De Julian Assange a Edward Snowden

Lo único común entre Julian Assange y Edward Snowden es que están bajo el paraguas del gobierno de Ecuador en casos de asilo, el primero habiéndolo conseguido y el segundo siendo considerado, pese a que Assange haya aparecido como el vocero del ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU.

Sus casos no se parecen aunque ambos hayan argumentado que temen por su vida y de no tener un juicio justo en EE.UU. Más allá de la actividad en Wikileaks, los cargos contra Assange tienen que ver con la justicia de Suecia por violación de dos mujeres durante una estadía fugaz en ese país. Las conjeturas que él hace, respecto a que se trata de una treta de Suecia para que Inglaterra lo extradite y que luego será extraditado a EE.UU. donde lo espera una posible condena a muerte, es simplemente un excusa para evadir la justicia.

Por los casos de Snowden y Assange, así como del soldado Bradley Manning quien filtró los 700 mil documentos diplomáticos de su gobierno a Wikiliaks, el gobierno está en su derecho, pero además en su deber legal, de procesar judicialmente a quienes considera que han violado las normas estrictas sobre seguridad nacional. Que estas personas sean o no traidores como varios políticos los han calificado, son simplemente opiniones que a la hora de los juicios los magistrados tendrán que evaluar.

Desde el punto de vista del gobierno el caso de Assange debería ser más peligroso en temas de seguridad nacional porque reveló contenido. El de Snowden fue una denuncia respecto a que el gobierno usa un sistema para espiar a los ciudadanos, especialmente extranjeros a través del internet y en comunicaciones digitales.

Desde la perspectiva de los ciudadanos lo que reveló Snowden es más peligroso por cuanto se habla de la vulnerabilidad de todos los que navegamos internet ante sistemas de espionaje del gobierno, poniéndonos a todos en la misma bolsa de sospechosos y sin siquiera saberlo. El problema es de transparencia en las acciones del gobierno. Sobre este tema comparto mi columna de la semana pasada, la que titulé: ¿Seguridad, privacidad o transparencia?

“El nuevo escándalo que explotó en las manos de Barack Obama por la revelación de programas para espiar comunicaciones telefónicas y por internet, no debería conducir a un debate nacional sobre seguridad vs. privacidad como el Presidente propone.

Más bien, las prácticas de vigilancia secreta que realiza la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI a usuarios extranjeros de Verizon y otras telefónicas, y de compañías digitales como Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Microsoft, Apple y Skype, indican que la discusión debería enfocarse en la cultura del secreto que mantiene el gobierno y en cómo está minando la credibilidad de un internet abierto y sin restricciones, su mejor aliado para promover libertad y democracia en el mundo.

Obama está en lo cierto cuando dice que no se puede tener 100% de privacidad y seguridad al mismo tiempo mientras el Estado trata de neutralizar ataques terroristas. Todos somos conscientes que por los chequeos en los aeropuertos y por la publicidad personalizada a la que estamos expuestos después de navegar internet, todo ha cambiado tras Setiembre 11 y desde que la comunicación se ha híper digitalizado.

Pero lo que se debe cuestionar no es la legalidad de la vigilancia que está asegurada por la Ley Patriótica para perseguir actos terroristas, sino la secrecía empleada. Lo tenebroso es que esos programas se ejecutan de espaldas a la mayoría de los congresistas y de todos los ciudadanos, y sin conocimiento de las empresas de internet que aseguraron desconocerlos y que solo – dicen -  se someten ante órdenes judiciales.

Que la vigilancia esté destinada solo para extranjeros no es justificación. Muchos actos violentos en EE.UU. fueron cometidos por estadounidenses o nacionalizados. Tampoco es lo mismo vigilar a un extranjero que se comunica con alguien de Al Qaeda, que escudriñar a cualquier francés o español usuario de Facebook, cuando la Unión Europea exige – a modo de reciprocidad - que los datos personales de ciudadanos europeos deben quedar excluidos de las fuerzas de seguridad estadounidenses “salvo en situaciones concretas, excepcionales y revisables judicialmente”.

Lo que realmente está en juego es la credibilidad del gobierno en materia de transparencia, algo que el presidente Obama prometió desde el inicio de su Presidencia. Instalar ahora un debate sobre seguridad y privacidad es desviar la atención, en especial cuando las preferencias del público son fáciles de detectar mediante encuestas, cuyos resultados varían según la cercanía de tiempo con un acto terrorista. La gente concedió perder privacidad ante mayor seguridad, después de Setiembre 11 o del reciente atentado en la maratón de Boston.    

Obama debe revisar sus políticas de vigilancia sobre el internet, ya que no puede estar escribiendo con la mano lo que borra con el codo. Lo contradictorio, es que Obama fue quien ayudó al desarrollo impetuoso de la industria digital, instaló al internet como la panacea para el comercio y el desarrollo internacional, y es quien promociona que las redes sociales sean instrumentos para empoderar cambios democráticos como el de la Primavera Árabe y despotrica contra todo gobierno autoritario que restringe su uso.

Además, lo malo de estas políticas de espionaje es que ofrecen artillería pesada a otros países como China, Irán o Cuba que siempre critican que EE.UU. quiera mantener el control mundial sobre el tráfico de internet, prefiriendo que esa autoridad la ejerza un cuerpo colegiado de las Naciones Unidas, lo que daría pocas garantías de que la red siga siendo libre e irrestricta.

Es lógico que el gobierno debe mantener sigilo para detectar terroristas, pero bien podría hacerlo en forma transparente, explicar sus políticas de vigilancia para que los usuarios de Facebook, Google o Skype sepan a qué atenerse o en qué plataformas pueden sentirse más libres o que no sean tratados como sospechosos.

Más que un debate ciudadano sobre seguridad y privacidad, lo que se requiere es una amplia discusión en el Congreso sobre el costo político, comercial y de credibilidad por mantener una vetusta cultura del secreto. Aunque disguste a muchos, tal vez el delator Edward Snowden, haya ayudado para que el Congreso se enfoque en legislar a favor de la transparencia gubernamental”. 

¿Patria o papel higiénico?

El canciller venezolano, Elías Jaua, planteó ayer la pregunta del millón, que dará titulares para las noticias, munición para los columnistas, sarcasmos para la oposición, risas para la clase política extranjera y bronca, frustración, impotencia y desesperación para sus connacionales. Dio a elegir a los venezolanos entre “¿patria o papel higiénico?

Después de tomar un rollo de papel higiénico en la mano y gritonear que el opositor Henrique Capriles se lo puede poner donde mejor le quepa, ofreció una clase magisterial de economía de mercado, explicando que la “patria” algo que considera que solo el chavismo ha podido otorgar a Venezuela, no se puede medir ni comparar con la escasez de productos en los supermercados. Jaua considera que a pesar que existe un 21% de escasez de productos, según la medición que viene haciendo el Banco Central, y que no hay en los anaqueles de los supermercados productos básicos como la harina de maíz, papel higiénico o azúcar, los venezolanos deben considerarse afortunados de que tienen una patria socialista, bolivariana y revolucionaria.

Las declaraciones a la cubana de Jaua le hacen poco favor al presidente Nicolás Maduro cuya presidencia seguirá disminuyendo en porcentajes de aprobación a medida que haya más patria y menos consumo.  La arrogancia por hablar estupideces ideológicas por sobre la necesidad de que el gobierno explique las medidas económicas que debería aplicar para reflotar la economía, seguirán destruyendo al régimen.

El ex presidente Hugo Chávez se dio el lujo de hablar e imponer su ideología a toda costa, porque tuvo la gran suerte de ser favorecido por una industria petrolera que experimentó ingresos siderales en la última década. Pero luego, cuando los petrodólares escasearon y PDVSA creció en déficit y falta de producción, tuvo que medirse y ser más prudente.

Ni Jaua ni Diosdado Cabello, y mucho menos Nicolás Maduro, parecen entender esa fórmula clásica del mercado, de la oferta y la demanda. Quieren anteponer la ideología a los productos de primera necesidad, imponiendo excusas que los venezolanos – incluso quienes simpatizan con el régimen – ya no desean seguir escuchando. Ya ocurrió en Venezuela, así como en muchos países latinoamericanos, desde Argentina a Haití, que la escasez y los precios de los productos (el Caracazo por el aumento del transporte  como ahora en Brasil) terminan por debilitar a los gobiernos y crear crisis sociales.

Para responder la pregunta de Jaua: A la hora de las necesidades, siempre será mejor consejo disponer de un tangible rollo de papel higiénico que de una abstracta imagen de patria o una de Simón Bolívar, a no ser que esta sea un retrato en papel de diario.

Mi memorable carrera deportiva (de fanático)

Hacía tiempo que no sufría tanto hasta el borde del infarto. Pasando de la presión alta a la depresión en un santiamén, en cuestiones de segundos y de días, de acuerdo a la montaña rusa que significaron las últimas dos series del Heat contra Indiana y San Antonio. Ni siquiera en los mundiales o cuando River descendió pude haber sufrido tanto, es que el básquet es asesino, dos series de siete partidos con tantos altibajos y un partido seis con todo perdido hasta los últimos cinco segundos fueron demasiado. 

No solo LeBron James y toda su comparsa merecen el descanso, sino todos nosotros, los fanáticos, que hemos dejado parte de nuestra vida en cada partido y que (confieso) algunas veces me sentí obligado emocionalmente (y Graciela, mi esposa me lo pedía) de apagar el televisor antes de tiempo para evitar un problema de salud ante la desazón de un partido que se escapaba y los insultos por una pésima jugada.

No soy de los que pueden criticar a otros colegas fanáticos, como aquellos que en el partido seis se fueron en el último minuto del tiempo reglamentario de la American Airlines Arena cuando todo parecía perdido y el trofeo ya lo habían entrado a la cancha para coronar a San Antonio. Ninguno de ellos fue menos fanático. No todos tenemos la fortaleza para afrontar tantos cambios de liderazgo en el marcador en tan pocos segundos y por tantos días consecutivos como ofrece una serie de básquet. El fútbol es más lapidario, más rápido, la estocada es más fácil de absorber; el básquet, sin embargo, ofrece una agonía – o todo lo contrario como en este caso – larga e interminable, que no deja concentrar.

Llegué a Miami hace 20 años y desde entonces me transformé en un fanático del Heat y vi como en casa mis hijos Tomás y Agustín fueron creciendo con las distintas camisetas de jugadores del Heat. Y como ayer mi hija Sofía me anunció que American Airlines había escogido el slogan que ella y su jefa Manu prepararon en la agencia Zubi Advertising si ganaba el Heat para el saludo de la aerolínea a los campeones en un telón fuera de la Arena. En estos años viví de cerca la historia memorable de los Dolphins, arropada por aquel equipo de fútbol americano invencible de 1972; de los Marlins que sorprendieron con dos series mundiales; pero nada fue más emocionante como haber sido parte de los tres anillos de este Heat de LeBron, de Wade, de Shaquille, de Mourning, de Riley, de Spoelstra, de Arinson, quienes de a poco y con visión están construyendo una nueva dinastía de la NBA.

La competencia es tan injusta que el segundo mejor equipo de la liga (y del mundo, seguramente) huele a fracaso, quedando totalmente borrado de la historia, aunque tenga una estela de cuatro campeonatos y el liderazgo de un Tim Duncan que se cansó de ser el MVP de campeonatos y finales.

La diferencia estriba en el elegido (the chosen) aquel que tatuó en su espalda la palabra que ESPN hizo famosa cuando al salir de Cleveland dijo que había escogido al Sur de la Florida para llevar sus talentos. Y sí que lo hizo y sí que cumplió, pese a que muchos (jamás yo) lo daban por acabado tras la debacle en las finales contra Dallas en 2011.

Una vez más, LeBron ganó con todas las luces. Pocos otros atletas son a sus disciplinas lo que el rey es al básquet. Lebron es al básquet, lo que Messi al fútbol, Bolt al atletismo, Woods al golf, Federer al tenis. Son atletas superlativos e inexplicables, astros universales cuyas destrezas conectan a la razón y al corazón al mismo tiempo, borrando fronteras nacionales y colores de equipos.

Y aun cuando no tienen su gran tarde, siempre estará latente en nosotros la expectativa de que podrán deslumbrar en los últimos segundos. Son la esperanza de la victoria, de una jugada deslumbrante, así como de Ray Allen se esperaba que clavara el triple en el sexto partido para dar al Heat una nueva chance.  

Lebron, como esos astros universales, no hace del Heat un mejor equipo, sino “el equipo” imponiéndole su propia marca. Lo comandó  a un record de franquicia con 66 victorias y al segundo record histórico de la NBA de partidos ganados en forma consecutiva con 27, hoy por hoy un desempeño casi invencible. Con cuatro premios de jugador más valioso en cinco años y dos anillos consecutivos y como el más valioso de ambas finales, LeBron nos regaló historia, nos puso a los fanáticos en la senda del orgullo.

LeBron es rey.   

Fallo anti populista

La Corte Suprema de Argentina ofreció ayer un fallo ejemplar que desdice no solo las intenciones de “democratización de justicia” que proponía el gobierno de Cristina Kirchner, sino que – bien leído – se trata de una sentencia que otorga un gran significado a las intenciones populistas de varios gobiernos latinoamericanos que siempre hacen ver que las mayorías son las únicos grupos válidos en una democracia.

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, por ejemplo, siempre han arremetido contras las “fuerzas corporativas” en la sociedad, en especial de la justicia y de la prensa, a las que suelen calificarlas de corruptas, mercantilistas y de espaldas al pueblo, justificando así reformas que solo tienden a crear una justicia y una prensa sumisas a los designios y voluntades de los poderes Ejecutivo, como fue el caso de la ley de prensa en Argentina y la Ley de Comunicación en Ecuador aprobada el pasado viernes y la reforma judicial anterior.

El fallo de la Corte máxima de Argentina en contra de la elección de jueces, abogados y académicos al Consejo de la Magistratura mediante voto popular, impone que en una democracia debe preservarse la independencia e imparcialidad política de los jueces, y que el Poder Ejecutivo y el Congreso no pueden hacer leyes a su antojo contrarias a la Constitución.

El gobierno argentino fue rápido en tildar a la justicia de corporativista y de actuar de espaldas al pueblo; sin embargo, lo único que explica el fallo es la necesidad de que se respete la Constitución y que las leyes, por más buenas intenciones que posean – en este caso la reforma judicial propuesta por Cristina Kirchner no tenía buenas intenciones – deben estar dentro del marco y espíritu constitucionales.

Halagar a las mayorías y el clientelismo, propósitos de los gobiernos populistas, es algo que está críticamente implícito en el fallo, marcando un buen antecedente jurídico para los demás países donde todo se trata de justificar mediante el voto popular.    

Correa logró lo que buscó

La nueva Ley de Comunicación de Ecuador es lo que el presidente Rafael Correa siempre quiso durante su Presidencia: el desmantelamiento de los medios privados e independientes y la neutralización de la crítica a su gobierno.

Ecuador se convierte en otro país donde la libertad de prensa y de expresión queda totalmente manipulada, donde la arrogancia de los políticos le dan viso de legalidad a lo ilícito, donde hacen ver que lo malo es bueno, que el disenso es pecado, que la expresión y el derecho a la expresión es contrario a lo establecido como principios esenciales para los derechos humanos y para la democracia.

Varios son los componentes de la ley que establecen la censura. Por un lado, las trabas a la crítica en forma directa con lo que la ley denomina “linchamiento mediático”, es decir que la crítica o su exageración podrá ser considerada un delito, algo muy peligroso en un país donde el presidente Correa está acostumbrado a perseguir la crítica mediante acciones judiciales y, además, donde acusa a la prensa de ser corrupta y mercantilista por el solo hecho de informar, denunciar u opinar sobre corrupción.

La ley crea además un ente regulador de los contenidos de los medios a través de un órgano establecido por miembros del gobierno, por lo que es evidente que quitarán la esencia más importante de la expresión: la libertad.

Pero tal vez lo más pernicioso es que la ley establece cupos para la creación de medios o para entregar las licencias de operación. Especifica que el 33% de los medios serán públicos, otro 33% comunitarios y el resto se otorgarán a medios privados, desnaturalizando así el significado de la libertad de prensa en una democracia, poniéndola al servicio del Estado, en este caso del gobierno.

Los medios privados son los únicos que permiten que haya verdadera libertad de prensa en una democracia. El Estado, si así fuera, no necesita 33% por ciento de medios públicos, de por sí una exageración y una exaltación inapropiada del gobierno, que todo lo reduce a propaganda, no a información. Con el peligro, además, de que podrá otorgar el 33% de medios comunitarios solo a aquellas asociaciones o personas que comulguen con el gobierno.

Esta ley es una intromisión moralmente indebida en la libertad de prensa.  

Obediencia y disciplina

Los tiempos cambian. Hace cuatro años, el presidente Barack Obama arengó orgulloso a los cadetes de la prestigiosa Academia Naval de Annapolis, sobre el honor y coraje necesarios para combatir al terrorismo internacional y en los frentes de batalla de Irak y Afganistán.

A fines de mayo, en una similar ceremonia de graduación en Annapolis, un Obama avergonzado prefirió dirigirse a los cadetes sobre una guerra más doméstica y deshonrosa que carcome la confianza en las Fuerzas Armadas, el abuso sexual, una lucha para la que todavía no se han encontrado las armas adecuadas.

Pese a una política de “tolerancia cero” pregonada en los últimos 20 años por los altos mandos militares, el abuso sexual es un fenómeno creciente, en parte porque no ha sido tratado como tema criminal, sino ético e interno; no existe una cultura de la denuncia por temor de las víctimas a arruinar sus carreras; y porque son los militares los que imparten justicia, bajo la excusa de que deben mantener la disciplina y la obediencia.

Políticas de castigo inapropiadas y educación ineficiente han disparado el fenómeno. El 7 de mayo, un informe del Pentágono ilustró que 26 mil miembros del servicio militar fueron agredidos sexualmente en 2012, frente a 19 mil en 2010. Solo 3.192 casos fueron denunciados el año pasado y de ellos un 10 por ciento fue procesado, mientras que uno de cada tres delincuentes sexuales condenado permaneció en el servicio. A todas luces, un alto grado de impunidad convertido en un ineficaz mecanismo de disuasión para los agresores.

Hasta ahora, las máximas autoridades militares del país se han mostrado defensivas a la hora de enfrentar el problema. Esta semana, en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Congreso, no informaron sobre políticas concretas contra los delitos sexuales, sino que defendieron su potestad para ser ellas mismas las que deben administrar justicia ante casos de abuso sexual en sus jurisdicciones, como es regla actual.

La defensa corporativa trata de neutralizar nuevos proyectos de ley – tardíos por cierto – con los que se busca reescribir el Código de Justicia Militar, estipulándose que la decisión sobre las acusaciones no quede en manos de los superiores de la víctima, sino de fiscales militares independientes; además de establecer otras reglas sobre cómo manejar denuncias de violaciones, acoso y delitos sexuales menos graves.

Previa a la de los altos mandos, otra audiencia en el Congreso de ex militares víctimas que relataron como fueron violadas y luego ignoradas cuando denunciaron los hechos ante sus superiores, motivó los proyectos de ley que contemplan castigos, degradación, la baja del servicio, así como sustituir el actual sistema de justicia militar para este tipo de faltas y crímenes.

En momentos que las mujeres fueron admitidas para poder estar en el frente de batalla - donde se comenten muchas de las agresiones sexuales - y desde que las personas homosexuales pueden ser admitidas sin restricciones, es importante que las políticas no sean simple retórica, sino elementos de acción y prevención determinados.

Hasta ahora la política “tolerancia cero”, que incluso incorporó Obama a su discurso, fue parte de una campaña de relaciones públicas para detener las críticas y encubrir estos delitos, casi la misma actitud de muchos obispos católicos y de otras denominaciones religiosas que también la utilizaron de la boca para afuera, pero con poca acción para detener la pederastia.

Lo importante del informe del Pentágono y de las audiencias en el Congreso, más allá de lo que pronto se determine en materia de justicia y conducta militar, es que se está creando una necesaria cultura de la denuncia. Sobre todo, se está incentivando una mayor transparencia, instaurando posibilidades para que haya reparaciones justas para las víctimas y creando nuevas armas para disuadir y expeler de las filas castrenses a agresores y criminales.

La disciplina y obediencia militar, valores que defienden los altos mandos militares, nunca deberían justificar el encubrimiento o a la falta de justicia. Todo este proceso de transparencia en EE.UU., tal vez sea útil para que en otros países se investigue al interior de las instituciones militares, donde posiblemente también se cometan delitos en completo sigilo.

Paz y humildad en Colombia

Es bueno que haya paz en Colombia y es tanto el deseo de todo colombiano como de cualquier latinoamericano. Pero se requiere en el proceso un alto grado de humildad. Las FARC, en cambio, siguen arrogantes y un poco confundidas sobre el papel que han tenido en los últimos 50 años como para plantear exigencias inverosímiles, como la propuesta de posponer las elecciones que se realizarán en mayo de 2014, como establece el calendario oficial electoral.

Las FARC - un grupo ilícito armado que ha devastado a Colombia primero como grupo guerrillero subvencionado por el castrismo cubano y otros regímenes despóticos para después seguir con la industria de la matanza, el secuestro, la extorsión y los atentados contra los intereses nacionales y con las subvenciones del narcotráfico – no tienen ningún tipo de autoridad para plantear cuestiones políticas fuera de la agenda de discusión acordada, que tienen que ver con la desmovilización y la inmersión en la política, las reparaciones a las víctimas y los desplazados, los problemas agrarios y otros aspectos de índole social.

Un proceso de paz demanda a las partes un grado muy alto de humildad, arrepentimiento y asumir sus responsabilidades, en especial cuando se trata de un grupo desestabilizador del orden democrático como son y siempre fueron las FARC. Hasta ahora, las FARC no parece que hayan asumido ninguno de esos tres valores.

Pronto, en aras de la paz, mucho de los líderes actuales de las narco guerrillas entrarán en la política y se sentarán al lado de personas que nunca han reclamado nada por las armas, lo que de por sí ya será un gran acto de humildad de parte de todos los colombianos. Se trata de una actitud humilde que las FARC deben reconocer de antemano e imitar.

Seguridad vs. privacidad

Las últimas revelaciones de esta semana sobre el espionaje de llamadas telefónicas e internet que el gobierno de EE.UU. practica y que se mantenía en sigiloso secreto como parte de su programa anti terrorismo, ensombrecieron aún más la figura de Barack Obama que en las últimas semanas viene de escándalo tras escándalo, del mismo tipo que mantuvo en vilo a su antecesor el republicano George W. Bush.

La práctica de espionaje que el gobierno mantiene a través del programa PRISM pone nuevamente en entredicho a dos valores muy importantes de la sociedad estadounidense que tienen que ver con las libertades individuales y sociales de rango constitucional, como son la seguridad ciudadana, ante la amenaza constante de actos terroristas, y el derecho a la privacidad.

La discusión sobre privacidad y seguridad es una cuestión de contexto que ha ido variando con el tiempo, según la cercanía y distancia que se tenga del principal punto de inflexión para ambos derechos: Setiembre 11 de 2011. Muy cerca de aquella fecha, tanto los ciudadanos como los medios de comunicación favorecían una política más fuerte de seguridad y justificaban las necesarias limitaciones o controles sobre la privacidad. Ahora, a una docena de años del desgraciado episodio, las encuestas de opinión revelan que los ciudadanos – y también los medios, de acuerdo a sus editoriales – favorecen más la privacidad, prefiriendo mayores limitaciones para que el gobierno no pueda justificar la invasión de la privacidad como un normal desempeño de la lucha anti terrorista.

Puede que Obama salga bien librado de este nuevo escándalo y el público termine creyéndole cuando afirmó que el gobierno no actuó como “gran hermano” espiando a sus propios ciudadanos, sino simplemente que interceptó llamadas telefónicas y el uso de internet provenientes de extranjeros.

Sin embargo hay dos cosas que llaman la atención. Primero, que la discusión sobre todo este programa de escuchas y controles de internet a través de Verizon, Facebook, Apple, Facebook entre otras compañías telefónicas y de internet, se haya hecho después de que se han consumado los hechos y no con la debida antelación creándose un debate público sobre los dos valores en cuestión. El secreto de la Presidencia, de algunos miembros del Congreso y de las cortes minimiza el valor constitucional a la privacidad e intimidad, por más que el gobierno le haya dado todo el viso de legalidad a través de la comisión respectiva del Congreso y sus acciones puedan estar sometidas a la jurisdicción de las cortes.

Segundo, también importante, es que el gobierno de EE.UU. como en muchas otras disciplinas, no puede estar escribiendo con la mano lo que borra con el codo. El gobierno hace muy bien en despotricar, criticar y condenar el avance de muchos otros países en contra de los usuarios de internet; pero, para que su política sea más confiable y creíble, debe dar el ejemplo. Con este nuevo esquema de espionaje simplemente no lo está dando.

Hugo Chávez, el periodista

El régimen chavista se las ingenia todos los días para mantener la memoria de Hugo Chávez intacta y seguir con la agitación propagandística en torno al extinto  líder. Ahora, una fundación venezolana le acaba de otorgar a Chávez un galardón post morten, el Premio Nacional de Periodismo 2013.

El premio a Chávez por periodismo recuerda a la jugada de mal gusto que prestó en los últimos años la Universidad de la Plata en Argentina que otorgó distinciones similares tanto a él como al presidente ecuatoriano Rafael Correa, quienes no se destacan justamente por defender la libertad de prensa ni al periodismo independiente, sino todo lo contrario.

El premio a Chávez es una burla y un insulto a la profesión de periodistas. Tiene la misma intensidad que podría tener el premio Nobel de la Paz si se lo otorgaran al ex presidente estadounidense George Bush, el de la niñez feliz al ex cantante Michael Jackson o el del apoyo al desarrollo de las mujeres al ex director del FMI, Dominique Strauss-Kahn.  

El galardón a Chávez le fue otorgado por su lucha en contra de “la mentira y la manipulación mediática”, información que él consideraba estaba siempre obedeciendo a las directivas del imperio, lo que le permitía siempre insultar y agredir a periodistas, así como cerrar medios de comunicación.

También se argumenta que Chávez devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano, hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, de Latinoamérica y el Caribe, a través de los medios públicos que creó en su país. Pero eso no puede estar más ajeno a la realidad. Chávez no creo medios públicos, sino estatales, diseñados para el mensaje gubernamental y para excluir a cualquier otro sector de la sociedad.

Aún peor, Chávez, y muy especialmente ahora Maduro, tienen una política “muy argentina y ecuatoriana” de lidiar con el tema de los medios, ya que en lugar de cerrarlos directamente para evitar la crítica internacional, los amenazan y extorsionan hasta ahogarlos financieramente para que sus propietarios estén dispuestos a vender como única y última alternativa.

De esa forma, Globovisión, la única televisora crítica e independiente, acaba de ser vendida a allegados al chavismo que ya cambiaron por una política editorial más azucarada para el régimen de Nicolás Maduro, así como la cadena Capriles que publica el tabloide de mayor circulación, últimas Noticias y los diarios especializados El Mundo y Líder, dedicados a los negocios y deportes, respectivamente.

Si de algo ni siquiera Chávez se lo hubiera podido creer, es haber recibido este premio nacional de periodismo. Lisa y llanamente es una burla.

Maduro, Cristina y los medios

El cambio de política editorial de la televisora venezolana Globovisión y la amenaza del presidente Nicolás Maduro de exigir el retiro de la señal de CNN en Venezuela, así como las nuevas leyes en la ciudad de Buenas Aires y en Córdoba que prohíben al gobierno de Cristina Kirchner abusar de la libertad de prensa, demuestran el papel relevante de los medios privados comerciales en una democracia.

Así como en Ecuador y Nicaragua, los gobiernos de Argentina y Venezuela no han tenido vergüenza para atacar a los medios y periodistas críticos, aduciendo su carácter mercantilista, corrupto y desestabilizador. Leyes que violan preceptos constitucionales de no legislar en contra de la libertad de prensa, persecución judicial y el acoso económico para debilitar a los medios y quedarse con su propiedad, ha sido norma constante.

Más allá de los abusos, el problema es que estos gobiernos han tenido éxito para confundir al público sobre el rol del periodismo independiente en la sociedad, destruyendo una incipiente cultura sobre libertad de prensa que comenzó a gestarse con las nuevas democracias. Que existan medios y periodistas malos como en cualquier otra disciplina es normal, pero de ahí a justificar ataques contra la crítica, el disenso y la opinión, no es más que una contradicción al mandato gubernamental.

Ante la confusión, valga recordar por qué son necesarios los medios privados en un ambiente en que los políticos, en general, los consideran imprescindibles para la democracia cuando son oposición y una amenaza cuando están en el gobierno. El caso del prócer estadounidense Thomas Jefferson, sirve de ejemplo. Cuando resistía el poder colonial del rey Jorge III de Inglaterra, dijo preferir periódicos a gobiernos, hasta que fue presidente y, harto de las críticas, condenó reiteradamente a la prensa.

Aquel estilo “jeffersionano” de tensión entre medios y gobiernos, fue natural en la evolución de la prensa en las Américas, desde que era subsidiada y servía como vocera de partidos políticos, hasta que se benefició con la irrupción de las tecnologías de la comunicación que antecedieron al internet, como el telégrafo, las imprentas para periódicos, la radio y la televisión, haciendo más barata y rápida la confección y distribución de noticias.

Aquella masificación informativa y el desarrollo tecnológico introdujeron la publicidad y las suscripciones, lo que permitió a los medios tener rentabilidad y ganar independencia despegándose de subsidios y favores gubernamentales. Ello permitió mantener la operación compleja y cara de producir noticias, aumentar la profesionalización y, por contrato social, convertirse en un “cuarto poder” para fiscalizar a los tres poderes públicos, exigiéndoles rendición de cuentas frente a los ciudadanos, los verdaderos dueños del Estado.

Engañar sobre que los medios privados no deben ser rentables como predican Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, o que comunicar la verdad es solo posible a través de los medios estatales, es solo un justificativo para agrandar sus aparatos de propaganda y beneficios electorales.

En el caso de Venezuela el acoso económico contra Globovisión mediante multas, presión contra anunciantes privados y amenazas de no renovación de la licencia de operación, es un ejemplo más de un modelo malversado y reiterado que busca imponer dueños allegados al gobierno para silenciar la crítica y neutralizar la independencia.

En Argentina, las nuevas leyes de protección a la libertad de prensa impulsadas en Buenos Aires y Córdoba, prohíben al gobierno nacional que en esas jurisdicciones continúe con su política de destrucción de medios privados. Pese a la polémica, se trata de medidas extraordinarias para que se cumpla con la Constitución, un documento que aunque acomodan y reforman los políticos a su gusto, no tiene otro propósito que imponer límites y controles al gobierno para que no pueda cometer abusos contra las libertades individuales y sociales, incluidas las de prensa y expresión.

Aunque todos los gobiernos se digan respetuosos de la libertad de prensa, solo existe plenamente en aquellos países donde, desde el poder, se incentiva la abundancia de medios privados comerciales y se respeta que puedan operar con libertad e independencia, dentro de un modelo de rentabilidad razonable.