Mientras el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) pedía por
primera vez a los gobiernos que protejan y garanticen la libertad de expresión
en internet, un complicado debate sobre el papel de las empresas proveedoras
de tecnología y servicios digitales en los países más autoritarios, ha cobrado
intensidad.
La solicitud del
CDHNU tras reconocer la semana pasada que la libertad de expresión digital y el
acceso al internet es un derecho humano, coincidió con un inusual pedido de un
grupo de ONGs estadounidenses, dedicado a denunciar violaciones a los derechos
humanos en Cuba, Irán, Siria, Sudán y en otras dictaduras. En una carta
dirigida a Google, Adobe, McAfee, Yahoo y Facebook, el grupo les exhortó a burlar
los embargos económicos que imponen EE.UU. y la Comunidad Europea a los
regímenes opresores, para seguir vendiéndoles software y tecnologías de la
información.
Si bien los
gobiernos represores usan esas tecnologías para censurar contenidos, vigilar y espiar
internautas, el grupo considera que se trata de un mal menor, si se compara con
el hecho de que el internet, las redes sociales y la telefonía móvil son las
herramientas que los disidentes y opositores usan para denunciar abusos,
convocar marchas y forzar cambios políticos.
El pedido es muy loable, pero a la vez complejo. Muchas de estas
corporaciones, como Google, Apple, Microsoft, Siemens, Ericsson ya fueron
sancionadas por vender software y tecnología o colaborar con gobiernos autoritarios,
motivando en abril pasado una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que
prohíbe “vender, ceder o proveer de cualquier manera bienes, servicios o
tecnología… que pudieran poner en riesgo los derechos humanos”.
La solicitud de las ONGs desnuda otra disyuntiva permanente
a la que se enfrentan estas compañías, entre aceptar las reglas de juego que
imponen los gobiernos autócratas o no cumplir con sus objetivos de expansión
comercial, como por ejemplo Google, que prefirió renunciar al mega mercado
chino, a tener que prestar su motor de búsqueda para la censura oficial.
El dilema pudiera agravarse aún más en el futuro. Se
prevé que para el 2020, de no establecerse una fuerte cultura ética y reglas
estrictas, muchas empresas tecnológicas cederán a la presión de gobiernos
totalitarios, debido a la competencia y los beneficios económicos. Así lo cree
una mayoría de más de mil ejecutivos de Nokia, Netflix, Microsoft y Google, consultados
por el Centro de Investigación Pew. Esta investigación también planteó dudas
razonables sobre el nivel de libertad que habrá en el internet del futuro.
Todo podría empeorar, además, si se considera que en
un futuro cercano los países democráticos no serían los únicos en poseer la
llave de la ciencia y la innovación informática. Globalización y transferencia
de tecnología mediante, los países autoritarios pronto podrían prescindir del
extranjero.
Por ahora, a esos gobiernos les resulta suficiente con
controlar mediante adquisición de tecnologías e imposición de leyes
restrictivas. Rusia lo demostró esta semana. Diputados oficialistas aprobaron
una ley sobre pornografía infantil que la oposición cree será usada para censurar
Facebook y Twitter, redes que han sido fundamentales para organizar las marchas
de protesta contra el fraude electoral que llevó a Vladimir Putin al poder. Es una treta parecida a la que usó Hugo Chávez,
cuando pasó la cláusula de horario de protección al menor, que terminó siendo la
clave para ordenar el cierre de medios como Radio Caracas Televisión.
Aparte de los intereses de
gobiernos y empresas, preocupan otros controles más sutiles y que pasan desapercibidos,
que también ponen en riesgo la libertad de expresión. Como los algoritmos personalizados,
que utilizando nuestros “likes” y búsquedas, van creando nuestro perfil sobre
la base de gustos y criterios. Con el tiempo, no solo se pierde privacidad,
sino también se consume información complaciente, bloqueándose otros puntos de
vista. Se trata de una filtración auto infligida; quizás, de auto censura involuntaria.
Mientras tanto, habrá que ver si la afirmación
de Naciones Unidas de que el internet es un derecho humano, ayudará a que éste
no solo se piense en función de avances tecnológicos y comerciales, sino de su
influencia en la libertad y la conducta humanas.
