve la salud de la libertad de prensa y libertad de expresión en la región?
Creo que está con algunos signos de preocupación, por un lado el tema de la violencia que deben de enfrentar los medios y los periodistas y, por otro lado, algunas actitudes de parte del gobierno, especialmente con este proyecto o idea que planteó el presidente Porfirio Lobo de una posible ley para regular a los medios de comunicación.

Nosotros entendemos que sería oportuno que haya más transparencia sobre los pensamientos, dado que es una cuestión de libertad de prensa muy importante, y por otro lado para saber el contenido.

Nosotros entendemos que por la experiencia que hay en América, muchos Presidentes comienzan hablando de este tipo de leyes que finalmente terminan en todos los casos siendo leyes restrictivas, así que para nosotros es de profunda preocupación.

¿Síntomas de qué puede ser cuando hay estas señales de peligro contra la prensa? No sabría decirte si son síntomas, causas o consecuencia de algo, por lo que el presidente Porfirio Lobo manifestó que da la apariencia de que es consecuencia del comportamiento o del contenido o de las denuncias o de las críticas que se vierten a través de los medios de comunicación.

¿Es reflejo de intolerancia?

No sé, creo que en Honduras hay bastantes niveles de libertad de expresión, obviamente este tipo de leyes muestra que para que haya verdadera libertad de expresión no solo hace falta que los medios y los periodistas puedan decir lo que consideran que tienen que decir, si no que tengan la suficiente libertad para decirlo sin represalias, esa es la tolerancia necesaria que debe de haber en un país.

¿Mencionó que cuando hay estas leyes después vienen más restricciones y ya ha pasado cuando el Presidente acusa a medios de estar al servicio de grupos de económicos? Sí, yo creo que los gobiernos caen en el vicio de legislar, sobre todo en materia de leyes fundamentales como libertad de expresión y de prensa y en todas las ocasiones lo que se busca es entrometerse en los contenidos y esa es la preocupación por que de último lo que se termina haciendo es censurando, luego se produce autocensura, esa es consecuencia de la censura y el problema mayor es que lo que se pierde en realidad no es tanto la libertad de los medios a expresarse, sino la libertad que tiene el individuo a la información, el derecho que le asiste al público en una sociedad democrática a tener la información de fuentes variadas, plurales y diversas.

¿Cuando hay anuncios de leyes para regular la prensa se activa algún sistema de alerta en la SIP o cómo reacciona?

Las reacciones son de varios niveles, hay reacciones de preocupación por medio de comunicados de prensa, cartas, misiones...

¿Piensa la SIP mandar una misión a Honduras?
Probablemente durante el presente mes por otros temas, pero incluyendo la libertad de prensa, va a venir una mision oficial de la SIP acá a tratar de dialogar con el presidente Porfirio Lobo.Hay cita confirmada?

Se están haciendo las gestiones, pienso que va a suceder antes de fin de mes, en febrero, y simplemente para tener un diálogo cordial para entender un poquito cuáles son las ideas y las intenciones que tiene su gobierno con esta ley.

¿La prensa cómo debe de reaccionar ante este anuncio de crear un decreto regulatorio?
Yo creo que los periodistas, además de informar, tenemos ciertas responsabilidades profesionales que es obviamente defender los espacios de libertad de expresión, así que me imagino, como ya se ha hecho, las instituciones están editorializando, están creando opinión.

Lamentablemente todavía se está creando opinión sin saber muy bien porque no hay mucha transparencia de parte del gobierno sobre qué es lo que se quiere, pero una vez que haya más elementos de juicio creo que va a alimentar un debate que ojalá que los medios de comunicación lo pongan a consideración del público, los medios tienen como responsabilidad que el público tome conciencia cuando se reducen los espacios de libertad de expresión y esta ley probablemente pudiera llegar a ser uno de esos espacios que coartan libertades.

En Venezuela y Ecuador, donde la situación de ataque a la prensa está en un escalón superior a lo que pasa en Honduras, ¿qué tan grave se ha vuelto últimamente?
Creo que ahí ya no es un cuadro de preocupación, sino de desesperación para muchos, ya hace mucho tiempo que existen leyes como la Ley de Responsabilidad Social y otras leyes que fueron creadas por el gobierno del presidente Chávez, en diciembre de 2010, que han favorecido a toda una conducta y toda una estrategia antilibertad de prensa que permitió, por ejemplo, cerrar medios de comunicación, como Radio Caracas Televisión, presionar a Globovisión, cerrar más de una cuarentena de radios, cerrar páginas de Internet.

Ese problema se estableció por medio de una ley, por lo que podríamos decir que la libertad de prensa puede ser coartada.

¿Puede pasar en Honduras?

Habría que ver, en la SIP no acostumbramos a ser premoniciones, manifestamos nuestra preocupación, problemas que pudieran suceder, pero preferiríamos entender qué es lo que realmente se quiere.

Sobre las amenazas del crimen contra la prensa ¿cree que los medios han tomado conciencia de ese riesgo? Yo creo que a niveles de lo que sucede en otros países como en México o lo que fue Colombia en su época, me da la sensación, y esto es sin tener bases científicas, me da la sensación de que el periodismo no está sintiendo el peligro que hay .

¿La prensa está en un estado de confort ante ese peligro?

No sé si estado de confort, yo diría en un estado entre la indiferencia y la impavidez, me da una sensación de que hay un peligro grave de seguridad en Honduras contra los periodistas y que es un tema para tenerlo en cuenta para cuidarse, para reclamar sistemas de protección a través de reformas de políticas públicas del Estado, de tener un diálogo constante entre los periodistas por medio de sus asociaciones o sindicatos, que este es un problema real porque nadie quiere que haya atentados contra medios y periodistas, entonces es un diálogo necesario que en este momento está ausente.

Mordazas legales y corrupción

La libertad de prensa es tan relevante a la democracia como el equilibrio de poderes. Y la tarea fiscalizadora que ejercen los medios de comunicación, obliga a los gobiernos a rendir cuentas y ser transparentes.

Cuando éstos prefieren gobernar a oscuras, suelen justificar leyes para regular a la prensa crítica e independiente, con el propósito de disciplinarla y amordazarla. Esta tendencia está en alza en América Latina, sobre todo en aquellos países donde existen mayores reclamos populares para acabar con la corrupción.

Brasil es el último eslabón de esa cadena. Mientras en las ciudades más importantes del país decenas de miles de jóvenes protestaban contra las irregularidades en la administración pública, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) ordenó el domingo anterior crear un marco regulador para “democratizar” a los medios, y así acabar con el periodismo partidario, sensacionalista, difamador, y con la concentración de medios en pocas manos.

No es casual que esta campaña reguladora ocurra en el contexto de graves denuncias de corrupción y después de que la presidenta Dilma Rousseff, apoyada por los medios, estremeciera las estructuras del poder, limpiando de alimañas tres ministerios nacionales socavados por las irregularidades.

Puede ser que algunos medios y periodistas cometen abusos, pero el orden jurídico brasileño ya tiene normas para procesar sus delitos por lo que crear leyes especiales contra los medios resulta redundante, huele a represalias o a limitaciones a la libertad de prensa. Así lo concibió el Superior Tribunal de Justicia, cuando en 2009 eliminó por inconstitucional la Ley de Prensa de 1967, porque discriminaba a los medios y sobreprotegía a las autoridades.

Como en Brasil, la excusa de “mantener el orden público” o censurar las denuncias de la prensa, motivaron también al presidente venezolano Hugo Chávez a crear en 2004 la Ley de Responsabilidad Social. Esta norma, que licencia al gobierno a suspender a los medios sin orden judicial cuando considera que se atenta contra la seguridad o el orden público, sirvió para cerrar periódicos, a la televisora RCTV, maniatar a Globovisión y, hace semanas, para suspender la publicación del semanario Sexto Poder, y procesar a dos de sus ejecutivos.

Tapar la corrupción también es prioridad del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Después de las denuncias sobre los contratos fraudulentos entre el gobierno y su hermano Fabricio, Correa reflotó el proyecto de Ley de Comunicación que ahora impulsa el oficialismo en el Congreso. La nueva norma no solo busca “democratizar” a los medios a través de un nuevo orden con preeminencia de medios estatales, sino, en forma insólita, reglamenta a la prensa escrita. Para tal efecto, crea un órgano contralor de contenidos, con presencia mayoritaria de miembros del Poder Ejecutivo, el que podrá disciplinar a quienes no se ajusten a criterios informativos gubernamentales. La intención es clara: censurar y controlar.

En Argentina sucedió algo similar con la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa del gobierno fue acabar con normas de la época de la dictadura y con la concentración de medios. Pero en un país con una notable variedad y pluralidad de medios, el impulso de esa legislación tuvo visos de represalia, dándose luego de denuncias periodísticas sobre enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial, valijas repletas de dinero que esquivaron aduanas para acompañar procesos electorales y tras el apoyo editorial de los medios al sector agropecuario en un conflicto con el gobierno.

En todos los casos, como ahora el de Brasil, es preocupante que las leyes de prensa surjan del sector oficialista, dando prioridad a los medios estatales disfrazados de públicos, poco eficientes a la hora de denunciar la corrupción de sus jefes y muy eficaces para amordazar a la oposición. De ahí lo importante del cuidado que han tenido los peruanos, al comprometer en campaña al presidente Ollanta Humala, para que desista de cualquier intento por regular a la prensa en su mandato.

En este contexto, si Dilma Rousseff permite que se imponga la postura del PT sobre la prensa, desperdiciará la gran oportunidad de continuar su cruzada anticorrupción. La prensa libre y desregulada es su mejor aliada para seguir limpiando y mejorar la democracia.

Más leyes contra la libertad de prensa

Mientras estamos preocupados por la libertad de prensa en Ecuador a raíz de la restrictiva Ley de Comunicación que está queriendo imponer el presidente Rafael Correa, la nueva Ley de Telecomunicaciones de Evo Morales en Bolivia y la de Responsabilidad Social en Venezuela y la de Servicios Audiovisuales en Argentina, ahora son los brasileños los que nos sorprendieron.

En Brasil existe un proyecto de ley que regularía los delitos cibernéticos, que podría limitar en forma severa la libertad de los usuarios en internet. Se trata del proyecto de ley 84/99, que impondría restricciones penales a las descargas en el internet.

Por otro lado, otros aspectos legales contra la prensa están afectando los siguientes países:

Costa Rica

El 27 de junio los legisladores de los partidos políticos decidieron enterrar un proyecto de ley que hubiese protegido los derechos de los periodistas.

La iniciativa, denominada “Libertad de prensa y libertad de expresión”, fue presentada en el 2001 y establecía el secreto profesional y la eliminación del castigo carcelario para los periodistas culpables de difamación, injurias y calumnias.

Perú

La Comisión Permanente del Congreso tiene un dictamen que modifica las penas aplicadas al delito de difamación, a partir del cual solo serán sancionados estos delitos con penas de multa y servicios a la comunidad y no con penas carcelarias como establecía el Art. 132 del Código Penal.

El 26 de julio el Consejo de la Prensa Peruana envió al presidente Alan García una carta para que sancione esta Ley antes de entregar el poder a Ollanta Humala el 28 de julio y de que este jurara sobre una Constitución, la de 1979, que no está vigente, por sobre la actual, válida desde 1993. Otras organizaciones han pedido a Humala que firme esta ley.

Ecuador

Meses atrás Fundamedios presentó un recurso de inconstitucionalidad para que se elimine el desacato, lo que todavía no ocurrió. Hasta el momento el desacato fue eliminado en los siguientes países: Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y en Chile de manera parcial.

Nicaragua

Un proyecto de ley busca regular la emisión de mensajes publicitarios que fomentan el consumo de licor y las bebidas alcohólicas en la niñez, estableciendo controles a medios, empresas de publicidad y agencias de comercialización.

Argentina

El Poder Ejecutivo prohibió mediante decreto “los avisos que promueven la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio”.

Chile

Existen una serie de proyectos de ley destinados a regular la publicidad en diversos productos, como el alcohol, alimentos considerados como no saludables “altos en grasas y sal”, con lo que se coarta a los medios de contar con un numeroso grupo de posibles avisadores.

Leyes de y contra la prensa

Parte 4 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011) 

Lo que asusta sobre la censura indirecta es que sus métodos están implícitos y permitidos en leyes de prensa adoptadas en Venezuela y Argentina, la que este año se espera aprobar en Ecuador, y las que se proyectan en Bolivia y Brasil.

En Venezuela, antes de finalizar el 2010, el oficialismo se apuró en aprobar estatutos para restringir a los medios, el internet y las redes sociales como Twitter y Facebook, con las reformas a la Ley de Responsabilidad Social y a la Ley de Telecomunicaciones.

Las nuevas reglas que obligan a los proveedores de internet a restringir la difusión de información y acceso a portales que critiquen al gobierno, promuevan el desorden público o actos contra la seguridad nacional.

Sus ataques no son nuevos. Incluso pretende cerrar Globovisión, la única televisora crítica, de la que el gobierno ya se apropió un 20%. Las nuevas normas establecen criterios de propiedad y de operación más restrictivos que harán casi imposible que el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, en proceso de asilo político en EEUU, se mantenga como dueño.

En Ecuador se mantiene el debate sobre la Ley de Comunicación, calificando a la información como de “bien público”, un argumento que le permite al gobierno justificar su injerencia en los contenidos. En enero de 2011, Rafael Correa propuso un referendo en el que dos de 10 preguntas se refieren a los medios, en especial plantea la necesidad de que el Estado debe limitar la propiedad de los medios y sus contenidos cuando éstos afecten las buenas costumbres.

Menos democracia, más ataques

Antes como ahora, queda demostrado que el autoritarismo de un gobierno es directamente proporcional al tiempo que gasta en controlar la libertad de prensa. Y cuanto más tiempo ocupa para ello, más terca y revanchista se torna su actitud en contra del periodismo.

Los ataques a la libertad de prensa no mermarán en América Latina, a no ser que mejore el clima institucional y la democracia. Ambas, como dije al principio, son inseparables. Pero si la democracia desmejora, veremos que se seguirán multiplicando los ataques contra la prensa.

Internet, leyes y libertad

Libertad, leyes e internet 12-09-09

En el momento que en Argentina, Ecuador y Venezuela se están cercenando las libertades de expresión y de prensa a través de invasivas regulaciones gubernamentales para controlar la actividad de los medios de comunicación, es importante registrar cuál es y ha sido el principio rector que permitió el descomunal avance y desarrollo del internet.

La falta de intromisión de los gobiernos, dejando al sector privado la iniciativa y plena autonomía, ha sido la bujía que potenció el crecimiento del internet desde que fue creado hace 40 años en un laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles. La libertad ha sido clave para la creatividad y la innovación en el ciberespacio. Y más allá de los beneficios económicos, comerciales y culturales, su último gran avance, las redes sociales, no son producto de ninguna traba o incentivo estatal, sino fruto de una revolución ciudadana espontánea que sigue elevando los estándares de la expresión y la comunicación.

Pero la libertad no puede darse por sentada. Existe un movimiento, actual y de vieja data, de muchos países, poco o nada democráticos, como Cuba, China, Libia, Rusia y Vietnam, entre otros, que consideran que la gobernabilidad privada del ciberespacio – a la que se conoce como Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, una firma privada californiana - debe ser suplantada por una agencia multi estatal.

Preocupa, claro, que sean estos gobiernos los que exijan regular, puesto que son los que utilizan filtros para bloquear el internet, castigan con cárcel a los internautas críticos y aplican censura férrea a todo tipo de actividad periodística o expresiva que consideren “contaminante”.

Precisamente este criterio de “contenidos desestabilizadores” es el que justifican con actitudes revanchistas Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina de Kirchner para imponer controles legales y éticos a los periodistas y medios. Por eso no extraña el dictado de leyes mordaza como la de Responsabilidad Social en Venezuela que permitió el cierre de RCTV y decenas de radioemisoras, o las que comenzaron a debatirse esta semana en los congresos de Argentina y Ecuador desafiando naturales estándares de libertad de prensa.

Al margen de si en Argentina hay consenso para ordenar y hacer más plural y diverso el espectro radioeléctrico, molesta la actitud hostil contra los medios que motivó el proyecto presidencial de Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa apresurada de acabar con los “monopolios”, no es más que la búsqueda por eliminar a los canales de disenso y crítica, ya que la concentración de medios no es más que el producto de la libertad y competencia que permitieron las leyes hasta ahora, y que nunca han limitado al Estado para incentivar a la sociedad a crear más y mejores medios. El nuevo proyecto, entre varios desmanes, prevé nuevas instancias de censura, al estipular revisión de licencias cada dos años y un órgano de vigilancia supra estatal, con mayores poderes para el oficialismo.

En Ecuador empezaron a circular en el Congreso proyectos para la ley de comunicación que debe aprobarse en octubre. Uno, en particular, de un partido de oposición se entromete tanto en los criterios editoriales que “obliga” a los medios a la autorregulación. Un favor muy especial para el presidente Correa, quien no deja de sermonear a los periodistas y dictar medidas administrativas para cerrar medios de comunicación y abrir los propios que, como en Venezuela, son utilizados para el servicio del gobierno y no del público.

En la misma dirección, se perfila otra iniciativa reciente de Correa para crear un órgano internacional de control periodístico a través del Unasur. Un producto importado del “mapa de guerra mediático” ordenado por Chávez a sus ministros hace dos meses, que ya ha desencadenado en proyectos de ley para castigar los “delitos mediáticos” y los derechos de reunión y protesta, lo último que queda por prohibir en Venezuela.

Estos ejemplos demuestran que la vocación de los gobiernos por ordenar la actividad periodística, suele casi siempre evolucionar hacia el vicio de cercenar el derecho a saber. Por ello, es importante la lección que ofrece el internet, que al igual que el principio de libertad de expresión, indica que la mejor regulación gubernamental, es aquella que no existe.