La quinta portada

Es muy justa la elección de la revista Time de nombrar Personajes del 2018 a un grupo de periodistas víctimas de represión a los que califica de “guardianes de la verdad”. También es acertada, en momentos que las mentiras y la desinformación erosionan la confianza pública y a la democracia.

Time publicó cuatro portadas retratando, en forma diversa e inclusiva, varios tipos de periodistas que han sido martirizados en sus intentos por buscar y descubrir la verdad, así como las diferentes modalidades de violencia que los acechan. Una portada fue sobre asesinato, en el caso del saudí Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post. Otra por el encarcelamiento, de dos reporteros birmanos de la agencia Reuters, Kyaw Soe Oo y Wa Lone. Persecución oficial se trató en el caso de la filipina María Ressa, fundadora y editora del sitio online Rappler; y en relación por atentados, se incluyó al diario estadounidense The Capital Gazzette por el ataque en el que murieron cinco personas.

Sobre estos “guardianes de la verdad”, el editor de Time, Edward Felsenthal, argumentó que corren “grandes riesgos… en la búsqueda imperfecta pero esencial de hechos que son fundamentales para el discurso civil, y por hablar y denunciar"; sin olvidar que son representantes de “una lucha más amplia”, en la que otros 53 periodistas fueron asesinados este año en el mundo entero.

Pese a su acertada decisión, creo que la famosa revista se quedó corta. Me hubiera gustado que incluyera una quinta portada en la que se retratara el martirologio de la prensa de América Latina, la región más castigada del planeta que en las últimas tres décadas ha perdido a más de 500 periodistas - 26 en este 2018 - entre los que se cuentan asesinados y desaparecidos. Vidas que han sido sesgadas por guerrilleros, militares y grupos paraestatales o por narcotraficantes y funcionarios corruptos o por la vergonzosa connivencia entre agentes del Estado y del crimen organizado.

El asesinato quirúrgico en contra de periodistas incómodos con frecuencia es solo lo visible o la punta del témpano de la tragedia del periodismo latinoamericano. Debajo de la superficie también coexiste un gran manto de censura tan fatídica como la muerte. Quizás sean casos menos llamativos en el plano internacional, pero son crímenes bien extendidos, como el de periodistas secuestrados, demandados, perseguidos, encarcelados o amenazados de muerte; y de medios que sufren atentados, hostigamiento, boicots publicitarios y discriminación gubernamental por publicar la verdad.

En esa quinta portada también incluiría un retrato en blanco, vacío, en representación de los periodistas olvidados por el propio Estado, esos casos que rara vez son esclarecidos y cuya impunidad sigue siendo el tormento que arrastran sus familias y colegas por generaciones. Solo un 5% de los 500 asesinatos ha sido esclarecido y el porcentaje es mucho menor cuando se trata de identificar o procesar al autor intelectual, tal como sucede con el caso Khashoggi.

Es cierto que “la democracia enfrenta su mayor crisis en décadas” como argumenta la revista Time. Pero no considero que la debilidad de la democracia se deba a la diseminación de noticias falsas por las redes sociales o porque se censure a los periodistas y medios. En mayor o menor medida esos síntomas siempre existieron, son solo la consecuencia de una causa mayor. Estoy convencido que es la impunidad o la falta de justicia el verdadero motivo de la desnutrición democrática y lo que erosiona la confianza del público.

Muchos afirman que la gente ya no cree en la democracia y se devanan los sesos pensando en otras formas de gobierno. Pero creo que el modelo perfecto de democracia y república como fue soñado por Aristóteles y Platón tuvo, tiene y tendrá vigencia, siempre y cuando no se le pongan cortapisas a la justicia, el valor más trascendente en cualquier sistema de convivencia humana.

El problema es que en muchos países la justicia ha sido secuestrada por el poder político y en esa relación adictiva la justicia también se ha corrompido. Esa debilidad institucional, potenciada por la impunidad, queda en evidencia con los 500 casos de periodistas latinoamericanos asesinados, muchos de ellos olvidados, que también merecían tener una portada en Time. trottiart@gmail.com

Prefiero la justicia a la política

Un buen amigo argentino me sorprende cada vez que le pregunto sobre si Cristina Kirchner debería o no terminar en la cárcel. Me responde casi siempre lo mismo, pero con algunas variantes de acuerdo al contexto del momento: “No le conviene a Macri no tener a Cristina activa”.

No lo culpo porque al igual que todos, estamos confundidos y acostumbrados a vivir en un contexto político en el que se desvirtúa el arte de hacer política. Es que mientras ella está procesada e investigada por varios delitos de corrupción y se aferra a sus fueros como senadora - los que solo deben respetarse para que un legislador pueda hablar sin tapujos ni represalias legales o judiciales – los encuestadores siguen mostrándola como la “candidata” como más posibilidades para las elecciones presidenciales de 2019.

Digo que me sorprende la actitud de mi amigo porque termina siendo una lectura política del país por sobre una lectura de equidad y justicia que debería tener Argentina para salir del pozo que se encuentra desde hace décadas. Argentina vive en una perfecta ciclotimia económica y política, con subas y bajas pronunciadas en cada uno de estos rubros, generándose un círculo vicioso en el que se pasa de la frustración, la incertidumbre y las penurias económicas a un estado de bienestar y estabilidad pasajera, alegría y consumo desmedido.

Por eso descreo que el arte de la política sea suficiente para generar estabilidad emocional y felicidad. Al contrario, creo que la única receta para el bienestar verdadero es la sensación de equidad, de orden social y justicia.

Si Cristina Kirchner no termina en la cárcel – ante tanta evidencia por tanta corrupción – Argentina corre el riesgo de seguir siendo un país pensado en lo inmediato, como se fue construyendo décadas tras décadas. Si termina en la cárcel, pese a que al principio tal vez se originaría desestabilidad política con mayor polarización, protestas y trifulcas, se estaría dando un salto cualitativo hacia un país más estable pensado a largo plazo.

Un país con justicia equitativa, firme y enérgica, permitiría neutralizar las actitudes mesiánicas de los outsiders de la política, esos que en todos los países llegan aupados de popularidad pasajera por el hecho de levantar la voz con fuerza contra los corruptos; pero, que a la postre, terminan imponiendo sus personalismos y cometiendo los mismos errores que sus antecesores.

El arte de la política debería tener como prioridad la creación de sistemas en los que los ciudadanos sientan y vivan en estado estable y progresivo de equidad e igualdad. De lo contrario la gente seguirá opinando que la democracia no le satisface. En realidad, lo que la gente no logra distinguir es que la imperfección democrática deviene del irrespeto al mejor atributo de una república: la división de poderes.

La tendencia es elocuente. En los países que la justicia ha sido o es secuestrada por el poder político, los líderes mesiánicos y los populistas tienen mayores opciones, aunque estas terminen siendo pasajeras. Ejemplos sobran y están en cada extremo del dial ideológico, desde Alberto Fujimori a Hugo Chávez.

Ante este ejemplo, algunos podrían pensar que lo mismo está sucediendo en EE.UU. con Donald Trump, dueño de un estilo similar al de los populistas latinoamericanos. Pero para decepción de muchos, incluidos periodistas, académicos y ciudadanos en general, los estilos o las formas pueden ser parecidos, pero no lo es el fondo de la cuestión. Trump está limitado por un sistema con justicia independiente, algo que se observa a diario cuando jueces federales o de jurisdicciones locales le salen al cruce con fallos que detienen sus ideas y aspiraciones sobre inmigración y salud pública, entre otras disciplinas.

La verdadera independencia de un sistema republicano de gobierno deviene del blindaje que tiene el poder judicial, que debe tener un grado de independencia con mayor peso que otros poderes. La independencia del poder legislativo también es necesaria pero no es trascendente, ya que los legisladores siempre tendrán que obedecer a sus lealtades políticas, ideológicas y las posturas que le manden sus partidos políticos.

Los grandes saltos cualitativos de los países desarrollados no solo se han dado por las victorias políticas y en los campos de batalla, sino también por las grandes decisiones judiciales. Por eso siempre preferiré un país con una justicia fuerte que con políticos fuertes. Prefiero un país donde los políticos tienen que vivir con los límites que impone la justicia y no a la inversa. trottiart@gmail.com

Salta como referencia mundial

Si fuera salteño estaría orgulloso. No solo porque la hospitalidad profunda y el servicio generoso de los salteños han cautivado a más de doscientos cincuenta directores, editores y periodistas de medios de comunicación de las tres Américas que convocó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sino porque Salta brincó a un plano impensado de relevancia mundial.

Tal vez los salteños no han tomado verdadera conciencia de la importancia y dimensión que tuvo la 74 Asamblea General de la SIP que El Tribuno organizó semanas atrás. El 22 de octubre, pronto a terminar la reunión de la SIP, su Junta de Directores y su Asamblea de socios aprobaron por unanimidad la “Declaración de Salta; sobre principios de libertad de expresión en la era digital”.

Se trata de un documento que al igual que el otro instrumento invaluable de la institución, la Declaración de Chapultepec que fue creada hace 24 años en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, le servirá de ariete a la SIP para seguir defendiendo y promoviendo la libertad de expresión en el ecosistema digital, ante los innumerables y nuevos desafíos que han creado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Más allá de los principios en sí mismos, la Declaración le brinda a Salta y su pueblo un nuevo argumento para fundamentar su marca a nivel mundial, sumándose a otros atributos de calidad por las que la séptima ciudad más grande de Argentina ha ganado prestigio a nivel nacional e internacional.

Bien remarca la apreciación por Salta el editorial de este 1 de noviembre del diario La Nación: “La Declaración Digital tiene el valor indiscutible de un acto fundacional, que viene a llenar un vacío. Es de celebrar que la era digital se recuerde con la marca indeleble de la Argentina, al ser bautizada como Declaración de Salta”.

Como una de las primeras herramientas de la era digital sobre las libertades de prensa y expresión, la Declaración de Salta reivindica derechos, impone límites y marca el camino de cómo deben ser garantizadas y respetadas esas libertades por los actores públicos y privados que rigen o gobiernan el ámbito digital.

El contenido del documento estipula principios irrenunciables a favor de la libertad de expresión de los ciudadanos por sobre los gobiernos, los medios de comunicación y los intermediarios tecnológicos, ya sean estos los motores de búsqueda como Google, las redes sociales como Facebook o los proveedores de servicios e internet como Telecom.

El nuevo documento, de la mano de la SIP y otras instituciones que lo harán suyo, sitúa a Salta en el centro de la escena de organismos intergubernamentales como la UNESCO, la ONU, la OEA y la CIDH; en la esfera de organismos no gubernamentales como ADEPA que esta semana hizo prevalecer el principio 9 de la declaración en reclamo por medidas judiciales que buscan limitar contenidos periodísticos y en la mesa de discusiones entre naciones, como en las Cumbres presidenciales y de cancilleres. Todos son terrenos que la SIP siempre ha aprovechado para llevar la voz cantante a favor de los oprimidos y en protesta por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

A partir de ahora, los 13 principios de la Declaración de Salta comenzarán a imponerse como referencia en foros internacionales, en legislaciones y fallos judiciales, así como los de Chapultepec inspiraron la creación de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Importante es señalar que esta Declaración no fue producto de discusiones y/o improvisaciones durante la reunión de la SIP en Salta, sino más bien Salta fue el lugar donde terminó un largo proceso de consulta, discusiones y observaciones que la SIP estuvo cosechando por meses, sirviéndose de la experiencia de otras instituciones, empresas, académicos, expertos y líderes en la materia.

Con sabiduría, la SIP estipuló que debido a los cambios y a la evolución constante de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los principios de la Declaración de Salta podrán adaptarse a lo que dicte la conducta humana en el futuro. Pero siempre mantendrá su nombre en honor al lugar donde culminó un proceso que sirvió para iluminar principios de libertad de prensa y expresión a futuro: Salta. trottiart@gmail.com

La Batalla del silencio, Centro Digital, SIP

Día Mundial contra la Impunidad

Hoy 2 de noviembre se conmemora uno de los días peores para el Periodismo, la falta de justicia que rodea a los crímenes contra los periodistas. 561 periodistas han sido asesinados en las últimas dos décadas en nuestras Américas y 30 en 2018. Detrás de esas estadísticas escalofriantes, se esconden nombres de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, reporteros, fotógrafos, editores, directores, columnistas, caricaturistas... todos asesinados por buscar la verdad y hacer valer el derecho del público a estar informado. Reclamar justicia en cada uno de esos casos es una forma de honrar su memoria y su legado.

Delirio de impunidad

La Justicia lenta, ineficiente, politizada o secuestrada por el poder es la mayor debilidad de América Latina. Esta anemia judicial ha estimulado en muchos poderosos un delirio de impunidad; el creer convencidos que sus actos corruptos jamás serán castigados.

A veces, la Justicia echa por tierra ese trastorno mental. Ocurrió esta semana con el ex vicepresidente argentino Amado Boudou. Fue condenado a casi seis años de cárcel por corrupción, siguiendo el camino de otros funcionarios kirchneristas que también sufrieron de ese delirio, magnificado por el poder que en su momento creyeron absoluto.

América Latina tiene una larga lista de ex mandatarios, funcionarios, empresarios y dirigentes que terminaron en la cárcel por creer que su poder, estatus y la inmunidad de sus cargos los blindaba de por vida. Ahí están los ex presidentes recientes Lula da Silva, el panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Elías Saca, el guatemalteco Otto Pérez Molina, entre tantos otros, sumados a los peruanos Alberto Fujimori y Ollanta Humala, al costarricense Miguel Ángel Rodríguez, a Carlos Menem, a los dictadores Videla, Galtieri, Pinochet…

Marcelo Odebrecht es el arquetipo del empresario corrupto. Sobornó a funcionarios latinoamericanos con más de 800 millones de dólares para conseguir obra pública en forma directa. Lo mismo sucedió con una docena de sus colegas argentinos que fueron detenidos esta semana tras revelarse el contenido de los ocho cuadernos del chofer Oscar Centeno. Minuciosamente escritos, Centeno detalló como los ex gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recaudaban millones en efectivo entre empresarios, en un intercambio de coimas por obras públicas.

Los cuadernos ya son parte del anecdotario de la corrupción rampante de América Latina. Son clara evidencia como los videos que registraba Vladimiros Montesinos, mano derecha de Fujimori, los recientes audios por las “ventas” de sentencias judiciales en Perú, los relatos de los 77 ejecutivos arrepentidos del Lava Jato brasileño, los sobornos a través de cuentas bancarias en EE.UU. del FIFAgate y las revelaciones periodísticas sobre los Panama Papers y los Paradise Papers.

Muchas evidencias fueron fortuitas para la Justicia, entre ellas los cuadernos en lo que Centeno escribió por 10 años dónde, cuánto y de quién se recaudaba y los “vladivideos” con los que Montesinos filmó cuánto, a cambio de qué y a quién entregaba el dinero, para luego extorsionar a sus víctimas.

Ante tanta podredumbre contabilizada, uno se pregunta cuál será la magnitud de toda la corrupción que no se registra o descubre y por qué es tan desigual la lucha entre buenos y malos. Indigna que la Justicia tenga mucho menos herramientas, recursos y profesionales que la maquinaria de la corrupción, así como las fuerzas de seguridad tienen menos poder de fuego que las bandas del narcotráfico y el crimen organizado.

El agravante es que la corrupción y el delirio de impunidad tienen muchos cómplices. Dos tipos se destacan. Uno de origen político-cultural que surge de la polarización política. Muchos defienden a los corruptos porque comparten su ideología o para no dar el brazo a torcer ante el otro bando. Se sintió así con los seguidores de Boudou. Pese a todas las evidencias, insisten en que la condena es una caza de brujas o un tiro por elevación para coartar las aspiraciones electorales de su ex jefa, Cristina Kirchner.

El otro cómplice del delirio de impunidad es la ley de fueros que blinda al corrupto con un manto de inmunidad. En países con tanta corrupción que investigar, los procesos electorales no deberían permitir que un Presidente pueda optar por un escaño en el Congreso en forma inmediata. Al menos deberían tener que esperar por un período para que puedan ser investigados por cualquier sospecha. La rendición de cuentas y la transparencia se deben imponer siempre y no ser solo promesas de campaña o adornos en discursos inaugurales. trottiart@gmail.com

Posdata: Al cumplir ahora en agosto 10 años de escribir cada semana en forma ininterrumpida esta columna Mensajes y Sociedad, he decidido despedirme temporalmente para dedicarme a otros proyectos que tengo postergados. Seguiré escribiendo, pero en otro formato más simple, ya que no podré dejar el vicio, la disciplina, las ganas y la estructura.  

Intoxicados de desconfianza

Facebook los descubrió y el gobierno de EEUU los acusó. Los hackers del gobierno ruso están tratando de influenciar las elecciones legislativas de noviembre, así como lo hicieron en las presidenciales de 2016 y en otras votaciones en el mundo entero.

El nuevo escándalo es mayúsculo, pero los políticos en EE.UU. y de otras naciones no deberían rasgarse tanto las vestiduras. Todos los gobiernos y partidos políticos en esta era digital tienen “cibertropas” que a fuerza de mentiras, difamación y propaganda engañosa buscan captar votos a como dé lugar.

Esas reglas de juego, justificadas en elecciones y que las leyes castigan en cualquiera otra actividad, son una de las principales fuentes de desconfianza pública que afecta a la sociedad y a las instituciones, entre ellas, los propios gobiernos y partidos políticos que las generan.

Lejos de desaparecer, las prácticas propagandísticas son cada vez más comunes y sofisticadas debido a los consultores y, también, a los hackers que intentan dinamitar los procesos. Antes, la propaganda y la información engañosa se esparcían desde los actos de campaña y, de alguna forma, eran filtradas por los medios de comunicación. Hoy, gracias a que las redes sociales nos han convertido en medios, todos estamos expuestos a la manipulación directa y a potenciar el engaño compartiendo noticias falsas por doquier.

Esta semana el Congreso de EE.UU. levantó su voz contra la industria del internet y su permisividad ante las noticias falsas. Temen que en las próximas elecciones legislativas de noviembre ocurra la misma invasión de trolls rusos que en 2016. La reprimenda no fue casual. Facebook anunció que desbarató una “acción coordinada” de propaganda rusa. Desactivó 32 cuentas y perfiles falsos que eran usados para influenciar a miles de usuarios, hasta para empoderarlos a marchar en contra de las policías en varias ciudades. La campaña información tóxica tendría el mismo patrón que la de las elecciones pasadas cuando se bombardeó con engaños a 126 millones de usuarios.

El Congreso también le reclamó mayor determinación al presidente Donald Trump para que admita y ataque el fenómeno ruso. Pero resulta una ironía la de buscar culpables en otro lado o de hacer responsables a Facebook y Google, cuando las culpas también son propias. Los legisladores deberían implementar reglas más estrictas de conducta electoral, tener mejores filtros para admitir candidatos y exigir mayor transparencia financiera a los partidos políticos.

Ningún gobierno puede esquivar el bulto. Un nuevo estudio del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford demuestra que existe cada vez mayor inclinación a la “manipulación del debate público”. Destaca que la mayoría de estas campañas son creadas por “cibertropas” al mando de  gobiernos y partidos del propio país, y no de hackers foráneos como se denunció en el caso de Facebook, Instagram y redes de mensajería.

El Instituto de Oxford determina que si bien los casos más notorios sobre influencia negativa de procesos electorales fueron la votación en EE.UU y el referéndum del Brexit en Inglaterra, ambos en 2016, la práctica de manipulación electoral digital, a través de bots, cuentas falsas y creciente gasto de publicidad digital, es común desde 2010 y afecta a 48 países, incluido Brasil, que celebrará presidenciales en octubre en un clima tóxico de falsedades.

El lado positivo de estas negativas tramas rusas es que ha permitido visualizar y calibrar el daño concreto que pueden causar la propaganda y las noticias falsas, habiendo motivado procesos para remediar esos perjuicios, como lo intentan Facebook, Twitter y Google.

Recobrar la confianza requerirá mayores esfuerzos. Las redes sociales tienen mucho más por hacer para combatir la toxicidad, al tiempo que deben mantener el equilibrio entre la censura y la libertad de expresión. Los medios deberán insistir en la calidad de contenidos y restablecerse como relevantes en sociedades digitales que ya los daban por muertos a corto plazo.

A los ciudadanos nos queda tomar conciencia de la alta responsabilidad que implica el uso de redes sociales y el consumo-difusión de información. Sin embargo, la mayor responsabilidad les cabe a los gobiernos y los partidos. Deberían cambiar la cultura de hacer política y su conducta en procesos electorales. trottiart@gmail.com

Sin Periodismo, hay consecuencias

Sin contenido de buena calidad, los medios de comunicación y el Periodismo van camino al suicidio. Y sin Periodismo las consecuencias son letales para la sociedad y la democracia.

Arribé a esta conclusión en la conferencia SIPConnect que celebramos esta semana en Miami. Unos 180 representantes de medios de 25 países debatimos durante tres días sobre la transformación de los medios en la complicada era digital. El modelo de negocios tradicional del Periodismo, basado en la publicidad y penetración en el mercado con productos masivos a un público general, está en vías de extinción.

La publicidad ahora es escasa y la penetración insignificante. Ya no importa el rating, tampoco los likes, sino cuán comprometida queda una audiencia, segmentada por género, edad, gustos, etc…, como para compartir información, consumir publicidad personalizada y estar dispuesta a pagar por ese contenido a través de suscripciones digitales.

Google, Facebook y otras plataformas digitales evolucionan mes a mes con nuevos criterios, formas e incentivos para distribuir contenidos. A los medios les resulta casi imposible mantener ese ritmo vertiginoso de cambio. Pero tienen que intentarlo porque la tendencia es irreversible. El público consume cada vez menos información en los soportes tradicionales, papel, televisión y radio. Prefiere contenidos audiovisuales y consumirlos en teléfonos y otros dispositivos móviles. Quiere, además, que esos contenidos les resulten útiles y poder compartirlos.

En este nuevo contexto no hay otra opción para los medios que enfocarse en crear contenidos de calidad. Sin estos no será fácil intentar nuevos modelos de negocios por más alucinantes que sean. Sin calidad ya no habrá Periodismo sustentable. Alex Villoch, la presidenta del Miami Herald Media Company lo dijo sin tapujos. La transformación (digital) de su compañía se basó en una premisa periodística de la que ahora están imbuidos todos los periodistas. La calidad de los contenidos prevalece sobre la cantidad. Se cambió el mantra de la primera época digital cuando se creía que la gente necesitaba mucha información y a toda hora. En esta época hiper informativa, el público es más selectivo, quiere contenidos diferenciados, únicos y con valor agregado.

También coincidió Carla Zanoni del Wall Street Journal, diario en cuya redacción hay ingenieros de datos además de periodistas. Ayudan a medir los distintos públicos, sus preferencias informativas, a qué hora del día y por qué medios prefieren consumir, lo que contribuye a crear información personalizada y relevante. Luis de Uriarte de Facebook dijo que el reto del Periodismo en las redes sociales no es dar información sino historias que generen conversación y que la gente quiera compartirlas. Facebook cambió su algoritmo para privilegiar la calidad de los contenidos en demérito de la cantidad.

El movimiento por la calidad viene a colación de una encuesta sobre Confianza, Medios y Democracia de Gallup y la Fundación Knight. Estableció que el público considera que la proliferación de la mayoría de fuentes de noticias en línea no adhiere a los estándares básicos de precisión y rigurosidad periodística, lo que dificulta determinar qué es verdadero e importante. El público quiere calidad.

El problema es que sin calidad no hay fortaleza económica para el Periodismo y las consecuencias pueden ser graves, en especial cuando no se generan contenidos incisivos e incómodos ni se crea conversación relevante.

Un estudio reciente de las universidades estadounidenses de Illinois y de Notre Dame midió los efectos negativos que tiene el cierre de un periódico en una comunidad. Encontró datos importantes. Sin medios o periodistas la investigación comparativa entre varias ciudades demostró que empeoraron las finanzas municipales, aumentó la corrupción, los funcionarios incrementaron sus sueldos y subieron los impuestos.

Basta mirar a Venezuela, Cuba y Nicaragua o a cualquiera de las dictaduras que le precedieron en el mundo para llegar a la misma conclusión. Lo primero que hicieron esos regímenes para gobernar a sus anchas fue perseguir y encarcelar periodistas, silenciar y cerrar medios de comunicación. Sin Periodismo, la sociedad democrática está a la deriva. trottiart@gmail.com

Nicaragua y Venezuela: la democracia como escudo

La democracia es el mejor sistema de gobierno. Es tan bueno, que hasta los corruptos y tiranos se escudan en ella para continuar siendo tramposos y totalitarios.

Nicaragua y Venezuela resaltan este concepto. 

Los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro se mantienen en el poder sin consecuencias, pese a sus abusos y excesos. Con total impunidad persiguen y encarcelan a opositores, reprimen manifestaciones públicas, censuran la libertad de prensa, deshacen procesos de diálogo a su antojo, disuaden con violencia extrema, dosifican alimentos e incentivan el éxodo.

Ortega asumió su segunda presidencia en 2007 y Maduro en 2013 como continuador de la dictadura de Hugo Chávez que arrancó en 1999. Se vienen aferrando al poder mediante elecciones fraudulentas a las que no permiten supervisión. Más que asumirse gobierno para administrar los bienes de todos, siempre se arrogaron ser Estado, de ahí que les resbala el sistema republicano que obliga a respetar el equilibrio de poderes y a las minorías.

Si esta crisis política, social y económica hubiera ocurrido en los 70, Ortega y Maduro ya serían pasado. En aquellas épocas, también oscuras, los golpes de Estado primaban por sobre los procesos electorales. Ahora, los resortes democráticos para desembarazarse de regímenes corruptos y autoritarios son más respetuosos y complejos. La democracia reclama métodos prolijos y transparentes, aunque no coinciden con la preferencia de quienes sufren en carne propia a los dictadores.

Sin probabilidades de golpes de Estado, invasiones o revoluciones internas, Ortega y Maduro acusan que cualquier propuesta de elecciones anticipadas o de diálogo con la oposición son injerencias a su soberanía, actos de sabotaje o terrorismo internacional. 

Mientras tanto, ganan tiempo prometiendo negociaciones y diálogos que nunca cumplen. Estos dictadores siguen desviando la atención pese a saber que la comunidad internacional puede vigilar situaciones internas cuando hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, tal lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948.

Por suerte, la comunidad internacional está ahora más proactiva que en las primeras épocas del chavismo, cuando Chávez compraba silencios con una abultada “petrobilletera” y apalancaba regímenes autoritarios como el de Ortega.

A las sanciones económicas e inmigratorias que impusieron EE.UU., Canadá y la Unión Europea a funcionarios de alto rango de ambos países, en la OEA hubo acuerdos esta semana para exigir a Nicaragua elecciones anticipadas y el cese de la violencia que contabiliza más de 350 asesinatos a manos de paramilitares y francotiradores progubernamentales. Veintiún países respaldan a la oposición y a la Iglesia Católica de Nicaragua que pidieron que Ortega se someta a elecciones el 31 de marzo de 2019, dos años antes de lo previsto.

Ante la propuesta que Ortega difícilmente aceptará, su canciller Denis Moncada salió a la palestra acusando que los gobiernos firmantes buscan provocar un “golpe de Estado” y la “ruptura del orden constitucional”. La vieja fórmula de vestirse de demócrata para denunciar que el autoritarismo es de los demás.

Sin dudas un posible acuerdo de elecciones anticipadas descomprimiría la presión actual, aunque no ofrece garantías de que Ortega salga de la película. Mientras mantenga las usuales prácticas de fraude electoral y la estrategia propagandística de pan y circo que le permitieron reelegirse con fraude masivo en 2011 y 2016, Ortega tiene todo para seguir apoltronado en el poder.

Tanto Ortega como Maduro, fieles discípulos del calculador Fidel Castro, saben que en plena crisis aguantar los tiempos juega a su favor. Las carestías hacen mella en la población y el éxodo masivo termina siendo la válvula que descomprime la presión interna. Esta purga forzada – menos gente, menos disidentes y menos bocas - trae alivio, al tiempo que recarga de problemas a los demás países.

Los resortes democráticos son insuficientes ante situaciones extremas como la que viven los nicaragüenses. El aislamiento total puede ser una solución, pero debe ser de rápida y eficiente ejecución, de lo contrario puede terminar siendo un desgaste de largo aliento que profundice la crisis que se quiere resolver. El embargo a Cuba sirve de espejo. trottiart@gmail.com