Propaganda y autoritarismo

Los métodos de propaganda de algunos gobiernos populistas latinoamericanos no difieren mucho de los del pasado nazista, comunista o fascista; tal vez son más sutiles pero conllevan la misma intención: desacreditar y neutralizar al adversario, al tiempo de halagar y manipular a las mayorías a cambio de su apoyo y obediencia debida.
Los gobiernos de Argentina, Ecuador y Venezuela, tienen una maquinaria propagandística bien aceitada para estos propósitos, y al igual que los regímenes autoritarios de otrora, coinciden en su intención de domesticar o destruir a la disidencia y, en especial, a la prensa independiente, a la que consideran de oposición.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa puso a prueba esta estrategia jugando su propia Copa del Mundo. En los horarios de mayor sintonía durante el Mundial, gastó una millonada en una campaña de propaganda televisiva bajo el lema “La libertad de expresión ya es de todos; la revolución ciudadana está en marcha”, acusando a los medios en general de mentir, fomentar la violencia, desestabilizar al gobierno y ejercer el periodismo con el único fin de ganar dinero.
Con un estilo inconfundiblemente cínico, Correa siempre asume una postura de confrontación y revanchismo con los medios tratando de restarles credibilidad y blindándose ante denuncias e investigaciones sobre corrupción y opiniones críticas, que la prensa, debido a su función social, está obligada a formular. Más aún, así como el gobierno argentino, como férreo impulsor de una Ley de Comunicación que dará al Estado amplios poderes sobre los medios, Correa se desnuda, mostrando su real aversión por el periodismo y la crítica libres.
En Argentina el gobierno del matrimonio Kirchner es aún más directo y sin tapujos a la hora de confrontar con la prensa, hasta incentivó escraches públicos y “juicios éticos” en las plazas, como en la primera época del chavismo venezolano, para incriminar públicamente a periodistas por golpistas y desestabilizadores.
Cada vez que se denuncian actos de corrupción, los medios sufren ataques, desde inspecciones impositivas hasta complots contra sus sistemas de distribución y la fabricación de papel, sus periodistas son espiados y los familiares perseguidos. El reciente escándalo sobre la “embajada paralela” entre Buenos Aires y Caracas con la que se escondían negociados y sobornos a espaldas de la Cancillería, desembocó en la renuncia del canciller Jorge Taiana, a quien la presidenta Cristina de Kirchner le recriminó ser el único funcionario al que “la prensa no le pega”, designando en su lugar a Héctor Timerman, quien de inmediato desvió la atención de las denuncias periodísticas, atribuyendo “conspiraciones mediáticas”.
Así como en Ecuador y Argentina, en Venezuela, no estar en el halo protector del gobierno, ya sea en medios amigos o estatales, implica ser vulnerable a vejámenes y discriminación. De ello es consciente, el directivo de Globovisión, Guillermo Zuloaga, que salió del país para evitar el “enjuiciamiento” del presidente Hugo Chávez, quien en arengas públicas lo acusó por distintos delitos, entre ellos, de desestabilizar la democracia; señaló la cárcel en el que lo hospedarían, anunció que expropiaría Globovisión; todo eso, sin la intervención de jueces, lo que demuestra procesos indebidos y justicia sin independencia.
El problema es que a veces, los medios suelen actuar en forma contestataria y se olvidan de hacer periodismo, convirtiéndose en actores políticos o simples propaladores de opiniones y denuncias, exponiéndose en la arena como oposición o adversarios partidarios, como también sucedió en Guatemala a principios de este mes, cuando el presidente Alvaro Colom acusó a periodistas, en espacios pagados, de atentar contra la democracia.
Pero aún así, esa actitud poco cuidada de muchos medios no debería servirle de justificativo a los gobiernos para descalificarlos, ya que su deber natural en democracia es protegerlos. Cuando no existe esa protección de la libertad de prensa, lo que el público no comprende, es que tarde o temprano, se empiezan a reducir los demás espacios de libertad.
Por ello, la mejor contribución de los medios para desenmascarar el autoritarismo gubernamental, no es replicar opiniones o manejar los mismos hilos de la propaganda política, sino hacer lo que mejor hacen: buen periodismo; es decir, fiscalizar mediante la investigación, corroborar hechos, denunciar la corrupción, y desafiar al gobierno y al público con sus posturas editoriales.